AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 13 Julio 2005
Nuestros particulares reinos de Taifas
Lorenzo Contreras Estrella Digital  13 Julio 2005

Ingleses estoicos
BENIGNO PENDÁS ABC  13 Julio 2005

Los pagos políticos y por adelantado a ETA
EDITORIAL Libertad Digital 13 Julio 2005

Nos está mintiendo
Ignacio Villa Libertad Digital 13 Julio 2005

Derecho a la seguridad
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 13 Julio 2005

Entre dos abismos
Agapito Maestre Libertad Digital 13 Julio 2005

Ni lo confirma ni lo refuta
I. SÁNCHEZ CÁMARA ABC 13 Julio 2005

Afán destructor
EDITORIAL El Correo 13 Julio 2005

Fracasa la negociación con ETA
Pablo Sebastián Estrella Digital  13 Julio 2005

memoria que duele
Editorial ABC 13 Julio 2005

El «final dialogado» que no llega
Editorial ABC  13 Julio 2005

Garantías constitucionales
José Javaloyes Estrella Digital  13 Julio 2005

Guerra como alternativa
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 13 Julio 2005

Defensor de la Constitución
Editorial ABC 13 Julio 2005

Condenados a 75 años de prisión los dos etarras que asesinaron a un mosso desquadra en Girona
Agencias/Madrid ABC 13 Julio 2005

«Historia de la Lengua Española», de Menéndez-Pidal
ANTONIO ASTORGA ABC 13 Julio 2005
 

Nuestros particulares reinos de Taifas
Lorenzo Contreras Estrella Digital  13 Julio 2005

Los dos principales resbalones de los padres de la Constitución, el artículo segundo del texto fundamental y el artículo 150.2, ya pasan factura descaradamente. La palabra “nacionalidades”, incrustada como una concesión eufemística en el primero de los artículos citados, y el párrafo segundo del 150 sobre delegación a las comunidades autónomas de competencias exclusivas del Estado, esperaban con su letra fría la evolución de los tiempos en la historia postransicional de la política española. El resto del proceso para el desmontaje de la Constitución de 1978 ya tiene a su alcance otros resortes. Por ejemplo, la conversión de las reformas estatutarias en larvadas, o no tan larvadas, modificaciones o reformas de la llamada Carta Magna.

Después de las sonadas declaraciones de Alfonso Guerra contra el reformismo estatutario de contrabando, aunque no lo haya llamado así, el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ha recibido, si no órdenes, serias advertencias de que debe guardarse sus opiniones hasta que los Estatutos, sobre todo el catalán, se hayan convertido en proyectos listos para entrar en el circuito crítico de las Cortes Generales.

Es difícil negar que el Gobierno de Zapatero ha empezado a poner patas arriba el edificio institucional del Estado. Y no deja de ser curioso que en la interpretación de lo que viene ocurriendo a propósito del reformismo estatutario hayan entrado en colisión nada menos que el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, es decir, el ya citado Alfonso Guerra, y el portavoz parlamentario del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Si a este episodio le añadimos, como quedó ayer comentado, que la plana mayor de la Federación Socialista Madrileña, presidida por Rafael Simancas, le ha enviado un recado de discrepancia al señor Maragall, presidente socialista de la Generalitat, y que José Montilla, secretario del PSC, el Partido de los Socialistas Catalanes cuyo líder es el propio Maragall, se ha mostrado de acuerdo con el principio de que España es una Nación de naciones, ya tenemos organizado el lío. En ese lío ha participado desde fuera el ex presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, para quien en la Constitución sólo cabe una Nación, la española, única e indivisible.

El artículo segundo de la Constitución habla de Nación, la española, con mayúscula, y alude a las “nacionalidades”, con minúscula, como entidades con derecho, al igual que las regiones, a la autonomía. Ahora bien, a la vista del curso que llevan los hechos, estas matizaciones tienden a ser papel mojado. Y la gran pregunta que es preciso plantearse no puede ser otra que la voluntad política que sea capaz de exhibir Zapatero para moderar ese proceso de presiones dirigidas al cambio.

José Montilla, como ministro de Industria y Energía, tiene menos significación que José Montilla como secretario general del PSC. Y quienes pensaron en su día que Cataluña iba a terminar siendo, gobernase quien gobernase en ella, más difícil, por no decir peligrosa, que Euskadi para el concepto unitario de España, no andaban descarriados en sus pesadillas.

Ya tenemos encima la tormenta definitiva de los llamados “hechos diferenciales”, que estaban planteados con Cataluña y Euskadi, pero que ahora son reclamados por otras comunidades que aspiran a ser también diferentes. ¿Habíamos oído hablar de los reinos de Taifas o de la balcanización ibérica?

Ingleses estoicos
Por BENIGNO PENDÁS ABC  13 Julio 2005

LA política desafía la lógica más elemental. Irrita sin remedio a los amantes de la geometría. Sobran los ejemplos. Aquí y ahora, nuestra izquierda (multicultural y tolerante) sólo quiere escuchar que los autores de casi todo son terroristas islámicos. La derecha, mientras llegan tiempos mejores, se encomienda a Tony Blair, a Alfonso Guerra y al propio Frente Polisario. A los socialistas, en cambio, les disgusta el líder laborista, les incomoda el antiguo vicepresidente y prefieren la teocracia marroquí a sus antiguos protegidos de la edad juvenil. No hay que extrañarse: los verdes alemanes defienden sin pudor al «complejo militar-industrial» a la vez que veteranos trotskistas engrosan las filas de los «neocons». Lógica, pues, bajo mínimos. Tampoco las palabras ayudan. Bush, como es notorio, es un «republicano». Pero también lo son los votantes de Esquerra y el mismo Zapatero siembra la confusión por culpa de su extraña afición a la filosofía ingrávida de Pettit. Es bien sabido que, para los europeos, Hayek es el prototipo del liberalismo; para los americanos, un liberal es Rawls, típico socialdemócrata intervencionista. Mal territorio éste, en efecto, para quienes necesitan certeza y seguridad absolutas frente al flujo errático de la vida.

Toca discutir estos días sobre la reacción de los británicos («estoica», dice su primer ministro) ante el 7-J y comparar con el 11-M. Ya se sabe que no somos ingleses, pero la diferencia sorprende incluso a los más precavidos. Tome nota cada cual en cuanto le concierne. Pero la diferencia sustancial reside, creo, en el fondo y no en las formas. El 11-M saca de quicio a la sociedad española porque provoca algo más que un cambio de gobierno. Puede, si se consuma, debilitar la arquitectura constitucional y destruir instituciones sociales básicas. El cambio abrió la puerta a concesiones inaceptables al nacionalismo desleal y a los partidos antisistema. Por eso nadie quiere ni puede olvidar aquellos días trágicos y sus secuelas. El Reino Unido no va a alterar ni un milímetro su trayectoria después de la masacre. Gobiernen los laboristas o los conservadores, está garantizada su «forma de vida», la frase más abstracta que puede pronunciar un británico, en este caso la propia Reina. Sobre identidades telúricas y destinos en lo universal ya nos ocupamos los demás, sobre todo esos reaccionarios imbuidos de historicismo que pasan por ser progresistas cuando son sencillamente contrarios a esa España que significa -hoy día- libertades y Constitución. En cuanto al metro de Londres, dejemos a cada uno que reaccione a su manera. Un joven lleno de buena intención preguntaba a sir John Elliot acerca del futuro de la cultura universal. Respuesta: «siendo inglés, me resulta imposible pensar en esas categorías tan enormes».

Los pagos políticos y por adelantado a ETA
EDITORIAL Libertad Digital 13 Julio 2005

No le falta razón al portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, cuando califica de "varapalo importante" al Gobierno de Zapatero la decisión de la Audiencia Nacional de admitir a trámite la querella presentada por la AVT contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas, al apreciar indicios de colaboración con ETA.

Ciertamente, sea cual sea el resultado final, el hecho de que un juez admita a tramite la querella, muestra el interés del juez Fernando Grande Marlaska por impedir que ETA burle la Ley de Partidos; un interés que, ya de por sí, deja en evidencia la renuencia de quienes deberían haber sido los principales instigadores de ese proceso judicial, como son el Fiscal General del Estado y el presidente del Gobierno.

Claro que, si los socios catalanes de ETA en Perpiñán ejercen, a su vez, de principales socios del gobierno de ZP, ¿hay que extrañarse de que el presidente no aplique la legislación antiterrorista a la que en su día se opusieron sus actuales aliados? ¿Hay que hacerlo por que ofrezca negociación a la organización criminal? ¿Hay que extrañarse de que ZP no tenga claro si el país que gobierna es o no una nación? Porque no nos engañemos; a esa duda existencial sobre la nación no le han llevado al presidente las lecturas del mediocre de Norberto Bobbio, sino las exigencias del indeseable de Carod Rovira; un independentista que no tuvo empacho ni en reunirse con ETA para diseñar “estrategias conjuntas para desestabilizar al Estado Español”, ni en reclamar a ETA que no atentase en Cataluña porque “Cataluña no es España”.

La deserción de Zapatero no es tanto jurídica o procesal, sino de índole moral y política. La actitud moral que era exigible ver en un presidente, de cara a instar a la ilegalización del PCTV, era la de “Que por mi no quede”, que tanto repitiera Julián Marías. Aun en el improbable caso de que los tribunales tumbaran esa iniciativa, la posición de ese presidente hubiera quedado, así, salvada de cara a la opinión y a la decencia pública.

Lo cierto, sin embargo, es que el presidente del gobierno del 14M, lejos de dar prioridad a que los proetarras dejen de tener representación y subvención pública, ha preferido dar por adelantado a ETA ese balón de oxígeno a cambio de una tregua. Y prueba de ello es la oferta pública del gobierno a la organización criminal, reflejada en las páginas de El País y basada en negociar con el PCTV la modificación del Estatuto de Guernica y en “dialogar” con la propia ETA “sobre la situación de los presos”.

No sabemos lo que decidirá finalmente el juez García Marlaska, pero, a la vista de las ofertas de ZP a ETA, no nos cabe duda alguna de que quien también tiene clara convicción de la naturaleza proetarra del PCTV es el propio José Luis Rodríguez Zapatero. A él, sin embargo, no le importa. Y a nosotros no nos extraña.

Nos está mintiendo
Ignacio Villa Libertad Digital 13 Julio 2005

El mes de junio para Zapatero fue un mes muy complicado. Tres manifestaciones multitudinarias fueron la más clara escenificación del divorcio del Gobierno con los intereses y preocupaciones de los ciudadanos. No obstante, es cierto que el resultado raspado de Galicia supuso un alivio para un Gobierno socialista que entró en el mes de julio tambaleante y dubitativo.

Y por el momento en julio ha recibido dos golpes a cada cual más duro. Primero los atentados de Londres que han dejado al descubierto la forma tan rastrera que tiene el PSOE de hacer política, en la que vale todo y en la que el terrorismo se utiliza de la forma más partidista posible. Además, por si eso fuera poco, el Gobierno se ha encontrado de bruces con la decisión de la Audiencia Nacional de aceptar a trámite la querella contra los batasunos de las tierras vascas por su conexión con el entramado etarra. Algo demostrado después de varios informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado en los que se recogían decenas de pruebas que así lo explicaban.

El presidente Zapatero, el ministro López Aguilar y el Fiscal General del Estado han preferido mirar hacia otra parte durante semanas. Se han quitado de en medio como si nadie en España fuera capaz de discurrir por su cuenta y, lo que es más grave, han caído en una inacción que ha llevado a los terroristas a sentarse en el Parlamento de Vitoria. Desde el Gobierno nos han intentado explicar que no se puede ilegalizar "sin más" a un partido político, llegando incluso a predicar las bondades de los comunistas de las tierras vascas. Pero lo que era evidente para todos menos para el Gobierno ya está aquí. Los trámites de la Audiencia Nacional han comenzado. Ya veremos en que queda todo, pero lo que parece claro con esta iniciativa legal es que los batasunos de las tierras vascas están en sus escaños de Vitoria gracias a Zapatero.

Esta decisión judicial podía haber sido promovida por el Gobierno antes de las elecciones vascas y esa penosa presencia parlamentaria se habría evitado. Dicho lo cual, la pregunta vuelve a saltar: ¿Hay pactos de algún tipo entre el Gobierno y los terroristas de Batasuna? ¿Han decidido las dos partes algún tipo de calendario para las cesiones del Ejecutivo? ¿Qué acuerdos secretos hay para que el PCTV se hayan presentado a las elecciones? La decisión de la Audiencia Nacional es algo más que un varapalo para Zapatero. Es la prueba más evidente de que nos está mintiendo.

Terrorismo
Derecho a la seguridad
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 13 Julio 2005

El problema de recurrir a la dicotomía libertad-seguridad cada vez que un atentado masivo viste de luto a Occidente es que propicia análisis estériles. Con pasmo leí en la prensa española a un supuesto especialista en terrorismo que, aferrado a la cantinela, no exponía ni una sola idea. Se abusa de la obviedad y se acaba no proponiendo política operativa alguna. Quedan, eso sí, letanías claudicantes y autoinculpatorias, mares de injusticia, ciego egoísmo capitalista.

Antes de armar lánguidos análisis que serán olvidados en un minuto, antes de publicar bienintencionadas y fútiles reflexiones a modo de redacción de la ESO, valdría la pena desbrozar estudios y columnas, no vaya a ser que bajo lo secundario no quede nada útil para la comunidad, que todo sea secundario. ¿Conlleva un recorte de libertades cualquier refuerzo de la seguridad? ¿De dónde ha salido esa idea? Los terroristas estarán encantados ante las infinitas trabas que el mundo libre se pone a sí mismo a la hora de prevenir, perseguir y castigar sus atentados. Es posible que el dichoso debate tenga algún sentido una vez nuestros gobiernos agoten todos los recursos democráticos contra el terror, contra quienes lo alientan, lo desencadenan y lo justifican. Pero aún estamos muy lejos de ahí. Mientras, la dicotomía sólo ilustra nuestro desarme moral y material.

¿Cómo seguir reforzando la seguridad sin menoscabar los derechos y libertades, consagrados constitucionalmente, de expresión, de asociación, a la vida y a la integridad física, la libertad ideológica y religiosa, los límites a la detención preventiva, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones? En primer lugar, recordando que en el mismo artículo 17.1 CE donde se consagra el derecho a la libertad, se hace lo mismo con el derecho a la seguridad. En la misma frase del mismo artículo. En segundo lugar, superando la inercia que nos impide exigir una mayor dotación de recursos para las políticas de seguridad que ya existen, y que son indubitadamente democráticas.

En España hay, según Casimiro García Abadillo, 600 mezquitas, la mitad de ellas ilegales, y un millar de radicales islamistas. Ciérrense las ilegales y, de ahora en adelante, invóquese el principio de reciprocidad para detener cualquier nueva instalación financiada por Arabia Saudí, por ejemplo, hasta que no se respete allí la libertad religiosa.

Además de legal, es urgente multiplicar los medios humanos y materiales de las Fuerzas de Seguridad. Los recursos con que cuenta la policía madrileña para hacer frente a las tramas islámicas son ridículos. Se precisa más especialistas en islamismo, en redes y en informática. Y más colaboradores árabes, a ser posible de los que no liberan teléfonos móviles. Los especialistas en contraterrorismo piden cosas que sólo dependen del presupuesto. Hay que escucharlos y dejarse de zarandajas a vuelapluma. La primera obligación del Estado es proteger nuestra seguridad. Tenemos derecho a ella. No me hago muchas ilusiones cuando el presidente del gobierno se muestra tan comprensivo con las causas del terror.

Estatutos
Entre dos abismos
Agapito Maestre Libertad Digital 13 Julio 2005

Los votantes de PSOE y PP tienen motivos sobrados para no votar a ninguno de esos partidos en las próximas elecciones. ¿Qué habrán pensado los pobres infelices que el 14-M cambiaron su voto por los atentados del 11-M, o sea, votaron a favor del PSOE, al ver la reacción de colaboración de la oposición británica con su gobierno ante los asesinatos del 7-J? No quiero ni pensarlo, porque también yo sentiría vergüenza ajena. Tampoco creo que se sientan muy felices los votantes del PP, cuando hayan contemplado el pacto de sus líderes en la Comunidad de Valencia con los socialistas para reformar el Estatuto de esa comunidad. Aunque lo nieguen, hay indicios suficientes para pensar que los populares se han entregado al PSOE, o mejor, a cambiar la Constitución a través de la reforma de los estatutos.

En fin, soy de la opinión que el PSOE está muy por encima del PP en perversidad y maldad, pero creo que hay mil cuestiones para quejarse de unos y otros. Acaso por eso, y porque los españoles están por encima de sus políticos, pocos ciudadanos dudan de la necesidad de construir un puente entre dos abismos, el del PP, un partido acomplejado por miedos absurdos, y el del PSOE, un partido poliédrico que quiere ocupar todo el campo de juego de la vida política, social y económica. El problema es cómo construir ese istmo entre un partido que no cree en sus bases y desprecia a sus votantes por un prurito centrista, el PP, y un partido que desprecia cualquier posibilidad de construir un discurso de ciudadanía democrática, el PSOE.

Con este telón de fondo, la vida política de este país no puede ser más deprimente. El drama se da la mano con la mugre partidista más sórdida. Pues que demandamos, sí, un puente para que este país siga siendo soberano, sin percatarnos de su existencia: la Constitución. He ahí la tragedia de la vida política española. Por un lado, el PSOE quiere volar controladamente ese puente, seguramente, para después volver a reconstruirlo de manera que sólo se puede cruzar en una única dirección, que ellos marcarán con la determinación dogmática y sectaria que caracteriza su proceder desde la Segunda República hasta hoy. Se trata de señalar unas reglas del juego, en realidad, unos espacios mínimos para que la oposición se entretenga sin causar demasiadas molestias.

Pero, por el otro lado, el PP no tiene el coraje suficiente para defender la grandeza y solidez de ese firme camino, la Constitución de 1978, para que transitemos con dignidad todos los españoles. Y tan es así que el PP, a veces, prefiere antes aplaudir las declaraciones de un adversario, Alfonso Guerra, seguramente el de pasado más sectario dentro del PSOE, que defender a cara descubierta y en todas partes la ley más importante que ha parido la nación española en el siglo XX: la Constitución.

O Rajoy se dedica a la defensa de la Constitución, de la soberanía nacional, o despídase de alcanzar algún día la jefatura del Gobierno. Jugar con los socialistas a la reforma de los estatutos es firmar su sentencia de muerte.

Ni lo confirma ni lo refuta
I. SÁNCHEZ CÁMARA ABC 13 Julio 2005

PARECE evidente que los atentados del 11-S, el 11-M y el 7-J fueron cometidos por terroristas islamistas. Pero ninguno de los tres casos confirma la autoría de los otros. Al Qaida, verosímil responsable de los tres, es una organización criminal difusa, carente de dirección central. Si no sabemos quiénes fueron los autores (no hay aún sentencia firme, ni seguridad acerca de la identidad de quienes dieron la orden y determinaron la fecha), tampoco podemos saberlo después de los atentados de Londres. Por otra parte, existen entre el caso español y el inglés algunas diferencias notables. Por ejemplo, la proliferación deliberada de pruebas significativas, como el abandono de cintas coránicas en una furgoneta, o el suicidio colectivo de Leganés. No sabemos todo; y ni siquiera sabemos si lo que sabemos es mucho o poco. Las razones para pensar que los ataques terroristas de Madrid fueron obra de islamistas, desde luego muy convincentes, no se ven ni reforzadas ni atenuadas por los atentados de Londres. ¿O es que los atentados de Madrid confirmaron la autoría del de Nueva York? ¿O es que si hubiera sido el IRA quedaría refutada la autoría islamista de la matanza de Madrid?

Afán destructor
EDITORIAL El Correo 13 Julio 2005

Las cuatro bombas que hizo estallar ETA ayer en la central de ciclo combinado de Boroa son un capítulo más de su actividad destructora y expresan con claridad cuál es su única intención: perpetuar su protagonismo criminal, recurriendo al chantaje y la coacción, en una sociedad que exige mayoritariamente su desaparición. ETA no renuncia a ser un poder fáctico y como toda banda terrorista en declive hace tiempo que hizo de la supervivencia su principal razón de ser. Y para ello está dispuesta a arrasar no sólo con la convivencia, sino con cualquier atisbo de progreso, sin importarle ni la vida ni las aspiraciones de sus ciudadanos. Aunque escrutar los ritmos y razones del terrorismo es un ejercicio estéril, y mucho más interpretarlos en claves democráticas, no se puede separar el atentado de ayer del momento en que se produjo, el mismo día en que Miguel Lazpiur relevaba a Román Knörr al frente de Confebask y lanzaba un claro mensaje sobre la prioridad del empresariado vasco: la consecución de la paz y la estabilidad de la sociedad. ETA lleva años haciendo de la extorsión mafiosa una práctica habitual, un método para obtener los fondos necesarios para seguir existiendo y prolongar su actividad, y de paso intentar domeñar a los sectores más emprendedores de la colectividad. Tampoco es indiferente el objetivo elegido, la central de Boroa, una instalación cuya ubicación y puesta en marcha ha sido precedida de un intenso debate social: ETA aprovecha las normales divergencias ciudadanas e institucionales como cuña para romper consensos y atraer disidencias. Las bombas de ayer, además, suponen un ataque contra la mayor inversión de capital extranjero en un proyecto en el País Vasco, confirmando que a ETA no le importa convertir Euskadi en un territorio estéril si sobre esa nada puede construir su utopía totalitaria.

El atentado de Amorebieta, como el de hace poco más de dos semanas en Madrid y toda la inabarcable serie de crímenes y asesinatos que jalonan la trayectoria de ETA, debería acabar con la ilusión de un inmediato fin pactado de la violencia. Cualquier síntoma de desunión o de divergencia entre partidos, ciudadanos o instituciones es oxígeno para la banda terrorista, que interpreta la más mínima rebaja de la presión como una muestra de debilidad del Estado de Derecho. Las cuatro bombas de Boroa son la única verdad de ETA y para su extinción no hay más camino que recuperar la unidad y mantener la firmeza.

Fracasa la negociación con ETA
Pablo Sebastián Estrella Digital  13 Julio 2005

El presidente del Gobierno, José Luis Zapatero, ha vuelto a pedir a la oposición que se calle, que no polemice con el terrorismo. Zapatero y su Gobierno insisten en imponer una ley del silencio sobre grandes cuestiones del debate nacional con el solo objetivo de no quedar en evidencia porque el presidente se precipitó al ofrecer en el Parlamento a ETA una negociación y al hacerlo sin contar con el consenso necesario del primer partido de la oposición, el PP. Partido que por boca de Mariano Rajoy le ha recriminado al Gobierno sus errores en esta política, que cada vez son más evidentes a la vista de los últimos acontecimientos.

Tres hechos recientes avalan la idea de que la negociación con ETA que Zapatero presumía tener al alcance de la mano ha fracasado o de momento es imposible. En primer lugar, la banda no cesa de atentar con explosiones de bombas y artefactos que aunque no causan muertes mantienen viva la estrategia del terror y avisan al Gobierno de que no están dispuestos a negociar si antes no se les hacen nuevas concesiones, como el pretendido por ellos derecho de autodeterminación. Así mismo, ETA ha expulsado de la banda a su ex jefe ‘Pakito’ y a otros altos cargos de ETA que estaban presos en la cárcel de Cádiz por pronunciarse todos ellos en favor del final de la lucha armada. Y por si algo faltara, en sus últimos comunicados sigue poniendo y quitando indultos a la clase política, como si de un macabro juego se tratara, lo que sumado todo ello nos conduce a la idea de que a Zapatero o lo han engañado o sus interlocutores no representaban a la dirección de ETA o simplemente se ha precipitado creyendo que podría conseguir un acuerdo tripartito con ETA, el PNV y la redacción de un nuevo Estatuto para el País Vasco.

Por eso Zapatero no quiso ilegalizar al PCTV, que se ha convertido en árbitro de la Cámara vasca y que ahora va a sufrir una seria investigación de la Audiencia Nacional, según lo ha declarado el juez que lleva el proceso iniciado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, en contra de las posiciones del Gobierno y del fiscal general, Conde-Pumpido, porque según el magistrado que instruye la causa hay indicios más que suficientes de que el PCTV forma parte de ETA.

Eso ya se sabía, figuraba en los análisis e investigaciones de la Guardia Civil y lo han dejado claro los parlamentarios del PCTV negándose a condenar los últimos atentados, siguiendo las instrucciones de Otegi, que hablaba de ellos como “los nuestros”, y sobre todo a la vista del último comunicado de ETA, en el que reconoce que con el PCTV han engañado al Gobierno de España y se han vuelto a colar en las instituciones vascas.

Todos estos hechos demuestran que el Partido Popular tiene razón, que Zapatero se ha equivocado y que ETA no quiere negociar sino presionar. Y ahí están las últimas cuatro explosiones en el País Vasco, que aunque no han causado daños mayores son una demostración de fuerza en un momento muy especial como el que estamos viviendo por causa de los últimos atentados de Londres, lo que demuestra que a ETA le importa todo un pimiento y no le impresiona en absoluto la opinión pública española ni la internacional.

En estas circunstancias, y mal que le pese, el Gobierno de Zapatero debe rectificar porque se ha equivocado. Se ha precipitado y ha dejado al Gobierno de la nación en una posición de franca debilidad. Y si no lo hace y además pretende que todos los demás guarden silencio y no le reprochen lo que ha hecho mal, el presidente Zapatero se va a volver a equivocar.

memoria que duele
Editorial ABC 13 Julio 2005

HAY fechas marcadas a sangre y fuego en la memoria colectiva de un país. También hay rostros y nombres que perduran en el tiempo y emergen, de año en año, para avivar el recuerdo, aunque provoque escozor. El Foro de Ermua reclamó ayer la «derrota de ETA sin cesiones ni atajos», al cumplirse el octavo aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. «Hace ocho años tomamos la determinación de no hacer ninguna concesión, ni penitenciaria ni de otro tipo, a cambio de su liberación; ETA le arrebató la vida. ETA fue la única culpable del crimen». Palabras que este año resuenan con un eco distinto y deberían convertirse, en tiempos de duda e incertidumbre, en guía obligada para no salirse del camino que conduce al fin del terrorismo.

El «final dialogado» que no llega
Editorial ABC  13 Julio 2005

EL problema de la nueva política del Gobierno sobre ETA ya no es sólo la continuidad terrorista sino el perjuicio que está causando al sistema institucional, bien visible en el descrédito del fiscal general del Estado, empeñado en una tarea tan compleja como peligrosa: dar cobertura a la estrategia del Gobierno de habilitar una vía legal de mantenimiento del entramado batasuno en el Parlamento vasco. Al final ha sucedido lo previsible en un Estado de Derecho, formado por instituciones que, o persiguen los delitos y protegen a la sociedad o, simplemente, no tienen razón de ser.

En este sentido, ¿hay motivo para sorprenderse de que un juez de la Audiencia Nacional haya aceptado una querella de las víctimas de ETA contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas por colaboración con los terroristas? Realmente, no hay motivo alguno, porque las razones para esta decisión tomada por el juez Fernando Grande-Marlaska están en los informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en la actividad diaria del EHAK y en el reconocimiento por ETA en su último «Zutabe» de que este partido es su marca parlamentaria.

Un juez ha decidido levantar el velo del EHAK. Es bueno recordar que actualmente ya existe un sumario sobre la integración de Batasuna en ETA, porque el que juega a terrorista, aunque se disfrace de parlamentario, acaba siendo tratado como un terrorista. Lo que, en todo caso, sí debe preocupar es la posición adoptada por el fiscal general, que está provocando asombro y desconcierto en la sociedad española. Por vez primera en la democracia, los jueces españoles no están respaldados, de forma clara e inequívoca, en una investigación sobre ETA.

La de ayer fue una jornada muy expresiva de cuál es la composición del escenario en el que supuestamente habría de producirse el «final dialogado» del terrorismo de ETA. El Gobierno ha propiciado expectativas construidas sobre una imagen irreal de los terroristas e insiste en apelar a la confianza ciega en el jefe del Ejecutivo, pese a que no hay correspondencia en los hechos. Y la prueba del error vuelve a estar donde siempre, en los atentados de ETA, como las cuatro bombas que ayer estallaron en la central térmica de Boroa, situada junto a la localidad vizcaína de Amorebieta. Se trata de una instalación industrial, de capital extranjero, a la que se opusieron movimientos ecologistas y fuerzas políticas locales, lo que trae a la memoria tristes episodios del exitoso chantaje etarra contra la central nuclear de Lemóniz y la autovía de Leizarán.

La condición puesta por el presidente del Gobierno no se ha cumplido: ETA ha expresado su voluntad de no abandonar la violencia, por lo que el Ejecutivo está obligado a revisar su posición y, sobre todo, a reflexionar sobre la incidencia negativa de sus decisiones en el proceso de derrota de los terroristas. Lo cierto es que ETA ha celebrado como éxitos propios la ruptura del Pacto Antiterrorista y la derogación de facto de la ley de Partidos Políticos. Más allá de un escarnio a la sociedad española, la satisfacción de los terroristas no es gratuita, sino fundada en la novedad de una política que ha declinado el rigor y la firmeza de aquella que PP y PSOE pactaron en el Acuerdo Antiterrorista. La sociedad española, como reflejaba el Barómetro de ABC, no puede ignorar la continuidad de los atentados, taparse los ojos y dar por buena, en su lugar, la confianza personal del presidente del Gobierno en sus informaciones, no compartidas con el PP ni respaldadas por la realidad. Y si tales informaciones son fruto de la «diplomacia secreta» con ETA, sería bueno recordar la inutilidad absoluta de este tipo de comunicación con los terroristas en los tiempos en los que los Gobiernos anteriores la pusieron en práctica con intermediarios inefables y en plena actividad violenta de la banda etarra.

También debe ponderar el Gobierno el coste moral de trasladar a la opinión pública la idea de que un terrorismo sin muertos es absorbible en un estado de negociación, como si la amenaza, la destrucción y la intimidación fueran costes de segundo grado y, en todo caso, no impeditivos de ese aún inédito proceso de paz. Mejor haría el Ejecutivo en ser consciente de que la cadena ininterrumpida de atentados cometidos por ETA es la manera que tiene la banda terrorista de demostrarle al Estado cuál es su verdadera disposición al diálogo.

Garantías constitucionales
José Javaloyes Estrella Digital  13 Julio 2005

Pocas Leyes Fundamentales más congruentes en su necesidad de esa pieza de cierre que es el Tribunal Constitucional, que la Carta española de 1978. La peculiaridad del consenso político sobre el que fue construida (un consenso de mínimos, puesto que apenas alcanzó el acuerdo de que los constituyentes estaban en desacuerdo, aunque manifestaban su voluntad de superarlo) hace muy específicamente
—casi dramáticamente— necesario ese órgano de interpretación y resolución, de cuya vida se ha cumplido un cuarto de siglo.

Pero más allá del balance que se haga por unos y por otros, siempre condicionado por el discurso ideológico de cada uno —especialmente en el caso de las minorías nacionalistas—, la experiencia ha venido a demostrar que podría haberse acertado más, quizá lo suficiente, si hubieran sido otros los criterios establecidos para la designación de los magistrados que componen nuestro Tribunal Constitucional. Un sistema de provisión de esas magistraturas que hubiera sido más independiente del juego político y del cambio de las mayorías, habría resultado mejor para todos: para los actores de la política y para el correcto funcionamiento de la política misma.

El modelo norteamericano, que establece la condición vitalicia de los miembros del Tribunal Supremo, aporta las mayores garantías de que los derechos fundamentales están a salvo de todo género de interpretación partidista. Es fórmula, además, que subviene puntualmente a las necesidades propias de una Constitución abierta, como esa en la que se inserta.

En el caso español, sin embargo, pese a las características de bajo consenso que definió el pacto constitucional, el proceso que se ha seguido en este cuarto de siglo ha sido el opuesto al que convenía. La politización de la Justicia, instada e impuesta por la izquierda, es un hecho. Y, en consecuencia, una progresiva ficción eso de la separación de poderes inherente a todo sistema constitucional. De ahí también que si la política, en el caso del TC, se instala en los niveles institucionales que la deben fiscalizar, la regulación independiente del juego democrático a través de las leyes es algo que se aproxima dramáticamente al imposible metafísico. Padece la seguridad jurídica y se resiente la democracia. El aliento totalitario se adosa a la nuca de las libertades.

Pero hay más. El blindaje de independencia política del Tribunal Constitucional se hace especialmente necesario por las referidas insuficiencias de consenso sobre las que se construyó la Carta Magna de 1978. La letra de ésta llega a donde llega, y ahí está: abierta a la posibilidad de que se la modifique al cabo de la confusa Hoja de Ruta que se trae entre manos el presidente Rodríguez. Aunque si es efectivamente cierto que esa letra puede ser cambiada, lo es también que ha cambiado ya la música que le acompañaba: esa sostenida voluntad entre populares y socialistas que ha contribuido, como un consenso ex post, a que la maquinaria constitucional funcionara.

El Gobierno de Rodríguez se ha ido con la música a otra parte, al invertir el dispositivo del consenso postconstitucional y cambiar a los nacionalistas, comunistas y ecologistas en esa interlocución de fondo que los socialistas habían mantenido con los populares desde que se creó el Tribunal Constitucional. Y tras el cambio de la música, lo que se viene encima es el cambio de la letra como culminación de la fractura política incoada en los atentados del 11 de marzo del 2004.

Antes de que el cambio constitucional se consume, si es que lo llega a hacer de un modo u otro —de frente, o de forma sesgada, por la estatutaria puerta de atrás—, lo que se ha operado ya, parlamentariamente, es el cambio de régimen político. Y es ahora, más que nunca, cuando más se echaría de menos la blindada independencia del tribunal de garantías constitucionales. El XXV Aniversario del TC trae la oportunidad de comentarlo.

Guerra como alternativa
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 13 Julio 2005

Las críticas de Alfonso Guerra al proyecto de Estatuto de Cataluña y, en general, al cambio de modelo de Estado en el que se ha comprometido el gobierno de Zapatero no vienen a favorecer al PP aun cuando den esa impresión. No le sacan del aislamiento. Si acaso vienen a robarle, incluso, el papel de la oposición. Mientras gobierna una parte del PSOE, otra cumple con la función crítica. De esta manera el partido cubre «toda» la realidad. De un modo totalizador. En relación con el modelo de Estado, Zapatero, Maragall, Patxi López y, ahora, Touriño defienden un proyecto confederal, esto es, la negación de España a un plazo no excesivamente largo. Pero ¿cómo dejar la defensa de la nación española y del Estado autonómico en manos de la derecha? Así que en el propio PSOE se monta la alternativa: Guerra, Ibarra, Paco Vázquez y, si es preciso, Bono.

¿Cómo es posible -se preguntan algunos- que en un mismo partido puedan mantenerse tesis contrarias en relación con cuestiones básicas como es la nacional? En primer lugar porque el PSOE es un partido federal (el PSC es «otro» partido) que se ha propuesto como objetivo articular la diversidad, las oposiciones, las contradicciones. En segundo lugar, porque en este partido los principios (incluso los que afectan a la Nación) se han convertido en opiniones.

Hay dirigentes del PP a los que les gustaría tener esa «flexibilidad», ese «antidogmatismo», esa capacidad de adaptación, ese relativismo. Creen que la coherencia, las creencias, los principios son handicaps para la carrera electoral. No se han enterado todavía de que si no hubiera sido por la masacre del 11-M habrían vuelto a ganar las elecciones y quizá con mayoría absoluta por segunda vez. No se han enterado de que su éxito será «inevitable» si siguen manteniendo sin desmayo la idea de España y la integridad de la Constitución, en unos momentos en el que Zapatero sustituye la lucha antiterrorista por las negociaciones con ETA, en el que la masacre de Londres deja en ridículo la teoría de la Alianza de Civilizaciones, en que pagamos el enfrentamiento con Estados Unidos con la pérdida de los Juegos Olímpicos; en los que bajamos en una Unión Europea liderada por Blair y cuando se acentúa la incertidumbre económica a causa de la pérdida de fondos europeos y la crisis de nuestro comercio exterior...

Que en estos momentos el PP haya pactado con el PSOE el Estatuto de la Comunidad de Valencia es de una torpeza incalificable. Lejos de ser tomado como modelo, será utilizado como justificación del catalán y del vasco. Un escalón más hacia el abismo. Una victoria de Jordi Sevilla que no saca al PP del «aislamiento». Si acaso, una baza para la alternativa a Zapatero que propone Alfonso Guerra.

Defensor de la Constitución
Editorial ABC 13 Julio 2005

LA celebración del veinticinco aniversario del Tribunal Constitucional, solemnizada ayer en un acto presidido por los Reyes, se produce en un momento de controversia sobre la vigencia del consenso constituyente de 1978 y, especialmente, del modelo territorial del Estado. Al calor de la propuesta que hizo el presidente del Gobierno en su discurso de investidura para modificar la Constitución en cuatro apartados -Senado, UE, comunidades autónomas e igualdad en la sucesión a la Corona-, las reformas estatutarias en marcha, sobre todo la catalana, han ampliado el espectro de la reforma constitucional para revisar sustancialmente la definición nacional del Estado Español. Algunos de los argumentos que se han utilizado para justificar el salto del modelo autonómico a otro federal o confederal, parten del debilitamiento del valor normativo de la Constitución, para dejarla reducida a una serie de preceptos admonitivos o, a lo sumo, a una ley con fecha de caducidad. El TC, cerrado este primer cuarto de siglo de funcionamiento, está llamado a asumir su papel defensor de la Constitución -destacado en el discurso de Don Juan Carlos- en un terreno hasta ahora apenas explorado, como es el de la unidad de España y la supremacía de la soberanía nacional.

Hasta ahora, el TC se había centrado en el aseguramiento de los derechos y libertades de los españoles y en zanjar disputas competenciales entre administraciones. Pero al TC le va a tocar hablar de España, del concepto de nación, de la igualdad entre los españoles y de la solidaridad entre las regiones. Será entonces cuando la palabra Constitución adquiera todo su significado político y regulador, porque si hay Constitución es porque hay una nación soberana que la ha aprobado para ser aplicada de forma vinculada a ciudadanos y poderes públicos. Sin duda, se le pedirá al TC que haga «lecturas flexibles» del texto constitucional, que es lo que reclaman los que realmente aspiran a la derogación de la Constitución. El reto está planteado -la discutible resolución que dictó el TC sobre el plan Ibarretxe fue sólo un anticipo- y de cómo lo afronte dependerá, entre otras cosas, que el Alto Tribunal pueda cumplir otros veinticinco años como garante del Estado constitucional español. Significará que las propuestas de ruptura habrán fracasado.

Condenados a 75 años de prisión los dos etarras que asesinaron a un mosso d'esquadra en Girona
Agencias/Madrid ABC 13 Julio 2005

La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a los etarras Aitor Olaizola Baseta y Eider Pérez Aristizabal a 75 años de prisión a cada uno al considerarles autores de la colocación del coche-bomba frente al hotel Montecarlo de Roses (Girona) y cuya explosión acabó con la vida del mosso d'esquadra Santos Santamaría.

Este agente es el único policía autonómico catalán que ha muerto a manos de ETA mientras que su asesinato, el 17 de marzo de 2001, fue el último de la banda terrorista en Catalunya. La Audiencia ha condenado a ambos terroristas a 75 años cada uno por delitos de atentado terrorista con resultado de muerte, estragos terroristas, y dos de atentado con resultado de lesiones.

Asimismo, les ha absuelto de un delito de estragos, pero les ha condenado a pagar a los herederos de Santos Santamaría 300. 000 euros, y a pagar otros 225. 967, por los daños materiales, a quienes acredite haber sufrido los mismos.

El relato de hechos probados de la sentencia de la Audiencia Nacional señala que Eider Pérez y Aitor Olaizola, integrantes del talde 'Sugoi' de ETA, celebraron desde mediados del año 2000 diferentes reuniones en Francia con los dirigentes etarras Ainhoa Múgica Goñi, Juan Antonio Olarra Guridi y Lorenza Beyrie Chembero (en rebeldía), en las que estos últimos les fijaron como objetivos contra los que atentar hoteles de la Costa Brava.
En una de estas reuniones, Múgica les dijo que debían colocar un vehículo con explosivos en la zona del Hotel Montecarlo, en la urbanización Santa Margarita de Rosas. Para ello, les hizo entrega de un Ford Escort cargado con 50 kilos de explosivos preparados para ser activados.

El día de los hechos, el 17 de marzo de 2001, el procesado Aitor Olaizola precedió con su motocicleta a Eider Pérez, quien a su vez conducía el vehículo que portaba la bomba. El coche fue aparcado con su maletero orientado hacia la entrada del Hotel Montecarlo.
La sentencia añade que "con la finalidad de causar el mayor número de daños personales y materiales y con la misma finalidad de aparentar una falta de peligro y conseguir una excusa falsa", una persona, de forma anónima pero en nombre de ETA, avisó al diario 'Gara', a la DYA y a los Bomberos de Barcelona de la colocación del coche-bomba.
Por ello, la Policía Local de Roses y los Mossos d'Esquadra se dirigieron al lugar y, una vez comprobaron la existencia del vehículo comenzaron a desalojar a las personas que se encontraban en los alrededores. Mientras las fuerzas policiales desarrollaban esta labor, sobre las 22. 56 horas se produjo la explosión, cuatro minutos antes de lo previsto. La misma que ocasionó un socavón de 40 centímetros de profundidad y dos metros de ancho.

LA ONDA EXPANSIVA
Asimismo, "como consecuencia de la anticipación de la explosión respecto de la hora indicada por el comunicante anónimo", la onda expansiva y la metralla alcanzaron al mosso d'esquadra Santos Santamaría Avendaño, que tenía 32 años y que se hallaba a 105 metros del lugar de la explosión colaborando en las tareas de desalojo del hotel.
Su fallecimiento fue como consecuencia del impacto de un muelle del vehículo-bomba en su cuerpo. La bomba provocó dos heridos leves, otro policía y una ciudadana francesa, y numerosos desperfectos materiales tasados en 1. 398. 427, 47 euros, los daños en inmuebles, y en 361. 483 euros, los sufridos en vehículos.

La sentencia indica que en el momento de la explosión se encontraba aparcado un autocar de dos pisos entre el coche-bomba y el Hotel Montecarlo que fue alcanzado por la explosión actuó como parapeto de la misma, "evitando mayores daños en la estructura del hotel y en las personas que en el mismo se encontraban y aún no habían podido ser desalojadas".

La Sección Primera de la Audiencia considera que la "preparación y cualificación" de los procesados en el manejo de los explosivos lleva a establecer que la diferencia horaria entre el momento anunciado de la explosión y el momento en el que realmente se produjo "no fue una mera coincidencia o error fatídico", sino que los terroristas "temporizaron la explosión de forma que causara el mayor daño, anticipando la misma".
"De ello se deriva un evidente ánimo de matar, que se advierte en los autores, conocedores de la elevada cantidad --ya que afectó a bienes y personas en un radio de 150 metros aproximadamente-- y capacidad destructiva del explosivo y de la búsqueda de la más correcta ubicación para obtener el mayor prejuicio con el final de anticipar su explosión", concluye la sentencia.

Los pilares de la lengua
Ayer se cumplió el sueño del «gran patriarca» de la Filología. En la Real Academia se presentaba una obra esencial para todos los hablantes:
«Historia de la Lengua Española», de Menéndez-Pidal
ANTONIO ASTORGA ABC 13 Julio 2005

MADRID. Ramón Menéndez-Pidal edificó los pilares de la lengua en 1901. Ficha a ficha, papeleta a papeleta, de modo estajanovista, fue acariciando datos, léxico, sintaxis, notabilísima información, durante más de tres décadas. Cuando estalló la Guerra Civil ya tenía preparados más de treinta ficheros. Pero aplazó su publicación porque se apasionó en otros grandes proyectos, como la «Gramática Histórica del Español» y los «Orígenes del Español». Don Ramón adelantó su trabajo lingüístico en pequeños libros y capítulos de la Historia de España que él mismo dirigía. Llegó a tener todos los materiales preparados para trazar la Historia de la Lengua Contemporánea, pero no la llegó a redactar. Su nieto, Diego Catalán, con «paciencia benecditina», ha recopilado todos esos apuntes y citas y los reúne en la «Historia de la Lengua» que anticipó su abuelo.

«Una catedral para una lengua»
Diego Catalán ha escrito la pequeña historia de la hran Historia de la Lengua de Pidal. Al sueño de su abuelo, una gran catedral gótica, le faltaba una torre: la del español contemporáneo. Con una modestia absoluta, Catalán ha puesto en claro, subrayado y potenciado esa labor pidaliana.

El académico Manuel Seco recordó el magisterio dejado por Menéndez-Pidal y Rafael Lapesa, quien siendo catedrático de Instituto escribió para la Enseñanza Media una Historia de la Lengua Española que después se utilizó en la Universidad. Seco espera que esta magna obra sirva para que los jóvenes filólogos vuelvan su mirada a ella. El historiador de la Ciencia y académico José Manuel Sánchez Ron destacó el mérito de Pidal al preparar su Historia en un erial de muchísimas carencias y dificultades, como la falta de medios. «Pero había que crearlo de la nada».

José Ignacio Pérez-Pascual, biógrafo de Menéndez-Pidal, se detuvo en el carácter histórico de una obra que «es un lujo para nuestra cultura. Debe convertirse en un manual de consulta para profesores, alumnos y hablantes». Para José Manuel Pérez-Prendes, secretario de la Fundación Menéndez-Pidal, la obra ofrece el estado más avanzado del pensamiento pidaliano.

El director de la Real Academia, Víctor García de la Concha, evocó lo que supuso la escuela de Menéndez-Pidal en la formación de los filólogos: «Todos fuimos discípulos de don Ramón». Agradeció la colaboración de la Fundación Menéndez-Pidal -que edita esta Historia-, la Fundación Areces -que financia la edición- y de todas las personas de la Real Academia que han ayudado para que vea la luz.

Fundación del Diccionario Histórico
García de la Concha ejemplificó el espíritu de continuidad que presidió la vida de Menéndez-Pidal en la firma, también ayer, ante notario de la constitución de la Fundación Instituto de Investigación Rafael Lapesa, que canalizará los trabajos del Diccionario histórico de la Lengua Española, al que el presidente del Gobierno situó como «un proyecto de Estado». Pidal impulsó el primer intento de Diccionario de la RAE antes de la Guerra Civil. Pero se quedó en la letra C. Años después se afrontó de nuevo, pero sólo llegó de la letra A a la palabra apasanca (araña, pollito) y de la B a bajoca (judía verde). «Empuñamos la antorcha y seguimos adelante», concluyó García de la Concha recitando un cantar que a don Ramón le interpretaban en Alemania y que Pidal tradujo y escribió en el libro de firmas de la casa de la familia Valdés, parientes asturianos de García de la Concha, que lo recuerda desde niño: «Es viejo, quien, siendo mozo, frunce el entrecejo. Quien siendo, en cambio, viejo abre su pecho a la ilusión y el gozo ese es, siempre, un mozo». Fue su lema: trabajar hasta el último latido.

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