AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 4 Agosto 2005
El nuevo Estatuto catalán: un paso de gigante hacia la independencia
Diego Luis Baño El Semanal digital 4 Agosto 2005

Asalto al Estado. España debe subsistir
JOSÉ MANUEL OTERO NOVAS ABC 4 Agosto 2005

El viraje del PSOE
Editorial ABC 4 Agosto 2005

Carod, el chantaje tiene un nombre
EDITORIAL Libertad Digital 4 Agosto 2005

Pervivencia del Estado en la España constitucional
PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO 4 Agosto 2005

Que siga el espectáculo
Por EDUARDO SAN MARTÍN ABC 4 Agosto 2005

ZP y el monopolio de la información
Juan Ramón Rallo Libertad Digital 4 Agosto 2005

La bomba de los ayatolás
Editorial ABC  4 Agosto 2005

1. Las tramas superpuestas
Luis del Pino Libertad Digital 4 Agosto 2005

El nuevo Estatuto catalán: un paso de gigante hacia la independencia
Diego Luis Baño El Semanal digital 4 Agosto 2005

T RANSCURRIDOS 18 meses de reuniones, comisiones, cumbres y demás historias todo parece ir quedando claro respecto al nuevo Estatuto que se cuece en Cataluña. Por si alguien todavía dudaba de las intenciones separatistas de ERC, con el apoyo entusiasta de CiU, la connivencia de ICV y la indefinición y ambigüedad del PSC, los últimos acontecimientos se han encargado de mostrar la realidad.

Tras ser aprobado por la comisión del Parlamento catalán, no cabe la menor duda de que el nuevo Estatuto en su estado actual supone un claro desafío a la unidad de España y su permanencia como nación. Además, el texto salido de la comisión crea una situación que desborda claramente los límites que las realidades histórica, política, cultural y legal imponen. Se pone al castellano, lengua mayoritaria de los catalanes, contra las cuerdas; se somete al Estado a un vaciamiento de competencias que lo deja prácticamente inoperante en Cataluña; se invocan unos supuestos "derechos históricos" fundamentados en los mitos y la historiografía nacionalistas; se fuerza la reforma de leyes orgánicas del Estado; se establece una bilateralidad de facto en las relaciones con el Estado y la Unión Europea; se omite la españolidad de los ciudadanos catalanes; y se camina hacia un sistema de financiación insolidario y prácticamente independiente.

¿No supone todo esto un paso decidido en la estrategia nacionalista de lograr una Cataluña independiente de España? ¿O acaso hace falta que salgan Maragall, Carod-Rovira y Saura proclamando el "Estat Catalá" desde el balcón de la Generalitat?

Seamos francos. Ahora mismo lo que se discute es si Cataluña se separa un poco más de España para terminar configurando su propio Estado en el futuro. Aun así hay muchos que prefieren no darse cuenta y esperar a que los nacionalistas acaben rebajando sus exigencias. ¿De verdad creen que a Carod y los suyos les importa mucho lo que digan el Tribunal Constitucional, el Congreso o cualquier institución "ajena a los intereses de Cataluña"?

Si este Estatuto es el que finalmente acaba llegando al Congreso nos hallaremos ante un nuevo desafío a España, como ya hiciera en su día el Plan Ibarretxe. Pero la diferencia entre uno y otro es que no sabemos cuál va a ser la respuesta del Gobierno y el PSOE a tamaño desdén. Por el momento las únicas señales que emiten son confusas y preocupantes en muchos casos, pero llegado el momento, a la hora de la verdad tendrán que demostrar si están realmente con España y la Constitución, con los principios y valores que representan a la mayoría natural del país, o con aquellos que aspiran a balcanizar España e hipotecar su futuro. Llegado el momento no valdrán excusas.

Reproducido por Vistazo a la Prensa 10805

Asalto al Estado. España debe subsistir

Por JOSÉ MANUEL OTERO NOVAS ABC 4 Agosto 2005

Es ya significativo que el autor exprese en el subtítulo un deseo como éste: que España subsista. Es una forma indirecta, no alarmante, de introducir en la gravedad de la situación que intentan describir los análisis de este profesor de Derecho público (Vigo, 1940) de bien conocida carrera política: miembro del colectivo Tácito en el diario «Ya» y colaborador de Fraga en el régimen anterior, ha sido ministro con Suárez en dos ocasiones. Ya en 1998 había abordado con lucidez en «Defensa de la Nación» el vaciamiento que viene sufriendo el Estado y las tendencias disgregadoras provocadas por los nacionalismos y aceptadas de forma insensata por una gran parte de nuestra sociedad. En este título avanza en sus preocupaciones que, sin duda a algunos les parecerán apocalípticas o, al menos, excesivamente dramáticas. Sencillamente Otero Novas, como miembro de ese club de españoles responsables, sin carné y local (del que me siento parte) intenta oponer a la desgracia que nos amenaza los conceptos, las definiciones, las creencias con la esperanza última de que la racionalidad, la cordura, la sindéresis y el sentido de responsabilidad ayuden a mantener en pie la casa común, esto es, la nación española.

El viraje del PSOE
Editorial ABC 4 Agosto 2005

LAS declaraciones del presidente del Senado, Javier Rojo, y del secretario de Organización del PSOE, José Blanco, en las que abogan por un gran pacto político en otoño para «conseguir la paz» ratifican el cambio de estrategia del Gobierno, empeñado ahora en una maniobra de aproximación al nacionalismo vasco. No es tanto un movimiento formal para garantizarse los apoyos concretos del PNV -desde un punto de vista aritmético la alianza no sería necesaria para asegurarse la mayoría parlamentaria-, como una operación de fondo y de mayor calado que marca un punto de inflexión respecto a los objetivos últimos del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Constatado el fracaso del modelo catalán por la postura maximalista de ERC y las exigencias de CiU, al Gobierno se le ha roto el escenario que intentó cuadrar desde el principio de la legislatura: el Estatut ya no sirve de ejemplo para el País Vasco; el espejo en el que Zapatero pretendía que se mirase Ibarretxe, como contrapunto al proyecto secesionista del lendakari, se ha roto en mil pedazos. El instrumento para tratar de contener las ansias soberanistas del PNV no ha dado sus frutos, porque embarrancado el Estatuto catalán, embarranca también la posibilidad de utilizarlo como dique para frenar al nacionalismo vasco.

Antes, la estrategia del Gobierno pasaba por una sencilla operación aritmética que la realidad se ha encargado de descuadrar: sumar el plan Ibarretxe y el modelo estatutario catalán y dividir entre dos. Como el Estatut, pensaba el Gobierno, contribuiría a rebajar el resultado final, Zapatero dejó manos libres a Maragall para arreglar una situación que, finalmente, es la contraria de la que pensaron. El nacionalismo catalán ha roto el tope y reventado la operación, porque la reforma a la que aspiran ERC y CiU es, con matices, similar a la que reclama Ibarretxe para el País Vasco. En medio de este peligroso cruce de caminos, el PSOE parece ahora dispuesto a rizar el rizo en un giro político que presenta graves interrogantes. Bajo la premisa de «conseguir la paz» -en abstracto y sin mayores concreciones-, Blanco apuesta por hablar con todas las fuerzas políticas, menos con el PP, contra el que arremete y exhorta a que «explique ya de una vez si está en contra». Curiosa manera de lograr tan ambicioso y etéreo objetivo eliminando del debate al principal y único partido de la oposición y a los más de nueve millones de españoles que representa. Si lo que pretende el PSOE es ahondar en su estrategia de aislamiento del Partido Popular, para convertirlo en convidado de piedra de un nuevo modelo de Estado basado en la convivencia más o menos pacífica del socialismo y el nacionalismo, se equivoca gravemente. Porque tal vez se pueda arrinconar parlamentariamente a la segunda fuerza política del país, pero socialmente es imposible. Si lo intenta, el Gobierno será responsable de fomentar una división que sólo obedecería a objetivos partidistas.

El Ejecutivo parece convencido de que ha llegado el momento de cuadrar el círculo: abrir un nuevo proceso constituyente que derive en un nuevo modelo de Estado sin que se resientan los cimientos constitucionales. Un metafísico imposible después de comprobar cómo se las gasta el nacionalismo en Cataluña y cómo Ibarretxe, con el apoyo del PCTV en el Parlamento vasco, no decae en su objetivo de lanzar el definitivo órdago al Estado, incluso con la trompetería de un Imaz que apuesta, sin ambages, por un País Vasco de soberanía compartida con España, Francia y Europa. La razón de Estado obligaría al Gobierno, comprobado en sus carnes como responden constitucionalmente sus socios, a tender la mano al PP. No lo hará, porque eso le llevaría a apartarse del escenario que dibujó sobre el papel cuando Zapatero llegó a la Moncloa. Para el viaje, largo y complejo que diseñó el socialismo, valen todos menos el Partido Popular.

Revelador paisaje que parece confirmar que la cambiante estrategia del Gobierno, en función de cómo sople el viento, está marcada por un criterio inamovible: construir un marco político donde todos se sientan a gusto menos los que disientan de ese nuevo marco político configurado a conveniencia de parte del socialismo y el nacionalismo. Si en el «proyecto de paz» que barajan José Blanco o Javier Rojo tienen más cabida ERC y el PNV, o incluso Batasuna, que el PP, habrá que convenir que, en términos de Estado, resulta especialmente frustrante.

Carod, el chantaje tiene un nombre
EDITORIAL Libertad Digital 4 Agosto 2005

En el culebrón por entregas en el que, en las últimas semanas, se ha convertido la reforma del Estatuto catalán faltaba la inevitable bravuconada de Carod Rovira. Ayer se produjo. El líder carismático del nacionalismo catalán más montaraz no pudo contener la respiración por más tiempo y se echó al monte recordando a Maragall porque él y no otro disfruta de la siempre agradecida poltrona de la Generalidad. A pesar de que no comulgamos con las razones por las que Carod le echó en cara eso a Pascual Maragall, no nos queda más remedio que alabar la maquiavélica coherencia del dirigente esquerrista.

El tripartito que gobierna en Cataluña es una curiosa hechura de tres partidos que perdieron las elecciones autonómicas. Los socialistas, ávidos de poder (como siempre), se sometieron irresponsablemente a un sinfín de hipotecas sin saber a ciencia cierta si iban a poder satisfacer su pago. Sus acreedores, es decir, la sucursal de Izquierda Unida en Barcelona y Esquerra Republicana, saben bien que gozan de una oportunidad única, de una ocasión histórica e irrepetible para imponer sus criterios y hacer de su capa un sayo durante toda la legislatura, esto es, son conscientes de que disponen de bula plenaria para gobernar de facto sin quemarse y para salir de la refriega con cierto aire heroico. Estas eran, grosso modo, las condiciones de un pacto que se vendió hace un par de años como el no va más de la modernidad política en Cataluña.

Maragall se encuentra pues cosechando lo que ayer sembró. La preocupación principal de los esquerristas en estos primeros cuatro años de pacto con el PSC es conseguir un Estatuto a la medida de sus expectativas. De manera que las expectativas de ERC pasan siempre por la soberanía y la independencia del Principado, lo más probable es que el Estatuto que han pergeñado sea inconstitucional y se encuentre con más de un problema a su paso por Madrid. No importa, el de Perpiñán conoce bien cual es su radio de influencia y hasta donde llegan sus poderes. Maragall es su preso particular, su president encerrado en una jaula de oro dispuesto siempre a dar cumplida respuesta a sus deseos. Teniendo la Generalidad, que no es poco, el 14-M vino a ponerle en bandeja el gobierno central con sólo ocho escaños cómodamente recostados, eso sí, sobre los acuerdos de gobierno en Cataluña. En la capital del reino su jurisdicción se extiende hasta el mismo palacio de la Moncloa, donde se beneficia de un trato privilegiado y concesiones por doquier. Lo que no consiguió Pujol en varias legislaturas lo ha conseguido Carod en apenas unos meses; el expolio del archivo de Salamanca es la mejor muestra y acaso el florón más preciado de cuantos colecciona desde que la suerte empezó a sonreír su causa en el otoño de 2003.

No hay engaño, no hay trampa, no hay cartón. Carod Rovira puede permitirse el lujo de amenazar, de chantajear y de lo que le plazca. El PSOE le ha hecho y es el PSOE quien, en primera instancia, ha de padecer sus excesos. Solidariamente con el partido que gobierna en Cataluña y en el resto de España los padecemos todos porque en sectarismo y vileza pocos políticos superan al hoy factótum de la Esquerra. La ceguera de un partido que aun se dice nacional le ha puesto ahí a pensión completa. La factura corre a nuestra cuenta.

Pervivencia del Estado en la España constitucional
POR PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS ABC 4 Agosto 2005

... El Estado no es hoy, en consecuencia, sustituible. El reto no es, por ello, su defenestración, sino ser capaces de conformar su perfil, definir sus cometidos y optimizar su eficiencia...

LOS tiempos presentes no son el mejor momento para la reivindicación del Estado. Quedan lejanas las formulaciones -de Maquiavelo a Bodino-, que no sólo buscaban la justificación de esta entonces nueva forma de organización política, sino que ensalzaban sus ventajas frente a las realidades políticas de la Antigüedad, la polis griega y la civitas romana, y el Imperio medieval. Incluso las construcciones clásicas, desde el absolutismo, como en Hobbes, hasta las liberales o radicales, de Locke o Rousseau, son interpretadas de manera desconfiada. Ocurre que a los horrendos excesos totalitarios del siglo pasado -el «Holocausto» del nacionalsocialismo alemán, el dirigismo cultural del «Libro del Estado» del fascismo italiano y el «Gulag» del comunismo stalinista- ha seguido el auge de ciertos movimientos que auspician el desmantelamiento del Estado en beneficio de una sacrosanta sociedad civil. Para llegarse, por sus defensores más conspicuos, a atisbar alternativos modelos de organización, a reclamar la superación de las categorías estatales y a pedir su sustitución por otra ordenación de la vida pública.

Pues bien, en este contexto adverso, me gustaría romper una lanza a favor de la indispensable pervivencia del Estado. Nadie me tiene que convencer, pues no es necesario, de la efectividad de los postulados liberales o descentralizadores en las sociedades modernas, pero de ahí a impulsar la aniquilación nihilista de todo lo que lleve el marchamo de Estado, hay un salto, no sólo lógico, que también, sino social y político que no puedo compartir. Así, por ejemplo, y aunque es verdad que no corren los mejores tiempos para la Constitución europea, tras la negativa de los referenda en Francia y Holanda, su artículo 1 dispone con claridad que «La presente Constitución, que nace de la voluntad de los ciudadanos y de los Estados de Europa...».

Y de aquí mi satisfacción por el último libro de Francis Fukuyama, La construcción del Estado. Hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI, donde se ponen al descubierto los desaciertos de una política de demolición sistemática del Estado. Se ha pasado con ligereza de un deseable adelgazamiento de las dimensiones de un Estado hipertrofiado, a la constatación de una peligrosa debilidad estructural. ¡Y es que es más importante la construcción de la idea de Estado de Derecho en el desarrollo de la economía de mercado, que las políticas propias de privatización! El modelo a seguir se encontraría así a medio camino entre los excesos ineficaces de un mal entendido Estado del Bienestar y un desacertado liberalismo radicalizado.

La razón es obvia: el Estado sigue siendo necesario. El Estado, y no otra pretendida entidad política, permanece velando en un Estado de Derecho por la seguridad y libertad personal. ¡Qué más se puede pedir! Pero es que además, el progreso económico no es factible -los países de África e Iberoamérica así lo atestiguan- sin un Estado que sirva de esqueleto sustentador; que dote a la sociedad civil de una infraestructura institucional, que permita el afianzamiento de la economía de mercado, que aborde la educación, que haga real la igualdad de oportunidades y que garantice sus derechos más básicos.

El Estado no es hoy, en consecuencia, sustituible. El reto no es, por ello, su defenestración, sino ser capaces de conformar su perfil, definir sus cometidos y optimizar su eficiencia. Las incontrovertibles reivindicaciones de mantenimiento del orden y de la seguridad pública, de respeto ineludible al principio de legalidad, de innegociable calidad en la gestión de las Administraciones, de una ambicionable reforma de la justicia, de inaplazables revisiones fiscales más integrales, de democrático impulso de la participación ciudadana y de consecución de mejores cotas de justicia social, sólo son posibles desde la acción, vigilante o transformadora, del Estado. Todos hemos tenido ocasión de vislumbrar las amenazas que acechan a Estados débiles o fragmentados. Me refiero a la extensión de los conflictos sociales, a la desvertebración política, al quebranto económico de los pueblos desgobernados, al auge de la corrupción política, a la lacra del terrorismo internacional -tan próxima tras la barbarie del pasado 7 de julio en Londres-, a la violación de los derechos fundamentales, a los altos niveles de analfabetismo, etc.

Y si esto es así con carácter general, también algo debe decirse, aunque el contexto es obviamente muy otro, respecto de la conveniencia de preservar un mínimum de Estado, en el sentido estricto del término, pues las Autonomías, aunque se olvide, también forman parte de él, en la España constitucional. Una España constitucional asentada en la Nación española, la única que reconoce la Constitución de 1978, y organizada políticamente desde hace más de quinientos años sobre un único Estado: el Estado español. Es cierta, nadie lo discute, la profunda transformación habida en los últimos años -el Estado de las Autonomías- que ha puesto fin, con el generoso reconocimiento de las diferentes «nacionalidades y regiones que la integran» (artículo 2 de la Constitución española), a un exacerbado y triste centralismo autoritario. Pero un proceso, claro está, que se ha erigido sobre la creciente asunción de competencias por las Comunidades Autónomas en detrimento de las hasta hace poco absolutas e intangibles potestades del Estado.

Un Estado que resguarde la continuidad de nuestros valores compartidos y de una cohesión nacional en materias como la política internacional, el modelo educativo, la organización judicial, el sistema sanitario y el orden fiscal. Un Estado que tutele el principio de unidad jurídico y económico imprescindible. Un Estado que ampare la igualdad de derechos y deberes en todo el territorio nacional. Un Estado que asegure unas prestaciones sociales comunes. Un Estado, en fin, capaz de respaldar una política de coordinación y solidaridad interterritorial entre los pueblos de España (Preámbulo y artículo 2 de la Constitución). Unas reflexiones que resultan ineludibles tras el rechazo hace unos meses por el Congreso del secesionista Plan Ibarretxe, la llegada a la Cámara Baja de la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana y la preocupante discusión de la reforma estatutaria en Catalunya.

Algo que en la España constitucional hemos de resguardar dado el proceso de descentralización y la salvaguardia de unos referentes coparticipados e integradores. Cuidado, ahora en pleno debate estatutario, con modelos de financiación insolidarios, con ficticios derechos históricos para desplegar inconfesables políticas, con un fraudulento uso del artículo 150. 2 de la Constitución para vaciar de competencias al Estado, con la modificación directa de leyes orgánicas o con el blindaje y atribución de falsas competencias excluyentes. Sin olvidar su peligroso desmantelamiento, en este caso desde el propio Estado, a través de la promulgación de desordenadas leyes sectoriales en materias de educación, justicia, función pública o hacienda.

En palabras de Nicolás Maquiavelo, quién mejor para referirse a lo stato, «si se conocen anticipadamente los males que pueden después manifestarse... quedan curados muy pronto».

Que siga el espectáculo
Por EDUARDO SAN MARTÍN ABC 4 Agosto 2005

|LA ESPUMA DE LOS DÍAS
LA intercepción de una patera con diez bebés y dieciséis mujeres a bordo en aguas del Estrecho apenas si encuentra ya un minúsculo hueco en las portadas de nuestros diarios. Entre los ecos de las batallas políticas que deberían haber caducado con el comienzo del verano y el anuncio de las que se preparan para el fin de la canícula no hay solución de continuidad; ni siquiera una mínima área de descanso que nos permita escudriñar, más allá de nuestras insensibilizadas narices, la España real que se adivina por entre las brumas de debates que dejan indiferentes a una mayoría de ciudadanos españoles. Políticos y periodistas nos hemos construido una campana de cristal y convertimos nuestras percepciones en asuntos de interés general. Representaciones repetidas hasta la náusea que siguen un mismo guión en el que sólo cambian los nombres de los actores, y en el que el cruce de papeles transmite la falsa sensación de nuevos escenarios y nuevos decorados.

Desde años, hemos convertido el relato informativo de este país, de forma casi excluyente, en la trascripción rutinaria y monocorde de las peripecias de nuestros representantes políticos, de sus acuerdos y querellas, de sus cambios de humor, de esas grandes broncas monumentales que dejan sin aliento al espectador pero que, casi siempre, concluyen en un café de compinches en la cafetería del Congreso, o del hotel de enfrente. Probablemente, la España real y la España oficial nunca hayan estado más alejadas desde los tiempos de la Transición; con el riesgo de que quienes gestionan la segunda intentan salvar esa enorme distancia a golpe de artificios para convertir sus proclamas en una profecía autocumplida: lo que sólo era un problema en sus previsiones se convierte en un drama real como consecuencia de las políticas puestas en práctica a partir de aquellos cálculos. Es la parte del espectáculo a la que estamos a punto de asistir después de un año de desmañada preparación: la eventual eclosión de un problema territorial y constitucional allá donde sólo existía la expresión de un deseo sin fundamento en la realidad.

Mientras, siguen llegando pateras por el Estrecho. Y esas embarcaciones de fortuna sí que son heraldos de las realidades a las que nuestra sociedad se va a enfrentar -se está enfrentando ya- a lo largo de las próximas generaciones. Nuestros políticos se ocupan de los territorios, y no son éstos sino las mujeres y hombres que los habitan quienes están cambiando la faz de este país. No es por ejercer de augur, pero conviene recordar que los terroristas de Londres eran hijos de emigrantes que algún día fueron acogidos en Gran Bretaña con los brazos abiertos para contribuir a su prosperidad. Esa actitud no eximió a los anfitriones del «discurso del odio» (A. Gluksman). Y nosotros, entretanto, trazando mapas con el compás de supuestos derechos históricos.

Comunicación
ZP y el monopolio de la información
Juan Ramón Rallo Libertad Digital 4 Agosto 2005

Uno de los argumentos más recurrentes de la izquierda para criticar el capitalismo es asegurar que los medios de comunicación, la publicidad o la propaganda, controlan nuestras vidas. La gente no es libre pues el emporio mediático le dicta cómo tiene que actuar.

Afortunadamente para la libertad –y desgraciadamente para los socialistas– tal afirmación no supera la categoría de pura superchería. La gente no es esclava de los medios de comunicación por dos motivos esenciales: a) cualquier individuo puede crear su propio medio de comunicación en un sistema capitalista y b) la gente es capaz de utilizar la “razón” para distinguir qué mensajes son útiles y adecuados para sus vidas.

Estos dos motivos se incardinan con los principios básicos del capitalismo: la propiedad privada permite la creación de medios de comunicación y la libertad el uso irrestricto de la conciencia. El totalitarismo orwelliano de 1984, por ejemplo, se aseguraba el control absoluto de su población a través del monopolio de los medios de comunicación (Gran Hermano) y de la represión de la libertad de conciencia (policía del pensamiento).

En la España actual, de momento, la libertad de conciencia se encuentra relativamente salvaguardada; sin embargo, el socialismo gobernante ha desplegado todo su arsenal legislativo para asegurarse el monopolio mediático. Con la excusa de la escasez del espacio radioeléctrico, el Estado planifica y decide quién puede crear un medio de comunicación. La propiedad privada se pone en solfa y los amigos del gobierno obtienen las pertinentes licencias de emisión para continuar cantando las virtudes del poder.

No obstante, la escasez no constituye, en ningún caso, un argumento favorable a la planificación del gobierno; si todo lo escaso debiera ser planificado, nuestra sociedad completaría su transformación en una tiranía comunista. El pan, los libros, los automóviles o las viviendas son bienes escasos. ¿Debería el gobierno planificar su producción? ¿Debería expedir licencias para determinar quien puede escribir o comprar un libro?

La nueva televisión de Polanco ejemplifica sólo el último ataque a la propiedad privada y a la libertad de expresión. La debida contraprestación por los servicios prestados hasta la fecha y la necesaria plataforma para prestarlos en el futuro. Mientras Polanco obtiene una licencia más, miles de empresarios se ven expulsados del sector periodístico. Sólo los epígonos gubernamentales pueden utilizar el espacio radioeléctrico común; sólo ellos pueden expresarse sin limitaciones en España (a excepción, claro está, de las limitaciones consustanciales al corpus ideológico y propagandístico que el gobierno requiere).

ZP, como buen político, quiere dominar a los españoles y cercenar su libertad. La creación de la “dictadura perfecta” al estilo mexicano siempre ha estado entre los planes del PSOE. El monopolio de la información entra necesariamente en la ecuación. Para evitar la “esclavitud perfecta” que pretende el socialismo ya sólo nos queda el uso de nuestra razón, de nuestra libertad de conciencia. Pero... ¿por cuánto tiempo?

Juan Ramón Rallo es miembro del Instituto Juan de Mariana

La bomba de los ayatolás
Editorial ABC  4 Agosto 2005

LA única razón que explica el desaforado interés del régimen teocrático iraní por dotarse de armas nucleares propias es el hecho de que Estados Unidos se encuentra militarmente presente en dos de sus principales vecinos, Irak al oeste y Afganistán al este. Y la única razón por la cual hace tanto tiempo que el Gobierno de los clérigos da vueltas al dilema de si reanudar o no la fabricación del material radioactivo es el temor a las rigurosas represalias con las que Washington les ha amenazado. En medio de este pulso titánico, la Unión Europea y en su nombre tres de sus más importantes miembros, Alemania, Francia y Gran Bretaña, habían intentado una mediación con la que algunos de ellos (sobre todo los que se opusieron a la guerra de Irak) pretendían demostrar que si fuera posible detener por vía diplomática el rearme nuclear iraní, también se hubiera podido evitar el uso de la fuerza contra Sadam Husein.

Así estaban las cosas hasta que se ha consumado la llegada formal al Gobierno del sector más conservador del régimen, que, en un gesto tan arrogante como irreflexivo, ha decidido enseñar sus dientes -eso sí, a la UE, no a Estados Unidos- hasta el punto de que el principal líder religioso de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha tenido que pedir que no se tomen decisiones precipitadas que comprometan las posiciones exteriores del país. La UE ha respondido con un mensaje de compromiso en el que por un lado amenaza a Teherán con la ruptura de las negociaciones si decide continuar con su política de rearme nuclear, pero a cambio se dispone a mejorar su oferta de cooperación económica y tecnológica en caso de que congele otra vez el programa atómico. No parece que la UE tenga otra posición posible en estos momentos, aunque en el fondo, en el mejor de los casos, sólo servirá para premiar la provocación del nuevo presidente, Mahmoud Ahmadineyad, con más concesiones y dádivas. Una visión realista no puede ignorar que tarde o temprano será inevitable que esta situación se repita y que a menos que se produzca un improbable cambio democrático en Irán, Occidente tendrá que usar medios tajantes para impedir la proliferación de armas nucleares.

LOS ENIGMAS DEL 11-M
1. Las tramas superpuestas
por Luis del Pino Libertad Digital 4 Agosto 2005

No sabemos, por ejemplo, qué explosivos se utilizaron en los trenes, ni quiénes fueron exactamente los que colocaron las mochilas-bomba, ni cómo fueron los terroristas a Alcalá, ni quién eligió la fecha de los atentados

Desiertos y montañas
En su comparecencia ante la Comisión 11-M, el ex-presidente Aznar hizo dos afirmaciones que levantaron una inmensa polvareda. La primera de ellas fue que "los atentados tenían por objetivo el vuelco en las elecciones", y hace poco hemos conocido (gracias a un documento hallado en el ordenador de uno de los terroristas) hasta qué punto era certera esta frase. La segunda de las controversias la levantó Aznar cuando afirmó que "los que planificaron y escogieron precisamente esa fecha no andan en montañas lejanas ni en desiertos remotos".

Esta frase fue pronunciada hace sólo siete meses, pero parece que hubiera transcurrido una eternidad. Sin embargo, por muy lejana que parezca, al final está resultando ser también enormemente certera, a la luz de los datos que hemos ido conociendo. Porque las revelaciones periodísticas y la reciente desclasificación de decenas de miles de folios del sumario han dibujado ante la opinión pública una imagen del 11-M que nada tiene que ver con la que trataron (con tanto éxito) de vendernos desde el mismo día de los atentados.

En esta serie de artículos sobre los enigmas del 11-M, intentaré explicar por qué considero certeras esas palabras de Aznar, repasando lo que se sabe de aquellos atentados y también las incógnitas que continúan existiendo. Diecisiete meses después de la masacre, las incógnitas siguen siendo más numerosas que las certidumbres, pero hemos alcanzado un punto que al menos nos permite distinguir la información relevante entre el alud de cortinas de humo que desde el primer momento rodearon a estos atentados.

Un mar de enigmas
Son muchas las cosas que todavía ignoramos. No sabemos, por ejemplo, qué explosivos se utilizaron en los trenes, ni quiénes fueron exactamente los que colocaron las mochilas-bomba, ni cómo fueron los terroristas a Alcalá, ni quién eligió la fecha de los atentados. Resulta desalentador comparar lo que sabemos con lo que la Policía inglesa ha descubierto del 7-J en sólo unas semanas. ¿Se ha fijado el lector, por ejemplo, en que nadie nos ha mostrado una imagen de los terroristas del 11-M? En Londres, la Policía localizó rápidamente fotografías de los terroristas suicidas subiendo a los trenes, después de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, y esas fotografías fueron aireadas en todos los medios de comunicación. ¿Dónde están las imágenes correspondientes de los atentados de Madrid? ¿Dónde están las grabaciones de las estaciones de tren madrileñas? ¿No había ninguna cámara activa el 11-M en ninguna estación? ¿Y en los establecimientos comerciales próximos a la estación de Alcalá?

Como veremos a lo largo de esta serie de artículos, no son las de las estaciones las únicas imágenes que nos han hurtado, ni tampoco es éste el más importante de los enigmas. A lo largo de los últimos meses, y mientras el gobierno insistía en que todo estaba claro en el 11-M, unos pocos medios de comunicación nos han ido revelando la presencia de numerosos confidentes policiales en la trama, los sucesivos avisos que fueron llegando a distintas instancias, la participación de miembros de las fuerzas de seguridad en aspectos clave de los atentados, los intentos de ocultar información al juez Del Olmo, ...

A lo largo de los próximos artículos, trataré de exponer los hechos que conocemos, basándome fundamentalmente en los datos que han quedado acreditados a lo largo de la instrucción judicial. Intentaré, siempre que pueda, presentar esos hechos sin abrumar al lector con nombres, lugares y fechas, porque soy consciente de que resulta fácil perderse en esa maraña de datos. De hecho, la confusión que existe en torno al 11-M se debe en buena medida a las pistas falsas que parecen conscientemente dejadas para dificultar la investigación policial y judicial, quizá porque la forma más sencilla de tapar una información incómoda es sepultarla en un mar de información irrelevante.

Las diversas tramas
En realidad, todo el embrollo de implicados y detenidos del 11-M no es tan complicado como parece. Las tramas que confluyen son cuatro, una de las cuales no tiene en realidad nada que ver con la masacre. En próximos artículos profundizaremos en cada uno de los temas, pero vamos a hacer un resumen preliminar que ayude a comprender mejor las explicaciones.

La milagrosa mochila que se encontró en Vallecas la misma noche del 11-M (y que muy posiblemente fue "colocada" para dirigir las investigaciones en el sentido deseado) condujo a la Policía con sorprendente rapidez a la primera de las tramas, la que se ha dado en denominar "los pelanas de Lavapiés". El 13-M eran detenidos, en plena jornada de reflexión, tres marroquíes y dos hindúes, y en los días sucesivos se producirían unas cuantas detenciones más de personas relacionadas con las anteriores. A fecha de hoy, está claro que aquellas primeras detenciones estaban previstas por los organizadores del 11-M simplemente como primera cortina de humo, una cortina de humo que habría de tener, eso sí, una importante influencia en las elecciones. A fecha de hoy, de aquellos detenidos no queda nadie en la cárcel, salvo la última cabeza de turco, Jamal Zougham, sobre quien tendremos ocasión de hablar largo y tendido.

Una semana después de los atentados, las investigaciones policiales ya habían conducido a la identificación (aunque no a la detención) de varios miembros de la segunda de las tramas, la de los suicidas de Leganés. El carácter mercenario de este grupo lo acredita el hecho de que sabemos exactamente cuánto dinero se ofreció por colocar una mochila-bomba en los trenes: 3.000 euros. Los datos del sumario apuntan además a que esta trama, formada por vulgares chorizos reclutados en el mundo del hampa, jugó un papel fundamental tanto en la logística de los atentados como en el establecimiento de las diversas cortinas de humo. Sabemos también que el dinamizador del grupo era Jamal Ahmidan (El Chino) y que formaban parte de ella otros cuatro de los siete suicidas de Leganés.



También una semana después de los atentados se producían las primeras detenciones de miembros de la trama asturiana (la tercera trama), que estaba compuesta fundamentalmente por confidentes policiales y trabajadores de las minas de caolín asturianas. No está todavía claro que los explosivos de los trenes salieran de las minas asturianas. De hecho, hay indicios más que suficientes para por lo menos sospechar que la trama asturiana no es más que la segunda de las cortinas de humo tendidas por los organizadores del 11-M, pero sí parece demostrado que los asturianos suministraron al menos la dinamita encontrada en las vías del AVE, así como la que apareció en el piso de Leganés después de la explosión. Aunque la verdadera importancia de esta trama asturiana reside en otro aspecto: su simple existencia y la condición de confidentes de varios de sus miembros lleva a la conclusión ineludible de que los preparativos del 11-M tuvieron forzosamente que ser conocidos en determinados ambientes policiales y de inteligencia. Las preguntas que no sabemos todavía responder (porque la Comisión del 11-M se ha negado a investigarlo) son: ¿Hasta dónde llegó esa información? ¿Por qué no se pudo parar el atentado? Como contacto entre esta trama y la de los suicidas aparece un personaje peculiar, Rafá Zouhier, del que también tendremos ocasión de hablar.

El núcleo duro del 11-M
Finalmente, la cuarta trama. Dos semanas después del atentado (en torno al 26 de marzo) se identificó y localizó a los primeros miembros del núcleo duro del 11-M, que estaba articulado en torno al "piso franco" que los hermanos Almallah poseían en la C/ Virgen del Coro de Madrid. Este núcleo duro, como luego pusieron de manifiesto las investigaciones judiciales, estaba formado por Moutaz Almallah, Mouhannad Almallah (el presunto terrorista afiliado al PSOE) y varios otras personas, casi todas de origen sirio, muchas de ellas nacionalizadas españolas, muchas de ellas casadas con españolas. Como enlace de este grupo con el de los suicidas de Leganés aparece El Tunecino. Fue este grupo el encargado de tender la primera cortina de humo que condujera a detenciones el 13-M, fue este grupo el encargado de alquilar a los suicidas de Leganés la casa de Morata de Tajuña y es también este grupo el que aparece vinculado a algunas personas pertenecientes a la trama española de Al Qaeda.

Si este núcleo duro del comando hubiera sido desarticulado en el momento en que se identificó a sus principales miembros (en torno al 26 de marzo) es posible que hubiera podido evitarse la explosión de Leganés. Sin embargo, la explosión de Leganés hizo que desaparecieran los componentes de la trama mercenaria y alguno de los miembros del núcleo duro del comando (El Tunecino y Lamari), con lo que se perdieron datos fundamentales para el esclarecimiento de los hechos. De todos modos, nadie acomete una operación como la del 11-M sin dejar cabos sueltos y es en tirar de esos cabos donde se han centrado las investigaciones judiciales, como tendremos ocasión de comentar.

Es mucho lo que queda por investigar y es de esperar que pasen todavía meses antes de que empecemos a vislumbrar una solución a los numerosos enigmas. Pero ya sabemos al menos un dato fundamental: la presencia de mercenarios indica, sin posibilidad de duda, que el 11-M fue un crimen de encargo. ¿Quién dio la orden de contratar a los mercenarios que luego morirían en Leganés? No lo sabemos, pero por lo menos somos conscientes de que lo que debemos buscar no es únicamente a los subalternos que colocaron las mochilas, sino a quienes les encargaron que las colocaran.

Próximo capítulo: ¿Participó Al Qaeda en el 11-M?

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