AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 16 Julio 2005
ERC, socio insaciable
Editorial ABC  16 Julio 2005

No echéis de comer a los caníbales
LUIS IGNACIO PARADA ABC 16 Julio 2005

Sospechas honradas
TRIBUNA ABIERTA ABC 16 Julio 2005

El chantaje de la minoría
Editorial ABC 16 Julio 2005

La comisión del 11-M, en ridículo
EDITORIAL Libertad Digital 16 Julio 2005

El eterno chantaje al Estado
José García Domínguez Libertad Digital 16 Julio 2005

De la antítesis a la síntesis
Cristina Losada Libertad Digital 16 Julio 2005

Así, ni hablar
PILAR CERNUDA ABC 16 Julio 2005

La verdadera razón del 11-m
Editorial ABC  16 Julio 2005

El terrorismo de los descamisaos
Pablo Molina Libertad Digital 16 Julio 2005

“No tenemos miedo”
Serafín Fanjul Libertad Digital 16 Julio 2005

De las víctimas
ANDONI UNZALU GARAIGORDOBIL El Correo 16 Julio 2005

A peor
Editorial ABC  16 Julio 2005

Esquerra en La Moncloa
Editorial Heraldo de Aragón 16 Julio 2005

Blair dice que la lucha contra el terrorismo islámico es una batalla contra una ideología malvada
Agencias Libertad Digital 16 Julio 2005

El número de vascos que piensa en dejar su Comunidad se eleva ya a uno de cada siete
M. LUISA G. FRANCO ABC 16 Julio 2005

Los autores del 11-M admiten que querían «poner fin al Gobierno del innoble Aznar»
R. N. La Razón 16 Julio 2005

Las Cortes regionales ganan la primera batalla en favor del Archivo de Salamanca
Raúl Mata La Razón 16 Julio 2005

La Comunidad rechaza que Cataluña tenga «más derechos» sobre el Ebro que el resto
SONIA BARRADO ABC 16 Julio 2005
 


 

ERC, socio insaciable
Editorial ABC  16 Julio 2005

AUNQUE hace tiempo que no hay lugar para la duda, la entrevista de ayer en Moncloa confirma la opción del Gobierno socialista en favor de una alianza con el nacionalismo radical. No debería ser posible el acuerdo entre Zapatero y Carod-Rovira, puesto que ERC actúa como un partido antisistema en el más estricto sentido: no sólo cuestiona la forma monárquica de gobierno, sino que proclama sin eufemismos su condición independentista. Es absurdo, por tanto, que los socialistas se empeñen en satisfacer sus pretensiones a base de concesiones que siempre van a ser insuficientes. El caso es que, a pesar de su porcentaje mínimo de representación, Esquerra decide sobre las grandes cuestiones de política nacional y eso que uno y otro partido se mueven en planos diferentes: el PSOE busca el apoyo para acuerdos políticos (tal vez, en este caso concreto, los presupuestos para 2006) mientras que los republicanos catalanes exigen reformas estructurales que implican la ruptura del modelo territorial vigente. Zapatero ha optado por una alianza que altera el poder constituyente en sentido material en contra de una gran mayoría de los españoles -de una o de otra tendencia ideológica- que consideran al Estado autonómico como una fórmula satisfactoria para conjugar los principios de unidad y diversidad. La actitud del PSOE sólo se explica desde el objetivo partidista de crear una nueva mayoría que suponga el aislamiento del PP, ya que no hay ni un solo argumento que lo justifique desde el punto de vista del interés nacional. La reforma formal de la Constitución no podrá salir adelante sin el apoyo del PP, incluso en los cuatro aspectos (no tan limitados como parece) sobre los que el Gobierno ha pedido opinión al Consejo de Estado. Lo más grave es la quiebra de la norma fundamental a través de los nuevos estatutos, a pesar de que Carod mostrase ayer una aparente sensatez acerca del tope insuperable que implica la Constitución, lo cual da mucho que pensar sobre los posibles acuerdos alcanzados en la entrevista de Moncloa. Como es lógico, la preocupación crece ante la próxima formación de un gobierno social-nacionalista en Galicia y ante el rumbo actual del PSE.

Esquerra resulta imprescindible para mantener el precario equilibrio del tripartito catalán, pero no debería serlo en la política nacional porque -como señaló Rajoy en el debate sobre el estado de la Nación- Zapatero es «prisionero voluntario» de ERC. En efecto, la oferta leal de la oposición habría facilitado una acción de gobierno que evitase el chantaje de los votos a cambio de las reformas estructurales. El jefe del Ejecutivo no quiere oír hablar de ese acuerdo en defensa de la España constitucional, porque antepone el oportunismo táctico a cualquier otra consideración.

El PSOE se encuentra en una posición esquizofrénica ante el debate estatutario en Cataluña. Por una parte, el PSC está comprometido a fondo con el proyecto, al que ha fiado el éxito de su gestión en esta legislatura. Al tiempo, tiene que satisfacer a Esquerra y no romper la baraja con CiU, cuyo apoyo es imprescindible. En este sentido, es lógico que Rodríguez Zapatero insista en que va a respetar la voluntad del Parlamento catalán. Pero a la vez el PSOE debe mostrarse ante la sociedad española como defensor de la Constitución, para evitar que el PP monopolice esa posición política. Tiene además que templar los ánimos de Guerra, Bono, Ibarra y otros líderes que representan, más que una corriente interna, una sólida tradición contraria a fragmentar la soberanía. Pero Zapatero sigue jugando a aprendiz de brujo, buscando satisfacer a todos y confiado absurdamente en la eficacia de la sonrisa y del talante que, por razones obvias, no bastan cuando llega el momento decisivo en política de decir «sí» o «no». De este complejo panorama resulta ser Carod-Rovira el gran beneficiado, gracias a las posibilidades que nuestro sistema electoral (que quizás debería ser objeto de un debate a fondo) otorga a la minoría a la que representan. No es tan buena noticia como podría parecer para la España constitucional la actitud «constructiva» que mostró ayer el líder de esquerra en Moncloa, porque tal vez esconde una dosis importante de concesiones, prueba de que Zapatero está dispuesto a llegar demasiado lejos en contra de una importante mayoría de los ciudadanos.

No echéis de comer a los caníbales
LUIS IGNACIO PARADA ABC 16 Julio 2005

LA mayor parte de los seres humanos creemos de buena fe que la tolerancia consiste en tolerar incluso a los intolerantes. Hasta que leemos a Popper y nos enteramos de lo que él llama la «paradoja de la tolerancia». Consiste, muy resumidamente, en que la tolerancia ilimitada nos lleva fatalmente a la desaparición de la propia tolerancia, por lo que, en nombre de la tolerancia, debemos reivindicar el derecho a no tolerar la intolerancia. Luego nos damos cuenta de que «no se acaba con el canibalismo comiéndose a los caníbales», como aseguraba Borges, y llegamos a la conclusión de que los nacionalismos canibalizan a los Estados: si los toleramos estamos entregándonos a la voracidad de los intolerantes. Y no podemos satisfacer la bulimia de los nacionalistas extremos dejándonos devorar por ellos, ni acabar con su obcecación devorándolos.

Rodríguez Zapatero recibió ayer a Carod-Rovira. Lo que ha trascendido es que han hecho un balance de la legislatura y repasado distintas cuestiones políticas. Pero lo que está en el fondo de esa entrevista es el trágala, por no decir chantaje, de ERC, que ha avisado de que no apoyará los Presupuestos Generales del Estado sin que el Gobierno haya aceptado la reforma del Estatuto y que quien negocia en Madrid es el Parlamento de Cataluña y no aceptará tratos bilaterales entre partidos. Eso se lo dice a un presidente del Gobierno que, en su calidad de líder del PSOE, consiguió 164 escaños con el 42,64 por ciento de los votos, que fueron 10.909.687, alguien que tiene ocho diputados en el Congreso con sólo el 2,52 por ciento de representación gracias a 652.196 papeletas. Y lo dice para que lo oigan el PP, que tiene 148 diputados con el 37 por ciento de los votos ciudadanos, conseguido con 9.630.512 sufragios, y los titulares de otros 30 escaños, sólo 18 de ellos nacionalistas, pertenecientes a otros partidos que lograron más de 3.800.000 votos. A todos habría que decirles: «No echéis de comer a los caníbales».

Sospechas honradas
TRIBUNA ABIERTA ABC 16 Julio 2005

El autor se hace eco de un hecho sustantivo ocurrido hace unas fechas en el Congreso: la ratificación del pacto de Pamplona, firmado en 1988, que veta cualquier diálogo con ETA. El PSOE apoyó la vigencia de ese acuerdo, un mes después de conseguir luz verde de la Cámara a una hipotética negociación con la banda

EL pasado 21 de junio el Congreso de los Diputados, gracias al voto conjunto del Grupo Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida y de Coalición Canaria, con la abstención de los grupos nacionalistas, especialmente airada en el caso del PNV, aprobó reafirmar la vigencia del acuerdo por la paz y la tolerancia de Pamplona, de 1988, y recordar de manera especial su punto quinto, cuya parte sustancial dice así: «Ningún grupo terrorista ni ningún partido político que apoye la práctica de la violencia o se sostenga en ella para conseguir sus fines están legitimados para erigirse en representantes del pueblo de Navarra. En consecuencia, rechazamos toda posibilidad de que ETA, o cualquier organización respaldada por la misma, sea reconocida en negociaciones políticas que pretendan condicionar el desarrollo libre del sistema democrático en general, y el propio de Navarra en particular».

Expondré a continuación la razón de ser de esta proposición. Como se recordará, el 17 de mayo pasado el Congreso daba luz verde a una hipotética negociación con ETA al aprobar una resolución donde se reflejaba, entre otras cosas, el punto diez del Pacto de Ajuria Enea de 1988, donde se propugna la posibilidad de un final dialogado de la violencia con el único requisito de que quienes decidan abandonar la violencia manifiesten inequívocamente su voluntad de renunciar a aquella.

La opinión pública percibió que la resolución aprobada era un cheque en blanco al Gobierno para negociar con ETA, aunque se afirmara que el cese de la violencia en ningún caso llevaría aparejado el pago de ningún precio político. Así lo entendieron los portavoces de ETA-Batasuna, pues ese mismo día Arnaldo Otegui saludaba con alborozo el acuerdo del Congreso por entender que era un paso muy importante para la puesta en escena de la «propuesta de Anoeta», aprobada por Batasuna y ratificada por ETA. En ella los proetarras proponen la constitución de dos mesas de partidos: una, de partidos, sin límites ni exclusiones, para negociar políticamente «la solución del conflicto», y la segunda, una mesa de ETA con los Estados español y francés para tratar de los presos, de las víctimas y del desarme. Otegui daba además por liquidado el Pacto Antiterrorista suscrito por el PP y el PSOE en la legislatura pasada. Algo que también comparte la propia banda en sus dos últimos comunicados, cuando celebra que el 17 de mayo hubieran sonado en el Congreso «campanas de muerto» por el mencionado pacto.

A la vista de semejante reacción y puesto que a juicio del portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, los pactos de Madrid (1987), de Ajuria Enea y de Pamplona (1988) constituían un todo indisoluble, entendimos que sería bueno que el Congreso reafirmase el punto quinto del pacto pamplonés porque en él se rechaza la posibilidad de llevar a cabo una negociación política no sólo con ETA, sino con cualquier partido filoetarra tanto para alterar el marco jurídico general como el «status» de Navarra en particular. Así que formulamos la oportuna proposición no de ley.

Horas antes del debate, el PSOE anunció la presentación de una enmienda de sustitución. Sentimos cierta inquietud hasta que verificamos que se pedía no sólo la ratificación del punto quinto sino del contenido de todo el pacto de Pamplona, aunque aceptaba que se recordara de forma especial el punto quinto, que se transcribía en su integridad. Aceptamos la enmienda sin ningún problema, porque nuestro objetivo quedaba plenamente cumplido. El voto favorable del PSOE, y así lo dijimos en el Pleno, permite pensar en una recomposición del clima necesario para «resucitar» el Pacto por las Libertades y frente al Terrorismo.

Es verdad que en el acuerdo de Pamplona se incluye un punto seis -que nosotros compartimos porque, entre otras cosas, somos consecuentes con los pactos que firmamos-, donde se dice que si se produce un final dialogado de la violencia aceptaremos la concesión de medidas de reinserción. No hay ningún problema en ello. Pero ese final dialogado no podrá ser consecuencia más que del abandono unilateral, definitivo y sin condiciones de la violencia criminal por parte de ETA y no de ningún proceso de negociación política.

En la defensa de la proposición ante el Pleno hice alusión a cómo hasta un ilustre editorialista del periódico «El País» reconocía la posibilidad de que, a raíz del acuerdo del Congreso del pasado 17 de mayo, hubiera «sospechas honradas» por la «imprecisión de algunos pronunciamientos del presidente Zapatero». Esta afirmación me llevó a formular una larga serie de «sospechas honradas» cuya sustancia era la siguiente: ¿Existe un pacto secreto con Batasuna para poner en marcha la propuesta de Anoeta, lo que explicaría la no ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas para permitir la constitución de la mesa de partidos? ¿Forma parte de esta estrategia pactada la defunción del Pacto por las Libertades y el Terrorismo? ¿Está dispuesto el Gobierno a trasladar el pago del precio político a la mesa de partidos?

El voto del Partido Socialista de ratificación del pacto de Pamplona y, de modo especial, su punto quinto debería ser suficiente para eliminar cualquier sospecha. Nada me gustaría más que poder proclamar que el presidente Rodríguez Zapatero es leal al compromiso asumido el pasado 21 de junio en el Congreso de los Diputados, donde de nuevo la unidad de los demócratas consiguió «resucitar», al menos en el instante de emitir el voto, el espíritu del Pacto por las Libertades y frente al Terrorismo.

El chantaje de la minoría
Editorial ABC 16 Julio 2005

HAY que entender, para empezar, que sin el apoyo de ERC, el partido de Josep Lluis Carod-Rovira, Pasqual Maragall no sería presidente de la Generalitat y que sin la ayuda de Maragall y sus acompañantes José Luis Rodríguez Zapatero no tendría en el bolsillo las llaves de La Moncloa, ese chaletito a las afueras de Madrid que tanto parece alterar a quienes lo ocupan. Aún así, la prudencia exige desconfiar de ERC y poner en duda la naturaleza democrática de su espíritu y su funcionamiento. Los dichos y hechos de sus notables vienen a negar lo que con tanto optimismo predicaba el gran maestro de los liberales católicos, Lord Acton: «la Historia constituye el desarrollo progresivo de la libertad».

En el supuesto de que ese partido tenga bases, su cúpula siempre aparece en actitud desafiante y descalificadora para cualquiera que, amparado en los mismos derechos que a ellos les asisten, diga lo contrario de lo que pretenden. Ahí está, como ejemplo, el vapuleo dialéctico con el que tan fervoroso grupo nacionalista se ha cebado en Alfonso Guerra por el mero hecho de que el socialista, presidente de la comisión Constitucional del Congreso, haya recordado los supuestos en que se sustenta nuestra Constitución y, lo que es más importante, nuestra posibilidad de convivencia. A Guerra no le gustan muchos de los artículos del borrador del Estatut que perpetra el Parlament. Y, ¿qué? Cuando una minoría trata de imponer sus criterios, en un juego de chantaje institucional, la verdadera democracia se rompe como un cántaro después de una pedrada.

El dogmatismo nacionalista de ERC, al que ayer le vio la cara Zapatero sin salir de La Moncloa, llega a tal punto que uno de sus diputados más activos en la elaboración del Estatut, Joan Tardá, se atreve a opinar en público que, cuando el hipotético texto llegue a la Carrera de San Jerónimo, «España lo único que debe hacer es ratificar». ¿Sí? ¿Así se ve desde la izquierda republicana y separatista la función de un Parlamento democrático? ¿La mayoría nacional española debe ratificar, sin más, lo que decide el Parlamento de una de sus regiones? Eso no cabe ni en la razón ni en la aritmética de la democracia.

No es raro, ya puestos al disparate, que ERC pretenda recuperar «la memoria republicana y antifranquista» con la celebración solemne del próximo 14 de abril, septuagésimo quinto aniversario de la proclamación de la II República. Parece que, incapaces para el verdadero progreso nacional, los nacionalistas aplican toda su fuerza a la creación de pequeños elementos perturbadores para el ritmo de la Historia, ése que conduce a la libertad. La constante pretensión, a la que no es ajena el propio Zapatero, de reverdecer los peores años de nuestro pasado, desde la revolución de Asturias a la dureza de la represión posterior a la Guerra Civil, es tan estéril como dinamitadora. Eso es, precisamente, lo que habíamos superado con la Transición.

La comisión del 11-M, en ridículo
EDITORIAL Libertad Digital 16 Julio 2005

Las Brigadas de Abu Hafs al Masri no son un grupo del que sepamos mucho. Reivindicaron los atentados del 11-M como también asumieron como propio, en su día, el gigantesco apagón de EEUU y Canadá que resultó ser una avería, o el atentado de agosto de 2003 contra el Hotel Marriot de Jakarta, obra de otro grupo denominado Yemaah Islamiya, o los recientes ataques a Londres. Sin embargo, el documento con su firma encontrado en el ordenador de “El Chino” demuestra que esta reivindicación en concreto la hicieron para echar al Partido Popular del poder y su presencia aporta una primera prueba documental sobre los objetivos del 11-M: lograr que España se plegase al chantaje islamista ayudando a auparse al poder a un partido que había mostrado su voluntad de ceder ante el terror.

Ciertamente, ese objetivo se cumplió. Millones de personas, que tenían pensado abstenerse de votar o hacerlo a favor del Partido Popular, hicieron posible la inesperada victoria de Rodríguez Zapatero. Aunque Alonso asegure que "las sociedades democráticas, abiertas, plurales y tolerantes" funcionan bajo la premisa de "nunca ceder al chantaje de los terroristas", lo cierto es que el Gobierno del que forma parte lo hizo con la precipitada huida de Irak pero, sobre todo, con la petición a los demás miembros de la coalición de seguir su ejemplo. Quizá porque el socialismo de Zapatero no se siente cómodo con la democracia, la pluralidad o la tolerancia.

Este documento da más peso a las conclusiones del PP en la comisión y añade alguna pregunta más a las 63 incógnitas con las que denunció el prematuro cierre de la misma. Es obligado preguntarse ahora la fecha en la que el Gobierno supo de este documento. ¿Lo sabía ya cuando se escandalizaron ante la afirmación de Aznar de que atentar tres días antes de unas elecciones no era una casualidad? ¿Lo sabía ya cuando Zapatero afirmó ante la comisión, con una soberbia infinita, que ya se sabía todo lo que debía saberse sobre el atentado? Porque si José Luis Rodríguez Zapatero no mintió en su comparencia, la única conclusión que cabe establecerse es que ya entonces conocía la ayuda que recibió de los terroristas para auparse en el poder. Esto explicaría el afán de los socialistas por enterrar el 11-M e intentar convencer a la derecha que mirara hacia el futuro y se olvidara de aquellos días de marzo, como si ellos no hicieran más que mirar al 36, buscando una legitimidad que no encuentran en su triunfo electoral.

No parece que esta vaya a ser la única revelación con que los medios de comunicación van a arrojar más luz sobre los atentados y, por tanto, parece difícil que este asunto se ahogue en el olvido. Cada nueva exclusiva, cada nueva noticia, será un dedo acusador contra quienes decidieron cerrar una comisión cuando estaba tan lejos de poder ofrecer cualquier conclusión fundada en los hechos, y no en los prejuicios. Cuanto más conozcamos sobre los ataques que el terrorismo islamista dirigió a España, más vergonzosa parecerá la actitud quienes, desde el 14 de marzo de 2004, ya no quisieron saber más.

Nacionalismos
El eterno chantaje al Estado
José García Domínguez Libertad Digital 16 Julio 2005

Tal vez el mayor triunfo de nuestros nacionalistas domésticos haya sido convencernos de su propia originalidad. En efecto, la infinita pesadez de los catalanistas y de los nacionalistas vascos ha acabado por persuadir a muchos de que el fenómeno de las pequeñas comunidades locales con rasgos culturales propios es específico de España. Y, sin embargo, nada más lejos de la realidad, digamos antropológica, de los Estados europeos, en los que las señas de identidad homogéneas constituyen no la norma, sino la excepción. Sin embargo, ese activismo narcisista e inasequible al desaliento que practican a diario ha conseguido que los árboles de sus aldeas sublimadas nos tapen el bosque de la verdad continental.

Porque la excentricidad genuinamente española no es ésa, sino el esperpento de que un Carod Rovira cualquiera, el de turno, se pueda colar en el despacho del presidente del Gobierno de la Nación para dictarle instrucciones. Así, todo el mundo percibiría como delirante la posibilidad de que los Presupuestos del Reino de España dependiesen, por ejemplo, de un grupúsculo de maoístas chiflados, facción banda de los cuatro. Y, sin embargo, ERC, un partidito no menos iluminado que cosecha los mismos votos que obtuviera, en 1977, una de aquellas sectas marginales –el Partido del Trabajo–, manda en las cuentas del Estado sin que se produzcan terremotos institucionales. Y es que escenas como la que acabamos de ver en La Moncloa, el representante del 2,5 por ciento del electorado dirigiéndose de igual a igual al jefe del Ejecutivo, resultan simplemente inimaginables en cualquier lugar de Europa. He ahí, pues, la especifica, la única anormalidad estridente de la democracia española; el auténtico hecho diferencial que nos distingue de todo nuestro entorno.

Gracias a esa patológica anomalía hispana, el Tripartito se permite disfrazar de reforma estatutaria algo que, en la práctica, es el texto constitucional de una nación independiente; y amenaza al Partido Socialista con hacer imposible la gobernabilidad si no cede la soberanía sin rechistar al Parlamento de Cataluña. En este penúltimo chantaje al Estado, como siempre, Maragall y Carod actúan asociados en comandita y se reparten los papeles del policía bueno y el policía malo. Uno, el simpático, dice esforzarse buscando el “encaje”; simultáneamente, el otro nos enseña la llave de la caja. Al tiempo, también como de costumbre, unos pocos vuelven al añejo ritual de rasgarse las vestiduras ante el Título Octavo de la Constitución. Y ahí termina toda la resistencia teórica y doctrinal frente a esos tigres de papel de la Plaza de San Jaime.

Sin embargo, nadie quiere reparar en que lo que lleva un cuarto de siglo facilitando la eutanasia a plazos del Estado no es el Título Octavo, sino la Ley Electoral; y en que si España dispusiera de una norma similar a las que rigen en Europa, en toda Europa, los carod y los maragall de hoy, igual que los ibarreches y los pujoles de ayer, gozarían de idéntica capacidad de extorsión que el Partido Proverista o la Alianza Democrática de los Vegetarianos. Es el otro gran drama patrio: jamás identificar lo obvio.

Izquierda y nacionalismo
De la antítesis a la síntesis
Cristina Losada Libertad Digital 16 Julio 2005

Qué tiempos aquellos en los que se escribían cosas como ésta: “…hijo de esa fuerza biológica de la raza ha sido el renacer actual de la fe en sus destinos históricos que hoy muestra el pueblo español”. ¿Era el autor algún ideólogo de Franco? No. Son palabras de Fernando de los Ríos en el estreno mismo de la II República, cuando aquel intelectual socialista se hizo cargo del ministerio de Justicia. Y ese lenguaje, que hoy levantaría sarpullidos en la piel de bebé del socialismo gobernante, no era excepcional. Así hablaban y pensaban los prohombres de aquel régimen del que ZP presume de sentirse tan próximo. Será porque apenas sabe de él. Ni le interesa saberlo, para el caso.

ZP merienda con Carod. Digan lo que digan, será el del bigote el que se coma más croissants, o como los llaman por aquí, curasanes. Porque tienen razón los camisas negras: Alfonso Guerra pertenece al pasado, como don Fernando de los Ríos, y es Rodríguez el producto del presente, el destilado incoloro, inodoro e insípido, disgregador y relativista, de la izquierda reaccionaria. Aquella que ha enterrado definitivamente los valores de la Ilustración y con ellos, parte de los que proclamaba suyos. La que ha hecho astillas del tronco del que nacen y por el que adquieren sentido: el postulado de la existencia de unos valores de alcance universal.

¡La izquierda y los nacionalismos son antitéticos!, claman los dirigentes y militantes socialistas apegados a la cosmovisión antigua. Y antes era verdad, hasta cierto punto. Los bolcheviques hicieron suya la cuestión de las nacionalidades, aunque según les conviniera. A Ucrania no le permitieron la “autodeterminación burguesa”, pero luego le endosaron la “autodeterminación proletaria”, o sea, su inclusión en la URSS. Puro oportunismo. Pero la reorientación de la izquierda de los sesenta para acá cambiaría el tapete de este juego. Ya no haría hincapié en la igualdad, sino en la diferencia. Finiquitado el discurso de la lucha de clases, el internacionalismo mutaría en multiculturalismo.

Cuando la Transición española, los nacionalistas eran grupos marginales, a los que la izquierda había dado carrete so capa de que representaban a sectores de la burguesía contrarios a la dictadura. La mayoría no movieron un dedo contra ella, pero quedaban bien en las componendas. La izquierda se puso a hablar de Estado español, como otrora los franquistas, y a tejer la narración de que España era un tinglado impuesto por las oligarquías, las monarquías o lo que fuera. Fabricó, en fin, el guión de tebeo que ha rescatado ZP para nutrirse de conocimientos sobre la materia.

Y fabricó o alojó también a los Maragalles. Y a otros muchos, que se escudan bajo términos respetables como federalismo. ¿Qué federalismo, cuándo de lo que aquí se trata no es de unir, sino de separar? El reñidero socialista pinta mal para los antiguos. Al empuje de las ideas fragmentadoras de la izquierda actual, se une el deseo de impedir ante todo que la derecha vuelva al poder. Y hay un poso común a socialistas y nacionalistas: ambas plantas crecen en el terreno arcaico de los derechos colectivos. Están pasando de la antítesis a la síntesis.

Así, ni hablar
PILAR CERNUDA ABC 16 Julio 2005

EL primer artículo lo dice bien claro: «Cataluña es una nación». Luego, en el segundo, afirma que Cataluña «ejerce su autogobierno mediante instituciones propias, constituida como comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y el Estatuto». El segundo contradice al primero, porque la Constitución española afirma que España es una nación indivisible, luego difícilmente Cataluña podrá serlo también. Nos vienen con esa historia de la nación de naciones, que no cuela ni de broma aunque los independentistas andan buscando con lupa un constitucionalista que dé el visto bueno a su idea. Lo encontrarán, siempre hay un roto para un descosido, pero los que saben no tienen duda sobre el concepto nación. Piqué no debe respaldar el borrador tal como lo ha aprobado el tripartito. Hombre de cabeza clara y brillante, que a veces incomoda al sector más conservador de su partido, se equivocaría si aceptara ese texto que es anticonstitucional en sus cuatro primeras palabras. De hecho, para tranquilidad de muchos, ya ha dicho que así no.

Sería magnífico que el PP apoyara la reforma del Estatut. De esa forma se eliminarían muchas asperezas en la vida política. Pero sólo si respeta la Constitución y no pretende convertirse en una constitución para los catalanes. Que es lo que quieren Maragall y Carod.

La verdadera razón del 11-m
Editorial ABC  16 Julio 2005

LA nota hallada en un ordenador de Jamal Ahmidan, alias «el Chino» -uno de los cabecillas del 11-M- viene a confirmar, de certificarse su autenticidad, que la intención última de los terroristas era provocar un vuelco electoral en España. Ahmidan confiesa en ese documento (adelantado por la Cope) que la rápida reivindicación del atentado se debía a que «el factor tiempo era muy importante para poner fin al gobierno del innoble Aznar, rabo de los tiranos americanos». La teoría de que ése era el único fin de la matanza, expuesta por el ex presidente del Gobierno en su comparecencia ante la Comisión parlamentaria, no ofrece ninguna duda. Ya no tiene sentido que el PSOE se esfuerce en poner en duda esta versión y en no considerar este asesinato en masa como piedra angular del cambio de Gobierno que se produjo el 14-M. Se van desvaneciendo, pues, otras interpretaciones, desde la peregrina del desgaste del Ejecutivo del PP a la de la mentira y la «manipulación masiva» posteriores al estallido de las bombas, como factores determinantes. Son demasiados los datos (recuerden el «¿Quién ha ganado las elecciones?» del imputado Zougam, apresado el día 13, cuando iba a declarar al Juzgado) que confirman que el mensaje hallado en el ordenador de «el Chino» -terminar a toda costa con el Gobierno del PP- fue el único móvil. Y el resto son ganas de entretenerse en excusas que constituyen material averiado; en definitiva, cuentos chinos que ayer dejaron en evidencia la estrategia seguida hasta el momento por el PSOE en este asunto y que hoy fenecen, precisamente, en el ordenador de «el Chino».

Blogoscopio
El terrorismo de los descamisaos
Pablo Molina Libertad Digital 16 Julio 2005

Dice el presidente Rodríguez, confundiendo las páginas del Financial Times con una asamblea universitaria de protesta, que la causa del terrorismo islámico, perdón internacional, es la desigualdad —”el profundo mar de injusticia“ lo denomina él, añadiendo su habitual toque de cursilería. Esto es todo lo que el esfuerzo intelectivo de la progresía contemporánea da de sí: el billonario saudí que ordena asesinar a empleados, obreros e inmigrantes en el metro de Londres o en los trenes de cercanías de Madrid, en realidad no hace más que rebelarse contra la profunda miseria a la que le someten los curritos más depauperados del occidente imperialista. De una forma burda, la única apta para el consumo de las bases del socialismo, se trata de dar una dimensión internacional a la teoría de los “descamisaos” que popularizó entre nosotros hace años el Guerra, aunque el término fuera patentado en su día por Perón (otra prueba más de que guerrismo y peronismo son hermanos mellizos). Estas ideas enfermas demuestran, por cierto, la persistencia del marxismo-leninismo y su teoría de la explotación capitalista internacional, según la cual los proletarios de los países ricos explotan a sus hermanos de clase de los países pobres.

La izquierda pensante, es un decir, auxiliada en la banda por las gentes de la farándula, no disimula su satisfacción al comprobar que la venganza de los oprimidos alcanza poco a poco al trío de las Azores. No importa que los sicarios de Mohamed Atta, autor material del 11-S, empezaran a tomar clases de vuelo durante la última legislatura de Clinton, quien además pudo acabar en al menos cuatro ocasiones con Bin Laden si no hubiera estado demasiado ocupado haciendo prácticas ginecológicas con un puro habano entre el personal femenino de la Casa Blanca con contrato laboral precario. No importa que el mismo 11 de septiembre de 2001 hubiera preparados atentados similares contra Londres y Bruselas, que sólo el cierre de aeropuertos acabó frustrando. No importa que los atentados de Madrid empezaran a gestarse dos años antes de la invasión de Irak. No importa que también mucho antes de la invasión de Irak, Al Qaeda asesinara a 20 personas en Túnez, 16 en Kenia o 202 en Bali (Indonesia), cuyos dirigentes jamás estuvieron en el archipiélago portugués. Para los voceros de la izquierda geográficamente occidental, la culpa de los crímenes del islamismo es de Bush, Blair y Aznar, pues ningún otro razonamiento, ni siquiera la más elemental realidad, traspasa la granítica epidermis del pensamiento progre, incapaz de mover un dedo por una causa justa si no ha pasado previamente el férreo tamiz del marxismo, en cuyo regazo todos los crímenes contra occidente encuentran cálida comprensión.

Pero lo peor para un país no es que su clase intelectual, integrada mayoritariamente por titiriteros y el petardeo progre habitual, se revele alérgica al pensamiento complejo. Lo realmente nefasto es que sus dirigentes, como hace constantemente ZP, otorguen dignidad institucional a todo este material de derribo intelectual, poniéndonos cada vez más en el furgón de cola de la Historia.

Hace unos días, el inefable Moratinos llamó a consultas al embajador de Mónaco —probablemente un croupier— por la jugarreta olímpica del jefe de aquel casino. Si es cierto que la grandeza de las personas y de las naciones se mide por la altura de sus enemigos, no hay más que mirar a nuestro alrededor: El enemigo del Reino Unido es quien quiere acabar con el sistema de vida de occidente. El del gobierno ZP, Albertito de Mónaco. Todos estamos en nuestro su sitio.

Pablo Molina es miembro del Instituto Juan de Mariana

Rio Cabe
“No tenemos miedo”
Serafín Fanjul Libertad Digital 16 Julio 2005

En mi primer artículo en estas páginas electrónicas manifestaba mi deseo de “ser americano”. De la inteligencia de los lectores cabía esperar que comprendieran que esa era pura declaración retórica con vistas a señalar, a contrario, alguna de las taras omnipresentes en la nacionalidad que realmente poseo. Así lo entendió casi todo el mundo, si bien no faltó alguna comunicanta –que diría Dixie la Anglicana– que, tomando al pie de la letra la cuchufleta, me recriminó por emilio ante tamaña defección. Esto tampoco es muy importante: no estamos para pasar la vida comentando los alardes de agudeza intelectiva de esta o aquella señora. Más bien la preocupación actual surge de la contemplación de las imágenes de las manifestaciones habidas en Londres en respuesta a los crímenes de los terroristas islámicos. Se han hecho las más variadas exégesis, todas consabidas, esperables, obvias, acerca de la abyecta actuación del PSOE (y de IU y demás pitufos, no los olvidemos) en nuestro marzo de Pasión de 2004; se ha desmenuzado la muy distinta forma de encajar el golpe por parte de ingleses y españoles, aunque, a mi juicio, en este capítulo no se ha pasado de generalidades y vagos aspectos superficiales.

No es que ahora el arriba firmante pretenda repetir la finta retórica diciendo que “quiere ser inglés”. No, pero sí parece conveniente refrescarnos la memoria en cuestiones sobre las cuales se pasa a matacaballo o no se pasa en absoluto. En una de las fotos de ayer, en Londres, un manifestante enarbola una bandera británica y dentro de ella campea la leyenda We are not afraid (No tenemos miedo). Más que embarcarme en grandes análisis me limitaré a comparar esa imagen con mi experiencia del 11 de marzo mismo. Lo he contado en alguna ocasión, pero no huelga referirlo aquí: en la tarde de los atentados de Atocha pasé por la Puerta del Sol y en la plaza, que no es chica ni estaba vacía, sólo había, entre el público, una bandera nacional, la que cubría a un niño ecuatoriano en su carrito infantil. Detrás de él, tres mujeres jóvenes y frágiles, maravillosas, se mantenían dignas y serias, transmitiéndonos su solidaridad y su amor, demostrando con el gesto y con la acción que ellas sí son de los nuestros, pese a diferir sus caras tanto de las españolas. Me acerqué a darles las gracias y a devolverles un poquito del afecto que nos regalaban. No sé si se sorprendieron ante mi reacción, tal vez por la falta de costumbre de ver españoles que se permitan tales espontaneidades fuera del carril de lo aceptado hasta en las manifestaciones de dolor. No sé. Lo que si recuerdo bien es que frente a la puerta de la Comunidad de Madrid una patulea de indígenas insistía en convertir en romería progre o en carnaval barriobajero la tragedia de la jornada: “Un bote, dos botes, etarra el que no bote”. Entonces todo el mundo estaba persuadido de que había sido la ETA, en solitario, la responsable. Agregaban otros lemas no menos alentadores para sumarse a ellos. La bandera del país y hasta su nombre brillaban por su ausencia, dejando bien claro que aquellas gentes, supuestamente solidarias, no tenían muy claro por qué habían asesinado a doscientas personas: en el aire quedaba, y quedó flotando, gracias a los políticos en la manifestación-monstruo del día siguiente, que los asesinados lo fueron por medir 1.70 de estatura, o por ser aficionados a la tortilla de escabeche o por tomar el sol en la playa. A saber. Ninguna conexión con el país en que vivían. El país…¿qué país? Con razón los asesinos musulmanes apuntaron al más débil, al más acomodaticio y cobarde.

Unos años antes, en esa misma plaza y casi en idéntico lugar, me fui asqueado al oír el mismo sonsonete del etarra que no bote: acababan de asesinar a Miguel Angel Blanco y a la jarana celtíbera no se le ocurría nada mejor que ponerse a dar saltos y a corear bobadas. Nunca he asistido, ni asistiré, a los festivales de lacitos, manitas blancas, minutos de silencio y otras atracciones a que me convocan los Ilustrísimos y muy Magníficos Rectores en mi Universidad cada vez que un asesino propio o ajeno decide arreglar una parcela de su mundo enloquecido. El crimen no se combate con folklore sino con medidas muy reales y concretas que todos conocemos y que, en España, casi nadie se atreve a aplicar y, menos aun, a mencionar. La primera, siendo serios; la segunda, no acollonándose ante la agresión; y la tercera, actuando. Como hacían los españoles de otros tiempos, no muy lejanos. Ni los rojos, ni los azules de los años treinta habrían reaccionado como se hace en la actualidad, es decir, sin reaccionar en absoluto, sin contestar de ningún modo, no más palpándose la tarjeta Visa y murmurando que no se puede hacer nada. Claro que entonces los políticos no se repartían el Premio Naranja y el Premio Limón, ni se iban a cenar todos juntitos, ni hacían inversiones y negocietes en comandita.

¡Pobre de don Claudio Sánchez Albornoz si siguiera vivo en nuestros días! Pobre, con su idealista y romántica teoría del espíritu gallardo y pugnaz de los habitantes de esta península, espíritu de eterno español, desde Altamira hasta mucho más allá de la desaparición de la especie sobre la faz de la Tierra. Un supuesto carácter firme y valiente, siempre dispuesto a responder a la agresión o al insulto con otros mayores. Pero se desinfló el muñeco. ¿Fueron así nuestros antepasados? Quedémonos con la ilusión de que muchos de ellos, sí. Como tampoco ahora estábamos todos listos para la rendición, pero Rodríguez y su gavilla de rendidos preventivos no cayeron del cielo, sino que son excelentes representantes de los dos o tres millones de personas que cambiaron el voto en el último instante. Por pánico, por cobardía, porque a mí no se me ha perdido nada en la guerra de Aznar. Eso sí: la inhibición y el conmigo no va bien enmascarado en proclamas de adhesión a los pobres de la Tierra, la repulsa platónica que a nada compromete por guerras lejanísimas, pero sin mojarse en el asalto interno que sufrimos desde hace cuarenta años. Y sin querer traspasar el idílico y recoleto rinconcito de vacaciones, fines de semana, coche, Internet y lo que caiga y nos haga olvidar la realidad exterior a nuestro mundo entre algodones. Después del hambre y calamidades que padecimos en otros tiempos nos hemos olvidado (se han olvidado) de que la paz, relativa, y el bienestar, también relativo, no son maná de las nubes y se pueden terminar si continuamos por el tobogán de las concesiones a los asesinos que, en esta ocasión, han golpeado en Londres. Vienen a por nosotros y aquí la única respuesta que se les da es la jaimitada de la Alianza de Civilizaciones. ¿Cuántas Atochas necesitan los españoles para empezar a enterarse de lo que está sucediendo?

De las víctimas
ANDONI UNZALU GARAIGORDOBIL El Correo 16 Julio 2005

La primera pregunta es clara: ¿Quiénes son las víctimas? Al parecer las víctimas están fundamentalmente formadas por los familiares de los asesinados con el añadido de los muertos fallidos (es decir, de las personas que ETA habría querido asesinar pero que el azar, por fortuna, movió lo suficiente la mano asesina para dejarles con vida; aunque en muchos casos con graves mutilaciones). Una de las asociaciones, que seguramente mayor marginación y humillaciones ha sufrido es Covite, Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco. No se define como asociación de familiares de víctimas, que es lo que fundamentalmente son, sino que se reivindican como las víctimas mismas. No es una casualidad, a ello volveremos más tarde.

'Estricto sensu' las víctimas sólo están formadas por las personas asesinadas y por las que ETA quiere asesinar y viven, por ello, permanentemente amenazadas.

Los familiares de víctimas son víctimas por transferencia; han experimentado la trágica coincidencia de ser los seres queridos de personas que han sido asesinadas por ETA (hablo permanentemente de los asesinados por ETA ya que para referirme a los familiares de los asesinados el 11-M tendría que hacer matizaciones, algunas de importancia). Los familiares por sí mismos no tienen nada que ver con las víctimas y la sociología en Euskadi nos ha mostrado este hecho repetidas veces, algunas con una crueldad inmoral.

Sin embargo, afirmo que Covite se autodefinió, con intuición certera, como colectivo de víctimas. ¿Cómo han adquirido esta cualidad?

Vamos por partes. Los familiares adquieren la condición de víctimas en el momento en que, renunciando a su propia personalidad política, asumen la tarea de reivindicar la memoria del asesinado, prestando su voz a una voz aniquilada. Podemos afirmar, por tanto, que los familiares no son víctimas por sí mismas sino que lo son, y sólo, en la medida en que son portadores de la memoria del asesinado (obviamente son víctimas, también, en otro sentido: la pérdida personal de los seres queridos, pero esto entra en el mundo estrictamente privado).

La segunda vía por la que han adquirido la condición de víctimas es más vergonzante para nosotros. Los familiares de las víctimas han sido sistemáticamente marginados, humillados por esa condición de familiar, convirtiéndose ellos mismos y de forma directa en víctimas.

La segunda pregunta es la siguiente: ¿Qué es lo que les une para ser realmente un colectivo? La respuesta es simple y obvia, pero es necesario recalcarla: lo único que les une es el asesino. El asesino y el motivo por el que fueron asesinados. Lo único que hace iguales a Primo Levi o Herling-Grudzinski, uno judío italiano, el otro un polaco en los campos estalinistas de Arcángel, es que fueron supervivientes de los campos de concentración. Todo lo demás les hace diferentes, legítimamente diferentes. Las víctimas podrán reclamar como personas, como ciudadanos, esas diferencias, pero no en su condición de víctimas. Lo que es común en las víctimas, y les hace por ello colectivo, es el asesino y el motivo por el que fueron asesinados. Porque es necesario recordarlo; el motivo no pertenece a las víctimas. No son muertos voluntarios. No. El motivo ha sido impuesto por el asesino.

Resumiendo, digo que lo que une a las víctimas es ETA y su deseo de crear en Euskadi una sociedad homogénea, totalitaria, sin libertad política ni derecho a la discrepancia.

Otra pregunta permanentemente en el aire es: ¿Cómo se hace justicia con las víctimas? Me temo que voy a hablar con cierta crudeza: no se puede. Es imposible, y es imposible por dos razones. Una porque el daño causado no puede ser resarcido de ninguna manera. Los familiares asesinados, los años de miedo pasados, no pueden ser anulados ni reparados. Es una verdad dolorosa, pero verdad. La otra es de tipo diferente: el objetivo de la Justicia no es resarcir a la víctima -bueno, en la parte civil sí, pero no estamos hablando de eso-; el objetivo de la Justicia es defender un ámbito de libertad y sujeción a la legalidad. La Justicia no es un asunto privado, se ejecuta independientemente de las víctimas; es una responsabilidad social, de las instituciones que forman el Estado de Derecho. Condicionar la Justicia a la voluntad de las víctimas es negar la esencia del Estado de Derecho. (La verdad, cuando la mayoría de las víctimas piden justicia están hablando de otra cosa; de buscar la verdad y asumir las responsabilidades sociales pertinentes, pero de esto hablaremos otro día).

Por ello, con mucha más propiedad, se habla de compensar a las víctimas. La compensación a las víctimas debe plantearse desde dos campos. El primero, la compensación material. Me parece que en este campo es mucho lo que se ha hecho últimamente, siendo nuestro país, seguramente, modélico en estas medidas. Pero esta aparente generosidad de las instituciones puede esconder un objetivo más perverso, y me parece que en Euskadi es así: ocultar y acallar la presencia, siempre molesta, de las víctimas. Con todo, me parece que esta compensación, si bien está resolviendo problemas personales o familiares de especial dramatismo, no es la compensación más importante que requieren las víctimas. La compensación que realmente necesitan, y en Euskadi con una urgencia y dramatismo muy especiales, es el reconocimiento público.

Para que esto se dé no son suficientes actos institucionales que lo proclamen, el requisito indispensable es derrotar en las entrañas de la sociedad vasca el motivo por el que fueron asesinados. Lo que molesta y enerva a la víctimas, y debiera enfadar a todo ciudadano que defienda la libertad, no es que dentro de un mes pudiera salir a la calle De Juana Chaos, lo que humilla es que salga reivindicando los motivos por los que asesinó, y sobre todo enfada que los motivos por los que asesinó sean compartidos por una parte importante de la sociedad vasca y se le reciba con homenajes (muchas veces, demasiadas, con la complicidad de la administración municipal). Ésta es la cuestión fundamental, no si tiene que estar más o menos tiempo en la cárcel

Con acertada imagen se intenta condensar la relación del asesino y su víctima: el cruce de ambos en la misma acera. Esta imagen plástica no es un elemento teórico en Euskadi; se da y es más cotidiano de lo que pueda parecer y resume exactamente el problema. Pero puede haber dos versiones del acto. Una: El asesino liberado camina por una acera, en sentido contrario viene su víctima. Un grupo de gente contempla la acción. El asesino camina arrogante, con paso firme, en la medida en que se acerca al grupo de gente recibe guiños de complicidad, gestos de apoyo. La víctima se acerca con vergüenza y temor, temor sobre todo a la gente, oye algún insulto; baja la cabeza, cruza la calle y sólo busca desaparecer. Es la versión que conocemos en Euskadi y que tanto angustia a las víctimas. La otra versión es el reverso. La víctima avanza por la acera. No hay grupos de gente, sólo ciudadanos que caminan. La víctima sabe que esos ciudadanos son conscientes de que su dolor ha sido una aportación para la libertad común. El asesino es el que camina con paso inseguro, intenta ocultar su pasado y con vergüenza cruza la acera.

En este cruce de acera es donde realmente se juega el futuro de las víctimas; no en los años de cárcel que cumpla el asesino. No digo con ello que los asesinos no cumplan condena, lo que afirmo es que la victoria de las víctimas no se encuentra en ese terreno. Lo que digo es que la victoria de las víctimas está en vencer al asesino y el motivo por el que fueron asesinadas. Sólo cuando la nueva sociedad vasca tenga como elemento fundacional el rechazo a la violencia terrorista podrán sus muertos descansar en paz; mientras, su memoria seguirá reclamando el espacio de libertad por el que fueron asesinados.

A peor
Editorial ABC  16 Julio 2005

EL último Euskobarómetro refleja que la opinión pública detecta un sustancial empeoramiento de la situación política tras la formación del nuevo Ejecutivo que preside Ibarretxe. Tan es así que casi el 15 por ciento (el veinte en Álava) de los vascos se muestra dispuesto a abandonar su Comunidad si encontrase fuera similares condiciones económicas. Además, más de un tercio sigue teniendo miedo a expresar sus ideas políticas y más de la mitad está descontenta con el funcionamiento de la democracia (tres puntos por encima del anterior sondeo). Pero quizá todo este clima de pesimismo se entienda si tenemos en cuenta que sólo el 5 por ciento de los ciudadanos del País Vasco prefiere como opción de Gobierno la del tripartito que ahora encabeza Ibarretxe. A peor.


Esquerra en La Moncloa
Editorial Heraldo de Aragón 16 Julio 2005

LA DESTEMPLANZA de los líderes de Esquerra Republicana (ERC) sorprendió anteayer incluso a los adeptos al talante abierto que pregona el presidente Rodríguez Zapatero. Éste, dispuesto a pactarlo todo, prometió prematuramente aceptar una incógnita de futuro y ofreció que el Congreso -donde no dispone de mayoría bastante- aceptaría sin más el Estatuto aprobado en el Parlamento catalán. Llegado el momento, ERC finge confundir a España con su actual Gobierno y amaga con una crisis de Estado si falla la promesa. El partido de Carod-Rovira tiene en el Congreso 8 diputados sobre 350. Cierto que, a finales de 2003, la alternativa al actual Gobierno tripartito era una alianza entre CiU y Esquerra -que ésta rechazó por razones tácticas-, con perspectivas peores que las actuales por la actitud engallada y soberanista del despechado Artur Mas. Tampoco en Cataluña es Esquerra ningún Hércules, pues CiU y el PSC le doblan cada uno en votos y sólo dispone de 23 escaños, de un total de 135. Pero con ellos decide mayorías y ese peso relativo le insufla una sensación artificial de fortaleza y euforia en clara desproporción con su peso real. Este micropartido quiere que rompan Cataluña y España, tras una fase previa como Estados asociados. Aunque ayer, en La Moncloa, Carod usó su registro más suave, no pueden olvidarse los campanudos avisos de sus correligionarios el día anterior sobre la inexistente "soberanía" que proclaman, amagando, además, con una imaginaria "crisis de Estado" si el Congreso objeta al texto que se le envíe. Zapatero debería calcular si no es mejor gobernar en minoría que someterse -y, con él, su partido y el conjunto del país- al abuso de una pequeña fuerza exaltada, que, si bien tiene derecho a pedir lo que pide, ha medido con excesiva largueza su peso objetivo en el escenario catalán y español. Peso que puede aumentar si La Moncloa da curso a unas exigencias cuyo fin último es conocido: segregar a Cataluña de España.

CREE QUE LOS ATENTADOS OBEDECEN A UN "PLAN" MUY CONCRETO
Blair dice que la lucha contra el terrorismo islámico es una batalla contra una "ideología malvada"
El primer ministro británico, Tony Blair, afirmó este sábado que las autoridades británicas se están enfrentando a una "ideología malvada" en su lucha contra el terrorismo islámico y que "es una batalla que tenemos que ganar". Además, dijo que los ataques terroristas del 7-J obedecieron a un "un plan y un objetivo" muy concretos. Por otro lado, el número de muertos por los atentados asciende ya a 55 mientras que en Pakistán han sido arrestadas seis personas que pudieron tener relación con uno de los terroristas.
Agencias Libertad Digital 16 Julio 2005

Tony Blair consideró que "el mayor peligro es que fracasemos a la hora de enfrentarnos a la naturaleza de la amenaza de la que nos estamos ocupando" que, dijo, es una "ideología malvada". "No se trata de un enfrentamiento de civilizaciones o de gente civilizada", consideró. "Todas las personas civilizadas, musulmanas u otras, sienten repulsión" hacia esta ideología, añadió y advirtió de que la lucha contra el terrorismo es una "lucha global".

Blair recordó que la red terrorista Al-Qaeda y sus seguidores son responsables de atentados contra 26 países y del asesinato de miles de personas, muchas de ellas musulmanes, en los últimos 12 años. Señaló asimismo que las demandas de Al-Qaeda incluyen la eliminación de Israel, la retirada de los occidentales de todos los países musulmanes, así como el establecimiento de regímenes al estilo del talibán en el mundo islámico. "Ninguna persona en su sano juicio podría negociar" tales peticiones, afirmó Blair.

En alusión a quienes dentro y fuera de su partido tratan de vincular los atentados de Londres a la participación británica en la guerra de Irak, negó que esa barbarie fuesen respuesta a hechos concretos. Recordó que han sido veintiséis los países atacados desde mucho antes de esa guerra por la red terrorista, de la que dijo que está bien financiada y dispone de sofisticados instrumentos de propaganda.

En los atentados de Londres mataron a más de una cincuentena de personas, pero "podían haber matado a más de quinientas y se habrían alegrado", afirmó. El primer ministro afirmó que los extremistas se aprovechan de la tolerancia de las sociedades occidentales y acusó a quienes creen que bastaría con "cambiar nuestro comportamiento" para que aquellos desistiesen de su empeño.

El número de vascos que piensa en dejar su Comunidad se eleva ya a uno de cada siete
La fórmula de ejecutivo más valorada es la coalición entre socialistas y nacionalistas, con un 20 por ciento; la alianza PP-PSE alcanza el 8 por ciento
M. LUISA G. FRANCO ABC 16 Julio 2005

BILBAO. Tras las últimas elecciones autonómicas en el País Vasco el pasado mes de abril, ha empeorado notablemente el clima político en esta Comunidad y ha aumentado el número de ciudadanos que piensan en marcharse, según los datos del último Euskobarómetro, la encuesta elaborada semestralmente desde hace diez años por el departamento de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco y presentada ayer en Bilbao por su director, el catedrático Francisco Llera.

Casi todos los indicadores señalan una evolución hacia el escepticismo en la opinión pública vasca, que no está satisfecha con la reedición por cuatro años más del Gobierno tripartito (PNV, EA y EB), ya que sólo el cinco por ciento de los ciudadanos la prefiere como su primera opción. Por contra, la composición de gobierno más deseada es la vuelta a la coalición entre socialistas y nacionalistas.

Como ya viene siendo habitual, los nacionalistas y los no nacionalistas se definen como dos opiniones públicas diferentes, que «sólo comparten el rechazo a la violencia como medio para conseguir objetivos políticos y la constatación de la existencia de crispación y tensión social», según las conclusiones que el propio Francisco Llera expuso tras el análisis de los datos.

Este estudio sociológico constata, además, un aumento de la importante proporción de vascos que está pensando en abandonar la Comunidad autónoma, que se sitúa en uno de cada siete, con un perfil sociológico de persona joven, con gran preparación e identificado con el autonomismo.

Alivio por el descenso de la violencia
El descenso de la actividad terrorista y de la violencia callejera -un 63 por ciento cree que este problema ha mejorado- ha producido cierto alivio en la población, especialmente en la más amenazada, que se encuentra en el sector no nacionalista, aunque «sigue habiendo miedo, falta de libertad, crispación y división social».

En este sentido, los vascos apuestan mayoritariamente por la ampliación y el desarrollo del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, que hasta el momento se limitaba a PP y PSOE. Un 49 por ciento se muestra a favor de esta posibilidad, a pesar de lo cual, y aunque resulte contradictorio, apoyan mayoritariamente una negociación Gobierno-ETA, siempre condicionada a que ésta abandone las armas (50 por ciento), siendo algo que comparten, casi por igual, nacionalistas (47 por ciento) y no nacionalistas (53 por ciento).

Los vascos rechazan también mayoritariamente la exclusión de las formaciones ilegalizadas Batasuna y Aukera Gustiak de la pasada campaña electoral e igualmente la posible ilegalización de EHAK, cuya presencia parlamentaria es vista por un 58 por ciento de la población como positiva para la normalización.

Poco deseo de independencia
Sin embargo, son muy pocos los ciudadanos vascos que muestran deseos de independencia, mientras que la gran mayoría se considera satisfecho con el autogobierno desarrollado por el Estatuto de Guernica, sobre todo con sus resultados, con un ligero incremento de la proporción de los críticos, especialmente entre el electorado socialista, que pasa del 58 al 44 por ciento en apoyo al actual marco autonómico.

En cuanto a la postura que debería adoptar Ibarretxe en estos momentos, los vascos se encuentran divididos, aunque los partidarios de que continúe adelante con su Plan después de su rechazo en el Congreso de los Diputados son muy minoritarios.

El paro, al igual que hace seis meses, sigue siendo la principal preocupación de los vascos, por delante de la violencia y el terrorismo y de los grandes servicios públicos como vivienda, sobre todo, y también sanidad y educación. No obstante, otra encuesta hecha pública hace apenas unos días por el Gobierno vasco señalaba que la vivienda se había colocado en segundo lugar entre las preocupaciones de los vascos, por delante del terrorismo.

Según Francisco Llera, y a la vista de estos datos, el escepticismo en el que se ha instalado la sociedad vasca sitúan a esta Comunidad autónoma en un final de ciclo político, al tiempo que «el desgaste de la actual fórmula gubernamental y su pérdida de apoyos políticos auguran un futuro incierto e inestable».

Los autores del 11-M admiten que querían «poner fin al Gobierno del innoble Aznar»
Se ufanan de que «cambiamos estados e incluso destruimos a otros con la ayuda de Alá»
R. N. La Razón 16 Julio 2005

Madrid- Los terroristas que llevaron a cabo los atentados del 11-M pudieron reivindicar la autoría de la matanza antes de la cita electoral del 14-M para conseguir que el Partido Popular perdiera los comicios. Según informó ayer la Cadena Cope, la Policía ha encontrado en el ordenador de «El Chino» –uno de los terroristas que se suicidaron en el edificio de Leganés– un documento en el que los autores reconocen que reinvindicaron la masacre del 11 de marzo antes de las elecciones para provocar la caída del PP y echarle del Gobierno. Según explica la Cope, fue una reivindicación pensada para que influyera en la jornada electoral: el objetivo de los terroristas, reconocen en este documento, era acabar «con el Gobierno del innoble Aznar».

Las llamadas Brigadas de Abu Hafs al Masri son las que firman el texto, las mismas que habían asumido la autoría del atentado. En este documento encontrado en el ordenador de «El Chino» explican por qué tanta premura a la hora de la reivindicación, sólo horas después de que estallaran las bombas en los trenes de Atocha, la calle Téllez, Santa Eugenia y El Pozo.

El factor tiempo.
«Quienes se sorprendieron por lo rápido de nuestra reivindicación en la batalla de Madrid sepan que había otras circunstancias. En el caso de Madrid el factor tiempo era muy importante para poner fin al Gobierno del innoble Aznar, rabo de los tiranos americanos», señala el documento, que lleva la fecha del 15 de marzo. En el texto, además de justificar la inmediatez de la reivindicación, los terroristas de las «Brigadas» ya incluyen un primer análisis de los efectos de los atentados en las urnas: «Que sepan todos que somos parte del llamado orden mundial, nosotros cambiamos estados e incluso destruimos a otros con la ayuda de Alá. No vamos a aceptar ser agentes pasivos de este mundo».

Preguntado por documento, el ministro del Interior, José Antonio Alonso, se remitió «a lo que digan los jueces» encargados de la investigación del 11-M.

Por otro lado, la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, aceptó ayer la dimisión del subdirector de Seguridad de la cárcel alavesa de Nanclares de la Oca, en la que desde el pasado mes de marzo se han suicidado cinco presos.

Además, anunció la puesta en marcha de un «plan de choque» para hacer frente a los «problemas» del centro, como la falta de higiene y seguridad y la saturación de internos, que incluye el traslado de cincuenta presos a otras cárceles.

Las Cortes regionales ganan la primera batalla en favor del Archivo de Salamanca
La propuesta de ley impulsada por Grupo Popular supone un duro golpe para el Gobierno de Zapatero
Raúl Mata La Razón 16 Julio 2005

Valladolid- Las Cortes de Castilla y León ganan la primera batalla jurídica en favor de la unidad del Archivo de la Guerra Civil, ubicado en Salamanca. Y es que el Tribunal Constitucional (TC) ha decidido levantar la suspensión que pesaba sobre una de las dos leyes dictadas por el Parlamento autonómico con las que se intentaban que el centro cultural salmantino se incluyera en el Sistema de Archivos de nuestra Comunidad con el fin de blindarlo ante la pretensión del Gobierno socialista de trasladar a Cataluña documentos del centro de la Guerra Civil.

El TC considera que la vigencia de esta Ley no produce perjuicios y estima que los argumentos que el Abogado del Estado empleaba para solicitar la suspensión de la norma autonómica no son suficientes, ya que no demuestran que su aplicación puede producir perjuicios ciertos al interés general y sólo habla de otros de carácter «abstracto e hipotético».

Al conocer esta noticia, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, José Antonio de Santiago-Juárez, señaló que con esta decisión el TC «da la espalda a José Luis Rodríguez Zapatero» y afirmó que «los ciudadanos de la región no van a permitir que el presidente del Gobierno pague sus deudas políticas con los nacionalistas catalanes con el patrimonio de los españoles».

Magnífica noticia.
Por su parte, el también popular y presidente de la Cámara autonómica, José Manuel Fernández Santiago, mostró, en León, su «satisfacción» por la decisión del Tribunal Constitucional de levantar la suspensión cautelar sobre la Ley de Archivos y Patrimonio Documental de esta Comunidad. El máximo responsable del Parlamento autonómico destacó que se trata de una «magnífica noticia» porque desde las Cortes regionales «no se ha hecho otra cosa que respetar las leyes». Asimismo, quiso felicitar a los letrados que defendieron este asunto ante el TC, aunque recordó que «todavía no se ha ganado» la guerra porque sólo se ha levantado «una de las dos leyes que propusimos» con el objetivo de blindar el Archivo de la Guerra Civil ubicado en Salamanca. José Manuel Fernández Santiago confió en que este auto sirva como jurisprudencia para la otra ley, que continúa aplazada, y añadió que a partir de este momento la de Patrimonio Documental de Castilla y León entrará en vigor para «defender el interés del centro cultural salmantino, que es lo que siempre hemos buscado».

Todo este proceso comenzaba cuando las Cortes regionales aprobaron en diciembre de 2004 dos normas propuestas por el Grupo Parlamentario Popular, apoyadas por la UPL y rechazadas por los socialistas, en defensa de la unidad del Archivo de Salamanca. Una de ellas modificaba el apartado 1 del artículo 47 de la Ley de Archivos y Patrimonio Documental de Castilla y León de 1991 para incluir dentro del Sistema de Archivos de Castilla y León el Archivo General de la Guerra Civil Española en Salamanca y los demás de titularidad estatal y de interés para esta Comunidad existentes en su territorio.
Ante esta situación el pasado mes de marzo, el Gobierno central presentó recurso de inconstitucionalidad contra esa norma autonómica por entender que la región vulneraba competencias estatales.

Tanto la Junta como las Cortes de Castilla y León habían pedido al TC que levantara la suspensión por entender que la aplicación de la norma en cuestión no produciría perjuicio alguno a la protección de los documentos.

Por el contrario, el Abogado del Estado argumentaba que las dos leyes castellano y leonesas sólo pretenden bloquear un proyecto del Ejecutivo central, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, para devolver parte de los documentos de ese Archivo a Cataluña.

Considera que si se permite aplicar la norma autonómica se obstaculizará la ejecución de la ley estatal y además se perturbará la gestión estatal de esos archivos porque habrá dos administraciones con potestades de gestión sobre los mismos.

Tras varios meses, el Pleno del TC cree que la supuesta obstaculización de la ley estatal de restitución de documentos es «un perjuicio hipotético y de futuro», porque hasta que esa norma no acabe su tramitación no podrá apreciarse si efectivamente colisiona con la autonómica.

Tampoco admite el segundo argumento pues señala que, aunque coincidieran la potestades de dos administraciones sobre un mismo archivo, no se puede asegurar que eso vaya a ser perjudicial.

Por último, el PSOE por medio del procurador socialista por Salamanca en las Cortes regionales, Emilio Melero, advirtió que el auto del Tribunal Constitucional «no es una sentencia final, ya que no determina ninguna posición».

La Comunidad rechaza que Cataluña tenga «más derechos» sobre el Ebro que el resto
«La decisión sobre el caudal tienen que tomarla todas las Comunidades autónomas por las que pasa el Ebro», sostiene la consejera de Medio Ambiente
SONIA BARRADO ABC 16 Julio 2005

LOGROÑO. La consejera de Turismo y Medio Ambiente, Aránzazu Vallejo, confirmó ayer que La Rioja, junto con la Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra y Castilla y León, recurrirá la modificación del Plan Hidrológico Nacional ante el Tribunal Constitucional por entender que posibilita que el Estado y Cataluña determinen de forma bilateral los caudales mínimos en el Delta del Ebro, lo que a su juicio «invade» las competencias de las Comunidades de la cuenca. «El recurso servirá para plantear una defensa clara de las competencias de las regiones implicadas; la decisión sobre el caudal tienen que tomarla todas las Comunidades autónomas por las que pasa el Ebro», dijo.

La consejera indicó que los caudales mínimos «siempre se han decidido entre todas las Comunidades en el organismo de cuenca encargado, pero ahora se plantea el tramo del delta para una decisión a dos».

«Importante influencia»
Así, afirmó que si las Administraciones central y catalana decidieran que el caudal mínimo fuera muy alto «supondría una importante influencia negativa para el resto de la cuenca en temas como el regadío y la pesca». «Deseamos el Delta del Ebro en el mejor estado, pero a la vez debemos velar por los derechos de las Comunidades. No podemos permitir que, en lo legislativo, Cataluña tenga más derecho que el resto», defendió.

Para Vallejo, esta modificación del PHN es «incomprensible», por lo que piensa que se trata de «una cuestión forzada por un acuerdo político, que nada tiene que ver con la política hidráulica y con el interés general». La consejera criticó la «política de involucionismo» del Ejecutivo de Zapatero en la invasión de competencias de las regiones y porque está creando «Comunidades de primera y de segunda. Y más en un caso tan importante como éste, en el que es necesaria una gestión unitaria de la cuenca del Ebro».

Añadió que es «una costumbre en todo el Gobierno central invadir las competencias autonómicas, pero es una actitud que se da de manera bastante más acusada en el Ministerio de Medio Ambiente», lo que ejemplificó con la Ley de Montes, «cuando no son tiempos de reducir competencias, sino al contrario». Vallejo recordó que La Rioja «fue la primera región en plantear un documento con caudales mínimos, pero fue desoído».
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