AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 15 Julio 2005
y 2. Fin de la alternancia
JOSÉ VARELA ORTEGA ABC  15 Julio 2005

Es la seguridad, estúpidos
CARLOS HERRERA ABC 15 Julio 2005

Terroristas analistas
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 15 Julio 2005

Un gobierno sin soluciones
Ignacio Villa Libertad Digital 15 Julio 2005

Los jueces, en la distancia
M. MARTÍN FERRAND ABC  15 Julio 2005

Narbona y la disparatada política hídrica de ZP
EDITORIAL Libertad Digital 15 Julio 2005

Arde Mississippi
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 15 Julio 2005

Carod, en el gallinero
Pablo Sebastián Estrella Digital  15 Julio 2005

El Estatuto del 0’4%
Daniel Sirera Libertad Digital 15 Julio 2005

El 11-M se reivindicó antes de las elecciones para provocar la caída del Partido Popular
Libertad Digital 15 Julio 2005

Batasuna también toma las fiestas vascas
C. Morodo La Razón 15 Julio 2005

Dos tercios de las subvenciones al entramado de ETA provenían del Gobierno vasco
Libertad Digital 15 Julio 2005

PP y PSOE acuerdan la reforma del Reglamento del Congreso sin abordar el uso de las lenguas
EFE Libertad Digital 15 Julio 2005
 

y 2. Fin de la alternancia
POR JOSÉ VARELA ORTEGA CATEDRÁTICO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA ABC  15 Julio 2005

... Parece razonable que dudemos de la estabilidad institucional de un sistema apoyado en socios inmoderados cuyo objetivo es la liquidación, que no la constitución, del conjunto. Toda predicción es sumamente arriesgada porque la realidad es, afortunadamente, aleatoria...

UNA de las formas posibles de enhebrar la historia política de la España contemporánea consiste en hacerlo en torno a tres ejes fundamentales: libertad, alternancia y democracia. Desde 1812 a 1834, apenas (1820-1823) pudo desarrollarse el primero de dichos términos. Durante las cuatro décadas siguientes (1834-1874) tuvimos una versión balbuceante del liberalismo francés pero sin democracia -que, por otra parte, salvo en la América jacksoniana, no existía en lugar alguno. Tampoco hubo alternancia, sino monopolio de un poder que perseguía y excluía a la oposición, la cual, para recuperarlo, recurría al golpe militar como mecanismo de cambio. Un sistema tosco y violento de relevo que acabó mal: en 1868, lo que comenzó como un pronunciamiento militar progresista convencional terminó en una revolución anarco-federal, provocando, o al menos alimentando, una sublevación carlista (1873) que estuvo cerca de triunfar, en su papel de bombero de la revolución -según un agregado militar francés. No es extraño que, ante el enemigo común, muchos liberales, de izquierda a derecha, decidieran estabilizar el sistema, renunciando al golpismo militar para organizar la alternancia en el poder por turno pacífico de las dos grandes familias políticas liberales. Durante cosa de medio siglo hubo, pues, libertad y alternancia. Pero la Restauración (1875-1923) fue víctima de su propio éxito. Porque la alternancia, que acabó con el golpismo -como era su propósito-, estaba tan pactada que desincentivó y dificultó la democracia, que fue su consecuencia.

Entre los veinte y los treinta del siglo pasado, demasiados políticos, intelectuales y militares se impacientaron. Comenzaron a considerar que el turno era vicioso y a pensar que la forma de terminar con los vicios era acabar con el turno -un non sequitur muy popular en la época. Unos lo hicieron manu militari implantando una dictadura (1923-1929). Otros trajeron, al fin, la democracia por la que tanto suspiraban las ciudades (1931). Pero, haciendo tabula rasa del pasado y creyendo que los «vicios» se debían al turno -y no al revés-, suprimieron cuanto de civilizado había entre los partidos: espíritu de tolerancia y transacción, hábitos de negociación y voluntad de pactos se convirtieron en métodos fracasados y, el consenso, en pasteleo. Había que acorazarse contra la transigencia, advertía Azaña. Los rivales volvieron a considerarse como enemigos, y su triunfo electoral a interpretarse como una anomalía. La República era sólo de los republicanos, y la mayoría natural, de izquierdas. Mientras, en el otro extremo, la España eterna sólo pertenecía a los verdaderos españoles. Cada mitad hizo esfuerzos por convencer a la otra mitad del país de que no tenía cabida en su sistema. De este modo, no debe sorprendernos que los votos se buscaran -y disputaran- por los extremos. En la República, pues, hubo democracia y libertad, en su versión jacobina e intolerante. Pero la alternancia desapareció del vocabulario y del funcionamiento del sistema, en la medida en que los partidos no construyeron un terreno político común. La idea volvió a ser la aniquilación, en lugar de la aceptación del adversario (Dardé). Fue preciso el gran dolor de la tragedia, y una lóbrega posguerra, para que los hombres de la generación cainita cayeran en la cuenta del bien perdido (Marañón).

Tres décadas después, ese renacido espíritu de tolerancia y reconciliación inspiró la Transición y nos moderó a casi todos -salvedad hecha de los nacionalistas-. Fue nuestro never again. Por eso hemos vivido en libertad sin ira y en democracia estable porque parecíamos haber aprendido a respetar la alternancia del rival, residenciando la competencia en el centro del electorado. Por primera vez en nuestra historia las tres variables han coincidido en un tiempo pleno, el sueño de nuestros abuelos hecho realidad. Pero debió de ser eso, un sueño. Porque la generación socialista actual ha abandonado la filosofía de la alternancia. Hemos regresado, pues, a la idea de «mayorías naturales», esta vez con el complemento de pequeños partidos extremistas y secesionistas. Los rivales son otra vez enemigos políticos: los malos, nos explica un influyente político socialista. No se trata sólo de arrojar al PP del poder, como era la obligación de la oposición, o mantenerlo fuera de él, que es la tarea del gobierno socialista. Hay algo más. En este guión, la servidumbre no es sólo de la aritmética parlamentaria. Hay un proyecto estratégico: expulsar al centro derecha de la cancha, redimensionando y rediseñando el campo de juego político con actores extremistas y políticas radicales que busquen el disenso y la confrontación, de manera tal que la disputa por el voto se desplace a los extremos y la derecha pierda, además, su centralidad, bien por disgregación (fabricándole un Le Pen) o por división (del liderazgo).

Ahí están los hechos. Y son tozudos. Nuestros astrólogos electorales, astutos y audaces pero ignorantes, con la Iglesia nos han topado (planeando un atentado etimológico que aumenta la confrontación sin incrementar los derechos de la norma). Han desenterrado enfrentamientos (haciendo arqueología de lo macabro y rescatando del olvido estatuas del general Franco), alentado antiamericanismo y populismo, dividido y radicalizado a las víctimas. Han cambiado el sentido de las palabras que es -dijo antes Montaigne y luego Lewis Carroll- el primer paso para deformar la realidad. Para empezar, han travestizado su propia naturaleza política, consiguiendo mixtificar un Partido Socialista en un conglomerado nacionalista que se ha olvidado hasta de la letra de La Internacional. Le han dado la vuelta al sistema parlamentario, al punto de ser el gobierno el que controla, fiscaliza y cuestiona a las oposiciones. Han logrado también invertir el dictum de Hume, al confundir pacífico con moderado, disfrazando a radicales secesionistas de moderados. Bien es verdad que han contado a menudo con la inestimable colaboración de algunos dirigentes del PP, los cuales, en lugar de dimitiendo, entran al trapo embistiendo, cuando se dignan a usar de la cabeza -que diría el poeta. Estas políticas de radicalismo papier mâché podrán gustar más o menos, pero es indudable que, medidas en función del objetivo estratégico señalado -fabricar una nueva constelación política con satélites secesionistas para expulsar al centro derecha del sistema-, están teniendo éxito: movilizan votos por los extremos, sin perder los del centro. Sólo les falta cerrar el preacuerdo con ETA. En una mesa aséptica se hablará sólo de armas, presos y tregua. Pero en otra de tahúres se negociará con los «recogedores de nueces» del PNV un plan Ibarreche maquillado. Después, a disolver y sacar mayoría absoluta, antes de que la subida de tipos y la caída de la demanda interna conviertan en paro y traduzcan en impopularidad el agujero que ahora vemos -pero todavía no sufrimos- en la balanza comercial. Ese es el guión. Y es una (perversa) buena idea. Todo lo demás es episódico.

Episódico, pero no gratuito. Porque el guión tiene sus costos. No se precisa de mucha aritmética para calcular el pasivo del antiamericanismo en un país con ingentes intereses atlánticos y un permanente problema de seguridad en el Estrecho. Tampoco hace falta mucho más que sentido común para concluir que resucitar problemas con la Iglesia, enfrentamientos cainitas o el recuerdo de Franco -que creíamos amortizados, enterrados u olvidados- es una política imprudente. Que sea el Gobierno el que fiscalice a la oposición implica -le explicó la izquierda española a Cánovas en 1880, y Churchill a los laboristas en 1941- hablar del pasado e impone, claro, sacrificar el futuro. Pero todo eso no son más que los pretextos del referido texto. Y eso -el texto- es lo grave, en la medida en que atenta contra, digamos, las leyes de la física-política. La experiencia nos ha mostrado que los nacionalistas son insaciables. Lo que se les propone como acuerdos ellos lo traducen por etapas. La última -el acuerdo, unánime, sobre el sistema de financiación- no ha durado más de... ¡cuatro años! Es inevitable que nos preguntemos por los tiempos de la próxima «etapa» que ahora se está negociando. Y también parece razonable que dudemos de la estabilidad institucional de un sistema apoyado en socios inmoderados cuyo objetivo es la liquidación, que no la constitución, del conjunto. Toda predicción es sumamente arriesgada porque la realidad es, afortunadamente, aleatoria. Sin embargo, puestos a aventurar, antes que la proposición contraria, es más probable que el nuevo planetario político diseñado por el Gobierno vaya de éxito (virtual) en éxito (electoral), hasta que la realidad objetiva imponga su presencia con un desastre final.

Es la seguridad, estúpidos
Por CARLOS HERRERA ABC 15 Julio 2005

NO me apetece mucho que los ministros europeos sepan las veces que yo hablo con usted por teléfono. Aunque, la verdad, tampoco me apetece mucho que un par de chalados me hagan volar por los aires y que me tengan que recoger con aspiradora. ¿Qué hago? Si lo pienso detenidamente, lo que hablo yo con usted no tiene mayor interés, pero en el caso de que lo tenga para el ministro holandés de interior, ¿estoy decidido a brindar mi intimidad a cambio de que agarren a un par de musulmanes excitados dispuestos a destruir Occidente y sus sistema de libertades? Menudo dilema. Los sagrados defensores de la libertad, que tan bien quedan en las fotos, no están dispuestos a ceder ni un solo milímetro por ningún tipo de seguridad, ni siquiera cuando les argumentas que la libertad sin seguridad sirve de más bien poco. Enseguida te recuerdan aquella frase de Felipe en la que aseguraba que prefería morir de un navajazo en el metro de Nueva York que de aburrimiento en Moscú, ¡con lo mucho que les había emocionado Moscú a algunos de sus compañeros en su juventud! Y te dicen que prefieren correr el riesgo de sufrir y padecer a cambio de permanecer inobservables. No tienen en cuenta que el del navajazo es un tipo aislado al que le puede haber bañado un auténtico mar de injusticia y pobreza, y que eso lo justifica todo, pero que los otros son un ejército perfectamente organizado para hacer la guerra más sucia de todas. Los defensores posturales y sin matices de la estricta intimidad suelen ser aquellos que mejor comprenden a los terroristas palestinos, a los «resistentes» iraquíes que, sin ir más lejos, acabaron con la vida de veinticinco chiquillos en Bagdad o a los revolucionarios colombianos que igual acaban con pueblos enteros que trafican con heroína. A todos ellos les cubre el mar reseco antes citado, que es, dicho sea de paso, la majadería política de mayor envergadura que ha creado ese gran talento de estadista que se llama Rodríguez -superior, incluso, a la Alianza de Civilizaciones-.

Es evidente, y buena parte de razón llevan quienes así piensan, que a esa tendencia orwelliana se le pueden poner muchos peros: el único problema estriba en ligarlos con posturas de comprensión a la etiología concreta del mal de nuestro tiempo, el terror sistematizado. Un grupo de terroristas se organiza con relativa facilidad si no tiene que andar trajinando por distintas fronteras: los causantes de la masacre de Londres son un puñado de jóvenes nacidos en la Gran Bretaña que podrían haber pasado su vida entera sin levantar la más mínima sospecha, pero que un buen día deciden que sus teóricos compatriotas merecen la ira de Alá y deciden matarlos y matarse. Es decir, el veneno está dentro; y entró años atrás de la mano de una religión que ha devenido para algunos en una ideología perversa. Allá Europa si prefiere no percatarse de que en sus entrañas habita ya el monstruo. Muchas voces han venido dando la voz de alarma desde hace un buen número de años, y han sido olímpicamente despreciadas por los grandes creadores de teorías estúpidas como las anteriormente mentadas. La misma resistencia a considerar la obra política e histórica del continente como una consecuencia de factores a los que no les es ajeno el cristianismo resulta una imprudencia cómplice de alcance catastrófico. Los mismos no parecen haber aprendido la lección, y de la misma manera que censuraron que se detuviera a unos inocentes ciudadanos que «sólo manejaban detergente» dirán hoy que no puede ponerse en juego nuestro supuesto sistema de libertades. Siguen sin querer ver que es mucho más importante tratar de ponerle puertas a un campo peligroso que impedir que alguien sepa cuántas veces habla menganito con zutanito.

Y así nos va a ir.
www.carlosherrera.com

Terroristas analistas
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 15 Julio 2005

“Somos parte del llamado orden mundial”, escribió alguien con un raro concepto del orden en el PC de El Chino, tras las elecciones generales. El Chino, Jamal Ahmidan, traficante de drogas marroquí, difícilmente puede haberse dado al análisis político. Quizá la reflexión se deba a Serhane Fakhet, El Tunecino, con un gran ascendiente sobre aquel. Al Chino le tocó montar el operativo. Llevó la dinamita de Asturias a Madrid en su Volkswagen Golf, siendo parado y multado por la Guardia Civil, que no comprobó su matrícula. Alquiló la casa donde se montaron las bombas, lugar visitado por la Guardia Civil antes y después de los atentados, sin que sus responsables informaran a la célula de crisis creada por el gobierno Aznar. El Chino, como El Tunecino, murió en la explosión de la casa de Leganés.

“Nosotros cambiamos estados”, se ufana el analista/terrorista. Y añade: “el factor tiempo era muy importante para poner fin al Gobierno del noble Aznar”. Lo de noble está muy bien, pero lo importante de esta frase es que constituye la prueba definitiva de lo que ya sabíamos. El timing de los atentados y de su reivindicación encajaban demasiado sospechosamente con el calendario (con el horario) electoral. Hasta pasadas las once de la noche del 13 de marzo, Aznar no tuvo la traducción de la cinta de vídeo que imponía definitivamente la tesis islamista.

¿Cómo sabían los terroristas que el electorado español se apartaría de su gobierno en vez de apoyarlo, que es lo normal? ¿Qué profundos conocimientos de la política española les permitieron conectar con la pulsión que llevó a tanta gente a asediar las sedes del PP con la cobertura y presión urgente de poderosos medios?

Ya nadie podrá negar que los que asesinaron a 192 personas en Madrid perseguían un cambio de color político que acabó sucediendo, para alegría de gobiernos vecinos. La primicia de la Cadena COPE confirma que el triunfo socialista, teniendo toda la legitimidad que deriva de su legalidad, carece de cualquier otra. Puede y debe Zapatero gobernar, pero su irrupción en la historia de España es sombría. Lo es de origen y lo está siendo de ejercicio.

Un gobierno sin soluciones
Ignacio Villa Libertad Digital 15 Julio 2005

¿Queda algún frente por abrir a este Gobierno? No hay polémica alguna a la que haga ascos el Ejecutivo Zapatero. Solo les interesa dividir y enfadar. Donde hay un filón, aunque sea pequeño, allí se lanzan de cabeza para hacer aquello en lo que ciertamente son unos expertos: azuzar el enfrentamiento.

Una de las cuestiones en las que desde el principio el Gobierno se ha mostrado displicente y arrogante ha sido la polémica del agua. Desde el principio, Zapatero tomó la decisión de someterse al chantaje del Gobierno tripartito antes que ocuparse de las necesidades de todos los ciudadanos. Y eso lo está llevando hasta el final, aunque eso sí con un matiz: Zapatero ha conseguido cuadrar el circulo del enfrentamiento.

En Huesca están enfadados porque no tienen agua, en todo el Levante español están más enfadados todavía por la liquidación del Plan Hidrológico Nacional y por cerrar el grifo del transvase Tajo-Segura, y en Castilla-La Mancha también lo están por no cerrarlo lo suficiente. En resumen, ha conseguido enfadar y enfrentar a todos, además de alentar la insolidaridad entre todas las comunidades autónomas. ¿Motivo? Pues simplemente uno: Zapatero cede ante el Gobierno catalán en todo por mantenerse en el poder, aunque esa cesión signifique tener a media España en pie de guerra, aunque esa actitud provoque la escasez de agua en muchos puntos de España.

No es casualidad que la manifestación que se ha celebrado en Murcia este jueves haya sido un rotundo éxito, puesto que salir a la calle es la respuesta de la ciudadanía a esta forma de gobernar de Zapatero. El presidente del Gobierno se mueve entre la inconsciencia del recién llegado y el sectarismo de quién sabe lo que está haciendo. El resultado es el que es. Por cierto, con la manifestación de Murcia ya son cuatro las que se han registrado en poco más de un mes, con una respuesta apabullante, desde los lugares más dispares de la sociedad española. Y es que es evidente que, por encima de todo, estamos ante un Gobierno sin soluciones.

Los jueces, en la distancia
Por M. MARTÍN FERRAND ABC  15 Julio 2005

SEGÚN nos previenen los servicios de la propaganda monclovita, conscientes de la necesidad de preparar la tierra antes de la siembra, el Consejo de Ministros alumbrará hoy una notable reforma judicial. El asunto es de largo alcance y afectará a la ley Orgánica del Poder Judicial, a las de Enjuiciamiento Civil y Criminal y a la reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Una revolución en toda regla que, en principio, merece sospecha porque no suele ser la salvaguarda de los derechos y las libertades ciudadanos el asunto prioritario de los gobiernos socialistas.

Entre las novedades que perpetra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, estimulado por muchos gobiernos autonómicos, alarma especialmente la creación de Juzgados de Proximidad, que, en torpe imitación del modelo anglosajón y en olvido de la tradición continental, convertirá en «jueces» a los licenciados en derecho que plazcan a los alcaldes y sus ayuntamientos. Un disparate que sorprende en la autoría del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que es una buena cabeza jurídica madurada en Bolonia y perfeccionada en la cátedra.

Ya tuvimos aquí, antes de la reforma judicial de Felipe González que abrió tantas puertas falsas para el acceso a la carrera judicial, «jueces de proximidad». Eran los jueces municipales y comarcales, que, por oposición -¡no faltaba más!-, constituían un cuerpo menor de la judicatura. Los unos, en la magia socialista, se fundieron con los otros y ahora la espiral degenerativa nos lleva a unos jueces a dedo que, independientemente de las que sean sus competencias, no son los jueces técnicos y profesionales que garantizan, en nuestro modelo, los derechos del ciudadano. Los «magister» anglosajones, a los que parece se trata de imitar, son legos e imponen la justicia con un golpe de mazo sobre su mesa; pero en su mundo de actuación la autoridad sigue siendo un valor firme y la no existencia de leyes escritas eleva al nivel legislativo la aplicación estricta y rigurosa del sentido común y la exigencia de los valores éticos dominantes y tradicionales.

Ya nos demuestra la experiencia de los Tribunales Superiores de Justicia que marcan los ámbitos autonómicos que la proximidad a las cosas y las personas juzgadas no ha supuesto mejora alguna en el procedimiento y que, por el contrario, las viejas Audiencias Territoriales, más distantes, suponían una fuente de garantía. Acortar ahora la distancia a la ciudad y al barrio es, en principio, un gran disparate alentado por el impulso demagógico que forma parte del talante que nos gobierna. Los jueces no es que no deban ser «de proximidad», sino que en la distancia es donde mejor pueden garantizarnos su independencia. Nombrados «digitalmente» por los ayuntamientos, suponen una promiscuidad entre dos poderes que aconseja la sospecha previa.

Narbona y la disparatada política hídrica de ZP
EDITORIAL Libertad Digital 15 Julio 2005

Las recientes declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, contra los agricultores murcianos -a los que acusaba de regar con aguas fecales- han desatado una alarma sin base en Gran Bretaña, Holanda y Bélgica contra los productos hortofrutícolas españoles. Semejantes calumnias contra los propios productos nacionales hubieran provocado, en cualquier otro país, el fulminante cese del titular del ministerio. En la España de Zapatero y de Carod Rovira, en cambio, no pasa nada.

De poco deberían servir, sin embargo, a Narbona sus posteriores y forzadas disculpas para seguir en el cargo y, desde luego, de poco han servido para calmar la indignación de los agricultores. Podríamos decir que aquellas calumnias de Narbona “llovían sobre mojado” o que fueron “la gota que colmó el vaso”, sino fuera porque la razón de que los ánimos ya estuvieran previamente encendidos contra la ministra se debía, precisamente, a la falta de agua y a la disparatada política hídrica del gobierno de Zapatero.

La derogación del Plan Hidrológico Nacional y su “sustitución” por el plan A.G.U.A, basado en la proliferación de plantas desalinizadoras en la costa sur mediterránea, es, sin duda, uno de los mayores disparates alcanzados por el gobierno de Zapatero en su obsesiva política de hacer justo lo contrario que el PP y en su servil disposición de hacer cuanto les exijan sus independentistas socios de gobierno.

No contento con la derogación del trasvase del Ebro, el gobierno de ZP ha decidido reducir la cuantía del trasvase Tajo-Segura de 120 a 82 hectómetros cúbicos, lo que ha acabado con la paciencia de los agricultores. La multitudinaria manifestación que ayer recorrió las calles de Murcia promete ser la primera manifestación de una campaña de movilización de la España seca en contra de la disparatada política hídrica del gobierno ZP.

La sociedad civil, no sólo de Murcia, sino también de la Comunidad Valenciana o Almería, no va a dar por inamovible la decisión de acabar con un Plan Hidrológico que contaba con el apoyo financiero de la UE y con más del 80 por ciento de consenso en el seno del Consejo Nacional del Agua y que, sin embargo, el gobierno de ZP, con tanta irresponsabilidad como carencia de talante, ha derogado de un plumazo sin el menor ánimo de consenso.

Que una política como Narbona, partidaria en tiempos de Borrell de trasvases de mayor envergadura que los contemplados en el PHN, tenga ahora que defender una “alternativa” tan inviable y falsa como la propuesta por el gobierno, explica la escasa convicción y la escasa frecuencia con la que, últimamente, la defiende ante los afectados. Más aun cuando le toca dar la cara, como ministra de Medio Ambiente, por un plan que los propios informes técnicos de su ministerio –no digamos ya los de Universidades extranjeras- desaconsejan, por el gran consumo energético e impacto contaminante que tiene el uso generalizado de desalinizadoras.

El estéril perjuicio que esta inviable y cainita política de ZP ocasiona en el Levante, no sólo a la agricultura, sino también a la industria y al turismo, es de tal envergadura que hay expertos –como nuestro colaborador Amando de Miguel- que confían en que, finalmente, el gobierno dará marcha atrás antes del final de la legislatura.
Lo que no nos cabe duda es que manifestaciones en pro de que así sea no cesarán con la que este jueves ha recorrido las calles de Murcia.

Arde Mississippi
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 15 Julio 2005

Un tribunal de Mississippi (Estados Unidos) acaba de condenar a un antiguo dirigente del Ku Klux Klan a un máximo de veinte años de cárcel por el delito de homicidio. Las víctimas fueron tres activistas que trabajaban por el reconocimiento de los derechos de los negros, asesinados en 1964 en el condado de Nesoba. La sentencia, 41 años después de perpetrados los crímenes, acaba con un largo periodo de impunidad y ayuda a cicatrizar una herida que todavía se mantenía abierta en las familias de las víctimas y en la sociedad donde ocurrieron los hechos. Aunque sea un territorio lejano cultural y socialmente, cabe establecer algunos paralelismos importantes entre lo ocurrido en el Estado sureño y lo que hemos vivido en el País Vasco en tiempos recientes.

Alan Parker llevó al cine el triple asesinato de los jóvenes activistas en la película 'Arde Mississippi' (1988), protagonizada por Gene Hackman y Willem Dafoe, que encarnan a dos agentes del FBI encargados de investigar la desaparición y muerte de Andrew Goodman, James Chaney y Michael Schwerner, ocurrida en 1964. Los tres fueron detenidos por el sheriff del condado de Nesoba (condado de Jessup en la película) cuando realizaban campaña para la inscripción de la población negra en los censos electorales para que pudieran ejercer su derecho al voto. Luego fueron puestos en libertad mientras miembros del Klan les esperaban a la puerta de la oficina del sheriff para seguirles y darles muerte.

La película refleja, en primer lugar, el miedo que causan entre la población negra los atentados con bombas del Klan, las palizas, las quemas de las granjas, los asesinatos. Las víctimas están atemorizadas hasta tal punto que son incapaces de denunciar a sus agresores, que prefieren sufrir en silencio, y huir si llega el caso, antes que confiar en la protección de las instituciones. Saben que el poder de los agresores, del Ku Klux Klan, es superior a la capacidad del Estado de ampararles y de garantizar su seguridad.

El miedo se extiende también a la parte de la población blanca que no está de acuerdo con el terrorismo del Klan. Son testigos -simbolizados en la película de Parker por la esposa del ayudante del sheriff- de unos hechos que les repugnan, pero no se atreven a actuar contra los responsables de ese estado de cosas. Y si alguien tiene la tentación de hablar, se le calla la boca a golpes.

Pero, además, los agresores tienen de su lado a una parte de la población que o bien está de acuerdo con sus actos o bien siempre encuentra disculpas para justificarlos. Cuando, por vez primera, tres miembros del Klan son llevados ante el juez local por incendiar las casas de algunos vecinos negros, el magistrado les exime de ir a la cárcel: «Este tribunal entiende que los crímenes que han cometido han sido provocados en parte por influencias externas. Unos forasteros han invadido el condado de Jessup y son gente de escasa moralidad y han provocado a mucha gente». Los agresores -a la fuerza, por la provocación externa- son convertidos en víctimas y exculpados.

Todo esto lo hemos visto en el País Vasco durante mucho tiempo: el miedo silente de las víctimas; la desconfianza en la capacidad de protección del Estado; la intimidación de los testigos -ese Ayuntamiento de Andoain que en 2001 se negó a apoyar a la testigo de un acto de violencia callejera y, en cambio, respaldó al autor del ataque-; la complicidad y el discurso exculpatorio de los agresores. (¿Cuántas veces hemos oído al ahora jubilado Xabier Arzalluz alegar que ETA «no era la banda del Tempranillo» en un intento de dignificación de los terroristas, y cuántas veces no se han dado muestras de comprensión hacia la violencia al presentarla como consecuencia del conflicto!).

Arzalluz durante mucho tiempo ha sido el exponente principal de este tipo de actitudes hacia ETA, aunque no ha sido el único. Afirmaciones como «ETA y el PNV nacieron para liberar al País Vasco», «el terrorismo es una forma de lucha del pequeño contra el grande», las detenciones (de miembros de ETA) «motivan» respuestas violentas, las referencias a «los chicos de la gasolina», etcétera, han alimentado ese clima de comprensión hacia los violentos diluyendo sus responsabilidades, penales y políticas, en las vulneraciones de derechos humanos.

Ese contexto ideológico se enmarca dentro de las estrategias de relativización que denunciaba Michael Ignatieff ('El honor del guerrero') para los Balcanes: «Existen muchas formas de negación, desde el rechazo frontal de los hechos hasta otras estrategias de relativización mucho más complicadas. En tales casos se aceptan los hechos, pero se aduce que el enemigo no es menos culpable o que la parte acusadora también cometió barbaridades o que los 'excesos' fueron desgraciadas imposiciones de guerra. La relativización se produce en dos tiempos: primero se admiten los hechos, pero luego se niega toda responsabilidad en ellos».

El afán de mirar hacia otro lado, de ignorar o minusvalorar los desmanes causados por la violencia no es algo nuevo en la Historia. Sebastian Haffner ('Historia de un alemán. Memorias 1914-1933') cuenta algo parecido de la época del ascenso nazi: «Están cometiéndose asesinatos como si fueran las travesuras de unos chicos malos, la humillación personal y el suicidio ético se aceptan como si se tratara de pequeños incidentes molestos e incluso la muerte física del mártir no provoca más reacción que un simple 'mala suerte'».

Esta actitud es la que hace imposible la reconciliación tras los conflictos. Es lo que ocurrió en Nesoba y es lo que sucede en el País Vasco. Hace un año, en junio de 2004, 'The New York Times' publicaba un reportaje sobre el triple crimen de Mississippi denunciando que, cuatro décadas después, ni el condado, ni el Ayuntamiento, ni el Estado habían reconocido los hechos ni juzgado a nadie por los asesinatos. La madre de una de las víctimas, de 88 años entonces, expresaba su deseo de que se hiciera justicia, mientras algunos ciudadanos del condado se estaban movilizando con el mismo propósito. Un año después han conseguido parcialmente su objetivo al sentar en el banquillo a uno de los acusados.

Las viejas heridas se reabren cuando no se cierran convenientemente. Lo hemos visto en Argentina, donde se ha dado marcha atrás a las leyes de punto final. Lo estamos viendo en España con las consecuencias de la guerra civil de 1936. Los nacionalistas vascos son los primeros a la hora de exigir responsabilidades o reparaciones por aquellos hechos, pero son mucho más rácanos a la hora de mantener la misma actitud de exigencia de responsabilidades a los terroristas de ETA y de reparaciones para sus víctimas.

La última lección del caso de Mississippi es que mientras persista la impunidad ante el crimen con pretensiones políticas, la sociedad es incapaz de llegar a la reconciliación. En palabras de Michael Ignatieff, «sólo estamos seguros de que lo peor es siempre dejar sin castigo los crímenes y que cuando no se rompe el círculo de la impunidad, las sociedades tienen libre el terreno para entregarse a las fantasías de la negación».

Carod, en el gallinero
Pablo Sebastián Estrella Digital  15 Julio 2005

Lo ha dicho Joan Tardá, diputado de ERC en el Congreso de los Diputados: el presidente debe poner orden en el gallinero del PSOE. Ha añadido que es el Parlamento catalán el que tiene que decidir su nuevo Estatuto y que a España sólo le toca ratificar. El propio Carod-Rovira también le ha advertido a Zapatero que tiene que apoyar el Estatuto que se apruebe en Cataluña y que los socialistas no deben presentar enmiendas al texto, y le han recordado tanto él como el presidente del Parlamento catalán, Bargalló, que Zapatero se comprometió en Cataluña a aprobar en Madrid lo que acordara el Parlamento catalán.

Con estas declaraciones intencionadas y calculadas, los dirigentes de la Esquerra han preparado el encuentro que el presidente Zapatero mantendrá hoy en Madrid con el líder independentista Carod-Rovira. Una conversación en la que se va a dilucidar el futuro del Estatuto catalán, porque da la impresión de que el encuentro que mantuvieron el miércoles Pasqual Maragall y el ministro Jordi Sevilla no ha servido para nada ya que todo ha quedado pendiente de la visita a la Moncloa de Carod.

Como se ve, hay mucho en juego, y además cosas muy serias, porque lo que pretende la Esquerra Republicana desde su posición minoritaria en Cataluña, y más minoritaria aún en el Parlamento español, es condicionar la Constitución española, el sistema autonómico y la propia unidad de España, y esto lo hacen y lo dicen quienes quieren independizarse de España y quienes no respetan la unidad nacional ni la historia de nuestro país. De ahí la gravedad de este enloquecido desafío de Carod y de su equipo, que ha llegado a estos niveles y a este encuentro crucial sobre todo gracias a la debilidad y al no menos disparatado presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, que le ha dado un vuelco a la tradición solidaria y catalanista del PSC-PSOE para convertirlo en un partido nacionalista radical, como lo denuncia un sector importante de la izquierda y de la cultura catalana y no pocos dirigentes del PSOE e incluso miembros del Gobierno, alarmados por esta deriva política y por la crisis que encierra semejante situación.

El Estatuto catalán tal y como está planteado es a todas luces inconstitucional y sería un fraude a la Carta Magna que Zapatero intentara colar dicho Estatuto como si de una ley orgánica se tratara y además no recurriera al Tribunal Constitucional, que es quien debe decidir en este caso de flagrante superación del marco constitucional lo que puede o no puede ser aceptado del nuevo Estatuto catalán.

Naturalmente, Zapatero se encuentra en una encrucijada, y buena culpa que tiene de ello, por haber dicho en Cataluña como dijo que aprobaría en Madrid el Estatuto que le llegara del Parlamento catalán. Pues ya tiene el Estatuto en ciernes, o sólo pendiente del visto bueno de CiU para ser aprobado y enviado a las Cortes españolas, a ver qué ocurre en Madrid. En la encrucijada de Zapatero hay dos caminos: el que propugnan Maragall y Carod y el que defienden contra este modelo de Estatuto numerosos dirigentes del PSOE y el Partido Popular en su conjunto, lo que constituye un bloque lo suficientemente importante como para que Zapatero no corra el riesgo de abrir una crisis de gran envergadura que podría acarrear dos elecciones anticipadas. Una en Cataluña y otra en España si al final Carod cumple su amenaza de romper el pacto con el PSOE central si no se admiten sin reparo alguno todas sus exigencias. Y a no descartar en todo ello una crisis política en el interior del Partido Socialista.

Oficialmente, en el palacio de la Moncloa y en la dirección del PSOE se dice que no llegará la sangre al río y que habrá acuerdo, pero no está claro que eso sea así a la vista de las declaraciones que preceden la llegada de Carod a Madrid. La salida que le queda a Zapatero es la de ganar tiempo para intentar poco a poco recortar las aristas y los aspectos inconstitucionales del Estatuto catalán, pero da la impresión de que eso ya se ha intentado una y otra vez y que estamos al final de un trayecto que no conduce a ninguna parte, como muy pronto se sabrá, porque hoy en la Moncloa o hay acuerdo o hay ruptura; es decir, estamos en un momento crucial.

Cataluña
El Estatuto del 0’4%
Daniel Sirera Libertad Digital 15 Julio 2005

Después de dieciocho meses desde que se iniciaron los trabajos para elaborar un nuevo estatuto para Cataluña, parece que los miembros del tripartito han decidido ponerse las pilas y no alargar más la agonía de un debate —el del nuevo estatuto de autonomía para Cataluña— que sólo interesa a los partidos políticos y a un 0’4% de la población catalana. Ha bastado la publicación de este dato extraído de una encuesta de la propia Generalitat para cerrar una ponencia que, desde mi punto de vista, jamás debería haberse abierto. La próxima semana los partidos políticos catalanes van a presentar sus enmiendas y en función de aceptación o no, decidirán si lo apoyan o no. En estos momentos tan sólo un partido político lo tiene realmente claro. El Partido Popular de Cataluña es el único partido que no se presentó a las últimas elecciones con la idea de reformar o elaborar un nuevo texto y también es el único partido que va a votar en contra del mismo si el PSOE no consigue en las próximas horas darle la vuelta a este texto como si fuera un calcetín.

Maragall quiere un Estatuto de máximos aunque algunos de los dirigentes del PSC, en privado, reconocen que el asunto se le ha ido de las manos. ERC avanza viento en popa a toda vela, mandando, decidiendo, haciendo bailar a Zapatero y al PSOE al compás que les sitúa como la fuerza central e influyente de la política catalana y española. Carod Rovira quiere aprobar un estatuto que le sirva para presentarse ante los electores catalanes como el artífice de un Estatuto que, por primera vez en nuestra historia, va a definir a Cataluña como una nación. Por su parte, Convergència i Unió intentará, por todos los medios, bloquear el Estatuto no porque no pueda estar de acuerdo con lo conseguido por ERC sino porque no puede permitirse el lujo de darle este triunfo nacionalista a Pasqual Maragall.

Son muchas las razones que deberían llevar —si el trámite de enmiendas no lo arregla— a PP y PSOE a votar en contra del estatuto que tramita el Parlamento catalán. En primer lugar por la utilización del término nación para definir a Cataluña. El artículo dos de la constitución establece que la única nación que existe en el estado español es España, pero es que de aprobarse tal cuál el estatuto, Cataluña se situaría fuera de España. El articulo 137 de la Constitución establece que “el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan”. Si Cataluña deja de ser una comunidad autónoma para definirse como una nación, ¿vamos a dejar de formar parte de España?

En segundo lugar por la voluntad de incluir derechos para los catalanes diferentes a los del resto de españoles y europeos. Mientras los ciudadanos creen que el nuevo Estatuto va a servirles para conseguir una plaza de guardería para sus hijos o una residencia asistida cerca de casa —como si el Estatuto fuera la solución mágica a todos nuestros problemas— los políticos nacionalistas (entre los que incluyo a los del PSC) se empeñan en centrar este debate en la necesidad de definir los valores comunes y únicos que, desde su punto de vista, pueden cimentar nuestra sociedad, conseguir la denominada “cohesión nacional catalana y alcanzar la ansiada soberanía política”. Por este motivo existe tanto interés en definir claramente en el Estatuto los principios y valores que, según los nacionalistas, deben inspirar el proceso ciudadano de la llamada “reconstrucción nacional” de Cataluña y permitir, finalmente, su independencia.

La necesidad de que nuestro Estatuto recoja una serie de principios de la que algunos llaman “personalidad catalana” puede llevarnos a establecer una catalogación de trazos definitorios de lo catalán que excluya a todo aquel que, siendo y considerándose catalán, no comulgue con esos principios y valores definidos, de manera excluyente, por una determinada mayoría parlamentaria. Otra de las consecuencias derivadas de la enumeración de estos principios puede llevarnos, irremediablemente, a definir lo que queremos ser como pueblo y a excluir a todo aquel que no quiera definirse ni que lo definan en función del colectivo al cual pertenece sino como ciudadano.

Los valores y principios que deben inspirar el marco de convivencia que representa el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ¿deben ser o son diferentes a los que inspiran el marco de convivencia de los franceses, alemanes, vascos o valencianos? ¿Debemos tener los catalanes más derechos y obligaciones que el resto de españoles o europeos? ¿Quizá menos? No parece razonable que el estatuto de autonomía de Cataluña establezca un catalogo de derechos y deberes diferente al que tienen el resto de españoles. Sin duda, el objetivo de algunos es redactar una constitución catalana que obvie la pertenencia de Cataluña a España, en un claro intento de hacer realidad una ficción que sólo existe en sus mentes y que se resume en la idea que Cataluña ni es ni puede seguir siendo una parte de España.

En tercer lugar, debemos decir no a un estatuto que invade competencias que son del Estado. Sin duda que el nuevo estatuto debería definir con mayor amplitud y precisión las competencias de la Generalitat pero no podemos aprovecharnos de la posibilidad de delegación de las competencias para vaciar de contenido al Estado. El proyecto de reforma niega que la legislación básica tenga como función el establecimiento de un mínimo común normativo en todo el territorio español. Por último, y en relación al sistema de financiación, tampoco podemos establecer un sistema cerrado en nuestro estatuto al margen del establecido por el conjunto de las comunidades autónomas y el gobierno de España que rompa la necesaria solidaridad interterritorial.

El tripartito y CiU han decidido hacerle trampa a los catalanes. Han intentado engañarnos diciendo que nuestro estatuto puede elaborarse al margen de la Constitución y no es verdad. Nos han engañado diciéndonos que es posible definir un modelo de financiación propio al margen de lo establecido en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y no es verdad. No merecemos un gobierno que mienta, que juegue con nosotros y que insulte nuestra inteligencia. En política, como en todo, las cosas son como son y no como nos gustaría que fueran. Y Cataluña, aunque muchos no puedan o no quieran entenderlo, también es España.

LO EXPLICA UN DOCUMENTO HALLADO EN EL ORDENADOR DE "EL CHINO"
El 11-M se reivindicó antes de las elecciones para provocar la caída del Partido Popular
La Policía encontró en el ordenador de "El Chino", uno de los terroristas que se suicidaron en Leganés, un documento en el que el grupo que asumió la autoría del 11-M explicaba que había hecho una reivindicación tan precipitada, sólo horas después de la masacre, para echar al PP del Gobierno. Su objetivo era que los atentados influyeran en las urnas. Conocidos los resultados del 14-M, se vanaglorian de su "éxito". Según ha adelantado la COPE, el documento está fechado el 15 de marzo y lleva la firma de las Brigadas de Abu Hafs al Masri.
Libertad Digital 15 Julio 2005

La Cadena Cope ha adelantado este viernes que en el ordenador de "El Chino" la Policía encontró un documento en el que los terroristas reconocen que reinvindicaron la masacre del 11-M antes de las elecciones para provocar la caída del PP y echarle del Gobierno. Fue una reivindicación pensada para que influyera en la jornada electoral: el objetivo de los terroristas, reconocen en este documento, era acabar "con el Gobierno del noble Aznar".

Las llamadas Brigadas de Abu Hafs al Masri son las que firman el texto, las mismas que habían asumido la autoría del atentado. En este documento encontrado en el ordenador de "El Chino" explican por qué tanta premura a la hora de la reivindicación, sólo horas después de que estallaran las bombas en los trenes de Atocha, la calle Téllez, Santa Eugenia y El Pozo. Revelan que actuaron así porque "en la batalla de Madrid el factor tiempo era muy importante para poner fin al Gobierno del noble Aznar".

El documento lleva la fecha del 15 de marzo y además de justificar la inmediatez de la reivindicación, los terroristas de las "Brigadas" ya incluyen un primer análisis de los efectos de los atentados en las urnas: "Que sepan todos que somos parte del llamado orden mundial, nosotros cambiamos estados e incluso destruimos a otros con la ayuda de Alá. No vamos a aceptar ser agentes pasivos de este mundo", concluyen.

Batasuna también toma las fiestas vascas
La reactivación del ilegalizado partido de Otegi se extiende de los ayuntamientos a las calles de pueblos y barriadas con el pretexto de los tradicionales festejos populares veraniegos
C. Morodo La Razón 15 Julio 2005

Madrid- El País Vasco se apresta a sumergirse de lleno en la tradicional algarabía popular que acompaña a las fiestas del verano bajo la sombra de la reactivación de Batasuna en todos los frentes. Si el de los ayuntamientos nacionalistas está ya prácticamente controlado –en los últimos plenos ha habido presencia «abertzale» en una quincena de importantes municipios vizcaínos y los incidentes han llegado incluso al feudo constitucionalista alavés–, ahora parece llegado el turno de la «ocupación de la calle» como gesto de fortaleza, según se interpreta en el PP, ante una hipotética negociación del Gobierno con ETA. Vistos los primeros signos de un verano «caliente», en el que se da por hecho que habrá un rebrote de la «kale borroka», la luz de alerta ha llevado al PP vasco a articular de manera preventiva una campaña de vigilancia con vistas a denunciar ante el delegado del Gobierno o ante la Fiscalía cualquier acto de exaltación del terrorismo que detecte.

El paisaje de fondo está marcado por la decisión del Ejecutivo de no promover la ilegalización de Batasuna, por la expectativa de una negociación alimentada con iniciativas como la resolución aprobada por el Congreso, por la crisis del pacto antiterrorista suscrito entre PP y PSOE y por la permisividad nacionalista con la disuelta, al menos jurídicamente, formación de Otegi.

Según han explicado a este periódico fuentes populares, la presión de Batasuna para exigir su incorporación a la política municipal ya se está dejando sentir en las calles de barrios y pueblos vascos con el pretexto de los citados festejos veraniegos. Para aumentar esa sensación de ocupación, su estrategia se ha orientado a incrementar las pintadas y los carteles en apoyo de reclusos etarras o de su «segunda marca», el Partido
Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), contando a su favor con una importante herramienta, el control mayoritario de las comparsas, que se encargan, entre otras actividades, de promover colectas públicas en apoyo de los presos de la banda terrorista.

Este fin de semana, por ejemplo, comienzan las fiestas de la localidad bilbaína de Santutxu, gobernado por PNV-EA, y las calles, adornadas mayoritariamente con galones «abertzales», son un preludio del desfile preparado por Batasuna y cuya traca final, según teme el PP vasco, estallará en agosto –la primera semana son las fiestas de Vitoria; en la segunda, las de San Sebastián; y en la tercera, las celebraciones bilbaínas–

Plenos municipales.
En paralelo, la semilla sembrada con la decisión del Gobierno de permitir la presencia del PCTV en la Cámara de Vitoria ha multiplicado en todos los ayuntamientos, incluidos algunos alaveses, los episodios de algaradas «abertzales» superados gracias a la Ley de Partidos.

El último informe elaborado por el PP bilbaíno que dirige Antonio Basagoiti deja como balance una quincena de consistorios en los que ha habido presencia de plataformas ilegalizadas durante los últimos plenos de mayo y junio.

En Arrigorriaga, intervinieron al finalizar la sesión para reclamar sus escaños; en Bilbao, un grupo de radicales, entre los que se encontraban antiguos concejales de Batasuna, exhibieron pancartas (tuvieron que ser expulsados por la Policía Municipal); en Basauri, se debatió una moción defendida por ex concejales batasunos; en Elorrio, el Pleno se tuvo que celebrar a puerta cerrada en la Sala de Comisiones debido a que los miembros de la plataforma ilegalizada reclamaban sus escaños y no dejaban que se celebrara; en Guernika, EA expresó su voluntad de ceder los escaños a los representantes abertzales y el PNV contestó que lo estaba estudiando; en Getxo, intervinieron al finalizar el Pleno; en Gorliz, se incluyó una moción suya en el orden del día; en Gueñes, estuvieron presentes, aunque no intervinieron; en Iurreta, intervinieron en «ruegos y preguntas»; en Munguia, reclamaron sus escaños; en Ondarroa, ha habido incidentes con agresiones; y en Sestao, el PNV ha hecho suya una moción defendida por los batasunos en apoyo de una vecina accidentada al desplazarse para ir a visitar a un preso de ETA.

INFORME DE MIKEL BUESA
Dos tercios de las subvenciones al entramado de ETA provenían del Gobierno vasco
El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y presidente del Foro de Ermua Mikel Buesa ha presentado en el Campus FAES su informe sobre la financiación de la banda terrorista ETA. Buesa ha detallado que ETA recibió en el periodo 1993-2002 (año en el que se ilegalizó Batasuna) 23,9 millones de euros al año, de los cuales dos tercios fueron concedidos por el Gobierno vasco, en concepto de subvenciones culturales y de partidos políticos.
Libertad Digital 15 Julio 2005

Mikel Buesa, en relación con estos datos, consideró que habría que ilegalizar al Partido Comunista de la Tierras Vascas, y recordó que la aplicación de la ley de partidos, junto con la presión policial, consiguió una reducción drástica de la financiación de la banda terrorista.

Además, añadió Buesa, la ilegalización de Batasuna tuvo otro efecto muy positivo que fue la reducción de la percepción favorable que la población tenía sobre la banda criminal ETA. Así, según el Euskobarómetro en el periodo 2000-2004, coincidiendo con la ilegalización del partido político de ETA, en 2002, la justificación de la actividad de ETA se redujo del 7 por ciento al 3 por ciento. Asimismo los que consideraban a los etarras patriotas o idealistas bajaron del 49 al 24% y los que pensaban que eran fanáticos o asesinos subieron de un 42 al 68%.

Por último Buesa, se refirió a los efectos económicos de la actividad terrorista de ETA en el País Vasco. Las provincias vascas están creciendo por debajo de su potencial ya que el gasto que le supone la acción terrorista equivale al 1,9% del PIB. En el periodo estudiado por Buesa, el País Vasco ha dejado de crecer el equivalente al 21,3%, lo que equivale a 8,310 millones de euros al año.

QUEDA SIN REGULAR
PP y PSOE acuerdan la reforma del Reglamento del Congreso sin abordar el uso de las lenguas
Es uno de los puntos que más demandan los grupos minoritarios, en especial ERC. Pero ha quedado sin regular. Así, el uso de las lenguas distintas al castellano en el Congreso de los Diputados no figura en el acuerdo que han cerrado PP y PSOE sobre la reforma del Reglamento del Congreso. El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, recordó que su grupo es contrario al régimen lingüístico que demandan los nacionalistas, por lo que zanjó este asunto ya que "no puede haber modificación que no cuente con el acuerdo de los dos grupos".
EFE Libertad Digital 15 Julio 2005

PSOE y PP han cerrado este viernes un acuerdo sobre la reforma del Reglamento del Congreso que incluye medidas para hacer más ágiles y actuales los debates parlamentarios y aumentar el control al Gobierno y a su presidente por parte de la oposición, pero no para regular el uso de las lenguas cooficiales en sus comunidades y que los nacionalistas demandan poder usar en el Congreso.

Los portavoces parlamentarios del PP, Eduardo Zaplana, y del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciaron en sendas ruedas de prensa en el Congreso los detalles del pacto bilateral, cuya primera premisa es que ningún aspecto del Reglamento se podrá modificar sin el consenso de los dos partidos mayoritarios.

Entre las principales medidas del acuerdo, destaca la celebración de debates de actualidad en pleno y en comisión y de una interpelación de media hora al jefe del Gobierno, que hasta ahora sólo contestaba preguntas de cinco minutos en la sesión de control. Se amplía el cupo de preguntas que le corresponde a los grupos e la oposición, se apura el plazo para presentarlas, permitiéndose, incluso, hacerlo un día antes, y se refuerza el derecho de réplica.

El acuerdo habla también de la creación de la oficina presupuestaria, de permitir más vías para conseguir documentos del Gobierno, de flexibilizar la constitución de grupos parlamentarios y de distribuir los tiempos y los medios materiales de acuerdo con el número de diputados de cada grupo.

Donde no hay consenso es en las condiciones para crear comisiones de investigación y para cubrir bajas de diputados. PSOE y PP llevarán esta propuesta a la reunión de la ponencia que estudia la reforma del Congreso que ha sido convocada el lunes y el martes próximos en el parador de Sigüenza (Guadalajara).

Los grupos minoritarios, que mantienen una postura común en este asunto, seguirán poniendo como condición para que se apruebe un nuevo texto que se permita el uso del catalán, el gallego y el euskera, lo que socialistas y populares reservan para el Senado.

Zaplana sugirió que el hecho de que este asunto no se tratara en la negociación y de que cualquier medida deba ser pactada con el PSOE, cerraría la posibilidad de que se regule el uso de lenguas distintas al castellano. Recordó que su grupo es contrario al régimen lingüístico que demandan los nacionalistas, por lo que zanjó este asunto diciendo: "Verde y con asas". "Nuestra posición –prosiguió Zaplana– es muy coherente y sensata y nos parecía que no hacía falta sacar el tema. Está cerrado, porque no puede haber modificación que no cuente con el acuerdo de los dos grupos", insistió.

Alfredo Pérez Rubalcaba reconoció la dificultad de llegar a un acuerdo sobre esta cuestión, aunque señaló que su grupo intentará solucionarlo en los próximos meses.

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