AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 25 Junio 2005
Coreografía de la negociación
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 25 Junio 2005

El guardián de la Constitución
RAMÓN TRILLO TORRE ABC 25 Junio 2005

Diálogo de charlatanes sordos
Por Luis Ignacio PARADA ABC 25 Junio 2005

Veredicto de fiscales
Editorial ABC 25 Junio 2005

Fogones en la Cámara
TONIA ETXARRI El Correo 25 Junio 2005

Unidad Alavesa se disuelve tras su fracaso en las últimas elecciones autonómicas
AGENCIAS / VITORIA El Correo 25 Junio 2005

La AVT prescinde de su portavoz y su abogado en el macrojuicio al entorno de ETA
I. MARTÍN/BILBAO El Correo 25 Junio 2005

 

Coreografía de la negociación
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 25 Junio 2005

Es el segundo coche bomba en un mes. La legalización escandalosamente ilegal del nuevo partido de ETA en el Parlamento Vasco, la ruptura del Pacto Antiterrorista con el PP, la petición del Gobierno socialista al Parlamento de un cheque en blanco para negociar con la banda terrorista vasca, la renegociación del juez Pedraz y compañía en la Audiencia Nacional proclamando en sus sentencias que los etarras no son etarras o que el terrorismo no es terrorismo, la continua complacencia del Fiscal General del Estado con el terrorismo mientras hace aspavientos legales contra la gente pacífica, y, en fin, la persecución, acoso, desprecio, agravio, injurias y deslegitimación de las víctimas del terrorismo etarra, todos esos hitos de la política zapateril, se saldan con dos coches bomba en un mes. Pero ambos han estallado en Madrid, no en Barcelona. La negociación, por tanto, puede continuar.

Además de que los etarras mantienen con la Esquerra Republicana, los socios más entrañables, íntimos e indispensables de Zapatero, el Pacto de Perpiñán para no atentar en territorio catalán, el espíritu perpiñanesco dio hace pocos días otro paso al frente al declarar a la clase política fuera de la condena a muerte que los etarras mantienen contra el resto de los españoles. Socialistas, comunistas y separatistas se negaron a condenar en el Parlamento como propuso el PP esa discriminación positiva entre los políticos electos y los que les pagan el sueldo, incluso si no los votan. Y siguiendo con esa coreografía de la indignidad, acaso para animar al Gobierno a que siga cediendo, la banda etarra ha puesto otro coche bomba en Madrid. Esta vez parece que sin víctimas, pero eso ha dejado de tener importancia. En el coche bomba anterior, los cincuenta heridos fueron rebajados a cinco por el órgano “maestoso” de Polanco. Es posible, pues, que para la “Pravda” este nuevo atentado ni siquiera exista mañana. O que no suponga un ataque a la vida, la libertad y la tranquilidad de los madrileños sino una prueba más de que la negociación del Gobierno con los terroristas sigue adelante.

Sorprende, sin embargo, que en este ballet macabro una banda que en los últimos dos años, como dice (es decir, como miente) Rubalcaba, no ha matado a nadie y se halla en una situación difícil, pueda hacer estallar tantos coches bomba. Claro que como es el Gobierno el principal actor de la negociación, no faltará quien piense que alguien pueda ayudar a los etarras a demostrar una capacidad de destrucción que, hasta comenzar la rendición del Gobierno, no parecía tener pero que ahora conviene que demuestre. ¿La ha recuperado o le están ayudando a que lo parezca? ¿Estamos ante otro terrorismo de diseño, como el del 11M, o simplemente estamos teniendo suerte de que uno de estos movimientos coreografiados no se lleve por delante las vidas de docenas de personas? Por desgracia, como demostró la masacre que llevó al poder al PSOE, no son hipótesis excluyentes. Y lo único que tras el cerrojazo a la Comisión del 11M no merece el Gobierno de Zapatero es lo que pide: el beneficio de la duda. Pero, de momento, aquí los únicos beneficiados son los etarras. Y los habitantes de Cataluña y los políticos electos. Eso, hoy por hoy. Mañana, todo será peor.

El guardián de la Constitución
POR RAMÓN TRILLO TORRES PRESIDENTE DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO ABC 25 Junio 2005

SUELE decirse que los auténticamente grandes de la literatura universal se distinguen por su esplendorosa y refulgente monotonía, aparente contradicción entre adjetivos y sustantivo que se explica por el hecho de que girando normalmente su obra en torno a uno o dos problemas fundamentales, en ellos obsesivos, sin embargo son capaces de enfocarlos, describirlos e iluminarlos desde perspectivas, intensidades y expresiones literarias tan polifacéticas, que el resultado final es la ubérrima variedad y la excelencia artística.

Este don de los dioses con toda evidencia no nos es dado al común de los mortales y por eso cuando volvemos sobre un tema del que ya habíamos tratado con anterioridad, solemos exudar monotonía, porque nuestro menguado ingenio no abastece a la entretenida y variopinta innovación, que en este caso ni siquiera alcanza al título del artículo, que tomo de un breve diálogo con que concluía otro publicado hace años en la Tercera, en el que aludía al sueño del protagonista de «El Guardián entre el Centeno», la novela del norteamericano Salinger, para llamar guardián de la Constitución al Tribunal Constitucional.

Afirmada esta eminencia del Tribunal, que se corresponde con la supremacía jurídica del texto legal cuya guarda le ha sido encomendada, es -desde mi punto de vista- exigencia institucional del sistema que sea consciente de que su posición en el mismo le obliga más que a nadie al respeto escrupuloso de la Constitución que aplica, con especial y muy definidora incidencia cuando ésta le impone limitaciones que si son rebasadas lesionan gravemente la intangibilidad del núcleo esencial de los poderes del Estado. Este posible achaque, en que el celador se tornaría en dañador, constituye una quiebra del equilibrio constitucional que adolece de la profunda gravedad de someter a ocasional voluntarismo el rigor del mandato Constitucional por parte de quien ha sido llamado por la soberanía nacional a ser su más estricto vigilante.

Hace unos días la prensa se ha hecho eco de una declaración de la Sala que entiende en asuntos criminales en el Tribunal Supremo, en la que se dice que ciertas interpretaciones en las que se mete el Tribunal Constitucional vacían de contenido la competencia exclusiva y excluyente que a aquel le atribuye de manera directa e inmediata la Constitución, de la que resulta su naturaleza de máxima instancia judicial en el orden penal.

El punto de arranque de la protesta se sitúa en que el Tribunal Constitucional, al conocer de un recurso de amparo contra una sentencia de una Audiencia Provincial, se ha dado el gusto de teorizar y fijar doctrina sobre cual es el momento en que debe entenderse que termina la posibilidad de seguir contando el plazo de prescripción de los delitos, que para unos finalizaría cuando un ciudadano se querella o denuncia el hecho delictivo, mientras que otros entienden que es necesario esperar a que el juez tome una decisión afirmativa sobre dicha denuncia o querella.

Para comprender los mimbres del debate, hay que partir de que la Constitución, en materia de amparo, solo reserva al Tribunal Constitucional el examen de los derechos fundamentales declarados en la propia Constitución, pero que la interpretación definitiva de todos los demás derechos e instituciones jurídicas compete al Tribunal Supremo, al que el propio texto Constitucional atribuye la calidad de «órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes», siendo este mandato el que la Sala de lo Penal considera que ha sido incumplido por el Tribunal Constitucional.

¿Por qué ha sido incumplido? El derecho es un instrumento para organizar la convivencia ciudadana, que en sus planteamientos teóricos y normativos tiende a alcanzar un alto grado de racionalidad y eficacia, de modo que su afán y anhelo es encontrar respuesta a todas las posibilidades de conflicto que puedan surgir en la sociedad, reconociendo también la realidad de que hay un dato, como es el transcurso del tiempo, que por sí mismo primero llena de herrumbre y después acaba haciendo intempestiva la exigencia de los derechos que ha permanecido vivos, pero no reclamados.

A este fenómeno atiende el instituto de la prescripción, muy buenamente explicable durante la campaña del impuesto sobre la renta en la que ahora nos vemos sumidos los españoles: a usted, caro lector, le toca pagar una suma por este impuesto, pero si ni usted la paga voluntariamente ni la Real Hacienda se la reclama y esta posición de inactividad por ámbas partes se mantiene durante cuatro años, su deuda tributaria habrá prescrito y si el Fisco le requiere después el pago, usted tendrá derecho a entonar a voz en grito el tururú y, si no es usted muy exquisito en sus formas, dedicar a la entidad peticionaria un sonoro doblado de codo. Hace muy pocos años, sin embargo, usted tenía que permanecer agazapado cinco años para obtener tan eficaz beneficio.

¿Por qué antes cinco años y ahora cuatro? Porque el poder legislativo un buen día entendió que cuatro años era el término razonable y suficiente para que la diligencia exigible al Fisco tuviese tiempo de exigirle el pago de su deuda y que si no lo había hecho, su desidia no debería afligir como una incertidumbre permanente sobre su patrimonio.

Algo parecido pasa con lo que se le debe a un particular o con el caso del delincuente que no es perseguido por la Justicia durante un determinado período de tiempo, pero -¡cuidado¡- el Derecho siempre acaba rindiendo culto final a la moral, incluso en sus soluciones más cínicas y pragmáticas, y si usted tiene una deuda que ha prescrito su acreedor no podrá exigírsela, pero si por despiste o elemental decencia usted la paga voluntariamente, entonces no podrá exigir que el acreedor le devuelva la cantidad que le ha pagado.

Todo este montaje, dirigido a sanear el sistema mediante la eliminación de lo vetusto, dar sosiego a los deudores y a los cacos y promover la diligencia de los acreedores y del Estado, ha estado de siempre en manos del legislador, de modo que su prudencia y tradiciones jurídicas muy sólidas y consolidadas han fijado unas reglas de actuación, cuyas dudas han sido resueltas pacíficamente por los jueces y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, siendo materia que nadie duda que en absoluto compete o alcanza el territorio constitucional de los derechos fundamentales.

Por eso la cuestión que subyace en el caso que comento no es la de cual de los Tribunales ha estado más acertado a la hora de decidir cuando se interrumpe el plazo de prescripción de los delitos, lo cual implicaría un mero problema jurídico-penal, sino que el conflicto se remonta al rango de lo jurídico-constitucional, porque la sentencia del Tribunal Constitucional desconoce -con desconocimiento no fácilmente excusable-, que la materia de prescripción sobre la que se ha pronunciado con afán dogmático no forma parte de sus competencias constitucionales.

Cada vez que actúa de esta guisa, el Tribunal rompe el equilibrio que la propia Constitución quiso fijar entre las potestades del poder judicial, constituido por jueces profesionales, organizados en un cuerpo constitucionalizado, protegidos en su independencia por el Consejo General del Poder Judicial y con una cúpula también constitucionalizada, el Tribunal Supremo, y las más leves y residuales otorgadas en el ámbito judicial a los doce jueces del Tribunal Constitucional, designados directamente por las instituciones políticas del Estado.

Esta peligrosa ruptura genera desigualdad en la aplicación de la Ley; inunda al Tribunal Constitucional de peregrinos recursos de amparo, puesto que se corre la voz de que, cualquiera que sea la materia, la flauta puede sonar; pone en entredicho la imparcialidad de la institución (véanse las constantes y malsanas alusiones al proceso pendiente de amparo de dos conocidos y homónimos hombres de empresa); le lleva al descuido de su misión más sustancial e imprescindible, por exclusiva, cual es el examen de la constitucionalidad de las leyes y, finalmente, interfiere de forma extravagante en uno de los más profundos, eficientes y saludables diálogos que se producen en la democracia, el que se desarrolla entre los representantes de la ciudadanía y los jueces, al interpretar éstos las leyes que aquellos dictan, poniendo de manifiesto, al resolver cada litigio particular, sus aciertos o sus insuficiencias y promoviendo así nuevas decisiones de los legisladores para mejorar o completar el sistema jurídico en el que vivimos.

No estamos, pues, ante un banal caso de celos judiciales, como con elementalidad conceptual afirma el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, Joan Queralt. El tema es complejo y afecta a vetas profundas de la sustancia constitucional, en las que ya hace tiempo que bucea la doctrina alemana para asegurar el desarrollo sano de la democracia, evitando que sus energías sean aplastadas precisamente por quien tiene la misión de estimularlas.

Una belle écuyere pasa amazona sobre un caballo pío:

- ¿A qué se debe la lid, aguerrido caballero?
- A que a veces es difícil mantener la mirada alta de las águilas ...

Diálogo de charlatanes sordos
Por Luis Ignacio PARADA ABC 25 Junio 2005

EN el diálogo de Platón titulado «Gorgias, o de la retórica», el autor enfrenta a Sócrates con un experto en discursos al que le dice: «Dinos tú mismo, Gorgias, qué calificativo hay que darte y qué arte profesas». A lo que Gorgias contesta: «Hay que llamarme retórico porque practico el arte de la retórica.» Después de un animado coloquio, Sócrates -que había pasado la mayor parte de su vida en las plazas públicas de Atenas, iniciando diálogos y discusiones con todo aquel que quisiera escucharle- preguntó a Gorgias: «Y dime, ¿cuál es el objeto de la retórica?». A lo que su interlocutor contesta: «Fabricar discursos». «Y de qué tratan esos discursos», insiste Sócrates. Y Gorgias contesta: «De los más grandes e importantes asuntos humanos».

Hace casi veinticinco siglos, aquel sofista, adulador, nihilista y experto en lugares comunes llamado Gorgias resumía su filosofía en tres proposiciones: «Nada existe; si algo existe, no puede ser conocido; si algo existe y puede ser conocido, no puede ser comunicado». Así que no es de extrañar que se definiera a sí mismo como un retórico, un hombre apto para persuadir en sus discursos a los jueces, a los senadores, al pueblo y que, con su talento, podía poner a sus pies al médico y al maestro y demostrar que no se ha enriquecido para él sino para otro.

El presidente del EBB del PNV, Josu Jon Imaz, ha dicho, un día después de que Ibarretxe fuera elegido lendakari, que la presencia de Batasuna en una mesa de diálogo es irrenunciable y que, por tanto, esa mesa de diálogo debe establecerse fuera del Parlamento vasco. Aquí va a hacer falta un Sócrates capaz de responder mediante preguntas utilizando la mayéutica, el arte de alumbrar los espíritus, capaz de lograr que los Gorgias de nuestro tiempo, retóricos, charlatanes y sordos se den cuenta de que su única facultad es la de hacer discursos «sobre los más grandes e importantes asuntos humanos». Existan o no y caso de ser conocidos no puedan ser comunicados.

Veredicto de fiscales
Editorial ABC 25 Junio 2005

LAS elecciones celebradas el pasado jueves para cubrir nueve plazas electivas del Consejo Fiscal han representado un serio revés para el fiscal general del Estado y, por elevación, para la política que está aplicando el Gobierno socialista en el ámbito de la Justicia. La Asociación de Fiscales (AF), muy crítica en las últimas semanas con la gestión de Conde-Pumpido, ha obtenido las seis plazas a las que podía optar como máximo, mientras que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha ratificado su condición minoritaria con sólo tres vocales. Estos resultados habrían sido distintos, y aún mejores para la AF, si el fiscal general no hubiera introducido, a toda prisa, una reforma en el Reglamento del Consejo orientada a contrarrestar por decreto la fuerza electoral de esa asociación, reforma que establecía que dentro de una misma candidatura sólo pudieran ser votados seis candidatos, como máximo. Aun así -y a pesar de las frustradas maniobras de Conde-Pumpido para excluir a determinados candidatos de la AF, finalmente elegidos-, esta asociación ha barrido, literalmente, en las elecciones.

Mala noticia para el fiscal general, cuyo prestigio se está empobreciendo a marchas forzadas por actuaciones y declaraciones claramente impertinentes, tanto en el ámbito judicial (caso Atutxa, Partido Comunista de las Tierras Vascas, detención ilegal de dos militantes del PP), como en el ámbito interno (abandono de la Junta de Fiscales de Sala, arbitrariedad en los nombramientos y desprecio por el Consejo, como en la no renovación de Eduardo Torres-Dulce en el Tribunal Supremo).

El Gobierno ya dispone, en el plano judicial, de un cuadro de la situación muy preciso. Los jueces también dieron, en octubre pasado, un voto de castigo a la política de intromisión gubernamental en los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, el 68 por ciento de los puestos de las salas de Gobierno de los Tribunales colegiados fue cubierto por la Asociación Profesional de la Magistratura. Sólo el 6 por ciento fue a parar a la asociación progresista Jueces para la Democracia. Son dos claros rechazos a la política judicial del Ejecutivo, basada en un afán de control que, lamentablemente, parece consustancial al PSOE, cuya relación con la Justicia siempre resulta conflictiva. Los fiscales acaban de responder de manera similar a los jueces, ante una gestión claramente negativa de Conde-Pumpido, cuyo empeño principal, aparte de dirigir este órgano como si fuera su coto privado, ha sido promocionar a la Unión Progresista de Fiscales de manera desproporcionada a su cuota de representación. Por desgracia y en algunos casos, también en contra de los escasos méritos de ciertos miembros de la carrera encumbrados a la máxima categoría.

Además del dato puramente electoral, el Gobierno debería tener más en cuenta otro muy importante: su forma de tratar la Justicia ha movilizado a jueces y fiscales de forma desconocida en la historia electoral de ambos cuerpos. Y esto es debido a las decisiones radicales, impositivas y, en algunos aspectos, sectarias que tanto el Gobierno como Conde-Pumpido han tomado para doblegar a un Poder que el socialismo acostumbra a mirar con desconfianza y a veces con cierta animadversión. Es muy ilustrativo el dato de que en las elecciones del pasado jueves hayan votado aproximadamente el doble de fiscales que en los últimos comicios.

Políticamente, la inequívoca voluntad democrática de jueces y fiscales debería ser tenida en consideración por un Gobierno pródigo en discursos sobre el diálogo y el consenso, abanderado del respeto a las mayorías y teórico defensor del principio de representatividad. Algo dice, sin embargo, que la Justicia seguirá siendo para el Ejecutivo no un poder del Estado, sino un obstáculo político que hay que superar.

Fogones en la Cámara
TONIA ETXARRI El Correo 25 Junio 2005

Casi todos los 'vips' del Parlamento vasco llevan un cocinerito dentro. Tal y como están las cosas en esta institución, sus señorías se han tenido que poner el delantal para ver si consiguen llegar a mantenerse en la legislatura, con todo en orden y sin mancharse. Una legislatura tan débil para Ibarretxe como radicalizada para la oposición democrática. Contrariamente a lo que pueda parecer, todo lo que ocurre en Euskadi tiene una pasadita por los fogones. Nada se deja a la improvisación, aunque el juego de la intriga hasta ver si se produce lo que se ha insinuado entre bambalinas, empieza a formar parte del entretenimiento floral, que no foral. Nada se deja al azar; ni siquiera la constatación de que los que suspiran por ampliar apoyos, no llaman a quienes más necesitan.

El más salsero, y en su salsa, es el presidente del PNV, Imaz, que alardeaba estos días de haber sudado tinta hasta conseguir cerrar el acuerdo de gobierno con los socios del tripartito. Que ha costado lo suyo, por mucho que nos cueste imaginarlo, hasta llegar a ese glorioso momento en que la presidenta de EA pudiera exclamar, alborozada, ante las cámaras '¿habemus' gobierno! Por no hablar de la minuciosa labor de la nacionalista Josune Ariztondo pendiente de Aralar, hasta que las chicas de EHAK le hicieron el préstamo al PNV. O la estudiada incomunicación del PSE y el PP. Le faltó un puntito de aderezo a Patxi López para decir que con María San Gil no va ni a heredar. Y la dirigente popular tuvo que dejar enfriar el caldo para explicar a sus compañeros más ortodoxos el porqué de su generosidad hacia los socialistas vascos.

Así contado parecen historias de infidelidades, pero se trata, justamente, de lo contrario. Cuando Imaz aseguraba que él había hablado «con todo el mundo» mientras otros decían que no había habido negociación alguna con las comunistas de las Tierras Vascas, el círculo se cerraba, una vez ya comprobado el apoyo parcial de EHAK a Ibarretxe, con la sentencia de Egibar ¿«Hombre!, los votos no caen del cielo»! La 'cocina' funcionó por los txokos abertzales; pero el cocinerito que lleva dentro Imaz descuidó un aliño fundamental para lograr que Ibarretxe, el hombre, empezara su tercer mandato con mejor garbo que el del proceso de designación de la Presidencia del nuevo Parlamento: que la Mesa extraparlamentaria para buscar, entre otras cosas, acomodo a Otegi -que está empezando ya a echar de menos la alfombra del hemiciclo- recordaba tanto las maniobras del pacto de Lizarra, que el invento no sólo se ha encontrado una calabaza, sino dos. Con la negativa del PP ya contaban, pero el rechazo del PSE les ha supuesto una contrariedad. Es lo que tiene servir los platos ya cocinados sin querer darse por enterado, previamente, de los gustos de los comensales. Que el guiso puede acabar por los suelos.

Unidad Alavesa se disuelve tras su fracaso en las últimas elecciones autonómicas
La formación celebraba esta mañana su séptimo y último congreso que pone fin a 19 años de trayectoria política en las instituciones vascas
Unidad Alavesa ha puesto punto final a sus actividades tras 16 años de presencia en la vida política vasca. En las últimas elecciones autonómicas esta formación no consiguió representación parlamentaria, perdiendo el único escaño que mantenía y que ocupaba su secretaria general, Enriqueta Benito.
AGENCIAS / VITORIA El Correo 25 Junio 2005

"Ha llegado el momento, por voluntad de la ciudadanía, de poner punto final a una historia llena de sacrificios y de riesgos, pero también preñada de ideales y de fórmulas que han servido para que los grandes partidos políticos descubrieran la peculiaridad alavesa", explica la formación foralista en una breve nota, tras celebrar esta mañana su séptimo y último congreso.
 
UA destaca, asimismo, su aportación y "maneras de enfrentarse democráticamente a los graves problemas de convivencia socio-política del denominado problema vasco y al nacimiento de un espíritu de rebeldía popular contra el miedo y la indiferencia ante el terrorismo, su ideología y sus mentores". En el texto, la formación foralista recuerda que nació "por voluntad popular" y hoy, "tras el último Congreso, cerramos la página del libro que contiene el servicio de Unidad Alavesa al país".

"Desde su nacimiento en 1989, Unidad Alavesa ha tenido vocación de servicio a la causa de vertebrar una comunidad de ciudadanos en el Territorio de Alava, promoviendo y defendiendo los derechos fundamentales y sociales de sus habitantes, que estaban siendo vulnerados por las diferentes circunstancias políticas que se han dado en Euskadi", prosigue.

Parte de la historia
Así, remarca que "por mucho que algunos traten de ocultarlo o empañarlo, Unidad Alavesa forma parte de la historia del País Vasco y de España, con sus aciertos y sus errores, desde su alavesismo y su manera de entender la defensa del patrimonio histórico, económico y cultural del Territorio Foral de Alava". "De ahí, su presencia en las instituciones públicas, en la sociedad, en los medios de comunicación y, en general, en múltiples acontecimientos que han jalonado, hasta el día de hoy, la vida de los alaveses", manifiesta.

UA agradece su voto, su colaboración, su ayuda y su participación, "a todos cuantos han tenido algo que ver en esta singladura, que tuvo sus mejores momentos en esas elecciones en las que, el Partido de Alava, mereció los apoyos de la ciudadanía, sin duda por sus mensajes y sus compromisos con una manera valiente y clara de exigir la libertad y la dignidad para la Comunidad a la que servía".

Historia
Desde su fundación en 1989, han abandonado el partido sucesivamente diferentes cargos. El más sonado Pablo Mosquera, quien tras su desaparición de la escena política alavesa en las elecciones autonómicas, pidió su entrada en el PSOE gallego.
Con anterioridad, se pasaron al PP alavés dirigentes foralistas como Javier Moraza o José Antonio Pizarro. La única que ha permanecido al frente de la dirección del partido desde sus comienzos hasta hoy es Enriqueta Benito.
La marcha de sus dirigentes a lo largo de los años ha estado precedida por un progresivo descenso del apoyo popular a un partido que llegó a tener 5 parlamentarios en la Cámara vasca en 1994, 39 concejales en todo el Territorio Histórico de Alava y 11 junteros en las elecciones de 1991.

La AVT prescinde de su portavoz y su abogado en el macrojuicio al entorno de ETA
Daniel Portero cree «despreciable» la decisión, que la asociación basa en razones de «reestructuración interna»
I. MARTÍN/BILBAO El Correo 25 Junio 2005

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha decidido prescindir de su portavoz y de su abogado en los procedimientos judiciales contra el supuesto entra- mado de ETA, Daniel Portero y Pedro Cerracín, respectivamente. La decisión se produce después de que la Audiencia Nacional haya exculpado de un delito de terrorismo a las organizaciones juveniles Jarrai-Haika-Segi, y en puertas de la vista oral por el sumario 18/98, instruido por Baltasar Garzón contra 62 presuntos responsables del frente político y social de ETA. El hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Andalucía, Luis Portero, asesinado por la banda en el año 2000, expresó a este periódico su «preocupación» por el futuro de este juicio y admitió haber recibido su exclusión como «un mazazo».

Fuentes de la asociación que preside Francisco José Alcaraz alegaron razones de «reestructuración interna» para justificar una decisión que, según afirman, fue adoptada por unanimidad por la Junta Directiva de la AVT y se comunicó hace un par de días a los afectados. Daniel Portero aseguró a EL CORREO que fue ayer a las ocho y media de la mañana cuando recogió el 'burofax' donde se le notificaba, «sin ningún tipo de explicación», su cese como portavoz de la AVT en los seis juicios que se le habían encomendado, y relató que Pedro Cerracín se enteró el jueves.

Según los medios de la asociación arriba citados, la AVT no contratará a un nuevo abogado para llevar los casos de Cerracín, que serán asignados a algún otro letrado de la plantilla de la asociación. Daniel Portero explicó que ha sido este abogado quien, el pasado lunes, preparó el recurso de casación ante el Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional respecto a Jarrai, Haika y Segi, y también el que ha redactado el escrito de calificación para el juicio a Gestoras.

2.000 tomos
Daniel Portero calificó de «mezquina» y «despreciable» la decisión, sobre todo por la forma en que les fue comunicada a los afectados. Prefirió no especular sobre los motivos de la misma, aunque en principio descarta que se deba al desenlace del juicio contra Jarrai, Segi y Haika. Primero, porque la AVT «nunca ha dado demasiada importancia» a este proceso. Y segundo, porque «no tendría sentido: sería como si destituyeran a Molina (el fiscal del caso) por la sentencia».

«Alcaraz no ha calibrado el alcance de su decisión», reprochó Portero al presidente de la AVT. En este sentido, recordó que él lleva más de dos años como portavoz y Cerracín ocho como letrado del caso. «Es el abogado de España que más sabe sobre las finanzas de ETA y el mejor para desarrollar esa labor», aseguró. Quienes tomen el relevo, advirtió, tendrán que estudiarse en dos meses los 2.000 tomos que componen el sumario 18/98.

En el plano personal, Daniel Portero se mostró «profundamente dolido» con Francisco José Alcaraz porque, según dijo, fue él quien «animó» a éste a asumir la presidencia el año pasado, cuando Daniel y su hermano Luis decidieron dejar sus cargos de portavoz y presidente, respectivamente, tras «rescatar de la bancarrota» a la AVT. No se plantea dejarla porque «la asociación está antes que las personas», pero a partir de ahora centrará sus esfuerzos en Dignidad y Justicia, el colectivo que fundó hace medio año para reforzar mediática y socialmente la posición de las víctimas en los seis sumarios que forman el macrojuicio contra ETA.

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