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Recortes de Prensa     Martes 28 Junio 2005
Un llamamiento a la razón
FERRAN GALLEGO  ABC  28 Junio 2005

El escobazo
Por Carmen MARTÍNEZ CASTRO ABC 28 Junio 2005

El extravío autonómico
EDURNE URIARTE ABC  28 Junio 2005

Confirmación en Galicia
Editorial ABC 28 Junio 2005

Sin duda
Editorial ABC  28 Junio 2005

Contra Aznar vociferábamos mejor
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 28 Junio 2005

Un juramento tradicional
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 28 Junio 2005

Manos Limpias exige al Gobierno que persiga toda actividad de Batasuna
O. B./BILBAO El Correo 28 Junio 2005

 

Un llamamiento a la razón
POR FERRAN GALLEGO PROFESOR DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA ABC  28 Junio 2005

HACE casi setenta y cinco años, el 17 de octubre de 1930, Thomas Mann se dirigió al público congregado en la Sala Beethoven de Berlín. Recién galardonado con el Premio Nobel, Thomas Mann era consciente de la estatura moral que había adquirido en su país. Ella le permitió responder airadamente a los jóvenes ultranacionalistas en el homenaje a Hauptmann de 1922, recordando que formaba en las filas de la estirpe de Goethe. En 1930, sólo un mes más tarde de que las elecciones al Reichstag dieran más de seis millones de votos al Partido Nazi, Mann quiso arrebatar a los seguidores de Hitler el monopolio del patriotismo. Y comenzó señalando un parentesco intelectual, esta vez mucho más inclinado a la invocación que deseaba realizar: el praeceptor patriae Johann Gottlieb Fichte. En ningún caso se trataba de un contraste de valor literario, sino de la relevancia cívica que correspondía a quienes intervenían en público para custodiar una determinada representación de la cultura, una imagen de la ciudadanía, una proyección intelectual de la nación. De quienes se sentían en la obligación de incluir su voz en ese «instante de peligro» que, según nos dice Walter Benjamin, constituye el verdadero acontecimiento histórico: ver la realidad ante el abismo, antes de tener que contemplar el tiempo convertido, a nuestras espaldas, en devastación.

Thomas Mann irguió su voz en su «Discurso alemán: un llamamiento a la Razón». A aquel republicano converso en la mitad de la cincuentena; a aquel liberal educado en los principios de tolerancia, eficacia y responsabilidad de la burguesía; a aquel intelectual que siempre entendió su trabajo como la forma estética y moral de comprender Alemania, le correspondía salvarla. Y salió al paso para denunciar la frívola voluntad de poder que sólo era destitución de la ciudadanía; de un alegre populismo que suponía la quiebra de la democracia; de un incendio de las emociones elementales destinado a convertir en ceniza la identidad de una cultura y en ruina calcinada el edificio de la Razón. Y lo hizo en nombre de la nación, de los ideales en los que había sido educado y de la necesidad de un llamamiento transversal a quienes, en la izquierda o la derecha, fueran capaces de renunciar a sus mezquinos intereses de partido para defender la única causa realmente importante en el momento de su impugnación: Alemania. La Alemania que no estaba dispuesta a sellar el pacto fáustico con el diablo, entregando su alma a cambio del poder. La Alemania de los ciudadanos cuya identidad era la tolerancia. La Alemania de los hombres y mujeres cuya patria era la cultura de la libertad.

En la cima de ese patriotismo ciudadano pudo acusar a sus adversarios: «Sin duda, ha llegado el momento en que el nacionalismo militante se revela menos hacia el exterior que hacia el interior del país. Intenta demostrar al mundo su inocencia y su razonable moderación en política exterior, declarando que Alemania es incapaz de hacer la guerra y que, bajo su gobierno, no se intentará cambio alguno en la política internacional. Su odio se dirige menos al exterior que al interior del país. Aún más: su amor fanático por Alemania toma la forma del odio, no contra los extranjeros, sino contra todos los alemanes que no creen en los medios que emplea el nacionalismo».

Nada más lejos de mi ánimo que la ridícula sugerencia de suponer en quienes apoyan a nuestro Gobierno simpatía alguna por lo que iba a suceder en la Alemania pronosticada en aquel discurso. Nada más lejos de mis intenciones que injuriar a quienes se declaran nacionalistas vinculándolos con esa experiencia. Pero, además, nada más lejos de mi voluntad que participar en la conspiración de silencio con que tratamos de indicar que nada ocurre, confundiendo el alarmismo con la observación de los motivos de alarma, y temiendo expresar convicciones por el miedo a ser tildado de una víctima de la exasperación. Hace muy poco, en este mismo periódico, el socialista y catalanista Miquel Iceta se indignaba por el trato dado a quienes han impulsado un manifiesto de intelectuales no nacionalistas. Su rechazo le honra por hacer propios los derechos del adversario. Pero su preocupación y su valiente denuncia nos indican lo que el propio Mann señalaba al designar el peligro que se abatía sobre su país: el desprestigio de la idea de España, que acabará hallando su lugar en zonas que nadie desea.

Se nos dijo que el debate iniciado hace un año se refería a una modificación de la estructura territorial del Estado. Rápidamente, las necesidades escénicas obligaron a dividir el país entre inmovilistas y reformadores. ¿Quién podía tener dudas acerca de la validez moral de cada lugar, en un mundo donde las palabras pesan más por su imagen que por su significado? El debate real, el debate que debía preceder a cualquier otra cosa, no era el referido a la ingeniería legislativa, pues ésta debía adaptar jurídica y políticamente las cosas a algo que se clarificaba en un rango superior: una determinada concepción de España. Entre otras cosas, lo decisivo era saber si aún existía alguna y si quienes sustentan parlamentariamente al gobierno salido de las elecciones del 14 de marzo de 2004 están de acuerdo en este punto. Lo importante, aunque lo preceda en el tiempo, es si quienes gobiernan Cataluña desde diciembre de 2003 comparten una idea de la nación española, lo cual es previo a fijar nada menos que el sujeto de la soberanía, pero también se refiere a la construcción de una identidad reconocida.

Ya resulta significativo que sea la dinámica de la periferia la que marca el ritmo de los cambios a realizar. Y no lo es menos saber que quienes prestan un apoyo fundamental al Gobierno, los nacionalistas de Esquerra Republicana -aunque no sólo ellos- han considerado siempre, teniendo el derecho a hacerlo y el coraje de decirlo, que España no es una nación. Esos grupos pretenden organizar la vida de las comunidades que gobiernan de acuerdo con ese principio, y desean llevar a las Cortes españolas su promulgación. Difícilmente se les puede reprochar que consideren necesario destruir el ejercicio político de la Transición y el Estado de las Autonomías: no hacen otra cosa que poner en orden la música y la letra de sus propias aspiraciones. Hacen sus deberes mientras otros continúan sin presentarse al examen. Pues el primero de los partidos nacionales en número de votos y diputados se niega a salir en defensa de la vigencia de la nación española y del resultado político que ello implica.

Se nos dice que esa nueva idea de España es la España plural, como si partiéramos de una realidad distinta. La España plural ya se conquistó en 1978, al construir, cegando prejuicios que imposibilitaban la convivencia, el Estado de las Autonomías. Esa es la España que tiene que ver con el reformismo liberal frustrado en la primera mitad del pasado siglo y que nada debe a las propuestas del nacionalismo «periférico». El sucesivo reconocimiento de naciones soberanas como alternativa a la nación española no es la España plural, sino su negación, su desbordamiento mediante el cumplimiento de un objetivo que sólo el nacionalismo puede considerar propio y que, de forma lamentable, el Gobierno socialista está entregando, dejando a 148 diputados y los casi diez millones de votantes a los que representan en una soledad que no les corresponde. En ese aislamiento deberían encontrarse otros, quienes realmente se hallan en minoría, quienes saben que su proyecto de España quebrará un delicado equilibrio y romperá la convivencia salvada antes de iniciarse este inútil proceso constituyente.

Ejemplo de ese desacuerdo es el que encalla la ponencia estatutaria de Cataluña, cuando se desea llamar nación a una comunidad autónoma, como base y arranque de un nuevo principio constituyente. Si se aprueba, se hará en contra de la voluntad de la mitad de los españoles. Si se rechaza, se escenificará como la vulneración de la soberanía, como la frustración de los derechos colectivos de un pueblo al que se le niega su identidad, algo que corresponde a un país que ha perdido, por negligencia de sus gobernantes, su propia conciencia. Una nación que no es capaz de reconocerse en un proyecto de futuro, alejado de insaciables nostalgias e inútiles mitificaciones. Esa nación que sólo se reconoce cuando se está haciendo, cuando se afirma, cuando mira hacia adelante, se ha alejado de las convicciones de quien habría de velar por ella, al haberse colocado ahí la insensata discrepancia entre los dos grandes partidos nacionales. Este es el instante de peligro que señalaba Benjamin. Este es el instante de hacer el llamamiento a la Razón que reclamaba Thomas Mann.

El escobazo
Por Carmen MARTÍNEZ CASTRO ABC 28 Junio 2005

EL Congreso de los Diputados cierra esta semana sus investigaciones sobre los atentados del 11-M, el episodio más dramático de nuestra historia desde la Guerra Civil, con un bajonazo indigno de la magnitud de la tragedia aunque coherente con el desarrollo de los trabajos parlamentarios. Ni siquiera ha merecido los honores de un pleno extraordinario. Va en el mismo paquete que el divorcio exprés, los matrimonios homosexuales y decenas de asuntos del más variado pelaje, en el pleno escoba que cierra el periodo de sesiones. Toda una metáfora. Sus señorías se han dedicado a barrer los interrogantes sobre la masacre, cada vez más numerosos e inquietantes, a escobazos de puro partidismo demagógico. El telón parlamentario no cierra la tragedia de los atentados, acaso la agrava aún más.

Durante estos meses de investigaciones no ha salido del Congreso ni un dato digno de mención. Bromeamos con las vejigas de aluminio de algunos políticos, asistimos al nacimiento de estrellas mediáticas como Pilar Manjón y supuestamente recibimos de un profesor alemán lecciones de lucha contra el terrorismo, ¡como si aquí no estuviéramos titulados en la materia! Desde que el famoso portero de Alcalá inauguró las comparecencias se han sucedido las contradicciones obscenas entre los testimonios parlamentarios y la realidad; pero nada ha cambiado en el guión de este juicio sumarísimo diseñado de antemano.

La mayoría parlamentaria surgida de aquellas elecciones terribles ha mostrado más interés en rematar a un gobierno derrotado en las urnas que en conocer quién, por qué y con qué fines organizó el asesinato de decenas de compatriotas. Los que exigían implacables la verdad en las calles no han querido saber nada de las tramas de venta de explosivos, de las negligencias siniestras, las coincidencias imposibles o determinadas amistades abiertamente peligrosas. No se han dado por enterados ni de las mentiras que les endilgaron algunos comparecientes ni de las revelaciones del caso publicadas por los medios de comunicación. No han querido escuchar a los confidentes policiales, pero tampoco al anterior secretario de Estado de Seguridad. Increíblemente, se votarán unas conclusiones sin escuchar al responsable de las Fuerzas de Seguridad durante aquellos días dramáticos.

Fue Alfredo Pérez Rubalcaba quien acuñó el concepto de «verdad parlamentaria»; hoy podemos concluir que esa verdad tiene tanto que ver con la realidad como la justicia militar con la Justicia, o la música militar con la Música. El propio portavoz socialista, otrora brillante y ocurrente divulgador de maldades, es hoy un político perseguido por la sombra de su comportamiento en aquella ominosa jornada de reflexión. Del mismo modo, la mayoría que apoya al Gobierno quedará reflejada en su votación del jueves y en su negativa a investigar hasta el fondo la masacre de Madrid. Quedarán tan retratados con el escobazo del jueves como con su silencio vergonzante ante el indulto de ETA.

El extravío autonómico
EDURNE URIARTE ABC  28 Junio 2005

Últimamente, acontecen absurdos políticos como el siguiente: en dos de las entrevistas de la campaña gallega, preguntaban a Anxo Quintana y a Manuel Fraga por su prioridad en caso de triunfo, y he aquí que los dos contestaban exactamente lo mismo; su preocupación máxima era reformar el Estatuto. Pero, ¿qué está pasando? Sustancialmente, que, bajo el impulso de las reivindicaciones nacionalistas, nuestro país ha sido engullido por una vorágine reformista en la que todo el mundo está atrapado de una forma o de otra, aunque los únicos que sepan para qué sean los nacionalistas. Es la segunda transición, como afirma el presidente del Gobierno, pero, a diferencia de la primera, en ésta no hay un proyecto político nacional, ni valoración de las consecuencias, ni conciencia de su trascendencia histórica. Y las élites políticas, ni saben qué quieren ni adónde van.

Es cierto que el proyecto de Fraga es muy diferente al de Quintana, que el nuevo estatuto catalán es inconstitucional y que la reforma consensuada por los populares y socialistas valencianos es constitucional, que también la propuesta de Jaime Matas está dentro de los límites de la Constitución y que no se puede equiparar con la catalana. Bien, pero hay una pregunta que nadie ha contestado; mejor dicho, que ni se ha planteado, que es la referente a las razones por las que nos hemos metido en esta revisión global de nuestro sistema autonómico. Porque el PP ha establecido unos límites a las reformas, pero ha eludido las preguntas previas sobre el sentido y orientación de esta revolución. Y, en la práctica, se ha limitado a sumarse al proceso abierto por los socialistas.

Sabemos cómo y por qué empezó todo esto, pero no tenemos ni idea de dónde acabará. Como siempre, hemos sido arrastrados por las reivindicaciones nacionalistas, y, en segundo término, por el giro de la política autonómica impulsado por el PSOE. Porque la segunda legislatura de Aznar inició lo que pudo ser el proceso de cierre definitivo del estado de las Autonomías, pero el PSOE nos devolvió a la Transición, con la diferencia de que ahora se trata de descentralizar lo ya descentralizado. Una vez instalados ahí, realmente, no había forma de parar los efectos de los agravios comparativos. Si los nacionalistas quieren más poder y más privilegios y hay un gobierno que se los va a conceder, ¿por qué van a ser menos los valencianos, los andaluces o los madrileños?

El PP ha sido incapaz de salir de ese círculo vicioso. Bastante comprensible electoralmente, porque en esta feria de reivindicaciones, el que no exige una mejora de la financiación o una nueva transferencia es el más tonto del país. Y la consecuencia es que el objetivo de un estado fuerte está desaparecido de nuestro debate político. Ni siquiera sobrevive entre las élites. Lo único que cuenta es quién arranca más y mejores privilegios para su coto político particular, también llamado comunidad autónoma.

Confirmación en Galicia
Editorial ABC 28 Junio 2005

EL recuento de votos en las Juntas Electorales provinciales confirma el resultado de la noche electoral en Galicia: no se ha producido, por tanto, el vuelco en Pontevedra, pendiente de un puñado de votos de los ciudadanos incluidos en el Censo de Residentes Ausentes. El escaño en disputa —el clavo ardiente al que se encomendaron los populares para mantenerse en el poder en esa autonomía— se quedó finalmente en las filas socialistas. El procedimiento electoral ha funcionado, no sin dificultades y controversias, aunque hubiera sido preferible evitar la sombra de la sospecha que se ha cernido durante algunos días sobre los votos procedentes de Venezuela. Aún quedan pendientes, además, las impugnaciones anunciadas por el PP por la anulación de más de 4.500 votos llegados a Pontevedra, si bien parece improbable que de ser aceptadas diesen un vuelco al resultado de anoche.

Una vez resuelta la incertidumbre y, salvo sorpresa mayúscula, todo apunta a un pacto de gobierno entre PSOE-BNG, que permitirá alcanzar la presidencia de la Xunta a Emilio Pérez Touriño, previa una negociación en la que se presumen fuertes concesiones hacia el nacionalismo radical. Esta alianza no es, desde luego, una buena noticia para la estabilidad del sistema constitucional. Se abre, en efecto, un nuevo frente en la tercera de las llamadas «nacionalidades» en el sentido del artículo Segundo de la Constitución, que aspiran ahora a la calificación de «nación», según la nueva terminología auspiciada por los socialistas en contraposición frontal con la realidad del Estado autonómico.

Pérez Touriño es un político moderado en las formas y parece ajeno al radicalismo en sus planteamientos. Pero parece que las circunstancias han de llevarle hacia un acuerdo que puede convertir a Galicia en un serio factor de distorsión, que se suma a la compleja situación política en Cataluña y en el País Vasco; todo ello ante la aparente complacencia de Rodríguez Zapatero y la satisfacción indisimulada del secretario de organización del PSOE, José Blanco, dispuesto a casi todo con tal de desalojar a Manuel Fraga de su despacho en el Palacio de Raxoi.

El Bloque Nacionalista Galego no es un aliado sencillo para los socialistas y, en ciertos aspectos, puede ser equiparado a la Esquerra Republicana que lidera Carod-Rovira. Ante todo, se trata de un conjunto heterogéneo, ya que en el Bloque conviven grupos de muy distinta orientación, con sus propios equilibrios internos de poder. Pero lo principal es que, después de un resultado muy discreto, su seña de identidad va a ser la deriva hacia una escalada nacionalista que difícilmente podrá ser frenada por Touriño. Sobran ejemplos de lo difícil que le ha sido a los socialistas la cohabitación en el poder con el Bloque. El último tuvo lugar en la Alcaldía de Vigo, que ahora ocupa el PP tras fracasar la coalición PSOE-BNG que llevó al socialista Ventura Pérez Mariño al Consistorio vigués.

Manuel Fraga ha ganado de largo las elecciones, pero el triunfo ha sido insuficiente. Es el momento de reconocer el significado de una figura política fundamental para el establecimiento de la democracia en España, además de ser un líder que muchas elecciones y que ha estado al borde de prestar a su partido un último y excepcional servicio. Cumplidos los trámites de constitución del Parlamento, el PP debe plantearse en plazo razonable el asunto de la sucesión, siendo consciente de que puede desatar querellas internas que ya nadie se toma la molestia de ocultar. En todo caso, los populares gallegos cuentan con un activo electoral de primer orden y deben afrontar sin demora un reto aplazado durante demasiados años.

Sin duda
Editorial ABC  28 Junio 2005

COMO juez instructor del caso, Baltasar Garzón no dejó ayer pasar la oportunidad de pronunciarse sobre la sentencia dictada por la Audiencia Nacional que consideraba que la «kale borroka» es ajena al terrorismo etarra porque, entre otras razones, no emplea armas. «La «kale borroka» -dijo Garzón- es una actividad criminal diseñada, planeada y dirigida por ETA». Como recordaba el fiscal del juicio que se sigue contra los acusados por el 11-M, en referencia a los ataques de Nueva York y Washington, «el mayor atentado de la historia se produjo sin armas», las mismas armas que otros magistrados consideran necesarias para conseguir el carné oficial de terrorista. Garzón también lo tiene claro. Para despejar dudas, el próximo diciembre vuelve a la Audiencia Nacional.

En el ámbito nacional, la confirmación del resultado no altera la valoración política. A pesar de su precaria mayoría parlamentaria, Zapatero no puede jactarse de haber logrado el apoyo masivo de los gallegos para poner en marcha el tercer pilar de ese proyecto al que llama «España plural», con un eufemismo que no logra ocultar la realidad. Mariano Rajoy, plenamente implicado en la campaña, ha logrado un aceptable resultado: confirma su liderazgo interno y puede afrontar los próximos tiempos con libertad de acción. Salvo una improbable disolución anticipada, en España se abre un periodo de dos años sin procesos electorales. Buena ocasión para moderar posturas y recomponer el consenso en asuntos de Estado, en especial en materia antiterrorista y de relaciones internacionales. Ojalá que no se desperdicie la oportunidad.

Contra Aznar vociferábamos mejor
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 28 Junio 2005

La deriva autoritaria del zapaterismo, que parafraseando a Lenin es sólo la enfermedad infantil del polanquismo, algo así como el sarampión del despotismo, está alcanzando niveles que serían hilarantes en Francia. Aquí, en la todavía llamada España, son sencillamente nauseabundos. Prohibir, como ha hecho el nunca suficientemente execrado Constantino Méndez, holograma del ministro Alonso, una manifestación de víctimas del 11M contra el cierre de la Comisión Parlamentaria que ni ha averiguado ni querido averiguar nada es una afrenta a las víctimas del terrorismo, a la libertad de expresión y manifestación, a las normas más elementales de higiene democrática y, en estos días de atroz ortodoncia fiscal, una miserable estafa a la ciudadanía. No pagamos impuestos para que el Gobierno nos detenga ilegalmente. No pagamos impuestos para que el Gobierno no nos permita ejercer las libertades públicas más elementales.

La seguridad del Congreso está garantizada por una razón esencial: la manifestación no es de izquierdas, como las que protagonizaban los socialistas, comunistas y separatistas, ahora instalados en el Poder y arrellanados en su abuso, cuando gobernaba Aznar. Sólo ha habido problemas en las manifestaciones de las víctimas del terrorismo cuando se ha personado algún socialista, por ejemplo Bono. Aparecer un demagogo progre en una pacífica manifestación de derechas y organizarse el lío es todo uno. Es que el lío lo trae puesto la izquierda. La Derecha no puede ser más formal. Tres manifestaciones seguidas con más de dos millones de personas en la calle lo demuestran.

Pero nos acordamos de las violentísimas manifestaciones de la izquierda titiritera y de los titiriteros de izquierda contra el Parlamento español, nos acordamos de los muchos jerarcas socialistas colocados bajo las fotografías de los diputados del PP con el epígrafe “asesino” pintado debajo, al modo etarra. Nos acordamos de los violentos fuera del congreso. Y constatamos que ahora están dentro. Contra Aznar vociferábamos, es decir, vociferaba la izquierda, mejor, muchísimo mejor. Y es que aún no era delito vociferar. La libertad era tan exageradamente respetada como hoy es implacablemente perseguida.

Un juramento tradicional
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 28 Junio 2005

La jura del lehendakari de las Tierras Vascas nos devolvía el sábado a la normalidad, vale decir a lo de siempre. No vean en la denominación de Ibarretxe el menor asomo de ironía, sino un gesto de anticipación. El lehendakari y su partido han renunciado al término 'Euzkadi' en favor de 'Euskal Herria', impuesta por los batasunos. Vivir para ver, diría Resurrección María de Azkue, que sufrió el boicot de los miembros del 'Euskeldun Batzokija', el primer centro nacionalista, a una conferencia suya. Cada vez que Azkue decía 'Euskal Herria', la peña le corregía a voces: 'Euzkadi', neologismo acuñado por Arana unos meses antes. En buena lógica, las Tierras Vascas es la denominación que viene.

Ibarretxe juró con las palabras de siempre: «Ante Dios humillado, en pie sobre la tierra vasca, en recuerdo de los antepasados, bajo el árbol de Gernika, ante vosotros, representantes del pueblo, juro desempeñar fielmente mi cargo», la fórmula tradicional, explicaron todos los periódicos como si fuera una fórmula utilizada por lehendakaris de hace siglos.

El primer lehendakari de los vascos juró su cargo en la tarde del 7 de octubre de 1936 en el mismo lugar y con las mismas palabras que hace tres días repitió Ibarretxe, lo que pasa es que la fórmula parecía ya antigua en 1936. Betún de Judea: la sintaxis y ese «ante Dios humillado», más propio de una teocracia que de una democracia del siglo XX, no digamos del XXI. Ibarretxe añadió a su juramento una coletilla con su deseo de que la nueva legislatura fuera «beneficiosa para la paz y la convivencia». Lástima que la legislatura sea sólo un espacio acotado de tiempo y que el lehendakari no haya añadido a la fórmula medieval una coletilla mucho más pertinente, que incluyen todos los gobernantes democráticos del mundo en días como ese: jurar guardar y hacer guardar la ley.

Claro que la jura del lehendakari de las Tierras Vascas pudo ser aún más confesional si hubiera repetido en todo la jornada juradera de José Antonio Aguirre, que, a falta de una, juró dos veces. Por la mañana fue a oír misa a la basílica de Begoña. Un fraile nacionalista, Pedro de Errasti, había traído desde el Madrid en guerra un copón lleno de hostias consagradas, para evitar su profanación por la horda roja y el primer lehendakari de nuestra historia hizo el siguiente juramento ante la Amatxu de Begoña y la cúpula de su partido: «Juro ante la Hostia Santa fidelidad a la fe católica que profeso, siguiendo y cumpliendo la enseñanza de la Santa Iglesia Católica, apostólica, romana; juro fidelidad a mi patria Euzkadi y en su servicio queda ofrecida mi vida, de la que dispondrán en la medida, el momento o las circunstancias que señalen las autoridades legítimas del PNV o Euzkadi Buru Batzar. Así lo juro desde el fondo de mi alma ante mi Dios en la Hostia Consagrada». ¿Hosti, tú!

Manos Limpias exige al Gobierno que persiga toda actividad de Batasuna
O. B./BILBAO El Correo 28 Junio 2005

Manos Limpias exigió ayer a la delegación del Gobierno en el País Vasco que adopte las medidas necesarias para hacer cumplir la sentencia de ilegalización de Batasuna y evitar así el «fraude de ley» en el que, según el sindicato de funcionarios, incurre la formación de Arnaldo Otegi por su participación «indirecta» en ayuntamientos vascos, la organización de «manifestaciones y homenajes» y su inclusión en el proyecto de mesa de diálogo del lehendakari.

Por todo ello, el colectivo presentó ayer por la mañana una denuncia ante la delegación que preside Paulino Luesma, en la que responsabiliza de la «situación de impunidad» de Batasuna al propio Juan José Ibarre-txe, a la consejería de Interior, a «los alcaldes que consienten su participación en asuntos municipales» y a la delegación del Gobierno y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por su «pasividad».

Manos Limpias acusa a un total de dieciocho ayuntamientos de «permisividad» con Batasuna y cita, en el capítulo de actos reivindicativos, el de noviembre en el Velódromo de Anoeta o el homenaje en Amorebieta al fallecido Jon Idígoras.

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