AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 17 Julio 2005
España,_esa_pedanía
ANTONIO BURGOS ABC  17 Julio 2005

Prisionero_voluntario
EDITORIAL Libertad Digital 17 Julio 2005

La_paz_falsa_
Ignacio Cosidó Libertad Digital 17 Julio 2005

Los_presos_de_Castellón_
M. MARTÍN FERRAND ABC  17 Julio 2005

El_Estado_anoréxico
CARTA DEL DIRECTOR IGNACIO CAMACHO ABC 17 Julio 2005

Calvinismos
JON JUARISTI ABC 17 Julio 2005

Asimetría_perfecta
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 17 Julio 2005

Como_en_Cataluña
Editorial ABC  17 Julio 2005

Guerra_de_civilizaciones
Editorial ABC  17 Julio 2005

MAR_DE_INJUSTICIA
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 17 Julio 2005

Al dictado de ETA-Batasuna
LEOPOLDO BARREDA  El Correo 17 Julio 2005

La CMT en Barcelona: menuda bicoca
JORGE DEL CORRAL La Voz 17 Julio 2005

Blair: «Nos enfrentamos a una ideología del mal, no a un choque de civilizaciones»
Gonzalo Suárez La Razón 17 Julio 2005

Mayor Oreja denuncia el "error histórico" de "la inacción y la incapacidad" de Zapatero
Libertad Digital 17 Julio 2005

Las autonomías no son nación para los españoles
R. N. La Razón 17 Julio 2005

Vocales del CGPJ denuncian que la reforma judicial responde a intereses nacionalistas
Europa Press Libertad Digital 17 Julio 2005

PSdeG y BNG se pelean por el control de la TVG y de la política lingüística
Agencias Periodista Digital 17 Julio 2005

Doce millones de estudiantes brasileños podrán elegir español como lengua extranjera
FERNANDO R. LAFUENTE ABC 17 Julio 2005

Para ellos Brasil no fue descubierto por el portugués Pedro Álvarez de Cabral, el 22 de abril de 1500, sino por el español Vicente Pinzón, meses antes, el 26 de enero.
T. DEMICHELI, V. GOYZUETA Y M. M. CASCANTE ABC 17 Julio 2005

 

España, esa pedanía
ANTONIO BURGOS ABC  17 Julio 2005

MARCAN el 93 no se cuántos:

-¿Es San Sadurní de Noya? Que nos manden todos los excedentes de cava que dejaron de vender por las Pascuas cuando aquello del Madrid Olímpico, que nos lo vamos a beber de golpe.

Y llaman a las pirotecnias de Valencia, y piden que manden por Seur todos los cohetes que les han sobrado, los que iban a tirar para celebrar la puesta en marcha del Plan Hidrológico Nacional.

¿Que por qué este derroche del descorche de cava, como las tanguistas de Pasapoga en las pelis de Garci, venga taponazos? ¿Qué por qué tiran cohetes y sueltan palomas? ¡Porque Carod ha anunciado que no nos toreará con el Estatuto catalán fuera de la raya de picadores de la Constitución, sino por los adentros! Gracias, señor Carod, muchas gracias. ¿Dónde le man-damos el pavo por Navidad? ¿Cómo podemos expresarle nuestro profundo agradecimiento por ese detallazo que ha tenido usted de aceptar la Constitución? Con razón decía Cervantes que Barcelona es archivo de cortesías. ¡Qué delicadeza, hacernos el inmenso favor de aceptar la Constitución! Porque lo católico no está de moda que, si no, hasta un tal Blázquez organizaba un Te Deum de acción de gracias. Un té moruno de acción de gracias sí estaría bien visto y vamos a hacerlo: gracias, gracias, señor Carod.

Esto está cogiendo un punto que ya es una gran noticia que, en la general ceremonia del perjurio nacional, alguien cumpla o haga cumplir la Constitución. Y si viene un juez y la hace cumplir al que se la salta a la torera, ni te cuento:

-¡Que paren las máquinas, que por fin van a ver si el partido de las Tías Vascas tiene algo que ver con la ETA!

En el centenario de Miguel Mihura, España es el teatro del absurdo. La tomamos con Alberto de Mónaco porque se mete con España. Rajoy dice: «Hasta una pedanía como Mónaco nos toma a broma». ¡Qué torpe este Alberto de Mónaco! De Mónaco... en vez de presentarse como republicano catalán, radical vasco o nacionalista gallego! Si fuera Alberto de Euskadi, Alberto de ERC o Alberto Anxo, diciendo un trillón de veces de cosas más de las que ha dicho, hasta ZP lo recibiría en la Moncloa, ¡guardia a formar! Y no como los tres millones de firmantes del Foro de la Familia, que no los recibe porque están en actitud vociferante y son unos fachas, heterosexuales además, y encima católicos, peligrosísimos para el buen rollito.

No hay que meterse en carretera para encontrar en Mónaco las pedanías que toman a broma a España. Marruecos está más cerca. La Edad Media juega con nosotros al abejorro: ¿dónde quiere usted que el ayuntamiento le haga la mezquita gratis total, Mohamed? Nos gastamos una millonada para que los moritos emigrantes en Europa no pasen calor en el Paso del Estrecho, cuando traen en la baca del coche la bicicleta que han comprado en Bruselas, a fin de darle envidia con ella a su primo de Xauen. Mientras, Marruecos nos sigue mandando pateras. Menos aire acondicionado y moqueta, ya les hemos puesto de todo en Algeciras. Falta una mezquita en el muelle, pero está al caer. Y de las pedanías interiores, ni te cuento: la pedanía de Carod, la pedanía de Ibarreche, la pedanía de Anxo, gallitos ante el gallinero socialista. En esas pedanías sí que se toman a broma a España, y ZP encima les ríe las gracias. Llegado al poder por lo que pone El Chino en su ordenata, estas pedanías lo mantienen en la Moncloa como alcalde pedáneo de la alianza de civilizaciones y del talante.

A España, a España es a lo que están dejando en los huesos de una pedanía, y ni te cuento del déficit por cuenta corriente: cornada de caballo. Todo está tan sacado de quicio que, por ejemplo, en materia del juicio de Farruquito, como minoría étnica gitana que es, yo ya me conformo con que la sentencia no le conceda la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort.

Prisionero voluntario
EDITORIAL Libertad Digital 17 Julio 2005

Nuestro sistema electoral se diseñó hace veinticinco años para dar cabida a las minorías con objeto de que éstas no se sintiesen excluidas del panorama político. Una intención tan loable se ha transmutado un cuarto de siglo después en una doliente realidad en la que una de esas minorías beneficiadas por la ley electoral mantiene secuestrado al Gobierno de la Nación. Esquerra Republicana de Cataluña, un partido que obtuvo 650.000 sufragios en los últimos comicios, es algo más que la llave de la gobernabilidad. La formación presidida por Carod Rovira es el auténtico factotum de la política nacional desde hace más de un año y está sacando un proverbial lustre a su poco más de medio millón de votos. Anteriormente se habían vivido situaciones semejantes, especialmente en la última y agonizante legislatura del felipismo, en la que el Gobierno de González hubo de rendirse continuamente ante CiU para mantenerse a flote.

Los convergentes crearon entonces un modelo que los hombres de Carod en Madrid están reproduciendo con diligencia, eso sí, incorporándole un radicalismo nunca visto hasta ahora e imprimiendo una urgencia a las demandas que podría eventualmente llegar a romper la baraja. Porque el principal problema del principal socio de Zapatero en las cámaras no es que sea minoritario sino que es desleal al sistema que tanto le favorece. Sus dirigentes no dejan lugar a dudas cada vez que tienen la oportunidad de abrir la boca. El objetivo declarado de ERC es separar a Cataluña del resto de España a través de una generosa reforma en el Estatuto que, a su vez, provoque una traumática metamorfosis en la Constitución. De este modo, mientras el Gobierno simplemente pretende llegar a acuerdos puntuales para ir sorteando los momentos difíciles que tiene gobernar en mayoría relativa, los republicanos aspiran a una ruptura consensuada del modelo de Estado, es decir, proponen abiertamente la apertura de un nuevo proceso constituyente utilizando como palanca su parvo patrimonio de votos.

Zapatero, sin embargo, no está tan necesitado de apoyos como pudiera parecer. Si es preso de la minoría republicana lo es por decisión propia. Los 164 escaños con los que cuenta en el Congreso de los Diputados deberían ser suficientes para gobernar adoptando acuerdos de coyuntura con diferentes formaciones políticas entre las que, por supuesto, habría de estar incluido el PP. Pero no, la meta del Gobierno no parece ser gobernar para todos en función de los intereses de la Nación sino marginar al Partido Popular a cualquier precio, conseguir una mayoría que contrarreste la minoría del PP. Semejante equilibrio puede cobrarse un coste político inmenso. Si se aborda la reforma de los Estatutos y de la Constitución desde la insensatez y el ánimo de revancha la democracia que hoy conocemos puede resentirse gravemente. Por otro lado, abrir irresponsablemente la caja de Pandora del modelo territorial puede llevar a la desmembración de una Nación que se cuenta entre las más antiguas del Europa, y, lo que es más importante, entre las más libres del mundo.

Ante tal estado de cosas es perfectamente natural que dentro de las filas del PSOE haya cundido el desconcierto. Un partido que se dice español hasta en las siglas y que pretende mantener un perfil moderado no puede emprender un viaje así sin que sus propios cimientos se tambaleen. Lo hemos visto en el País Vasco, donde buena parte de las bases socialistas están enfrentadas con la cúpula que dirige la federación, y no hay mes en que barones del peso de Ibarra o Guerra clamen al cielo por la deriva nacionalista del partido fundado por Pablo Iglesias. Zapatero, en su línea de solucionar todo con la mejor de las sonrisas y con una buena ración de talante, cree que puede contentar a todos y controlar una situación extrema que él mismo ha creado por simple oportunismo. Mientras la farsa dure el presidente no tiene nada que temer, el problema es que los de Carod van en serio y tienen claro que pasará mucho tiempo hasta que se les vuelva a presentar una ocasión como esta. Entonces quizá sea demasiado tarde, entonces, cuando lo inevitable suceda, Zapatero tendrá que rendir cuentas, y no ante un partido minoritario y radicalizado sino ante la totalidad de la Nación, la misma a la que, desde hace 14 meses, ningunea sin el menor miramiento.

Negociación con ETA
La paz falsa
Ignacio Cosidó Libertad Digital 17 Julio 2005

La estrategia de apaciguamiento diseñada por Zapatero está generando justo el efecto contrario al esperado por el presidente. El sector más duro de ETA, aquel partidario de seguir a toda costa con la actividad terrorista, ha sido fortalecido por la política de debilidad del Gobierno español, hasta el punto de permitirse expulsar a aquellos miembros de la organización que expresaron sus dudas sobre la viabilidad y la oportunidad de continuar con la actividad terrorista.

Por su parte, las voces que dentro de Batasuna reclamaban de forma discreta la necesidad de debilitar el frente terrorista para poder mantener el frente político, ante los devastadores efectos de la Ley de Partidos y del difunto Pacto por las Libertades, han sido también silenciadas y sometidas. Zapatero les ha venido a decir que es posible retornar a la vida política, a través del PCTV, sin necesidad de renunciar previamente a la violencia, como pedían algunos.

La firmeza del Estado democrático había conducido a muchos dentro de ETA a la desesperanza. Podían seguir matando inocentes, pero era seguro que no obtendrían la más mínima concesión de la democracia española. La eficacia del Estado de Derecho había conducido a su vez a muchos dentro de ETA a la desesperación. El terrorismo sólo servía para condenar a un grupo cada vez más numeroso de jóvenes vascos a consumir la mayor parte de su existencia entre rejas.

No es extraño que en esas circunstancias se elevaran autorizadas voces dentro del colectivo pidiendo el fin de la violencia terrorista y apostando por la vía política. Tampoco fue casualidad que dentro de Batasuna se escindieran aquellos que, compartiendo su ideario político, renegaran de la violencia como un instrumento legítimo para alcanzar sus objetivos.

La decisión de Zapatero de iniciar el dialogo con los terroristas ha venido a quitar la razón a quienes defendían dentro de ETA el abandono de la lucha armada. Si ETA hubiera renunciado de forma previa y gratuita a la violencia terrorista hubiera perdido una baza fundamental con la que acudir ahora a la mesa de negociación a la que ha sido invitada por Zapatero. Algunos dentro de ETA podrían haberse creído abocados a la rendición incondicional, pero ahora la mayoría cree que se dan las condiciones para exigir determinadas contraprestaciones para cesar en su acción criminal.

La cuestión es saber si este recrudecimiento de la actividad terrorista de ETA responde a una estrategia de elevar el precio ante la perspectiva de un futuro acuerdo con el Gobierno o si por el contrario estamos ante un triunfo más a largo plazo de las tesis de los pistoleros dentro de la organización. Mi impresión es que cuanto mayor sea la debilidad mostrada por el Estado más se prolongará la opción terrorista.

Una segunda cuestión es cuál sería el coste para Zapatero de un fracaso en este proceso de negociación. Frente a los que creen que el presidente ha dado este salto amparado por una tupida red de complicidad con la sociedad, creo que ZP pagaría un alto coste por este fracaso. Primero, porque en política no hay nada más peligroso que crear expectativas y luego frustrarlas. Segundo, porque en política los errores se pagan. Tercero, porque lo que ha movido a Zapatero a esta negociación no es tanto su ansia infinita de paz sino su ansia infinita de poder.

Existe también un escenario, quizá el más probable, de éxito parcial de la iniciativa. Así, Zapatero podría en última instancia lograr un acuerdo con aquella parte de ETA más partidaria del abandono de la violencia a cambio de generosas contraprestaciones. Quizá este sea el escenario más negativo para la sociedad española. Estaríamos pagando un elevado precio por una paz falsa. Sin embargo, este acuerdo parcial podría salvar la cara políticamente a Zapatero y podría suponer incluso un impulso político para al PSE en el País Vasco.

La democracia española debería aprender de su propia experiencia en la lucha contra el terror. Pudo haber gente que en la década de los 80 creyese que con la disolución de "ETA-militar" estábamos a un paso de la paz definitiva en el País Vasco. Dos décadas y muchos muertos después deberíamos aprender de nuestros errores.

Ignacio Cosidó es senador del Partido Popular

Los presos de Castellón
M. MARTÍN FERRAND ABC  17 Julio 2005

NO se equivoca José Luis Rodríguez Zapatero cuando -¡en inglés!, en el Financial Times- propugna, como gran receta contra el terrorismo, la «unidad democrática». Es, como corresponde al autor, una hermosa formulación platónica de difícil consecución práctica. ¿Quiénes son los demócratas con los que debemos unirnos? Es como hablar de esa «Alianza de Civilizaciones» con la que el propio Zapatero comenzó su carrera literaria internacional. De Alianza de Civilizaciones se puede hablar con los teóricos de la buena voluntad y, todo lo más, con gentes como Kofi Annan, que se han montado una industria de la prédica continuada de valores mostrencos de imposible aplicación en un mundo complejo, pero más coherente en la conducta de los ciudadanos que en el ejemplo, o la doctrina, de sus líderes.

Cuando, en una de las torpezas propias de nuestro sistema penitenciario, Imad Eddin Barakat Yarkas, más conocido como Abu Dahdah, es trasladado desde su célula de aislamiento en el centro de Madrid II a la cárcel de Castellón, los penados allí residentes le propinan una paliza de tomo y lomo. Ni los delincuentes comunes admiten la convivencia con quien, según parece, es uno de los actores del drama organizado por Al Qaida en Nueva York. Hay una ética específica del delincuente habitual que rechaza, por repugnantes, cierto tipo de delitos y, muy especialmente, el asesinato indiscriminado que practica el terrorismo. ¿Cómo les explicamos a los reclusos de Castellón lo de la Alianza de Civilizaciones y las bondades del entendimiento intercultural y plurireligioso?

Darle al delito, al que fuere, dimensión política y comprensión cultural, como pretende el talante de Zapatero frente a muchos de los problemas que se amontonan en su mesa, es una forma previa de la derrota. El instinto de los presos de Castellón, cuya conducta es claramente reprobable, coincide mucho más con el sentir de los ciudadanos europeos que ven allanados sus derechos por un tropel de energúmenos fanáticos que con los sermones que propugnan una convivencia que tiene probada su imposibilidad a lo largo de los siglos.

La lucha contra el terrorismo islamista, asunto prioritario para lo que antes conocíamos como mundo occidental, exige firmeza y hasta es posible que una renuncia temporal a muchas de las libertades, como la de fronteras, con las que hoy nos sentimos satisfechos y orgullosos. A tipos como Abu Dahdah no hay que mandarles a prisiones sin áreas de aislamiento y seguridad porque el Estado tiene el deber y la responsabilidad de proteger su integridad; pero los presos de Castellón, al romperle la mandíbula, además de reincidir en el delito que les tiene enclaustrados, han escenificado un sentimiento colectivo que habla de distancias, no de acercamientos.

El Estado anoréxico
CARTA DEL DIRECTOR IGNACIO CAMACHO ABC 17 Julio 2005

EL verdadero factor de ruptura que el Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero ha introducido en el «statu quo» político español, vigente desde el pacto constitucional del 78, no es tanto su provocadora capacidad de articular políticas sociales minoritarias, que exasperan a una parte significativa de la sociedad española, como la peligrosa revisión del modelo territorial que está en un brete de alcanzar, en el Estatuto de Cataluña, su punto de no retorno.

Encaje o no en el marco actual de la Constitución -los juristas pueden acabar encontrando el modo de permeabilizar la Carta Magna a la medida de las necesidades del tripartito y de CiU, bien a través del artículo 150.2 o bien mediante la redacción técnicamente ambigua de algunas premisas estatutarias-, lo que contiene el texto que se debate en la Cámara catalana no es la reforma de un estatuto de autonomía que aún no había alcanzado su techo de desarrollo, sino una ley de nueva planta que tiene, de hecho, carácter neoconstituyente y que, como ha señalado Alfonso Guerra, puede encubrir una reforma de facto de la propia Constitución Española. Y, más al fondo, lo que parece latir en la cuestión que va a empezar a ventilarse en el próximo curso es la configuración de un Estado de dos velocidades que rompa el equilibrio consagrado en el consenso de finales de los años setenta.

Parapetado de forma inquietante en un silencio que disfraza de arbitral, el presidente Rodríguez Zapatero ha entregado de hecho a Pasqual Maragall el timón de la reforma del modelo autonómico. Hasta tal punto es así que entre muchos socialistas fieles a la tradición nacional del partido de Pablo Iglesias cunde el miedo a que el proyecto de solidaridad fraguado en la Constitución salte en pedazos bajo un impulso centrífugo que, pilotado desde Cataluña, se extiende por el País Vasco y Galicia. Y que parece nuclear la estrategia política de un Zapatero decidido a construir una mayoría entre socialistas y nacionalistas que desplace del centro el tradicional eje sobre el que pivotaba, en forma de alternancia bipolar, la política española.

Es sabido que el proyecto de Maragall parte de una concepción confederal del Estado. El énfasis en el término de «nación» vendría a presuponer la existencia de un Estado confederado de hecho en torno a cuatro naciones: Cataluña, País Vasco, Galicia...y España, entre cuyas catorce autonomías recaería la posibilidad de construir mecanismos de solidaridad interna que impidiesen la fractura entre las más pobres y las más desarrolladas. Este Estado de dos velocidades causa pánico en numerosos socialistas que asisten con estupor a la determinación con que el presidente ha confiado en el debate catalán la clave del futuro de lo que hasta ahora conocemos como nación española.

El problema esencial consiste en la artificialidad de esta demanda reformista. En la actualidad, y descontando la Seguridad Social, el Estado administra tan sólo un 19 por 100 de los recursos nacionales, siendo para las autonomías la parte del león de este reparto, en el que también los ayuntamientos languidecen de manera notable. El demarraje pretendido por los nacionalistas adelgazaría aún más a ese ya flaco Estado, cuyos ministros apenas si dirigen poco más que gabinetes de estudios con capacidad de iniciativa legislativa y que camina hacia la anorexia absoluta bajo el impulso de una nueva vuelta de tuerca que, en el mejor de los casos, parece ya inevitable.

Nadie, ni siquiera la mayoría de los catalanes y vascos, demandaba esta nueva deriva. Y, sin embargo, nadie va a estar dispuesto a quedarse atrás, como sucedió ya en el 79, en la rebatiña de competencias que se avecina tras la oleada de reformas estatutarias. La ya célebre «cláusula de mínimos» consensuada por PP y PSOE en el estatuto valenciano -y que viene a decir: nos conformamos con esto, pero si alguien obtiene algo más, el nuevo logro queda incorporado automáticamente a nuestro techo competencial- anuncia una escalada en la que puede darse el caso de que asistamos a la estupefaciente reclamación de la nación murciana, cántabra o riojana.

En circunstancias como las actuales, el país reclama de su presidente la definición de un modelo. Pero Zapatero deja hacer y se remite a vagos acuerdos interautonómicos de las comunidades, que son sencillamente imposibles porque todos saben que los recursos son limitados y que lo que unos se lleven dejarán de recibirlo los demás. Al presidente parece importarle más la consecución de una mayoría cohesionada con los nacionalistas, que arrincone políticamente al PP, que la construcción de un Estado previamente planificado en un proyecto colectivo como el que hasta ahora ha venido sosteniendo, bien que mal, el Partido Socialista.

Por eso, ésta debería ser la hora de los jacobinos que, como Alfonso Guerra, aún sostienen un concepto teórico y práctico de la solidaridad, o de los autonomistas como Bono, Ibarra o Chaves, que saben que el desarrollo de las zonas más pobres de España ha sido posible gracias a un mecanismo de justicia solidaria ahora cuestionado por los Carods, los Ibarretxes y hasta los Maragalles. De ellos depende, en buena medida, que el escenario político español siga pivotando entre una mayoría de centro izquierda y una de centro derecha, capaces de gestionar los recursos de un Estado fuerte de forma homogénea entre todos los ciudadanos, o se escore definitivamente hacia una absurda coalición entre un partido nacional y un grupo de formaciones dispuestas a engordar a base de hacer trizas la concepción básica del Estado de iguales.

Todo parece indicar, no obstante, que los críticos no sólo están en minoría dentro del PSOE, sino que la iniciativa parte del poder que controla Rodríguez Zapatero, cuyos colaboradores se han permitido incluso el lujo de mandar callar a quienes, como Guerra, se limitan a usar su derecho a la libertad de expresión. Llegada la hora de votar, en el Gobierno y en el Congreso, la barrera de corte que puede suponer el Estatuto de Cataluña, estos espíritus hasta ahora libres se pueden verse en la tesitura de elegir entre la necesidad de obedecer a su conciencia o a su partido.

Queda, aún, un leve horizonte de esperanza que pasa por la posibilidad de descarrilar el Estatuto en origen, es decir, de hacer inviable un consenso mayoritario en el Parlamento de Cataluña. Esta compleja tarea recae casi por completo en los hombros del ministro José Montilla, responsable del PS catalán, que ha llegado incluso a sondear a Piqué para obtener del PP la anuencia necesaria. Pero el encaje de bolillos necesario para abortar la escalada catalana puede dar al traste con el Gobierno tripartito, tumbando a un Maragall decidido a pasar la última frontera de su vida política y situando a Esquerra Republicana ante un desafío de ruptura al que Zapatero parece temer tanto como se desprende del relieve y deferencia que otorga a un personaje como Carod Rovira, auténtico esperpento político del que Felipe González llegó a decir, literalmente, que no es más tonto porque no se entrena.

Acaso sólo el presidente del Gobierno, Maragall y tal vez el propio Carod continúen creyendo que la «vía catalana» puede ser un modelo sobre el que descansar el horizonte de paz en el País Vasco. Esa fantasiosa perspectiva -que en el mejor de los supuestos destrozaría el Estado igualitario que hoy conocemos y disfrutamos- ha quedado arrumbada para cualquier entendimiento serio de la cuestión nacional, pero sigue sostenida como un clavo de fe por esta tríada sorprendente en la que no se sabe si está triunfando la ingenuidad, el oportunismo, la táctica o una maldad en la que más vale no creer para seguir sosteniendo la esperanza.

director@abc.es

Calvinismos
JON JUARISTI ABC 17 Julio 2005

LA ministra de Artes Escénicas y Hip-hop ha vuelto a exhibir en público sus conocimientos de lingüística, algo que nos cicateaba cruelmente desde aquella devastadora censura de los anglicanismos del español. El miércoles, en la Biblioteca Nacional, elevó un gañido egabrense en elogio y defensa del eusquera, «la lengua viva más antigua de Europa», de la que deberíamos cuidar, dijo, todos los españoles. Pues nada, ya nos dirá cómo, si pagando una traducción de La Lozana Andaluza al vascuence eibarrés o apadrinando un vasquito/vasquita a través del IRPF o de la ONG correspondiente. Debemos tocar a veinte españoles por vasco/vasca, y eso descontándolos a ellos. Sobre una hipotética capitación nacional de diez euros mensuales, cada uno de los vascohablantes en peligro de extinción dispondría de la bonita suma de dos mil cuatrocientos euros anuales para invertir en conservación y refinado del idioma y hasta le sobraría para pagar los pufos a la Hacienda foral. La única contrapartida -enviar carta y foto a los padrinos el día de Aberri Eguna- no sería gravosa (haciéndolo por internet, sale una miseria). Si se pudiera elegir niño desde ahora, me pido la gorda de las Tierras Vascas.

Me asalta, con todo, una duda angustiosa. Recientes investigaciones de las que Cecé no parece tener noticia confirman que la lengua viva más antigua de Europa es el galaicoportugués, cuya matriz, según todos los indicios, se encuentra en el gallego peninsular. Aun admitiendo que ninguna obligación moral tenemos con los portugueses, que tan mal se portaron con Felipe IV, ¿deberíamos contribuir al sostenimiento del galaicoportugués de Galicia en la misma medida que lo haríamos con el vasco si éste resultase ser (que no lo es) la lengua viva más antigua de Europa? ¿Soportaríamos los contribuyentes españoles, sin pauperizarnos, la presión fiscal necesaria para evitar la desaparición de los gallegófonos y gallegófonas, teniendo en cuenta que éstos y éstas suman muchos más que los y las hablantes del eusquera y, por si fuera poco, el BNG pretende pasarnos las facturas de la primera comunión de Anxo Quintana (y las del Gran Capitán)? / ¿Se conformarán los fillos / e fillas de Breogán / con una presentación, / a cargo del truchimán / César Antonio Molina, / no Paço de Marinhán, / de una traducción galaica / del famoso Peter Pan? / Y, ¿qué pasa si, un buen día, / el gobierno catalán / proclama su lengua propia / (la del Ampurdanestán) / la más antigua del mundo / (pues en su derecho están / de soltar los mismos globos / que los de San Sebastián)? / ¿Habrá también que cuidarla / con esmero y con afán?

Para empezar, eso de que el eusquera sea la lengua viva más antigua de Europa habría que demostrarlo y nunca se ha hecho. Todos los europeos decían lo mismo de sus respectivas lenguas bajo el Antiguo Régimen, cuando la antigüedad era un valor real o supuesto que implicaba privilegios. Qué curioso lo de estas damas de izquierda, tan juristas ellas, cómo les chiflan los privilegios, hasta el punto de inventárselos donde no los había, bajo el pretexto paradójico de universalizar los derechos. Tómese, por ejemplo, el argumento de la vicepresidenta en defensa del matrimonio entre homosexuales: no se trata de quitar derechos a nadie, sino de dárselos a quienes no los tienen. Mentira cochina. Nunca se ha negado el derecho de los individuos homosexuales al matrimonio, entendido éste como unión de hombre y mujer. Otra cosa es que muchos homosexuales no quisieran hacer uso de tal derecho, lo que es comprensible. La ley del matrimonio homosexual otorga a un grupo -no a los individuos que lo componen- el privilegio de redefinir la institución y sus fines, adaptándolo a sus intereses particulares. Carlos Rodríguez Braun se refería el viernes a la «dudosa equidad» de los procedimientos de asignación de las viviendas sociales promovidas desde el Ministerio de Vivienda. Y es que, en efecto, los socialistas gobiernan para corporaciones privilegiadas: los homosexuales, los jóvenes o, last but not least, los hablantes de la lengua viva más antigua de Europa, que todos debemos cuidar, sobre todo los que hablamos la lengua viva más moderna de España. Los calvinismos de Cecé, tan poco calvinistas, tienen la virtud de desvelar, por reducción al ridículo, el particularismo atávico y reaccionario de sus colegas.

Asimetría perfecta
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 17 Julio 2005

El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, ha terminado por exponer en detalle sus posiciones críticas hacia el proceso de reformas constitucionales y estatutarias que el Gobierno y el Partido Socialista han puesto en marcha dentro de la agenda política que comparten con los nacionalismos más radicales. Bienvenido al club.

Ninguno de los motivos de oposición que Alfonso Guerra ha expuesto son nuevos. En realidad, su análisis no añade ninguna aportación teórica al juicio ampliamente extendido sobre un proceso de reformas diseñado -es un decir- para moldear la estructura constitucional del Estado según las necesidades de una mayoría parlamentaria en torno al Partido Socialista que espera consolidarse como el nuevo paradigma de gobierno en nuestro país para el futuro. Este parece ser el sentido de la 'segunda transición' abierta tras las últimas elecciones y convertida en tiempo de cosecha de los nacionalistas que han conseguido colonizar el territorio de la izquierda y establecer con ésta una relación de simbiosis mucho más cómoda y llevadera de lo que se suele creer para el socialismo de Rodríguez Zapatero.

Lo que sí aporta Guerra con su intervención en el debate constitucional y estatutario es un significativo factor de corrección en una realidad desenfocada. Ni estas posiciones son un reducto aislado de los agoreros del PP, ni toda la izquierda se ha convertido a la devoción identitaria y a la banalización del sistema constitucional. Cuando corren tiempos de rupturas sucesivas y deliberadas, conviene no pasar por alto la constatación de que hay quienes nunca se encontrarán en un mismo proyecto político pero coinciden en el valor del respeto a las reglas del juego, la integridad de la Constitución y la viabilidad del Estado que se asumen como principios compartidos. No es aventurado afirmar que ahí está la corriente verdaderamente central de la sociedad española, por la simple deducción de que si esa centralidad no existiera, a estas alturas tendríamos, para desgracia nuestra, un país bien distinto.

Otra cosa es que tal centralidad quede neutralizada por una estrategia de poder condicionada por la minorías más radicales, que se ha convertido en el único estímulo al que el Gobierno responde. Y que frente a esa centralidad lo que prime sea la búsqueda de un consenso pasivo articulado con el 'por qué no' o el 'qué hay de malo en ello' como argumentos determinantes para justificar un proceso de revisión constitucional y estatutaria en el que los límites que aparentemente se imponen quedan desvirtuados por esa suerte de acracia semántica que domina en el debate político.

Ese llamado consenso pasivo no busca la implicación de los ciudadanos, sino simplemente que dejen hacer. Más que consenso es inhibición y alejamiento. Y esto suele pasar factura si se interpreta por los responsables políticos como un cheque en blanco para seguir dando vueltas a una agenda que tiende a apartarse de los problemas reales, que ignora las preocupaciones más próximas y que confunde las prioridades.

Sin ir más lejos, parece bastante claro que la quiebra del Tratado constitucional de la Unión es sobre todo la quiebra del consenso pasivo que parecía garantizar la aceptación acrítica de lo que sus dirigentes propusieran. Los lamentos han venido después, cuando sólo el fracaso ha hecho que se leyeran con claridad los signos que ya estaban ahí. Pero entonces ha sido demasiado tarde

Que las reformas de la Constitución y de los Estatutos no aparezcan ni remotamente entre las preocupaciones de los ciudadanos, según lo reiteran todas las encuestas, es un dato que merecería alguna reflexión no sólo por lo que tiene de desentendimiento popular sino porque, como también sabemos, indica una notable satisfacción de la gran mayoría de los españoles con un marco político de convivencia hoy radicalmente puesto en cuestión.

En la edición de su conferencia que ha aparecido en la prensa, Guerra inicia su exposición recordando el cuento del rey desnudo. Una medida obvia para evitar que el rey quede en evidencia es decretar el silencio. Y eso es lo que ha hecho el Partido Socialista, aunque eximiendo de esta obligación a sus socios, que sí pueden negar al Congreso su potestad legislativa exigiendo a éste un trámite de mera ratificación de lo que segregue el Parlamento de Cataluña, y pueden también recordar que el 'nuevo' Estatuto es un arreglo provisional, más importante por lo que anticipa que por lo que prescribe.

Al parecer, se necesita silencio para que surjan los hallazgos ingeniosos de la «parla imprecisa del soberanismo», que diría Santiago González. Alguno de estos hallazgos son ya de antología, como el que define a Cataluña cono una nación que se constituye en comunidad autónoma, en una formulación que probablemente anticipa una futura ley orgánica de identidad de género territorial que intente resolver la agonía que sufre una nación encerrada en un cuerpo de autonomía. De ahí a que Esquerra Republicana pida la independencia al grito de '¿Catalanes, a operarse!' sólo dista algún esfuerzo suplementario para rematar el esperpento.

Tanto republicanismo ideológico, tanta ciudadanía, tanta igualdad en el discurso oficial del Gobierno están resultando ser una eficaz diversión, animada por grandes dosis de buenismo, para encubrir una realidad política mucho más descarnada en la que los territorios y no los ciudadanos se apropian del debate público, y en el que las identidades arbitrariamente construidas buscan imponerse como fuente de derechos frente a los demás, frente a la ley, la solidaridad y el Estado. Sospecho que para los nacionalistas catalanes del tripartito, PSC incluido, lo realmente importante de que Cataluña se defina como nación es que de esa manera se niega que España lo sea. Naciones sin Estado, Estado sin nación, la asimetría perfecta.

Con todo, es de agradecer que, aunque el rey vaya desnudo, al menos no se nos pidan exclamaciones de admiración y se nos ahorre la cantinela de que lo que se busca es el encaje definitivo de éste o aquél en España, resolver un problema histórico, o llegar hasta donde la Constitución no pudo para que todos nos sintamos cómodos. Posiblemente, el conocido repertorio se reserva para cuando se negocie otro 'nuevo' Estatuto, el de Gernika, ya que para entonces la oportunidad -no menos histórica, faltaría más- de conseguir el final del terrorismo será la coartada añadida con la que se justificarán originalidades aún mayores que las de Cataluña. Por eso, tal vez no sería mucho pedir que los protagonistas actuales de tan ilusionante proceso también nos ahorren dentro de unos años esos voluminosos tomos de memorias o esos sentidos artículos contándonos la sinceridad de sus intenciones y lo mucho que les engañaron esos nacionalistas tan desleales ellos. Sobre todo porque ya los hemos leído.

Como en Cataluña
Editorial ABC  17 Julio 2005

EMILIO Pérez Touriño y Anxo Quintana tienen prácticamente cerrada la composición del nuevo Ejecutivo gallego. Como era previsible, y tras los pertinentes amagues, el BNG saca una buena tajada y su 13 por ciento de los votos le vale un tercio de las consejerías de la Xunta (cuatro de doce), amén de quedarse con la única Vicepresidencia del Gobierno. Se repite, pues, la fórmula catalana, en virtud de la cual los socialistas acceden al poder autonómico a costa de que se extienda la influencia de los partidos nacionalistas. En el caso gallego, lo que aún no han aclarado ni unos ni otros es lo que ocurre con la reclamación de la «deuda histórica» hecha por el BNG. La opinión pública sigue esperando que se cuantifique claramente el precio de ese apoyo (Quintana dijo que «no iba a salir barato»). Lo más probable es que acabe teniendo razón.

Guerra de civilizaciones
Editorial ABC  17 Julio 2005

SEGÚN los cálculos más fiables, catorce millones de musulmanes viven en los países de la Unión Europea. La gran mayoría es gente pacífica, dispuesta a aprovechar las oportunidades sociales y económicas que ofrece la civilización occidental, a pesar de sus defectos e imperfecciones. Existe, sin embargo, un número no desdeñable de fanáticos y radicales que actúan inspirados por el odio y son alentados por líderes islamistas que predican la violencia y la destrucción. Como es notorio, todos ellos utilizan los medios que el mundo libre pone a su disposición, ya sean las libertades de expresión y de circulación o el acceso a la educación, incluso universitaria. El perfil sociológico de los responsables del 7-J (como también del 11-S o del 11-M) invita a una seria reflexión sobre el eterno dilema entre libertad y seguridad. Los terroristas viven entre nosotros, son gente normal en apariencia, muchos de ellos con un nivel de vida equiparable a las amplias clases medias que dotan de estabilidad a nuestro sistema. El enemigo está en casa y nadie sensato puede desconocer la evidencia. Esto no conduce, por supuesto, a la inaceptable criminalización de grupos enteros por razones raciales o religiosas, pero sí exige la adopción de las precauciones imprescindibles para hacer frente a esta especie de guerra por fragmentos que padecemos en el agitado comienzo del siglo XXI.

Carece de sentido abordar el problema con esa visión angelical que inspira la llamada «alianza de civilizaciones», un enfoque que recuerda en el inconsciente colectivo a la imagen que transmitía -hace ya muchos años- el grupo musical Viva la Gente. La teoría puesta en circulación por Rodríguez Zapatero carece de consistencia intelectual y refleja una notable falta de responsabilidad cuando la formula el presidente del Gobierno de un país de nivel medio-alto en la escena internacional. Todavía más sorprendente es que la idea sea bien recibida en Naciones Unidas, ahora que su secretario general, Kofi Annan, no vive su momento de mayor prestigio. El Consejo de Ministros aprobó el viernes destinar una cantidad no desdeñable de fondos a promover esta imaginaria «alianza». Pero muy probablemente, por este camino no se vaya a ningún sitio. La postura de los líderes europeos -con independencia de su ideología- ante el desafío totalitario e integrista discurre por cauces muy diferentes. En el Reino Unido, Blair impulsa el reforzamiento de la eficacia policial y se insiste en el control de los actos preparatorios (entrenamiento en el uso de sustancias peligrosas) y de esa forma de terrorismo verbal que practican los imanes. Francia, como ha dejado claro Sarkozy en su reciente visita, no duda en poner en practica medidas férreas y aplica ya la máxima restricción a la libre circulación por el espacio Schengen. También Berlusconi tiene en marcha una serie de planes al respecto. La libertad se gana cada día y la defensa de los valores que inspiran nuestra forma de vida exige sacrificio y responsabilidad. Deben, pues, adoptarse las medidas de seguridad necesarias, plenamente compatibles con los controles parlamentarios y judiciales sobre la acción del poder ejecutivo, según la mejor tradición del Estado constitucional y democrático.

Una política seria y rigurosa en relación con la inmigración es el instrumento más eficaz para prevenir las causas y no tener que lamentar después las consecuencias. La demagogia absurda implícita en la fórmula «papeles para todos» tiene un coste que ya no se sitúa sólo en el plano de la convivencia, sino también en el terreno policial, en la medida en que puede servir de caldo de cultivo a la violencia terrorista. Es lógico que la política de regularización emprendida por el Gobierno socialista haya desatado críticas muy fundadas por parte de nuestros socios europeos. Tal como funciona de hecho la Unión Europea, la debilidad de un Estado se convierte en fuente de conflictos y problemas para todos los demás. Estamos en presencia de un desafio en toda regla a una forma de vida que nos permite disfrutar de niveles muy razonables de libertad y prosperidad. El terrorismo no se combate desde la ingenuidad política, ni desde un discurso melifluo, plagado de guiños multiculturales y de supuestos «optimismos antropológicos». Si no se adoptan medidas de prevención, no servirá después rasgarse las vestiduras ante los hechos consumados.

MAR DE INJUSTICIA
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 17 Julio 2005

La afirmación de que no se podrá combatir eficazmente el terrorismo mientras sigamos nadando en un mar de injusticia, le ha valido a Zapatero muchas zumbas y cuchufletas. Conviene, no obstante, no exagerar. La frase constituye una solitaria salida de tono dentro de un discurso plano, pero inobjetable en su fondo. Hemos asistido a intervenciones mucho más bobas, intervenciones en las que se volvía a apretar la tecla de las razones que asisten a los terroristas para matar. Los que dicen esto pasean la mirada en derredor, como los toreros después de dar una chicuelina. Y se equivocan. No sólo en lo que mira a los terroristas, sino en lo que se refiere a la propia naturaleza de la democracia moderna.

Empecemos por el capítulo de los motivos. Todos los comportamientos están motivados, o lo que monta a lo mismo, todos los comportamientos se explican a partir de causas. Es más, conocer estas causas resulta imprescindible para explicarse lo que hace la gente. Pero las causas, incluidas las enteramente inteligibles, no sirven para disculpar al que roba, asesina, o se salta los semáforos en rojo. El extremo es muy importante, hasta el punto de que de él depende lo que hayamos de entender por ley.

Conforme a una opinión extendida, las leyes son instrumentos de que disponen los gobiernos para hacer justicia. La resulta, es que una ley injusta no es ley. Formulado alternativamente: no existen motivos subjetivos para cumplir la ley cuando ésta contraviene nuestro concepto de la justicia. En los tiempos en que se editaba a Marx en fascículos, y en que los códigos y el parlamento eran descalificados como imposturas de la clase dominante, la noción de que la ley debería ser un decreto orientado al bien, y sólo aceptable en la medida en que promueve el bien, se alió con una denuncia de la democracia burguesa. Transcurridos esos entusiasmos, la impugnación revolucionaria de la ley vigente fue reemplazada por la tendencia sentimental a considerar que se está exento de la ley cuando la vida nos ha maltratado o no nos ha concedido lo que merecíamos. Cierta izquierda indagó en grupos domésticos marginales o en culturas remotas y divergentes ocasiones para perseverar en su pugna antigua contra el sistema, injustificable ya en los términos clásicos de la lucha de clases. Y se ingresó en un estado de ánimo que recorre, transversalmente, todo el discurso progresista, con grados diversos de vehemencia. Se nos dice que tal o cual país no está obligado a saldar su deuda externa; o que el ejercicio del terror es, si no legítimo, sí excusable; o que la violación de los derechos individuales es menos censurable en unos sitios que en otros.

Por supuesto, existen leyes repugnantes. Y por supuesto, las leyes repugnantes no merecen ser obedecidas. El caso, sin embargo, es que el sentido de la ley, en Occidente, no puede reducirse en absoluto a un modo ejecutivo de hacer justicia. Las leyes, muy anteriores a la democracia, son auspiciables en tanto en cuanto fraguan contextos estables en cuyo interior resulta posible organizar la conducta individual o las relaciones entre los individuos y el soberano, ya sea éste un monarca o una asamblea democrática. Las leyes disfuncionales acaban yéndose al traste, y las que contribuyen al bien común perduran o se adaptan al curso de los tiempos. Pero es peligrosísimo confundir las leyes con proposiciones morales atendibles según el grado de consonancia que exista entre sus contenidos y las creencias privadas del ciudadano. Y todavía más peligroso sostener que un ciudadano agraviado o despechado tiene derecho a resarcirse de su agravio o su despecho aceptando las leyes a medias.

Tal es la razón de que resulte irritante la alusión zapateriana -un accidente dentro del artículo del «Financial Times»- al «mar de injusticia» en que se ha originado la pulsión terrorista islámica. Se trata, literalmente, de un atavismo. O sea, de un retorno a los hábitos morales que supeditaban el seguimiento de la ley a la resolución previa de todas las cosas que están mal hechas. Si toda acción es inútil u ociosa hasta que cada cosa esté en su sitio, lo mejor será no perder el tiempo y suspender la aplicación de la ley.

Un último recordatorio. El enemigo número uno de los terroristas islámicos no es el voto mayoritario, o la soberanía popular. Lo que odia el terrorista es un orden colectivo que no se inspira en fines avalados por un Libro sino en la convivencia a través de reglas sistemáticas, fruto de la acción humana. Este régimen raro, irresumible en fórmulas simples, rígido y a la vez abierto, es el de la democracia liberal. El adjetivo pesa tanto como el sustantivo.

Al dictado de ETA-Batasuna
LEOPOLDO BARREDA /PORTAVOZ DEL PP DEL PAÍS VASCO El Correo 17 Julio 2005

Tras su fracaso electoral, el lehendakari Ibarretxe trata de recuperar protagonismo; y así, apenas reelegido, prodiga supuestas iniciativas, en un permanente ejercicio de manipulación del lenguaje. La trayectoria del PNV se ha caracterizado, es verdad, por la capacidad de obtener réditos políticos de la ambigüedad y el doble lenguaje. Y no es menos cierta la incomodidad que les supone llamar a las cosas por su nombre. Necesitan mucha 'cocina', espesas 'salsas' que enmascaren las carencias de la materia prima; sucedáneos retóricos políticamente correctos para servir propuestas democráticamente indigeribles. Pues bien, parece que Ibarretxe se dispone a ofrecernos toda una antología en la materia, quizá como pago al apoyo de ETA-Batasuna-PCTV en su investidura. Aunque lo cierto es que el guión político de la legislatura ya estaba redactado en Anoeta.

Porque fue en noviembre, en el mitin de Anoeta, donde ETA-Batasuna, sin modificar un ápice su trayectoria criminal, recuperó la iniciativa frente a los demócratas. Y a partir de lecturas voluntaristas e interesadas -cuando no cómplices- de lo que allí se dijo ha logrado importantes frutos: La hibernación, que aplaudió expresamente, del Pacto por las Libertades; la relegitimación política, con la complacencia de nacionalistas y socialistas, a través de la 'marca' PCTV-EHAK; y las múltiples concesiones del discurso de investidura de Ibarretxe, que suponen la definitiva aceptación por el lehendakari del guión planteado por ETA-Batasuna en Anoeta.

Al servicio de ese guión, Ibarretxe defiende como propia la famosa propuesta de las mesas -una de partidos, incluida ETA-Batasuna; otra de ETA-Batasuna con el Gobierno de la Nación- planteada en Anoeta.

Viene insistiendo, en efecto, el lehendakari en la creación de una «mesa de partidos», gestada en condiciones «discretas», en la que el «diálogo y la negociación» se producirían «sin exclusiones y sin condiciones»; todo ello con la finalidad de «aprovechar la oportunidad» para lograr la «paz» y además «resolver el conflicto», dando respuesta a la «esperanza» de los vascos.

Difícilmente puede un discurso expresar nada más lejano al significado aparente de las palabras. La 'mesa de partidos' es, sin duda, la primera de las mesas de Anoeta; una mesa que sustituya la legitimidad de las instituciones vascas, gestada con el oscurantismo conveniente para permitir la cesión 'discreta' del protagonismo a ETA-Batasuna. Una mesa para el 'diálogo y la negociación' sobre un índice de cuestiones preestablecido por ETA-Batasuna, que estaba ya contenido en el preámbulo del plan de Ibarretxe y en su reciente discurso de investidura; entre otros temas, autodeterminación y territorialidad; léase, independencia y anexión de Navarra. Por entendernos todos: Una mesa para acordar la liquidación del Estatuto de Gernika y no para la disolución de ETA. Una mesa «sin exclusiones y sin condiciones». Es decir, una mesa con demócratas y terroristas en pie de igualdad, sin referencias democráticas o de legalidad, bajo la vigilancia de las armas y con las reglas que dicte la banda. Una mesa para dar la razón a ETA.

Por supuesto, los dirigentes nacionalistas han visto la ocasión de 'aprovechar la oportunidad'. Oportunidad para pactar la 'paz' con los terroristas, previo desistimiento de los demócratas, materializando los 'objetivos políticos' que ETA y el conjunto del nacionalismo vasco comparten. Como pretendiera el Pacto de Lizarra, sería la 'paz' al precio del silencio, de la autocensura, de la renuncia a derechos y libertades por quienes no somos nacionalistas. Y así se resolvería 'el conflicto', es decir, el intolerable problema que supone que la mitad de la sociedad vasca se oponga democrática y pacíficamente a los designios de ETA-Batasuna y a las ensoñaciones de un nacionalismo cada vez más radical y excluyente.

Por supuesto, logrados tales objetivos, poco importaría que nada tuvieran que ver con la 'esperanza' y las ambiciones de una sociedad democrática. El guión de Anoeta se habría cumplido; y quizá entonces, sólo una vez ganada la partida, podría ETA plantearse su disolución.

Es evidente que Ibarretxe va a poner todo su empeño en socializar el guión de Anoeta, columna vertebral de la nueva legislatura. Se vale de la manipulación del lenguaje para debilitar y relativizar las convicciones democráticas de la sociedad vasca. Por ello es un imperativo de libertad denunciar tanto doble lenguaje, que favorece un proyecto totalitario en detrimento de los derechos y libertades de la ciudadanía vasca.

La mayoría de los vascos no estamos dispuestos a seguir el guión de ETA-Batasuna. Por el contrario, defendemos el refuerzo y la legitimación cada día de las instituciones democráticas; deseamos que el Parlamento vasco sea el centro del debate político, con luz y taquígrafos, con transparencia y libertad de información. La mayoría de los vascos sabemos también que no hay modo de que los demócratas compartan mesa y mantel con un grupo terrorista sin que la democracia se resienta; y somos conscientes de que el diálogo y la negociación en democracia tienen normas, exigencias legales, condiciones; sólo son posibles entre demócratas, con reglas y objetivos democráticos. Quienes reclaman un diálogo 'sin condiciones' pretenden un diálogo sin garantías democráticas.

Hace tiempo que la mayoría de los vascos comprendimos que a los terroristas se les vence, no se les convence; y tomamos la determinación de derrotar a ETA-Batasuna. En los últimos años, además, hemos comprobado en efecto, como sociedad, que la imbatibilidad de ETA era un mito. Y hoy, en 2005, es ésa la oportunidad que queremos aprovechar; la mayor esperanza en muchos años para una mayoría de vascos: La posibilidad de ganar un futuro sin ETA, sin pagar un precio político, sin renunciar a los derechos y libertades de ningún ciudadano. Para la mayoría de nosotros, la paz es democracia en libertad; así la concebimos, así la defendemos. Por eso entendemos que sin ETA no hay ninguna clase de conflicto en Euskadi. Y con la misma naturalidad sostenemos, por más que al lehendakari y a un buen número de burukides nacionalistas les cueste comprenderlo, que el pluralismo -las diferentes opiniones, la diversidad de opciones- es inherente a la democracia. No un problema a combatir, sino una riqueza a preservar.

Nada de todo esto, que son principios y convicciones democráticas básicas, está en el guión de Anoeta. Puede el lehendakari seguir elaborando su agenda al dictado de ETA-Batasuna; seguirá, a la par, dando la espalda a la sociedad vasca y a sus problemas, el primero de los cuales sigue siendo la existencia de ETA. Pero que no pretenda el silencio o la complicidad de quienes trabajamos por un futuro en libertad sin la tutela de los terroristas. Y menos la indulgencia o la comprensión de la sociedad vasca, que ha padecido durante décadas el terrorismo de la misma ETA-Batasuna a la que él debe su investidura.

La CMT en Barcelona: menuda bicoca
JORGE DEL CORRAL La Voz 17 Julio 2005

HACIENDO válido el refrán de que «el que no llora no mama», los trabajadores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) han conseguido unas condiciones de traslado a Barcelona que para sí las quisieran los eurodiputados. Tan buenas son que los propios sindicatos las han calificado de «excelentes». Y no se quedan cortos en el adjetivo calificativo porque el compromiso firmado entre la CMT, el Ministerio de Industria y el Comité de Empresa ofrece a los empleados la posibilidad de decidir en el 2009 si continúan en la Ciudad Condal o regresan a Madrid, donde serán recolocados en otros puestos de la Administración General del Estado. Además, a varios empleados se les ofrece como incentivo vivienda gratis durante los próximos tres años, un incremento del sueldo del 30 por ciento, que consolida para toda la vida en su nómina, y matrícula gratis para sus hijos en el Instituto Británico, con el fin de evitar que tengan que estudiar en catalán (se supone que porque en esas tierras no se cumple el principio constitucional de que los españoles puedan estudiar en cualquier parte de España en castellano, que es el idioma común que todas las comunidades autónomas tienen que garantizar). Se remata el acuerdo con la creación de un Servicio de Acogida en Barcelona para buscar trabajo al cónyuge.

La petición de Pasqual Maragall a José Luis Rodríguez Zapatero para que el órgano supervisor de las telecomunicaciones deje Madrid y viaje a la capital catalana nos sale por un pico. El conflicto, que costó el puesto a su presidente, Carlos Bustelo, por calificar el traslado de «deportación» al no ver en él razones funcionales o administrativas, lo cierra su sucesor, Reinaldo Rodríguez, sentando un precedente para otros traslados forzosos que pueden dejar de serlo con estas bicocas.

Además de las condiciones llama la atención que un organismo público del Estado pague la matrícula escolar de los hijos de sus empleados en una institución extranjera de enseñanza, en este caso británica, cuando el destino está en una parte de España. Hasta ahora era usual para los desplazados al exterior, más a lo que se ve también es necesario para andar por casa. En algo más han avanzado los independentistas. Suma y sigue.

Blair: «Nos enfrentamos a una ideología del mal, no a un choque de civilizaciones»
El primer ministro británico rechaza que la matanza de Londres sean una venganza islamista por la guerra de Iraq
El terrorismo es una «ideología malvada» que sólo puede ser derrotada combatiendo «sus síntomas y sus causas», aseguró ayer Blair en un discurso en el que también rechazó que el 7-J sea una venganza islamista por Iraq.
Gonzalo Suárez La Razón 17 Julio 2005

Londres- El primer ministro, Tony Blair, aseguró que los atentados de Londres demuestran que el mundo se enfrenta a una «ideología del mal» que sólo podrá ser derrotada «si combatimos de frente sus síntomas y sus causas, sin concesiones ni fantasías». «Nos estamos enfrentando a una ideología malvada», recalcó. «No se trata de un choque de civilizaciones: a todas las personas civilizadas, musulmanas o no, les causa repulsión. Pero es una lucha global y es una batalla de ideas, tanto dentro como fuera del Islam».

Blair aprovechó un discurso ante miembros de su partido para sentar las bases filosóficas de su futura política antiterrorista. Según él, las medidas de seguridad son una condición necesaria, pero no suficiente, para derrotar por completo al islamismo radical. «Al final, sólo podemos acabar con esta amenaza mediante el poder de los argumentos, del debate, de la auténtica fe religiosa y de la política legítima», proclamó. Además, Blair negó repetidamente que el atentado fuera una venganza de los terroristas por la guerra de Iraq, quizás en el intento de atajar las voces críticas que comienzan a surgir dentro de su propio partido, que han vinculado en los últimos días la política exterior del Gobierno con la masacre. «Si es Iraq lo que les motiva, ¿por qué la misma ideología asesina a iraquíes en su desafío a un Gobierno democráticamente elegido?», se preguntó.

Para enfatizar este punto, Downing Street ha publicado en su página «web» una lista de atentados cometidos por Al Qaida o grupos asociados en 26 países desde 1993, fecha del primer atentado contra las Torres Gemelas. Así, Blair quiere demostrar que ninguna democracia occidental está a salvo de la amenaza terrorista, sin que importe su política exterior, y puso el caso español como claro ejemplo. «¿Por qué incluso después de los atentados de Madrid y de la elección de un nuevo Gobierno (los terroristas) estaban planeando una nueva atrocidad cuando les cogieron?», dijo.

Según el primer ministro, los fanáticos se aprovechan de la «tendencia del mundo desarrollado a atribuirse las culpas» de todos los males del planeta para convencernos de la necesidad de cambiar de conducta. Sin embargo, para él, ceder a las demandas terroristas en la esperanza de que ellos moderen sus posturas sería una «equivocación catastrófica». «Ellos no basan su causa en una injusticia», aseguró. «La fundan en una creencia de un fanatismo que no puede ser moderado. No podemos remediarlo, sólo podemos enfrentarnos a él». Así, recordó que Al Qaida pretende eliminar el Estado de Israel, expulsar a los «infieles» de los territorios musulmanes e instaurar en ellos la ley islámica o «sharia». «No es cierto que los terroristas no tengan demandas, lo que ocurre es que nadie en su sano juicio querría negociar con ellos», dijo.

Por su parte, la ex ministra británica Clare Short culpó a la guerra de Iraq de los atentados de Londres, una opinión compartida, según ella, por «la mitad de los diputados del partido laborista». En una entrevista televisiva, la antigua titular de Desarrollo Internacional, que dimitió por la guerra, aseguró que no tiene «ninguna duda» de que la política exterior fue un importante factor en los ataques, que provocaron la muerte de al menos 55 personas. «Por supuesto que el 11-S ocurrió antes de Iraq, está claro», explicó. «Pero luego vino Iraq y Estados Unidos dijo que Al Qaida estaba allí, algo que sabemos que era falso, igual que sabemos que nuestro propio primer ministro engañó al país terriblemente».

«No es sostenible».
Hasta la fecha, Short es la diputada laborista de más peso que ha culpado directamente a Iraq de la masacre. Pero, según ella, decenas de parlamentarios comparten su diagnóstico, aunque no hayan hecho públicas sus opiniones para no ofender a las víctimas. «Me resulta difícil dar una cifra exacta (de diputados) porque no he hablado con todos ellos, pero diría que la mitad está de acuerdo conmigo», aseguró. Uno de ellos, John McDonnell, tuvo ayer duras palabras hacia Blair y su política exterior, pues aseguró que negar la relación entre la guerra y los atentados «no es sostenible desde el punto de vista intelectual».

Desde los ataques de la semana pasada, la mayoría de oponentes de la guerra han guardado silencio o han rechazado cualquier vínculo directo entre Iraq y el 7-J. Incluso el alcalde de Londres, Ken Livingstone, que describió a George Bush como «el hombre más peligroso del planeta» tras el estallido de la guerra, se ha negado a buscar culpables de la masacre más allá de las redes islamistas.

Mientras, Charles Kennedy, líder de los liberal-demócratas, el único partido mayoritario en oponerse a la guerra, ha desmentido cualquier «vínculo causal» con los atentados, aunque sí ha recalcado que el malestar generado en la comunidad musulmana «ha servido para difundir ideas fundamentalistas».

CRITICA QUE EL PSOE SE NIEGUE A HABLAR DE TERRORISMO ISLÁMICO
Mayor Oreja denuncia el "error histórico" de "la inacción y la incapacidad" de Zapatero
El eurodiputado del PP ha comparado en la COPE el discurso de Zapatero con el de Blair. Del primero percibe "la inacción" y "la incapacidad" de poder hacer algo frente al terrorismo, lo que considera un "error histórico". Del segundo, la firmeza. Jaime Mayor Oreja ha denunciado que si el planteamiento del presidente español calara en occidente "sería un suicidio colectivo". También ha criticado la actitud del PSOE en el Parlamento Europeo, donde se niega a llamar por su nombre al terrorismo islámico. La también parlamentaria europea Rosa Díez comparte esta crítica.
Libertad Digital 17 Julio 2005

En La Mañana del Fin de Semana, Mayor Oreja explicó que la comparación del discurso de Zapatero con el de Blair le recuerda a Chamberlain y Churchill. "El discurso del apaciguamiento y el de la firmeza, el de lo que es cómodo escuchar en una sociedad, que viene a decir que no hay nada que hacer, nada que decir, y que lo único es hacer un buen discurso, y aquel otro que pedía a un pueblo sangre, sudor y lágrimas. Esa es la diferencia que se suscita".

Para el europarlamentario del PP del discurso de Zapatero se desprende "la parálisis, la inacción, la incapacidad de poder hacer algo frente a este fenómeno, ni siquiera atreverse a llamar por su nombre el terrorismo que tenemos, pensando que de esa manera el terrorismo no se va a cebar en nuestro país". Esta actitud es un "error histórico de primera magnitud (...) Porque España no tiene ningún papel en el concierto internacional, si ese discurso lo llevase al conjunto de occidente sería un suicidio colectivo", ha apuntado Mayor Oreja.

Ni terrorismo islámico...
El que fuera ministro del Interior ha explicado que no sólo Zapatero en sus discursos sobre la "alianza de civilizaciones" sino que también el PSOE se niega a llamar al terrorismo islámico por su nombre. Y ha relatado un episodio concreto en el Parlamento europeo. Hace poco más de un mes, tanto él como la europarlamentaria socialista Roas Díez elaboraron sendos informes sobre terrorismo. El planteamiento era que "no se puede combatir genéricamente el terrorismo, se tiene que combatir en cada momento una organización terrorista, no un fenómeno terrorista general".

Partiendo de este punto, Mayor Oreja cree que "lo primero que hay que hacer es atreverse a llamar por su propio nombre al terrorismo que tenemos enfrente". Para ello, ha explicado que puso "todas las facilidades para que tuviésemos todos los nombres concretos del terrorismo que tenemos delante de nosotros: terrorismo radical islamista, terrorismo fundamentalista, incluso llegamos a barajar la expresión grupos radicales o fundamentalistas que dicen defender el islam, para separar de lo que significa un fenómeno islamista en su totalidad".

En las votaciones, "con un protagonismo muy especial de los socialistas españoles", fueron eliminados de los informes todos los términos concretos del terrorismo. El acuerdo que previamente habían alcanzado Rosa Díez y Mayor Oreja fue tumbado por el propio PSOE. Otros grupos de izquierda y los liberales apadrinados por Guardans también votaron a favor de eliminar todas las referencias al terrorismo islamista. "Así se va a combatir mal un fenómeno que lo primero que hay que hacer es situarlo en la realidad de hoy", ha señalado en los micrófonos de la COPE.

...ni "combatir" el terrorismo
Esta misma crítica de Mayor Oreja también la recoge Rosa Díez en un análisis publicado en el Real Instituto Elcano. La socialista pone como ejemplo del "desconcierto" europeo "la decisión de la mayoría del Parlamento Europeo de no llamar a los terroristas por su nombre", "eliminando toda referencia al fundamentalismo islámico como destinatario de nuestras políticas; es lo que yo llamo intento de apaciguamiento".

Ese miedo a señalar es el que nos paraliza e impide que diseñemos una política proactiva, que es la que tenemos la obligación de poner en marcha si queremos defender la libertad y los derechos de los ciudadanos (...) Lo que los ciudadanos nos exigen es que hagamos lo posible por prevenirlos. Pero, para eso, hace falta identificar y conocer a los responsables. Y utilizar –para ello y contra ellos–, todos los instrumentos del Estado de Derecho. No hacerlo así resulta suicida. Y no lo estamos haciendo. Nos perdemos en debates estériles, plagados de discursos sobre lugares comunes".

Rosa Díez desvela en ese mismo artículo que tanto ella como Mayor Oreja han tenido que eliminar del texto toda referencia a "combatir" el terrorismo. "Combate, nos decían, es guerra, es la filosofía estadounidense".

Las autonomías no son nación para los españoles
- Siete de cada diez rechazan que las comunidades autónomas puedan incluir esa denominación en sus estatutos - El 65 por ciento de los encuestados considera que la utilización de este término podría romper la actual unidad de España - Encuesta de Iberconsulta para LA RAZÓN
Tres de cada cuatro personas entrevistadas no otorgarían el término nación a ninguna de las regiones españolas. El 50,63 por ciento considera que este debate es importante, frente al 44,75 que no le concede apenas relevancia.
R. N. La Razón 17 Julio 2005

Madrid- La reforma del Estatut de Cataluña, que lleva semanas ocupando buena parte del panorama informativo nacional, ha generado un intenso debate sobre la aplicación del término nación a determinadas comuni- dades autónomas. El texto elaborado por el tripartito catalán (PSC, ERC e ICV) incluye como una de sus reivindicaciones básicas la posibilidad de que Cataluña reciba esta denominación, lo que ha provocado un aluvión de reacciones enfrentadas a lo largo y ancho del espectro político.

Los republicanos liderados por Josep Lluis Carod-Rovira lo consideran un paso previo e imprescindible hacia la independencia, mientras que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero está dispuesto a aceptarlo siempre y cuando encaje en la Constitución. En el bando contrario, en el del Partido Popular, se considera esta pretensión claramente anticonstitucional, y no está solo: destacados dirigentes socialistas como Alfonso Guerra insisten en mostrar abiertamente su oposición a sentar un precedente que, en su opinión, podría desgajar España en un «país de naciones».

Pero, ¿qué opinan los ciudadanos? Según la encuesta que la empresa Iberconsulta ha elaborado para LA RAZÓN, la calle lo tiene más claro que los políticos: siete de cada diez entrevistados están en contra de que las comunidades autónomas se consideren nación. Esa opinión contraria se fundamenta, según algo más del 65 por ciento, en que esta circunstancia podría romper la unidad de España.

Peligro para el país.
La encuesta se realizó entre el 11 y el 14 de julio a través de 800 encuestas telefónicas a personas mayores de edad de ambos sexos residentes en todas las zonas del país. A la pregunta «¿está usted de acuerdo con que algunas comunidades autónomas españolas se definan como nación?», la respuesta no deja lugar a dudas: el 70,13 por ciento rechaza de plano esta posibilidad frente al 14,63 por ciento de ciudadanos que se muestran de acuerdo en «apellidar» así a las autonomías. El 15,24 por ciento no se decanta por ninguna de las dos opciones. Por edades, todos los segmentos respaldan abrumadoramente el no, que en el caso de los mayores de 65 años alcanza el 81,2%.

En caso de que las aspiraciones del tripartito catalán –que ya ha hecho suyas el BNG en Galicia– salieran adelante, el 65,5 por ciento de los encuestados considera que se podría romper el país tal y como lo conocemos ahora, mientras que el 20,25 por ciento entiende que la denominación de nación aplicada a las comunidades autónomas no afectaría a la unidad de España y el 14,25 por ciento recurre al socorrido «no sabe, no contesta». En esta ocasión también se repite el esquema de edad: los mayores de 65 años son más «pesimistas» (73,9 por ciento) que los encuestados con edades entre los 18 y los 30 años (60,8%).

Ránking de regiones.
Puestos en la tesitura de tener que otorgar el término de nación, el 74,6 por ciento de las personas entrevistadas por Iberconsulta no se lo concedería a ninguna de las 17 comunidades autónomas que forman España, algo por lo que sólo apostaría un 16,8 por ciento de la población y que deja indiferente al 8,6 por ciento. ¿Y cuáles deberían ser las privilegiadas? Únicamente el País Vasco (13,6 por ciento), Cataluña (12,9 por ciento) y Galicia (12,3 por ciento) reciben más de diez puntos porcentuales de todos aquellos que aceptan esta posibilidad. Muy por detrás quedan Andalucía (7,9 por ciento), la Comunidad Valenciana (7,4 por ciento), Baleares (6,8 por ciento) o Canarias (6,5 por ciento). Por su parte, Murcia (2,6 por ciento) y Castilla-La Mancha (tres por ciento) ocupan el farolillo rojo en el ránking de apoyo «nacionalista».

En cualquier caso, y aunque el debate sigue vivo en los círculos políticos, los españoles se muestran bastante divididos a la hora de colocar el hipotético cambio de denominación de algunas comunidades autónomas entre las cuestiones más candentes. Aunque al 50,63 por ciento de los encuestados el «asunto de la nación» les parece importante, el 44,75 por ciento reconoce que no le concede mayor relevancia a la guerra de nombres.

EL PODER JUDICIAL ESTUDIARÁ SI ES INCONSTITUCIONAL
Vocales del CGPJ denuncian que la reforma judicial responde a intereses nacionalistas
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial Enrique López declaró que la reforma de la justicia aprobada este viernes en el Consejo de Ministros "nos aparta radicalmente del consenso constitucional establecido en el año 78". Por otro lado, anunció que el CGPJ realizará un estudio en profundidad para ver si esta reforma es inconstitucional.
Europa Press Libertad Digital 17 Julio 2005

En opinión de López esta reforma no permitirá un acercamiento entre la justicia y los ciudadanos sino que sienta las bases para que la justicia sea competencia de las comunidades autónomas, además está reforma está pensada sólo para satisfacer intereses nacionalistas y no los interes de la sociedad.

López también criticó que el Gobierno no haya consultado con asociaciones profesionales, funcionarios, vocales del Consejo y que parezca que sólo se ha consultado con los partidos nacionalistas. Recalcó que el CGPJ estudiará la constitucionalidad o no de la existencia de órganos que puedan realizar labores de gobierno del poder judicial que no sea el propio poder judicial.

López, que realizó estas declaraciones a título personal y no como portavoz, dijo que "confundir la justicia de proximidad con aproximar la justicia al ciudadano no tiene sentido cuando por ejemplo con la nueva Ley se va a dar la circunstancia de que en Medina del Campo un deshaucio lo va a resolver un juez profesional y en Barcelona un juez no profesional. Esto es una anécdota que responde al espíritu de la reforma".

También el vocal del Poder Judicial, José Luis Requero, denunció en la Cope que trocear el poder judicial en 17 partes, por la creación de consejos autonómicos judiciales, sólo contribuirá a la politización de los tribunales. A su juicio, la reforma impulsada por Zapatero, que este viernes recibió el visto bueno del Consejo de Ministros, no supondrá un mejor gobierno de justicia, “el gobierno del poder judicial, lo que es jueces y magistrados no es una cuestión susceptible de reparto Estado-Comunidades Autónomas pero vemos como desgraciadamente este límite ha saltado por los aires”.

GALICIA / Los nacionalistas logran 4 consellerías y la vicepresidencia para Anxo Quintana
PSdeG y BNG se pelean por el control de la TVG y de la política lingüística
Agencias Periodista Digital 17 Julio 2005

Sábado, 16 de julio 2005

BNG se ha salido con la suya. A esar de haber caído en número de votos y de tener menos escaños que en la anterior legislatura, ha hecho valer su papel de "llave" de la presidencia de la Xunta y gestionará en el nuevo Gobierno gallego 4 consellerías y que Anxo Quintana sea vicepresidente único. Ambas formaciones continúan disputándose la gestión de la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) y la política informativa (la Secretaría General de Medios) y lingüística de la Xunta.

Los socialistas pretende que la CRTVG y la Secretaría General de Medios dependa de la Consellería da Presidencia --uno de los ocho departamento autonómicos que asumirán--, mientras los nacionalistas están de acuerdo con que la política informativa de la Xunta se concentre en este área mientras que la gestión de los medios públicos continúe en Cultura, una de sus cuatro consellerías junto a Vivenda, Medio Rural e Industria.

Igual disputa suscita la Dirección Xeral de Política Lingüística. El PSdeG es partidario de que forme parte de la cartera de Educación, una de sus consellerías junto a Presidencia, Empleo, Economía, Sanidad, Educación do Territorio y Urbanismo, y Pesca. El Bloque considera que ésta es una competencia de Cultura, el área que se prevé que esté al cargo de la diputada nacionalista Ánxela Bugallo.

Los socialistas han cedido terreno, para poder auparse a la presidencia y admiten que Anxo Quintana se convierta en el "interlocutor" del el Gobierno central.

El pacto, al que le han dado forma a lo largo de la mañana del sábado Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana en un hotel de Santiago, prevé que los socialistas ocupen la presidencia del Parlamento. El PSdG retiene ocho de las doce consellerías de la Xunta, al sumar también la de Traballo, con lo que mantienen la proporción de uno a dos respecto a su futuro socio de Gobierno, la que manejaron desde el inicio de las negociaciones.

Son del PSOE la presidencia de la Xunta y las consellerías de Presidencia, Economía, Sanidade, Educación, Política Territorial -que incluye las áreas de ordenación del territorio y urbanismo-, Medio Ambiente, Traballo y Pesca. «Agás Industria, as de maior impacto económico», aseguró un portavoz. La presidencia del Parlamento es también socialista y la ocupará Lola Villarino o Manuel Pachi Vázquez.

Nadie quiere presentarse como perdedor y, con el cristal de aumento en la mano, todos han ganado. Por lo menos, es la valoración interna que manejan socialistas y nacionalistas. El BNG también ha salido bien parado de las negociaciones, que colearon durante todo el día de ayer, para resolver unos flecos que persisten. Los nacionalistas se quedan con la vicepresidencia única, que lleva aparejada una secretaría de Relacións Institucionais y otra de Benestar Social.

El Bloque tendrá también las consellerías de Cultura, Industria, Medio Rural y Vivenda. Sus deseos de conectar con algún tipo de área económica se han visto satisfechos al caer de su lado Industria, que incluirá las responsabilidades de I+D, aunque se barajó la posibilidad de que pasasen a Educación.

El BNG se hace responsable también de las consellerías de Medio Rural, Cultura y Vivenda, de nueva creación y de claro impacto ciudadano.

EL PETRÓLEO DEL ESPAÑOL
Nazaré sirvió de laboratorio
Doce millones de estudiantes brasileños podrán elegir español como lengua extranjera

Es la mejor noticia que ha tenido la cultura española en los últimos cincuenta años. Los expertos advierten de que es momento de actuar con altitud de miras
FERNANDO R. LAFUENTE ABC 17 Julio 2005

Presencia del español en Brasil

Instituto Cervantes
Financiación: El presupuesto asciende a 62 millones de euros, que el Estado aporta en casi su totalidad, y a él se añaden otros 20 que se obtienen de las clases que se imparten y de otras fuentes, pues el Instituto recibe ayuda de numerosas empresas, en su mayoría con presencia en Hispanoamérica, que colaboran en los programas de extensión cultural: cine, conferencias, exposiciones, etc. César Antonio Molina espera que «cada vez se tome más conciencia de que el Cervantes no es tarea sólo del Estado, sino de toda la sociedad».

Centros: Belo Horizonte, Brasilia, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Recife y Salvador de Bahía.

Ministerio de Educación
La Consejería de Educación de la Embajada de España cuenta con 8 asesores lingüísticos, especializados en la formación de profesores de español, y 15 profesores españoles en el Colegio Miguel de Cervantes de São Paulo,

Centros educativos: Colegio Miguel de Cervantes de São Paulo (1.472 alumnos) y Colegio Santa Maria en Belo Horizonte, dependiente del Sistema Archidiocesano de Enseñanza, donde estudian el currículo español 180 niños y se ha ampliado a 4 horas semanales las clases de español en el ASE ( 12.000 alumnos).

Actividades docentes: Programa de Actualización para Profesores de Lengua Española, Programa de Cooperación Educativa con Iberoamérica, Programa de Becas para realizar un curso de perfeccionamiento en España.

Otros organismos: Centro de Recursos en las Universidades de Brasilia, de Río de Janeiro y de Pará; y el Centro de Recursos Virtual «María Moliner».

Que el español hoy es una lengua americana parece un hecho tan incontestable como esclarecedor tras lo que sucede en EE.UU. y sucederá en Brasil. El destino de la lengua española es un destino americano y la proyección de la cultura en español, un rasgo profundamente atlántico. Esos son los horizontes tangibles. Una proyección atlántica, auténtica excepción cultural española, que sólo comparten dos naciones además de España en la UE: Reino Unido y Portugal. La decisión del Gobierno que preside Lula consolidará el lugar de la lengua española en estas primeras décadas del siglo XXI como segunda lengua internacional. Nada es gratis. Brasil es una gran nación y su voluntad de país hegemónico en el subcontinente le ha llevado a otorgar al español una presencia en la enseñanza que se prolongará a otros ámbitos de la vida cotidiana. Pocas son hoy las lenguas -que es tanto como decir las culturas- que tienen arraigo y proyección internacional.

El español es el repentino petróleo de las sociedades hispanohablantes. Sin embargo, pareciera que no sólo a España, sino también a México y Argentina, entre otras, esta súbita irrupción de la vitalidad y fortaleza de nuestro idioma, de esta lengua americana, les provocara, no sólo a los Gobiernos sino al conjunto de sus sociedades, una suerte de miedo escénico, el vértigo ante el qué hacer. Es hora, sin duda, de cautela, pero, también de grandes miras, de ambiciosos programas. ¿Qué decir si esto sucediera en la crepuscular cultura francófona?

Éste es un momento único. No hay muchos en la historia de las naciones ni en la historia de la cultura occidental. Ojalá no ocurra como otras veces, esas veces en las que, como en el viejo y sabio refrán chino: «Cuando el dedo señala a la luna, el imbécil mira al dedo». Valgan las prudencias, pero sólo quien apuesta, gana.


Existe una villa de pescadores en el noreste brasileño a más de 2.200 kilómetros de Brasilia en la que sus tercos habitantes insisten en contradecir su historia.
Para ellos Brasil no fue descubierto por el portugués Pedro Álvarez de Cabral, el 22 de abril de 1500, sino por el español Vicente Pinzón, meses antes, el 26 de enero.
T. DEMICHELI, V. GOYZUETA Y M. M. CASCANTE ABC 17 Julio 2005

La villa de Nazaré, en el municipio de Cabo de Santo Agostinho (Pernambuco) tiene una única escuela, llamada Vicente Pinzón, donde sus 200 alumnos estudian castellano una vez por semana y entonan canciones españolas en el coro. En 2000, el municipio recibió la visita de autoridades de Palos de la Frontera, tierra natal de Pinzón, pero después de ello Nazaré no tuvo más noticias de España.

Por esa relación de corazón con España, el municipio de Cabo incluyó en 1999 el español en el currículo de sus 40 escuelas, que tienen casi 13 mil alumnos. El municipio, que usó la experiencia de Nazaré como laboratorio, invertirá en la formación permanente de profesores de español. «Queremos que el alumno tenga por lo menos una base y pueda comunicarse en español», explicó a ABC, José de Arimatéia Jerônimo Santos, su secretario de educación.

MADRID/SAO PAULO/ MÉXICO D.F. En 1905 sólo 60 millones de personas hablaban español en el mundo, actualmente lo hacen 400. Ya es la segunda lengua de uso internacional detrás del inglés y pronto será la segunda lengua materna del mundo, después del chino. Una veintena de países tienen al español como idioma oficial. Entonces, ¿por qué el francés ha sido hasta ayer mismo la segunda lengua diplomática del mundo? ¿Por qué Francia tiene una influencia internacional mucho mayor que la que le correspondería por el peso real de su economía? Simple y llanamente porque Francia aprendió muy pronto la gran lección de Roma, cuyas legiones conquistaban el mundo a sangre y fuego, pero luego afianzaban y armonizaban el imperio con su cultura: el derecho, la religión, la ingeniería, el comercio... y el latín.

La «grandeur» de Francia se ha sustentado siempre en la cultura, muy especialmente en su idioma, como lo prueba la creación de la Alliance Française en 1884. Algo que Gran Bretaña haría mucho después, en 1934, con el British Council, y Alemania en 1951, con el Goethe Institut. Sin embargo, entre nosotros considerar la cultura -cuya columna vertebral es el idioma- como un recurso estratégico ha sido un descubrimiento más bien reciente, pues hasta 1991 no se fundó el Cervantes y el Camoens aún hubo de esperar hasta 1992.

En fin, Francia es importante porque el francés es la segunda lengua del mundo árabe. El futuro económico de Francia está allí, lo que determina su política exterior, tanto el histórico enfrentamiento con EE.UU como las continuas zancadillas a nuestra siempre difícil relación con Marruecos. Mientras el futuro de Alemania depende del desarrollo de Europa oriental, Gran Bretaña, Portugal y España, en cambio, son naciones de vocación atlántica: en América hablan inglés, español y portugués, así que su filiación cultural resulta económicamente trascendental para el porvenir.

El auge del español
Hoy, la minoría hispana en Norteamérica se ha convertido ya en la segunda en importancia y mediado el siglo XXI habrá adelantado a la anglosajona en California y quizá en Florida. El «Britannica Worl Data» vaticina que en 2030 se comunicará en español el 7,5 por ciento de la población mundial, en árabe el 4,6, en ruso el 2,2, mientras que en francés sólo lo hará el 1,4 por ciento.

La opinión pública mundial lo sabe. No hace mucho «The New York Times» se preguntaba «¿Por qué estudian español los jóvenes «wasp»?», y se respondía: «Porque es una lengua práctica». En EE. UU. el mercado interno en español asciende a un billón de dólares anuales; la población hispana ha aumentado sus ingresos en un 110 por ciento desde 1991 y muchos han pasado ya la barrera de los 100.000 dólares al año. El «Globe Mail» de Toronto reconocía que el español es la segunda lengua en cuatro de las provincias canadienses y recomendaba: «Si quiere ser bilingüe, estudie español». Para la influyente «The economist», «pronto se comprenderá que «globalización» es palabra española».

Está claro: «Lenguage is money», como ha afirmado Ronald Buchanan en el «Time», y eso también lo sabe Brasil, que pretende la consolidación del Mercosur, que ve cómo aumentan los turistas hispanohablantes, que busca una mayor integración con los países de su entorno y que toma en cuenta la explosión demográfica hispana en Norteamérica.

Brasil necesita nuestro idioma
Porque Brasil necesita nuestro idioma, su Parlamento aprobó el 7 de julio la Ley de Enseñanza del Español, por la cual será obligatorio ofrecerlo como lengua extranjera en la enseñanza secundaria dentro del horario escolar. Miguel González Suela, subdirector general de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación y Ciencia, señaló a ABC que «a Brasil le interesa hablar español porque vive rodeado de países hispanohablantes; y a todos los que lo hablamos también nos interesa mucho por dos razones. En primer lugar, porque Brasil tiene un enorme potencial económico; y en segundo lugar, porque el mercado de Iberoamérica, España y Portugal pasaría de 600 a 800 millones de personas».

Por último, González Suela quiso aclarar algunos extremos: «Esta ley no supone la obligatoriedad de la enseñanza del español, sino la obligatoriedad de ofrecer en la enseñanza secundaria (el «Ensino Medio», ciclo no obligatorio compuesto de tres cursos para estudiantes entre 15 y 18 años). Ahora bien, la oferta de español, según la ley, sólo sería facultativa en los cuatro último años de la primaria (5ª, 6ª, 7ª y 8ª del «Ensino Fundamental»). Hasta ahora la oferta de español había llegado ya al 80 por ciento de los 5.000 centros de enseñanza privada, por lo que la nueva ley incorporará a 8 millones de alumnos de la pública. En resumen, su impacto afectará a 11 o 12 millones de alumnos. Hay que señalar -concluye González Suela- que cada uno de los estados brasileños tendrá que adaptarla a sus legislaciones, por lo que su aplicación tardará 5 años en ser efectiva en todo el país».

César Antonio Molina, director del Instituto Cervantes también saludó la nueva legislación: «Es la mejor noticia que tenido la cultura española en los últimos 50 años. Se trata de una ley importantísima. Brasil quiere hablar español porque es el idioma de sus vecinos y es que Brasil, además, se ha propuesto convertirse en el gran eje de Hispanoamérica. España tiene que enfrentarse a este gran reto colaborando e integrando a las otras naciones del subcontinente americano».

¿Necesidades? El actual director del Cervantes estima que «se precisarán unos 200.000 profesores de español». ¿Qué puede hacer su Instituto? «Por supuesto, el Cervantes no puede formarlos a todos -responde Molina-. En nuestros centros de Sao Paulo y Río de Janeiro hemos estado preparando a unos 5.000 profesores al año; ahora disponemos de otros 7 y, funcionando a pleno rendimiento, formaríamos entre doce y quince mil docentes. Cubrir las 200.000 plazas necesarias no es nuestra obligación, sino la del Estado brasileño, y el Cervantes acudirá en su ayuda».

Con la ayuda de España y otros países
Cuando se aprobó la ley, el director académico del Cervantes, Jorge Urrutia, propuso desde estas mismas páginas que era necesario crear un consorcio con otras naciones hispanoamericanas, como México, país de gran experiencia en la enseñanza del idioma a extranjeros, que además pone a disposición de sus más de diez millones de emigrantes en EE.UU. cursos de español para que no lo pierdan. Ahora, además, la UNAM y el Cervantes han suscrito un convenio por el que tienen previsto expedir un diploma común que habilite para la enseñanza.

¿Será ésta también una buena noticia para nuestros filólogos en paro? No genéricamente, pues la legislación educativa brasileña es muy exigente a la hora de convalidar estudios realizados en el extranjero, aunque una demanda tan grande resulta esperanzadora para los licenciados peninsulares y los de otros países hispanoamericanos. En cualquier caso, el impacto de la ley será enorme en el ámbito universitario, ya que en Brasil son las universidades las que otorgan habilitaciones para la docencia. Actualmente 25 universidades ofrecen allí formación lingüística en español, 21 de ellas en la región sureste del país.

A Brasil le interesa hablar español y a España también le interesa mucho que lo haga. Números cantan. A Brasil, por el momento, dirigimos el 5,72 por ciento de todas las exportaciones a América (6,77 del subcontinente), y esto sólo supone un 2,0 de lo que Brasil importa del mundo. Por ahora van delante EE. UU. (23,1), Argentina (11,2) Alemania (7,9) y Japón (5,3). Actualmente somos la octava potencia cultural del mundo. Nuestra industria editorial y audiviosual genera el 6 por ciento del PIB y supera a los sectores eléctrico y químico. El 21 por ciento de los 35.000 millones de antiguas pesetas que recauda la SGAE por derechos de autor proviene del extranjero.

Esta ley hace obligatoria la oferta del español en la enseñanza secundaria, lo que afectará a 11 o 12 millones de alumnos

Será necesaria la formación de 200.000 nuevos profesores

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