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Recortes de Prensa     Miércoles 17 Agosto 2005
Héroes sin partido
BENIGNO PENDÁS ABC 17 Agosto 2005

El precio de la demagogia
GEES Libertad Digital 17 Agosto 2005

En un país en guerra
EDUARDO SAN MARTÍN ABC  17 Agosto 2005

¿Y ahora qué?
Por ANTONIO BURGOS ABC  17 Agosto 2005

Afganistán, sobredosis de riesgo
José Javaloyes Estrella Digital 17 Agosto 2005

Morir en Afganistán
Pablo Sebastián Estrella Digital 17 Agosto 2005

El PP califica de sectaria la propuesta de Huguet contra los castellanoparlantes
Europa Press Libertad Digital 17 Agosto 2005

La Generalidad restringe las subvenciones a las asociaciones que usen sólo el catalán
EFE Libertad Digital 17 Agosto 2005

Héroes sin partido
POR BENIGNO PENDÁS PROFESOR DE HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS ABC 17 Agosto 2005

... España debe estar al lado de sus aliados naturales en el marco de la OTAN y de la Unión Europea. Debería estar en otros sitios, según creo, pero hoy no es el día para ese tipo de debates. Aquí o allá, las Fuerzas Armadas cumplen su misión de forma modélica...

ANTE todo, dolor. Después, admiración. Siempre, gratitud. La tristeza limita la capacidad de reflexión. La sociedad del riesgo no conoce tregua veraniega. He aquí la hora final en esta vida terrena para diecisiete héroes españoles: personas de carne y hueso, con su nombre y apellidos, con su familia y amigos, incluso en esta época dominada por la soberbia estadística. Una sociedad sanamente constituida tiene que afrontar las tragedias con madurez, nunca con indiferencia. Aunque la política (espejo, como siempre de la vida) se complace con crueldad en la paradoja. Accidente o ataque, el orden de los factores no altera el producto. Si accidente, como parece, ¿quién no ha pensado en el Yak? Si agresión, como algunos dicen, surgen de inmediato las sombras del Irak y del 11-M. ¿Qué hacemos en Afganistán? Corremos sin sentido para regresar al mismo punto de partida. Tiene razón Claudio Magris: «Es posible que Heráclito esté equivocado; siempre nos bañamos en el mismo río». Así pues, examen para el Gobierno; dilema -ético y político- para la oposición; incógnita para los ciudadanos. Esta vez, igual que las anteriores, el sentido común impone una única solución razonable. España necesita dar prioridad a la política sobre el partidismo. La patria no son ellos ni somos nosotros. No es, ni mucho menos, propiedad de quien gobierna al día de la fecha en esta sucesión efímera que llamamos democracia. Otros países -muy pocos para ser sinceros- lo consiguen. Nosotros lo logramos mal que bien durante la Transición. También ahora debe ser posible.

Contexto internacional. Irak concentra el ruido y la furia pero Afganistán sigue en la retaguardia. Ecos de la resistencia talibán. Sólidas bases de AlQaida. Criminales disfrazados con el rótulo inmerecido de «señores de la guerra». La primera decisión de Bush tras el 11-S no estaba exenta de riesgo. Porque, según viejas páginas de geopolítica, EE.UU. es una talasocracia imbatible, pero sufre graves carencias cuando trata de ocupar militarmente un territorio. Los afganos son el mejor ejemplo de aquella inteligente doctrina de Toynbee sobre el estímulo de los «Hard Countries». Los ancianos que dirigían el Kremlim en su fase terminal no eran aventureros, sino políticos responsables. El Ejército Rojo enterró su nombre y su fama en aquella tierra infernal porque los soviéticos eran conscientes de los peligros del Islam radical. La mitad de los musulmanes del mundo vive en Asia. En las fronteras de ese país se concentran potencias nucleares y gigantes demográficos. No hablamos de ridículos debates identitarios. Allí se ubica hoy día la «isla del mundo», en sentido estratégico: no es baladí determinar quién controla ese paraje desolado que nos golpea desde su inocuidad aparente desde la pantalla de televisión.

¿Qué hacen entonces nuestros soldados? Respuesta concluyente: sitúan a España en el lugar que le corresponde, a la altura de esta época desquiciada de la que pocas alegrías podrán rescatar los futuros historiadores. «Recuerdos del porvenir» se llama, en un estupendo sin sentido, la taberna que pinta Alejo Carpentier al borde mismo de la selva tropical, justo al otro extremo del mundo. España debe estar al lado de sus aliados naturales en el marco de la OTAN y de la Unión Europea. Debería estar en otros sitios, según creo, pero hoy no es el día para ese tipo de debates. Aquí o allá, las Fuerza Armadas cumplen su misión de forma modélica. Una sociedad «decente» (antes de Zapatero lo decían los conservadores americanos) se muestra por definición orgullosa de sus ejércitos. Solo los dogmáticos, algunos simplemente tontos, repiten una y otra vez el rancio discurso antimilitarista. Digamos, pues, la verdad en voz alta y clara. Se trata de profesionales bien preparados, con sentido del deber y alta capacidad técnica. Gozan del máximo respeto en los organismos internacionales. Resisten con holgura la comparación con sus colegas extranjeros. Se dejan la vida en el empeño, como es notorio. Merecen, pues, no solo el esfuerzo presupuestario que ahora se anuncia con un cierto alarde teatral. Debe también multiplicarse la cultura de defensa y la consideración social de la profesión. Las Fuerzas Armadas son, en su realidad actual pieza nuclear de la España constitucional porque participan junto a sus iguales en la lucha por una causa justa. Venturosa novedad, después de un aislamiento que ha resultado demasiado largo.

Lección para sectarios, sean inocentes o malintencionados, que de todo hay. La realidad no cambia aunque se contemple desde el optimismo antropológico. Ha salido trágico este verano de 2005. Guadalajara y Roquetas; ahora, los helicópteros.... Deslinde entre lo ingenuo y lo malévolo. Ironías del destino. Desengaño acerca del mundo feliz que nos esperaba. Comprendo que la tentación de pasar factura es difícil de resistir. Pero ha reaccionado con acierto el Partido Popular y Rajoy presenta esa sobriedad institucional que es propia de una oposición digna en momentos complicados. Véase, cómo no, el ejemplo británico tras el 7-J. Zapatero ha vuelto a tiempo a su despacho, pero no hacía falta poner énfasis en la identificación de los cadáveres «con plenas garantías». Es elemental, y reabre una polémica que nos llevará por mal camino. Siempre el presidente del Gobierno debe precisar las palabras y modular el tono, pero mucho más cuando se trata de una declaración institucional. Se agolpan los desafíos en torno al ministro Bono. Ahora tiene que demostrar su talla política. En la investigación, por supuesto. También con decisiones de alcance retroactivo. Aprendamos de los errores. Sobriedad en los gestos, transparencia absoluta, apoyo a las familias sin minucias burocráticas. Caso Yak. La responsabilidad política se extingue con el juicio del cuerpo electoral, inapelable en democracia. La responsabilidad jurídica, sí y cuando procede, es cuestión de jueces y tribunales sometidos únicamente al imperio de la ley. Pero la política de Defensa es y debe ser una política de Estado. Diré algo más: debe ser una política patriótica. Igual sucede con la Corona: el Rey, téngase presente, es jefe supremo de las Fuerzas Armadas, según la sabia decisión constituyente. Como debería ocurrir, sin pretexto alguno, respecto del terrorismo y de la arquitectura territorial. Política, en fin, en el sentido más noble, que deja espacios exentos de la controversia -por supuesto legítima- entre los partidos en otras múltiples materias.

El ser humano busca la certeza absoluta con empeño digno de mejor suerte. Pero sería inútil apuntarse al optimismo, dejándose llevar por el dolor de los primeros momentos. Ataque o accidente, este caso traerá secuelas: dentro del Gobierno, en la institución militar, entre el Gobierno y la oposición. Por ahora, vamos a llorar -si nos dejan- a esta minoría de héroes que prefiere asumir deberes antes que reclamar derechos y renuncia al bienestar hedonista que perseguimos con ardor. Son, en sentido orteguiano, los mejores. Las lecciones, me temo, las vamos a aprender a medias, en el mejor de los casos. Lo terrible es que habrá más víctimas, más desgracias, más atentados, en esta guerra por fragmentos que afecta al núcleo duro de nuestro dilema existencial. «Las reglas del juego han cambiado», decía hace unos días Tony Blair. Muchos esperan el regreso de vacaciones para no dejarle respirar. La sombra de la sospecha extenderá su huella en cada actuación pública de los responsables. Se medirán las palabras con obsesión enfermiza. Las alusiones malintencionadas ocuparán el puesto de los conceptos claros y precisos. Un colectivo equívoco («los muertos» «las víctimas», «los afectados») borrará de la frágil memoria colectiva el recuerdo personal del capitán y de sus soldados. Muertos en acto de servicio, en defensa del honor de una sociedad que, ojalá sepa -por una vez- estar a la altura de las circunstancias. «Suerte y hasta pronto», Dios mío, decían las pancartas de despedida...

El precio de la demagogia
GEES Libertad Digital 17 Agosto 2005

Presos de su pasado, agobiados por las consecuencias de un populismo sin escrúpulos que se vuelve contra ellos, los miembros del Gobierno se ven obligados a lidiar con el problema que más temía Bono, la caída de un helicóptero en Afganistán con la pérdida de su tripulación y pasaje.

Rodríguez Zapatero ha hecho de las cuestiones relativas a la política de seguridad uno de los temas claves para captar votos. No ha tenido pudor a la hora de jugar con los sentimientos de la población ni con el prestigio internacional de España. La gestión socialista de la crisis del Yakolev o de la retirada de Irak representan una lacra en nuestra historia reciente, un triste ejemplo de falta de madurez.

Zapatero aceleró la salida de Irak por temor a no tener argumentos a la altura del 30 de junio para escapar y por miedo a sufrir bajas. Han tratado de hacer de la presencia en Afganistán un mecanismo de compensación con el socio norteamericano, pero ni éste se ha dado por satisfecho ni aquellas lejanas tierras son más seguras que la antigua Mesopotamia.

Puede estar seguro el Gobierno de que muchos ciudadanos jamás haremos, en circunstancias como éstas, lo que el Partido Socialista hizo y volvería a hacer si no fuera porque ahora está al frente de la Nación.

Cualquier acción propia de unas Fuerzas Armadas implica riesgo, porque su cometido no es otro que el ejercicio de la fuerza en defensa de la soberanía y los intereses nacionales. Si el helicóptero cayó por razones técnicas o como resultado de un misil tierra-aire, esos profesionales estaban allí sirviendo lealmente a su patria y como tal deben ser reconocidos. Las Fuerzas Armadas no son una ONG, por mucho que Bono se empeñe con la colaboración de algunos militares. Nuestros ejércitos están en Afganistán para sacar a un país del islamismo y tratar de situarlo en el marco de un estado de derecho. Una misión difícil y peligrosa que hay que asumir tal como es. Repetir que es una Operación de Paz en el marco de Naciones Unidas no resta peligrosidad al trabajo cotidiano de nuestros conciudadanos.

No deja de sorprender que la mayor preocupación de Zapatero y Bono en estos momentos sea identificar correctamente los cadáveres. La memoria de su vergonzoso comportamiento en la crisis del Yakolev pesa. Pero eso no es lo más importante. Sea cual fuere la causa por la que el helicóptero cayó, el ministro Bono -que prefiere morir a matar, el adalid del bienestar de nuestros hombres de uniforme- tiene pendiente explicar a la ciudadanía si el contingente español destinado en Afganistán está dotado de los medios técnicos necesarios para cumplir su misión sin incurrir en más riesgos de los inevitables; si los helicópteros que España ha desplegado son los adecuados. El pasado 29 de abril ya tratamos este tema desde estas mismas páginas, alertando sobre los problemas que nuestro contingente tenía con la flotilla de helicópteros, las pegas del ministro para que volaran y las presiones norteamericanas para que se incrementase su actividad. Como hemos referido con anterioridad, en el Ministerio de Defensa se venía comentado el miedo que el señor ministro tenía a las consecuencias políticas de la caída de un helicóptero en Afganistán, un hecho probable dadas sus características.

La defensa española no necesita de ejercicios populistas, de lavados de cara ni de cambios de identidad. Las Fuerzas Armadas son ejércitos entrenados para el combate y esa es su grandeza. Necesitan medios apropiados y la reivindicación política y social de la importantísima labor que se les ha encomendado.

Diecisiete miembros del Ejército de Tierra, entre los que se encuentran oficiales, suboficiales y soldados, han muerto en acción. Merecen nuestro reconocimiento y gratitud, porque estaban en Afganistán luchando por los intereses de todos los españoles. Sus familias pueden estar seguras de que muchos españoles somos conscientes de cuál era su auténtica vocación, del sacrificio que hicieron y de la necesidad que nuestra democracia tiene de soldados como ellos.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

En un país en guerra
EDUARDO SAN MARTÍN ABC  17 Agosto 2005

| LA ESPUMA DE LOS DÍAS |

EN estas horas, las primeras después de la tragedia aérea de Herat, resulta irrelevante indagar en los motivos por los que este Gobierno, que adujo razones de seguridad para adelantar el año pasado el regreso de las tropas españolas en Irak, tres meses antes del plazo fijado por el propio Zapatero, haya decidido en cambio prolongar y reforzar nuestra presencia militar en Afganistán, donde, el desastre de ayer nos lo recuerda con toda crudeza, los riesgos de pérdidas de vidas humanas están a la orden del día. El ministerio no descarta ninguna hipótesis sobre las causas del siniestro del helicóptero, pero ya sea por accidente o por la acción de la insurgencia talibán, el goteo de bajas sufrido por las fuerzas de pacificación de la OTAN en Afganistán ha sido incesante desde el derrocamiento de la dictadura fundamentalista, sólo oscurecido a efectos mediáticos por la morbosa delectación con la que se recuentan todos los días los desastres de la guerra en Irak. Afganistán, por desgracia, es todavía un país en guerra. Y es por esa razón, precisamente por esa razón, por la que los soldados españoles se encuentran allí en misión militar. Si fueran motivos de seguridad los que tuvieran que decidir los dispositivos de despliegue o repliegue de tropas, más allá de que en el caso de Irak hubiera una decisión política condicionada para hacerlo en un plazo posterior, las unidades españolas destacadas en Afganistán deberían haber estado de vuelta a casa hace ya muchos meses.

Por tanto, conviene decirlo a la opinión pública sin paños calientes. Nuestras tropas en Afganistán han sido enviadas a un país en guerra, y se encuentran allí justamente para evitar que esa guerra frustre las esperanzas, no muchas por desgracia, de que se consolide algún día en aquel país algo parecido a una democracia. Y es bueno que así sea. Se podría improvisar en estos momentos de dolor un largo memorial sobre los polvos que han convertido Afganistán en el lodazal que es hoy; sobre la responsabilidad que cabe a determinadas potencias occidentales y árabes por haber incubado en aquellas tierras la bestia que en su día impuso en Afganistán un régimen totalitario medieval y que hoy amenaza la seguridad de medio mundo. Nada de eso cambiaría el compromiso que ahora, sea cuales fueran las causas de los males pasados, tienen las democracias de occidente con la extensión de la causa de la libertad en el mundo.

Celebramos en estos días la retirada israelí de Gaza como un paso necesario, aunque no suficiente, para avanzar hacia la paz en Palestina. Y eso es lo que importa. De qué valdría recordar en estos momentos que fueron los países árabes los que en 1948 rechazaron la solución de dos estados por la que han muerto tantos miles de personas en las últimas décadas. O que fue Egipto quien se anexionó ilegalmente Gaza veinte años antes de que lo hiciera Irael.

¿Y ahora qué?
Por ANTONIO BURGOS ABC  17 Agosto 2005

SI la lógica no está también de vacaciones en La Mareta (aunque igualmente las interrumpa en el verano de su supremo gafe) supongo que a lo del Cougar Puma en Herat se aplicará el protocolo de la demagogia progre que se siguió al pie de la letra en ocasiones anteriores, como el Prestige, la presencia española en Irak, el 11-M o el accidente del Yakolev.

Supongo, por tanto, que cuando usted esté leyendo estas líneas, las ciudades de España, sus calles todas, estarán llenas de los clásicos letreros del «Queremos saber».

Supongo que no habrá tertulia radiofónica, editorial de periódico adicto al régimen, mesa de debate televisivo ni artículo de opinión de truchimán políticamente correcto donde no se exprese la inmediata necesidad de que el Gobierno informe de lo que en verdad ha ocurrido en Herat y se traiga a las tropas de vuelta, que allí no se nos ha perdido nada.

Supongo que, movido por esta corriente de opinión del buen rollito, el ministro de Defensa o portavoz aun más autorizado del Gobierno comparecerán de hora en hora, y si es de treinta en treinta minutos mejor, para informar sobre el resultado de las investigaciones a pie de obra y minuto a minuto.

Supongo que en su teléfono móvil habrá recibido usted a estas horas decenas de mensajes cortos alusivos, textos naturalmente espontáneos, nunca emitidos desde despacho oficial alguno, en los que se hagan preguntas fundamentales como: «¿No quedamos en que no iba a haber un solo soldado español más en una guerra que no es la nuestra?», «¿Qué pleno del Congreso de los Diputados autorizó la presencia en Afganistán de los militares muertos por la Patria?».

Supongo que esto de «militares muertos por la Patria» no lo dirá absolutamente nadie (¡huy, lo que he puesto!).

Supongo que la identificación de las víctimas se hará de modo que dentro de nada el ministro cesará, como es tradicional en estos casos, a media cúpula de Defensa y a parte de la otra media.

Supongo que durante la celebración del funeral con diecisiete banderas de España (una por cada autonomía) cubriendo otros tantos féretros de otros tantos militares que dieron la vida por ella, la organización tendrá en cuenta que sus familiares, viudas y huérfanos puedan increpar convenientemente al Gobierno políticamente responsable de los hechos.

Supongo que el equipo médico habitual de los pancarteros y pegatineros, encabezados por el-barra-la Bardem de turno y con el correspondiente acompañamiento de ramoncines, guayómines, aragones, victormanueles y otros perceptores de subvenciones culturales leerá los comunicados de costumbre, tomará las pancartas de reglamento contra la presencia de tropas españolas en los chirlos mirlos y se pondrá las pegatas de rigor con las clásicas leyendas de «Nunca más un Afganistán».

Supongo que, a falta de premios Goya, para la propaganda de estas tesis pacifistas serán aprovechados por los mencionados y asimilados todos aquellos pregones municipales de fiestas que en estos días pronuncian cual Bien Pagá, en los que pedirán la inmediata retirada de nuestras tropas.

Supongo que el ministro Bono será declarado prófugo o réprobo, algo esdrújulo, por el Congreso de los Diputados, y que los familiares de las víctimas, amablemente invitados a pasar, podrán insultarlo a la puerta de su propio despacho.

Supongo que desde el talante y el diálogo se conseguirá la dimisión de todos los responsables políticos, así como el inmediato repliegue de nuestros soldados.

Quizá sea mucho suponer. Supongo que de todo tendrá la culpa Aznar. Aunque a los soldados los mandase ZP a Afganistán el pasado día 12, en una misión exactamente igual de humanitaria que la de Irak. Y, si no es Aznar, será La Cierva. Por haber inventado el autogiro.

Afganistán, sobredosis de riesgo
José Javaloyes Estrella Digital 17 Agosto 2005

Si las aeronaves militares volaran a la altura de ciertos planteamientos políticos, no se estrellarían con tan graves y luctuosas consecuencias. Más allá de las disputas partidistas, lo importante no es saber si la muerte de 17 soldados españoles desplazados al escenario afgano ha sobrevenido por causa de un accidente o a consecuencia de un ataque de la guerrilla talibán, muy presente en esos espacios aledaños a la frontera iraní, tenida por muy permeable para los voluntarios islamistas que cruzan hacia Iraq. Sea una cosa o la otra da casi lo mismo: ambas hipótesis responden y se derivan de la misma idea de riesgo.

Es en el nivel de peligrosidad asumido por el actual Gobierno, al elevar hasta donde se ha elevado el nivel de presencia militar española en Afganistán, donde quizá se sitúa el verdadero problema. Lo de menos es que la presencia militar extranjera en Afganistán, dentro de la que se inscribe la de nuestros soldados, esté bendecida por la ONU y aprobada, en nuestro caso, por el Parlamento español. Lo de más es que el riesgo asumido al aumentar el número de nuestros soldados en Afganistán obedece a una razón de rebote: bajarle el cabreo a Estados Unidos después de la retirada de Iraq - donde, por cierto, la presencia militar extranjera, a estas alturas, se encuentra bendecida y legitimada por Naciones Unidas -.

Ese es el problema, insisto, y no el asunto de si ha sido accidente o cohetazo. Una decisión como la de retirar de Iraq nuestras fuerzas, por el momento en que se hizo y por cómo se hizo y después se explicó y propuso - como norma de conducta para los Gobiernos concurrentes en el despliegue militar -, ha traído costes políticos que sólo el paso del tiempo permitirá determinar, y para lo que de nada ha servido subir el propio riesgo, con la asunción de una cuota mayor de compromiso militar, de una sobredosis de riesgo, en aquel mundo del opio y la barbarie en estado puro.

Ante la Casa Blanca, se ha querido rectificar en Afganistán lo que se hizo insuperablemente mal en Iraq, quizá al confundir la política exterior y los compromisos asumidos en materia de defensa y relaciones de poder, con el mundo banal de los chalaneos en la feria de la política doméstica. Al reconocimiento implícito de que se cometió un error mayúsculo, se suma ahora la evidencia de que el sobredimensionado fardo afgano se le ha caído encima al Gobierno del presidente Rodríguez, atrincherado en el marco de una declaración institucional, de una comparecencia sin opción a preguntas.

Más importantes que las averiguaciones de las causas determinantes de la caída del helicóptero, y tan urgente como ello, es la explicación política de por qué se ha suscrito una sobreprima de compromiso militar en Afganistán. Convendría por ello que el vuelo del discurso político de Rodríguez se elevara a la altura del riesgo a que han sido llevado nuestros soldados en Afganistán. Además de transparencia informativa, se echa de menos coraje para fajarse con las preguntas de los informadores, aunque sólo fuera para legitimar la explotación política de los errores cometidos por el último Gobierno de Aznar en el caso del Yakolev, también a propósito de Afganistán.

Para sólo mover el capote tras la barrera de la comparecencia institucional, mejor se está en Lanzarote.

jose@javaloyes.net

Morir en Afganistán
Pablo Sebastián Estrella Digital 17 Agosto 2005

La muerte de diecisiete soldados españoles en Afganistán nos sumerge de nuevo en el dolor y también en la perplejidad porque no es fácil comprender, y menos aún para sus familiares y amigos, por qué estos valientes que fueron en misión de paz bajo todos los auspicios de las Naciones Unidas han perdido la vida en tan lejano y extraño país donde España tiene una destacada y arriesgada presencia militar en el seno de un conflicto en el que las grandes potencias occidentales, como los Estados Unidos y Gran Bretaña, han liderado una guerra reciente en defensa de ideales globales, pero también de sus directos intereses estratégicos y económicos, aquí incluido, cómo no, el petróleo.

Víctima de un ataque de la guerrilla talibán o de un incidente fortuito los soldados que acaban de morir en Afganistán se añaden a otros que perdieron la vida en la zona y que, sumados al batallón de los sesenta y dos soldados que murieron en aquel trágico viaje de regreso de Afganistán a bordo de aquel macabro Yakolev 42 que se estrelló en tierras de Turquía, nos anuncia un alto precio en vidas españolas como contribución neta a esta ingente tarea de la pretendida y casi imposible democratización del citado país.

Es cierto, como declaró el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una breve comparecencia en la que no aceptó someterse a una rueda de prensa como sería lógico ante la gravedad de los hechos, que la misión española en Afganistán ha contado con la aprobación del Parlamento español y se desarrollaba bajo el mandato de las Naciones Unidas. Dos datos que ha querido subrayar el jefe del Gobierno para, de una manera indirecta, marcar las diferencias legales y las distancias políticas con la guerra de Iraq de donde Zapatero ordenó la retirada de las tropas allí desplegadas por el anterior gobierno del Partido Popular, que presidía José María Aznar, a los pocos días de asumir la presidencia del Gobierno tras los comicios generales del año 2004.

Pero también es verdad que este Gobierno ha aumentado y prorrogado la presencia de los soldados españoles en Afganistán por su propio interés político como gesto o una concesión a los Estados Unidos, en un intento de suavizar las tensiones con Washington por la retirada intempestiva de Iraq que aún sigue siendo la causa de que Zapatero aún no haya conseguido mantener un diálogo directo (ni por teléfono) con el presidente de los Estados Unidos, George Bush

Fue el ministro de Defensa, José Bono (quien por cierto apareció ante los medios de comunicación extrañamente rodeado de banderas autonómicas) quien le ofreció al secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, el reforzamiento de contingente español en Afganistán como compensación por la retirada de las tropas de Iraq, lo que fue bien recibido por Rumsfeld pero considerado insuficiente por Bush

Una contrapartida que fue duramente criticada por la oposición, que vino a decirle al gobierno de Zapatero que sacaba las tropas de un conflicto para meterlas en otro, la misma oposición que recordará ahora al Gobierno que Iraq ya tiene el amparo de la ONU y que su proceso de normalización política es similar al de Afganistán.

De la misma manera que los dirigentes del Partido Popular no perderán la oportunidad de recordar al gobierno el espectáculo político montado tras el accidente del Yakolev 42, donde dicho sea de paso el ex ministro Federico Trillo y sus generales de Defensa no estuvieron a la altura de las circunstancias en el proceso de identificación de todos los fallecidos en Turquía, de ahí que Zapatero subrayara ahora que en Afganistán se va a proceder con “certeza y seguridad” a la identificación y traslado de los cadáveres de los militares fallecidos.

Sin embargo la pregunta que surgirán en esa mayoría de españoles que se opuso a la guerra de Iraq, mayoritariamente ubicada en la izquierda política, es la de por qué Zapatero no retira las tropas de Afganistán. Y dirán ¿acaso España no ha aportado ya suficiente a esa misión con la muerte de ochenta soldados? ¿Qué pasará si un nuevo ataque o accidente nos trae nuevas noticias de muerte y desolación? España no sólo ha elevado hasta ochocientos cincuenta su efectivos desplegados en ese país, sino que también ha aceptado cambiar su misión ocupándose del control de una zona de muy alto riesgo. ¿Y todo ello en su beneficio político para facilitar el diálogo entre el presidente Zapatero y el nuevo Emperador?

Iraq y Afganistán, dos países en guerra larvada y con tropas extranjeras de ocupación, no verán la paz ni la democracia en los próximos años. Y en esas circunstancias tenemos que preguntar al jefe del Gobierno, lo que no se dejó preguntar en el momento de su escueta y huidiza declaración institucional: ¿cuál es la fecha final de la presencia de las tropas españolas en Afganistán? El presidente que hizo uso político y electoral de la retirada de Iraq debe responder ahora a los ciudadanos con firmeza y claridad. Y a no olvidar, en este día de luto para el conjunto de los españoles y en especial para el Ejército español, que nuestro país no es una gran potencia económica ni militar para andar guerreando, con escasez de medios, contra esos enemigos casi invisibles que habitan impertérritos las escarpadas montañas de Afganistán.

LA DECISIÓN VULNERA LA CONSTITUCIÓN
El PP califica de sectaria la propuesta de Huguet contra los castellanoparlantes
El portavoz del PP en el Parlamento catalán ha tildado de "sectario" al consejero de Comercio, Turismo y Consumo, el independentista Josep Huguet, por haber eliminado el derecho de recibir subvenciones de la Generalidad a las organizaciones de consumidores que no utilicen el catalán como único idioma. Daniel Sierra se suma a las denuncias de la Asociación por la Tolerancia contra la política de "amedrantamiento" de ERC.
Europa Press Libertad Digital 17 Agosto 2005

Sierra también ha expresado este miércoles al miembro de ERC que debe rectificar "una decisión que vulnera no sólo la Constitución sino la ley de política lingüística", añadiendo que "discrimina incluso las organizaciones de consumidores que utilizan las dos lenguas oficiales de Cataluña". El popular aprovechó para reclamar a Huguet su derogación inmediata.

El Partido Popular ratifica de esta manera la denuncia expresada a la Generalidad esta semana por la Asociación por la Tolerancia, que criticó el "sectarismo" ejercido por el consejero de consumo. También denunció la política de "amedrantamiento" que ejerce ERC contra los que no usan el catalán como primera lengua. Para la asociación, la decisión, que consideran muy grave, "vulnera la libertad de actuación" de las asociaciones que quieran optar a ayudas y subvenciones.

La resolución fue dictada el pasado 4 de julio por la Agencia Catalana de Consumo, un organismo dependiente de la propia consejería que dirige el republicano Huguet. Establece que "para tener derecho a percibir la ayuda será requisito que la lengua que se utilice en las actividades de información y formación sea el catalán".

SEGÚN UNA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE COMERCIO
La Generalidad restringe las subvenciones a las asociaciones que usen sólo el catalán
La Asociación por la Tolerancia (AT) ha denunciado en un comunicado que la Generalidad ha restringido el derecho a percibir subvenciones de las organizaciones de consumidores a aquellas que usen exclusivamente la lengua catalana. La AT critica "el sectarismo" del consejero de Comercio, el republicano Josep Huguet, autor de esta orden y denuncia la política de "amedrentamiento" contra los castellano parlantes.
EFE Libertad Digital 17 Agosto 2005

La resolución dictada el pasado 4 de julio por la Agencia Catalana del Consumo (ACC), organismo que depende del departamento de Comercio, Turismo y Consumo, del que es consejero el republicano Josep Huguet, establece que "Para tener derecho a percibir la ayuda será requisito que la lengua que se utilice en las actividades de información y formación sea el catalán".

La AT considera que este requisito introducido en esta resolución, que destina 500.000 euros a subvencionar las actividades de organizaciones de consumidores catalanas, "vulnera la libertad de actuación" de las citadas organizaciones "y el contenido de la Ley de Política Lingüística". "En concreto -recuerda la AT-, el artículo 3 (de esta ley) reconoce que el catalán y el castellano, como lenguas oficiales, pueden ser utilizadas indistintamente por los ciudadanos y ciudadanas en todas las actividades públicas y privadas sin discriminación".

Asimismo, "el artículo 4 declara que en Cataluña todas las personas tienen derecho a utilizar libremente cualquiera de las dos lenguas oficiales en todos los ámbitos y no ser discriminados por razón de la lengua oficial que utilizan, todo ello de acuerdo con el artículo 3 del Estatuto de autonomía, y en el marco de una política activa de la Generalidad para crear las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena en cuanto a los derechos y deberes lingüísticos".

La Asociación Tolerancia recuerda que la mayoría de las organizaciones de consumidores dependen de las subvenciones y subraya, además, que la resolución de la ACC "vulnera de plano los artículos 3, 14 y 51 de la Constitución española, "que consagran el principio de igualdad de todos los españoles, la cooficialidad lingüística y el derecho a la información de los consumidores y usuarios". La AT expresa su preocupación por "el sectarismo" del presidente de la ACC y consejero de Comercio, Josep Huguet, que a su juicio "está llevando a cabo una política sancionadora basada en el amedrentamiento y en el miedo en la que únicamente se vigila la presencia del catalán, despreciando los derechos lingüísticos de las personas de lengua castellana".

Ante esta situación, la Asociación por la Tolerancia reclama a la Generalidad de Cataluña que "se preocupe fundamentalmente del consumidor y usuario como persona, atendiendo a aquellas situaciones que puedan afectar a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad y que no priorice el uso de la lengua catalana a una política de información generalizada y a los intereses individuales del consumidor".
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