AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 2 Septiembre 2005
Batasuna y la economía del terrorismo
MIKEL BUESA  ABC 2 Septiembre 2005

Estatut fuera de guión
Editorial ABC 2 Septiembre 2005

¡A pagar!
Emilio J. González Libertad Digital 2 Septiembre 2005

Ratas en Barcelona
VALENTÍ PUIG ABC  2 Septiembre 2005

Bajar impuestos es de izquierdas
EDITORIAL Libertad Digital 2 Septiembre 2005

Cerco a madrid
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 2 Septiembre 2005

Despropósitos y sinrazones
M. MARTÍN FERRAND ABC 2 Septiembre 2005

Valle de los Caídos
Pío Moa Libertad Digital 2 Septiembre 2005

Ni que faltaran problemas reales
José Vilas Nogueira Libertad Digital 2 Septiembre 2005

El PP y la bestia
Agapito Maestre Libertad Digital 2 Septiembre 2005

Constitucionalidad
Editorial El Correo 2 Septiembre 2005

La división del PSOE
Editorial Elsemanaldigital.com  2 Septiembre 2005

ZP no se siente obligado (y se retrata)
José Javier Esparza Elsemanaldigital.com 2 Septiembre 2005

Palabras, sólo palabras
Conchita M. Vizcaya email 2 Septiembre 2005

UPN acusa al PSN de permitir que actúe en Sangüesa un grupo que ensalza la «kale borroka»
ABC 2 Septiembre 2005

En Trinidad se hablará español
El Correo 2 Septiembre 2005

Batasuna y la economía del terrorismo
POR MIKEL BUESA CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID ABC 2 Septiembre 2005

... Para la economía del terrorismo etarra, ha sido crucial el papel desempeñado por Batasuna en las instituciones vascas. La presencia de este partido le permitió garantizarse un acceso directo a la obtención de recursos públicos...

EL despliegue de iniciativas que, tras el éxito electoral de sus testaferros en los últimos comicios vascos, ha venido realizando Batasuna, reclamando su legalización e imponiendo de hecho su presencia pública sin por ello rebajar sus objetivos independentistas ni renunciar a la violencia terrorista para alcanzarlos, hay que valorarlo en el marco del cambio que, con respecto a la política antiterrorista, ha establecido el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Al renunciar éste a la derrota de ETA y formular explícitamente su pretensión de negociar con ella, Batasuna -cuya subordinación a esa organización armada no conviene olvidar- ha encontrado la oportunidad para tratar de recuperar terreno perdido desde que, hace tres años, fuera excluida del sistema de partidos políticos. Y lo está haciendo mediante el aprovechamiento, por una parte, de la precaria posición parlamentaria del ejecutivo vasco, y, por otra, de las contradicciones en las que, de forma continuada, está cayendo el partido socialista.

Conviene recordar que la ilegalización de Batasuna culminó el proceso de suspensión judicial de un amplio conjunto de organizaciones alegales, sociedades mercantiles y entidades asociativas a través de las cuales ETA había venido desarrollando sus actividades de reclutamiento y formación de militantes, propaganda, asistencia social a las familias de presos, control y cohesión de sus simpatizantes, así como las de naturaleza estrictamente política y las de carácter terrorista. Ello supuso una importante merma de capacidad operativa -pues, a la clausura de sedes, el despido de trabajadores, el embargo de inmuebles y el cierre de medios de comunicación, se añadió la pérdida de la representación política municipal que ejercían 49 alcaldes y 890 concejales-, a la vez que un quebranto económico indudable. El primero de esos efectos se ha traducido en una reducción de la movilización política en torno a la banda terrorista, de manera que, según el Euskobarómetro, en el último quinquenio el apoyo a ETA ha caído desde un 7 hasta un 2 por ciento de la población, a la vez que la imagen de sus militantes sólo adquiere una connotación positiva entre la cuarta parte de los vascos, cuando hace cinco años esa proporción era justamente el doble. Y el segundo hay que ponerlo en relación con el desgaste de la capacidad de ETA para cometer atentados, pues los éxitos policiales en la detención de comandos se han visto reforzados por la disminución de los recursos con los que financiarlos.

Para entender bien esta última afirmación, es preciso establecer el balance global de la economía depredadora sobre la que se fundamenta el terrorismo nacionalista. ETA-Batasuna ha basado el sostenimiento del esfuerzo armado terrorista y de sus actividades políticas sobre las siguientes fuentes de recursos: la extorsión a los empresarios, exigiéndoles pagos bajo amenazas o mediante el secuestro; la obtención de subvenciones públicas al amparo de programas presupuestarios destinados a la financiación de partidos políticos, actividades culturales, apoyo al euskera y ayudas a medios de comunicación; el rendimiento de actividades mercantiles realizadas por diferentes empresas y, en particular, por las herriko tabernas; el saqueo de depósitos de explosivos; y la realización, al parecer esporádica, de tráficos ilícitos de armamento, drogas y servicios de asistencia técnica a otras organizaciones terroristas. Aunque no todas estas fuentes están debidamente cuantificadas, sobre todo las dos últimas, a partir de los datos de que se dispone y que han sido publicados por diferentes medios a lo largo de los últimos años, se puede establecer que, durante la década que media entre 1993 y 2002, el conjunto de las organizaciones y entidades vinculadas a ETA-Batasuna ha dispuesto de un mínimo de 23,9 millones de euros anuales. De esta cantidad, casi la cuarta parte ha procedido de la extorsión a los empresarios, totalizando 5,9 millones por año; otro 12,5 por 100 -unos tres millones en cada ejercicio- lo proporcionan las ganancias empresariales; el 7,1 por 100 es de origen desconocido, dando lugar a la entrada de 1,7 millones; las rifas -con 0,3 millones- y el principal e intereses no reintegrados por créditos concedidos por la Caja Laboral Popular -valorados en 0,2 millones- suman otro 2 por 100; y la partida más importante -que recoge 12,8 millones anuales, equivalentes al 53,5 por 100 del total- es la que reúne al conjunto de las subvenciones públicas.

El terrorismo nacionalista vasco ha sido, por tanto, subvencionado generosamente por unas administraciones públicas que, hasta el momento de la ilegalización de Batasuna, seguramente de forma interesada ni quisieron admitir en su discurso la interconexión entre los diferentes elementos de la organización terrorista, ni impulsaron los instrumentos jurídicos para hacerles frente. Entre esas administraciones, la principal ha sido el Gobierno Vasco, pues ha sido ella la que ha proporcionado la cifra más elevada, hasta alcanzar dos tercios de la cuantía total de subvenciones antes mencionada. Y si se añaden las corporaciones locales, el Parlamento y las empresas públicas, la cantidad aportada por las instituciones regionales se eleva hasta casi el 83 por ciento. Ello ha sido posible gracias a un singular sistema de financiación de partidos políticos que, ajeno a la ley correspondiente, sólo existe en el País Vasco; a la presencia presupuestaria de amplios programas de ayudas de naturaleza cultural y social cuyos fines se formulan las más de las veces de una manera difusa; y al escaso rigor con el que, como en más de una ocasión ha destacado el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, se gestionan las subvenciones en esta región. Por lo demás, a la Unión Europea le corresponde un no despreciable 17 por ciento, y a las Cortes Generales un exiguo 0,3 por ciento del total de las subvenciones.

El análisis de las cifras precedentes permite concluir que, para la economía del terrorismo etarra, ha sido crucial el papel desempeñado por Batasuna en las instituciones vascas. La presencia de este partido en la cámara legislativa vasca, en los ayuntamientos y en las Juntas Generales de las Diputaciones, le permitió garantizarse un acceso directo a la obtención de recursos públicos y, lo que es más importante, una capacidad de decisión e influencia política suficientes para canalizar esos mismos recursos hacia las organizaciones integradas en el entramado terrorista. Por ello, se entiende perfectamente que, después de haber perdido casi todo su poder real con la ilegalización, ETA-Batasuna trate por todos los medios de recuperar ese poder, pues en él estriban sus posibilidades de continuidad -e incluso de supervivencia-, a la vez que su aspiración a ejercer el liderazgo en un futuro estado vasco independiente. Y se entiende también que, entre sus planteamientos, como han evidenciado con nitidez meridiana los papeles de Antza, no entre el del abandono del terrorismo.

En estas circunstancias, la política antiterrorista más sensata se tendría que haber basado en la profundización de los principios y acciones englobados en el Pacto por las Libertades que suscribieron en su día el PP y el PSOE. Ello habría conducido al Gobierno a no dar cuartel a Batasuna, a haber tratado de impedir su participación parlamentaria camuflada en el PCTV y a haber reprimido sus manifestaciones públicas. Sin embargo, no ha sido así. El presidente Zapatero se ha centrado en un ilusivo proceso de negociación con ETA, a la vez que mantiene con toda su intensidad el combate a los comandos terroristas y que, más en los hechos que en el discurso, se muestra condescendiente con las expresiones políticas del terrorismo. Los alambicados arcanos que inspiran esta nueva política tal vez nos sean desvelados el día en el que, más allá de la confianza ciega en su máximo dirigente, el Gobierno explique el significado exitoso de lo que, para nosotros, es hoy una inescrutable trama de acontecimientos. Pero si, como todo apunta, fracasa, entonces habrá que recordarle, con Sófocles, que «a los hombres que cargan con males voluntarios, no es justo que nadie les tenga clemencia ni compasión».

Estatut fuera de guión
Editorial ABC 2 Septiembre 2005

EL Gobierno socialista anda últimamente de revelación en revelación, topándose con una realidad bien distinta de la que aparecía en su discurso oficial y que, de forma notoria, le está produciendo un creciente desconcierto. Entre los descubrimientos más recientes destaca la alta probabilidad de que el proyecto de Estatuto que prepara el tripartito catalán sea así íntegramente inconstitucional, a pesar de que el proceso de reformas estatutarias fue puesto de largo como el cauce para superar definitivamente la «tensión territorial» acumulada durante los gobiernos de Aznar. Este veredicto de inconstitucionalidad sobre el proyecto del tripartito es la opinión de una serie de expertos juristas cuyos informes, encargados por el Ministerio de Administraciones Públicas, salieron oportunamente a la luz al día siguiente de que Maragall insistiera en que Cataluña es una nación, y España, un Estado federal. También el Consejo Consultivo catalán ha anticipado su opinión de que el modelo de financiación y de organización tributaria propuesto por el tripartito choca con la Constitución, lo que, de forma indirecta, es un aviso a la entente nacionalista de convergentes con los republicanos de Esquerra.

El criterio de estos dictámenes de encargo se corresponde, sin forzar en absoluto las comparaciones, con la opinión de otros muchos juristas y de la posición inicial del PP acerca de la inconstitucionalidad radical de un texto estatutario que se basa en el reconocimiento de Cataluña como nación y en la instauración de un sistema político de nueva planta que le dice al Estado qué competencias conserva y cuáles pierde. Pese a la aparente sorpresa por la valoración jurídico-constitucional hecha por los expertos del Ministerio que dirige Jordi Sevilla, no era posible otro tipo de conclusiones ante un texto cuya finalidad última es la modificación de la Constitución. Se ratifica así la razón que tenían quienes denunciaron que esta reforma estatutaria era una revisión constitucional encubierta, no mucho peor en el fondo que la pretendida, más burdamente, por el revivido plan Ibarretxe, con la diferencia sustancial de que en el proyecto catalán es el Partido Socialista el que ha asumido el liderazgo de esta iniciativa inconstitucional.

Advertido el Gobierno desde sus propias filas de que el proyecto del tripartito es inconstitucional, y vista la crisis interna en la clase política catalana, por un lado, y dentro del PSOE, por otro, debería emitirse desde el Ejecutivo algún pronunciamiento más severo sobre la cuestión que la simple orden de mandar callar a todo el mundo, aunque implique una fricción con el tripartito catalán. En todo caso no será fácil para La Moncloa prevenir mayores males, pues Maragall siempre ha contado con el refrendo explícito de Rodríguez Zapatero, quien antes que presentarse como víctima de las tentaciones rupturistas del PSC y sus socios debería asumir su responsabilidad por haber dado alas a un proyecto político que, participado en origen y desarrollo por Esquerra Republicana de Catalunya, no podía tener ninguna garantía de constitucional y solidario. Por eso, la decisión del PSOE de que Rodríguez Zapatero tome las riendas de las reformas estatutarias suena a juego de palabras para aparentar que lo sucedido hasta ahora es ajeno a la voluntad presidencial y que su irrupción en el debate estatutario tiene una vocación reparadora. Nada más lejos de la realidad que presentar a Rodríguez Zapatero como víctima de la voracidad de ERC o de la política de Maragall.

Tampoco sería sensato por parte socialista poner en marcha una estrategia de distracción que implicara en sus errores a quienes nada tienen que ver con ellos. Sin embargo, hay indicios de que éste es el propósito, por ejemplo, en relación con el proyecto de reforma del Estatuto valenciano, contra el que algunos portavoces socialistas han empezado a lanzar reproches de inconstitucionalidad más por deseo de dar cobertura a un futuro rechazo al texto del tripartito catalán que por un juicio técnico ecuánime y basado en el rigor del análisis constitucional. Tal y como está la situación, no se puede descartar nada, porque el capital invertido por Rodríguez Zapatero en Pasqual Maragall es muy alto y, aunque en política es habitual soltar lastre para evitar la caída, esta vez no será suficiente una huida hacia adelante para explicar a la opinión pública el porqué de tantas diferencias entre lo prometido por el Gobierno -algo así como el guión de la felicidad y la virtud cívicas- y la realidad de cada día.

Impuestos
¡A pagar!
Emilio J. González Libertad Digital 2 Septiembre 2005

Que las cuentas de la sanidad pública son un serio problema nadie lo pone en duda. Que la forma de resolverlo sea aumentar los impuestos resulta, en cambio, más que discutible.

El origen del problema reside en una de las poblaciones más envejecidas de Europa, en un gasto en medicamentos que crece de manera irracional y desorbitada y en la gratuidad de la sanidad pública para los inmigrantes, todo ello aderezado con políticas de algunas comunidades autónomas que lo único que han hecho ha sido incrementar todavía más los gastos si cabe. Ahí está el caso de Cataluña, que paga unos sueldos disparatados al personal sanitario, o Andalucía, que se opuso de lleno a las medidas para tratar de racionalizar el gasto farmacéutico que, en su momento, puso en marcha el Gobierno del PP. Todo ello ha conducido a un importante agujero en las cuentas de la sanidad pública. Pero la forma de cerrarlo no es subir los impuestos porque esa medida es pan para hoy y hambre para mañana.

Donde hay que incidir es en los elementos que impulsan el gasto sanitario al alza, por ejemplo, introduciendo el copago en las consultas médicas y en la expedición de recetas, con el fin de frenar el crecimiento explosivo del gasto en medicamentos. Y si no basta con ello, o no se quiere poner en marcha esta política porque resulta impopular, siempre se puede acudir a otras medidas para racionalizar el gasto sanitario. Y, en última instancia, lo que se puede reordenar es el conjunto del gasto público de las autonomías para destinar más recursos a la sanidad -la competencia en el ámbito de la salud pública es de los Ejecutivos regionales-, por ejemplo, poniendo fin al crecimiento indiscriminado e innecesario en el ya de por sí elevado número de funcionarios públicos autonómicos. Pero el Gobierno de Zapatero no quiere nada de esto, bien por que resulta impopular -¿acaso no lo es también subir los impuestos?-, bien porque, en última instancia, lo que pretende el PSOE es incrementar el peso del sector público en la economía y, de esta manera, aumentar su grado de control sobre la sociedad.

Subir impuestos es lo fácil; lo difícil es llevar a cabo reformas estructurales en el gasto público sanitario, que es lo que ha renunciado a hacer el Gobierno con lo que ha cometido un importante error. El incremento en los impuestos especiales sobre el alcohol, el tabaco y la electricidad y la autorización a las autonomías para que hagan lo mismo con el de hidrocarburos y con otros tributos lo único que va a crear son problemas de inflación y de más pérdida de competitividad de la economía española, una pérdida que deja patente mes tras meses un enorme déficit comercial exterior, el segundo más importante del mundo después del de Estados Unidos. Esto va en contra abiertamente del mensaje que los socialistas no han hecho más que repetir hasta la saciedad desde que comenzó esta legislatura: la necesidad de frenar el deterioro de la competitividad de la economía española. Pues bien, ese deterioro no sólo no se va a frenar sino que va a ir a más gracias a medidas como ésta.

Pero es que, además, el hecho de que el Gobierno actúe como lo está haciendo lo único que crea son incentivos para que las autonomías no resuelvan sus problemas financieros. Cuando hay problemas, el Estado no pone dinero directamente para resolverlos, pero se lo da a las comunidades autónomas a través de subidas de impuestos, que viene a ser lo mismo, y entre unos y otros, la casa sin barrer. Después de esto, ¿quién va a decirles a las autonomías que pongan en orden sus cuentas y no despilfarren el dinero público cuando, al menos mientras Zapatero siga siendo presidente, saben de sobra que el Gobierno central acudirá en su auxilio?

Lo peor de todo resulta el desprecio manifiesto que hace el Gobierno de Zapatero de los ciudadanos y sus intereses. El Ejecutivo está para gobernar, y eso significa tomar medidas, por impopulares que sean, para resolver los problemas. Esto es lo que dice la teoría. Pero la práctica de Zapatero y los suyos, por lo que acaban de demostrar, es que si hay un problema, que paguen los contribuyentes. Así, la política económica española ha pasado de las reformas estructurales del PP, que tan buenos resultados han deparado en todos los sentidos, a la estrategia de meter la mano en el bolsillo de los contribuyentes para solucionar los problemas que crean los propios políticos, y el del déficit de la sanidad pública es uno de ellos. Así es que ya pueden apuntarse todos el nuevo lema de política económica del Gobierno –¡a pagar!–, porque es lo que nos espera a partir de ahora, después de ocho años acostumbrados a que los impuestos bajasen.

Ratas en Barcelona
VALENTÍ PUIG ABC  2 Septiembre 2005

HA sido como por arte de magia que la opinión pública por fin ha tenido acceso a la realidad de una Barcelona más próxima al caos abrupto que al orden novecentista. Ha sido de repente, como por una drástica pérdida de la inocencia, que todas las situaciones conflictivas que venían incubando desde hace años han ido alcanzando tanta intensidad que los arrumacos de la larga complicidad han concluido: en el barrio de Gràcia mandan los «okupas», hay ratas en la Plaza Gaudí, el Fórum 2004 fue un fraude, las «zonas verdes» son arbitrarias y los impuestos municipales tienden al exceso confiscatorio. Así, de forma súbita, los contribuyentes de Barcelona han visto al ayuntamiento en manos de un tripartito municipal basado en el «spoil system», con un alcalde escaparatista al frente, el alcalde Clos.

Una prueba del talante municipal es que, con la ciudad patas arriba y conatos de violencia en las noches verbeneras, al alcalde sólo se le ocurra convocar para martes un pleno sobre el incivismo. La culpa resulta ser de los gamberros como si no fuese función de un ayuntamiento controlar el gamberrismo. Es por eso que una prolongada indulgencia mediática con Clos parece estar agotándose y adquieren relevancia todas las protestas vecinales, algunas de ellas angustiosas. Llegan las fiestas de la Mercé y el espectáculo virulento de Gràcia pudiera repetirse.

Nadie como el alcalde Clos ha sabido catalizar la bobería postmoderna y desgobernar tanto a la vez. Bajo su mandato municipal, la ciudadanía va constatando que Barcelona ha pretendido ir tan por delante que se ha quedado atrás. La dejación de responsabilidades, el amagar el bulto, el eufemismo de modernidad y el escapismo político han ido acumulando agravios de mucho peso. Para suerte de Clos y de sus socios independentistas y eco-comunistas una extraña mala conciencia impide a CiU ejercer la oposición municipal con el rigor necesario mientras el PP está haciendo lo que puede. A veces se diría que CiU nunca ha querido de verdad lograr el gobierno de la ciudad de Barcelona.

Cara, en declive, cada vez algo más incómoda, la ciudad de los prodigios resulta estar en manos de una gestión meliflua, de diseño, demagógica. Todo eso, tan sabido y padecido por no pocos ciudadanos, ahora salta a los titulares y puede desembocar en una vorágine política sin control. Lo ilusorio agota sus energías, la ciudad entra en el fatalismo, el deterioro -la tesis de «la ventana rota»- adquiere la forma de un silogismo ineludible. Eso lo arregla Clos con las brigadas de riego nocturno arrinconando bajo la alfombra las pancartas y las ratas.

Bajar impuestos es de izquierdas
EDITORIAL Libertad Digital 2 Septiembre 2005

En los tiempos en los que no se preveía la existencia de atentados islamistas que les permitieran llegar al poder, el PSOE hizo de la reducción y simplificación de impuestos una de sus grandes armas electorales. Zapatero llegó a afirmar, sin rubor en las mejillas, que bajar impuestos era de izquierdas, hallazgo que ha colocado a todos sus predecesores al frente del partido en la derecha más radical. El sentido común hizo a muchos desconfiar de tan buenas intenciones, pues resultaba difícil creer que la misma oposición que hizo su huelguita contra las tímidas reformas laborales del último Aznar tuviera algún propósito sincero de mirar por la prosperidad de los ciudadanos.

La primera gran subida de impuestos de Zapatero demuestra que ni en tiempos de extraordinaria bonanza fiscal los gobiernos de izquierdas españoles pueden resistir a la tentación de subir los impuestos. La excusa es el déficit de una sanidad pública que requiere de medidas más inteligentes que la de meter la mano en el bolsillo de los españoles. Los economistas tienen un viejo refrán al respecto: “a coste cero, demanda infinita”. Si el uso de los servicios sanitarios no incluye un precio, sea monetario o de tiempo y trabajo malgastados, los usuarios lo demandarán muy por encima de sus necesidades reales. Por eso existen listas de espera y un déficit crónico en su financiación. En Alemania se impuso una tasa de un euro por cada consulta médica; sólo con eso se redujeron las visitas de 550 a 500 millones.

Algunos de los impuestos que ha escogido para esquilmarnos un poco más han sido los llamados “impuestos sobre el pecado”: alcohol y tabaco. Así pretende blindarse ante la pérdida de popularidad que toda subida de impuestos implica, con el argumento falaz de que el consumo de estos productos aumenta el gasto sanitario. Pero con ello se arriesga a lo que ya sucede en algunos países europeos y en la misma piel de toro no hace tanto: la aparición del contrabando y la reducción en la recaudación final. Por otro lado, propone la subida del impuesto de hidrocarburos, tras la indignación que fingió Zapatero ante una medida similar del PP, descargando esa responsabilidad sobre las autonomías. De este modo pretende blindarse ante la pérdida de popularidad trasladándola a los líderes regionales. Si suben los impuestos en esta época de petróleo caro, mal, pero si no lo hacen, peor porque serán culpables de no atender las necesidades sanitarias de la población como ésta merece y como, sin duda, la atendería el socialismo de estar al cargo.

El PP debería denunciar esta táctica, aparte de negarse a subir los impuestos en las comunidades que gobiernan, como ya ha prometido Esperanza Aguirre. Entre otras cosas, Nuevas Generaciones podría aprovechar esta medida para abandonar sus ridículos “Zapatiempos” y comenzar una campaña de verdad. Y es que los jóvenes progresistas, solidarios y pacifistas que acudieron en masa a votar lo que les pidieron los terroristas seguramente encuentren interesante que ahora han de pagar más por la copa y el cigarrillo gracias a Zapatero.

Cerco a madrid
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 2 Septiembre 2005

MONTILLA ha negado la segunda televisión analógica que le corresponde, en justicia, a la Comunidad de Madrid. Es una declaración de guerra. Otra más. Al margen de la respuesta jurídica, la presidenta de la Comunidad y el alcalde de la ciudad deberían considerarle persona non grata. Se trata de un asalto al bastión del PP, hecho con un desprecio absoluto a las reglas de juego como les es propio a las gentes sin principios. Lo he escrito en otras ocasiones: para la dirección socialista la moral no existe cuando lo que se ventila es el poder. Y en este caso, el de Madrid, que para éstos, que no dejan de mirar hacia atrás, hacia la Guerra Civil, debería pertenecerles como patrimonio histórico. No pueden admitir que el «cinturón rojo» haya votado a Esperanza Aguirre, la «marquesa». Ese es un error social, «de clase», que hay que subsanar por los procedimientos que sea. En la guerra como en la guerra.

Pero en este caso hay algo más: está detrás el factor nacionalista. El odio de los nacionalistas a Madrid. Ese ajuste de cuentas permanente con la capital del Estado. Con el símbolo. Es el odio que no pudieron contener con motivo de la campaña por los Juegos Olímpicos. Nunca nadie pudo imaginar que ocurriera algo semejante en otro país. La pujanza y la creatividad de Madrid les quita el sueño. El bosque de grúas les pincha en el alma. La Ciudad de la Imagen les resulta insoportable.

Esto y no otra cosa más sofisticada es el nacionalismo. La discriminación. La extorsión. La prevaricación. Y cuando conviene, el Terror. En cada caso, lo que convenga. En la comunicación, como en la comunicación.

Así que Montilla, el charnego Montilla, les paga a los social-nacionalistas del PSOE su redención. Él es el primer paria ascendido a la categoría de los señores del PSC. El primero promovido a la Ejecutiva después de siglo y medio de migraciones desde el sur. Por fin un Montilla ha sido elevado a la categoría de los Reventós, Serra, Maragall. El top. Porque antes habrá cien alcaldes negros en Nueva York que un charnego pueda llegar a la alcaldía en Barcelona. ¿Y a la plaza Sant Jaume? Nunca. Nunca. De ahí el reconocimiento de este milagroso «self made man» del socialismo catalán.

Narcís Serra no se habría atrevido a tanto. Al fin y al cabo, es sobrino de Narcís de Carreras. Tenía que ser alguien que tuviera la revolución pendiente. Imposible la lucha de clases, queda el sucedáneo de la lucha de los odios. Y detrás, ZP acomplejado oculta su condición vallisoletana por miedo a la greña nacionalista.

Despropósitos y sinrazones
M. MARTÍN FERRAND ABC 2 Septiembre 2005

EL mal ejemplo de TVE, la televisión nacional que se desvanece, ha marcado el estilo y el despropósito de las televisiones públicas que operan, o se disponen a hacerlo, en la mayoría de las Autonomías en las que, literalmente, se fragmenta el Estado. A la TVE de sus primeros tiempos le salió una «segunda cadena» por razones tecnológicas, casi bizantinas, de los años sesenta -VHF frente a UHF- y, ya puestos, en las autonómicas que vinieron después, empezando por la catalana, brotaron segundos y terceros canales con la irresponsabilidad propia de quien está acostumbrado al despilfarro del dinero de todos y, además, lo emplea al servicio de su propio esplendor.

Esa patología, que cursa sin grandes diferencias entre los distintos partidos políticos, ha tomado carta de naturaleza y, en consecuencia, la mayoría de los españoles entiende como «normal» que el rosario de las televisiones públicas que aquí operan -TVE, las autonómicas y las municipales que van fraguando-, además del escándalo liberal de su propia existencia, alcancen un déficit conjunto anual superior a los dos mil millones de euros. ¿Para qué? Eso hay que contemplarlo en los telediarios al servicio del poder turnante y, peor aún, cuando se utilizan como herramienta de diferenciación contra los intereses generales del Estado y a favor de la fiebre nacionalista propia de cada lugar.

Ahora, en Madrid, se ha producido un caso singular que marca el límite de la sinrazón televisual española. El canal autonómico, Telemadrid, aspiraba a una segunda frecuencia analógica con la que cubrir su territorio y, con diligencia propia de las malas acciones, el ministro del ramo, José Montilla, le ha denegado la autorización pertinente. Sería muy aburrido recorrer las peripecias administrativas de la, por el momento, frustrada iniciativa de Esperanza Aguirre a la que, en lo que se lleva, no le faltan razones de superior rango a las que esgrime el nacionalsocialista, o socialnacionalista, ministro Montilla; pero, ¿por ahí van las líneas del futuro que, para España, pretende el PP?

Aguirre, que tanto ha predicado por estos pagos la teoría liberal, no se conforma con una televisión pública madrileña y quiere dos. ¿Por qué no tres? ¿Es una función atribuible al Estado, especialmente en sus administraciones autonómicas, emitir seriales, concursos y cuantas piezas integran eso que dicen una «parrilla programática»? El ejemplo que aquí necesitamos, es el cierre a cal y canto, sin que se escape un solo euro más, de todas las televisiones públicas regionales y, sólo por razones de concordancia europea, mantener una TVE muy distinta de la que se perpetra. Es tan descarado el uso propagandístico que, unos y otros, hacen de las máquinas audiovisuales que les han tocado en la tómbola del presupuesto que cerrarlas todas sería, además de un ahorro conveniente, una medida de higiene mental.

Campaña
Valle de los Caídos
Pío Moa Libertad Digital 2 Septiembre 2005

Hace cosa de un mes me llamaron de Com Radio de Cataluña para hablar sobre los proyectos de socialistas y separatistas de hacer alguna fechoría con el Valle de los Caídos. Hablé unos momentos, y enseguida empezaron a ponerme verde unos supuestos historiadores. Repliqué, pero ellos seguían impertérritos, hasta que me advirtieron de la emisora que habían cortado mi voz y no estaba en onda. Así entienden los debates y el pluralismo los medios catalanes, tan corrompidos y sometidos a un poder que restringe cada vez más la democracia en Cataluña.

El poder socialista-separatista ha emprendido una campaña para justificar alguna acción contra un monumento concebido, con mejor o peor criterio, como símbolo de reconciliación, y que muchos izquierdistas han jurado demoler o desvirtuar. Según ellos, habrían pasado por allí 20.000 presos políticos en trabajos forzados y condiciones inhumanas, con cientos o miles de muertos por accidentes y mal trato, etc. Si hubiera sido así, ciertamente, nadie podría pensar en reconciliación alguna, y estaría justificado algún tipo de intervención para recordar, por lo menos, los hechos.

Sin embargo, ya cuando empecé a oír hablar del asunto, aquellos datos me olieron a fraude, máxime al divulgarlos con tanto ahínco periódicos de estilo fascistoide como El País, o la televisión oficial manejada por el partido de los “ciento y más años de honradez”. Cualquiera medianamente informado sobre la falsificación sistemática del pasado por esos partidos tomará con suma precaución sus denuncias y datos. Pero mucha gente, ignorando la historia de socialistas y separatistas, repite como loros las invenciones de éstos. Así el ABC y otros, o la encargada de cultura del PP, perfectamente homologable a la ministra actual, por lo que se ve.

La campaña recuerda mucho otras como la de las supuestas atrocidades de la represión en Asturias tras la insurrección del 34, campañas en que han sido siempre especialistas estas-estos honradas-honrados señoras-caballeros, y destinadas a “envenenar” a la gente, como decía Besteiro. Insisto en el interés de un estudio monográfico sobre estas campañas, de tan crucial influencia en la España del siglo XX, y vuelvo a animar a hacerlo a los historiadores jóvenes.

Los “datos” citados sobre el Valle de los Caídos han brotado, todo lo indica, de mentes preclaras tipo Alfonso Guerra o el presidente Sonrisas, o sus asesores en honradez. Por suerte podemos acudir a otra información más contrastada y contrastable, como la proveniente de uno de los arquitectos del monumento, del médico de la obra, de testimonios como los del padre de Peces-Barba, etc. El médico, Ángel Lausí, no era ningún “sicario fascista”, sino un izquierdista que redimía allí penas por el trabajo, y cifra en catorce los muertos en los dieciocho años de la obra, número muy bajo, que incluye a obreros presos y libres, y por diversas circunstancias. Nada, pues, de los “cientos, quizá miles” de víctimas de las “condiciones inhumanas”. El total de obreros que allí trabajaron no debió de pasar de 2.000, también entre presos y libres, con mayoría de libres. La costumbre de multiplicar por diez y más las cifras reales está muy extendida en las factorías de mitos de los de la honradez centenaria. Vemos la misma operación en el bombardeo de Guernica, en la matanza de Badajoz y en tantos casos más. El truco está al alcance de cualquiera: basta añadir un cero.

¿Hubo trabajos forzados? En una entrevista para un reportaje televisivo, el periodista, algo inexperto, me comunicó el testimonio de personas que decían haber sido seleccionadas a ojo en las cárceles o campos de internamiento y enviadas por la fuerza a Cuelgamuros. Puede ser, pero esos testimonios deben tomarse con cuidado. Hace un par de años los rebuscadores del Rencor Histórico creyeron encontrar en Órgiva, Granada, el anhelado Paracuellos de la izquierda, un osario gigantesco de 2.000 a 5.000 izquierdistas asesinados por los de Franco. Surgió entonces algún testigo recordando cómo llegaban los camiones cargados de hombres, mujeres y niños, los cuales eran liquidados a tiros y caían rodando a las fosas. Luego resultó que los huesos eran de cabras y perros. Tengo experiencias parecidas de “historia oral” desmentida por los documentos. No todos los testigos son fiables, e incluso los más ecuánimes y de mejor memoria suelen tener lagunas o recuerdos mezclados.

Según la ley, no existían trabajos forzados, sino que los presos podían trabajar, voluntariamente, para redimir penas y cobrando un pequeño sueldo. Dudo mucho de que nadie fuera obligado, porque la redención solía ser de dos días por cada uno trabajado, y en el Valle de los Caídos, lugar privilegiado, llegaron a los cinco días por cada uno de labor. Sólo un preso con mucho apego a la existencia carcelaria o aversión al trabajo rehusaría tal posibilidad. Y el hecho es que la mayoría de quienes habían sido condenados a prisión perpetua o conmutados de la pena de muerte estaban libres a los seis o incluso a los cuatro años.

¿Por qué le ha dado ahora al PSOE y los separatistas por abrir una nueva herida? Sospecho que se trata de una maniobra de distracción mientras prosiguen su designio de liquidar la Constitución y disolver las unidad de España. La maniobra les permite generar crispación y divisiones en la derecha, y motejar de “fachas” a quienes rechazan sus planes. Pero también ofrecen la ocasión de poner en evidencia sus falsificaciones y de clarificar la situación política, ocasión que debe aprovecharse con energía.

Independentistas
Ni que faltaran problemas reales
José Vilas Nogueira Libertad Digital 2 Septiembre 2005

Con la excepción del Partido Popular, la totalidad de las fuerzas políticas catalanas están ocupadas en la redacción de un nuevo Estatuto de Autonomía. No hace falta ser un experto, ni un lince, para prever que el proyecto resultante de este laborioso y desconcertado concierto de descomunales despropósitos vulnerará la Constitución, y por tanto debería ser rechazado por el Congreso de Diputados. Pero el sandio y desaforado Zapatero ha empeñado su palabra de que el Congreso bendecirá la propuesta que le haga llegar el Parlamento de Cataluña. Luis XIV dijo aquello de “el Estado soy yo”. Zapatero, liquidador de España y de su Estado, le hace eco: “el Congreso soy yo”.

Ibarreche quiere impulsar una “mesa de partidos”, que incluya a todos, desde Zapatero a Batasuna, y que pueda culminar en su anhelado referéndum de independencia. Más atentos con el Presidente del Gobierno han estado los de Batasuna. Le han excitado a ser “valiente” y a que les pida “contrapartidas”. Por lo menos éstos son más agradecidos con Zapatero, que ha relegalizado de hecho a Batasuna (aunque según la anciana vicepresidenta Batasuna no existe). Porque Zapatero no es sólo el Congreso: “el Poder judicial soy yo”, puede también exclamar este sandio y desaforado liquidador de España y de su Estado.

He leído que, según un instituto de encuestas de la misma Generalidad, sólo una mínima parte de los catalanes (creo recordar que el 0,4%) atribuyen importancia a la redacción de un nuevo Estatuto. Probablemente sea mayor el porcentaje de vascos preocupados por las iniciativas de Ibarreche (no en vano viven bajo un gobierno sedicioso, a la sombra criminal de ETA). Con todo, no creo que sean mayoría. ¿Cómo explicar tanto malgasto de energía en tan menguadas empresas? La respuesta es obvia. La alianza con los independentistas vascos y catalanes ha parecido a Zapatero el mejor medio para mantenerse en el poder. Y éste es su único verdadero objetivo.

En estas circunstancias, Zapatero ha convocado a Rajoy a la Moncloa. Y Rajoy irá. No sé si hará bien o mal. Aun en el muy improbable caso de que el dirigente popular tuviese en cuenta mi consejo, no se lo podría dar; la incógnita desborda mis capacidades. Sí le testimonio mi angustiada simpatía. Lo veo como en una película del oeste: honesto y valeroso cowboy invitado a un juego de cartas en el saloon por un ventajista y criminal pistolero. Guárdese las espaldas y procure salir con vida de la emboscada, pues es la esperanza de ancianos, viudas y huérfanos.

¿Por ventura esta nación, incluso esta “nación de naciones” no tiene problemas reales para necesitar complicarse la vida con estos otros artificiales? Claro que los tiene, y tantos que es difícil hacer un inventario exhaustivo. Dejo al lector el trabajo de acometer tal inventario. Me referiré sólo a uno de ellos, también de particular actualidad: la financiación de la sanidad pública. Parece ser que éste será el tema estrella de la próxima Conferencia de Presidentes autonómicos.

Probablemente a causa de mi falta de competencia en estas cuestiones, las informaciones que leo a este propósito me sumen en estado de perplejidad. Si algún lector me puede ilustrar al respecto se lo agradeceré muy sinceramente. Resulta que el déficit sanitario anual de las Administraciones autonómicas alcanza los 4.000 millones de euros. Una cantidad tan enorme quizá mereciese un estudio del sistema para eventualmente replantearse su estructura y funcionamiento. Sin embargo, semeja que tal objetivo ni se plantea. En defecto pues de sustitución o reforma del sistema, se trata meramente de allegar nuevos recursos, vía impuestos, naturalmente, para poder hacer frente a tan descomunal nivel de gasto.

Cualquiera, incluso yo mismo, puede comprender que los servicios públicos hayan de ser financiados con impuestos. Mayor explicación, en cambio, requiere que determinados impuestos (impuestos en sentido estricto, no tasas, ni precios públicos), o un porcentaje de ellos, se atribuya finalistamente a la financiación de determinados servicios públicos. En algunos casos puede justificarse porque los productos gravados tienden a incrementar el coste del servicio. Por ejemplo, es bastante común que los Gobiernos adscriban al mantenimiento de la Sanidad Pública los impuestos que gravan el consumo del alcohol y del tabaco, dada su potencialidad de incremento de la morbilidad. Incluso pueden aducirse razones genéricas de moralidad, pues son éstos placeres viciosos, que diría Tolstoi. Algo parecido puede reputarse cuando se gravan consumos de lujo (siempre que no se incluyan en ellos los modestos dentífricos y cepillos de dientes, que no sé si ahora, pero en tiempos recientes tributaron por este concepto).

Pero lo que ya no entiendo es que se adscriba finalistamente al mantenimiento de la sanidad pública impuestos, o un porcentaje de ellos, sobre productos en los que no se da ninguna de aquellas circunstancias. Sin embargo, con el anterior Gobierno (del Partido Popular) se autorizó a las Comunidades Autónomas a gravar con hasta 0,024 euros cada litro de carburante para financiar la Sanidad Pública (el “céntimo sanitario”). Algunas Comunidades, mayormente con Gobierno del PP, hicieron uso de esta posibilidad. Los socialistas inicialmente criticaron esta medida. Pero, ahora han cambiado de criterio. Es lógico, pues lo primero que se le ocurre a un socialista, responsable de economía, es subir los impuestos. Y, así, el Gobierno de la nación pretende ahora no ya generalizar el “céntimo sanitario”, sino extenderlo al impuesto que grava el consumo de electricidad.

Al margen de la facilidad recaudatoria, ¿tiene alguna lógica este sistema? Yo no se la veo. Se trata de impuestos restrictivos de la actividad económica y con notable potencial inflacionario. Para consuelo de tontos, en otros países hacen cosas parecidas. Recientemente Chirac anunció un impuesto sobre el precio de los billetes de transporte aéreo para ayudar a los países africanos a financiar la lucha contra el SIDA. Antes hubo propuesta similares para gravar las transferencias de capitales. ¿Cuál es la lógica de afectar la recaudación de particulares impuestos a particulares servicios públicos? Y, si tiene alguna lógica, ¿por qué no se universaliza el sistema? Tendría que haber impuestos particularmente adscritos al pago de los gastos de defensa, de educación, de ayuda al desarrollo, de mantenimiento de la Casa Real, del sueldo y gastos de representación del Presidente del Gobierno, Ministros y Ministras, etc. Según lo que uno consumiese financiaría uno u otro servicio público. Pero, entonces, ¿por qué subsiste el impuesto sobre la renta?

Quizá si nuestros políticos se ocupasen de este tipo de problemas, tan reales, tendrían menos tiempo y ocio para intentar resolver aquellos otros problemas que ellos se crean gratuitamente. Problemas inacabables e insolubles, a fuer de artificiales.

José Vilas Nogueira es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Santiago de Compostela

Telemadrid
El PP y la bestia
Agapito Maestre Libertad Digital 2 Septiembre 2005

Zapatero y Montilla ya tenía que haber sido declaradas “personas non gratas” en la Comunidad de Madrid por su acción contra los ciudadanos madrileños. Espero que los responsables del PP Madrid tomen esta medida u otras similares para que sus votantes sepan que, al menos, son defendidos por sus representantes políticos. Negar el derecho a ver en analógico el segundo canal de Telemadrid, como han hecho Zapatero y Montilla con los ciudadanos de Madrid, es extraordinariamente grave. La actuación de Zapatero y Montilla prohibiendo a Telemadrid su derecho a emitir en analógico es una prueba más de que estamos ante individuos sin escrúpulos democráticos. La bestia totalitaria que esta gente lleva adentro sólo puede combatirse con acciones políticas permanentes. ¿Cuáles? Todas, excepto ofrecerle planes “dialógicos” como el último que acaba de hacer Rajoy. Ingenuidades, ya, las mínimas, pues aquí lo que nos estamos jugando los españoles es ser o no ser. Y, por supuesto, que ningún político del PP se engañe con la reforma de los Estatutos, porque ésta se ha revelado ya como el mayor engaño de Zapatero para matar a la nación más antigua de Europa.

Por lo tanto, los políticos del PP deben explicar con valentía qué está pasando. Y, sobre todo, tienen que tratar de satisfacer, en primer lugar, a quienes les votan, porque son éstos únicamente quienes les marcan el camino. Así es la democracia contemporánea: las “elites” son dirigidas por sus electores. Lo contrario, ya saben lo qué es. Digo esto, permítanme el paréntesis, como un recadito a los políticos “centristas” del PP que a la hora de dar la cara más parecen “pilluelos” nihilistas que políticos con agallas. Pues bien, la prohibición de Montilla es un hecho lo suficientemente grave para que el PP dé un giro radical en su política de oposición, o sea, que no ceda un sólo centímetro ante la propaganda socialista de hacerse fotos para no llegar a ningún acuerdo. ¡Ya está bien de propuestas que el PSOE las devora en horas! Todo intento “dialógico” con el PSOE por parte del PP es, hoy por hoy, pérdida de tiempo, o peor, formas higiénicas para tapar la basura propagandística del Gobierno y las acciones totalitarias como la de Montilla contra la Comunidad de Madrid.

Por lo tanto, las expectativas del PP no pueden fijarse por “acuerditos” para crear mensajes que lleguen a la ciudadanía que no los vota, tampoco por “convenciones” para darse ánimos los barandas del aparato organizativo del PP, ni menos a “golpe de sondeo” electoral. Todos esos son asuntos menores si previamente el PP no satisface, casi en términos de placer político, las demandas ciudadanas de sus votantes. Sigan, señores del PP, las expectativas de sus seguidores y lo demás vendrá por añadidura. O sea, más que propuestas para hablar con el señor que nos machaca desde La Moncloa, respondan rápida y limpiamente a las acciones totalitarias del Gobierno socialista. Antes que nada, explicándole a la ciudadanía, especialmente a los votantes del PP, cuál es el significado de la prohibición de emitir en analógico por su segundo canal. En este sentido, me parece muy acertada la contextualización hecha por el director general de Telemadrid sobre el significado de la prohibición. Sí, tiene toda la razón Soriano, cuando dice que esta medida del Gobierno es un acto más para discriminar, empobrecer y reprimir a una Comunidad gobernada por el PP. Por supuesto, también son muy oportunas las declaraciones del portavoz del PP de la Comisión de Control de Telemadrid, David Pérez, sobre la discriminación y marginación de los madrileños respecto al resto de los españoles, especialmente catalanes, vascos y andaluces, que supone la prohibición.

Pero, ahora, hay que dar un paso más. Es necesaria la actuación de los políticos del PP con más responsabilidad en la dirección del partido. Son estas personas quienes tienen que señalar que estamos ante un acto totalitario sin parangón en las democracias occidentales. Son Rajoy, Esperanza Aguirre y Gallardón quienes tienen que tomar medidas contra la prohibición Zapatero y Montilla. Ante la bestia totalitaria, que niega nuestros derechos, tenemos que reaccionar con todo tipo de medidas, naturalmente, democráticas, por ejemplo, como decía más arriba, declarando a Zapatero “persona non grata” de la Comunidad de Madrid. El odio que este hombre tiene a España parece haberlo concentrado en Madrid.

Constitucionalidad
Editorial El Correo 2 Septiembre 2005

Las deliberaciones del Consell Consultiu de la Generalitat en torno a los textos de reforma estatutaria que tramita el Parlamento de Cataluña parecen cuestionar abiertamente la constitucionalidad tanto de la propuesta del tripartito de gobierno como de los planteamientos de CiU. El desconcierto en el que ha desembocado el debate entre las fuerzas catalanas no puede ni debe hacer recaer sus efectos sobre las facultades del Consell Consultiu. Dicho organismo no fue creado para tareas de arbitraje en materia de exclusiva responsabilidad política. Además, su próximo dictamen tampoco parece comprometer de antemano la postura que adopten al final los grupos. Son las fuerzas parlamentarias -y en concreto la virtual mayoría cualificada dispuesta a proceder a una reforma a fondo del Estatut de 1979- quienes tienen la obligación indelegable de decidir por sí mismas si ciñen o no su propuesta al marco de la Constitución. Por encima de todo es necesario subrayar un precepto constitucional insoslayable: que, independientemente de su contenido, el proyecto de reforma del Estatut de Cataluña ha de ser admitido a trámite, debatido, eventualmente enmendado y aprobado por las Cortes Generales antes de su definitivo refrendo por parte de la sociedad catalana.

Resulta evidente que en el fondo de la discusión de los partidos catalanes subyace la estrategia que cada formación trata de establecer 'frente a Madrid'. Tan evidente como la tentación nacionalista de elevar el listón de las exigencias hasta desbordar el cauce constitucional y provocar así el rechazo de las Cortes Generales para, a continuación, justificar un salto soberanista que emule la experiencia vasca. En este sentido, la competitividad entre ERC y CiU no sólo contribuye a lastrar los trabajos de mejora del autogobierno en Cataluña; representa además un factor de inestabilidad tanto para el Gobierno de la Generalitat como para la continuidad de la legislatura presidida por Rodríguez Zapatero. Es deseable que el dictamen del Consell Consultiu, probablemente crítico con los propósitos más ambiciosos en la reforma del Estatut, invite a la cordura y a la racionalidad de los grupos concernidos en este examen previo de constitucionalidad. El parecer de los juristas designados por los grupos representados en la Cámara catalana podrá no ser unánime en todas las cuestiones que aborde su dictamen. Pero el previsible contenido de éste permitirá, en todo caso, evitar que el maximalismo pueda acabar siendo la expresión única del catalanismo. Permitirá evitar que nadie pueda enarbolar la bandera del derecho en contra de la Constitución, y que nadie hable de forma unívoca en nombre de Cataluña, cuando los catalanes reflejan insistentemente una amplia diversidad de sensibilidades y aspiraciones respecto a su futuro colectivo.

La división del PSOE
Editorial Elsemanaldigital.com  2 Septiembre 2005

Son necesarios al menos dos grandes partidos que compartan una misma idea de España y de su marco institucional. La actual descomposición del PSOE es una mala noticia para todos.

2 de septiembre de 2005. No se ponen de acuerdo. Juan Carlos Rodríguez Ibarra desde Extremadura y José Montilla, embajador de Pasqual Maragall en Madrid, no están de acuerdo ni en las siglas políticas que les cobijan. Los catalanistas del PSOE afirman que "al PSC no le condiciona la opinión del PSOE"; Ibarra ha afirmado varias veces, en tono a veces crispado, que el PSOE sólo puede tener una visión de España.

Antes de que la sangre llegue al río José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno pero sobre todo secretario general del PSOE, ha tomado en sus manos la dirección del debate interno del PSOE sobre el nuevo Estatuto catalán. La Ejecutiva del PSOE desea una reforma consensuada y respetuosa con la Constitución.

El problema radica en que el tripartito catalán no tiene las mismas prioridades. Maragall ha ligado su futuro político al del Estatuto, y pocos dudan ya de que Maragall sea más nacionalista que socialista. Josep Lluís Carod-Rovira es independentista; y los ex comunistas de ICV están a sus anchas con el río revuelto. Zapatero tiene, ante todo, un problema interno en el socialismo catalán, pero ese problema, unido a la exigua mayoría parlamentaria que cobija al Gobierno, es un problema nacional.

Resulta innecesario recordar que la reforma del Estatuto catalán, como Ley Orgánica, tendrá que ser aprobada por las Cortes en Madrid; y Zapatero tendrá que hacer equilibrios, si realmente desea conservar unido su partido y a la vez mantener la alianza con ERC. También es cierto que si la reforma del Estatuto requiere algún tipo de reforma constitucional se precisarán los votos del PP, lo cual exigirá un consenso amplio.

Las dificultades del PSOE, atrapado en sus propias contradicciones, son evidentes. Sus votantes no son enemigos de la unidad nacional española, no lo son en Cataluña ni tampoco en el resto de España. Pero sí lo son sus socios e imprescindibles aliados parlamentarios en Madrid y en Barcelona, y sí lo es una parte importante de los dirigentes socialistas catalanes.

Mañana el PSOE reúne su Comité Federal. Será bastante paradójico que en el mismo foro que acogió a Pablo Iglesias y a Julián Besteiro se vayan a debatir los inexistentes "derechos históricos" que los republicanos esgrimen ahora para pedir una fiscalidad propia y utilizarían, en caso de poderlo hacer, para pedir la independencia. Todo esto no interesa en absoluto a los ciudadanos, que ven así como uno de los dos grandes partidos olvida los problemas del país.

Pero no hay razones para alegrarse: España pierde en cualquier caso. La debilidad del PSOE, que gobierna la nación, es la debilidad de todos. Es cierto que hay alternativa, pero eso no basta: la división del PSOE abre las puertas a una crisis cívica que sólo los peores extremistas desean.

ZP no se siente obligado (y se retrata)
José Javier Esparza Elsemanaldigital.com 2 Septiembre 2005

Como tenemos la sanidad hecha unos zorros, las comunidades autónomas han dirigido sus ojos al Gobierno para que les llene la faltriquera. El Gobierno, con lo del talante y eso, les ha sugerido que suban todos los impuestos (tabaco, alcohol, combustibles) y que él ya dará algo para rellenar. Las autonomías se han enfadado. Y ZP, muy digno, les ha dicho que no sabe por qué se enfadan, que lo suyo sólo es una propuesta y que, además, no estaba obligado a hacerla, jolín.

Por la boca muere el pez. Zapatero dice que no se siente obligado a proponer, desde la presidencia del Gobierno, una fórmula para la financiación del sistema sanitario en el marco autonómico. Bien: ¿y en qué cree Zapatero que consiste su trabajo? Las comunidades gestionan amplias competencias que les han sido transferidas por la Administración General del Estado. Esas competencias no constituyen derechos conquistados en pugna política con el poder central. Al revés, son materias de gobierno que les han sido otorgadas, transferidas (precisamente) por el poder central bajo la presunción –no siempre verificada- de que una administración más cercana al ciudadano será más eficaz y barata. Y la propia Constitución recoge la eventualidad de que esas competencias puedan volver a la Administración General (a "Madrid", para entendernos) si las autonomías naufragan.

Sobre este paisaje, al Gobierno central le corresponde un papel supervisor, coordinador: verificar la buena gestión de las materias transferidas y asegurar la financiación autonómica. De manera que si la Sanidad se convierte en un agujero negro en todo el país (España, tal vez recuerden el nombre), al Gobierno le compete –es su obligación- rectificar el problema para mantener una asistencia sanitaria suficiente y equitativa en todo el territorio nacional. La reacción de ZP, sin embargo, ha sido la contraria: "Éste no es mi problema, es problema de las autonomías –nos viene a decir-. Les ofrezco una solución, no porque sea mi obligación, sino porque soy así de bueno y por este talante que tengo, ea".

La reacción es muy reveladora. Primero, en lo personal: he aquí a un gobernante que ignora en qué consiste su función. Después, en lo político: el despiporre autonómico ha llegado hasta el extremo de que un presidente de Gobierno rehúsa ejercer la autoridad sobre las comunidades autónomas, lo cual, en la práctica, revela una visión "horizontal" de su magistratura, es decir, que ZP no considera superior su rango al de los presidentes regionales (por eso no se siente "obligado"). Horizontalidad que, por cierto, explicaría la flojera de ZP ante sus, ahora, "homólogos" vasco y catalán. Confiemos en que cerca de La Moncloa haya alguien capaz de recordarle a este hombre para qué sirve su cargo.

Palabras, sólo palabras
Conchita M. Vizcaya email 2 Septiembre 2005

Diálogo, talante de Zapatero, sublime, miserable de Bono. derroche de Narbona, independencia de Ibarretxe, Otegui etc, eso sí, asociada para seguir recibiendo el dinero de España y de la UE para poder continuar con el ritmo de vida privilegiado para los nacionalistas o nacionalsocialistas que tanto pululan por este país nuestro que es España.

Titulos universitarios regalados a etarras mientras se encontraban desaparecidos o en la carcel, sin los estudios necesarios para poder acceder a la universidad. Y qué notas, oigan, que son de caerte redondo del pasmo. Y los demás alumnos, cuyos padres tienen que sacrificarse para pagar la carrera, los libros, material necesario para las clases, traslado, y hasta vivienda en Bilbao, San Sebastián o Vitoria según la carrera que eligen o han podido acceder sin las ayudas que les dan a los presos etarras el Gobierno Vasco. Y los alumnos no etarras, a estudiar como locos para poder sacar un cinco... ¡Qué desigualdad de trato y qué injusticia! O dan las mismas facilidades a todos o a ninguno. Mejor a ninguno, porque de qué sirve un papelito que es el título si no se sabe absolutamente nada de la carrera. Imaginense un ingeniero de puentes y caminos sin idea de cómo se construye un puente o una carretera y como es de ideología abertzale le dan las obras...
Menos mal que la Fiscalía ya está trabajando y tratando de averiguar quién permitió que esto haya sido así y permitido semejante desfachatez.

Pero volvamos a las palabras. Son palabras que, de tan manidas, tan mal usadas, no son más que una forma de no decir nada, o justamente lo contrario de su significado en elgunos casos. No hay diálogo más que con los terroristas y nacionalistas pero para vender con talante a cientos de miles de personas en el País Vasco en nombre de una paz que ya está corrompida pues no hay paz sin libertad ni libertad sin verdadera paz. Recuerdelo Sr. Zapatero. Sublime y miserable, sus palabras faboritas, Sr. Bono. Antes aun tenía credibilidad, pero ya no. Y ¿Que los españoles derrochamos Sra, Narbona? Mire primero a su alrededor, en su partido. Hay que predicar con el ejemplo si no se hace así, las palabras son sólo eso, solo palabras sin contenido ni significado real.

UPN acusa al PSN de permitir que actúe en Sangüesa un grupo que ensalza la «kale borroka»
ABC 2 Septiembre 2005

PAMPLONA. UPN denunció ayer la actuación en Sangüesa del grupo musical «Lendakaris muertos», cuyas canciones, según la formación regionalista, «ensalzan la kale borroka e incitan a la violencia y al consumo de drogas». Para UPN, se trata de «nueva cesión a los nacionalistas de Herri Ekimena por su apoyo para lograr la alcaldía».

«Otro de los peajes que ha tenido que pagar el PSN es el anuncio de las fiestas de Sangüesa en el diario abertzale Gara en los dos últimos años, que nunca se había hecho», afirman y aseguran que Herri Ekimena «no ha condenado los atentados de la banda terrorista ETA, ni apoyó dedicar un monolito a los policías asesinados en el trágico atentado perpetrado en la localidad», informa Ep.

Esta nueva polémica se suma a otros episodios como la exhibición de dos ikurriñas durante la inauguración de un polideportivo en Tafalla. En aquella ocasión, UPN pidió explicaciones al secretario general del PSN, Carlos Chivite, «teniendo en cuenta que fue organizado por un ayuntamiento socialista».

Chivite aseguró que le sorprendió «desagradablemente», si bien redujo la relevancia del asunto a la de una mera anécdota.

En Trinidad se hablará español
El Correo 2 Septiembre 2005

Los habitantes de la ex colonia británica de Trinidad y Tobago, en el Caribe, deberán hablar español para el 2020, según una iniciativa del Gobierno que persigue estrechar las relaciones con Latinoamérica. El primer ministro, Patrick Manning, ya anunció en abril la intención de declarar segunda lengua oficial el español, que actualmente hablan cerca de 1.500 habitantes.
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