AGLI

Recortes de Prensa    Miércoles 7 Septiembre 2005
"La reforma nacionalista del Estatuto de Autonomía de Cataluña: significado y alcance"
Fundación Concordia  7 Septiembre 2005

El arsenal de Endesa
Emilio J. González Libertad Digital 7 Septiembre 2005

Los cuatro ases del poder político
ANTONIO FONTÁN  ABC 7 Septiembre 2005

Más allá de una opa hostil
Editorial ABC  7 Septiembre 2005

Desde la cuna hasta la caja
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 7 Septiembre 2005

Piqué y Gas Natural
Agapito Maestre Libertad Digital 7 Septiembre 2005

Poner sitio a la Moncloa
José Javaloyes Estrella Digital 7 Septiembre 2005

El tripartito catalán y su "luz de gas"
EDITORIAL Libertad Digital  7 Septiembre 2005

La energía se hace catalana
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 7 Septiembre 2005

El (confuso) estado de las Autonomías
Editorial Heraldo de Aragón 7 Septiembre 2005

Aproximación al PNV
Editorial ABC 7 Septiembre 2005

Nacionalismo catalán contra los servicios públicos nacionales
Elsemanaldigital.com  7 Septiembre 2005

¿Y si no fuéramos federalistas?
NTONIO PAPELL El Correo 7 Septiembre 2005

Cataluña, hostil
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 7 Septiembre 2005

Contradicciones
Cartas al Director El Correo 7 Septiembre 2005

"La reforma nacionalista del Estatuto de Autonomía de Cataluña: significado y alcance"
impartida por Aleix Vidal-Quadras, Vicepresidente Primero del Parlamento Europeo y ex -Presidente del PP de Cataluña.
Barcelona, jueves 8 de setiembre, 19.30 horas, Hotel Palace (Gran Vía 668, cerca de Paseo de Gracia).
Fundación Concordia  7 Septiembre 2005

Querido amigo/a: El proceso de reforma del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña emprendido por el Gobierno tripartito presidido por Pascual Maragall representa una seria amenaza al espíritu y a la letra de la Constitución de 1978, fundamento jurídico, político y ético de nuestra democracia. La Fundación Concordia, siempre comprometida con los valores constitucionales y con los principios que configuran la sociedad abierta, ha organizado una Conferencia-Coloquio que con el título "La reforma nacionalista del Estatuto de Autonomía de Cataluña: significado y alcance" impartirá Aleix Vidal-Quadras, Vicepresidente Primero del Parlamento Europeo y ex -Presidente del PP de Cataluña. Dicho acto se celebrará en Barcelona el próximo 8 de septiembre a las 19.30 horas en el Hotel Palace, Gran Vía de les Corts Catalanes 668. Nos complace invitarte a asistir y participar en el mismo. Esperando contar con tu compañía el 8 de septiembre, recibe un saludo muy cordial

El arsenal de Endesa
Emilio J. González Libertad Digital 7 Septiembre 2005

La consideración como hostil por parte de Endesa de la OPA lanzada por Gas Natural sobre la compañía eléctrica presidida por Manuel Pizarro abre todo un mundo de posibilidades en torno a esta operación que no tienen por qué resultar, ni mucho menos, en el triunfo en la operación de la gasista catalana.

En sus esfuerzos por defenderse de la OPA, Pizarro, probablemente, no podrá contar en esta ocasión con el socorro de las autoridades reguladoras de los mercados energéticos, pese a que la operación representa un serio peligro para la competencia en los mismos. De concluir con éxito la OPA, supondría que Gas Natural controlaría el 80% del mercado gasista español y el 40% del eléctrico, justo lo contrario de lo que dicen las recomendaciones del libro blanco de la energía elaborado a instancias, precisamente, del ministro de Industria, José Montilla. Sin embargo, el Gobierno, lejos de preocuparse semejante concentración de poder en manos de una sola entidad, Gas Natural, que es lo mismo que decir La Caixa, parece más bien que ha estado alentando la operación en todo momento, con aquellas declaraciones que hicieron destacados miembros del Ejecutivo a principios de la legislatura a favor de la concentración empresarial en el sector energético o con las más recientes del propio Montilla volviendo de nuevo sobre la cuestión de los presidentes de empresas privatizadas puestos en el cargo por el PP, uno de los cuales es, precisamente, Pizarro.

La Comisión Nacional de la Energía, probablemente, tampoco dirá nada relevante en este caso, a diferencia de lo que ocurrió cuando Gas Natural lanzó una OPA sobre Iberdrola, operación a la que puso el más rotundo veto. Pero la CNE de entonces no es la de hoy, concebida como ha sido en esta legislatura más para dar cobertura a los tejemanejes del Gobierno en el sector energético que para velar por un funcionamiento verdaderamente eficiente y competitivo del mismo. Por tanto, Endesa puede dar por sentando que el Ejecutivo no va a hacer nada por ella, sino más bien todo lo contrario.

Aún así, y a pesar del poder que conserva en este país quien tiene en sus manos el Boletín Oficial del Estado, Endesa tiene muchas bazas que jugar y no cabe duda de que lo hará desde el momento en que ha considerado la OPA como hostil. Una jugada maestra sería que la empresa que preside Pizarro contestara a Gas Natural, una compañía mucho más pequeña que la eléctrica. Sin duda, en la gasista tienen en cuenta esta posibilidad, como sugiere el hecho de que La Caixa haya manifestado su disposición a aumentar su participación en Gas Natural con el fin de blindarla ante una operación semejante. Pese a ello, Endesa podría intentarlo, porque tiene músculo financiero suficiente para ello y porque, con toda probabilidad, podría contar con el apoyo de su principal accionista de referencia, Caja Madrid, ya que todo apunta a que la entidad crediticia que preside Miguel Blesa va a manifestarse en contra de la OPA.

No obstante, el escenario más probable es otro, en el que se abren dos posibles vías. La primera de ellas, es el rechazo de los accionistas de Endesa, incluidos los fondos de inversión, a la OPA de Gas Natural, teniendo en cuenta que la prima que ofrecen es muy baja y que el pago sería de un 34,5% en metálico y de un 65,5% en acciones de Gas Natural, que a mediodía del martes se estaban desplomando un 4% tras volver a cotizar después de la lógica suspensión que impuso la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Al mercado, por tanto, no le gustan de entrada las condiciones ofrecidas por la gasista y mucho menos su argumento de que, con el triunfo de la OPA, la posición estratégica de Endesa en el mercado eléctrico mejoraría. La experiencia en Europa enseña que los holdings energéticos como el que pretende crear La Caixa, con una pata en el petróleo –Repsol–, otra en el gas –Gas Natural– y una tercera en la electricidad –Endesa– obtienen resultados mediocres tanto en términos de gestión como de comportamiento bursátil. Desde esta óptica, por tanto, no sería extraño que tanto los fondos de inversión como Caja Madrid rechazasen la oferta, sobre todo desde el momento en que Gas Natural ha dicho que no piensa aumentar el precio puesto sobre el tapete de 21,3 euros por cada acción de Endesa.

La segunda posibilidad se basa, precisamente, en el hecho de que el precio fijado por Gas Natural es bajo para cualquier competidor que quiera aprovechar la ocasión para entrar en el mercado español, y más desde el momento en que la gasista ha dicho que no aumentará el mismo. Eso abre a Endesa la vía de buscar algún tipo de acuerdo con alguno de los grandes europeos, de encontrar un gorila mayor del que respalda a Gas Natural para frustrar la operación. Y puede que no le resulte difícil hacerlo. La alemana RWE ya ha demostrado en varias ocasiones su interés por ser un jugador de peso en el mercado español, tiene músculo financiero más que de sobra para acometer una operación de este calado y, además, se verá obligada a responder al movimiento de su compatriota Eon si, finalmente, ésta se hace con Scottish Power. Endesa, también, puede buscar apoyo en Gaz de France, que tampoco está presente en España y que la entrada en nuestro mercado de la mano de Endesa no sólo le permitiría ser un competidor de peso en el sector eléctrico sino que, además, le abriría las puertas de par en par para operar también en el del gas y acabar con el monopolio de Gas Natural en esta rama.

En la gasista también consideran esta posibilidad y lo hacen con preocupación porque si Endesa se decanta por esta vía, podría dar al traste con la OPA. Por ello, su insistencia en que su oferta garantiza la españolidad de la eléctrica no sólo tiene que leerse desde la perspectiva de que, según ellos, no se trata de catalanizar la compañía, con la que está cayendo en estos momentos en Cataluña, con el Gobierno del tripartito renegando un día sí y otro también de España; también hay que entenderla desde el punto de vista de que intentan apelar a los sentimientos nacionalistas de los españoles frente a la posible entrada en Endesa de un extranjero. Pero ese juego es peligroso para la propia Gas Natural porque, de la misma manera, la dirección de Endesa podría apelar a ese mismo sentimiento para parar el desembarco catalán a través de Gas Natural, aunque la ejecutiva de Endesa de momento no lo ha hecho ni ha manifestado intención de hacerlo.

En cualquier caso, opte por lo que opte Endesa, la última palabra en todo este asunto aún no se ha dicho, ni mucho menos. Más bien, esta historia acaba de empezar a escribirse mientras Endesa ultima su estrategia y prepara su arsenal para la contienda.

Los cuatro ases del poder político
POR ANTONIO FONTÁN EX PRESIDENTE DEL SENADO ABC 7 Septiembre 2005

... Si se propusieran atribuir a los gobiernos territoriales competencias claramente exclusivas del gobierno general de la nación, no dejarían de producir grietas en el edificio constitucional del Estado...

EN los juegos de cartas el naipe de más valor de cada palo suele ser el as. Es el que impone su ley y gana las bazas. De ahí procede que se hable de los cuatro ases que el gobierno de una nación ha de tener en su mano para dirigir los negocios del Estado. Algo de lo que esas cartas representan sería transferible a otros escalones del poder sin poner en riesgo la acción de un Ejecutivo responsable, pero siempre que los cuatro ases estén bajo su control y amparo.

La baraja española, con el vistoso y expresivo diseño de sus cuatro ases, presenta unas figuras que se dejan leer como los iconos representativos o imágenes parlantes de los poderes a que no debe renunciar un gobierno serio con vocación de servir a su país. El as de espadas sería el símbolo de la defensa y la política exterior; el de bastos, el de la justicia, el derecho y el orden público en el sentido general de este concepto; el de oros, el de la hacienda, de los dineros y todo lo relacionado con ellos; y, finalmente, el de copas sería el de la vida en sociedad, es decir, el de la educación y la salud, de la cultura y los espacios de la libertad.

En algunos de estos cuatro campos el gobierno del Estado -o sea, el Parlamento y los ministros- han de ejercitar directamente y sin delegaciones las facultades representadas por el correspondiente naipe icónico. Son los casos de los ases de espadas y de oros. En el de bastos, al lado de esas instituciones supremas del Estado -el Legislativo y el Ejecutivo- y con una independencia ordinariamente garantizada por las constituciones, operan los tribunales de justicia -el llamado Poder judicial- y los servicios de orden público, seguridad y protección ciudadana, cuya gestión puede ser confiada por el gobierno nacional a otras instancias territoriales o locales: en España las comunidades autónomas, las provincias o los municipios.

Y ¿qué ocurre con el cuarto palo, el de copas? Ahí los poderes públicos están al servicio inmediato y equitativo de las personas e instituciones naturales o históricas que forman la nación o que residen en cualquier lugar de ella. La educación, la sanidad, los derechos sociales y las libertades individuales y sociales han de ordenarse de modo que los ciudadanos puedan disfrutar de esos bienes y recursos de una manera equivalente, por no decir igualitaria, en cualquier lugar del país.

La Constitución del 78, tan sólidamente construida y generalmente aceptada como ambigua en algunos de sus textos, respeta y consagra claramente esos principios básicos y la atribución de las funciones y responsabilidades que simbolizan los ases de la baraja.

En su parte dogmática, o sea en sus tres primeros títulos hasta el artículo 55, la Constitución es inequívoca. No caben modificaciones o interpretaciones doctrinales ni semánticas, sin que se deterioren las estructuras del Estado. «Nación» con mayúscula, y más en España, no hay más que una, que es la realidad social, obra de siglos, a que corresponde el aparato político del Estado. La palabra «nacionalidades» del artículo segundo se refiere a territorios y poblaciones que gustan de definirse con este «modernismo» léxico, y a los que las Cortes Generales se lo reconocen por causas históricas, culturales o políticas, al aprobar por Ley Orgánica sus estatutos de autonomía.

Como es sabido la voz «nacionalidad», como término de la lengua política, fue un invento francés, pero no de la «gloriosa Revolución» de 1789, sino de tiempos de Napoleón III. La empezaron a emplear el segundo Bonaparte y su gobierno para negar a los belgas, y reconocer a los italianos, la condición política de «nacionalidad», que justificaría el derecho a ser un Estado. En español sólo se empleaba hasta época muy reciente para expresar la pertenencia de alguien a una nación o a otra. Después se empezó a llamar «nacionalistas» a los políticos, asambleas, partidos, etc., de regiones o de pueblos que, por sus peculiaridades históricas, culturales, jurídicas, lingüísticas, etc., aspiraban, dentro del Estado, y no fuera de él, a un modo de autogobierno que reconozca y ampare esa condición. También se proclaman «nacionalistas» los partidos y políticos que lisa y llanamente pretenden la independencia. Pero esos son los separatistas.

De esos cuatro palos de la baraja, nuestro texto constitucional (que nadie con la cabeza sobre los hombros ha pensado en enmendar o reescribir) atribuye al gobierno de la nación la dirección de la política exterior y de defensa, así como la administración civil y general (artículo 89) y la elaboración de los presupuestos y la gestión de los caudales públicos (artículo 134).

En ciertos campos de los que simbolizan los bastos y las copas, se enumeran veintiocho materias, y no más, en que los entes subestatales pueden asumir determinadas competencias (artículo 148). Y todas las comunidades autónomas, en mayor o menor grado, han hecho uso ya de ese derecho, o se disponen a hacerlo.

Pero hay otras treinta y dos clases de materias políticas en las que el Estado -Gobierno y Parlamento- tiene en exclusiva la competencia y la responsabilidad. Tampoco nadie ha planteado en serio modificar esa lista muy claramente enumerada en el artículo 149.

Los Estatutos de Autonomía no son una legislación privativa de carácter territorial de una «nacionalidad» o región. Son legislación general de todo el Estado, forman parte del «bloque constitucional» y deben dar satisfacción a toda la Nación o ser aceptados por ella. Los Estatutos de las regiones -o «nacionalidades» históricas, que habían aprobado plebiscitos autonómicos bajo la II República-, lo mismo que los de las demás Comunidades, son Leyes que directa o indirectamente afectan a todos los españoles.

Una Ley Orgánica puede modificar los Estatutos de Autonomía, conforme a la Constitución. Basta que el nuevo texto alcance una mayoría absoluta en el Congreso, aunque hubiera habido veto de la otra Cámara. Pero no sería políticamente prudente que el Ejecutivo quisiera hacerlo en este momento, en este ambiente de la vida pública y con una mayoría gubernamental prendida con alfileres. Por el contrario, el sentido de la responsabilidad política y la solidaridad nacional exigen la conformidad y el compromiso del partido que gobierna y del que puede llegar a gobernar. Se trata de la estructura misma del Estado que no debe tener fecha política de caducidad.

Las dos relaciones de competencias, las exclusivas del Gobierno del Estado y las transferibles a las instancias autonómicas, no fueron ni una improvisación ni un invento «ex novo» de los constituyentes del 78, sino la reelaboración, actualizada y ajustada a una sociedad casi cincuenta años posterior a la segunda República, de lo que se leía en los artículos 14 y 15 de la Constitución de 1931.

Esos preceptos de aquel viejo texto no se aplicaron entonces más que parcialmente y por poco tiempo en Cataluña. El Estatuto vasco sólo fue aprobado por las Cortes republicanas con escasa asistencia de diputados y para un territorio muy limitado, cuando toda la provincia de Álava y la mayor parte de Guipúzcoa estaban ya ocupadas por las tropas «nacionales», levantadas contra el gobierno del frente popular republicano. El Ejecutivo del primer «lehendakari», José Antonio Aguirre, sólo ejerció el poder político, no el militar y apenas el de orden público, más que en Vizcaya, y no en toda su extensión territorial.

Pero las actuales Autonomías, con sus Estatutos reconocidos y aprobados por las Cortes Generales como Leyes Orgánicas del Reino, funcionan pacíficamente desde hace veintitantos años. Las competencias enumeradas en el artículo 148 las están ejerciendo en su mayor parte con plena aceptación de su ciudadanía y la conformidad de la mayoría de los españoles. Lo hacen más o menos bien, pero lo hacen en casi todas partes a velocidad de crucero.

Los sondeos de opinión más recientes y fiables señalan que sólo una pequeña parte de la población está interesada en unos nuevos Estatutos que, si se propusieran atribuir a los gobiernos territoriales competencias claramente exclusivas del gobierno general de la nación, no dejarían de producir grietas en el edificio constitucional del Estado. Eso es lo que parecen pretender los políticos y partidos cuyo nacionalismo está muy cerca de un separatismo o inmerso en él. Sería el caso del País Vasco o Euskalerría, como se dice en el texto llamado de Guernica de 1979, donde no se sabe bien si los diputados de la cámara de Vitoria del PNV, EA o Batasuna quieren que su país se convierta en un Puerto Rico español o están simplemente corriendo delante de ETA para que no les alcance la acción directa de los terroristas. En Cataluña hay ahora una renovada Esquerra republicana, que se proclama heredera de la de Maciá y Companys, unos políticos tan discutibles como se quiera, pero que estaban satisfechos con el Estatuto del 32 y se habrían quedado encantados con el actual. Los voceros de ese partido empujan mucho verbalmente, pero apenas si han llegado a tener en las ocasiones más favorables un quince por ciento de los votos del antiguo Principado, mientras que los demás (socialistas, nacionalistas, izquierda unida y populares) son manifiestamente antiseparatistas.

Ni el Gobierno, ni el Parlamento, ni los ministros, ni los portavoces gubernamentales o de la oposición con sentido de su responsabilidad política deben ni pueden abdicar de ser ellos, y las instituciones constitucionales deben ser las que tengan en sus manos de verdad los cuatro ases del poder político.

Más allá de una opa hostil
Editorial ABC  7 Septiembre 2005

EL análisis de la opa hostil de Gas Natural -empresa participada en un 34 por ciento por La Caixa- sobre el cien por cien de las acciones de Endesa, que ayer rechazó la operación por «insuficiente» y «preocupante», debe enmarcarse en una doble vertiente. Desde un estricto punto de vista económico, la operación permite a La Caixa colocar la última pica en el mapa energético español, erigiéndose en actor principal de un sector en el que ejerce ya un control casi absoluto. A nadie se le oculta que el movimiento convierte a Cataluña en el centro neurálgico de las grandes decisiones industriales, relegando a Madrid de un protagonismo que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, llevaba reclamando para su comunidad desde hace tiempo. Ha sido un corrimiento de tierras ordenado, fruto de esa tupida red de participaciones que La Caixa ha ido tejiendo en diversos sectores empresariales. La entidad que preside Ricardo Fornesa posee el 35,5 por ciento de Gas Natural; el 23,1 de Aguas de Barcelona; el 12,5 de Repsol YPF, el 1.97 de Endesa, el 14,8 del Banco de Sabadell; el 5 por ciento de Telefónica, el 47,9 de Inmobiliaria Colonial y un 78,8 de Universal Port Aventura. El viejo sueño de la caja catalana de crear un gigante energético formado por Repsol, Endesa y Gas Natural puede ahora hacerse realidad.

Pero para hacer realidad esa antigua aspiración La Caixa ha contado con el apoyo del Gobierno, y más concretamente del ministro de Industria, José Montilla, que ha movido los hilos políticos de una operación cuya trascendencia no se agota en el horizonte económico, sino que va más allá del ámbito estrictamente financiero. Montilla ha dado sobradas muestras de capacidad para urdir las más complejas estrategias, en las que la política -al servicio de los intereses del Gobierno y del PSOE, naturalmente- y la economía se retroalimentan en un escenario de alambicadas relaciones transversales. El diseño de la operación actualmente en marcha, en lo que respecta al poder de la Administración y a sus intentos, nada disimulados, por otra parte, de alterar el actual «statu quo» de las empresas privatizadas, tiene mucho que ver con la figura del ministro de Industria y secretario general de los socialistas catalanes, seña de identidad ésta fundamental para entender en su totalidad el calado de la operación financiera que pretende La Caixa.

A nadie se le oculta que la musculatura empresarial de la entidad catalana, cuya solvencia en la gestión resulta indudable, ha crecido en la medida en que el Gobierno tripartito de Maragall ejerce una influencia decisiva en la gobernabilidad del Estado. Dicho de otro modo, el escenario económico en el que se ha consolidado La Caixa no es ajeno al nuevo escenario sociopolítico catalán, en el que formaciones como ERC se erigen en socios preferentes y plantean una serie interminable de exigencias propias de quien ha demostrado muy poca lealtad con lo que representa España en términos de solidaridad nacional. Por eso, el principal punto débil radica en el hecho de que los legítimos movimientos empresariales de La Caixa puedan estar sometidos -dada la excesiva dependencia de las Cajas de Ahorros del poder- al intervencionismo de una clase dirigente catalana que no renuncia al control político de sectores estratégicos. Estamos ante un proceso en el que parece que lo que se pretende es sustituir el tejido de empresas públicas privatizadas por el PP por un sector público indirecto y regionalizado, estructurado en torno a las Cajas de Ahorros y sometido al control de los poderes autonómicos.

Vincular el auge empresarial de La Caixa con la dependencia de Zapatero del Gobierno tripartito podría ser un ejercicio de reduccionismo, pero no conviene perder de vista que la rivalidad Cataluña-Madrid no se ciñe, hoy por hoy, al estricto ámbito económico y que el Ejecutivo socialista cultiva más el puente aéreo que los puentes de diálogo con el Gobierno de la comunidad madrileña, la joya de la Corona del PP y el enemigo a batir por el poder que simboliza el Palacio de la Moncloa. Con la operación financiera desplegada por La Caixa, la entidad catalana incrementa su dominio, sitúa en Cataluña (como quería Maragall) el centro del poder para manejar los hilos del sector energético español y, de paso, ofrece al Gobierno socialista el cambio que anhelaba en las empresas privatizadas.

La Caixa
Desde la cuna hasta la caja
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 7 Septiembre 2005

Lo raro es que la voluntad de concentrar sectores estratégicos para controlarlos (también estratégicamente) viniera nada menos que en los Pactos del Tinell, los que bendijeron la coyunda de toda la izquierda catalana con el separatismo. Los que definieron al enemigo sellando el compromiso de marginar al Partido Popular en todas las instituciones, dentro y fuera de Cataluña.

Digo que es raro porque no hay forma más palmaria de reconocer lo que ahora mismo se disponen a negar uno señores que van de helipuerto en helipuerto, pasando por la sede del PSC a rendir pleitesía, pues es allí donde a fin de cuentas habita su señor. La competencia, el mercado, las juntas de accionistas y demás zarandajas liberales no atañen a La Caixa, una maquinaria tan poderosa y omnipresente que a los coleguillas les da miedo hasta nombrarla. Yo tampoco la estaría nombrando –¿para qué?– si esa inmensa entidad financiera semipública tutelada por la Generalidad no se hubiera convertido en el mascarón de proa de una nave partidaria y hostil.

Los del helipuerto de la Diagonal carecen de sentido de la realidad, cuando parecían la personificación del seny. Este golpe de mano para concentrar un sector estratégico nacional y ponerlo en manos de un gobierno autonómico de signo radical, está condenado al fracaso. Quieren que Gas Natural se trague una pieza que pesa el doble que el ofertante hostil de la adquisición; se le va a indigestar. ¿Está verdaderamente dispuesta La Caixa, que ha basado su inmenso crecimiento en el silencio y en la discreción, a ocupar todas las columnas de opinión, todas las tertulias y todos los debates políticos?

Nos cobra todo el tiempo: desde que encendemos la luz por la mañana, abrimos el grifo de la ducha, nos hacemos un café, encendemos el coche, hacemos la compra o pagamos el peaje. Nos succiona la dichosa caja desde la cuna hasta la caja. Quieren el monopolio de la energía: el Estado soltó el sector para que, unos años después, lo engulla una autonomía. ¿Para qué? La respuesta, en los pactos del Tinell.

No sería criticable si se tratara de un banco. Pero entre las muchas cosas que Cataluña ha dado, no se encuentra un gran banco “nacional”. Grave handicap para un país con tantos nacionalistas. Todos los intentos de crearlo han acabado en fiasco. Sean razonables, envarados good for nothing: sigan usando su helipuerto, gocen de sus inmerecidas prebendas disimuladamente. No se coloquen en mitad del circo. Parece mentira que haya que decírselo.

Opa sobre Endesa
Piqué y Gas Natural
Agapito Maestre Libertad Digital 7 Septiembre 2005

La competencia en el sector energético español está lejos de ser correcta de acuerdo con los parámetros ideales del modelo de mercado. Más que competencia entre empresas para captar clientes, sin duda alguna, habría que hablar de un reparto más o menos equitativo de cuotas de mercado. La liberalización del sector por parte del anterior Gobierno no tenía otro objetivo que crear más competencia, que finalmente pudiera tener repercusión favorable en el consumidor. La liberalización del sector siempre ha sido un imperativo para mejorar su funcionamiento. Sin embargo, el actual Gobierno socialista parece haber optado por un modelo de concentración, que seguramente tendrá repercusiones negativas en los consumidores de energía. Por tanto, detrás de cualquier movimiento de este sector empresarial hallamos la mano del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

En cualquier caso, muy pocos, casi nadie puede poner en cuestión el carácter político de la OPA hostil que Gas Natural ha lanzado contra Endesa. El Gobierno socialista, dirigido con mano de hierro en el sector industrial por el nacionalista catalán Montilla, ha dado el visto bueno para que Gas Natural, caballo de Troya de la Caixa, compre todas las acciones de Endesa, una parte de las cuales son propiedad de Caja Madrid. Negar la operación política que reviste esta OPA es tanto como negar la evidencia, pero como hay personas, incluso del PP, empeñadas en negar lo obvio es menester afanarse en el duro y casi dramático oficio de demostrar lo evidente.

He aquí algunas de esas obviedades. Operación política es, insisto, porque el Gobierno de la nación ha dado su visto bueno. Segundo, operación política es porque las Cajas de Ahorro en España son dependientes del poder político. Tercero, operación política es porque La Caixa, para algunos ya casi un Banco Nacional de Cataluña, está sometida a los avatares que los nacionalistas imponen en sus órganos de dirección. Cuarto, operación política es, porque si detrás de Gas Natural, empresa bastante más pequeña que Endesa, no estuviera la Caixa sería inviable una OPA de un pez pequeño sobre un pez grande. Quinto, operación política es porque el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha actuado de modo contrario al de Aznar, cuando se opuso a la a fusión amistosa de Endesa e Iberdrola.

Nadie, pues, pone en duda que esta OPA tiene caracteres políticos indiscutibles. Nadie, excepto el señor Piqué, que ha dicho, en contra de la opinión de su partido, que “no sabe que tiene que ver esto con el tripartito”. La opinión de Piqué ya no debe contemplarse como una simple disensión de la línea política de su partido, sino como la manifestación de uno de los más grandes errores históricos, entre otros muchos, que ha cometido el PP en Cataluña.

Poner sitio a la Moncloa
José Javaloyes Estrella Digital 7 Septiembre 2005

Toca poner fin a la neopolítica del sofá y a la trampa de la foto. Comienza el nuevo curso con la andanada catalanista de la OPA de Gas Natural sobre Endesa, la joya de la corona en el sector eléctrico español, y la Leal Oposición del Partido Popular confunde la lealtad con el candor y la inocencia —que en política son pecados mortales desde antes de Nicolás Maquiavelo— al comparecer una vez más en la Moncloa para insistir en la defensa de la unidad de España el mismo día en que el catalanismo exhibía músculo con La Caixa: empresarialmente soberana ya en Repsol YPF y en el propio Gas Natural.

Desde su presidencia del Consejo de Ministros, el Rodríguez responsable de la sonrisa se volvía a hacer lo foto con Rajoy, el presidente de la desnortada oposición. Mientras tanto, el núcleo duro de los soportes parlamentarios del anfitrión (nacionalsocialistas y separatistas de toda laya) ultimaba el gran golpe: la operación que puede ser definitiva para la construcción del centralismo económico —comenzando con las comunicaciones y por el estratégico mundo de las energías— radicado en Barcelona.

Para más contribuir al desnortamiento, despiste y extravío de los populares, el inefable Josep Piqué descartaba todo trasfondo político en la OPA sobre Endesa. ¡Sabrá él! No hay posada en la política catalana donde Piqué no haya hecho noche ni espacio energético, por la empresa o por la Administración, que le sea ajeno. Fue ministro sin carné de un Gobierno del PP y ahora que preside el PP de Cataluña le importa tanto qué piensan en la calle Génova sobre la OPA de Gas Natural sobre Endesa, como a Pasqual Maragall qué piensan y opinan en la calle Ferraz sobre el proyecto de Estatuto elaborado por la colla del Tripartito. Podríase decir que lo suyo, lo de Piqué, aporta una específica y representativa dimensión catalana (o sólo barcelonesa) al desconcierto en los dos grandes partidos nacionales.

Las condiciones de interlocución entre el Gobierno, y quienes le apoyan, y el Partido Popular —al que se acosa desde el poder, por el Gobierno y los suyos, como si el propio Gobierno fuera— ni son convencionalmente normales ni resultan homologables con las que mantienen, en nuestro entorno europeo y de la cultura democrática occidental, los Ejecutivos con las fuerzas opositoras. Subrayar esa situación, insistir en algo que es tan palmario y evidente, resulta no sólo necesario sino estrictamente perentorio.

Cuando la anormalidad política impera, es más que contraproducente, engañoso, asumir papeles y participar en liturgias que sólo corresponden a lo normal. Tales prácticas contribuyen a consolidar lo que, por anormal, resulta indeseable y dañino para la propia vida democrática.

Los encuentros para la foto que monumentalizan las apariencias de buen rollo institucional corresponden a los ritos de consolidación de lo políticamente anormal. Habría que cortarlos, prescindir de ellos, evitarlo a todo trance. No hay que tomar velas para lo que sólo es un entierro de la buena relación democrática. Tampoco conviene más diálogo que el que tiene como marco la sede parlamentaria. No debe irse más a la Moncloa, para que la realidad se haga más transparente y no parezca que existen los consensos mínimos cuando lo que existe en un disenso, global y sistémico, desde la propia idea de España, sobre todo lo relevante en política, sociedad y economía. Hay que poner sitio a la Moncloa, desde Génova y parte de Ferraz, para poner a la Moncloa en su sitio.

jose@javaloyes.net

El tripartito catalán y su "luz de gas"
EDITORIAL Libertad Digital  7 Septiembre 2005

En algunos manuales sobre el acoso y maltrato psicológico se define lo que es hacer “luz de gas” como aquel intento de conseguir que alguien dude de sus sentidos, de su razonamientos y hasta de la realidad de sus actos, con el objetivo de manipularle a su antojo, de anular su voluntad y de hacerse dueño de la víctima.

La expresión -popularizada por la película “gaslight”, titulada en español “luz que agoniza”- nos la ha hecho recordar la reciente OPA hostil lanzada por Gas natural contra la eléctrica Endesa. Y no tanto por el nombre de las empresas energéticas en cuestión, sino por el descarado y manipulador intento de los gobiernos central y catalán para que no apreciemos el claro origen y trasfondo político que hay en toda la operación.

Como hacía Charles Boyer con la pobre Ingrid Bergman en la película citada, el tripartito y el Ejecutivo de ZP acusan a los medios de comunicación, a los inversores y al conjunto de los ciudadanos que recelan de la naturaleza “puramente empresarial” de toda la operación, de inventarnos problemas, de sucumbir a nuestras suspicacias, de ser tergiversadores con los hechos y las intenciones; de imaginar, en definitiva, enemigos y fantasmas inexistentes.

Así, desde el partido socialista, Rubalcaba ha dicho que los recelos del PP -que ha tildado tímidamente de “sospechosa” la operación- se deben a los efectos de la lectura veraniega del “Código Da Vinci”, mientras que desde el tripartito catalan se ha respondido a las reacciones contrarias a la OPA pidiendo que “se deje trabajar al mercado”, asegurando que “desde Madrid no nos consideran de los suyos”.

No sabemos qué choca más contra nuestros sentidos, si imaginarnos a nuestros dirigentes de la derecha leyendo embelesados el libro de Dan Brown o contemplar a un dirigente de izquierdas y nacionalista como Huguet apelando al libre mercado y a su amor no correspondido hacia el resto de España. Todo para hacernos creer que, en realidad, no hay impulso político alguno en toda la operación.

Claro que, en ese empeño de hacernos “luz de gas”, el tripartito catalán y el ejecutivo de ZP nos tiene que hacer dudar hasta de lo que le oímos hace escasas semanas al ministro de Industria y miembro del PSC, Josep Montilla, cuando decía que “si fuera accionista no pondría a determinadas personas al frente de esas empresas”, entre las que incluía, sin citarla, a Endesa. Para no dudar del carácter puramente empresarial y completamente ajeno a las motivaciones políticas, deberíamos olvidar el peso accionarial y determinante que, sobre Gas Natural, tiene una entidad semipública como es La Caixa.

Tampoco deberíamos fijarnos en la obsesión, típicamente socialista y nacionalista al tiempo, del tripartito por influir políticamente en el mercado, y el servilismo con el que el Ejecutivo de ZP se brinda a todas sus apetencias.

Pero ¿cómo olvidar algo que ha quedado por escrito en los Pactos del Tinell del gobierno del Tripartito, como es el compromiso de “actuar desde la Generalidad, en concertación con el sector privado, para impulsar la creación o la consolidación, en su caso, de empresas y operadores catalanes, públicos o mixtos, en sectores estratégicos (energía, telecomunicaciones, infraestructuras) siempre respetando las condiciones de mercado"? ¿Desde cuándo es compatible el respeto por el mercado con la intervención política destinada a “crear o consolidar la creación o consolidación de empresas”, sean estas catalanas o no?.

El tripartito catalán y su servil Ejecutivo central podrán hacer cuanta “luz de gas” quieran a los accionistas, a los consumidores y a los ciudadanos en general. Ya no es que nos quieran volver locos, es que nos toman, simplemente, por tontos.

La energía se hace catalana
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 7 Septiembre 2005

HABÍA que echarles unas sardinas a las focas del tripartito que gobierna en Cataluña para compensar la pena de un Estatut imposible, y José Montilla, el ministro de doble entrada, se ha encargado personalmente de mover los hilos para que, al grito de «todo para Cataluña», Gas Natural le haga una oferta de adquisición de acciones a Endesa. Un pez relativamente pequeño (634 millones de beneficio neto con un valor bursátil de 11.100 millones) se comerá así, de un bocado, al más grande en el mar español de la energía (1.374 millones de beneficio neto y un valor bursátil de 20.200). Naturalmente la historia, bastarda en su origen, tiene truco en su realización.

La Caixa, una de esas Cajas de Ahorros que nacieron con vocación benéfica y social para ayudar a los pobres, ya es el principal accionista de Gas Natural y, después de quedarse con el control de Repsol sin el gasto y el desgaste de una opa, rematará una de las más viejas aspiraciones del nacionalismo catalán: hacer catalana toda la energía española y hacerlo con la ayuda del poder político, no en la inteligencia del mercado, en el que siguen sonando, cuando se habla de Gas Natural, las explosiones mortuorias de la calle Capitán Arenas de Barcelona.

La gran crisis de la Banca española, la que comenzó con la caída del Banco de Navarra y terminó en los primeros años noventa con una remodelación del mapa financiero español, se debió a fenómenos como los que volvemos a ver. Las Cajas, forzadas por el Banco de España a unos rígidos coeficientes de caja y a cuotas de inversión obligatoria, no entraron entonces en la locura del momento y, por ello, son hoy más de la mitad del sistema financiero. Pero no tienen dueño y, en los hechos, han pasado a ser, con distintas intensidades según sea el fervor nacionalista del territorio, los «bancos nacionales» que mangonean los gobiernos autonómicos o, lo que viene a ser lo mismo, en donde ejercen su influencia los partidos en el turno del poder.

Ahora -¿no tiene nada que decir el Banco de España?- las Cajas vuelven a tratar de hacer compatible el juego financiero a corto y a largo plazo e invierten en lo que mejor conviene, según el entendimiento de cada gobierno regional, en empresas e industrias que las alejan de su fin fundacional y, en muchos casos, de la prudencia operativa. Así, de manera tan sencilla como indeseable para el conjunto de los intereses españoles, Gas Natural se va a quedar con Endesa. Y todo porque la lucidez de Aznar, el hombre que siempre supo lo que «toca» y lo que «no toca», impidió hace unos años la mucho más deseable fusión entre Endesa e Iberdrola. Mal asunto. Los dedazos del poder siempre ensucian los escenarios del mercado, y con ello, inevitablemente, languidece la libertad que, conviene recordarlo, es una e indivisible.

El (confuso) estado de las Autonomías
Editorial Heraldo de Aragón 7 Septiembre 2005

LA ELABORACIÓN del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña está dando grandes quebraderos de cabeza al presidente Rodríguez Zapatero. Tras comprometerse, con escasa prudencia, a respaldar el texto que llegue al Congreso de los Diputados si lo hace consensuado por todas las fuerzas políticas catalanas -privando así al parlamento nacional de su función más eminente-, ahora se encuentra con un resultado inasumible, según el propio Consejo Consultivo de la Generalitat, y eso que no objeta a la denominación de Cataluña como nación, que la Constitución reserva a España, con la consiguiente atribución única de soberanía a todos los españoles de sus nacionalidades y regiones. El problema, ahora, es que el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) e IC-LV (la IU catalana) están dispuestos a aceptar los dictámenes del Consejo, aunque no son vinculantes, pero no así ERC, socio imprescindible del Gobierno de Pasqual Maragall, ni CiU que, en manos de Artur Mas, dispara su artillería más soberanista.

En este callejón de difícil salida, crece la sospecha de que Moncloa presta cobertura al gran órdago de La Caixa para que Gas Natural absorba a Endesa, para limar con beneficios económicos las aristas políticas. Mientras, Zapatero se ha visto forzado a aplazar el Debate sobre el Estado de las Autonomías, hoy tan confuso, perdiendo otra vez la iniciativa en su agenda de la gobernación del Estado. Ayer, en Aragón, todos los partidos reiniciaron sus trabajos para lograr un texto consensuado de la reforma del Estatuto para fin de año. Algo muy deseable. Pero la voluntaria oscuridad que parecen haber asumido el Pignatelli y la Aljafería en la materia han privado a Aragón -al revés de lo sucedido con Valencia- de constituirse en un referente político visible en esta tarea, que empieza a ser desconcertante, de asentar firmemente las bases de una España cuya Constitución la configura de forma, a la vez que plural, unida y solidaria.

Aproximación al PNV
Editorial ABC 7 Septiembre 2005

LA reunión entre Rodríguez Zapatero y el lendakari Ibarretxe, que hoy tendrá lugar en La Moncloa, se engloba dentro de la serie de movimientos de aproximación del Gobierno socialista hacia el nacionalismo vasco -PSE y PNV anunciaron ayer su intención de entablar negociaciones sobre los Presupuestos vascos-, que refuerza la idea de que el Gobierno de Vitoria va a desempeñar un papel mucho más activo en el marco de la política antiterrorista diseñada por el Gobierno. La teoría de que los socialistas están preparando el terreno para saltar de los republicanos catalanes al PNV es una de las que se están manejando para explicar cómo es posible que el Gobierno central se afane tanto en agradar a un ejecutivo nacionalista que acaba de confirmar su programa soberanista con el apoyo explícito de la izquierda proetarra. Ni siquiera la comercialización política del discurso cosoberanista de Josu Jon Imaz, presidente del PNV, sirve de justificación, porque el principio de cosoberanía que éste defiende, lejos de ser un movimiento de moderación nacionalista, es exactamente la piedra angular del sistema confederal que propone el Plan Ibarretxe, tan vivo y activo como antes de las elecciones autonómicas vascas.

La negativa del socialismo vasco a secundar las mociones de censura del PNV en las instituciones alavesas, aun siendo una decisión plenamente acertada, no implica una posición definitiva ante futuros envites nacionalistas al Gobierno foral y al Ayuntamiento de Vitoria, como bien se encargó de aclarar Javier Rojo, quien propuso unos excéntricos gobiernos de concentración en Álava. De una manera u otra, el PSOE, con Rodríguez Zapatero a la cabeza, no oculta que quiere llegar a acuerdos con el PNV y reclutar al País Vasco para el proceso de convergencia entre socialismo y nacionalismo ya emprendido en Cataluña y Galicia, para terminar de forzar el aislamiento del PP y el cambio del modelo de Estado. Cuestión distinta es que en el País Vasco el socialismo no es decisivo ni necesario para los planes nacionalistas.

Obviamente, el presidente del Gobierno puede buscar las alianzas políticas que considere pertinentes. Pero en relación con el País Vasco, las necesidades políticas de su Gobierno no son más importantes que las exigencias democráticas y éticas que debería dirigir al lendakari Ibarretxe, sin olvidar que firmó con el PP un Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo en el que se establecen unas condiciones concretas para cooperar políticamente con el PNV. Condiciones que no se han cumplido, porque el nacionalismo vasco sigue aplicando el acuerdo soberanista que en 1998 suscribió con ETA y la izquierda abertzale.

Nacionalismo catalán contra los servicios públicos nacionales
Elsemanaldigital.com  7 Septiembre 2005

Con Endesa está en juego el interés de los consumidores. Una empresa pública en manos de Maragall y Carod-Rovira no sería una buena noticia para los españoles.

7 de septiembre de 2005. Gas Natural ha presentado una Oferta Publica de Adquisición de acciones de la eléctrica Endesa. Esta operación bursátil ha sido considerada hostil por la compañía afectada, y en los próximos meses se dirimirá una importante batalla económica. La empresa resultante, en caso de llegar a buen puerto el proyecto, dominaría en España el mercado de la energía, con el control de la distribución de petróleos, de electricidad y de gas natural.

En teoría, es un simple resultado de la libre empresa, ya que dos sociedades privadas de suministro de energía, en régimen de libre competencia, estarían dirimiendo una cuestión puramente empresarial. El Estado ha creado, durante los años de mayoría del Partido Popular, algunas de las condiciones para un mercado libre de la energía, que tiene sus ventajas además de algunos inconvenientes.

Pero, en la práctica, lo que está sucediendo es lo contrario. Endesa, bien o mal privatizada en las manos expertas de Rodolfo Martín Villa, dejó de ser pública, y aunque Caja Madrid es su accionista de referencia funciona con un criterio de rentabilidad propio de una economía libre. Falta competencia, pero eso no es culpa de Endesa. Ahora bien, Gas Natural, que tiene una posición dominante en toda España en su propio sector, está controlada por La Caixa, y forma parte de un creciente sector semipúblico dirigido por la Generalitat de Cataluña.

Así que, en términos económicos, lo que está sucediendo es un intento de ampliación del sector público –catalán- a costa de una empresa privatizada por el sector público –nacional-. La Caixa, que responde a claras indicaciones políticas, trata de asegurar a la Generalitat un monopolio fáctico en un sector estratégico. Económicamente no se advierte ni la conveniencia ni la racionalidad de la medida, sobre todo cuando el precio ofrecido por cada acción es inferior a su valor estimado.

La operación es política y debe juzgarse políticamente. La Generalitat actúa como si se tratase de un Estado, y además trata de establecer una política económica diferente a la del resto de España. Cuando todos privatizan, Maragall nacionaliza. Lo quiere hacer, además, a bajo precio, en un sector estratégico y obteniendo un poder directo no ya sobre la energía de Cataluña, sino sobre la de toda España. Además, con dinero de los ahorradores de toda España.

Si el tripartito catalán se lanza a esta aventura es porque sus representantes en Madrid controlan bien los puntos débiles del Gobierno Zapatero. Esta operación, más que de La Caixa y Gas Natural, es del PSC, y esto debe tenerse en cuenta a la hora de valorar, si no su legalidad, sí su legitimidad.

Mariano Rajoy ha recordado algo que el PSOE parece haber olvidado: que lo que está en juego es el interés de los consumidores. El mercado de la energía afecta a todos los ciudadanos y a todas las actividades; un régimen de monopolio en él es peligroso económicamente y también políticamente, porque implica una posición de poder. Las liberalizaciones en sido en buena parte y pueden ser en otra aún mayor buenas para los consumidores, y crear una gigantesca empresa pública no parece la mejor solución. Si además está controlada por personas y partidos para los que España y los españoles no son la prioridad, tenemos un grave problema político, y no económico.

¿Y si no fuéramos federalistas?
NTONIO PAPELL El Correo 7 Septiembre 2005

Una reciente encuesta aseguraba que el Gobierno ha salido airoso de todos los problemas de las últimas semanas, con una sola excepción: a juicio de un segmento claramente mayoritario de la opinión pública, resolvió con soltura el vidrioso 'caso Roquetas', en que murió un ciudadano en el cuartel de la Guardia Civil; la tragedia con catorce soldados muertos de Afganistán; el incidente de Melilla con un subsahariano extrañamente fallecido...; tan sólo falló estrepitosamente en el episodio del incendio de Guadalajara, en el que perdieron la vida once miembros de un retén. En este asunto, el Ejecutivo habría dado pruebas flagrantes de descoordinación y falta de iniciativa, y su actuación puso de manifiesto la insuficiencia de medios y dispositivos en la lucha contra incendios.

Sucede sin embargo que la lucha contra incendios no es competencia estatal: está íntegramente transferida a las comunidades autónomas, aunque el Ministerio de Medio Ambiente mantenga varias docenas de aviones operativos que son utilizados sólo a demanda de los gobiernos autonómicos en las tareas de extinción. En consecuencia, el dedo de la opinión pública debió señalar, si había que buscar responsabilidades en aquel drama, a la comunidad de Castilla-La Mancha y no al Gobierno central. Este desenfoque no es un hecho aislado: cuando sucede cualquier adversidad especialmente grave, las miradas inquisitivas de la ciudadanía en demanda de auxilio siempre se dirigen al Gobierno de la nación, con independencia de que el Estado conserve o no la competencia en la materia de que se trate. La lógica del Estado de las Autonomías, que es cuasi federal, no ha llegado a impregnar todavía a este país. Al menos, no en este sentido.

La catástrofe provocada por el huracán 'Katrina' en tres Estados sureños de Estados Unidos, con epicentro en Nueva Orleans, ha reflejado con gran crudeza los inconvenientes que plantea un verdadero Estado federal (que sin embargo, y no cabe ocultarlo, presenta asimismo grandes ventajas de otra índole): las autoridades federales, al frente de un aparato administrativo muy exiguo, disponen de escasos medios materiales, humanos y financieros para hacer frente a situaciones excepcionales en un lugar concreto de su territorio. Es curioso conocer que el Gobierno federal americano, al acudir -tardíamente- en socorro de las víctimas de la Louisiana, ha tenido que solicitar a la gobernadora del Estado permiso para asumir determinadas competencias, permiso que, por cierto, no les ha sido concedido en la mayoría de los casos. Finalmente, el grueso del salvamento ha corrido a cargo no de instituciones centrales de protección civil, que no existen, sino de la Guardia Nacional, que es un cuerpo militar federal.

Aquí, en nuestro país, probablemente por la influencia perversa de las ideologías nacionalistas, hemos mitificado el federalismo -y aún el confederalismo-, que sería el compendio de la máxima eficacia. Y no hemos ponderado sus inconvenientes, que aparecen cuando -como en Guadalajara- una administración autonómica da pruebas de insolvencia o necesita ocasionalmente el socorro estatal, que no está previsto y no tiene por qué existir.

Los mencionados son, evidentemente, unos ejemplos concretos, que sin embargo admiten una cierta generalización y deberían promover cierta reflexión. Andrés Ortega, en artículo reciente, nos recordaba que la Administración Central española gestiona, descontando la Seguridad Social, el 19,7% del gasto público, cuando este porcentaje era del 53% hace veinte años. Evidentemente, este vaciamiento del Estado, que potencia a las comunidades autónomas, no es inocuo: si optamos por este modelo, como irremisiblemente hemos optado ya, no tendrá sentido que, en momentos de emergencia, pidamos cobijo paternal y socorro urgente a unas instituciones que voluntariamente hemos desmantelado.

Quizá no se ha promovido suficientemente esta reflexión hasta ahora; quizá hayamos creído en algún momento que la construcción de un Estado autonómico -federal, aunque el concepto no sea del todo propio- no nos privaría de las ventajas del centralismo, que también las tiene (de hecho, la centralización ha sido históricamente el principal factor de modernización de los grandes Estados europeos durante los siglos XVIII y XIX). Pero no es así: hemos tenido que optar y lo hemos hecho. Por lo que, cuando sobrevengan las crisis, deberemos exigir soluciones a las instituciones adecuadas, más cercanas pero también menos dotadas que el viejo 'padre Estado'.

Quizá, en el fondo, no éramos tan federalistas. Pero ya es tarde. Podemos -si queremos- no ir más allá en el proceso descentralizador pero difícilmente sería digerible una involución del proceso. Por consiguiente, no tenemos más remedio que asimilar, racionalizar e interiorizar lo que tenemos, asumiendo su traicionera ambivalencia.

Cataluña, hostil
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 7 Septiembre 2005

Si para Lennin la fórmula del nuevo Estado fue «electrificación más soviets», para Montilla es «energía más Estatuto».

Quiero decir que la Opa hostil de la Caixa a Endesa no es un mero asunto económico como dicen los socialistas, ni hay que reducirlo a las consecuencias perjudiciales que pudiera tener para los consumidores, como señalan los liberales. Es una apuesta de las fuerzas políticas y económicas catalanas en la perspectiva de su nueva definición «territorial». De la independencia, para algunas.

No es una operación «sospechosa» como ha dicho Zaplana. Es muy clara. Deslumbradora. A no ser para los voluntariamente ciegos. Y bien madurada. Ahora se dan cuenta algunos de la misión que tenía Montilla al venir a Madrid. Por fin lo descubren. Y ahora entienden las razones de algunos de los nombramientos que había hecho: las piezas necesarias. Por esa razón, Rubalcaba se siente seguro al decir que deberán ser las autoridades económicas las que tendrán que decidir respecto a la corrección de la operación.

Los nacionalistas catalanes vienen trabajando desde hace muchos años en el proyecto. A los políticos que se toma por españolistas les venimos pinchando como a los bueyes respecto a las intenciones de aquellos. Han tardado años en darse cuenta de que el proyecto nacionalista no era simplemente un recurso para ganar votos y ganar el poder (que también), sino que entraña toda una concepción de la nación catalana y que todo se organiza en ese sentido.

Por fin, ya hablan del desguace del Estado; ya reconocen que estamos ante el descuartizamiento de España. Su dureza de mollera ha sido tal que algunos nos hemos tenido que dedicar a recordar la cuestión hasta el aburrimiento y, por fin, se van enterando pero su toma de conciencia siempre va con retraso. Como digo: a paso de bueyes.

Economicistas, creían que los nacionalistas son como ellos y que no tienen una concepción propia de la sociedad. Ahora pueden comprobar que la lucha por ésta no impide que al tiempo quieren volver a vivir a costa del resto de España como en los mejores tiempos del proteccionismo.

La fagocitación de Endesa es un desafío a la altura del nuevo Estatuto y del proyecto nacional catalán. Las respuestas que podrían esperarse de Madrid (del Banco de España, por ejemplo) deberían responder a una ambición nacional.

Contradicciones
Aurelio Sáenz de Buruaga/Vitoria-Gasteiz Cartas al Director El Correo 7 Septiembre 2005

No es posible comprender cómo Ibarretxe y su Gobierno nos repiten una y otra vez que «los vascos tenemos el derecho de decidir nuestro futuro». Esta afirmación, tendente a crear falsas expectativas, además de ser utópica e irreal su puesta en vigor, puede crear grandes frustraciones en muchos vascos que den por buena tal consigna. Cierto es que esa frustración extiende tierra abonada para ese victimismo que tan buenos resultados le ha dado al nacionalismo, aunque haya caído en desuso con el tiempo. Si se considera que los vascos tenemos el derecho a decidir solicitemos a la ciudadanía vasca información para ver si desea reducir los impuestos, o que desde Europa no nos retiren ni un ápice de los fondos de cohesión, o que se autorice a los pesqueros vascos faenar sin limitaciones en todos los mares, o que se reduzca el Cupo al Estado a la mitad. Si a estas preguntas se respondiese afirmativamente -que podía darse- ¿decidiríamos los vascos?

Ibarretxe sabe que Euskadi no puede vulnerar las competencias que tiene España sobre esta comunidad, como tampoco España puede vulnerar las de la UE, ni Europa las de la ONU. Pero lo más contradictorio es que mientras se proclama a los cuatro vientos el derecho a decidir de los vascos, el señor Ibarretxe y su Gobierno emplean toda su maquinaria de poder para lograr la independencia, cuando en reiteradas encuestas la mayoría de la ciudadanía vasca ha dicho que no la desea. ¿Por qué en este caso se hace oídos sordos a la voluntad mayoritaria de los vascos? Lo que Aznar hizo en Irak al hacer caso omiso a la mayoría de los españoles produjo su derrocamiento. Señor Ibarretxe, cuando las barbas del vecino veas pelar... La gran mayoría de los vascos deseamos vivir en hermandad, armonía y solidaridad con todas las comunidades de España, Europa y el mundo, y respetar las leyes que nos hemos dado. A eso se le llama democracia; lo contrario es dictadura. El tan cacareado conflicto vasco no llega de fuera, lo creamos los propios vascos. Parece que para algunos, Euskadi es su geografía, no sus ciudadanos. ¿Qué pena!
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