AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 10 Agosto 2005
Más cesiones
Editorial ABC 10 Agosto 2005

Control sobre Batasuna
Editorial Heraldo de Aragón 10 Agosto 2005

La España oficial y la España real
MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA ABC 10 Agosto 2005

¿Quién teme a Rafael Vera?
EDITORIAL Libertad Digital 10 Agosto 2005

3. ¿Participó ETA en el 11-M?
por Luis del Pino Libertad Digital 10 Agosto 2005

¡Vaya veranito!
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 10 Agosto 2005

Derecha, historia y «memoria histórica»
PEDRO C. GONZÁLEZ CUEVAS ABC 10 Agosto 2005

El centro político y sus abogados
José Vilas Nogueira Libertad Digital 10 Agosto 2005

Sean coherentes
GEES Libertad Digital 10 Agosto 2005

La nueva ética contraterrorista
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ El Correo 10 Agosto 2005

El desafío nuclear de Irán
Lorenzo Contreras Estrella Digital 10 Agosto 2005

Irán, cuenta atrás para una crisis
José Javaloyes Estrella Digital  10 Agosto 2005

Zapatero en plan Indiana Jones
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 10 Agosto 2005

El Corte Inglés, elimina la lengua española en sus nuevos establecimientos
Acción cultural Miguel de Cervantes" Barcelona 10 Agosto 2005

El impacto de la lengua en la economía española representó el 15 por ciento de PIB en 2004
B. B./SANTANDER ABC 10 Agosto 2005

Más cesiones
Editorial ABC 10 Agosto 2005

SIN solución de continuidad, el Gobierno de Rodríguez Zapatero sigue prodigándose afanosamente en el contento de los partidos nacionalistas a costa de los intereses generales del Estado. En sólo un año ha retirado veintisiete de los recursos planteados por el anterior Gobierno central ante el Tribunal Constitucional ante la invasión de competencias de comunidades autónomas gobernadas por partidos nacionalistas o por el propio PSOE. De nuevo, se anteponen el interés y el sosiego particulares a los intereses del Estado. Ante la debilidad parlamentaria de los socialistas, son ya muchas las cesiones y mercedes concedidas por Rodríguez Zapatero a los nacionalistas con el fin de que no se enfaden demasiado y garantizar así su permanencia en el poder.

Control sobre Batasuna
Editorial Heraldo de Aragón 10 Agosto 2005

RESULTA chocante que los dirigentes de la ilegalizada Batasuna cuenten con capacidad suficiente para intervenir públicamente y cuando les venga en gana en el debate político del País Vasco. A tenor de la decisión de los tribunales de Justicia, Batasuna es una formación que se encuentra al margen de la ley, por lo que cualquier marcha o manifestación que naciera desde su iniciativa habría de quedar inmediatamente prohibida. La pérdida de presencia de Batasuna en la vida política vasca ha permitido abrir un proceso de lenta y progresiva normalización, por lo que la autorización de esta marcha sólo puede conceder mayor protagonismo a un colectivo cuya principal y única preocupación habría de ser la exigencia a la banda terrorista ETA del fin de la violencia.

No puede entenderse como válida la autorización a un colectivo que sostiene dentro de su estrategia política la recuperación del protagonismo mediante la violencia callejera. En los últimos meses, y en especial desde la apertura de negociaciones entre el PNV y el PSE, Batasuna quiere ganar presencia mediante el incremento de la mal llamada lucha callejera que, en realidad, no es más que otra forma de terrorismo. Desde la búsqueda del mayor daño posible y la creación del mayor de los desconciertos, Otegi se permite desprestigiar el posible entendimiento que pueden alcanzar las formaciones democráticas. Es por ello, y sin olvidar que Batasuna está ilegalizada porque expresamente apoya al terrorismo, por lo que la respuesta de los partidos políticos vascos habría de ser unánime y firme a la hora de apoyar una prohibición de convocatoria que bajo el lema "Ahora el pueblo, ahora la paz" sólo busca aprovechar el rebufo del comienzo de la Semana Grande donostiarra.

La España oficial y la España real
POR MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS ABC 10 Agosto 2005

... Ahora, igual que ocurrió en la mayor parte del siglo XX, la España oficial se ha distanciado de las preocupaciones que se sienten en las calles y en las plazas de España. Los gobernantes hablan en un lenguaje propio de ellos, pero no es el que diariamente sirve para expresarse a los ciudadanos comunes...

CREÍAMOS algunos -entre los que me encontraba- que con la Transición de 1977-78 se había puesto fin a la separación entre la España oficial, esa de los políticos y los administradores de la cosa pública, y la España real, aquella de los ciudadanos que se afanan por salir adelante en sus tareas privadas. Pero nos equivocamos. Ahora, igual que ocurrió en la mayor parte del siglo XX, la España oficial se ha distanciado de las preocupaciones que se sienten en las calles y en las plazas de España.

Los gobernantes hablan en un lenguaje propio de ellos, pero no es el que diariamente sirve para expresarse a los ciudadanos comunes. En las instituciones centrales del Estado y en las instituciones de las Comunidades Autónomas se discute prioritariamente sobre unos asuntos que apenas interesan a los gobernados. Son dos maneras paralelas de discurrir que, como sucede con las líneas paralelas de la geometría, nunca se encuentran.

En la España oficial es ahora tema de debate la reforma de la Constitución y la reelaboración de los Estatutos de las Comunidades Autónomas. Se lanzan propuestas descabelladas, como el denominado Plan Ibarretxe y esa otra sugerencia, que sería la destrucción de España, patrocinada por Esquerra Republicana de Cataluña. Según las encuestas más fiables son cuestiones que interesan a una minoría de ciudadanos. Pero esto se olvida en los círculos políticos de poder. Como escribía ayer Edurne Uriarte en este periódico, se trata de un juego, «un juego político, desagradable a veces, pero inocuo para nuestras vidas».

Grave, en cambio, es que determinadas resoluciones judiciales parezcan absurdas, contrarias y opuestas a la razón, dadas las contradicciones internas que contienen o la ausencia de fundamentos medianamente sólidos. El deterioro de la imagen de la Justicia sería definitivo si, ante medidas incomprensibles, la gente se habituara a comentar: «¡Cosas de jueces!».

Hace más de noventa años, don José Ortega y Gasset pronunció un discurso en el que varias de sus apreciaciones son de actualidad. Se refería el gran maestro al contraste, muy acusado en 1914, entre dos Españas «que viven juntas y que son perfectamente extrañas: una España oficial que se obstina en prolongar los gestos de una edad fenecida, y otra España aspirante, germinal, una España vital, tal vez no muy fuerte, pero vital, sincera, honrada, la cual, estorbada por la otra, no acierta a entrar de lleno en la historia». He aquí, según Ortega, «el hecho máximo de la España actual, y todos los demás no son sino detalles que necesitan ser interpretados bajo la luz por aquél proyectada».

El 24 de junio de 1967 me atreví yo a recordar el discurso de Ortega en una de mis colaboraciones semanales en la revista «Destino». El divorcio entre las dos Españas era de una clase distinta, pero continuaba la separación.

«Una mínima minoría española -escribí- interesada en lo que se dice y se decide sobre el inmediato futuro de la nación. El resto, la inmensa mayoría, apartada por completo de la res publica, sin prestar oído a los procuradores. La España real, como hace medio siglo, en contraste con la España oficial».

Mi comentario se apoyaba en el debate habido en las Cortes sobre tres proyectos de ley que debían ser importantes: el de libertad religiosa, el de representación familiar y el de Movimiento. Tendrían que haber atraído la atención del gran público, pero casi nadie en 1967 se interesaba por lo que se hacía y deshacía en las Cortes franquistas.

Recuerdo ahora que lo que yo observé en «Destino» no fue del agrado del Gobierno. El ministro de Información ordenó abrir el correspondiente expediente sancionador, alegando que sólo existía una España, real y oficial, en torno al Caudillo. Nos castigaron.

A estos dos divorcios registrados en la historia española del siglo XX hemos de añadir un tercero, que es el que ahora, a principios del XXI, tenemos delante. Los políticos actuales -insisto- dedican sus horas de trabajo a discutir temas que apenas inquietan a los gobernados. En la calle no se pide la destrucción de una Constitución que nos ha proporcionado un cuarto de siglo de convivencia en libertad, ni tampoco se pretende una modificación total de la organización territorial de España. Las reformas aconsejables de algunos componentes del «bloque de constitucionalidad» (el texto de 1978 y los Estatutos de Autonomía) son retoques tan concretos y limitados que no exigen la dedicación exclusiva de todos los gobernantes, los nacionales y los autonómicos.

El español medio tiene conciencia de que las circunstancias vitales del año 2005 no son las del año 1977. Ahora somos y convivimos de otra forma. La revolución en las técnicas de comunicación, por ejemplo, exige que la tabla constitucional de los derechos se amplíe. La libertad informática tiene que regularse y ampararse adecuadamente.

Pero sería un disparate incluir en cada Estatuto una relación de derechos fundamentales propios de los ciudadanos de la Comunidad, y no extensibles a los españoles de las otras nacionalidades o regiones. Este ha sido el error de la propuesta valenciana. Los Estatutos no son pequeñas Constituciones, con sus partes dogmáticas (relativas a los derechos y libertades) y sus partes orgánicas (en las que se establecen los poderes y las relaciones entre ellos). Los Estatutos emanan, como fruto de los poderes autonómicos, de la Constitución, que es única en toda España.

Es indiscutible que el Senado debe convertirse en una Cámara con presencia real en la vida española. A nadie le puede parecer mal que se estudie su revisión.

Sin embargo, el camino de las reformas de los Estatutos es el que se transita preferentemente por quienes forman la España oficial (con dificultades -hay que subrayarlo- y sin saber cuál será la estación de llegada, en la mayoría de los casos). A la revisión de la Constitución (tarea lógica previa) se presta menos interés. Y el ciudadano gobernado se lamenta de la desatención por los asuntos que realmente a él le importan.

Una España oficial y una España real. La contraposición se acentúa con la diferencia notable entre la opinión pública y la opinión publicada. Alguna vez me he referido al asombro que experimentó un amigo mío, diplomático de un país iberoamericano, al llegar a España y tener unas primeras versiones de lo que aquí ocurría por algunos medios de comunicación. Era la opinión publicada que pronto pudo comprobar que no coincidía con la auténtica opinión pública.

Son varios (y diferentes) los motivos de los divorcios de 1914, 1967 y 2005. Pero las separaciones las hubo y las hay. Terrible fue la caracterización de Ortega, que nos gustaría recordar sólo como algo del pasado: «La España oficial consiste en una especie de partidos fantasmas que defienden los fantasmas de unas ideas y que, apoyados por las sombras de unos periódicos, hacen marchar unos Ministerios de alucinación».

Yo quiero ser optimista. Y así como en 1967 éramos pocos los que estábamos persuadidos del advenimiento de un régimen democrático, una vez muerto Franco, hay que esperar confiados en la pronta finalización del presente divorcio.

¿Quién teme a Rafael Vera?
EDITORIAL Libertad Digital 10 Agosto 2005

Rafael Vera, el que fuese todopoderoso secretario de Estado del felipismo más criminal, ya está en la calle. De lunes a jueves durante seis horas diarias, el ex alto funcionario de Interior disfruta de libertad gracias a una controvertida decisión de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Segovia, centro donde se encuentra cumpliendo una pena de siete años por el caso de los fondos reservados. La excusa para burlar a la Justicia ha sido, esta vez, una presunta depresión causada por el régimen de aislamiento que Vera sigue en la prisión castellana.

Es la tercera vez que Rafael Vera se ríe a mandíbula batiente del garantista sistema jurídico y penitenciario con el que ha tenido la fortuna de lidiar. En el caso Lasa y Zabala fue absuelto. En la causa que se siguió a cuento del secuestro de Segundo Marey un tribunal le condenó a diez años de cárcel, pena que, curiosamente, el Gobierno presidido por José María Aznar alivió considerablemente gracias a un generoso indulto en 1998. En su tercer proceso la suerte no le sonrió a la primera, hace menos de un año y tras varias apelaciones el Tribunal Supremo consideró probado que Vera se había apropiado durante su etapa al frente de la Secretaría de Estado de más de 600 millones de las antiguas pesetas. No todas para él ciertamente. Una buena parte del ilegal botín lo repartió entre sus conmilitones del ministerio. El secretario de Estado se quedó unos 141 millones aunque, tal y como precisó entonces el Alto Tribunal, “es posible que ni él mismo, con rigor, pueda precisar la cantidad total sustraída”.

Ni sus lacrimosas demandas de inocencia ni las amenazas veladas que hizo en octubre pasado desde el diario El País sirvieron de gran cosa, o, al menos, no le sirvieron para evadir el ingreso en prisión. Zapatero se hizo el sueco con astucia tratando de sortear un escollo que le podría poner en un brete complicado. Su verdadera intención, sin embargo, ha quedado pronto en evidencia. No ha pasado ni un año y el hombre que ayer pedía que todos los que metieron la mano en la caja diesen la cara goza de un inmerecido e injustificable trato de favor en la cárcel. No existe motivo alguno para que a un alto cargo condenado a siete años por corrupción se le apliquen semejantes beneficios. Si Rafael Vera tiene problemas psicológicos derivados de su reclusión puede tratárselos dentro del centro penitenciario donde redime su pena. Y todo a cargo del contribuyente, el mismo al que estuvo robando sin pudor durante sus años como Secretario de Estado.

Como en las prisiones españolas nada pasa por casualidad, y menos cuando anda involucrado un socialista prominente de esos que se hicieron de oro en los plomizos años del felipismo, el ministro Alonso debe a la opinión pública una explicación inmediata. No es de recibo escudarse en la autonomía de las prisiones para tomar decisiones de orden interno. Rafael Vera no es un interno cualquiera y menos aún tras el escándalo que armó en los días previos a su entrada en el penal. Su dimensión política está fuera de toda duda y la demostración más palpable la tenemos en el hecho que su excarcelación parcial ha tenido lugar en pleno mes de agosto, momento idóneo para que pase lo más desapercibida posible. Así las cosas y con un delincuente convicto paseándose por la calle seis horas al día cuatro días a la semana sólo nos queda preguntarnos, ¿quién teme a Rafael Vera?

LOS ENIGMAS DEL 11-M
3. ¿Participó ETA en el 11-M?
por Luis del Pino Libertad Digital 10 Agosto 2005

El 31 de diciembre de 2003, el jefe de la trama mercenaria del 11-M, Jamal Ahmidan (El Chino), entró en el bar Txikia de Bilbao, se dirigió a donde se encontraba sentado Larbi Raichi y le descerrajó un tiro en la rodilla, por una deuda de narcotráfico. Este episodio ilustra a la perfección dos hechos distintos: en primer lugar, que el principal responsable de la colocación de las bombas del 11-M era en realidad un vulgar camello que nada tiene que ver con las redes integristas islámicas. En segundo lugar, que El Chino se movía a sus anchas por los bajos fondos de Bilbao y San Sebastián, ciudades ambas a las que viajaba con frecuencia (según cinco testigos distintos) para llevar a cabo sus negocios.

Cualquiera que conozca el País vasco sabe que nada se mueve en el submundo de la droga sin que ETA tenga constancia y sin que ETA lo controle y autorice, especialmente desde que hace ya años la banda terrorista asesinara a diversos traficantes "díscolos". ¿Quién protegía en el País Vasco las actividades de El Chino?

Un falso debate
En su comparecencia ante la Comisión del 11-M, el ex-director del CNI, Jorge Dezcallar, hizo una afirmación que determinados medios de comunicación amplificaron hasta la saciedad: "ETA y Al Qaeda no pueden colaborar, porque son como el agua y el aceite". Es una afirmación muy contundente, pero vacía de contenido. También la Alemania de Hitler y la Rusia de Stalin eran como el agua y el aceite, lo que no fue obstáculo para que ocuparan Polonia al alimón. Porque el ser tan distintos no les impedía compartir un mismo planteamiento estratégico (su desprecio por las democracias liberales occidentales) ni determinados intereses tácticos (ampliar su territorio a costa del débil vecino polaco).

De la misma manera, es completamente cierto que existen enormes diferencias ideológicas y políticas entre ETA y Al Qaeda, pero eso no les impide compartir unos mismos planteamientos estratégicos (un antiamericanismo y antiliberalismo feroces) ni compartir coyunturalmente unos mismos enemigos (por ejemplo, la España de Aznar).

Las diferencias existentes entre ETA y Al Qaeda no nos dicen nada sobre si han colaborado o no, y las pruebas demuestran que ETA ha tenido, tiene y seguirá teniendo contactos numerosos, continuados e intensos con el mundo islámico. Los grupos terroristas comparten unos mismos circuitos de aprovisionamiento y eso hace que entren en contacto grupos que, en principio, nada tienen que ver entre sí. Existe constancia de operaciones cruzadas de venta de explosivos y misiles entre ETA y grupos terroristas islámicos y existe también constancia de la presencia de etarras en campos de entrenamiento de Afganistán durante el régimen de los talibanes.

Sin necesidad de remontarnos a los tiempos en que los etarras vivían y se entrenaban en lugares como Argelia, el antiamericanismo esencial que profesan es el que movió al entorno de ETA a enviar cinco grupos de brigadistas batasunos a Irak en vísperas de la invasión americana. Contamos, asimismo, con numerosas cartas intercambiadas por presos etarras e islamistas, llenas de consideraciones sobre el mejor modo de atacar al gobierno español. Agua y aceite, sí, pero con unos mismos intereses. Es posible que sus dioses sean distintos, pero comparten idénticos demonios. Un ejemplo de esa "permeabilidad ideológica" debida a la existencia de un enemigo común lo constituye Yusuf Galán, que de interventor de Herri Batasuna pasó a militar en las redes terroristas islámicas vinculadas a la trama española del 11-S.

Pero, de todos modos, todo este debate es un debate falso, porque nada tiene que ver con el 11-M. El que ETA y Al Qaeda hayan colaborado alguna vez es irrelevante para conocer quién organizó la masacre de Madrid. No sabemos si ETA contrató a los mercenarios que colocaron las mochilas-bomba, pero de lo que sí estamos seguros (como se ha puesto de manifiesto en capítulos anteriores) es de que no los contrató Al Qaeda.

Así pues, centrémonos en la pregunta fundamental: ¿tuvo ETA algún conocimiento o participación en los atentados del 11-M?

La sombra de ETA
En su comparecencia ante la Comisión 11-M, Rodríguez Zapatero aseguró vehementemente que todas las investigaciones realizadas apuntaban a que la responsabilidad del 11-M correspondía en exclusiva a terroristas islámicos. Esta afirmación es, a la vez, falsa e incompleta. Es falsa porque ya hemos visto que la ejecución material de los atentados correspondió a mercenarios, no a integristas, y porque en el sumario sí hay indicios numerosos que apuntan a conexiones con el mundo de ETA. Y es incompleta porque Rodríguez Zapatero hubiera debido añadir que ni a las fuerzas de seguridad ni al ministerio fiscal se les ha dejado tirar de esos hilos que apuntan a la banda ETA, quizá porque el ovillo que hay al otro extremo resulta demasiado incómodo.

Para empezar, ya el mismo día 12 de marzo de 2004 dos testigos distintos afirmaron haber visto a la etarra Josune Oña en Madrid. El día 13, otro testigo afirmaba haber presenciado una reunión en un bar a mediados de febrero entre el etarra Asier Eceiza y una persona de origen árabe bien conocida como traficante dentro del barrio. Suponemos que la Policía descartó estos testimonios por considerarlos poco sólidos, pero resulta sorprendente, por ejemplo, que no conste en el sumario si se han enseñado a este último testigo las fotos de los traficantes de origen árabe implicados en la trama.

El sumario pone también de manifiesto que varios de los principales implicados habían residido o residían en el País Vasco: Basel Gayoun, uno de los miembros del núcleo duro de la C/ Virgen del Coro, residió en San Sebastián y Oyarzun; Jamal Ahmidan El Chino, en San Sebastián; Adnan Waki, otro de los miembros del núcleo duro, residía en Irún, donde compartía piso con tres argelinos que vivían de algún tipo de subvención del gobierno vasco.

Los seguimientos telefónicos también arrojan datos interesantes. El Chino realizó un viaje relámpago a Pamplona inmediatamente después del 11-M. La pista de uno de los terroristas huidos tras los atentados (Daoud Ouhnane) se pierde el 12 de marzo en Corella (Navarra). Los hermanos Chergui viajan a Olaberría (Guipúzcoa) poco después del estallido del piso de Leganés. Asimismo, la intervención del teléfono de Lofti Sbai (uno de los miembros del grupo de El Chino) permitió interceptar diversas conversaciones con un misterioso personaje español que se hace llamar José y que en un momento determinado le comenta a Lofti que tiene que ir a Navarra y el País Vasco "por tema político".

Todos estos datos no significan por sí mismos nada de nada; pero cuando los completamos con la información de que los hampones mercenarios del 11-M se sentían tan cómodos en Bilbao y San Sebastián como para entrar en un bar y pegarle un tiro en la pierna a un presunto deudor, esa extraña "predilección" que muestran los implicados en la trama por el País Vasco adquiere una nueva dimensión. Y esa dimensión se agranda cuando constatamos otro inquietante punto de unión: Moutaz Almallah (presunto líder del núcleo duro del 11-M) fue compañero de piso del batasuno Yusuf Galán.

Es posible que se trate de meras casualidades, pero sería cuando menos interesante saber quién "protegía" las actividades delictivas de El Chino en aquella zona y qué información sobre el 11-M pudieron compartir Yusuf Galán y Moutaz Almallah, o sus círculos de allegados.

El extraño viaje
Diversos medios de comunicación se han hecho eco de otras "casualidades" que nadie ha querido investigar:

- Las palabras captadas a Josu Ternera en el aeropuerto de Francfort pocas semanas antes de los atentados: "Se van a enterar los españoles de lo que somos capaces". ¿Se refería al 11 de marzo? Curiosamente, al informador que captó aquella conversación parece habérselo tragado la tierra, de acuerdo con nuestras noticias.

- Los papeles distribuidos en el casco viejo de San Sebastián el día 10 de marzo de 2004 en los que el entorno de ETA instaba a boicotear a Renfe durante la campaña electoral. ¿Un aviso a los miembros de su entorno para que no tomaran trenes hasta el 14 de marzo?

- La aparición en la celda de Abdelkrim Beresmail (el lugarteniente de Allekema Lamari con el que departía Fernando Huarte) de los teléfonos de Henri Parot y Harriet Iragui, dos sanguinarios etarras, y de la fórmula de la cloratita, el explosivo utilizado por ETA habitualmente.

- El robo de un coche por parte de ETA en el callejón de Emilio Suárez Trashorras, coche con el que atentaría en Santander utilizando un explosivo de tipo dinamita cuya marca no ha podido ser determinada ¿Era quizá Goma-2 ECO?

Con respecto a este último punto, Rodríguez Zapatero atribuyó todo el episodio a la mera casualidad. Esa explicación podría quizá valer (¡aunque es mucha casualidad, caramba!) si los etarras hubieran robado un coche cualquiera. Pero los etarras que robaron aquel coche ya traían las matrículas preparadas para doblarlo, lo que implica necesariamente que buscaban un coche de una marca y modelo determinados. Que encontraran aquel preciso modelo de coche en aquel preciso callejón ya excede la simple casualidad para convertirse en una coincidencia asombrosa.

Pero la "casualidad" más inquietante de toda esta historia es la que afecta a la simultaneidad temporal de las dos caravanas de la muerte. Para el actual gobierno, el que la caravana etarra interceptada en Cañaveras saliera con menos de 24 horas de diferencia con respecto a la que bajaba de Asturias y el que ambas caravanas siguieran rutas paralelas obedece, asimismo, a la casualidad.

Sin embargo, hay muchas cosas que no cuadran en aquel transporte desde Asturias. Por poner sólo un ejemplo (aunque tendremos oportunidad de hablar más de ese viaje en los próximos capítulos), aquel fin de semana del 28 de febrero de 2004 cayeron en la mitad norte de la península unas impresionantes nevadas, que atraparon a miles de conductores en Burgos y obligaron al gobierno vasco a cerrar las carreteras de la comunidad autónoma a la circulación de vehículos pesados. ¿Por qué los marroquíes renunciaron a bajar desde Avilés a Madrid por autopista y se dirigen en su lugar desde Avilés hacia Torrelavega por la costa, bajando luego a Madrid por la N-I? Es decir, ¿por qué eligieron un camino mucho más largo, adentrándose en el temporal y arriesgándose a que se les quedara atrapado en la nieve un coche cargado de explosivos? Nadie hace eso sin una poderosa razón. ¿Era la caravana de ETA un mero señuelo, destinado a que pasara la otra? ¿Pretendían dirigirse a Bilbao y se vieron forzados a torcer hacia Madrid por el temporal? ¿Torcieron hacia Madrid porque alguien les avisó de que la otra caravana había sido interceptada? Descartar de un plumazo todos esos interrogantes atribuyéndolo todo a la mera casualidad es inaceptable, a menos que uno quiera cerrar a toda costa el paso a cualquier investigación que pueda conducir a ETA.

Conclusiones
Si en el capítulo anterior decíamos que es prácticamente imposible que Al Qaeda contratara a los mercenarios que colocaron las mochilas, en el caso de ETA la respuesta no está tan clara. En vísperas de las elecciones, ETA estaba derrotada. Acosada policial y judicialmente, asfixiada desde el punto de vista económico, sin capacidad ya de convocatoria, su desaparición era cuestión de tiempo. Los únicos caminos posibles eran el abandono de las armas o emprender una huida hacia adelante con atentados masivos, que hubiera terminado por hacer de ETA un nuevo IRA-Auténtico. Otra victoria del Partido Popular hubiera sentenciado definitivamente a la banda y lo único que podía salvarla del desastre era un cambio de gobierno.

De hecho, el comportamiento de ETA en las semanas previas al atentado resulta inexplicable sin la masacre del 11-M. Si ETA hubiera querido tender un cebo para que el gobierno del PP picara el anzuelo, no habría podido encontrar nada mejor que el esperpéntico intento de atentado en Chamartín y la esperpéntica caravana detenida en Cañaveras, con un mapa en el que aparecía señalado el Corredor del Henares. Ambas operaciones fueron encargadas a etarras sin experiencia y ambas estaban tan chapuceramente organizadas que parece como si ETA hubiera enviado a ambos comandos únicamente para dejarse coger. En otras palabras: ambas operaciones parecen pensadas para que el gobierno del PP responsabilizara inmediatamente a ETA de la masacre de Madrid unos días después.

¿Fueron etarras los que colocaron las mochilas en los trenes? Según los datos que tenemos, no. ¿Participaron etarras en la logística de los atentados? No lo sabemos, pero hay extrañas casualidades que alguien nos debería aclarar. ¿Fue ETA quien realizó la contratación de los mercenarios? No tenemos datos que permitan demostrarlo, así que a lo mejor no lo hizo. Pero atribuir de nuevo a la simple casualidad los cebos tendidos por ETA en las semanas previas al atentado es cerrar los ojos a una de las pocas realidades incuestionables de todo el asunto 11-M: de entre todos los posibles sospechosos de haber contratado a los mercenarios que colocaron las bombas en los trenes, ETA es el único que no tenía nada que perder con la operación y sí mucho que ganar. Como los hechos posteriores han demostrado.

No sabemos si ETA es la responsable última del 11-M, pero sí nos consta que el gobierno ha hecho lo indecible porque no se investigue el papel que ETA jugó. Y para evitar que la opinión pública o el juez pusieran en duda la versión oficial, el gobierno no ha dudado ni siquiera en ocultar y manipular información fundamental sobre los atentados, como tendremos ocasión de comprobar en el artículo siguiente.

En el próximo capítulo: Una impúdica cadena de mentiras

Políticos de vacaciones
¡Vaya veranito!
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 10 Agosto 2005

A veces pienso que existe un acuerdo secreto entre los dos grandes partidos para respetarse las vacaciones de agosto. Aquí las planas mayores veranean aunque el cielo se desplome sobre sus cabezas. En contraste, parece que el clásico veraneo apenas lo practica la mitad de la población española.

Aprovechando la guardia baja de socialistas y populares de primera fila, los pequeños partidos se crecen e irrumpen outsiders del raciocinio con fabulosas iniciativas, tales como una Constitución secesionista. Dislate que deja en nada la invitación a humillarnos extemporáneamente por la guerra del Rif, esto es, por no haber dejado sin respuesta el desastre de Annual. Lo suyo es que no olvidemos las derrotas de nuestros antepasados y pidamos perdón por sus victorias, nueva dosis de veneno para disolver cuanto lazo afectivo sobreviva con esa cosa que llaman España, tan vaga, tan desdibujada que hasta un escritor que la había presidido olvidó su nombre.

Me asalta la imagen de Carod convertido en la madre de Alex Sebastian, el alemán de Encadenados, ofreciéndonos solícito tacitas de café envenenado como si fuéramos Ingrid Bergman. El mundo nos mira como al principio miraba Cary Grant a la pobre muchacha, convencido de que su decadencia se debía a las curdas nocturnas y al lascivo desenfreno. Pero aquí no hay un Hitchcock para reconducir las cosas.

Es lo que tiene la madurez, que uno comprende que lo que no haga por sí mismo, no lo va a hacer nadie por él. También las naciones son artífices de sus destinos. Y en esta película, como suele ocurrir en el cine actual, los malos son más listos que los buenos, que creen que el orden institucional se mantendrá por sí solo o, lo que es peor, que de vez en cuando se le pueden dar un par de coces impunemente, más que nada para quedar bien con la señora Sebastian, entre café y café.

Ya que tantos socialistas se han aficionado a la dudosa cafeína, no sé si sería mucho pedir que el PP se trajera de la playa o del barco a algún político que sepa expresar sus ideas en orden, completando las frases y transmitiendo un poquito de seguridad. Si lo que está pasando no lo merece, si no hay que ponerse las pilas ante la acometida independentista contra la Constitución y la crisis del proceso de reforma estatutaria en Cataluña –que apunta a un futuro cambio de alianzas–, ¿qué hace falta para que interrumpa sus vacaciones alguien con cara y ojos en la derecha? ¿Quizá una crisis sanitaria? ¡No! ¿Las obscenas manipulaciones de un pavoroso incendio con once muertos? Tampoco. ¿Las no menos pavorosas revelaciones sobre el 11 M? ¡Quia! ¿Una alarma social como no se veía hacía tiempo tras los hechos de Roquetas, con la casi segura destitución del director general de la Guardia Civil y crecientes peticiones de desmilitarización? ¡Nones! Y no nos tapes el sol, responden al modo de Diógenes. Pues nada, hombre, nada, a broncearse.

Derecha, historia y «memoria histórica»
Por PEDRO C. GONZÁLEZ CUEVAS PROFESOR TITULAR DE HISTORIA DE LAS IDEAS EN LA UNED ABC 10 Agosto 2005

La derecha gobernó durante ocho años, pero, en la práctica, no reinó -según el autor- porque el imaginario ideológico siguió en manos de la izquierda. Lo que explica, en parte, la derrota electoral. Debería reflexionar sobre su necesario rearme intelectual

LA sociedad española padece hoy una cierta inflación de lo que se ha venido a llamar memoria histórica. Desde hace tiempo, la izquierda política y cultural denuncia una supuesta amnesia con respecto a la Guerra Civil y al franquismo. Algo que, dicho sea de paso, desmiente la copiosa bibliografía dedicada a esos temas. En esa denuncia, la apelación a la memoria histórica ha tenido un papel de primera magnitud. El peligro que encierra ese concepto es su carácter abiertamente polémico. Y es que la memoria histórica tiende a presentarse como una especie de moral de sustitución, cuyo leif motiv es fundar la identidad de grupos e individuos; lo que implica un culto al recuerdo y a la conmemoración de ciertos acontecimientos.

Es, además, selectiva por naturaleza, ya que tiene por base una discriminación partidista de los hechos. En ese sentido, como señaló Tzvetan Todorov, la memoria histórica y la historia representan dos formas antagónicas de relación con el pasado. La primera se basa en la conmemoración; la segunda, en la investigación. La memoria histórica está, por definición, al abrigo de dudas y revisiones; mientras que la historia es esencialmente revisionista, porque ambiciona establecer los hechos y situarlos en su contexto, para evitar anacronismos. La primera demanda adhesión; la segunda, distancia.

Con su utilización de la memoria histórica, la izquierda ha renunciado al principio de reconciliación nacional para pasar a una beligerante campaña en favor de los vencidos en la Guerra Civil española, cuyo objetivo último es la deslegitimación histórica y política de la derecha. Novelas, películas, ensayos, tesis doctorales, desenterramiento de cadáveres en fosas comunes, etcétera; todo ello se ha erigido en voz y símbolo del bando republicano. En esa campaña, se ofrece una visión profundamente maniquea de los acontecimientos. Los republicanos aparecen como depositarios de las virtudes cívicas; mientras que los rebeldes son la encarnación de todos los males.

En el fondo, viene a identificarse antifranquismo y democracia; lo que significa una gravísima manipulación histórica. Porque los socialistas revolucionarios, los comunistas y los anarquistas -lo mismo que sus aliados internacionales- no combatían en defensa de la legitimidad republicana, sino por la construcción de un sistema social y político antidemocrático y colectivista. De ahí que numerosos liberales, como Ortega, Lerroux, Menéndez Pidal, García Morente, Marañón, Cambó, etcétera, apoyaran a Franco en la Guerra Civil. De esta forma, la izquierda falsea la dinámica política de los años treinta.

Frente a esa ofensiva, el Partido Popular apenas tuvo algo que oponer. Desde los años sesenta, la derecha no sólo renunció a la lucha por la hegemonía cultural, sino que padece un claro síndrome de autocrítica cuasimasoquista; y, en consecuencia, aceptó la visión del adversario. Prueba de ello fue, por ejemplo, su apoyo a la concesión de la nacionalidad española a los supervivientes de las Brigadas Internacionales, que fueron presentados ante la opinión pública nada menos que como «voluntarios de la libertad».

Pero la manifestación más llamativa de esa actitud la protagonizó José María Aznar, al reivindicar la figura de Manuel Azaña; lo que fue un error por partida doble. En primer lugar, porque ensalzó a un intelectual mediocre, de quien lo mejor que puede decirse, como hizo Lázaro Carreter, es que fue «un utopista a quien el cielo castigó concediéndole el poder». ¿Acaso no existía la figura egregia de Ortega y Gasset, como posible referente intelectual de la nueva derecha española? Y, segundo, porque, como señaló el ex comunista Jorge Semprún, en sus Memorias, aquel gesto demostraba que eran «los valores de los vencidos de la Guerra Civil los que fundan la ley moral». Además, aquellos gestos no tuvieron su reciprocidad en la izquierda, cuyos intelectuales criticaron el homenaje tributado por Aznar a Antonio Cánovas, en el centenario de su asesinato; y las beatificaciones de sacerdotes asesinados por los republicanos en la Guerra Civil. Lo que demuestra no sólo lo equivocado de esta estrategia, sino la escasa capacidad autocrítica de la izquierda. Su último desdén ha sido la retirada de la estatua de Franco sita frente a los Nuevos Ministerios, conservando, en cambio, las de Prieto y Largo Caballero, cuya responsabilidad en el estallido de la guerra civil es evidente, y que se encuentran en el mismo lugar.

Desgraciadamente, se ha perdido la oportunidad de plantear una discusión seria sobre nuestro más próximo pasado, a semejanza del «Debate de los historiadores», protagonizado entre otros por Habermas y Nolte. Tampoco hemos contado con una figura como la de Renzo de Felice, capaz de someter a discusión racional los tópicos sobre el fascismo y la resistencia italiana; o la de un Furet, con su reinterpretación histórica de la Revolución francesa y de la utopía comunista.

La derecha apenas contó con el apoyo de los intelectuales. Gobernó durante ocho años, pero, en la práctica, no reinó, porque el imaginario ideológico siguió en manos de la izquierda. Lo que explica, en parte, su derrota electoral. La lejanía del poder podría servirle para reflexionar sobre su necesario rearme intelectual. Pero ello sólo será posible si conoce y asume su verdadera historia, emancipándose de la caricaturesca construcción de la memoria histórica elaborada por la izquierda. Una historia llena de errores y de aciertos, como toda obra humana; pero cuyo balance es más positivo que el de su antagonista. Asumir su pasado con capacidad crítica y optimismo creador; tal es la reforma moral que necesita.

La tabarra interminable
El centro político y sus abogados
José Vilas Nogueira Libertad Digital 10 Agosto 2005

Parece ineludible la necesidad de expresar sintéticamente las grandes opciones políticas. Se puede hacer mediante el recurso a etiquetas ideológicas, por ejemplo, liberalismo, socialismo, u otras de parecida naturaleza. La ventaja de este recurso es que, por grande que sea la laxitud con que se maneje y por mucho que su comprensión haya podido cambiar con el transcurso de los años, la semántica del término elegido impone límites a su contenido, y por tanto a la manipulación política. Un liberal no puede ser estatista, ni un socialista, individualista.

Más frecuentado, sin embargo, es el más simplista recurso a etiquetas espaciales. Con ocasión de la Revolución Francesa se inventó, por casualidad, la contraposición entre izquierda-derecha. Nadie podía sospechar que este invento, a partir de un hecho trivial, iba a tener tan duradero éxito. El canadiense Laponce ha estudiado su origen y contexto. Baste decir que, reunidos en una iglesia algunos de los revolucionarios, reservaron, como deferencia, el lado del evangelio, situado a la derecha del oficiante, a aquellos de ascendencia noble, situándose los burgueses en el de la epístola, a la izquierda. No es difícil imaginar las connotaciones que estas palabras adquirieron en su utilización política inmediatamente posterior (y francesa), la derecha, el orden, el privilegio social, etc.; la izquierda, la libertad, la igualdad, etc. Pero con el transcurso del tiempo y la generalización de los términos, esta historia, con su cortejo de equívocos y mutaciones, ha abocado a una cuasi-inversión de los valores iniciales. La defensa de la libertad individual, la pretensión de limitación del poder establecido son hoy atributo preferente de la derecha. La restricción de la libertad individual, la defensa de un Estado omnipresente y todopoderoso, trasunto de los príncipes absolutos, son objetivos de la izquierda.

En todo caso, la utilización de los términos izquierda y derecha supone una comprensión unidimensional del espacio político. En un tal espacio, el centro viene determinado por los extremos. Incluso para Duverger, el centro “ni siquiera existe”. Esto es, no habría ideologías ni políticas específicas de centro. Se trataría sólo de un lugar; aquél donde confluyen los moderados de derecha y los moderados de izquierda. En verdad, ni siquiera esta comprensión reduccionista mejora las cosas, pues la palabra moderación no es menos equívoca que la palabra centro. ¿A qué referiremos la moderación, a la “forma” o al “contenido”? Si a la primera, un puño de hierro se envolverá en guante de seda, o en términos más pacíficos, se cumplirá la sentencia de Claudio Acquaviva, general de los Jesuitas a principios del siglo XVII, fortiter in re, suaviter in modo. Si al segundo, la moderación suele aludir a algún género de transacción o compromiso, con lo que habría que distinguir sobre qué cosas y en qué situaciones se puede transigir o comprometer (a riesgo, sino, de rendirse al chantaje de grupos minoritarios, y frecuentemente criminales).

Pues bien, pese a la problematicidad de su existencia y a la heteronomía de su determinación, el centro es medicina muy prestigiada para las heridas, reales y aun supuestas, de la derecha española. Incluso peleas ha habido por tan milagroso bálsamo. Se ha escrito que Fraga nunca perdonó a Suárez que le “hubiese robado la bandera del centro”. Pero, la prédica centrista de Fraga se inicia en pleno franquismo. Por tanto, los extremos que determinaban “su” centro eran el continuismo franquista, por un lado, y la oposición izquierdista al régimen, por otro. Producido el cambio de régimen, “su” centro (Alianza Popular), pasó a ocupar la derecha del espectro. Se podría considerar que su evolución posterior le llevó al centro y sería verdad si por centrismo se entiende oportunismo, que es acepción menos invocada pero no menos plausible. En cualquier caso, habrá que recordar a los presentes predicadores del centrismo (siempre preocupados por el éxito electoral) que, al margen de la Comunidad Autónoma de Galicia, Fraga no ganó una sola elección.

Respecto de la Unión de Centro Democrático es obvio que nunca fue un verdadero partido, sino una asociación de empresarios políticos para la liquidación del franquismo y la constitución de un nuevo régimen. Su papel en la transición explica que su calificación de centro haya de ser referida a ese preciso contexto temporal y político, como actor clave de las transacciones y compromisos fundacionales. Cumplido tal papel, el invento era insostenible y cayó estrepitosamente. Salvado esto, la existencia de Alianza Popular, a su derecha, y del PSOE y el PCE, a su izquierda, dotó de coherencia a su autoproclamación centrista. El esquema de partidos resultante adoptó así una disposición i-I-D-d, con dos grandes partidos relativamente centrales, de centro-izquierda y de centro-derecha, y otros dos más pequeños en los extremos, AP y PCE.

No es éste el caso del Partido Popular que no tiene ningún partido relevante a su derecha. Pretender que, en un sistema multipartidista, un tal partido pueda ser de centro ofende al lenguaje y a la lógica, pero tranquiliza mucho a la clase política y a sus aturdidos clientes, que son particularmente fotofóbicos. Acompañémoslos, pues, por un momento, a su oscuro mundo. Los críticos del PP y las gentes de izquierda coinciden en denunciar la presunta deriva derechista del partido, tras la derrota electoral de marzo de 2004. Inicialmente, la crítica ahorraba a Rajoy y se limitaba a otros dirigentes de su equipo, quizá porque su personalidad da una imagen muy “centrista”. Pero, cada vez, hacen menos distingos. En una cosa, sin embargo, se diferencian los críticos del PP de los izquierdistas, y la diferencia no dice nada bueno de los primeros. Mientras los izquierdistas odian a muerte a Aznar y entienden que el pecado de Rajoy es no romper con su herencia, algunos críticos del PP no sienten empacho en atribuir los pasados éxitos electorales de Aznar a su “centrismo”. El abandono del “centrismo” habría sido la causa de la derrota electoral; la tardanza en recuperarlo un temible obstáculo para ganar las próximas.

Este diagnóstico supone una bellaquería. Si Aznar era “centrista” (a ver si convencen de ello a los de izquierdas), ¿por qué y en qué no lo es Rajoy? Mejor que tanta vana referencia topográfica, dígase cuáles son las propuestas políticas de Rajoy que suponen una derechización de las políticas de Aznar. Y si se refieren a la forma, al estilo de hacer oposición, ¿es que Rajoy es más inmoderado que lo fue Aznar? Aclárese, aquí también, dónde reside la derechización. La causa de que Rajoy perdiese las elecciones del 14 de marzo de 2004 no tiene nada qué ver con la opción entre derecha y centro. Radica en la miserable instrumentación por el PSOE y los medios de comunicación que le son afines de los atentados del día once.

Va a hacer dos meses que Manuel Fraga perdió la mayoría absoluta en Galicia. No habrá sido por falta de vocación centrista (ni tampoco por insensibilidad autonomista). Según unas declaraciones suyas, es que el centro se movió y habrá que averiguar dónde está ahora. Bizarra explicación. Si el “centro” es ganar las elecciones (o perderlas, pero ganar el Gobierno, que todo es posible con nuestro sistema), ¡el centro en España se nos ha desplazado a la periferia y a la extrema izquierda! Sugeriría a los abogados del centro político que hiciesen algo de provecho; canten menos la excelencia del centro e ilústrennos algo sobre su consistencia.

José Vilas Nogueira es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Santiago de Compostela

No proliferación nuclear
Sean coherentes
GEES Libertad Digital 10 Agosto 2005

Las políticas de control de armamento, incluidas las referentes a la no proliferación nuclear, han encontrado más defensores entre los políticos de izquierda que entre los liberal-conservadores. La razón se encuentra en una característica originaria. Mientras los primeros tienen, con Rousseau, una visión angelical de la condición humana, incluso tienden a exculpar al delincuente de sus comportamientos antisociales porque ha sido la propia sociedad la que le ha corrompido; los segundos, más devotos de Hobbes, estamos convencidos de que el hombre sigue siendo un lobo para el hombre.

Estas políticas giran en torno a la posibilidad de llegar a un acuerdo con otro estado, normalmente una dictadura, sobre la cantidad de armamento que se puede mantener, su despliegue y determinadas medidas de garantía. El problema reside en la confianza que se tenga en el otro. Las izquierdas tienden a creer, quieren creer, que es posible arbitrar mecanismos que aseguren el correcto cumplimiento de lo acordado. Los liberal-conservadores tendemos a pensar que un gobierno despótico, que actúa arbitrariamente contra su propia gente, puede engañarnos en cualquier momento.

Lo ocurrido con Corea del Norte es un buen ejemplo. Clinton se encontró con que el régimen comunista estaba desarrollando un programa nuclear militar, a pesar de haber firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Negoció y consiguió firmar un Tratado Marco en 1994, por el que Corea del Norte se comprometía a abandonar el programa a cambio de ayuda económica y de la construcción de centrales nucleares de “agua ligera” para generar su propia energía eléctrica. Clinton creyó haber resuelto un problema, pero no hizo más que complicarlo. Los comunistas aprovecharon el Tratado para ganar tiempo, recibir ayudas y avanzar hasta conseguir su objetivo: tener armamento nuclear. La buena fe demócrata y unos sistemas insuficientes de control permitieron a Corea del Norte engañar al mundo y entrar en el club nuclear.

Europa está jugando un papel relevante en la negociación con Irán. Tanto la clase política como la ciudadanía creen en el régimen de no proliferación como salvaguarda de la paz internacional. Tratan sinceramente de evitar la crisis del régimen vigente pero, a la hora de actuar, entran en contradicción.

Para que el Tratado de No Proliferación pueda funcionar correctamente es indispensable que exista un principio de disuasión. Que cada estado sepa que incumplir los compromisos contraídos tiene un coste intolerable. Sólo así se podrá evitar el goteo de abandonos en el que nos encontramos. Pero el pacifismo y la vocación “apaciguadora” de los europeos les aboca a entregarse en manos del Consejo de Seguridad y demás organismos de Naciones Unidas, en la permanente confusión de que son un gobierno mundial regido por un derecho internacional bien desarrollado que sólo existe en su imaginación. No lo son. No lo han sido nunca. El Consejo de Seguridad es un directorio de grandes potencias que sólo puede ser eficaz cuando llegan a un acuerdo, lo que, como es normal, casi nunca ocurre, pues sus intereses son contradictorios.

Si Europa cree en el régimen de no proliferación debe ser coherente y luchar por su pervivencia. Para ello tiene que asumir que, una vez más, lo más probable es que la ONU fracase y que habrá que volver a actuar fuera de su cobertura, como no hace tanto tiempo ocurrió en relación a la crisis kosovar.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.
La nueva ética contraterrorista
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ /PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA DE LA VIOLENCIA El Correo 10 Agosto 2005

La Justicia italiana ha emitido órdenes internacionales de búsqueda y captura con los nombres de trece funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia de EE UU. Entre esos nombres se cuenta quien fue cónsul de este país en Milán. Todos están acusados del secuestro, en mayo de 2003 y en esa ciudad italiana, del ciudadano egipcio Hasán Mustafá Osama Nasr, alias 'Abu Omar'.

En 1976 el entonces presidente de EE UU Gerald Ford estampó su firma en la orden ejecutiva 11905, dedicada a regular las actividades de las agencias de inteligencia en el exterior del país. Por su autoridad, se prohibía que cualquier funcionario de cualquier agencia estadounidense se involucrara o conspirara para involucrarse en los eufemísticamente denominados 'asesinatos políticos'. Quedaban vedadas así unas prácticas que, desde el nacimiento de la CIA y a lo largo de la época más caliente de la Guerra Fría, habían llevado a operativos de inteligencia a planificar y probablemente a ejecutar complots de asesinato a lo largo y ancho de las zonas más maltratadas de Latinoamérica, Asia y África. Después, tanto Jimmy Carter en 1978 como Ronald Reagan en 1981 confirmaron la restricción de asesinar para sus agencias de inteligencia. Por supuesto, nada decían de secuestros.

Nueve meses antes de que ocurriera el 11-S, el congresista del Partido Republicano por el Estado de Georgia Robert Barr presentó una propuesta bajo el aparatoso apelativo de 'Terrorist Elimination Act' (ley para la eliminación de terroristas). En aquel momento el diputado sureño no cosechó demasiadas adhesiones, que sí crecieron al llegar el mes de septiembre de ese año, sin que los apoyos fueran en cambio suficientes para completar el necesario trámite legislativo que permitiera a la proposición entrar en vigor. De momento, la ley está en el congelador.

Algunos testigos afirmaron que Hasán Mustafá Osama Nasr, alias 'Abu Omar', fue secuestrado por unos hombres que le introdujeron en una furgoneta en su camino hacia una céntrica mezquita en Milán. Al parecer, la Policía italiana le sometía a vigilancia por sus presuntos contactos con la red Al-Qaida. Desde la furgoneta, el presunto secuestrado fue trasladado a un avión que despegaba de la base aérea que la OTAN tiene en Aviano con destino a El Cairo vía Manheim, en Alemania. Allí se le pierde definitivamente la pista tres meses después. Hoy está recluido en la penitenciaría egipcia de Al Tora, donde las autoridades del país de los faraones reconocen que el prisionero ha recalado siguiendo «procedimientos extraordinarios».

En 1998, el presidente Bill Clinton promulgaba la directiva de decisión presidencial número 62 sobre lucha contra el terrorismo. A pesar de ser una regulación sometida a clasificación de seguridad (secreta), fuentes tan autorizadas como 'The Washington Post' advierten que tanto George W. Bush como su antecesor pueden haberse estado sustentando en ella y en alguna otra posterior a 2001 para que la lucha contra el terrorismo sea una excepción a la prohibición de involucrarse en asesinatos que pesaba sobre la CIA. De hecho, Clinton emitió la directriz de utilizar fuerza letal encubierta contra Al-Qaida y sus integrantes en 1998, intención que queda expresa en el informe del Congreso de EE UU sobre el 11-S. Por su parte, George W. Bush ha firmado otro instrumento jurídico ejecutivo, un 'presidential finding', que permite financiar operaciones encubiertas de inteligencia, en este caso contraterrorista.

Así las cosas, nos encontramos con una prohibición general a la CIA y otros grupúsculos de inteligencia dependientes del Gobierno estadounidense de involucrarse en asesinatos, la excepción no sabemos si tácita o explícita en lo que concierne al contraterrorismo sobre Al-Qaida y, desde luego, la financiación de operaciones encubiertas de inteligencia contra sus integrantes en todo el mundo. Alrededor de este magma jurídico y procedimental, secuestros aquí y allá, torturas declaradas o difusas, en donde policías al menos de media Europa buscan para su detención a agentes secretos, generalmente, adscritos a la CIA. Debería parecer obvio que una agencia pública tenga entre sus restricciones estatutarias eso de asesinar. Pues no es tan obvio.

A partir del 11-S, en política contraterrorista de Estados Unidos, las discusiones no están derivando tanto hacia la excepcionalidad de la restricción de no asesinar aplicable a los terroristas cuanto hacia cómo han de autorizarse las acciones encubiertas 'ofensivas', y quién es responsable, en último término, de ordenarlas y por tanto responder de ellas públicamente (la 'accountability' anglosajona), si llegara el caso. Es decir, que parecen ir teniendo claro paulatinamente que va a ser necesario secuestrar, torturar e, incluso, 'dar de baja' (como dirían en Colombia) a unos cuantos terroristas, pero que la autorización tiene que partir de instancias ejecutivas del Gobierno. La CIA ya no se complicará en complots en los que después, por una filtración, quede expuesta ante la opinión pública sin más respaldo que ambiguas órdenes verbales de las que no queda registro alguno. Ahora quieren autorizaciones ejecutivas, por escrito, legales y al máximo nivel.

Este panorama de modificación de la ética internacional, que como siempre comienza en EE UU, tendrá repercusiones en la conceptuación del equilibrio entre libertad y seguridad que vino a dinaminar el 11-S. Porque los atentados contra las Torres Gemelas, y la réplicas sísmicas del 11-M y el 7-J en Madrid y Londres, no sólo han reorientado muy convenientemente las relaciones internacionales sino que están retando, aunque todavía no lo notemos mucho, las bases éticas de la ciudadanía democrática.

Las cosas no son ni mucho menos sencillas y unidimensionales en el comprometido territorio de la ética. De un lado, desde EE UU y últimamente desde Londres se abraza la estrategia, oficial y muy mediática, de comprometerse en incorporar a sus agendas internacionales la promoción de una política de instauración de la cultura democrática en los países más inestables de Asia y, sobre todo, de Oriente Medio. De otro lado son precisamente algunos de esos países, como Pakistán o Egipto, los utilizados como paraísos contraterroristas, en donde los derechos humanos y civiles de arrestados ilegalmente a lo largo del mundo por agentes encubiertos de inteligencia, resumiendo, no existen. El paradigma de la sofisticación de esta paradoja ética es, por supuesto, Guantánamo, donde soldados estadounidenses se aplican a rebajar la cuota de los derechos de presuntos terroristas, con nacionalidades de países que no practican esos derechos, confinados sin acusación judicial formal en un territorio de naturaleza cubana y arrendamiento estadounidense, donde la legislación anglosajona de los derechos civiles no es aplicable ni, lo más importante, puede hacerse valer ante tribunales americanos.

Así las cosas, la nueva política contraterrorista global está definiendo otra fragmentación más a añadir a los desequilibrios de toda índole entre países y regiones del mundo. El terrorismo está propiciando áreas de exclusión ética. Esas áreas, desde luego determinadas por países que han alcanzando las más altas cotas de desarrollo ético y cívico, serán utilizadas como zonas de despiece moral, en donde el terrorismo pueda ser erosionado por herramientas de inteligencia contraterrorista de naturaleza ofensiva. Tal es el panorama en un debate en donde, en las áreas de inclusión ética, las nuestras, todavía nos estamos preguntando qué restricciones a nuestra libertad, qué mal menor en palabras de Ignatieff, estaremos dispuestos a asumir para sentirnos cada vez paradójicamente más inseguros bajo una promesa de seguridad objetiva.

El desafío nuclear de Irán
Lorenzo Contreras Estrella Digital 10 Agosto 2005

El ministro español de Asuntos Exteriores se entrevistó en Biarritz con su colega fránces y en la agenda figura como tema relevante la incipiente crisis de Irán, del Irán de los ayatolas, ahora radicalizado, como en los tiempos de Comeini, con la llegada al poder de un fundamentalista que acaba de suceder al moderado jatami. Irán se ha empezado a ciscar en los pactos internacionales de no proliferación, consiste nada menos que en enriquecer el uranio, antesala de la probable fabricación de armas de esa naturaleza. Era el factor que se necesitaba para empeorar la situación internacional y, por supuesto, la crisis de Oriente Medio. El mundo Occidental se siente amenazado, pero no menos alarmado debe sentirse el régimen de Teherán instalado por Washington en el "llamado eje del mal", garantia cierta de que cualquier intento de "solución" militar del problema llevará consigo, por parte de Estados Unidos, una etapa de bombardeos estratégicos contra sus instalaciones. Más improbable parece una invasión o ocupación del terreno tras la tremenda y hasta hoy fracasada experiencia de Iraq. De momento lo que existe es una presión diplomática de la Unión Europea con Gran Bretaña, Francia y Alemania en la primera línea de un intento negociado. Un intento ya convertido, en aviso oficial de sanciones a través del consejo de seguridad de la ONU, cuya respuesta,por parte de Irán,ha sido un incremento provisionalmente verbal del desafío. Teherán no cree en el peligro de quedar convertido en objeto de Washington y sus aliados vaya a desaparecer con el apaciguamiento. Sabe com Siria, que cautelarmente retiró sus tropas del Líbano, sigue en la lista negra. Una lista sobre la que gravita no solo el Imperio, sinó también su más directo aliado en la zona , concretamente Israel, de seguro el principal solicitante, llegado el caso, de intervenciones extremas.

El Irán de los ayatoles tiene miedo, y ya se sabe que el miedo guarda la viña, o la acaba de perder, pero con catástrofes compartidas en la que el enemigo también cobra su cuota. Seguramente por eso y además por la trágica guerra de Iraq, Estados Unidos parece moderarse mientras Tel Aviv se mantiene a la expectativa. No menos al acecho está Al Qaeda, cuya amenaza ha logrado que el imperio abandone por un tiempo su embajada en Riad. Irán y Siria son objetivos estudiados por Bush, pero no menos Arabia Saudí, se encuentra bajo la sombra tormentosa de Ben Laden. El nuevo rey Abdalá, sucesor del fallecido Fahd, es todavía una incógnita frente a determinadas actitudes, que no pueden, en buena lógica, distar del mundo de intereses de la potencia petrolífera wahabita pero que quizás admita mátices en la administración de sus proclividades. Todo va a depender de la proyección del terrorismo fundamentalista, más dirigido contra los residentes occidentales que contra los dirigentes saudíes.

Mahmound Ahmadinejad, el nuevo gobernante iraní, está mientras tanto siguiendo los pasos y los gestos de su colega deCorea del Norte, que, bajo la tutela indirecta de Pekin, se ha atrevido a ignorar las advertencias norteamericana respecto a su programa nuclear. Se considera que las conversaciones multilaterales con Pyonnyang, en las que participan, junto con Corea del Sur, la propia China, Estados Unidos, Japón y Rusia, se encuentran en un callejón sin salida. Pero un callejón que Corea del Norte halla cómodo mientras su actual régimen se dilata en el tiempo.

Irán, cuenta atrás para una crisis
José Javaloyes Estrella Digital  10 Agosto 2005

La Junta de Gobernadores de la AIEA (Agencia Internacional de Energía Atómica) cribaba ayer la situación creada por la danza iraní en el filo de la navaja. Sin que estuviera plenamente activado en Isfahan el sistema internacional de verificación y control de actividades nucleares, las autoridades iraníes rompían unilateralmente la suspensión de los trabajos de su programa nuclear.

Se trata de un programa iniciado en secreto, trasgrediendo las normas del TNP (Tratado de No Proliferación nuclear). La actividad fue denunciada a la AIEA por la oposición democrática, siendo finalmente reconocida por el Gobierno del presidente Jatami, y justificada como proyecto supuestamente destinado a la generación de energía eléctrica.

Dos factores han contribuido desde entonces a complicar el problema nuclear iraní. De una parte, el conocimiento y la disponibilidad de filtraciones pakistaníes de naturaleza venal, procedentes del padre de la bomba atómica islámica, y acompañadas de transferencias norcoreanas de cohetería de alcance medio, capaz de impactar en el espacio israelí. De otra parte, la involución política del régimen iraní, al frustrase la prometida apertura política del propio presidente Jatami. La criba de los candidatos liberales en las elecciones parciales celebradas entonces y, posteriormente, la victoria en los recientes comicios presidenciales del purismo más radical del sistema, ha endurecido éste en términos que parecen recordar la etapa fundacional del régimen integrista chií, acaudillada por el ayatolá Jomeini.

Esta involución del régimen de Teherán ha determinado el bloqueo, primero, y el posterior retroceso, después, de las negociaciones que mantenía la Unión Europea con el Gobierno de Teherán, luego que desde Bruselas se obtuviera de Washington un enfoque más flexible del vidrioso y grave asunto. Irán no acepta el principio de que Israel compense su vulnerabilidad militar, dentro del vasto entorno musulmán que le rodea, con la disuasión que deriva de la disponibilidad de bombas atómicas, a la que accedió en su día en violación, asimismo, del TNP.

De la misma manera, no le pasa inadvertido a Irán el hecho de que su proveedora de misiles, Corea del Norte, ha conseguido su propia disuasión con el par de bombas A, de las llamadas “sucias”, que tiene en su arsenal, y con la cohetería de 6.000 kilómetros de alcance. Con ambas disponibilidades, el régimen de Pyongyang puede en teoría alcanzar tanto territorio norteamericano como Corea del Sur, donde se encuentran desplegados todavía unos 30.000 soldados norteamericanos: la misma cantidad que aquellos que murieron en la Guerra de Corea.

Lo menos que cabe decir de la situación es que el clima político creado por Irán está muy gravemente enrarecido. Es lo lógico que la Junta de Gobernadores de la AIEA traslade al Consejo de Seguridad de la ONU la recomendación de un proceso de sanciones políticas. Como derivada de ello se podría producir la poco recomendable suma de dos diferentes crisis: la nuclear misma y la centrada en la supuesta colaboración iraní con guerrilleros de la resistencia iraquí, a los que no sólo les permitiría el paso desde su territorio sino que les suministraría los potentes explosivos con que destruyen los blindados de las tropas norteamericanas.

jose@javaloyes.net

Zapatero en plan Indiana Jones
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 10 Agosto 2005

NI SIQUIERA sus más rudos adversarios negarán a Zapatero una evidente habilidad: la de hacer de la necesidad virtud sin que se le demude la color. Así, cuando, tras ganar las generales, el líder socialista se encontró con que debía entregarse a ERC manos en alto, porque a ello le obligaba el acuerdo suscrito por Maragall en Cataluña, Zapatero no se amilanó ante tan brillante perspectiva. Muy por el contrario, se lanzó, con un entusiasmo digno en verdad de mejor causa, a convencer a todo el mundo de que el apoyo de Carod, lejos de constituir un penoso peaje que comprometía su gestión, era, en realidad, la expresión más genuina de esa España plural que dará después en ser santo y seña del Gobierno socialista.

Pero cuando la supuesta virtud no es sino necesidad, antes o después se descubre la tostada. Y ahí esta ya la de la España plural que Carod iba a asegurar completamente al descubierto: ERC proclama, un día, que no votará los Presupuestos del Estado si la mayoría socialista en las Cortes Generales no apoya un proyecto de Estatuto catalán plagado de inconstitucionalidades; y anuncia, al día siguiente, la presentación de una propuesta de reforma constitucional que recoge, entre otras lindezas, el derecho de secesión de eso que Carod llama las naciones españolas sin Estado. ¿Quién da más?

Es lo que tiene comprarle un coche usado a un charlatán: que, más pronto que tarde, uno se ve obligado a llevarlo a la chatarra y a adquirir un coche nuevo. En eso andan ahora, justamente, Zapatero y su partido: buscando, como Indiana Jones, el arca perdida.

Para ello deberá afrontar el presidente mil penalidades: no hay más que oír lo que ya ha exigido el BNG, o tomar nota de todo lo que el PNV se dispone a poner encima de la mesa en caso de una eventual negociación presupuestaria, para darse cuenta del calvario que le queda por pasar a quienes ahora persiguen el arca de la alianza que les permita mantenerse en el Gobierno.

Y es que aunque las mayorías absolutas tienen, en general, muy mala prensa, sin ellas no se puede gobernar. Son como el primo de Zumosol: dan gran tranquilidad. De hecho, con mayoría absoluta gobierna, a la postre, todo el mundo: la diferencia está en que un partido disponga por sí sólo de la misma, lo que le permite desarrollar sin hipotecas su programa; o deba conformarla recurriendo al voto de uno o varios aliados, lo que los coloca en una posición de poder muy superior a la que se deriva de su apoyo electoral. Si esos aliados potenciales son, además, nacionalistas, entonces el hambre se junta siempre con las ganas de comer. Lo que, en este caso, no constituye, desde luego, una metáfora.

El Corte Inglés, elimina la lengua española en sus nuevos establecimientos
"VÍNCULOS", número 73, julio-agosto 2005
Acción cultural Miguel de Cervantes" Barcelona 10 Agosto 2005

Isidoro Álvarez se pone a la misma altura que Maragall y Carod Rovira. Con motivo de la inauguración de un nuevo centro comercial en Barcelona, esta popular galería paga con la marginación de la lengua española el precio del 3% o más por saltarse la moratoria de construcción de grandes superficies y la adjudicación del contrato de suministro de uniformes a la policía autonómica. Como asociación interesada en la defensa de la lengua española y atenta a su problemática específica en Cataluña, no sorprende la evolución y renuncia de los grupos económicos que se doblegan a las imposiciones dictatoriales de los polítícos de turno. Este grupo económico, El Corte Inglés, Hipercor, Open-Cor y otras empresas menos conocidas, se suma a otras empresas de distribución de conocida aversión a la lengua española, como CAPRABO, CONDIS, LA SIRENA, etc, etc, que pagan con la marginación de la lengua española el hacerse simpático a los dictadores del nacionalismo identitario. Por nuestra parte avisamos que su política lingüística puede ser contraproducente. Sus intereses están en todo el ámbito nacional y por lo tanto puede volverse contra su economía, su desprecio por la lengua española. Esta asociación hace un llamamiento a todos los españoles para que le manifiesten su opinión al accionista mayoritario. FUNDACIÓN RAMÓN ARECES, C/ VTTRUVIO, 5 Madrid, 28006 TLFN 91- 5158992.

El impacto de la lengua en la economía española representó el 15 por ciento de PIB en 2004
B. B./SANTANDER ABC 10 Agosto 2005

Juan Cueto fue ayer uno de los protagonistas del curso «Valor y poder económico de la lengua: una empresa española», que se desarrolla en la UIMP con el patrocinio de la Fundación Vocento. Bajo el título «Las máquinas de la lengua: el español en la era de Internet», Cueto aseguró que «en España ha habido miedo de introducirse en las nuevas tecnologías y, en especial, en Internet. Los literatos se opusieron porque pensaban que las máquinas iban a terminar con todo. Ahora estas máquinas hablan inglés, son productos de la cultura norteamericana, y nosotros hemos llegado tarde. Ahora no se trata de poner la «ñ» en la Red, sino de algo mucho más serio», concluyó.

Por su parte, el catedrático de Estadística de la Universidad de MálagaFrancisco Javier Girón explicó que la aportación de la lengua a los distintos productos y actividades representó en el año 2004 el 15 por ciento del PIB. Según indicó, «hasta hace relativamente poco la lengua no se ha considerado como un bien económico susceptible de medirse en términos económicos», pero su equipo de investigadores desarrolló una metodología para averiguar el impacto de la lengua en la economía, realizando el estudio «El valor económico de la lengua española« (2003), que tomó como base las «actividades económicas directamente relacionadas con el idioma».

El resultado apuntó a que «los primeros puestos están ocupados por los servicios, comenzando por la educación pública, las telecomunicaciones, la educación privada, la publicidad, las administraciones públicas y la imprenta. Los servicios suponen el 88,03 por ciento, mientras que sólo el 11,78 se centra en la industria.
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