AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 3 Julio 2005
Demagogia incontenible
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 3 Julio 2005

La sonrisa de metal
Ignacio Camacho ABC 3 Julio 2005

De tiranías y arbitrariedades
Agapito Maestre Libertad Digital 3 Julio 2005

Dictador de la producción
Jorge Valín Libertad Digital 3 Julio 2005

MAR GRUESA EN CATALUÑA
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 3 Julio 2005

La soledad del ganador de fondo
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 3 Julio 2005

Los helicópteros espía
ALFONSO DE LA VEGA La Voz 3 Julio 2005

Electos
Por Jon JUARISTI ABC 3 Julio 2005

El riesgo de no arriesgarse
PEDRO ARIAS VEIRA La Voz 3 Julio 2005

PP y PSE celebran el relevo del jefe de la lucha antiterrorista de la Ertzaintza
ABC  3 Julio 2005

Demagogia incontenible
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 3 Julio 2005

Como sólo en Madrid llevamos este año tres coches bomba de la ETA, dos de ellos en el último mes, con docenas de heridos y de milagro sin muertos, el Gobierno de Zapatero y Montilla ha decidido no insistir demasiado en el mantra rubalcabiano: “ETA lleva dos años sin matar”. Y es que en ese tiempo lo ha intentado muchas veces, en cualquier momento lo puede conseguir y a ver entonces quién explica esa tozudez de la realidad en no obedecer a la propaganda del PRISOE. Pero como, evidentemente, están decididos a aliarse con la ETA y con quien sea contra el PP, la “Pravda” de Polanco acaba de alumbrar una nueva fórmula que siendo diferente significa lo mismo: la de la “violencia contenida” de la banda etarra. Citando explícitamente al Gobierno.

Hay una forma segura de contener la violencia, que es dejar de ejercerla. No matar, no poner bombas, no chantajear a empresarios o no amenazar a los ciudadanos que no son nacionalistas serían indicios suficientes, pistas seguras de que esa contención es un hecho o está en camino de serlo. Pero nada de eso sucede. Al revés: gracias a Zapatero el partido de la ETA manda en el Parlamento Vasco, pone y quita presidentes en el Gobierno autónomo y presiona para devolver a la franquicia matriz, la de Batasuna, los privilegios institucionales y prebendas económicas que, hoy por hoy, y por mucho que se empeñe Conde Pumpido, hace imposibles la Ley de Partidos. Y en la calle, ha retornado el terrorismo callejero, condonado y casi aplaudido en su absolución de SEGI por el juez Pedraz, el mismo que dice que De Juana Chaos no es de la ETA sino del MLNV en otra de sus sentencias, letales para la lucha contra el terrorismo. En cuanto a la ETA, hace lo que puede. Y por lo visto, salvo que alguien le esté ayudando, puede bastante.

La estrategia de Zapatero está cada vez más clara. Negocia con la ETA mediante el procedimiento siempre estúpido de la cesión. Y empieza cediendo en la terminología y en la valoración del crimen. Puesto que se está dispuesto a pactar con criminales, hay que decir que sus crímenes no son para tanto. En el pasado, tal vez, porque había otro Gobierno, y encima del PP. Ahora, no, porque hay un Gobierno del PSOE y basta ese venturoso hecho para que los terroristas limen asperezas, suavicen sus pretensiones y “contengan” al máximo su violencia. Por lo visto, lo que para el Gobierno PSC-PSOE resulta irresistible e incontenible es la demagogia. Y si esto hace con coches-bomba, ¿qué no hará con la tregua-trampa?

La sonrisa de metal
Ignacio Camacho ABC 3 Julio 2005

EL presidente Zapatero ha concluido el curso parlamentario tal como lo empezó, con una perenne sonrisa dibujada en el rostro, pero el acogedor gesto que prometía diálogo, consenso, y concordia se ha trocado en un rictus de desafío que apunta directamente hacia la arrogancia. Quizá tenga motivos para sentirse satisfecho porque ha logrado mantener la iniciativa política, poner en jaque a la oposición y conservar con la guardia alta a las minorías que respaldaron su victoria electoral, pero el espejo en que contempla su autoestima emite peligrosos reflejos de quiebra social. El éxito de sus políticas no se cimenta sobre el acuerdo, sino sobre la discordia, el revisionismo y la polémica, y en el seno de la sociedad civil se incuba el virus de la confrontación y la fractura.

La frase crítica que se atribuye a un Felipe González despechado por la escasa atención que en Moncloa se dispensa a sus consejos -«yo tardé seis años en dejar de escuchar; a éste le han bastado seis meses»- podría servir para definir con bastante exactitud la verdadera dimensión del célebre talante presidencial. Bajo su sonrisa cosmética, cada vez más helada, Zapatero exhibe una mandíbula de acero. Imperturbable al ruido creciente que generan sus arriesgadas políticas de reformas civiles, mantiene una agenda hermética a las críticas en la convicción casi iluminada de dirigir la segunda vuelta de la transición hacia la ruptura no consumada hace veinticinco años.

La retadora sonrisa con que saludó desde el banco azul la aprobación parlamentaria de su proyecto estrella, la ley del matrimonio homosexual, pone de manifiesto el carácter unilateralista de su concepto de la gobernancia. El PSOE y sus aliados sacaron adelante el texto vetado por el Senado sin modificarle una sola coma, en una demostración arrolladora de soberbia política, que el presidente remató con su provocadora alusión a la «decencia» de un país en el que matrimonio ya no comprende sólo la unión de un hombre y una mujer.

Lo de menos es la ley en sí misma, cuyo eco durará lo que tarde en disiparse la novedad de las primeras bodas, y en la que la adopción es sólo un brindis al sol porque en la inmensa mayoría de los países del mundo está prohibido entregar niños a las parejas del mismo sexo. Empero, al empeñarse, contra el criterio de gran parte de la sociedad, de numerosas instituciones respetables y hasta de algunos ministros, en llamar matrimonio a una unión con todos los derechos que podría y debería haber quedado consolidada de una forma menos contundente, Zapatero ha mostrado su decisión irrevocable de gobernar abriendo brechas de ruptura. Ese concepto encerrado en esa palabra tiene la propiedad de dividir: irrita a la Iglesia, desasosiega a los católicos, modifica el Derecho, pone en cuestión la concepción tradicional de la familia. Y todo ello es, precisamente, lo que motiva y «pone» al jefe del Ejecutivo, empeñado en situarse al frente de una supuesta vanguardia en la que corre el riesgo de irse dejando atrás a la gente.

Al cabo de un año de Gobierno, que abrió prometiendo diálogo y transigencia, Zapatero ha hecho de todo menos escuchar. No ha escuchado a la oposición, ni al Poder Judicial, ni al Consejo de Estado, ni a las víctimas del terrorismo, ni al Foro de la Familia. No escucha ni siquiera a los suyos cuando le reclaman sosiego en el modelo territorial, ni a Alfonso Guerra -que le ayudó a ganar el Congreso que le hizo líder del PSOE- cuando pide firmeza frente a los nacionalistas y delicadeza en la reforma de la Constitución. No escucha a los manifestantes ni a los líderes de opinión. Y sin embargo, contra toda prudencia, sí parece dispuesto a escuchar a los terroristas y a Batasuna, a los que tiende una y otra vez la mano sin reparar en que les está entregando la llave de su propio futuro.

La estrategia de la división y el revisionismo le está saliendo bien a la hora de quebrar por la retaguardia al PP, al que le ha abierto severos boquetes y desestabilizado ante sus propias contradicciones internas. Pero más allá del PP y de la lucha por el poder, un presidente ha de tener en cuenta al país entero, y gobernar también para los que no le han votado. Zapatero gobierna sólo para una parte de los que le apoyaron: las minorías más activas que con su movilización volcaron por la mínima el resultado del 14-M, ayudadas por la convulsión del atentado de Atocha. Y le da alas al nacionalismo vasco, catalán y gallego para construir una mayoría prestada que conduce a la desintegración del modelo constitucional, sin que esté claro en modo alguno con qué pretende sustituirlo.

Un presidente capaz de sostener sin ambages que la nación es sólo un término lingüístico, un asunto sujeto a discusión semántica, provocaría el pánico en la ciudadanía de cualquier país europeo. El nuestro, en cambio, lo dice con una escalofriante naturalidad mientras sus socios nacionalistas le pegan tirones y mordiscos a la manta del Estado. Zapatero se apoya en ellos para sacar adelante una ley que permite casarse a una exigua minoría de ciudadanos, para desmantelar los proyectos heredados del aznarismo y para obtener apoyos en su vía de diálogo con los terroristas. Se trata de una política cuyo objetivo real parece residir en impedir a toda costa que el PP regrese al poder que perdió por sorpresa bajo el estruendo de las bombas de aquel trágico marzo.

Quizá ahí radique el pecado original de un Gobierno que se sabe de algún modo moralmente impugnado por la convulsión que le vio nacer. El diálogo con ETA, la obsesión por lograr una paz formal con los terroristas, podría ser el resultado de un cierto complejo subconsciente de culpa. Si el Gobierno que surgió de las bombas hallase la manera de objetivar el final de la violencia vasca habría encontrado su camino de redención. Pero en esa fantasmagoría, Zapatero ha comprometido nada menos que el Pacto por las Libertades, el consenso constitucionalista en el País Vasco y, probablemente, la propia iniciativa del Estado frente a unos terroristas que de repente se han encontrado con la posibilidad de decidir.

Roto el consenso con la oposición en todos los terrenos, lo que espera en septiembre es un ejercicio de funambulismo político en el que el Gobierno tendrá que subirse a un alambre para tejer con sus socios el modelo de un Estado en el que no creen. El Partido Popular espera debajo de la maroma que su rival se descalabre, armando todo el ruido posible para desestabilizar un equilibrio tan frágil. En la cuerda camina un presidente «risueño con el cuchillo bajo la capa» (Chaucer), iluminado por una extraña convicción interior y luciendo una sonrisa glacial como una mueca de determinación y rabia. Lo malo es que lo que tiene entre las manos es una nación (una nación, sí) que sólo quiere vivir sin sobresaltos en una concordia a la que desde hace un cuarto de siglo había empezado a acostumbrarse.

director@abc.es

Zapatero
De tiranías y arbitrariedades
Agapito Maestre Libertad Digital 3 Julio 2005

Creo que vivimos tiempos tiránicos, o mejor, de tiranos de usar y tirar. Pequeños dictadorzuelos que abusan de su poder o “gobiernan” contra derecho, pero sobre todo ejercen el poder de modo arbitrario, llenan los mesogobiernos regionales y, sobre todo, el Gobierno central de España. Ninguna evaluación política seria, es decir, razonada sin tener como referencia los criterios marcados por el partido político de la oposición, podrá dejar de considerar que la política de Rodríguez Zapatero no existe. Es mera arbitrariedad. Es imposible evaluarla como buena, mala o, sencillamente, regular de acuerdo con un programa de Gobierno previamente expuesto en un discurso más o menos coherente. Imposible. Todo el “discurso” de Rodríguez Zapatero, y en eso coinciden casi todos los analistas independientes, es el “no discurso”.

Todos se preguntan a qué responde una u otra medida y, al final, nadie en su sano juicio puede dilucidar cuál es la estrategia del Gobierno. Se diría que estamos ante la estrategia de la no estrategia con un único objetivo mantenerse eternamente en el poder a través de la eliminación de la oposición. Ésta es convertida en enemigo absoluto, casi como en la teoría de Lenin, en el enemigo último de la humanidad. Todo lo que hace el PP, todo lo que haga en el futuro y, por supuesto, todo lo que hizo en el pasado es perverso y caótico, dice el gobierno de Rodríguez Zapatero. En su lugar, todo lo que hace el PSOE es justo y benéfico. Todo es bueno sin excepción. Si ni siquiera necesita un discurso, si incluso los militantes críticos del propio PSOE manifiestan que el discurso debe crearlo la oposición porque el gobierno debe dedicarse a gobernar (semejante barbaridad la oí ayer de boca de un viejo dirigente lapidado por Rodríguez y Montilla), si nadie se atreve en el propio partido a decirle a Rodríguez Zapatero que es un arrogante, incapaz de escuchar consejos políticos o contrastar datos económicos, si, en fin, todo el mundo ha llegado a la conclusión, dentro y fuera del PSOE, que no hay, ni habrá jamás, un discurso que responda a criterio alguno, entonces es que estamos ante una tiranía de usar y tirar.

El gobernante soberbio no se interesa por el día a día, por el respirar cotidiano de la nación, sino por tomar la medida más arbitraria posible. Hoy es llamar matrimonio a las uniones homosexuales y mañana será otra burrada... Todo es posible. Porque lo decisivo es mantener en vilo a la sociedad y dejar fuera de juego a la oposición. Todo es posible cuando de tiranía se trata, o sea, del abuso permanente del poder. Los modelos de referencia política, de táctica movilizadora, de Rodríguez Zapatero son Hugo Chávez, en Venezuela, y Fidel Castro, en Cuba. Son personajes ridículos vistos a distancia, pero que contemplados de cerca dan miedo. Se muestran próximos al pueblo, populistas, para desconsiderar a la mayoría, a la nación entera.

Dejando aparte que para la tiranía contemporánea cualquier cosa es buena, independientemente de que esté o no justificada, si eso significa el fin de la oposición; hay otra característica que recuerda el peor vicio de Lenin, la más perversa forma de acabar con cualquier atisbo de democracia genuina, se trata de la utilización del Estado como instrumento de un partido, o mejor, como diría el clásico, de un partido que manda en el Estado hasta el punto de matar lo que a éste le da vida: la nación. Por eso, exactamente, y no por un estulto argumento, Rodríguez Zapatero declara que no sabe qué es la nación.

En fin, las dos razones claves para empezar a hablar en serio de un régimen tiránico son claras: el presidente de Gobierno abusa de su poder -y ya es abusar no atender ni una demanda de los millones de manifestantes que han salido a la calle pidiendo transparencia con los muertos de ETA y respeto por la familia normal- y, sobre todo, gobierna contra derecho. Pero, si alguien necesita referirse a arbitrariedades de este Gobierno para calificarlo de “tiranuelo”, abra la prensa y encontrará materiales suficientes para escribir de nuevo otro “Tirano Banderas”.

Zapatero
Dictador de la producción
Jorge Valín Libertad Digital 3 Julio 2005

Un dictador, según la Real Academia de la Lengua Española, es una “persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos extraordinarios y los ejerce sin limitación jurídica”, es decir, es libre para ejercer sus caprichos sobre el resto de la comunidad por la imposición de la fuerza ya que nadie lo limita. En el terreno económico, pues, un dictador es el que tiene la capacidad política de imponer sus designios sobre la producción al resto de la comunidad de forma unilateral.

Esta semana, ZP nos ha mostrado qué significa ser un dictador de la producción con dos ejemplos. En primer lugar ha declarado que entre sus "objetivos prioritarios" se encuentre el turismo. Así ha decido construir nueve paradores con un presupuesto de 181 millones de euros. Y en segundo lugar, y a través de la ministra Trujillo, ha decidido financiar 180.000 “minipisos” al año que costarán 6.822 millones de euros al pagador de impuestos.

Si los "objetivos prioritarios" de ZP se correspondiesen con los de los españoles se habría hecho un empresario de éxito. Habría ofrecido aquello que la gente más urgentemente necesita al precio más barato sin la necesidad de quitar a la comunidad astronómicas cantidades de dinero mediante el uso de la extorsión que representan los impuestos.

Todo el dinero que ZP usará para sus "objetivos prioritarios" no es riqueza de más, sino que es dinero quitado a la comunidad. Nuestro incómodo dictador de la producción cree que no somos aptos para dirigir nuestro ahorro, inversión ni gasto. Él, en su elevada visión, tiene suficiente autoridad moral como para robarnos el dinero y usarlo, no para bajar los precios de los pisos, ni crear turismo de calidad (algo que jamás conseguirá porque el problema no radica ahí), sino para planificar y controlar según sus gustos y “compra de votos” un determinado tipo de sociedad que olvida totalmente al individuo, a su propiedad privada y su libertad de elección.

¿Por qué no dejar que sean las acciones descentralizadas y voluntarias de las personas que decidan qué sector es más importante? No se equivoquen. El fuerte aumento del precio de la vivienda no se debe a las malas artes del libre mercado como afirman sus detractores, sino a la manipulación de la oferta monetaria, o lo que es lo mismo, a la promoción del llamado “dinero barato”. El “dinero barato” no lo crea el libre mercado, sino los gobiernos y bancos centrales con políticas monetarias expansivas, controles de precios (término que significa todo lo contrario a lo que realmente produce), políticas fiscales dirigistas, etc.

Dirigismo e intervencionismo no se arreglan con más de lo mismo. La historia económica nos muestra perfectamente como la planificación política sobre la economía siempre ha fallado: el mercantilismo, bullonismo, marxismo, keynesianismo, y similares siempre produjeron fuertes crisis. La libertad de mercado es la única alternativa a las crisis y dictadores de la producción.

Y es que ningún visionario nos ha de obligar a destinar nuestro dinero a sus intereses, "objetivos prioritarios", ni caprichos personales. Si queremos prescindir de los dictadores económicos para nuestro bien y para conservar nuestro dinero ganado honradamente, sólo hay camino real: que el gobierno gobierne lo menos posible, y por lo tanto, el mejor gobierno siempre será el que no gobierna en absoluto.

Jorge Valín es miembro del Instituto Juan de Mariana

MAR GRUESA EN CATALUÑA
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 3 Julio 2005

Oriol Malló, militante de ERC y biógrafo de Puigcercós, ha publicado esta semana un artículo en el que se exhorta a la aniquilación física de los intelectuales que redactaron el manifiesto de Barcelona. ¿Qué delito, qué pecado de lesa majestad han cometido los firmantes del manifiesto? Boadella y compañía han roto un tabú: han impugnado la idea de que lo único importante, lo único urgente y digno, es construir la nación catalana. Las encuestas revelan que sólo el 6,5% de los ciudadanos de Cataluña consideran prioritaria la reforma del Estatuto. Los autores del manifiesto, por tanto, se han limitado a dar forma literaria y conceptual a un sentimiento dominante en aquella región. ¿Sirve esto de atenuante? No, constituye un agravante, una auténtica pejiguera. ¿Por qué? Porque queda rehabilitada la democracia, en la acepción que menos conviene a los nacionalistas arrebatados.

En rigor, la democracia es un mecanismo para registrar y convertir en acciones públicas las preferencias sociales. Es esto lo que legitima a la democracia, y no los objetivos concretos que a través de ella se tenga a bien perseguir. Pero la democracia puede ser parasitada, lo es con frecuencia, por grupos de mentalidad poco democrática. Éstos, cuya concepción del sistema democrático es puramente instrumental, necesitan promover la ficción de que una mayoría de contornos difusos, invisible y aplastante, comulga con su causa. De resultas, no se tolera que ciertas voces se desmarquen y enuncien opiniones que no contempladas en el guión oficial. Eso es descortés, hace que afloren ideas y proyectos que no son la Idea y el Proyecto por antonomasia. Por ahí no pasa el señor Malló, aunque lo aguijen mil demonios colorados. El señor Malló cultiva una vocación no infrecuente en determinados ambientes catalanes, y no sólo catalanes: la reducción del disidente. En la práctica, el disidente se bandea como puede. En el terreno simbólico, experimenta una suerte de muerte civil. La estigmatización conoce grados, acentos y colores. De los firmantes se ha dicho, en tono sesudo, paternalista, que son unos alocados, una bohemios, en definitiva, unos gamberros. No se han rebatido argumentos, sino que se ha denunciado el estatus dudoso del díscolo y su resistencia a entrar en el quicio del lugar común oficial. Se socializa al díscolo, en una palabra, por el procedimiento venerable de volverle las espaldas. Esto sucede, en alguna medida, en todas las sociedades, incluidas las más libres. Pero sucede más en las afectadas por un sesgo oligárquico. Cuando la propensión oligárquica coexiste con un régimen democrático, las cautelas se multiplican, los nervios se disparan, y el crujido que produce una nuez al ser pisada adquiere proporciones de catástrofe nuclear. Los bienpensantes exclaman: «¡Jesús!», y aprietan el paso, temerosos de que se vaya a verificar en el momento menos pensado una alteración del orden público.

El señor Malló, por supuesto, ha ido mucho más allá. No pone bolas negras en las votaciones de admisión al club sino que intima exterminios. Y no hace admoniciones sino que circula, a velocidad de vértigo, por una cadena de ecuaciones rudimentarias: no ser catalanista equivale a ser españolista, y ser españolista equivale a ser un fascista de los que se estilaban en los años cuarenta. Cito textualmente: «Boicoteémosles, marquémoslos a fuego ardiente, hagámosles la vida imposible para que sufran en campo propio aquello que ellos hicieron cuando mandaban realmente». ¿Quiénes son «ellos»? Pues eso, ellos: los que siguen ganando la Guerra Civil aunque sean de izquierdas, o aunque no haya guerra. Todo lo acontecido desde el 78, a saber, la Constitución democrática, el Parlamento, el Estado, las enormes dosis de autogobierno de que gozan Cataluña o el País Vasco, es como si no fuera nada. O es peor que nada, precisamente en la medida en que parece ser algo y entonces confunde y desorienta a los que no comparten los aplomos e intuiciones de Malló y sus amigos. Al cabo, o se está con Malló y sus amigos, o se es un miserable. Y no un miserable cualquiera sino un miserable peligroso, es decir, un miserable que urge extirpar antes de que crezca como un cáncer y se lleva por delante a la buena gente. Malló lo formula con claridad meridiana: «nos queréis exterminar, ahora que sabéis que somos pocos, cobardes y frágiles, etc...». En consecuencia «nosotros también queremos exterminaros».

Sería injusto identificar a ERC con el señor Malló. Pero no debe pensarse tampoco que el señor Malló representa una rareza, una extravagancia. El señor Malló no está donde está por casualidad, ni ha escrito lo que ha escrito por casualidad. Llegan avisos de mal tiempo. El invento se les está yendo de las manos a los patriotas.

La soledad del ganador de fondo
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 3 Julio 2005

EL CAMBIO de la ley electoral para que gobierne el partido más votado es como el monstruo del Lago Ness: reaparece de forma regular, aunque nadie se atreve a describirlo con certeza. Su último avistador, Mariano Rajoy, ha vuelto a reclamar, a cuenta ahora de las autonómicas gallegas, una reforma que, según él, debería reducir el protagonismo nacionalista en el Gobierno de España y de sus autonomías.

En realidad, Rajoy, como antes otros, diagnóstica mal el problema ante el que estamos, lo que le lleva a proponer una solución equivocada. Pues la cuestión no consiste en que en España no gobierne el partido más votado: de hecho, eso puede ocurrir en todos los sistemas parlamentarios, sistemas en los que el Gobierno corresponde a las fuerzas que están en condiciones de fraguar la mayoría.

Nuestra peculiaridad es que los partidos bisagra que sostienen en el Gobierno a quien ha ganado con mayoría relativa (Zapatero, por ejemplo) o a quien, no habiendo ganado, puede asegurar la mayoría (Touriño, por ejemplo) son fuerzas nacionalistas, cuya posición de privilegio tiende a provocar efectos devastadores sobre la cohesión territorial y la estabilidad constitucional y estatutaria.

Contrarrestar esos efectos reduciendo la proporcionalidad del sistema electoral no sólo sería poco democrático sino que podría provocar un efecto bumerán: un incremento del peso electoral de los nacionalistas, que presentarían el ataque contra ellos como un ataque dirigido en realidad contra sus respectivos territorios.

Es cierto, sin embargo, que el hecho de que nuestras bisagras (salvo IU) sean siempre nacionalistas ha sido en el pasado, y es hoy, la causa principal de centrifugación del poder territorial: basta con hacer un balance del año de Gobierno socialista para constatarlo con toda claridad.

El oponerse a ese modelo ha llevado al PP a una situación de aislamiento político, insólito es sí mismo, que suele explicarse echando mano del radicalismo derechista del grupo de Rajoy. Sin negar tal radicalismo, que es verdad, no lo es menos que la negativa del PP a entrar en la puja de la centrifugación territorial es la última línea de defensa del Estado autonómico actual, una vez que la del PSOE se ha debilitado, al haber caído prisioneros varios de sus defensores tras los pactos con independentistas y nacionalistas radicales.

Los helicópteros espía
ALFONSO DE LA VEGA La Voz 3 Julio 2005

AUNQUE el proceso de fragmentación moral y política de España sea más patente en las impropiamente autodenominadas comunidades históricas, el virus de la balcanización de nuestro país avanza imparable en todas partes. Sólo así cabe explicar el extraño caso de los helicópteros espía. El Gobierno regional manchego no tiene otra cosa que hacer con los impuestos de sus súbditos que fletar helicópteros para espiar ciertos objetivos militares de los vecinos murcianos. Y aunque Murcia no forme parte del eje del mal , el caso es que lo que constituye una grave amenaza para los manchegos no son armas de destrucción masiva sino sus balsas de riego de polietileno. De modo que hay que identificarlas, medirlas y pasar la información a los servicios secretos manchegos para su evaluación. Estas balsas, que vienen a sustituir a las tradicionales de fábrica por su mayor capacidad y menor coste de construcción, tienen diferentes aplicaciones dentro de la gestión de la economía del agua en las regiones áridas. Así, poder apurar la cantidad de agua permitida en cada turno de riego y acomodarlo a horas más razonables para los trabajadores o a las necesidades reales de los cultivos. Y el Gobierno socialista regional manchego se opone a que su agua sea trasvasada a la próspera Murcia, pues solidaridad y socialismo no tienen nada que ver.

La España de ZP en el cuarto centenario de El Quijote se está convirtiendo en un número creciente de ínsulas enfrentadas entre sí capaces de sacarse un ojo con tal de dejar a la vecina ciega. La creación de ínsulas empezó siendo una broma de aristócratas ociosos y embrutecidos para ridiculizar a nuestro héroe, pero que sin embargo permitió a Cervantes exponer los criterios básicos del buen gobierno y a Sancho demostrar su sentido común. Pero ahora, frente a los abusos de una clase política egoísta e hipertrofiada, no parece existir ni idealismo heroico ni sentido común popular que se le opongan.

Sé que no es correcto políticamente decirlo ya desde la izquierda, pero las cosas son así: si la línea del PP y la queda del PSOE cedieran finalmente, al entrar también en la tómbola autonómica, a los defensores del Estado federal y democrático actual ya sólo nos quedaría quizá salir en desbandada.

Electos
Por Jon JUARISTI ABC 3 Julio 2005

HACE usted bien, señor alcalde, señor concejal, señor diputado, señor senador del PSE. Hace muy requetebién al renunciar a su escolta, ahora que ETA ha prometido que no va a atentar contra los cargos electos. Puede que terminen matando precisamente a vuecencia, pero, si así sucediera, sería por equivocación y no le quepa duda de que ETA presentaría sus excusas, que para esto son muy mirados. Alegarán, por ejemplo, que su señoría figuraba en dos archivos, el de cargos electos y el de cabrones con pintas, y que ellos trabajan fundamentalmente con el segundo, mucho más extenso. No van a perder el tiempo comprobando si Fulano o Zutano también constan en el primero, dada la premura con que se deciden estas cosas. Pero ustedes han decidido fiarse de la palabra de ETA, que siempre ha hecho honor a su palabra, como todo el mundo sabe. No me digan que no, que no se fían. A buenas horas iban ustedes a renunciar a sus escoltas sin tener alguna garantía. No pretenderán que nos lo tomemos como un rasgo de valor y entereza, con lo que ha llovido. Pero no se lo censuro. Ustedes se fían de ETA y, en consecuencia, licencian a sus escoltas. Vale. Espero, con todo, que no exijan a los alcaldes, concejales, senadores y diputados del PP que sigan su ejemplo. Y, sobre todo, no entren en comparaciones, siempre odiosas. Ustedes se fían; los cargos electos del PP, no. Quizá la garantía de la que ustedes disponen cubra también los riesgos de los alcaldes, concejales, diputados y senadores del PP, pero, aunque éstos dispusieran de una garantía semejante -lo que no es probable-, seguirían teniendo derecho a no fiarse del avalista.

Luego están los otros, los no electos de su partido de ustedes, del PP y de ningún partido que no disfrutan aún de las exenciones y garantías de ETA y a los que, supongo, no se instará a prescindir de sus escoltas. Tampoco apelaré, en este caso, a un dudoso concepto de solidaridad para rogarles a ustedes que no los humillen renunciando a las suyas. Dada la garantía de la que ustedes seguramente disponen, resultaría absurdo mantener sus escoltas cuando ustedes piensan (con o sin razón, eso es otra historia) que ya no existe motivo para ello. Aunque, gracias a ustedes, y sin abandonar las armas, ETA haya conseguido invalidar un justísimo argumento contra la destrucción de la democracia bajo el régimen abertzale, pues, en efecto, ya no es toda la oposición al mismo la que se ve forzada a llevar escolta, sino solamente la mitad. De ahí a que algún detrito moral que conozco comience a acusar a los cargos electos del PP de manipulación hipócrita de un terrorismo inexistente, poniéndoles a ustedes como glorioso ejemplo de rectitud y honestidad, no va a mediar gran trecho, se lo puedo asegurar. Y que sólo quede en eso y no surja, como en Cataluña, un agitador que llame al exterminio físico de los discrepantes desde un periódico intervenido y controlado por el Gobierno Autónomo.

Lo dicho hasta ahora no significa que personalmente piense que todo el que lleva escolta la necesita ni que la escolta pueda evitar que ETA te mate si se lo propone. Cuando yo tenía escolta, cargaba con una doble preocupación, por mi seguridad y por la suya. De modo que, cuando el Gobierno de su partido de ustedes decidió retirármela, inmediatamente después de destituirme del cargo (no electo) para el que me había nombrado el Gobierno anterior, me sentí bastante aliviado. «Alguien no le quiere bien a usted en las alturas», me dijo, con franqueza, el jefe de la Brigada de Escoltas. «No voy a averiguarlo», contesté: «Ahora bien, si ETA me mata, el Gobierno tendrá que dar más explicaciones que si me hubiera mantenido la escolta».

He aquí por qué no me impresiona su gesto de ustedes, electos del PSE. Si tan seguros están de que ETA cumplirá su palabra, exijan que su gobierno haga con todos los cargos electos de España lo que hizo conmigo en abril del 2004. De lo contrario, nadie me convencerá de que ustedes no cuentan con garantías demasiado excepcionales.

El riesgo de no arriesgarse
PEDRO ARIAS VEIRA La Voz 3 Julio 2005

LA CAMPAÑA electoral gallega se desarrolló en clave de mínimo riesgo. Fraga no fue a los debates y se centró en movilizar a un electorado propio que estimaba suficiente para ganar. Demostró estar capacitado para gobernar y que no había cambiado, para lo bueno y para lo malo. Pero lo que bastó en otras épocas no llegó en la etapa política que se abrió en Galicia tras el Prestige y en toda España tras el 11-M. El PSOE comparecía con un reforzado apoyo mediático, sólo tenía que aparentar otras formas políticas sin tocar el núcleo básico del modelo económico del PP. Para diferenciarse, Zapatero y el núcleo duro se dedicaron a retrotraer al PP a la etapa preconstitucional. Sacaron a colación las estatuas de Franco, las polémicas religiosas, el europeismo antiyanki, el victimismo nacionalismo preautonomista y las viejas discriminaciones sexuales. Al parecer en casi tres décadas de Constitución no se había avanzado nada. Había que reconstruir una nueva memoria ajustada a sus intereses electorales. En Galicia no había más que esperar a que Fraga fuera el mismo de siempre y que el aparato mediático magnificara sus errores. No había necesidad de programa ni concreciones. Touriño siguió un guión de mínimos riesgos, hablar de cambios, nuevos tiempos y generalidades electorales. Y cuando entró en harina, como en el caso de la Consellería de Pesca para Vigo, puso en peligro los resultados.

Quintana apostó por evitar la identificación con Carod-Rovira y por disipar las sombras del radicalismo que podría ocasionar un trasvase general del voto útil del antifraguismo al PSOE. Sabían que sus competidores y coaligables no sacarían mayoría absoluta y que serían imprescindibles. No buscaron más que evitar excesivos riesgos y afianzar un suelo electoral mínimo. Evitó, como el PSOE, hablar de regeneración interna, de cambios políticos importantes en la propia Galicia. Solo se conjuntó con el PSOE en el rechazo formal al adversario principal y a prometer más relevancia de Galicia en España.

Al final de campaña Rajoy asumió más riesgos y evitó la catástrofe. Los coaligados ganaron por los pelos. Las elecciones se resolvieron en clave de abstenciones comparativas. Afectó más al PP que a sus oponentes. Aún siendo importante, la participación quedó lejos del nivel de las generales.

El PP se equivocó no arriesgando en un contexto en el que era minoría social. No se renovó internamente al nivel necesario y el correctivo vino de fuera. El PSOE tampoco se empleó al nivel exigido por los votantes y está muy condicionado a pactarlo todo y con todos los diputados para que no haya ni una sola discrepancia. Y el BNG entra en el poder con un apoyo electoral descendente. Pero los coaligados tendrán el poder y gozarán de más oportunidades. Ahora le corresponde al PP la tarea de asumir el grueso de los riesgos. Pero la democracia siempre da oportunidades a los audaces, a los verdaderos realistas. El riesgo, si es a favor de los intereses del pueblo, siempre será rentable.

PP y PSE celebran el relevo del jefe de la lucha antiterrorista de la Ertzaintza
ABC  3 Julio 2005

BILBAO. Los partidos popular y socialista del País Vasco, así como el sindicato Erne, celebraron la destitución del jefe de la lucha antiterrorista de la Ertzaintza, Ignacio Ormaetxe, a quien se vincula con el sector del PNV afín a Joseba Egibar y a Gorka Agirre, contrincante de Josu Jon Imaz en la pugna por presidir el PNV. Para PP y PSE, la destitución ha sido acertada y basan su valoración en que Ormaetxe no era partidario de la vía policial para acabar con ETA. Esperan que con el cambio se potencie la lucha de la Ertzaintza contra ETA, ya que lleva dos años sin desarticular un «comando».

El sustituto de Ormaetxe será Jon Uriarte, director de Seguridad Ciudadana, cargo que ocupa desde 2000. Se le considera un hombre de confianza del consejero de Interior, Javier Balza, y del viceconsejero, Mikel Legarda.

Para el portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Carlos Urquijo, «es incomprensible que una persona que no cree en la derrota policial de ETA haya sido el responsable de la lucha contra el terrorismo». Recordó que su grupo se opuso al nombramiento de Ormaetxe como director de la Policía de lo Criminal de la Ertzaintza y posteriormente pidió su cese a raíz de las declaraciones que hizo al diario «Le Monde» en las que dijo que la ilegalización de Batasuna constituía un error y que prefería la vía política y del diálogo para acabar con ETA. Urquijo valoró que «aunque tarde, Balza nos dé ahora la razón» y expresó su deseo de que «acierte con la nueva distribución de responsabilidades, porque resulta preocupante la falta de eficacia de la Ertzaintza en la lucha contra ETA».

El coordinador de la Ejecutiva del PSE-EE, Rodolfo Ares, también celebró la destitución de Ignacio Ormaetxe al considerar que orientaba su labor «con criterios políticos». Calificó de «acertada y necesaria» la decisión porque «no era la persona adecuada para seguir al frente de la lucha contra el terrorismo, máxime cuando llegó a decir que las vías policiales y judiciales no servían para acabar con ETA». Afirmó que «sus decisiones respondían más a criterios políticos defendidos por parte de los dirigentes del PNV, que a una acción profesional de un mando de la Ertzaintza».

El sindicato Erne calificó de «positiva» la destitución de Ormaetxe al frente de la lucha antiterrorista de la Ertzaintza y espera que este área deje de ser utilizada políticamente.

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