AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 27 Agosto 2005
La España descoyuntada
Editorial ABC 27 Agosto 2005

Batasuna tienta a Zapatero
Editorial ABC 27 Agosto 2005

¿De qué contrapartidas hablamos?
Ignacio Villa Libertad Digital 27 Agosto 2005

Normalización de España
Jorge Vilches Libertad Digital  27 Agosto 2005

Cosas de Bono y Zapatero
Valentí Puig ABC 27 Agosto 2005

Dónde se la juega Zapatero
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 27 Agosto 2005

Zapatero y los cantos de sirena de Batasuna
Editorial Elsemanaldigital.com  27 Agosto 2005

La manifestación del cinismo
Editorial Heraldo de Aragón 27 Agosto 2005

Verde y con asas
TONIA ETXARRI El Correo 27 Agosto 2005

Ética de la violencia
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ El Correo 27 Agosto 2005

Maragall ordena callar
Por José Cavero El Ideal Gallego  27 Agosto 2005

Carmelo Barrio: "El propio Gobierno está legalizando de facto a Batasuna incumpliendo la ley de partidos"
Libertad Digital 27 Agosto 2005

La España descoyuntada
Editorial ABC 27 Agosto 2005

UN Gobierno que, a través de su DGT, se lamenta de no poder conducir por nosotros es, sin duda, un Gobierno cariñosón con los ciudadanos que representa. Quizás por eso, dentro de su programa para escalonar la operación retorno, celebró ayer, último viernes de agosto, el primer Consejo de Ministros de septiembre. En realidad, los problemas que de verdad afectan al equipo de José Luis Rodríguez Zapatero no son de Consejo de Ministros en La Moncloa, sino de comité ejecutivo del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, en donde un potente laboratorio de intrigas consigue la apariencia de que Zapatero gobierna y de que aquí no pasa nada. Pero pasa.

La España invertebrada de nuestros maestros es ya la España descoyuntada de nuestros hijos. Las bondades de la Transición, que no son pocas, tienden a compensarse con los excesos autonómicos, que son muchos. Vuelven los caciques territoriales y, tras la fractura traumática, la incapacidad funcional que sirve, por ejemplo, para que, desde una gripe a una operación de reasignación de sexo -así le llaman-, sean distintas, hasta en su tratamiento, en Huesca y en Torrelavega, en Jaén y en Palencia.

El Consejo de ayer es, en lo práctico, un clarinazo que nos previene sobre el final de las vacaciones y que, más en lo preciso, les recuerda a las distintas Autonomías que para déficit, el del Estado. Que ellas deben ser ordenadas en el gasto, escrupulosas en su control y positivas en sus cuentas. Y si así no fuere, tendrán que sacarles directamente del bolsillo a sus vecinos la cuota parte que les corresponda. Ignoro si eso, el plan que predican Jordi Sevilla, titular de Administraciones Públicas, y Miguel Ángel Fernández Ordoñez, secretario de Estado de Hacienda, equilibrará las cuentas del Estado, pero tendrá sus efectos en la temperatura nacionalista de las regiones. El fervor gratuito suele tener más adeptos que la devoción de pago.

El Gobierno, que no es fuerte ni por su soporte parlamentario ni por el perfil de sus integrantes, tiene bajo la mesa una bomba de tiempo, el Estatut. Su debate en el Parlament se le ha enquistado al PSC, tiene engallados a los líderes de ERC, atentos a los de CiU y, como siempre, mirando hacia otra parte a los del PP; pero de ahí depende una cascada que, si derriban a Pascual Maragall -¿elecciones anticipadas en Cataluña?- arrastrará también a un Zapatero que, no muy dispuesto a lo que clásicamente se llama gobernar, ya tiene concluso el repertorio de sus habilidades con el talante. Y todo eso, a sólo un mes de la presentación en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado para 2006. Al Gobierno le llega el momento de hacer efectivos los pagarés que comprometió para instalarse en La Moncloa y ni el ambiente está para fiestas, ni las adhesiones son perpetuas, ni los monos saltan si no reciben su ración de plátanos.

Batasuna tienta a Zapatero
Editorial ABC 27 Agosto 2005

LA manifestación convocada en Bilbao por «un grupo de ciudadanos» se convirtió en un acto público de Batasuna, a lo que estaba abocada desde el principio. Fue una concentración con todos los rasgos de ilegalidad, porque vulneró tanto la sentencia de disolución de Batasuna dictada por la Sala Especial del Tribunal Supremo, como el auto de suspensión cautelar de este partido que decretó el juez Garzón hace tres años. Ambas resoluciones judiciales aportaban suficiente respaldo jurídico al Gobierno central para, ante la pasividad de la Consejería vasca de Interior, haber instado la declaración de ilegalidad de la convocatoria. No habría sido necesario, como ayer excusaban la vicepresidenta primera del Gobierno y el ministro de Justicia, «usurpar» funciones propias del Ejecutivo de Vitoria, sino de garantizar el cumplimiento íntegro de resoluciones judiciales firmes, porque lo que estaba en juego no era simplemente un ilícito administrativo, sino un posible delito de desobediencia a la autoridad judicial. ¿Acaso el Gobierno de la Nación no está legitimado para reclamar el cumplimiento íntegro de las sentencias y de las leyes en procesos en los que es parte?

Hay que recordar -y esto es lo lamentable- que el Tribunal Supremo condenó a Batasuna a «cesar de inmediato en todas las actividades que realicen» y que el auto de Garzón (en el apartado 5.f) concretaba que la suspensión de Batasuna incluía «la suspensión de la capacidad de convocar manifestaciones, concentraciones, caravanas o cualquier acto público o de asistir a los mismos». Por tanto, la dejadez del Gobierno no puede disculparse como un acto de garantismo jurídico, sino como una abdicación de responsabilidades, que se ha convertido en signo distintivo de sus decisiones sobre la Ley de Partidos. El Gobierno ha decidido dar por perdida de antemano toda contienda jurisdiccional contra el entramado batasuno, lo cual es una manera de trasladar preventivamente a los Tribunales de Justicia el mensaje de que hay un cambio de actitud política hacia la izquierda proetarra, en el que la aplicación de la Ley, como venía haciéndose, ya no es oportuna. Así es como el Gobierno y el fiscal general absuelven a Atutxa, preservan al Partido Comunista de las Tierras Vascas y se cruzan de brazos ante la resurrección imparable de Batasuna. La aplicación de las leyes no es una ciencia exacta, pero, al menos, el Gobierno debía dar muestras de beligerancia legal contra el entramado político de ETA.

Pero, quizá, lo que el Gobierno presumía era que en el acto de ayer podrían oírse mensajes como el del dirigente batasuno Pernando Barrena, quien dirigió un terrible emplazamiento al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, para que «pida contrapartidas» por el proceso de paz. Con estas palabras, Batasuna demuestra conocer a la perfección la apremiante necesidad del Gobierno de tener oportunidades para respaldar la idea de que hay un proceso de diálogo en marcha. Batasuna tienta a Zapatero con una oferta de interlocución perversa que encierra el reconocimiento político de la izquierda proetarra, la derogación de hecho de la Ley de Partidos, la inhumación del Pacto Antiterrorista y la exclusión de la derrota de ETA como el único final admisible del terrorismo. Es una oferta, además, estratégica, porque se produce mientras ETA está reconstruyendo los frentes desmantelados en estos últimos años -presos, «kale borroka», financiación, institucional- y en tanto el Gobierno deambule entre conjeturas sobre gestos e indicios de los terroristas, éstos no perderán el tiempo. Batasuna está consiguiendo guiar a su gusto el debate abierto por el Gobierno, poniendo los contenidos y las propuestas que interesan a ETA en cada momento. Alterna violencia callejera con ofertas de charlatán, pero confiada de que sus palabras no caen en saco roto. Por eso es preciso que el Gobierno se sincere con la opinión pública, porque el discurso que sólo espera de ETA, el cese de la violencia, pierde crédito aceleradamente. Es necesario saber si el Gobierno ha decidido que el Estado negocie con ETA y no que la derrote; si es el Estado el que está en tregua y si está dispuesto a aceptar de ETA «contrapartidas» que no sean rendición, entrega, disolución y desarme sin condiciones ni precios.

¿De qué contrapartidas hablamos?
Ignacio Villa Libertad Digital 27 Agosto 2005

Para terminar este veranito -tremendo- que ha tenido el presidente Zapatero, ¡no está nada mal!. Ahora resulta que los etarras de Batasuna le han exigido al presidente del Gobierno que sea valiente y que rompa con el Partido Popular e incluso con los socialistas -por cierto, cada vez menos- que piden al Ejecutivo un mínimo de sentido común, de sentido de Estado y de respeto a las víctimas para no ceder bajo cuerda ante los terroristas en el País Vasco. Y es que Zapatero, insiste en su terquedad, y no se quiere enterar que con el terrorismo no se puede negociar, sólo se puede ceder al chantaje del terror.

La manifestación celebrada este viernes en Bilbao por la ilegalizada Batasuna ha servido para confirmar por la vía de los hechos todas las evidencias sobre este Gobierno. Los propios batasunos han dejado descubierta a la luz pública que desde Moncloa se está respaldando un acercamiento al entorno terrorista para buscar un acuerdo con ETA. Y a estas alturas del recorrido, todavía alguien piensa -ya sea desde la ingenuidad, desde la maldad o desde el egoismo político- qué se puede pactar con el terrorismo. Zapatero desde esa posición de engreimiento y desprecio al sentido común en el que está asentado insiste en demostrar -no se sabe a quién- que él y solo él tiene una varita mágica para acabar con el terrorismo. Esperemos que desde el poder se nos deje dudar de la existencia de esa varita. E incluso aunque dicho artilugio sólo exista en la imaginación del presidente, nunca podrá estar condicionada por el chantaje terrorista.

Pero es que además no termina ahí todo este esperpento. Los ilegales batasunos, al final de esa manifestación, le han ofrecido a Zapatero contrapartidas para ese mal llamado "proceso de diálogo". Una oferta que ha recibido por parte del Gobierno la callada como respuesta. Y esa es la cuestión de máxima gravedad. Desde Batasuna se puede esperar cualquier cosa, pero desde el Ejecutivo central ¡no!. Y en este caso la Vicepresidenta De la Vega, después del primer Consejo de ministros del curso político, se ha limitado ha lamentar que el Gobierno vasco no haya impedido esa manifestación.

Y es que ese lamento con la boca pequeña roza el ridículo. Y más cuando el Gobierno tiene la obligación política de decir a Batasuna y a toda la sociedad que el Ejecutivo no acepta contrapartidas de los terroristas. Sinceramente, lamentable en la actitud; pero es que además De la Vega con esa "flojera" en las formas está delatando la realidad. Y en ese contexto la pregunta vuelve a saltar: ¿de qué está hablando el Gobierno con los terroristas? ¿Qué razones hay para tanta tibieza y componendas?. Desde luego el arranque del curso no ha podido ser peor. Aunque con el verano que ha tenido este Gobierno nos podíamos esperar cualquier cosa. Y además seguimos con la duda: ¿está aceptando Zapatero esas contrapartidas del terrorismo? Ciertamente es como para salir corriendo.

Zapatero y el nacionalismo
Normalización de España
Jorge Vilches Libertad Digital  27 Agosto 2005

Los nacionalistas catalanes, y no me refiero a Maragall, llevarán en septiembre al Congreso de los Diputados una propuesta para que el catalán, el gallego y el vasco sean lenguas cooficiales en toda España. La razón declarada de esta proposición, la “Ley de Lenguas”, es “normalizar” una situación pendiente, según Carod, desde 1977; a saber: el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, basada en el plurilingüismo. Y, claro, no falta el victimismo: la medida tendría la virtud de compensar los años –¿por qué no milenios? ¿o eones?– de prohibición, e incluso persecusión de la “realidad plurilingüe”.

La consecución de un Estado de esta naturaleza sería para los nacionalistas catalanes la “normalización” de España. De esta manera, el Estado saldría de la anormalidad centralista y opresora de la que no supo, o no se quiso salir en 1977. Esto supone que la Constitución y todos los poderes que articula, la dereclaración de derechos, la soberanía depositada en la nación, el gobierno parlamentario, el Estado de las Autonomías, la Justicia, la naturaleza del Ejército, la institución de la Monarquía; esto es, la misma democracia española es, sí, anormal.

La anormalidad es, si no me equivoco, que un sistema democrático que funciona conjugue, tolere y amamante a los instrumentos y a los agentes que desean su destrucción. Anormal es, también, que quienes esto buscan determinen la política del gobierno del Estado siendo grupúsculos; es decir, pequeños partidos sin verdadera representación estatal. Lo anormal es que la ambición de un gobierno regional cuestione, y quiera subvertir por sí solo los principios sobre los que se asienta un país próspero, democrático y solidario. Tampoco es muy normal que el presidente de la nación, Zapatero, no conteste al líder de un partido, Carod, separatista pero aliado de su gobierno, cuando dice que es el primer presidente de España que no es nacionalista español.

Pero la “normalización” no es algo que se les haya ocurrido, desgraciadamente, a los nacionalistas. La victoria electoral del PSOE el 14-M de 2004, tras dos legislaturas populares, con una generación de políticos en su mayor parte inexpertos, y una intensa campaña de agitación y propaganda, determinaron las características del socialismo de Zapatero. Crearon entonces el concepto de “normalización”. Había sido anormal que gobernara la derecha, un error histórico que era necesario corregir. Llamazares –lábaro del castrismo– los llamó “los ocho años negros” de la democracia.

La normalización empezaba por cuestionar la Transición. Los socialistas hablaron de poderes fácticos –la Iglesia y el Ejército– como los obstáculos que impidieron entonces la verdadera democratización del país. Ahora, con un gobierno libre, y progresista, se revisaría aquella reforma para convertirla en ruptura. Era el momento de un nuevo pacto entre los pueblos de las Españas, y normalizar, así, el país. Incluso se podía pactar con los terroristas, fueran yihadistas, retirando las tropas de Irak, o etarras, devolviéndoles a las instituciones. Llegó la hora de romper con EEUU, lo que no pudo hacer ni González, decían, por no enfurecer a los militares. Ya se podía sacar la religión de la educación, que fue “un acuerdo preconstitucional”, en palabras de Peces-Barba. Y también deshacer el Estado de las Autonomías para que los nacionalistas marcaran, a voluntad, el contenido de su relación con España. Ahora contamos todos, que decía el de TVE.

Pero si usted, amable lector, cree haber perdido el juicio, o el sentido común, o descubre que tiene un concepto de normalidad, digamos, algo distraído, no se preocupe. La nueva fórmula, que no se da sin receta en la sanidad catalana, es: “hacer un poco de pedagogía, por favor”. Todo sea por normalizarnos.

Cosas de Bono y Zapatero
Valentí Puig ABC 27 Agosto 2005

LAS escaramuzas internas de los partidos políticos dejan muchas heridas abiertas, trizan viejas amistades y acaban por enojar al electorado. Llegado al poder, Zapatero ha envuelto en las opacidades del favor o de la expectativa de favor las tensiones más visibles en el PSOE, pero lleva unos meses como desorientado ante las subidas y bajadas de tensión de su gobierno, tan precario en personalidad política. El verano le ha sido especialmente ingrato. Entre incendios, el episodio de Roquetas y el siniestro de Afganistán, aparece y reaparece José Bono, practicando el estadismo o el silencio, que a veces fingen ser la misma cosa según se mire. En «El relevo», Gonzalo López Alba habla del «complejo edípico» de Bono respecto a Felipe González: con el XXXV Congreso del PSOE, después de los liderazgos fallidos de Almunia o Borrell, Bono dio el paso adelante. Al final, Zapatero le ganó por nueve votos: 414 frente a 405. Bono se volvió a Castilla-La Mancha.

Son cosas de la vida que con sus titilaciones hacia Ibarretxe, Maragall, como hacia ERC o el BNG, Rodríguez Zapatero contradiga el modelo de Estado de los guerristas que le dieron su apoyo en el XXXV Congreso. Bono, perdedor por nueve votos, tampoco se siente cómodo con el barullo de las reformas estatutarias que pueden rasguñar la Constitución. Por parte del socialismo catalán, se quiso creer que Maragall había coronado a Zapatero cuando de hecho quien cuenta y deposita los votos es José Montilla. Aún así, por entonces el mediterráneo Maragall todavía le hacía gracia a Zapatero, mucha más que el manchego Bono.

Entraba en escena un Zapatero, que de forma casi súbita sustituyó la imagen en negativo que tenía el PSOE después de los últimos años felipistas. No sólo no cambiaba el contenido, sino que incluso la gestualidad de Zapatero, directamente clónica de Felipe González, avalaba el «continuum» del PSOE, pero un rostro joven con entorno de renovación generacional hizo por el maltrecho socialismo español lo que el mejor «lifting» logra en las carnes de una dama castigada por las tentaciones de la experiencia. Luego vino el 11-M y Zapatero llegó a La Moncloa, aupado en la peana que sostienen Izquierda Unida y Esquerra Republicana. Era una página en blanco, amoldable a los poderes mediáticos. Llamó entonces a José Bono a su diestra, regalándole ambiguamente con uno de los despachos más destacados del Estado: la Defensa. Ahí comenzaron los desfiles y besamanos, en la mejor tradición castellano-manchega, porque para Bono sobreactuar no es una tentación sino un estilo.

Por nueve votos de diferencia, prosigue entre bastidores cierta pugna entre Bono y Zapatero. Por lo demás, tienen en común que hasta ahora no han demostrado aplicación alguna a los misterios de la economía y que se sirven de la política exterior sólo para efectos de guardarropía.
vpuig@abc.es

Curso político
Dónde se la juega Zapatero
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 27 Agosto 2005

Tres grandes cuestiones van a determinar el nuevo curso político y el futuro de Zapatero. La primera es la investigación del 11-M, que coleará hasta que resplandezca la verdad, incluyendo la relativa al aprovechamiento político de los atentados mediante asonada a unas horas de las elecciones. La segunda atañe a la conducción del proceso estatutario catalán, que desborda los cauces jurídico-políticos para instalarse en el centro de un gran debate sobre el significado de España. La tercera se refiere a nuestro papel en la guerra que Occidente está librando contra el terrorismo islamista, dentro de una estrategia de largo alcance para neutralizar viejos y nuevos peligros.

1) El cierre en falso de la Comisión del 11-M se agrava tras las últimas revelaciones: el cese de las escuchas a El Chino y Otman el Gnaoui después de volar los trenes; el papel de Kalaji –sin imputar– y de su entorno; los informes policiales recién publicados; la persecución judicial al medio de comunicación que más ha investigado. La extravagante instrucción no es sólo fruto de la impericia: al juez se le ve desorientado con pistas falsas, como la muestra de explosivo proporcionada por los Tedax. En cuanto al director de El Mundo, no es casual que el asalto a su vivienda fuera comandado por un miembro de la Comisión del 11-M, un diputado que actuó en condición de tal.

2) Los avatares –y el más que posible fracaso– del proceso hacia un nuevo estatuto que nadie pedía, no sólo van a afectar a Cataluña. Obligarán a replantear las relaciones internas de los socialistas. Las justas críticas de Blanco y la destemplada respuesta de Nadal ilustran la lucha entre dos concepciones de España, algo de mucho mayor calado que un problema de corrientes. En Cataluña, el fracaso del proceso dejará dos años perdidos entre la demagogia y la esterilidad legislativa, amén del ensanchamiento del vacío entre la clase política catalana y sus representados.

3) La reciente comparecencia de Bono en el Congreso a raíz de la tragedia de Afganistán ha demostrado que no es posible seguir ocultando la contradicción entre el inane discurso zapateril y la efectiva disposición gubernamental a colaborar con sus aliados asumiendo importantes responsabilidades, probablemente como necesaria compensación a la traición en Irak. No se puede reconocer que estamos en guerra contra el terrorismo, ampliar los efectivos españoles en Afganistán y suscribir la estrategia de Rumsfeld a la vez que se mantiene la retórica de la alianza de civilizaciones y el regodeo buenista que viste a nuestro ejército de hermanitas de la caridad. La razón: la guerra es por valores.

De cómo se manejen estas tres cuestiones depende que la de Zapatero sea una breve legislatura paréntesis o algo muy distinto. No creo tanto en los efectos de una eventual depresión económica sobre las preferencias políticas de los españoles.

Zapatero y los cantos de sirena de Batasuna
Editorial Elsemanaldigital.com  27 Agosto 2005

Pernando Barrena no es uno de los seres mitológicos griegos que con su canto atraían a los marinos desprevenidos. Pero sus ofertas pueden tener encantos peligrosos.

27 de agosto de 2005. Se ha celebrado la manifestación prevista y jaleada por las organizaciones ilegales en Bilbao y la ausencia de incidentes violentos – hoy no tocaban – no puede encubrir un acontecimiento aún más graves si cabe: dirigentes de la ilegalizada Batasuna han aprovechado la marcha convocada por la izquierda ´abertzale´ y autorizada por el Ejecutivo vasco en Bilbao para lanzar un mensaje al presidente del Gobierno. El líder de la formación, Pernando Barrena, ha pedido a José Luis Rodríguez Zapatero nada menos que sea "valiente". Y ese valor es pactar con los proetarras y arrinconar al Partido Popular y a los propios socialistas que defienden la paz, la libertad y la Constitución en el País Vasco.

El hecho es sorprendente y con difícil parangón en otras democracias consolidadas europeas. Un grupo que no condena los asesinatos e ilegalizado por colaboración con banda armada convoca legalmente un encuentro, lo publicita y para mayor sarcasmo titula el lema: "Orain herria, orain bakea" (Ahora el pueblo, ahora la paz). Los centenares de muertos, los extorsionados, torturados, insultados , robados y acosados en todos los pueblos de las tierras vascas por la banda ETA y sus secuaces son de este modo despreciados al aire libre y a plena luz del día. Hablar de pueblo, de paz y de diálogo cuando media sociedad vasca vive con miedo y ha de pasear por las calles protegidos por escoltas constituye – por encima de cualquier consideración política – una trágica desfachatez.

La celebración de la manifestación en Bilbao ha supuesto un fracaso del Estado de Derecho por cuanto ha permitido que la violencia obtenga réditos políticos y se ha violado la normativa vigente que ilegalizó Batasuna (cuyas banderas siniestras ondeaban en la concentración). Pero ahora lo importante no es lo que ha sucedido sino lo que va a venir. No debiera existir duda alguna sobre dos principios básicos y elementales a la hora de entablar una conversación con Batasuna. El primero es la entrega de las armas por parte de ETA y el segundo una condena radical de los crímenes y delitos por parte de su brazo político. Todo lo que no proceda de estos dos compromisos puede suponer no ya una indignidad sino una rendición de la libertad y la democracia a un grupo de terroristas.

En principio no hay porqué dudar de la respuesta del Gobierno de Zapatero a las intolerables peticiones de contrapartidas que ha hecho el líder de la organización ilegal; los dos partidos nacionales, PP y PSOE representan a la inmensa mayoría de la sociedad española y el pueblo vasco no merece que los voceros de Batasuna puedan en algún momento ser considerados sus representantes (son tan sólo una pequeña minoría apoyada por la violencia y el miedo). Y sin embargo, queda la sensación de que no todo está tan seguro.

La manifestación del cinismo
Editorial Heraldo de Aragón 27 Agosto 2005

Pernando Barrena, conocido dirigente batasuno, tomó la palabra al término de la manifestación para exigir al presidente Zapatero que sea "valiente" y "se sacuda las presiones de la ultraderecha española y del PP". Este ejercicio de cinismo es el mismo que caracteriza todos los lemas y las "justificaciones" de la manifestación impulsada vergonzantemente por Batasuna con la "licencia" del PNV. La valentía que reclama el tal Barrena hay que exigírsela a la misma Batasuna que no ha mostrado ningún interés en pedirle al "gran problema" del País Vasco, es decir, a la organización terrorista ETA, que deje las armas de una vez, y se enfrente sin miedo al dictamen democrático del pueblo vasco, al que el terror de una parte y la cobardía del PNV por otra, no dejan que se exprese con libertad, con esa misma libertad que en el Estado español, en todas sus comunidades autónomas, tiene el resto de los ciudadanos españoles. Los cobardes no tienen derecho a pedir valentía a nadie.

Verde y con asas
TONIA ETXARRI El Correo 27 Agosto 2005

Se ha convertido en el acertijo del verano vasco. Atención, pregunta: si una manifestación está convocada por un bertsolari de tapadera que comparece en público junto a los veteranos fundadores de las organizaciones de apoyo a ETA, ¿quién está detrás de la iniciativa? Como algunos de nuestros gobernantes eluden llamar a las cosas por su nombre, guardan silencio y tampoco hacen cumplir la ley (por decirlo en román paladino: se hacen los locos) Batasuna presume de su presencia en las calles, a pesar de su ilegalidad. La organización de Otegi siempre se ha caracterizado por forzar el pulso con el Estado. Y si, además, puede tocarle las narices demostrando que le está tomando el pelo, lo hace.

Cuando el fiscal general Conde Pumpido se empeñaba en deslindar a las Comunistas de las Tierras Vascas de Batasuna, era el propio Otegi quien, sin recato alguno, se felicitaba por los resultados que habían obtenido estas mozas en las últimas elecciones, porque todo quedaba en casa. Ahora, con la última manifestación (vaya lío Balza ), la propia Batasuna sembró las calles de Bilbao con carteles en los que se hacía eco de la convocatoria. Al consejero de Interior le han vuelto a dar el verano. Ocupado todavía en perseguir a los vándalos que destrozaron una calle de Algorta y algo más liberado tras haber prohibido la manifestación de San Sebastián que degeneró en terrorismo callejero, ayer fue duramente criticado por la oposición democrática del País Vasco. El alcalde de la ciudad, Iñaki Azkuna, se mostraba aliviado porque la manifestación había transcurrido sin incidentes, pero los socialistas y populares creían que contentarse con «esa migaja» no ayudaba nada a la aplicación de las normas democráticas. El Estado de Derecho había brillado por su ausencia y los de Batasuna están tan crecidos que se permiten tratarle a Zapatero ('oye tú ') con una insolencia propia de quienes saben que mantienen ese poder de intimidación mientras siga existiendo ETA.

Los nacionalistas que gobiernan Euskadi se limitaban a decir que «van perdiendo fuelle, van a menos, ya no movilizan». Era cierto que los gritos de «independencia» importaban bien poco a los bilbainitos que se cobijaban en el calor de los fogones de las barras de los bares para degustar los primeros pinchos de la jornada festiva. Más ocupados en leer un panfleto contra el hotel más concurrido, en el que se concentra toda la afición taurina (si la envidia fuera tiña). Pero aún así, la manifestación de ayer constató que los que viven del conflicto, hacen lo que les da la gana, con la complicidad del PNV y la pasividad del presidente Zapatero. Que López diga que él se sabe el acertijo de las manifestaciones, si luego la Justicia no actúa de oficio, deja a muchos ciudadanos vascos con la sensación de que, poco a poco, se vuelve a instaurar, en Euskadi, la ley de la selva.

Ética de la violencia
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ /PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA DE LA VIOLENCIA El Correo 27 Agosto 2005

En cualquier esquema social democrático donde existen poblaciones que conviven en comunidades regidas por normas universales y no discriminatorias, promulgadas y aplicadas por poderes independientes que emanan de la soberanía popular, únicamente la práctica de violencia que se ajusta a las constricciones dispuestas por las leyes se considera lícita y legítima. Así, el monopolio de la violencia, entendida ésta en su dimensión de ejercicio de poder coactivo, está reservado a los poderes públicos, que la deben administrar con un escrupuloso respeto a la ley y bajo la circunscripción estricta de parámetros de oportunidad, necesidad y proporcionalidad. Las atribuciones represivas de las policías y fuerzas de seguridad, las sanciones de los sistemas penales y la función militar de los ejércitos son paradigmas de este monopolio de la violencia que asumen los Estados para la defensa de las libertades públicas del ciudadano.

En el mismo sentido garantista podemos entender la violencia desencadenada en el marco de la denominada legítima defensa, que, como su propia conceptuación jurídica involucra, se sustenta en la legitimidad que respalda a un ciudadano que despliega un comportamiento de agresión defensiva, normalmente contra otro u otros, basándose en la existencia de una amenaza antecedente. En la mayor parte de los esquemas jurídicos que consideremos, de nuevo en el seno de las democracias liberales, observaremos que la legitimidad de la violencia defensiva tendrá que venir avalada por condiciones de respuesta directa y consecuente a una amenaza inminente y grave para la vida propia o la de terceros, que esa respuesta violenta sea por tanto oportuna y que, al igual que ocurre con la violencia del Estado, sea necesaria y proporcional.

En ambas violencias legítimas, la ciudadana y la estatal, parecen regir idénticos condicionantes, estribando la diferencia, si cabe, en la licitud añadida que se otorga a los poderes del Estado para instrumentar violencia necesaria, oportuna y proporcional también a fin de imponer la autoridad concedida para restaurar escenarios de orden. En la agresión legal de un ciudadano, además, pueden concurrir restricciones de índole nacional dependiendo de las legislaciones de los distintos países. El caso del Código Penal español, por ejemplo, es tan garantista como el resto del espíritu jurídico derivado de la Constitución de 1978, pues contempla que incluso debe haber falta de provocación suficiente por parte de la persona que se defiende para entender que la violencia ejercida está exenta de responsabilidad criminal (art. 20).

Precisamente, la caracterización de la legítima defensa como incrustada en el capítulo de las conductas exentas de responsabilidad criminal implica un patente trasfondo ético. La violencia es contraria a los esquemas reguladores de la convivencia por principio, debiéndose demostrar que se daban condiciones especiales para recurrir a ella a fin de que al ejecutor se le pueda aplicar una eximente, que pudiera ser total o parcial, de responsabilidad por aquello que ha hecho. Aunque no es formalmente idéntica, únicamente en lo atinente a su filosofía esta concepción tiene algo interesantemente similar a una reversión de la carga de la prueba, que exige del reo demostrar que se han dado las condiciones de exención para que su violencia no sea considerada una transgresión.

Así entendida, la violencia democrática queda salvaguardada por estrictas garantías que conceden al Estado un monopolio que, preceptivamente, debería estar siempre rodeado en su expresión de condiciones de excepcionalidad. En un régimen de convivencia es excepcional, o así debería ser, que la policía recurra a la fuerza, lo es que lo haga el ejército y asimismo que un ciudadano se vea obligado a defenderse.

La triangulación ética de los tres parámetros de necesidad, proporcionalidad y oportunidad introduce complejidades conceptuales de considerable calado en la doctrina de seguridad basada en las respuestas o ataques preventivos. La clave reside, con todo, en su carácter interpretativo, relativo o valorativo, y en su dependencia no ya tanto de legislaciones como de códigos morales particulares. La violencia entendida como necesaria, oportuna y proporcional tiene un parentesco ineludible con la reactividad. La agresión legítima, bajo el imperio de la ley, está considerada inherentemente 'expost-facto', de manera que siempre ha de estar presente una amenaza de naturaleza y riesgo inminentes para que, en ausencia de alternativas no violentas que puedan ser resolutivas, se pueda aplicar una agresión de talante lícito. Esta reactividad de la agresión legítima, que la sitúa en secuencia temporal (inmediatamente) tras la emergencia de la amenaza, se materializa incluso si la respuesta se produce para evitar graves perjuicios o peligros para la vida, pues aún ahí la reacción violenta para ser legítima se sustenta en la inminencia del riesgo, en su carácter de presencia ineludible a tenor del curso de los acontecimientos.

Así, es complicado en extremo evaluar la carga de legitimidad que satura acciones de agresión preventiva o anticipatoria. La única vía posible para asegurar la legitimidad de las acciones violentas anticipatorias es calibrar con precisión la naturaleza e inminencia del riesgo a que el eventual defensor va a estar expuesto, precisamente para certificar que la respuesta es defensiva y no ofensiva. Si nos concentramos en la agresión legítima llevada a cabo por ciudadanos individuales, el desarrollo de habilidades de análisis anticipatorio que posteriormente pudieran constituir un elemento probatorio para que una autoridad jurisdiccional, al amparo de las reglas del Derecho, pudiera decantarse hacia la exención de responsabilidad criminal, es bastante improbable. En aquello que respecta a la agresión lícita de los Estados, por ese espacio de legitimación consensual que hemos apuntado que existe y que debe facultar a determinados actores de la comunidad internacional como garantes de que aquella violencia que pretendidamente se va a infligir es necesaria, proporcional y oportuna, se perfila alguna posibilidad más, aunque no excesivamente determinista.

Así, únicamente desde un pronunciamiento ético de base se puede introducir coto a comportamientos que, no siendo intrínsecamente ilegales y ni siquiera ilícitos, son decididamente inmorales en su alimentación, directa o indirecta, de la violencia. Sin entrar en las disquisiciones filosóficas acerca de la ética y la moral, que superan mi intención pero que basculan entre la existencia de una ética universal o de varias más ancladas a morales ideologizadas, propongo que la ética más apropiada para un manejo moderno de la violencia es una ética ciudadana sustanciada en los derechos humanos. Tal ética no sería incompatible con códigos morales religiosos, como el católico, o de otra índole. Antes al contrario, semejantes códigos serían traducciones comportamentales con un fundamento ontológico común, esa ética ciudadana de los derechos humanos. Una ética laica, ciudadana y destilada a través del alambique de los derechos humanos. En el centro de esas coordenadas éticas se sitúa la noción civil de ciudadano, romana en su origen, francesa en su desarrollo y eminentemente incorporada por las socialdemocracias occidentales a sus idearios políticos.

El ribeteado ético para afrontar violencias sistemáticas como el terrorismo, la agresión masculina contra la mujer o para la modulación de la legitimidad en el uso internacional de la fuerza debería emerger con un renovado potencial. La incorporación de una variable ética al tratamiento de la violencia no sólo requiere una medida administración del monopolio estatal de la violencia en cualquiera de sus vertientes, sino además un ajuste fino en la respuesta de seguridad que las instituciones públicas ofrecen para contrarrestar las amenazas sociales. La respuesta multinacional al terrorismo global se ha convertido, en este punto, en una suerte de paradigma a partir del cual calibrar la capacidad de los poderes públicos para garantizar eficaces objeciones al terrorismo, sin por ello disminuir las libertades civiles conquistadas por las sociedades modernas. En las sociedades democráticas, la seguridad percibida no está únicamente modulada por las amenazas de transgresión, como la criminalidad, sino también por el grado de libertad disfrutada por el ciudadano. La restricción a la libertad para contrarrestar la delincuencia tiene que ser modulada de modo que su aplicación no desbarate la seguridad que pretende garantizar.

Maragall ordena callar
Por José Cavero El Ideal Gallego  27 Agosto 2005

Parece que todo ha vuelto donde solía, tras una breve pausa vacacional: los batasunos ilegalizados convocan manifestaciones con el beneplácito o la comprensión del Gobierno vasco y no termina de avanzar la elaboración del Estatuto catalán. Batasuna cuenta con la división entre demócratas vascos y sus criterios variables. En San Sebastián se prohíbe la manifestación y en Bilbao se aprueba y permite.

En cuanto al Estatuto catalán, tampoco es la primera vez que a Maragall le parecen inadecuadas las opiniones que llegan desde Madrid. Le resultó inconveniente la opinión de Guerra, por su doble condición de hacedor supremo, con Fernando Abril, de la Constitución y por su actual condición de presidente de la Comisión Constitucional.

Ahora, ha tomado el relevo de las voces críticas José Blanco, que tampoco suele hablar a humo de pajas. Si creemos una publicación confidencial que aborda esta cuestión, el propio Zapatero habría recurrido a sus expertos para censurar las pretensiones de Maragall. Y ésa sería la razón de ser de una filtración que proporciona el diario El País de uno de los informes encargados por Administraciones Públicas a juristas sobre esa ordenación de competencias que contiene la reforma del Estatuto catalán.

De acuerdo con las conclusiones de ese informe, la ampliación de competencias que Maragall y sus socios pretenden es masiva, injustificada y contraria a la Constitución . Y, además, resulta inviable la apelación que los nacionalistas de ERC y de CiU pretenden hacer a los derechos históricos de Cataluña para blindar esas competencias.

Como Guerra, Ibarra y otros dirigentes socialistas contrarios a la consideración de Cataluña como nación, ahora también Maragall ha puesto el grito en el cielo. No le bastan las disensiones internas en el tripartito, y el doble juego de ERC, con los socialistas de un lado y con los nacionalistas de otro, como para tener que atender, además, las ideas que nacen y se divulgan desde Madrid. De manera que Maragall, en una nueva demostración del estado de nervios en que se encuentra desde hace semanas, y que las vacaciones no han tranquilizado, ha pedido a José Blanco que se calle y que deje de criticar. Resulta evidente que Euskadi y Cataluña siguen siendo las grandes cuestiones problemáticas y conflictivas, también en el nuevo curso.

DICE QUE LA MANIFESTACIÓN EN SÍ ES UN ATENTADO
Carmelo Barrio: "El propio Gobierno está legalizando de facto a Batasuna incumpliendo la ley de partidos"
El secretario general del PP en el País Vasco, Carmelo Barrio, ha declarado este sábado a la Cadena COPE, que "una manifestación de una organización terrorista como es ETA-Batasuna no solamente es una burla o una provocación al Estado de Derecho, sino también un atentado en sí mismo". Barrio dijo que el Gobierno está "legalizando de facto a Batasuna incumpliendo la ley de partidos" y criticó su dejación en el País Vasco. Subrayó además que antes el PP ganaba los pulsos a Batasuna, mientras que ahora Zapatero y el PSOE los pierde.
Libertad Digital 27 Agosto 2005

En declaraciones a la Cadena COPE, Carmelo Barrio ha señalado este sábado que "una manifestación de una organización terrorista como es ETA-Batasuna no solamente es una burla o una provocación al Estado de Derecho, es un atentado en sí mismo. Es un atentado que nadie ha sabido atajar. Era previsible. Es como si en una ciudad alemana, en Nüremberg, dejaran que se manifieste el partido nazi, con emblemas de Hitler a la cabeza. Lo mismo pasa aquí. Una manifestación de Batasuna, de ETA-Batasuna, es en sí misma ya es un atentado".

Barrio ha criticado a Zapatero ya que "ha permitido que se celebre (la manifestación) por las calles de una ciudad España, como es Bilbao. Yo he oído al señor ministro de Justicia echar balones fueras con esta manifestación. ¿No tienen ellos competencias para neutralizar la acción de los terroristas? ¿Para qué sirve el Delegado del Gobierno en el País Vasco, para qué sirve el Fiscal General del Estado, si cuando hay verdaderos pulsos, desafíos y amenazas a la democracia, al Estado de Derecho y lo que representa España y se trata de ensalzar a una organización terrorista, no se pueden tomar medidas?"

También se refirió a las contrapartidas que ha exigido Batasuna al propio Zapatero. Barrio se preguntó "¿qué precio político está dispuesto a pagar el presidente del Gobierno?. Él mismo ha hablado de eso, él mismo ha desarticulado el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, él ha hablado de negociación con ETA, él ha permitido a ETA-Batasuna seguir en el parlamento disfrazado de PCTV. ¿Qué más está dispuesto a hacer?"

En cuanto a la tranquilidad con la que actúa Batasuna-ETA en las últimas semanas, Barrio dijo que "el Gobierno vasco, y el PNV, lo que quieren es darle comodidad a Batasuna. Permanentemente buscan que Batasuna no se sienta incómodo porque necesitan sus votos, los votos de Batasuna, es decir del PCTV en el parlamento vasco. Lo necesitaron para el plan Ibarretxe, para la investidura de Ibarretxe en esta nueva legislatura y lo van a seguir necesitando. El PNV y el Gobierno vasco es hoy un defensor de Batasuna, busca su comodidad, y en ese sentido no le importa incumplir las leyes, no solamente la ley de partidos sino las más elementales normas de convivencia y de ética democrática y permitir que una organización terrorista como ETA-Batasuna salga a la calle. El asunto es ¿qué hacen otros, qué hacen desde el Gobierno de España, qué hace Zapatero ante esta burla, provocación y este atentado que se celebra en nuestras calles? ¿O forma parte de ese concierto, de esas negociaciones que tiene el PSOE, el Gobierno de España con los nacionalistas?"

Agregó que "Batasuna y a los nacionalistas les ha parecido bien la actitud de Zapatero y de su Gobierno en muchas cosas: ha desarticulado unilateralmente el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y ha promovido lo que va a ser en el futuro una negociación con ETA. ¿Qué precio quiere pagarle Zapatero a ETA?" Finalmente, dijo que en un alarde de incumplimiento de la ley de partidos, Zapatero ha permitido que el PCTV, es decir ETA-Batasuna, siga en el Parlamento Vasco. Eso es lo que ha provocado: que Batasuna esté envalentonada, que se vea con comodidad por las calles, por los pueblos del País Vasco. Se ha perdido la exigencia no sólo política, sino la jurídica, democrática y legal que había sobre ellos".
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