AGLI

Recortes de Prensa     Lunes 25 Julio 2005
Sobre nación y nacionalidades
ABC 25 Julio 2005

De autonomía a confederación
Editorial ABC 25 Julio 2005

Estamos en guerra
Editorial ABC 25 Julio 2005

"Zapatero es un cobarde"
Agapito Maestre Libertad Digital 25 Julio 2005

El expolio educativo
Por Juan Manuel de Prada ABC  25 Julio 2005

Expreso Costa Brava
MARCO AURELIO ABC 25 Julio 2005

A tiros por el centro de San Sebastián
Editorial ABC 25 Julio 2005

Voces arbóreas
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 25 Julio 2005

La pauta estratégica de Al-Qaeda
GEES Libertad Digital 25 Julio 2005

EL REALISMO DEL GOBIERNO
GERMÁN YANKE ABC 25 Julio 2005

El emir
FLORENIO DOMÍNGUEZ El Correo 25 Julio 2005

Los proetarras obligan a ertzainas de paisano a repeler una agresión con disparos al aire
ABC 25 Julio 2005

El Gobierno deja que las comunidades invadan bajo cuerda una veintena de competencias suyas
C. Morodo La Razón 25 Julio 2005

ETA diseñó la estrategia de Batasuna para que triplicara sus votos en 2012
Agencias Libertad Digital 25 Julio 2005

Galicia, el cambio que viene
ANA MARTÍNEZ ABC 25 Julio 2005

Galicia, hora de irse
Nota del Editor 25 Julio 2005

Sobre nación y nacionalidades
ABC 25 Julio 2005

El autor sostiene que urge recuperar la memoria constituyente, pues, según él, «los españoles no merecemos que, por culpa de la irresponsabilidad de unos y la debilidad o la claudicación del actual presidente del Gobierno, volvamos a cosechar un nuevo fracaso colectivo»

A comienzos de 1978, bajo la presidencia de Adolfo Suárez, se reunió el Comité Ejecutivo de UCD para decidir si en la futura Constitución podía o no aceptarse la existencia de «nacionalidades» que serían titulares, junto con las regiones, del derecho a la autonomía.

Nunca he tenido pelos en la lengua, para bien o para mal. En aquel tiempo yo era un joven e impetuoso senador constituyente por Navarra, así que expuse mi opinión con toda crudeza y lealtad. En la Facultad de Derecho, vine a decir, tuve noticia de la acuñación a mediados del siglo XIX del llamado «principio de las nacionalidades»: «Toda nación tiene derecho a convertirse en Estado soberano». Se aplicó en un principio para justificar la unidad de Italia y de Alemania. Pero después sería invocado por los separatistas españoles. Afirmé que en el PNV siempre acabaría por prevalecer su originario ideal de independencia de Euskadi sobre cualquier otra consideración. Concluí que introducir la palabra «nacionalidades» en la Constitución supondría proporcionar a los nacionalismos una importantísima herramienta dialéctica para impulsar la secesión.

Mi intervención fue acogida con algunos gestos de aprobación y alguna felicitación por lo bajo, aunque cuando hablé de los objetivos últimos del PNV advertí caras de escepticismo en ciertos barones del partido. Al final el Comité apoyó la propuesta del presidente Suárez, después de que éste cerrara el debate con una apelación a nuestro «sentido de Estado», pues la propuesta procedía de la minoría catalana, que no se conformaba con convertir Cataluña en una «región autónoma», a pesar de haberlo sido conforme a la Constitución de la II República. Si no se aceptaba su exigencia, advirtió Suárez, «los catalanes» se retirarían de la ponencia constitucional y se abriría una crisis política de imprevisibles consecuencias. Nuestra frágil democracia podría irse al traste si no alcanzábamos el consenso necesario para alumbrar una Constitución de todos y para todos. Reconozco haber sido vencido -aunque no convencido- por tan poderosas razones de Estado y no salvé mi voto. Por lo tanto, soy corresponsable de aquella decisión.

Ahora bien, durante el proceso constituyente se pusieron algunos puntos sobre las íes. En primer lugar, la «indisoluble» unidad de España quedó consagrada como fundamento de la Constitución. La «Nación española» sería considerada como «patria común e indivisible de todos los españoles». Se atribuyó la titularidad de la soberanía -el poder constituyente- al pueblo español. Se reservó al Estado la misión última de garantizar la igualdad básica de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales y la promoción del progreso económico, social y cultural de todos los ciudadanos, lo que implica la posibilidad de definir y ejecutar políticas comunes. A las nacionalidades y regiones se reconoció el derecho a la autonomía, cuyo ejercicio quedaría vinculado al principio de solidaridad. Es decir, en la Constitución de 1978 se diseña una España plural pero no un Estado plurinacional, ni un régimen de soberanía compartida, ni se autoriza a nadie a obtener un estatus de libre asociación. En suma, cuanto suponga o conduzca a una fragmentación de la soberanía es inconstitucional.

También quedó claro que entre los que aceptaran ser definidos como «región» y los que quisieran arrogarse el título de «nacionalidad» no habría diferencia alguna. Regiones y nacionalidades, una vez constituidas en «comunidades autónomas» (expresión que fue una de mis aportaciones -entre bastidores- al texto constitucional), podrían alcanzar el mismo techo competencial, a excepción de las singularidades derivadas de algún «hecho diferencial» (lengua propia, derecho civil secular, foralidad histórica de los territorios de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, e insularidad).

Cuando en nombre de la minoría catalana Miguel Roca defendió en el Congreso el artículo 2, definió a España como «nación de naciones». Consciente de que podría acusársele de formular una contradicción en los términos aclaró que se trataba de una «innovación» de la Constitución española sin precedentes en la ciencia política, pero en ningún caso se ponían en cuestión ni la unidad ni la existencia misma de la nación española.

Por supuesto, a nadie otorgó la Constitución el calificativo de «nacionalidades históricas». El hecho de haber plebiscitado en el pasado un estatuto de autonomía, como hicieron durante la II República Cataluña, el País Vasco y Galicia, sirvió de coartada para permitir el acceso inmediato de tales comunidades a la autonomía constitucional del máximo rango institucional y competencial sin recorrer todos y cada uno de los complejos requisitos establecidos en el artículo 151 (que sí hubo de cumplir Andalucía). Pero pretender, como a todas horas reivindica el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, que de tal hecho se derive un estatus privilegiado en relación con las demás comunidades españolas carece del más elemental respaldo constitucional. Si el régimen republicano hubiera sobrevivido a la Guerra Civil, las demás regiones habrían acabado por plebiscitar estatutos de autonomía. Algunas de ellas habían iniciado ya su tramitación. Resulta por eso grotesco que el catalanismo pretenda alcanzar una situación de privilegio amparándose en la ruptura de la legalidad republicana por la Guerra Civil. Algunas comunidades reclaman ahora ser tenidas como «nación». El PSOE vacila mientras el ministro Montilla se apunta a la idea de España como «nación de naciones». Ocurre que los independentistas de ERC huyen como de la peste ante cualquier alusión a la pertenencia de Cataluña a la nación española. El presidente Rodríguez, atrapado por sus irresponsables compromisos electorales que le obligan a apoyar cualquier cosa que salga del Parlamento catalán, pretende que demos al término nación un valor relativo. No debemos enredarnos por meras cuestiones semánticas, dice. España camina alegre y confiada hacia su propia disolución, muchos españoles piensan que todo esto no va con ellos, pues se trata de un simple juego con el que nos entretenemos los políticos.

En un solo año, el presidente Rodríguez ha arruinado el pacto constitucional de 1978. Urge, pues, recuperar la memoria constituyente. Los españoles no merecemos que, por culpa de la irresponsabilidad de unos y la debilidad o la claudicación del actual presidente del Gobierno, volvamos a cosechar un nuevo fracaso colectivo.

De autonomía a confederación
Editorial ABC 25 Julio 2005

A medida que se acerca la conclusión del debate parlamentario sobre la reforma del Estatuto catalán, se perfilan con mayor nitidez los problemas de carácter constitucional que presenta el texto aprobado por los grupos parlamentarios que integran el gobierno tripartito. Y esos problemas, a su vez, empiezan a dibujar un camino laberíntico para el Ejecutivo de Maragall, pero también para el Gobierno central, pues Rodríguez Zapatero hizo suya desde el primer momento la iniciativa estatutaria del PSC y de ERC. La forma en que esta iniciativa se halla recogida en el texto aprobado por la Ponencia del Parlamento catalán no augura grandes satisfacciones al presidente del Gobierno. Si finalmente no hay nuevo estatuto, habrá fracasado definitivamente la «vía catalana», trasunto autonómico del talante presidencial y espejo en el que el PSOE quería que se miraran los demás procesos de reformas estatutarias. Si se aprueba tal y como está publicado en el Boletín del Parlamento catalán -incluso aunque previamente se introdujeran las enmiendas contenidas en el voto particular del PSC-, Zapatero habrá franqueado el paso a una reforma constitucional encubierta, pero explícita, con una quiebra del modelo de Estado aprobado en 1978 y con una ruptura de los principios de unidad nacional, soberanía, igualdad y solidaridad. La última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional.

El texto del tripartito da las pistas necesarias para medir la gravedad de lo que está en juego, pese a que su discusión avanza entre amenazas y órdagos recíprocos de los partidos catalanes, con ERC anunciando que pedirá el derecho de autodeterminación y con una política lingüística que haría moderada a la ahora vigente. No es realmente una reforma del Estatuto, sino uno nuevo, en toda su extensión, que alumbra un sistema político específico -no autonómico- para Cataluña y que se asienta en una relación bilateral entre esta comunidad y el Estado español. La definición de Cataluña como nación no es una licencia literaria, sino el fundamento jurídico de la nueva organización política de esta comunidad, pero también del Estado, porque, desde el momento en que una parte de España se califique estatutariamente como nación, está alterando la configuración general del Estado. A partir de ahí, es lógico -en términos jurídicos y políticos, pero no constitucionales- que el proyecto de Estatuto prevea para Cataluña una arquitectura estatal -nación, territorio, derechos ciudadanos, poder judicial, blindaje de competencias- y una relación confederal con el Estado español.

La inconstitucionalidad de este planteamiento es palmaria y el Gobierno socialista no debe aceptarla. Pero el problema de Zapatero es que ese planteamiento ha tomado mucho cuerpo político y el cheque que extendió a su favor, sólo con la condición de que fuera aprobado por la Cámara catalana, pronto se le pasará al cobro. Las políticas nacionalistas radicales -aunque sean participadas por el socialismo, como es el caso- no son constructivas. Tienden a la discordia, no respetan los pactos constitucionales y buscan la imposición de identidades únicas. El consenso constitucional ha venido funcionando desde 1978 porque esas políticas eran marginadas a la hora de definir las líneas de progreso de España. Pero ahora están siendo alentadas por el Gobierno central y éste es un error de consecuencias previsibles y perjudiciales para la estabilidad institucional y la cohesión nacional.

Ahora, tanto desde Madrid como desde Barcelona, se insiste en que el nuevo Estatuto será constitucional, como si pudiese ser otra cosa distinta. O es constitucional, o no es, y no se trata de una concesión o de un gesto de moderación, sino del deber absoluto de los poderes públicos de acatar la Constitución. Pero las leyes no son constitucionales sólo porque lo digan los legisladores. Tampoco porque vayan recabando más apoyos a medida que avanza el proceso legislativo. En este sentido, resulta hasta gracioso que, durante su último encuentro en La Moncloa, Zapatero y Carod-Rovira coincidieran en pretender el apoyo del PP al proyecto estatutario, después de que el pacto del tripartito prevea la exclusión expresa de todo acuerdo político con los populares. Sea por ánimo de dividir internamente al PP, o por provocar a CiU, ese súbito interés por el apoyo de los populares demuestra también que hay un riesgo cierto de que el proyecto encalle antes (en el Parlamento catalán) o después (en el Congreso de los Diputados).

Estamos en guerra
Editorial ABC 25 Julio 2005

MIENTRAS en España nos enzarzamos en una estéril y empobrecedora discusión sobre lo que somos y mientras proclamamos eso de la Alianza de Civilizaciones, en el mundo se desarrolla una guerra brutal y sin cuartel cuyo objetivo consiste en aterrorizar a la población civil. Bombas humanas de destrucción masiva provocaron, una vez más, la muerte y la desolación, ahora en Egipto. Es probable que algunos lectores encuentren el título de esta columna algo alarmista, pero ése es su único objetivo: que quienes no hayan querido alarmarse tomen conciencia, de una vez, de que estamos en guerra. Desde el 11 de septiembre de 2001, el Islam, alentado por su grupo más sanguinario, declaró la guerra a los países occidentales atribuyéndoles la responsabilidad de su propia miseria religiosa. El Islam no ha evolucionado desde hace 1.400 años, es decir, desde que nació. Y la doctrina que se imparte en sus escuelas coránicas y en las mezquitas, estén en Pakistán, Londres, Ryad o Madrid, resulta corrosiva para nuestra civilización. Me sumo, pues, a quienes afirman que Islam y moderación son términos antitéticos (Juaristi). El Islam, no lo dudemos, es una religión que nació de un mal parto, de un mal sueño. Se mire por donde se mire, siempre ha sido la pesadilla de la libertad. Y la libertad es el gran logro de nuestra civilización cristiana.

Para complicar la situación, en Occidente esa perversa concepción del mundo tiene aliados en la izquierda, procedente de las distintas formas de comunismo. En Europa, cualquier medida restrictiva del uso de la libertad, con el fin de defender los derechos humanos consagrados en nuestras leyes, cuenta siempre con la oposición y estridente griterío de una izquierda irredenta que vive emboscada en las instituciones y que acaba consiguiendo que las mayorías se dobleguen a sus designios. Somos débiles y no sabemos oponer argumentos de fuerza. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, Europa está desarmada ideológicamente y ha hecho del relativismo su divisa de tolerancia. ¿Sería aceptable prohibir la predicación y práctica de la religión islámica? Creo que sí, cuando esa predicación va frontalmente en contra de los principios sobre los que se fundamenta nuestra sociedad. ¿Alguien podría imaginar que en un templo cristiano o en una sinagoga se alentase o justificase el odio y el terrorismo como diariamente leemos que se alienta o justifica en todas las mezquitas del mundo? Estoy convencido de que nuestro Tribunal Constitucional no pondría reparos si se legislase en ese sentido. Ahí está el precedente de lo acontecido con Herri Batasuna. Tiempos excepcionales requieren medidas excepcionales. No esperemos treinta años para despertarnos, pues a lo mejor ya no podríamos hacerlo.

Incendio de Guadalajara
"Zapatero es un cobarde"
Agapito Maestre Libertad Digital 25 Julio 2005

El jefe de la oposición en Castilla-La Mancha, Molina, ha recalcado que la visita de Zapatero a Guadalajara sólo pretendía limpiar su mala conciencia. Ojalá fuera así; pero tiendo a pensar que este hombre ni siquiera tiene una alevosa conciencia de lo sucedido. Quizá no tenga ni conciencia democrática del problema. Este político no sabe cuál es el significado que once muertes, la pérdida de once vidas humanas, puede acarrearle. La visita a Guadalajara a traición y sin que se enterasen los interesados lejos de aplacar los ánimos, los encresparán aún más. Ya nadie creerá que este señor está interesado por el bien común. Con ese gesto engañoso ha querido simular su preocupación por lo sucedido en Guadalajara, pero él, junto a millones de españoles, sabe perfectamente que ya sólo engaña a quien se deja engañar.

En otras palabras, Zapatero no se irá de rositas de la tragedia de Guadalajara. No es sólo la oposición, sino que es el ciudadano medio español el que está interesadísimo en saber cómo resolverá el presidente de Gobierno esta crisis. De momento, el Gobierno central ha revelado toda su ineptitud en tratar el asunto y, sobre todo, ha intentado culpabilizar de todo lo sucedido a un Mesogobierno regional falto de neuronas para enfrentarse a la tragedia. Y encima, por si no tuviéramos poco, al regreso de China, hace una visita con nocturnidad y alevosía por la zona avisando únicamente a los medios de comunicación afín a su partido. Aunque se necesita ser muy desvergonzado, políticamente hablando, para llevar a cabo tal tropelía, me parece que esta operación ya se ha vuelto en su contra. ¿Por qué? Pues que la dimisión de una Consejera de Medio Ambiente, ya aceptada, la posible dimisión del Presidente de Castilla-La Mancha, que Zapatero estaría presto a aceptar, e, incluso, la dimisión de su Ministra de Medio Ambiente, que Zapatero estaría dispuesto a sacrificar con tal de salvar su puesto, no acallarán las exigencias de responsabilidades por parte de los ciudadanos. Tampoco la oposición del PP cesará en su búsqueda de la verdad.

Por lo tanto, Zapatero lo tiene mal y sin salida. El acto protocolario de visitar Guadalajara a destiempo y sin avisar ha querido tapar errores, pero hasta para llevar a cabo esta tarea de engaño se necesita un poco de valor cívico. Sólo por eso, por falta de coraje o, como ha dicho Ana Pastor, porque es un cobarde, creo que este hombre no se marchará de rositas de la tragedia de Guadalajara. Porque primero, se escondió; después, se marchó a China; y, finalmente, visitó la zona sin avisar a los interesados, o sea, a esos ciudadanos a los que él tanto apela en su plática de día de fiesta, este hombre debe recibir todo el desprecio democrático posible de la ciudadanía.

El expolio educativo
Por Juan Manuel de Prada ABC  25 Julio 2005

EN mi artículo del pasado sábado ensayé una parodia de esa retórica revanchista que, con la coartada de una presunta «recuperación de la memoria histórica» y el auspicio de unos gobernantes irresponsables, ha impregnado el discurso oficial. Con un lenguaje desquiciado que trataba de remedar esa complacencia cainita que exhiben sin pudor tantos turiferarios del Nuevo Régimen, sostenía en aquel artículo, entre otras lindezas, que no se puede ser buen escritor y de derechas, o que durante la Guerra Civil sólo se perpetraron crímenes en el bando franquista. Al parecer, la parodia resultaba tan verosímil que algunos lectores se han sentido ofendidos, quizá porque los disparates que yo ensartaba en aquel artículo son la bazofia con que se nutre «intelectualmente» una porción nada exigua de la izquierda española; una bazofia que, por cierto, amenaza con adquirir carta de naturaleza y aun rango de verdad indiscutida. Aunque me lastima que algunos lectores no hayan sabido captar mi sarcasmo, me consuela pensar que aún restan personas dispuestas a sublevarse ante la paparrucha y la tendenciosidad. Sólo me atrevería a recomendarles que no gasten la pólvora en salvas, porque en los próximos años tendrán sobradas oportunidades de emplearla contra la apisonadora revisionista que se nos viene encima.

Naturalmente, dicha apisonadora empleará métodos mucho más sibilinos que los que yo utilizaba en mi parodia, dirigiéndose muy en especial a las mentes más tiernas, que son las más maleables y las que garantizan el suministro de votos. Un ejemplo palmario de esta estrategia lo hallamos en esa Ley Orgánica de Adoctrinamiento Escolar que el Gobierno se dispone a aplicar de inmediato, para asegurarse la perduración del Nuevo Régimen. Entre las novedades incorporadas por esta Ley de Adoctrinamiento Escolar se cuenta la creación de una nueva asignatura de Formación del Espíritu (Pluri) Nacional, denominada eufemísticamente «Educación para la Ciudadanía» (échense a temblar cuando escuchen el palabro «ciudadanía», con el que se designa a los votantes dóciles y satisfechos en su gregarismo), cuyo cometido primordial o más bien único consistirá en infectar las mentes infantiles con el Ideario del Nuevo Régimen, para que quede grabado a fuego en su disco duro y, en próximas convocatorias electorales, no haya que gastar dinero ni esfuerzos en labores proselitistas.

La Constitución consagra que «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Pero esta asignatura de Formación del Espíritu (Pluri) Nacional se concibe, precisamente, para conculcar este derecho; el Nuevo Régimen se cree investido de poderes para imponer una «moral pública» a la medida de su conveniencia. ¿O es que algún iluso piensa que el Nuevo Régimen va a respetar, en su afán por construir una España más «decente» y (pluri) sexual, las convicciones morales de los padres? La Ley Orgánica de Adoctrinamiento Escolar, por lo demás, pisotea varios preceptos del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre materia educativa, donde leemos que los centros docentes «incluirán la enseñanza de la religión católica, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales», y también que se adoptarán «las medidas oportunas para que el hecho de recibir o no recibir la enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar». Y es que el Nuevo Régimen sabe bien que la religión católica es el último bastión que le resta por demoler, para lograr la plena confiscación de nuestras almas.

El expolio educativo se ha puesto en marcha. El Nuevo Régimen tiene asegurada la permanencia.

Expreso Costa Brava
MARCO AURELIO ABC 25 Julio 2005

UN sector del PSC coincide con los populares en su deseo de que la reforma del Estatuto catalán descarrile cuanto antes. De manera silente, que es como se suelen sustanciar estos sabotajes, algunos socialistas trabajan con denuedo en la tarea, si bien saben que el «malo» de esta película ferroviaria debe parecer otro. Así, el objetivo es intentar que CiU rompa la baraja para colgarle inmediatamente el sambenito de ser el grupo político responsable del siniestro total de la reforma. No será fácil, pues los convergentes están avisados de la maniobra y no se van a tragar el sapo fácilmente. A los socialistas les encantaría que el descarrilamiento se produjese en el Parlament, para ahorrarle al Congreso el papelón de decir «no» al texto que llegue de Cataluña.

A tiros por el centro de San Sebastián
Editorial ABC 25 Julio 2005

LA Ertzaintza repelió ayer en San Sebastián, con tiros al aire, el ataque de un grupo de proetarras que había acudido a rendir homenaje a un terrorista muerto en Francia. Encabezada la manifestación por Arnaldo Otegi, parte de los congregados terminaron la concentración con su tradicional epílogo vandálico. Sólo entonces intervino la Policía autonómica. Y ése es el problema. Porque lo primero que tenía que haber hecho el Gobierno vasco es no permitir semejante reunión, pues tanto su formato (estaba dirigida por un partido ilegalizado, como demuestra la presencia de Otegi y la plana mayor batasuna) como su contenido (la exaltación pública de un terrorista) contravenían un buen número de preceptos legales. Nada de eso se valoró, y en pleno contexto de recrudecimiento del «terrorismo callejero» la Ertzaintza se resignó al previsible final. La desidia del Ejecutivo que preside Ibarretxe en la evitación de manifestaciones de exaltación de ETA ya es casi patológica y discurre a medio camino entre la negligencia consciente y la irresponsabilidad.

Cataluña
Voces arbóreas
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 25 Julio 2005

Hablan los elegidos de sus desvelos, de la trabajosa custodia de una memoria oscura con sus enemigos y sus banderas y sus guerras, de su disposición insobornable a alimentar las ascuas de una nación cuyo origen se pierde en la nada, como es natural. Hablan de la esperanzada zozobra de las noches y los siglos en vela que en unos años, nada, se verá recompensada, resuelta la incógnita de nuestra identidad. Vamos a ser —prometen o amenazan— porque queremos ser. Si se empeñan…

Sólo que yo no soy de la lengua, la lengua es mía. Sólo que la lengua no es de la tierra, ni lo somos nosotros porque no somos árboles, como lo son sin duda quienes emiten las voces, árboles de carne agarrada al suelo. Inamovibles, frondosos prisioneros voluntarios. Tenemos varias lenguas y todas las tierras, y ninguna nación, verdadera o falsa, está en el centro de nuestra identidad; acaso en una lejana periferia. ¿De qué ensueño brutal, de qué sugestión hipnótica habéis sacado que venimos obligados a ciertas fidelidades por nacer aquí o allá? El hombre libre elige sus compromisos, decide quién merece su fidelidad. Yo no he visto mi firma en ningún contrato social o nacional.

Pero insisten las voces: hay una fuerza muda removiéndose a través de las generaciones, y la historia ha de hacerle justicia. Honraremos el empeño y el sacrificio de quienes con tanta imaginación y clarividencia supieron advertirnos de la nueva empresa mientras España defraudaba a todos en 1898, y todos la negaban. No recuperamos nombres, pues los nombres no se habían olvidado; decidimos simplemente otra interpretación. Así, a principios de siglo XXI podemos atribuir nuestras mismas categorías e intenciones a seres de principios del siglo XVIII, y aun anteriores. Hay una constelación de nombres que nos guarda: Villarroel, Casanova, Muntaner y Aribau no son calles paralelas de Barcelona sino dos glorias del valor y del honor en la derrota, un cronista de hazañas fabulosas y un poeta nacional.

Pero a mí me atañen todos los poetas y la crónica de todas las hazañas, y la poesía que menos me conmueve es la que urde o fantasea naciones. Villarroel proclamó “luchamos por nosotros y por toda la nación española”, por eso, como a Casanova, lo habéis reinventado. ¿Consumir nuestras vidas en la construcción nacional, “haciendo país”? Un proyecto para gente desocupada. Estáis a punto, plúmbeos, aburridísimos amigos, de dar un pasito más en la larga marcha: ahora un nuevo Estatuto, con todas las reservas mentales pero nacional. Ingente, predestinado, demencial trabajo dirigido a que vuestros nietos, algún día, sean libres. Sólo que ya somos libres. Qué tremendo cansancio, no hay manera de razonar con los árboles.

Atentado en el Sinaí
La pauta estratégica de Al-Qaeda
GEES Libertad Digital 25 Julio 2005

Un reciente análisis del Real Instituto Elcano desarrolla la hipótesis de que Al-Qaeda puede haber terminado haciendo de la necesidad táctica virtud estratégica y a la vista de que el listón que ella misma puso con los atentados del 11-S le resulta ahora imposible de alcanzar, no digamos superar, haya optado decididamente por atentados mucho más pequeños, con exigencias operativas mucho menos complejas, que de todas maneras rebasan con creces los niveles de letalidad propios del terrorismo “clásico”, anterior a los ataques de Nueva York y Washington, consiguiendo un impacto internacional enorme, verdaderamente traumático en la nación víctima, sin por ello desencadenar una reacción tan arrolladora como la que barrió sus vastos campos de entrenamiento en Afganistán y el régimen afín que se los proporcionaba.

Esa “moderación” no obstaculiza sus objetivos propagandísticos, inherentes a toda acción terrorista, siembra suficiente cantidad de temor como para demostrar su vitalidad a partidarios y enemigos, pretende desmentir la utilidad de la guerra afgana y alimenta la hostilidad a la mucho más disputada de Irak, manteniendo la división entre los que afirman que la respuesta debe limitarse a policía, inteligencia y jueces, la más favorable a los guerreros santos, y los que están dispuestos a recurrir también medios militares para ir a por ellos allí donde se encuentren y destruir a los que les prestan apoyo.

En este sentido, no sólo el volumen de los ataques sino también la selección de los agredidos formaría parte de esta estrategia. Más concretamente, la exclusión de los Estados Unidos como blanco mientras no estén en condiciones de asestarles un golpe que no ya emule sino que empequeñezca el del 2001. La hipótesis nos deja con la duda sobre si la ausencia de atentados contra el enemigo principal se debe a carencia de capacidades o es fruto de una contención estratégica que tiene como objetivo evitar que se reconstruya el espíritu de guerra en la nación americana y suscite otra vez una solidaridad mundial en el horror que legitime una nueva escalada general en los métodos antiterroristas.

Aunque la red defensiva desarrollada por la Homeland Defense es mucho más densa de todo lo que existía antes de su creación, y por tanto mucho menos penetrable, sigue teniendo mucho agujeros y ofreciendo numerosas vulnerabilidades. Pero en todo caso, superar el hito del 11-S, tanto en capacidad destructiva como en impacto psicológico, requeriría con toda probabilidad el uso de medios de destrucción masiva que los yihadistas nunca han dejado de buscar, pero que afortunadamente no son nada fáciles de conseguir si no se los proporciona un estado que haya desarrollado las correspondientes tecnologías.

Todo ello no significa que Estados Unidos estén fuera de peligro y que no haya un continuo esfuerzo por situarse en posición de golpear cuando el momento estratégico resulte propicio, pero parece muy probable que ni América ni los mega-atentados sean desde hace tiempo los objetivos prioritarios, sino más bien la repetición de ataques que como el de Londres 7-J o lo que podía haber sido el fallido de Londres 21-J así como el de Sharm el Sheik. Ambos se sitúan en número de víctimas entre un tercio y la mitad de lo que fueron Bali y Madrid, representantes por el momento el macabro ideal del terrismo islamo-fascista.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

EL REALISMO DEL GOBIERNO
GERMÁN YANKE ABC 25 Julio 2005

¿Es posible una política internacional basada en principios? ¿Se puede pretender, en las relaciones diplomáticas, la defensa de la democracia y de los derechos humanos? Se diría que demasiado a menudo las exigencias del realismo -ya sea para evitarse los problemas inherentes a la coherencia o para conseguir algún negocio- obligan a obviar cualquier otra consideración con el carácter político de los países con los que nos relacionamos. Si es así, si nuestros gobernantes creen que debe ser así, quizá sea mejor reconocerlo abiertamente. La retórica con la que se acompaña este peculiar «realismo» (incluida la «alianza de civilizaciones») resulta aún más lacerante.

El presidente del Gobierno, en el viaje a China que ha concluido este fin de semana, y de cuya eficacia comercial no dudo en absoluto, dijo, imagino que para quedar bien ante sus anfitriones, que las reformas de aquel país merecen apoyo y alabanza porque se hacen de acuerdo a «su identidad e historia». Si la Historia enseña algo es que está llena de atrocidades que deberíamos editar hoy y en el futuro. Pero pensar que el partido único, la represión constante de los disidentes, la falta de las libertades más elementales, forman parte de la «identidad» de cualquiera de los países hoy existentes me parece una de las frases que, incluso buceando en el más atroz realismo, podía haberse evitado.

El socialismo español, preso a veces de una suerte de simulación adolescente (que tiene menos exigencias racionales que la seriedad intelectual), achaca a cualquier protesta de la derecha una constante vinculación con el franquismo, hasta el punto de convertirse este artificio en disculpa para todo. ¿Pero va a resultar que los débiles gestos edulcorantes de la dictadura comunista en China son parte de una identidad e historia que hay que comprender amistosamente y el franquismo, sin embargo, es el mal contra la historia y la identidad de España?

No es sólo China, aunque sea la última etapa. Moratinos, más callado últimamente que en meses precedentes, podría explicarnos si las delicadezas del Gobierno de España, por llamarlas de alguna manera, con dictaduras comunistas como la cubana o regímenes tan esperpénticos y enemigos de la libertad como el de Venezuela, tienen algo que ver con el respeto, la alabanza o el apoyo a determinadas identidades e historias. Y qué decir de las permanentes emociones del Ejecutivo ante la política del reino de Marruecos, incluso en el escenario actual de violenta represión, sin justificación legal ni garantías de ninguna clase, de los ciudadanos del Sahara.

Veamos. Si estas y otras dictaduras, o la negativa a convertirse en sociedades abiertas, responden a ese tipo de criterios y no a la voluntad totalitaria de sus gobernantes, tendríamos ante nosotros la paradoja de inmutables sistemas contrarios a las libertades y derechos humanos. Ya no sería tanto negarse a «imponer la democracia fuera de nuestras fronteras», sino a aceptar como bueno, para los otros, el totalitarismo. Y si a esos sistemas se les llama «civilizaciones», podemos imaginar qué demonios es la alianza con ellas. Si el Gobierno pretende ser «realista», más le valdría, por pudor, estar callado.

El emir
FLORENIO DOMÍNGUEZ El Correo 25 Julio 2005

Una de las peculiaridades de las células terroristas islámicas es que casi todas ellas tienen tras de sí un emir, un líder religioso e ideológico, que se encarga del adoctrinamiento de los miembros del grupo y les persuade para llevar a cabo sus misiones suicidas, para hacerse volar por los aires llevándose por delante al mayor número posible de infieles. Las autoridades británicas buscan estos días en Pakistán al emir que instigó la masacre del día 7, mientras las españolas estuvieron buscando en Londres y Marruecos al líder espiritual de los asesinos del 11-M.

Una de las peculiaridades de estos emires es que nunca predican con el ejemplo, porque no se conoce ningún caso de instigador de estas matanzas que haya echado sobre sus hombros la mochila con los explosivos y haya apretado el botón de activación de la bomba para dar una lección a los occidentales y, de paso, acelerar su encuentro con las setenta y tantas huríes que le esperan en el paraíso. No, a los emires el martirio les gusta verlo a través de las pantallas de Al Jazeera, pero nunca en primera persona.

Euskadi es país de cristianos viejos, como se sabe, pero abundan sin embargo los emires de este tipo, que hacen llamamientos a la guerra santa sin moverse de su despacho. Lo estamos viendo estos días a raíz de la muerte de un miembro de ETA en Francia que se estrelló con su coche contra un árbol. Uno de los dirigentes del entorno político etarra, al conocer la noticia, declaró que «parece que nos encontramos ante la muerte de un militante, es decir, de un luchador vasco que ha muerto luchando». Esto no es más que épica barata y mendaz, discurso de emir acomodado para incendiar los corazones de otros jóvenes tan incautos como el que conducía el coche.

Si algo no se puede decir de lo ocurrido es que el activista -miembro de una generación de etarras posterior al Pacto de Lizarra- muriera luchando. Murió huyendo a la carrera, dando la espalda a unos supuestos enemigos, que no eran sino los agentes de una patrulla rural de la Gendarmería que hacían su trabajo rutinario esperando que ese día nadie robara pollos en los gallineros de su demarcación. Hubiera bastado al fugitivo enseñar a los gendarmes su DNI, el auténtico, el que hace la Policía española, para no tener problemas porque, salvo en su casa, nadie lo buscaba.

La realidad es sórdida y gris y por ello los emires vascos, los que ven la guerra a través de la televisión y nunca se herniarán arrastrando la mochila, la pintan de heroísmo en colores para que aparezca otra persona y, seducida por una épica para adolescentes, cargue con el peso sobre sus espaldas. El peso de la muerte o de la cárcel.

Los proetarras obligan a ertzainas de paisano a repeler una agresión con disparos al aire
La Policía imputa un delito de terrorismo a los tres detenidos, que participaron en graves altercados tras el homenaje de Batasuna al etarra muerto en Francia
ABC 25 Julio 2005

SAN SEBASTIÁN. La escalada de violencia callejera en el País Vasco escribió ayer el capítulo más amargo de los últimos meses, en las calles de San Sebastián, cuando agentes de paisano de la Ertzaintza se vieron obligados a disparar al aire para repeler la agresión de un grupo de radicales.

Los incidentes, según explicó la Policía autónoma vasca, se registraron en el barrio donostiarra de Larratxo, minutos después de que terminara un homenaje -en el que participó el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, y toda la plana mayor de la formación ilegalizada- al presunto etarra Imanol Gómez, fallecido la semana pasada en una accidente de tráfico en Francia.

Nada más finalizar la concentración, autorizada por la Consejería de Interior del Ejecutivo vasco, un numeroso grupo de radicales, entre ellos varios encapuchados, comenzó a cruzar contenedores en la vía pública e incendió un turismo. Sin que nadie pareciera intimidarles lo más mínimo, los exaltados se dedicaron a arrojar todo tipo de objetos y artefactos incendiarios contra sucursales bancarias.

De nuevo, el cóctel molotov
Con la calle absolutamente bajo su dominio, unos cincuenta encapuchados rodearon a una patrulla de la Ertzaintza de paisano, que se encontraba en el lugar efectuando labores de vigilancia, empezaron a agredirles a través de una lluvia incontrolada de cócteles molotov y de piedras.

Cercados y sin una vía de escapatoria clara, los agentes se vieron obligados a repeler el ataque efectuando varios disparos al aire. La estampida generalizada provocada por el sonido de las balas permitió a la Policía recuperar el control de la situación. Finalmente, los incidentes se saldaron con tres varones detenidos - M.L.E., de 26 años edad y natural de Pamplona, e I.A.I. y I.O.O., ambos de 25 años y domiciliados en la localidad guipuzcoana de Andoain-, a los que se les ha imputado un delito de terrorismo, otro de atentado contra agentes de la autoridad y un tercero de desórdenes públicos.

El alcance de estos últimos altercados, unido a la continuidad en el tiempo que están teniendo los actos de violencia callejera y la laxitud de las últimas sentencias judiciales, como la de Jarrai, han devuelto al País Vasco el recuerdo de los peores tiempos de una «kale borroka» que hasta ahora parecía más o menos controlada. Por si esto fuera poco, la presencia habitual de Otegi y de destacados miembros de la izquierda abertzale en los cada vez más numerosos actos organizados por el entorno etarra y autorizados por el departamento de Interior del Ejecutivo vasco, han confirmado la apertura de una renovada vía de actuación, como es la recuperación del casi extinto protagonismo de Batasuna en las calles.

La mejor prueba de esta recuperada libertad de movimientos es la propia actitud de Otegi. Después de los actos de violencia de estos días y de los continuos gritos de apoyo a ETA en una manifestación en la que podría haber no más de 500 personas, el líder de Batasuna no tuvo problema alguno en sacar pecho y aseguró que «es muy probable que se interponga una denuncia judicial contra la actuación de la Ertzaintza por impedir el normal desarrollo de la marcha».

Otegi hizo estas valoraciones después de visitar en el hospital al ex concejal de su partido en el consistorio de San Sebastián, Josetxo Ibazeta, que resultó herido durante la concentración. Según Otegi, su compañero «tiene tres vértebras rotas». «Eso habla de la brutalidad con la que se empleó la Policía», dijo.

A pesar de los destrozos causados en los altercados en el barrio de Larratxo, Otegi ahondó más en sus críticas y habló de «actuaciones crueles de la Ertzaintza» y de la «violencia extrema» con la que sus agentes «practican todo tipo de atropellos a la gente de la izquierda abertzale».

«Un mal augurio»
La gravedad del momento y las consecuencias que podría tener la persistencia de la violencia callejera no ha pasado inadvertida para las formaciones políticas que, eso sí, interpretan de manera diferente este rebrote. Para el PP, estos altercados «desmienten el contenido de los anuncios de ETA y de sus supuestas treguas parciales y dejan muy claro cual es la verdadera actitud de los etarras». El PSOE, por su parte, pidió al mundo abertzale que «use las vías democráticas para defender sus proyectos» y aseguró que «la coacción y el miedo no llevan a ningún sitio».

Para el PNV, los que cometen actos de «kale borroka» «se están situando fuera de la realidad de un pueblo que apuesta por la pacificación y la normalización». En la misma línea se postularon sus socios de gobierno de EA, que calificaron como «incompatible la violencia callejera con el diálogo sin exclusiones para la solución del conflicto vasco». Y la última pata del tripartito, EB, consideró que estos actos «constituyen un mal augurio» para las expectativas de paz.

El Gobierno deja que las comunidades invadan bajo cuerda una veintena de competencias suyas
- En quince meses de legislatura ha desistido de 27 litigios heredados de la etapa de Aznar contra normas autonómicas que afectan a facultades exclusivas del Estado, según un informe jurídico - Cataluña y los «feudos» socialistas, los más beneficiados
El Gobierno ha retirado 21 recursos de inconstitucionalidad y seis conflictos positivos contra decisiones autonómicas que se exceden de sus competencias. Para el PP, se está ante la «desmantelación» del Estado.
C. Morodo La Razón 25 Julio 2005

Madrid- El peligro para el armazón del Estado no viene sólo de reformas estatutarias como la de Cataluña. El PP ha dado ya la voz de alarma sobre otras actuaciones, dirigidas desde el Gobierno, y que revestidas de legalidad y con una cadencia pausada, a modo de lluvia fina, van encaminadas a aligerar su estructura, mientras los focos se distraen con el ruido de las posibles injerencias en la Carta Magna del proceso para conseguir un mayor autogobierno que encaran las autonomías 25 años después de su constitución.

Amenazas soterradas. En un marco en el que prestigiosos juristas, además del principal partido de la oposición, opinan que deben darse por concluidos los traspasos competenciales desde una Administración central que controla alrededor del 20 por ciento del gasto público (descontada la Seguridad Social), iniciativas legislativas con marchamo del Consejo de Ministros pueden servir para desbrozar el camino que lleva a lo que Mariano Rajoy llama el «desmantelamiento del Estado». De hecho, el líder popular ha puesto ya bajo una crítica lupa leyes como la de Educación, la del Poder Judicial y la de Agencias. Esta última sirve de ejemplo paradigmático de cómo bajo cuerda se puede dejar entrar a las autonomías en la gestión de materias que son de su exclusiva competencia, como Inmigración, mediante el invento de crear un nuevo ente encargado de su gestión y en el que estén representadas. Otra norma, en proyecto aún de redacción, y que promete ser polémica, es el nuevo Estatuto de la Función Pública, ya que en los borradores el PP ha detectado injerencias incluso en la estructura salarial.

La batalla nacionalista tiene precisamente como gran fin último recortar la llamada legislación básica, la que procede del Gobierno central, porque, en suma, lo que hay en juego se podría describir metafóricamente como una tarta en la que cuanto más pequeño sea el trozo del Estado, más grande será el autonómico y, por ende, el que las minorías podrán manejar desde sus respectivos feudos.

La iniciativa legislativa no es la única amenaza que en la sombra se cierne sobre ese pedazo de pastel que aún mantiene el Estado. Tan sencilla como ésa, y casi más silenciosa, es la política de desistir del conflicto de competencias o del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra normas «invasoras» de la comunidad, con el plus añadido de que puede venderse, como ya se está haciendo desde el Ministerio de Administraciones Públicas, con el eslogan de la rebaja en la conflictividad interterritorial. El PP cree, sin embargo, que detrás de este «falso progresismo» se oculta una nueva connivencia con las fuerzas exógenas empeñadas en menguar las facultades estatales.

Según un informe interno que maneja Rajoy, elaborado por el área de Política Autonómica sobre la base de datos jurídicos, en los quince meses que van de legislatura el Ejecutivo socialista ha acordado en Consejo de Ministros la retirada de 21 recursos de inconstitucionalidad y de seis conflictos positivos, todos ellos heredados de la etapa de mandato de José María Aznar. Los «feudos» socialistas y Cataluña son los mayores beneficiarios. En concreto, Cataluña lo ha sido en 6 ocasiones; Andalucía, en 5; Castilla La-Mancha y Extremadura, en 4, cada una de ellas; Navarra, País Vasco y Aragón, en 2, cada una de ellas; y Asturias y Canarias, una vez. La relación de leyes autonómicas sobre las que el Gobierno ha desistido en sus recursos de inconstitucionalidad es variada:

Andalucía. La ley de 20 de octubre de 2003 de regulación de la investigación con preembriones humanos, que afecta a las competencias exclusivas sobre la investigación científica y sobre la sanidad exterior; la 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de ahorro, a las bases de la ordenación del crédito y de coordinación de la planificación de la actividad económica; la 10/2002, de 21 de diciembre, de normas tributarias (sometimiento de Caja Sur al control de la Junta de Andalucía), en la misma línea que la anterior; y la 1/2000, de 4 de abril, de ordenación y control del marisqueo y la acuicultura, a las atribuciones estatales en materia de pesca marítima.

Aragón. La ley 1/2001, de modificación de la Ordenación del Territorio de 1992, afecta a la facultad del Estado para llevar a cabo acciones con una evidente incidencia territorial como la prevista en materia de aguas; y lo mismo sucede con la 6/2001, de 17 de mayo, de ordenación y participación en la gestión del agua.

Asturias. La ley de 30 de diciembre de 2003, sobre establecimiento excepcional para elección del Consejo de Administración del Ente Público de Comunicación, incide en la competencia exclusiva en normas básicas de los medios de comunicación.

Castilla-La Mancha. La ley 10/2003 de ayudas agrarias afecta a las bases de la actuación económica general; la 2/1998, de 4 de junio, de la actividad urbanística, a los títulos competenciales del Estado que le facultan para llevar a cabo acciones con evidente incidencia territorial; y la de 26 de diciembre de 2000, del impuesto sobre actividades del medio ambiente, colisiona con la competencia en planificación económica.

APARECE ENTRE LOS DOCUMENTOS INCAUTADOS A ANTZA
ETA diseñó la estrategia de Batasuna para que triplicara sus votos en 2012
El control de Batasuna por parte de ETA queda una vez más al descubierto en los documentos que la Policía incautó al que fuera jefe de la banda terrorista hasta su detención, el pasado mes de octubre. En poder de Mikel Antza los agentes encontraron la estrategia diseñada por la dirección etarra para la formación ilegalizada: pasaba por convertirla en la primera fuerza vasca en 2012. Para ese año, ETA esperaba la celebración de un referéndum de autodeterminación.
Agencias Libertad Digital 25 Julio 2005

Las notas incautadas al jefe de ETA, Mikel Albizu, "Mikel Antza", en octubre pasado revelan que ETA planeaba convertir a Batasuna en la primera o segunda fuerza política nacionalista del País Vasco, con una capacidad de control "definitiva" en la comunidad autónoma vasca para el año 2012.

El Mundo adelanta que la "hoja de ruta" intervenida a Antza preveía que Batasuna lograra 150.000 votos en las últimas elecciones autonómicas vascas. Este partido ilegalizado no pudo presentarse finalmente, pero el Partido Comunista de las Tierras Vascas logró un resultado muy similar al augurado para Batasuna, con 150.644 votos.

Además, de los documentos se desprende que ETA preveía que en 2012, una vez logrado el derecho de autodeterminación, Batasuna lograría 400.000 votos en el País Vasco.

De la documentación intervenida también se desprende que Antza tenía redactados dos comunicados de tregua, por un año e ilimitada, en los que el fin de la "lucha armada" queda supeditado a que los Gobiernos de España y Francia acepten sus imposiciones soberanistas. El primero de los comunicados, con el cese de las armas durante un año, se haría público coincidiendo con el "Día de la Patria Vasca" y el segundo, un alto el fuego ilimitado, se decretaría en función de cómo avanzaran las negociaciones con los Gobiernos español y francés sobre la autodeterminación de los "territorios vascos", que incluyen Navarra y parte del territorio francés.

Galicia, el cambio que viene
El bipartito PSOE-BNG toma, dieciséis años después, el relevo de un hegemónico Fraga. Además de mayores aspiraciones de autogobierno, el traspaso trae bajo el brazo una profunda renovación que afectará a buena parte de la sociedad gallega
ANA MARTÍNEZ ABC 25 Julio 2005

SANTIAGO DE COMPOSTELA. Galicia celebra el Día del Apóstol hoy, por primera vez desde 1989, sin Manuel Fraga y con nuevos inquilinos en la Xunta. No pasa inadvertido este reciente cambio para los más de mil altos cargos que, nombrados a dedo durante las últimas legislaturas de gobierno popular, se resignan a un futuro incierto o intentan blindar sus contratos, según los casos, ante la confirmación de los nuevos vientos que soplan el PSOE y el BNG. Pero son sólo la punta de un iceberg que afectará a la amplia red de influencia política, económica, social y cultural que han tejido durante tantos años las huestes del hasta ahora indiscutible Fraga.

En el Día de Galicia, más simbólico que nunca, acapara todas las miradas el nuevo pacto de gobierno que suscribieron el viernes el socialista Emilio Pérez Toruriño y el nacionalista Anxo Quintana. Y, como ante todo cambio, los distintos sectores gallegos se mueven entre la expectativa y el recelo, y los anuncios políticos no están exentos de levantar ampollas. Como muestra, la anunciada desaparición de la Consejería de Justicia no ha sentado bien a conservadores ni a progresistas, que lo consideran un perjuicio para la eficacia de este servicio público.

También ha levantado polémica la futura ley para controlar las obras de las diputaciones, que permitirá a la Xunta supervisar las inversiones de las cuatro instituciones provinciales, tres de ellas, por cierto, en manos del PP. Socialistas y nacionalistas siempre han visto estos entes como herramientas de los populares para favorecer a su creciente clientela en las áreas rurales, donde conservan el grueso de sus votos. Para el PSOE y el BNG, José Luis Baltar y Francisco Cacharro Pardo, presidentes de las cámaras territoriales de Orense y Lugo, respectivamente, simbolizan esta «política caciquil».

Pero hay más medidas en cartera que, además de suponer un salto, se enfrentarán a simpatizantes y detractores, a vencedores y vencidos:

Autogobierno. El bipartito se compromete a revisar el texto estatutario con la participación de «todas las fuerzas políticas gallegas con representación parlamentaria». Los trabajos se iniciarán en los seis primeros meses de la legislatura, en ponencia parlamentaria y con la solicitud de dictamen al Consejo Consultivo de Galicia.

Ejes de Gobierno. La Xunta tendrá como prioridades el empleo, el incremento del 20% del gasto en educación, la formación en I+D, políticas de sostenibilidad ambiental y calidad urbanística y la normalización del gallego.

Acción legislativa. El Ejecuvo regional se compromete a elaborar al menos una docena de leyes básicas, como las de transparencia, subvenciones, publicidad institucional y reforma de la función pública y de Policía, para la creación de la Policía gallega y su coordinación con las locales. También las de violencia de género y de conciliación de la vida laboral y la familiar. Además, se modificará la ley electoral para garantizar la paridad en las listas y elevar las garantías en la emisión del voto emigrante.

Comunicación. La Xunta elaborará una ley que garantice la autonomía y el carácter de servicio público de la televisión gallega (TVG) y subirá la cuota horario de emisión en esa lengua.

Transferencias. La Xunta se compromete a construir 25.000 viviendas de protección (7.000 en alquiler), a impulsar un pacto local para el reconocimiento de competencias a los concellos y a establecer un nuevo modelo de financiación, basado en «eficiencia y equidad». Abrirá una línea de negociación con el Estado para corregir déficits estructurales (deuda histórica), reclamar un 8% de la inversión total del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes y asumir competencias en materia policial y en saneamiento y gestión del litoral. Galicia quiere tener más presencia en los órganos del Poder Judicial y el Senado.

Política lingüística. El bipartito aspira a la plena competencia lingüística en gallego, castellano y una tercera lengua (extranjera) de los que acaben la enseñanza pública. Aprobará un programa de galleguización de la Justicia y será necesario acreditar un determinado conocimiento de la lengua y el derecho de Galicia para convertirse en fiscal, juez y magistrado.

Idioma de la Xunta. El pacto obliga a todos los miembros del futuro gobierno a expresarse y escribir en gallego.

Cuentas públicas. El Consejo regional de Cuentas, responsable de fiscalizar los gastos, podrá sancionar.

Ayudas sociales. El acuerdo pretende incrementar la cuantía de pensiones y pagas sociales, que dependerán de una Secretaría controlada por Quintana.

Banco de tierras. El pacto incluye el compromiso de constituir un fondo público con los terrenos a los que sus propietarios no den utilidad.

UNED. Creación de la primera universidad gallega a distancia, modelo similar a la UNED, aprovechando la tecnología de internet. Se prevé la creación de un instituto para promover la formación de los gallegos fuera de la comunidad.

Concentrar subvenciones. El Igape, la SPI y otros organismos destinados al apoyo de las empresas gallegas mediante subvenciones se concentrarán en una única entidad.

Voto emigrante. Compromiso de promover la reforma de la legislación que regula el voto emigrante, para reforzar sus garantías.

Otras actuaciones. El bipartito se plantea reducir la ratio profesor/alumno hasta alcanzar el «uno cada quince» en la educación infantil. Hace votos asimismo por crear más plazas para menores de tres años -guarderías- en la red pública. Y, entre otros proyectos, revisará el conocido como «Ciudad de la Cultura».

Galicia, hora de irse
Nota del Editor 25 Julio 2005

Ha llegado la hora de irse de Galicia ?.  A tenor de lo que plantean los nazionalistas y sus socios pronazionalistas, y ahora que los bienes inmobiliarios están en un punto alto, parece que ha llegado el momento de tirar la toalla. Sí, efectivamente, es un acto de cobardía, pero hemos visto otros abandonos y es mejor salir antes de que sea demasiado tarde: los franceses en Vietnam, en Argelia, los españoles en el Sahara, los expertos de la historia deben saber sin duda muchos más, otros que andan intranquilos como Ceuta y Melilla, Canarias, en Cataluña ya hace años que muchos hicieron las maletas, lo mismo que en el País Vasco, Valencia. Somos unos cobardes, vamos a abandonar a los que piensan como nosotros, sin esperanza sin dignidad, sin derechos constitucionales, poco a poco, indefectiblemente. Estamos en plena explosión del bang, y la sociedad española, actualmente no tiene madera para producir la implosión, sometida a los intereses de políticos cuyo único interés está a dos palmos de sus narices, panzistas irresponsables.
 

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