AGLI

Recortes de Prensa    Jueves 8 Septiembre 2005
Con Ibarretxe, sí
Editorial ABC 8 Septiembre 2005

Provincianos perspicaces
Editorial ABC 8 Septiembre 2005

Un pelín embarazada
AD LIBITUM M. MARTÍN FERRAND ABC 8 Septiembre 2005

Política contra la nación
IGNACIO SÁNCHEZ-CÁMARA ABC 8 Septiembre 2005

La rectificación de las autonomías
José Javier Esparza elsemanaldigital 8 Septiembre 2005

ZP pacta a oscuras con el PNV
EDITORIAL Libertad Digital 8 Septiembre 2005

Zapatero se rinde a Ibarretxe
Editorial Elsemanaldigital  8 Septiembre 2005

Cortina de humo
Ignacio Villa Libertad Digital 8 Septiembre 2005

La balanza invisible
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 8 Septiembre 2005

Es la Ley, estúpidas
GEES Libertad Digital 8 Septiembre 2005

El negocio de las pistolas
Isabel Durán Libertad Digital 8 Septiembre 2005

El cuento catalán
Jorge Vilches Libertad Digital 8 Septiembre 2005

Ibarra vuelve a la carga y compara a los nacionalistas periféricos con los terroristas
E. L. Palomera La Razón 8 Septiembre 2005

Aznar denuncia que existe un riesgo de «balcanización» territorial de España
COLPISA/BUENOS AIRES El Correo 8 Septiembre 2005

De Palacio: "Hay que estar muy cegato para no ver el componente político en la OPA de Gas Natural"
Libertad Digital 8 Septiembre 2005

 

Con Ibarretxe, sí
Editorial ABC 8 Septiembre 2005

LA reunión que ayer mantuvieron en La Moncloa Rodríguez Zapatero e Ibarretxe demuestra que sus respectivos gobiernos están pendientes de intereses complejos que responden a estrategias diferentes, pero que en algún momento pueden acabar convergiendo en un nuevo pacto político. Desde luego, el Gobierno central ha confirmado que no existen reparos para entenderse con el Ejecutivo nacionalista. Si, según el ministro de Administraciones Públicas, ambos gobernantes mostraron «identidad de puntos de vista sobre el final de la violencia», el nivel de desmantelamiento del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo es más grave de lo que se temía. Ibarretxe ya sabe que está exento de cualquier coste político por pactar con el PCTV, para tres de cuyos dirigentes el juez Marlaska ordenó ayer prisión eludible bajo fianza, medida que deja en evidencia la figura del fiscal general del Estado, Conde-Pumpido. En el fondo, la historia se repite y los intentos legítimos de Zapatero de liderar un proceso de paz tratarán de ser utilizados a conveniencia por el nacionalismo vasco, que hará todo lo posible por aprovechar el nuevo escenario. El acercamiento PNV-PSOE se produce en un momento en que ETA, como informamos hoy, ha transmitido ya a Batasuna que ve abierto el cauce de negociación con el Gobierno. Ello significa que el nacionalismo vasco, consciente de la trascendencia de los movimientos que se avecinan, no se va a resignar a jugar un papel secundario en la mesa de partidos que debe tratar la autodeterminación, pues le va en ello, no se olvide, su hegemonía y poder.

Tras la reunión de ayer, sólo resta saber -por lo novedoso que resulta- en qué coinciden sobre ETA Rodríguez Zapatero e Ibarretxe, cuyo Gobierno no hace ni dos años se querelló contra el juez Garzón por prevaricación y denunció a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la Ley de Partidos Políticos. En todo caso, los resultados del encuentro de ayer tienen la escenografía que querían dos políticos avezados en el arte de la apariencia, como son Zapatero e Ibarretxe. Nada más fácil que pactar con los nacionalistas cuando se les da lo que piden. Por eso, lo menos relevante es que estén cerca los acuerdos sobre el cupo vasco, las indemnizaciones por el «Prestige» y la ampliación de la Ertzaintza. En 2002, el Gobierno de Aznar dio al Concierto Vasco carácter indefinido -la máxima garantía de estabilidad para el sistema financiero vasco- y el nacionalismo no modificó ni una coma de su plan soberanista.

La reunión de ayer se enmarca en un escenario en el que el PNV intenta a toda costa evitar una pinza PSOE-Batasuna a cuenta del supuesto proceso de paz, y el PSOE no quiere que el PNV le estropee sus diseños sobre el «final dialogado» con ETA. Entre medias, los próximos presupuestos del Estado y del País Vasco pueden ser una coyuntura propicia para forzar aún más la apariencia de una normalidad institucional que no puede existir mientras el Gobierno nacionalista de Vitoria se apoye en la izquierda proetarra y su programa político para la sociedad vasca sea una propuesta secesionista.

Sin embargo, Rodríguez Zapatero corre el riesgo de cruzar líneas rojas que su partido, o una parte importante del mismo, puede no estar dispuesto a traspasar. Nuevamente ha sido el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien las ha trazado en un discurso institucional cuya dureza contra los nacionalismos periféricos supera sus marcas anteriores. Aunque Rodríguez Ibarra no se emplea de igual manera en las reuniones de su partido, ayer fijó una posición sobre la cuestión nacional y el terrorismo que no es la del Gobierno central, al hacer un balance demoledor de la generosidad con que la Transición trató a los terroristas, con la amnistía de 1977, y a los nacionalismos. Un aviso a la política actual de Zapatero. El grosor de las palabras de Rodríguez Ibarra -quien afirma que «los etarras aceptaron la amnistía de la democracia ocultando su futuro criminal y algunos dirigentes territoriales aceptaron la Constitución ocultando su futuro secesionista»- no se debería despachar alegremente desde La Moncloa y el PSOE, ni descalificarlo por lo que suponga de coincidencia con el PP. El número de los discrepantes con la idea de la España plurinacional aumenta dentro del PSOE, porque ven en esa denominación oportunista y falaz una puesta en práctica de la desigualdad entre ciudadanos y de la insolidaridad entre regiones. Por ahora, no es Rajoy con quien Zapatero quiere alcanzar acuerdos sobre España y el terrorismo, sino con esos nacionalistas que, según Ibarra, fueron desleales. Así que, a la hora de exigir responsabilidades, el presidente extremeño sabe muy bien a quién tiene que dirigirse.

Provincianos perspicaces
Editorial ABC 8 Septiembre 2005

EL portavoz socialista en el Parlamento nacional, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha calificado de «disparate» la pretensión de hacer una lectura política de la opa de Gas Natural sobre Endesa y de «provincianos» a quienes se atrevan a hacerla, y es que en este país aún quedan provincianos suspicaces. La gente ve que vascos y catalanes arrecian con sus demandas autonomistas o separatistas, esgrimen balanzas fiscales para justificar mejoras en su financiación, tachan a los menos ricos de subsidiados cuando no de perezosos, presionan y chantajean descaradamente al Estado, y paralelamente ven cómo los centros de decisión económica de los sectores estratégicos nacionales -y de los menos estratégicos- se desplazan hacia el norte y noreste y se ponen bajo la autoridad de otros provincianos de aquellas provincias. Entonces suman dos más dos y se malician que aquí hay gato político encerrado. Pero son estúpidos recelos de provincianos suspicaces. Se engañan. Simples e injustificados recelos. Nada significa que la sede de la Comisión de Telecomunicaciones y la de Auna se trasladaran a Barcelona, o que gran parte de los centros neurálgicos de Endesa estén ya en Cataluña.

Es una ilusión óptica que el ministro Montilla sea catalán antes que ministro de España, y, más increíble aún, que Piqué sea de su tierra antes que de su partido nacional. Puro espejismo, ilusión de los sentidos es que los gobiernos autonómicos de Cataluña y el País Vasco hayan configurado sus propios sectores financiero, energético y de telecomunicaciones, precisamente en un momento en que algunos pretenden desengancharse un poco más. Se quieren ir, pero llevándose algún mueble. La jirafa tendrá sus patas y su estómago bien asentados en su corralito, pero podrá comer lejos si utiliza hábilmente su largo cuello. Y les dicen a los críticos: sois unos catetos que no entendéis que la globalización es buena o mala según interese, la deslocalización existe o no según convenga y el «efecto sede» es provinciano sólo si lo invocan otros. Ya es mala suerte que haya coincidido la operación empresarial con el desmadre estatutario y que parezca un oportuno engrase, lo que ha hecho entrar en resonancia lo político con lo económico. Eso puede haber confundido a los provincianos. Porque en todo, ¡cómo van a existir influencias de los aliados políticos, ni de los gobiernos autonómicos, ni de cajas de ahorros politizadas y dirigidas por los partidos políticos! Se trata -proclaman con descaro- de una pura estrategia empresarial encaminada a servir a los usuarios y a competir a nivel internacional. ¿Pensarán que los provincianos son más tontos que escépticos?

Endesa se ha puesto a tiro, pasaba por allí. De las varias fórmulas para concentrar el sector, ésta va a resultar la más oportuna y practicable. Una toma de control con desmembración incluida de una empresa sin arraigo regionalista ni pedigrí autonómico. Fundada en 1944 con ínfulas autárquicas, objetivos desarrollistas, exigencias sociales nacionalsindicalistas, luego privatizada por tandas a la vez que iba engullendo a otras del sector. Empresa de generación con posición privilegiada, «nos está comprando con nuestro dinero», decían las «opadas», las «absorbidas» entonces, las «privadas» desde siempre, y Endesa ya fue empresa de ciclo completo con distribución y clientes, antes «abonados». Trazó su ruta con los socialistas y Feliciano Fuster, y en julio de 1999, la matriz consuma la fusión por absorción de las participadas, con Rodolfo Martín Villa y los «populares». Endesa, reducida a sus siglas por no aparecer ya como «Empresa Nacional» de origen ponferradino, intentando un difícil equilibrio -se ve que fracasado- con los gobiernos regionales de sus zonas de influencia, practicando con los catalanes un intenso apaciguamiento trufado de concesiones que facilitará ahora la inmersión.

¿Para qué concentrar el sector? ¿Para qué ser más grande? Nadie puede apostar por significativas mejoras en las principales partidas de coste. Ni los combustibles, ni los financieros ni la masa salarial tienen por qué disminuir, salvo prejubilaciones en masa y traslado de costes a la Seguridad Social. El gas para los ciclos combinados no será más barato, ni la comercialización conjunta de los productos finales tiene por qué obtener alguna sinergia. En todo caso, la dimensión no es un factor de competitividad determinante. Y si hay menos protagonistas en el sector, es difícil confiar en que haya una mayor competencia que presione los costes a la baja. Eso sí, ser más grande es hacer más difícil el bocado de otros peces, tener más poder, más clientelismo, más influencia, más resistencia a la caída por el anclaje de un ingente cash flow y por el temor colectivo al derrumbe: «Too big to fall». Hermoso panorama para visionarios, gestores, ejecutivos y otros agentes del «establishment», pero nada sugerente para pacientes consumidores, accionistas y trabajadores. La historia nos lo enseña. Nos alecciona con los resultados de nuestros grandes «campeones» empresariales en países de alto riesgo, ¿dónde si no? Lo demás es retórica o propaganda.

Este asunto electrizante, antes y ahora, con unos y con otros, si es algo, es político, pero no de izquierdas o de derechas, de democracia o de autoritarismo, sino de esta España plural, de ese eje territorial que orienta toda la acción política y la distribución del poder. Para algunos sistemas eléctricos o gasísticos el camino de lo público a lo privado, de lo regional a lo nacional, con idas y venidas incluidas, no parece haber terminado, y cualquiera sabe dónde acabarán los negocios de la antigua Sevillana o de la aragonesa ERZ. Quizá en Iberdrola.

Mucho me temo que la suerte esté echada y que todo «esté hablado». Ahora sí se dan las condiciones objetivas en tiempo, forma y compensaciones, y Endesa es el cadáver perfecto. De aquí a abril hay mucho tiempo y dinero para la persuasión, para el aburrimiento y el olvido. Mejorarán el ridículo precio ofrecido en esta opa seminal, y de «hostil» se transformará en «amistosa» porque es la costumbre en un país como el nuestro, más propenso a la complicidad que a la denuncia. Nunca tuvimos muchas opas hostiles, y menos ahora, en la época del talante. Los afectados -individuos, gobiernos e instituciones- sólo desean poder exhibir algún «tanto» y salvar la cara, y para eso hay suficiente «know how» propagandístico y recursos en abundancia. Pero resulta imposible ocultar quiénes son los tripartitos ganadores. Todavía quedan, para descubrirlos, algunos suspicaces provincianos.

Un pelín embarazada
AD LIBITUM M. MARTÍN FERRAND ABC 8 Septiembre 2005

QUIZÁS no sea casualidad que, al tiempo que en Madrid se repone, en el teatro Príncipe, Tres sombreros de copa, en Barcelona el Govern se sienta avalado en su iniciativa de reforma estatutaria por el Consell Ejecutiu. Es el espectacular éxito del teatro del absurdo. Del mismo modo que Miguel Mihura se anticipó con su comedia a lo que, mucho después, sería la moda escénica europea, desde Ionesco a Beckett, Joan Saura, una de las patas del taburete catalán, ha dicho sin inmutarse, como explotando al máximo su gesto de Buster Keaton, que «los grandes conceptos que durante un año han sido objeto de debate han sido validados por el Consultiu».

El gran argumento que ahora predica el Govern, cuya lógica no es exactamente aristotélica, es que de un total de 218 artículos y 20 disposiciones los juristas del Consultiu sólo han encontrado 19 artículos inconstitucionales y una treintena más de discutible constitucionalidad. Poca cosa si trasladamos las razones a porcentajes. Podría aprovecharse la singular circunstancia para que el propio Saura, junto con el portavoz Joaquim Nadal y el conseller primer, Josep Bargalló, cantaran a trío, en catalán o en castellano, la vieja ranchera mexicana según la cual «el día en que la mataron,/ Rosita estaba de suerte:/ de diez tiros que la dieron,/ no más uno era de muerte».

En los territorios de la política, todas las iniciativas innecesarias tienden a convertirse en peligrosas, y por ahí van las cosas en Cataluña. Ni la sociedad catalana ni, mucho menos, el sentido común demandaban un cambio estatutario como el que se plantea. La gente, no sé si para bien o para mal, concentra su atención en lo que directamente le afecta y le interesa, lo cotidiano y tangible, y no son ésos los tiros de un Estatut cuya revisión sólo tiene una razón de ser, servir de argamasa para poder unir las tres piezas que integran un Govern que, salvo por la necesidad de uno y la ambición de otro, no tendría razón de ser en los territorios de la normalidad política.

En cuestiones de principios, y pocas de tal naturaleza como los supuestos constitucionales, todo se hace cualitativo. Lo cuantitativo carece de relevancia. Sea Cataluña una nación o no lo sea, que ésa no es la enjundia del debate, no parece sensato admitir eso de «pelillos a la mar» con que el Govern valora el dictamen, no vinculante, del Consultiu. Menos aún si, desde su burladero distante de las instituciones, Josep Lluís Carod-Rovira -¡qué desfachatez!- es capaz de decir que si el Estatut no se ajusta a la Constitución habrá que cambiar la Constitución, no el Estatut. El Govern no puede decir ahora, como una jovencita en apuros que quiere salvar la cara, que está «un pelín embarazada». Eso no vale. Se está o no embarazado como se tiene, o no, respeto constitucional. Sin muchos matices.

Política contra la nación
Por IGNACIO SÁNCHEZ-CÁMARA ABC 8 Septiembre 2005

El Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña, que no es el Tribunal Constitucional, ha encontrado, al menos en diecinueve artículos del proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, elementos de inconstitucionalidad. Cabe conjeturar que puedan ser algunos más. Sin embargo, el Gobierno de España considera que es un buen punto de partida. Podemos imaginar cómo será la llegada. El Ejecutivo considera que un texto con al menos diecinueve artículos inconstitucionales constituye un buen punto de partida. Bueno, ¿para qué? ¡Cómo serán los malos puntos de partida! Mientras tanto, sus socios nacionalistas, si es que el PSC no es también nacionalista, no están dispuestos a pararse ante los límites de la Constitución. Se puede entender la política como arte que busca el interés general o como estrategia para mantenerse en el poder. En ocasiones lo primero puede ser un buen camino para lo segundo. Así, lo que muchos políticos no hacen por convicción, al menos lo hacen por interés. Pero hay casos en los que la permanencia en el poder requiere atentar contra el interés general. Al menos, en el corto plazo. A la larga, sólo espera el fracaso. Lo malo es que el mal producido puede ser ya muy grande y de muy difícil reparación..

Hay decisiones en la política del actual Gobierno que parecen ir presididas por la voluntad de atentar contra los intereses de la Nación, como consecuencia de los apoyos necesarios para permanecer en el poder. Un Ejecutivo que se sustenta en los apoyos de partidos separatistas no puede gobernar en favor del interés nacional. De momento, pone el límite en la Constitución, aunque sea forzando no poco su letra y su espíritu. Pero no todo lo que no es inconstitucional es bueno o es lo mejor. No toda concesión al nacionalismo ni toda política de transferencias es, de suyo, buena. Por lo demás, existen competencias que la Constitución atribuye en exclusiva al Estado. El Gobierno socialista parece más preocupado por su precaria supervivencia, sometiéndose a las oligarquías nacionalistas, que por la defensa de los intereses de la mayoría de los ciudadanos, especialmente de los más necesitados.

Por lo demás, los Estatutos no son asuntos privativos de las regiones y nacionalidades, sino que forman parte del ordenamiento jurídico español, derivado de la soberanía nacional que reside en el pueblo español. Si las institucionales regionales pueden elaborar nuevos Estatutos de Autonomía es porque así lo permite la Constitución y dentro de los límites que ella establece. El poder del tripartito deriva de la Constitución y de la soberanía nacional, no de una inexistente ciudadanía catalana. Lo mismo cabe decir del resto de los gobiernos autonómicos. Toda esta política artificial ya cansa. Hay como un infantilismo que impera en nuestra vida política, más preocupada por las palabras y los gestos que por la solución de los problemas de los ciudadanos. Es como si volviéramos a los viejos tiempos del divorcio entre la política oficial y la realidad nacional.

La rectificación de las autonomías
José Javier Esparza elsemanaldigital 8 Septiembre 2005

Hay en estos meses, en España, un runrún de fondo que la actualidad oficial intenta silenciar, pero que todos escuchamos: es necesario rectificar el Estado de las Autonomías. Se habla de multiplicación del gasto, de fragmentación del Estado, de desvanecimiento de la identidad nacional, incluso se habla de "nuevo caciquismo" en torno a las administraciones autonómicas. A quienes dijimos esas cosas (exactamente las mismas) hace diez años, se nos motejó de franquistas y fascistas, esas corozas de la nueva inquisición. Curiosamente, entre los heterodoxos de hogaño hallamos a no pocos inquisidores de antaño. La vida es una rueda –dentada.

Hoy tenemos tantas razones como ayer para denunciar el callejón sin salida del Estado de las Autonomías. Los flagrantes ejemplos de descoordinación a la hora de apagar incendios o de decretar alertas sanitarias, tal y como se han manifestado este verano, han sido elocuentes, pero no son los más importantes: habría que hablar de la minuciosa y tenaz tarea de destrucción de la identidad española sostenida desde hace un cuarto de siglo a través de la educación y de la cultura, y ello tanto con las derechas como con las izquierdas. Es ahí donde nacen los verdaderos problemas.

En realidad, la cuestión no tendría que ofrecer grandes obstáculos técnicos. Para que la descentralización no signifique fragmentación, es preciso que al menos una instancia se encargue de dar cohesión al conjunto. Llamémoslo "coordinación". Sobre el papel, esa instancia reposa en la Administración General del Estado. Claro que, para que la coordinación funcione, ha de otorgarse al coordinador suficiente autoridad; porque si nadie hace caso al coordinador, el ridículo se multiplica.

Esto no es una cuestión ideológica: es, simplemente, una cuestión de eficacia en el servicio a los ciudadanos. Lo realmente grave es que hoy, en España, plantear un criterio de eficacia se ha convertido en una toma de posición ideológica y, lo que aún es más grave, en una posición disidente, heterodoxa, incluso peligrosa, pues parece ir contra el propio sistema. Todo cuanto sea hablar de descentralización y autogobierno, es bueno; todo cuanto sea hablar de coordinación y, sencillamente, gobierno, es malo.

Por motivos que sería largo explicar, el "horizonte autonómico" no funciona entre nosotros como algo que es posible alcanzar de una vez para siempre, sino como una tendencia infinita, un camino que nunca puede agotarse. Ahora bien, un proceso de descentralización infinito equivale a un proceso de fragmentación consumado. Y ésa va siendo nuestra situación.

La clase política, en general, prefiere no entrar en estas cuestiones. Pecado de pereza. En vez de afrontar el problema vertebral de la nación, opta por las florituras verbales. Por ejemplo, cuando Zapatero habla de "profundizar en el autogobierno". La frase queda bien en los titulares. Hasta que uno repara en el significado de "profundizar": cavar en un hoyo para hacerlo más hondo. O sea, hacia abajo.

ZP pacta a oscuras con el PNV
EDITORIAL Libertad Digital 8 Septiembre 2005

Mientras Zapatero dialogó el pasado lunes con Rajoy para ofrecerle “dialogar de forma permanente sobre el diálogo”, el presidente de Gobierno ha ofrecido este miércoles a Ibarretxe concesiones lo suficientemente sustanciosas como para que los nacionalistas vascos se sumen a los independentistas catalanes en su apoyo al Ejecutivo socialista y a sus próximos Presupuestos.

La rotunda y premeditada negativa del presidente del gobierno a llegar acuerdos de Estado con el PP, inherente a esa engañosa y vacua “oferta permanente de diálogo”, se ve hoy todavía más en evidencia con la concreción de los acuerdos ofrecidos por ZP al Ejecutivo vasco, tales como la “compensación” por los gastos ocasionados del Prestige, la ampliación de la Ertzaintza o el acuerdo que ambos desperan alcanzar en los próximos días en torno al “cupo”.

¿Cómo iba ZP a aceptar el lunes la oferta del Rajoy de volver al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, por ejemplo, si la intención del presidente era ampliar sus alianzas parlamentarias, dos días después, a los independentistas vascos?

Tan relevante, sin embargo, como comparar la fructifera enjundia del diálogo de ZP con los independentistas vascos y catalanes, frente a la tomadura de pelo que supone la oferta de diálogo presidencial cuando se dirige al PP, es señalar el apagón informativo que, en buena parte, ha rodeado la reunión de este miércoles; todo con el objetivo de dar una imagen de recibo y de normalidad a los acuerdos alcanzados con el PNV.

Así, por parte del Ejecutivo vasco no ha comparecido nadie ante los medios de comunicación, mientras que el único que lo ha hecho por parte del Gobierno ha sido el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Con ello se ha pretendido fortalecer la imagen de que lo tratado han sido meras cuestiones técnicas y negociaciones lógicas y legítimas entre un gobierno autonómico y uno central.

Sin embargo, quien acudía hoy al encuentro del presidente del gobierno de la nación no era el presidente de un gobierno autonómico leal con las reglas de juego constitucional, sino el máximo representante de uno que ya ha vulnerado la legalidad vigente, financiando y dando representatividad política a formaciones pro terroristas proscritas por la ley, y que no ha renunciado –todo lo contrario- a acabar con el Estatuto de Guernica para sustituirlo, al margen de la Constitución, por el plan soberanista que lleva su nombre.

No se sabe que es peor. Que ambos dirigentes no hayan informado de todas estas cuestiones, o que no las hayan tratado en su reunión en Moncloa. Lo único que sabemos, a través de la vacua comparecencia del ministro de Administraciones Públicas, es que Zapatero e Ibarretxe, además de las transferencias, han tratado “algunos otros asuntos vinculados con la necesidad de que desaparezca la violencia”.

Si el ministro de Administraciones Públicas pretende despachar así un asunto tan grave como es el del terrorismo y –añadimos nosotros- el desafío institucional vigente que supone el Plan Ibarretxe, es que el gobierno de ZP, definitivamente, ha hecho suya la pauta de opacidad que le han recomendado los nacionalistas –incluidos los batasunos- a la hora de tratar el mal llamado “proceso de paz”.

En cualquier caso, es vergonzoso que Ibarretxe, que no ha renunciado a nada –incluida su determinación de incluir a Batasuna en sus próximas rondas de contactos- haya salido de su reunión con el presidente del gobierno, sin que este le haya exigido un compromiso de respeto y acatamiento a la legalidad vigente. En lugar de eso, el lehendakari ha salido con sustanciosas transferencias que, lejos de disuadirle, le van a animar en su pulso al Estado de Derecho.

Y es que Ibarretxe, a diferencia de Rajoy, sí que puede tener una idea de para qué ha sido convocado por el presidente del gobierno.

Zapatero se rinde a Ibarretxe
Editorial Elsemanaldigital  8 Septiembre 2005

Zapatero tiene la obligación de gobernar España en beneficio del pueblo español, pero ha elegido hacerlo con el apoyo de los que niegan la existencia de ese pueblo.

8 de septiembre de 2005. El presidente del Gobierno de España recibió ayer al lendakari vasco. Ibarretxe es el representante ordinario del Estado en la autonomía con más competencias de Europa. Sin embargo, acudió a Madrid a pedir de inmediato más competencias, alcanzando o rebasando los límites estatutarios. Poco importan éstos al autor de un plan que prevé la secesión de su comunidad, ignorando el Estatuto y su origen.

Además, Ibarretxe pidió a Zapatero cosas menos concretas que traspasos o financiación. Esos "otros asuntos vinculados con la necesidad de que desaparezca la violencia" a los que aludió el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en su comparecencia final –los protagonistas rehuyeron a los periodistas- nacen de un hecho singular: el País vasco es la única autonomía europea que hoy tiene su propio grupo terrorista en actividad, y el nacionalismo del que nace ese terrorismo se propone a sí mismo para superar el crimen, a cambio de concesiones más allá de la Constitución.

Ibarretxe mostró ayer en Madrid el eterno rostro del Partido Nacionalista Vasco. Ibarretxe pide dinero, o mejor dicho más autonomía fiscal que en su caso equivale a aportar menos dinero. Pide más atribuciones, lo que puede incluir la gestión de las cárceles, que debería iniciarse con un gesto conciliador de Zapatero hacia ETA relajando la política de firmeza instaurada con éxito por el PP.

Sevilla presentó la entrevista como una búsqueda de apoyos parlamentarios por parte de Zapatero. Hay mucho de esto, porque Zapatero se ha metido en un callejón sin salida con el Estatuto catalán y el PNV podría ser un alivio parcial a sus males. Tal vez esto sea lo esencial para el ministro Sevilla, pero para Ibarretxe es lo de menos. No se discute esencialmente la fórmula de los Presupuestos Generales del Estado sino, desde el punto de vista nacionalista, cuánto va a durar tal Estado.

Pero el atolladero de Zapatero no es solo coyuntural. En el fondo, su promesa de resolver el problema terrorista, que es un problema nacionalista pero que no es un "problema vasco" salvo que se dé por buena la versión de Ibarretxe, le lleva a una situación imposible. Tiene la obligación de gobernar España en beneficio del pueblo español; pero ha elegido hacerlo con el apoyo de los que niegan la existencia de ese pueblo. Sus viejos socios republicanos le han puesto en un grave apuro. Sus nuevos socios del PNV no pueden ser parte de la solución de un problema del que forman parte. Y Zapatero se niega a aceptar el apoyo infinitamente más democrático y sólido que brinda el PP.

Cortina de humo
Ignacio Villa Libertad Digital 8 Septiembre 2005

Una vez más, y ya hemos perdido la cuenta. La Moncloa piensa que los españoles somos tontos. Primero, pretenden hacernos creer que el encuentro entre Zapatero e Ibarretxe ha sido una entrevista más del presidente del Gobierno con un presidente autonómico como si en el País Vasco se viviera en una situación de normalidad. Segundo, precisamente apoyados en esa "normalidad artificial" intoxican diciendo que los dos políticos han abordado cuestiones como el "cupo vasco" o el apoyo a los Presupuesto generales del Estado por parte del PNV.

Puede ser que la actitud "acaramelada" de Zapatero le impida pedir explicaciones a Ibarretxe sobre la falta permanente de libertad de muchos ciudadanos vascos en su tierras. Pero la realidad aparece muy diferente; con toda seguridad lo que ha pasado es que los dos mandatarios han abordado cuestiones de tanta trascendencia referidas a los terroristas de ETA y a su brazo político que han preferido lanzar una cortina de humo. En fin, que en Moncloa busquen la ingenuidad no es nuevo; pero, sin ninguna duda, el verdadero fondo de la entrevista no ha sido la entente PSOE-PNV que ya es una realidad; el verdadero guión del encuentro ha sido el País Vasco y las negociaciones con los terroristas de ETA.

Entre tanta versión oficial y oficialista. ¿Nos podemos salir de la línea oficial? ¿Se puede discrepar de la directriz política de Moncloa? ¿Se mantiene el derecho de analizar políticamente un encuentro que tiene muchos y variados matices? Zapatero e Ibarretxe han intentado despistar. Lo han hecho mostrando tres acuerdos vacíos frente a la falta de entendimiento con el Partido Popular. Además, es evidente que han tenido que avanzar en "acuerdos" sobre soluciones para el País Vasco.
¿Alguien se cree que han hablado dos horas largas exclusivamente sobre el cupo vasco? ¿Alguien se puede creer que el PNV va a apoyar los presupuestos del año próximo sin contrapartidas políticas? Si tanto les gusta que dejen la propaganda para los telediarios y para la prensa amiga; pero a los demás que no nos hagan ponernos en tiempo de saludo. No parece que sea mucho pedir.

ZP-Ibarretxe
La balanza invisible
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 8 Septiembre 2005

Nos hemos acostumbrado a tantas cosas que ya nadie reacciona cuando Rodríguez le pone a Ibarretxe una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el platillo de la balanza invisible. Ha muchos meses que el presidente del gobierno descubrió un atajo hacia la equidistancia: abominar del espíritu de ciertas leyes (como la de partidos) mientras se defiende su existencia nominal. Ni derogarlas ni cumplirlas.

El problema no estriba en los escenarios con los que sueña el lehendakari. Todo el mundo tiene derecho a soñar. Del mismo modo que Philip K. Dick se preguntó ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? dando pie a Blade Runner, podríamos nosotros preguntarnos si sueña el PNV con vascos replicantes. ¿Sueña Ibarretxe con un país de súbditos? ¿Puede alguien soñar, a estas alturas, con reconducir el nacionalismo a la lealtad y a la racionalidad?

Ni las habilidades camaleónicas de Rodríguez, que ya no engañan a Rajoy (No sé para qué me ha llamado) ni los sueños de Ibarretxe (una Heuskal Herría de Piranesi) presentan especial gravedad. Lo grave es que a nadie escandalice la balanza invisible, el instrumento ideal que sostiene las dos banderas a la puerta de la Moncloa, el que permite compensar un peso –la amenaza que sojuzga a los libres– con otro: un surtido de ilegalidades, abusos y renuncias.

La balanza es la aceptación final de que hay un conflicto, de que hay que ceder, dialogar en pie de igualdad, parejamente legitimados. En Palacio lo harán representantes legítimos del pueblo, jefes de dos ejecutivos, pero uno de ellos, ay, ha pedido antes señales de distensión para avanzar en el proceso de pacificación. Reclama beneficios y ventajas para unos terroristas que irán dejando de serlo, ya lo verán, en la percepción general. Si la balanza ha impuesto su fuerza simbólica por encima de las valientes asociaciones –hoy a la greña por razones baladíes que ocultan discrepancias estratégicas–; si el cansancio ha podido con el principal activo moral de la política antiterrorista de la era Aznar; si uno de los dos grandes partidos en los que ETA se cebó ha tendido al verdugo una mano que no es suya sino de la nación, la mano de las Cortes, la del pueblo soberano; si algunos jueces y casi todos los fiscales se apresuran a adecuarse a la nueva atmósfera; si todo eso ha ocurrido, no es extraño que a nadie queden fuerzas para señalar con el dedo la foto del encuentro y denunciar la balanza invisible. En esas cosas se intuye que vamos a perder. Y eso que la guerra estuvo ganada hasta marzo del año pasado. Hasta el día 11 o 14, ahora mismo no me acuerdo.

Negociación con ETA
Es la Ley, estúpidas
GEES Libertad Digital 8 Septiembre 2005

La decisión de la Audiencia Nacional de imputar a varios dirigentes del Partido Comunista de las Tierras Vascas y al propio líder del sindicato pro-batasuno ha levantado la indignación de los líderes políticos de ETA, hasta el punto de lanzar un ultimátum al Presidente del Gobierno de que si en cuatro meses no hay avances darán por finiquitado el incipiente proceso de paz auspiciado por Rodríguez Zapatero.

Los terroristas tienen serias dificultades para entender que es un Estado de Derecho donde reina el imperio de la Ley y en el que funciona, aún con imperfecciones, el Estado de Derecho. Así, aunque el presidente del Gobierno actual muestre una tendencia natural a la claudicación ante los asesinos, eso no incumbe a otros poderes del Estado, como el Poder Judicial, que sitúan el cumplimiento de la Ley por encima del capricho político del Jefe del Ejecutivo.

La Ley se ha convertido así en un serio obstáculo para el proceso de paz que persigue el Presidente. El Gobierno, en tanto que ostenta el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, puede llegar a modular la respuesta policial al terrorismo. Pero es difícil incluso que pueda lograr que la Policía Nacional y aún más, dada la neutralidad política de sus mandos, la Guardia Civil, se abstengan de actuar ante la existencia de un delito de terrorismo en cualquiera de sus formas.

Pero aún mucho más complicado es que el Gobierno pueda influir en las decisiones judiciales más allá de la actuación, o la inhibición, de la Fiscalía. En esta situación cada golpe de la Justicia al entramado terrorista se ha convertido en un mazazo al proceso de paz en el que insensatamente se ha introducido Rodríguez Zapatero.

ETA mientras tanto está aprovechando a fondo el fortalecimiento de su brazo político y el respiro táctico que le permite la actual situación de distensión para recomponer su más que debilitada estructura. Las masivas misivas solicitando el impuesto revolucionario a empresas cada vez más pequeñas en el País Vasco son buena muestra de cual es la verdadera voluntad de paz de ETA. Los terroristas, imbuidos de su mentalidad totalitaria, no ven en las decisiones judiciales más que una sucia traición del Gobierno. Puede incluso llegar el momento en que los pistoleros respondan a estas “provocaciones” del Estado con nuevos atentados, aunque sus representantes políticos sigan lanzando señuelos de paz con el fin de lograr su ansiada relegalización. Alguien debería explicarles que para que un Estado democrático se rinda es necesario, pero no suficiente, la claudicación de un Gobierno.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Entrevista Zapatero-Ibarretxe
El negocio de las pistolas

Isabel Durán Libertad Digital 8 Septiembre 2005

Tanto tiempo hablando de nacionalismo, vasco y catalán, con tantas derivaciones en todos los ámbitos de la política, la economía y en el devenir diario de la vida de los españoles que probablemente olvidemos la verdadera causa, el motor de las reivindicaciones nacionalistas. El nacionalismo es un negocio, el terrorismo de ETA también.

La amenaza, asumida por voluntad propia por Zapatero, de que no se toca ni una coma en el Estatuto de autonomía no es una novedad de Carod Rovira y sus radicales socios socialistas catalanes, es un calco de lo dicho por Garaicoechea y Arzalluz en las negociaciones del Estatuto del 79, a pesar de no ser, ni mucho menos la fuerza mayoritaria en el País Vasco. El estatuto vasco se impuso a tiro limpio. Ahora le toca el turno al catalán de Perpiñán cuyos frutos recogerá el que se escribirá después en batúa.

Ambos estatutos y ambos nacionalismos abogan o se benefician abiertamente de la limpieza étnica, unos con su ejército de terroristas detrás y los otros con el mismo ejército de prestado, comprometido a mirar el mapa a la hora de poner las bombas. Pero que nadie se lleve a engaño. Los dos persiguen el mismo objetivo: repartirse el pastel entre ellos, sin interferencias. Baste el ejemplo del reciente intento de asalto en toda regla a la eléctrica Endesa, pactado por escrito por el Gobierno de Perpiñán con la aquiescencia de Rodríguez Zapatero.

Entretanto, el palacio de La Moncloa ha sido el escenario hoy de la cuarta reunión –que se sepa– entre el presunto presidente de todos los vascos y el ídem de todos los españoles. De ella sólo se filtra lo que interesa: habrá más tela para la autonomía vasca, daremos más dinero para la financiación de una policía autónoma pagada con el dinero de todos nosotros y que no detiene terroristas, abonaremos la factura del Prestige y engrasaremos el cupo. Ni palabra de las concesiones a los etarras. Ese negocio se ventila, pues, de puertas adentro. Pero pronto habrá novedades para satisfacción de nacionalistas y terroristas y desgracia de las víctimas y de todos los españoles de bien.

El cuento catalán
Jorge Vilches Libertad Digital 8 Septiembre 2005

Uno de los problemas de cuestionar los fundamentos y reclamaciones de un nacionalismo étnico es la acusación, inexorable y formularia, que siempre cae encima del osado autor. La imputación es que ese escritor se trata, sin duda, de un instrumento del nacionalismo del Estado opresor. Después le atizan con el análisis psicológico: “no comprende la problemática porque no es de aquí, no es de los nuestros”. Además, hay otra objeción. Hablo del catálogo de ideas y expresiones de lo políticamente correcto. Salirse del paradigma oficial es arriesgarse a escuchar referencias a un dictador contra el que todo el mundo luchó, pero que murió en la cama. O coplas sobre soledades y autoritarismos.

Y muchos escritores y periodistas reproducen expresiones como “normalización”, “pacificación”, “presos vascos”, “hecho diferencial” y otras parecidas. Se asume, cómo no, el cuento ese que comienza con la triste historia de la nación feliz que, sojuzgada y sometida, pasa las de Caín a manos de un opresor, y termina pidiendo que se le haga justicia. Pero hete aquí que, en este cuento, Caperucita ha devorado al lobo. Y, mucho peor, mientras éste le hablaba, sonriente y muy progresista, de la necesidad de dialogar y de tender puentes de convivencia.

El verdadero “hecho diferencial” quizá haya estado en creer el cuento, en que hay un “ellos” y un “nosotros”. Los políticos de la Transición, por no remontarnos más allá, han asumido el cuento de que España está en deuda con Cataluña, como si fueran dos entes diferenciados. El Estado español, por tanto, debía, y debe, hacer justicia a la nación catalana por la historia de opresión sufrida, y reconocer su “diferencia” con todas sus consecuencias.

Todo parte de un sentimiento de inferioridad de aquellos políticos. El paradigma cierto, concluyente, era que si había habido una parte de España equiparable con la Europa culta, liberal, capitalista y democrática era Cataluña. Solamente se había dado la revolución burguesa y la lucha de clases allí, que se entendía, desde esa óptica marxista que ha infectado también a la derecha, como el paso previo e imprescindible para una sociedad capitalista moderna. Era la Cataluña vista como motor económico y europeísta, y el Madrid aprovechado y tiránico. En respuesta, se podría hacer un balance de lo que el proteccionismo a la industria catalana, desde el Código de Comercio de 1829, perjudicó al desarrollo del resto de España. O de lo que ha supuesto el capital humano no catalán, desde la migración decimonónica hasta la marcha forzada del personal de la CNMV. A estas alturas, da igual.

El cuento del nacionalismo catalán, y el de otros nacionalistas, se ha convertido en la doctrina oficial. Es ese discurso que marca esta vida política hinchada artificialmente de “anormalidades” e “injusticias históricas”. No importa que el cuento se base en un imaginario político de cartón piedra, anacrónico y ficticio. Porque si la realidad no encaja, se rebela y planta cara, pues se cambia, se hace otra Constitución al gusto del primero que pase por un escaño. Y si no, siempre se puede compensar dándoles el control, en régimen de monopolio, de la energía eléctrica española. Lo dicho, un drama.

Ibarra vuelve a la carga y compara a los nacionalistas periféricos con los terroristas
Considera ambos un error, consecuencia de las concesiones que los demócratas hicieron en la Transición
E. L. Palomera La Razón 8 Septiembre 2005

Madrid- 7 de septiembre, día de Extremadura. El discurso del presidente autonómico incluye, por segundo año consecutivo, referencias y alusiones al ruedo nacional de la política, concretamente a los dos asuntos más polémicos de lo que va de legislatura: la política antiterrorista y el modelo territorial. Ni en lo uno no en lo otro parece muy de acuerdo Ibarra con lo que practica el Gobierno de Zapatero, pero sobre todo se lamenta de las concesiones que los demócratas hicieron en estos dos asuntos para llevar a buen puerto la Transición.

Y, como Juan Carlos Rodríguez Ibarra no tiene pelos en la lengua, apenas cuatro días después del Comité Federal del PSOE en el que hubo duras críticas al PSC y alguna que otra al Gobierno central por su dependencia de los nacionalistas, quiso entonar la canción que no tarareó en primera persona –aunque sí por boca de la delegación extremeña– ante el cónclave socialista.

¿Su intención? Alertar de algunos de los riesgos que se avecinan. Primero, comparó a los nacionalismos periféricos con los terroristas, pues de ambos censuró su deslealtad a la Constitución y a la Transición que puso fin a la dictadura. Esa falta de lealtad «de los menos con los más» ha sumido a este país, después de 27 años de aprobada la Constitución, «en un sinsentido territorial».

El error de la amnistía.
El barón más polémico del socialismo español recordó la «lealtad que hubo, y hay, en la mayoría de los españoles cuando acordamos una amnistía que permitió volver a la libertad a quienes legítimamente lucharon contra la dictadura y a quienes lo hicieron desde la violencia y desde el terrorismo». El error, según sus palabras, «fue creer que los segundos peleaban por los mismos objetivos que los primeros. No era así. Los terroristas aprovecharon nuestro sentido democrático para responder deslealmente, volviendo, desde la libertad concedida al asesinato y a la masacre».

Ponía el dedo en la pústula, precisamente, el día en que se conocía un polémico escrito del Gobierno en respuesta a una pregunta sobre derechos fundamentales de los acusados de terrorismo en régimen de incomunicación. Pero, también en un instante en el que cada vez son más intensos los rumores que apuntan a una supuesta revisión de la política penitenciaria para los presos de ETA.

Aquella aministía, la de la Transición, fue para el presidente extremeño «un tremendo error. Pensábamos que con el fin de la dictadura se acababa el terrorismo etarra. Hoy, sabemos que no fue así. Fueron doblemente canallas. Canallas porque han seguido matando sin que avisaran de su sanguinaria intención cuando la democracia les abrió la puerta de la libertad. Y canallas porque nunca explicitaron que entre dictadura y democracia no veían diferencias para sus sanguinarios fines».

Idéntico reproche que a los terrorista hizo Ibarra a los nacionalismos, con quien la mayoría de los españoles fue leal cuando impulsó un acuerdo que descentralizaba el Estado y reconocía, amparaba y protegía legal y políticamente la diversidad cierta de los distintos territorios que conforman España. «Desde esa lealtad –subraya–, desde esa convicción, los españoles hemos sidos capaces de hacer avanzar a nuestro país como nunca lo había hecho», al margen del color de los gobiernos.

¿Cuál es la razón que asiste a algunos para pretender alterarlo todo de manera irresponsable?, se pregunta el presidente extremeño. Él mismo tiene la respuesta: «La deslealtad. Igual que los etarras aceptaron la amnistía de la democracia ocultando su futuro criminal y su deslealtad con lo españoles, algunos dirigentes territoriales aceptaron la Constitución y la amplia descentralización política y administrativa, ocultando su futuro secesionista y deslealtad con los españoles».

Conclusión: «Fue un error considerar antifascistas a los etarras y fue un error considerar leales con una nueva concepción de España a los nacionalistas periféricos. Ni unos ni otros expresaron con valentía su condición. Los asesinos ocultaron su instinto criminal y los nacionalistas periféricos ocultaron su instinto independentista».

Cámara de intereses territoriales.
La realidad actual es que el Congreso de los Diputados se ha convertido, «por causa de la deslealtad» en la Cámara de los intereses territoriales y que «vivimos en un país donde el Congreso es el Senado y donde el Senado no es nada».

Juan Carlos Rodríguez Ibarra reparó en que sus palabras le supondrán la inquina de quienes no le perdonan su concepción de España y dijo ser consciente de que con discursos como el que ayer pronunció su devenir político se cierra en el círculo extremeño». Pero, sostiene que su conciencia siempre estuvo por encima de sus intereses y que seguirá combatiendo lo que cree perjudicial para los españoles: el terrorismo y los nacionalismos.

Aznar denuncia que existe un riesgo de «balcanización» territorial de España
COLPISA/BUENOS AIRES El Correo 8 Septiembre 2005

El ex presidente del Gobierno José María Aznar cree que el Ejecutivo socialista que preside José Luis Rodríguez Zapatero conduce a España hacia una «balcanización» territorial. Así se expresa en sendas entrevistas concedidas a los diarios argentinos 'Clarín' y 'La Nación' y publicadas ayer. En ellas, Aznar, de visita en Argentina, analiza la actualidad política española e internacional.

El presidente de honor del PP volvió a criticar la política exterior de Zapatero, la retirada «precipitada e indebida» de las tropas de Irak, así como otras decisiones del actual Gobierno socialista, como la legalización del matrimonio homosexual, que le parece «un agravio» para buena parte de los españoles. «Éste es el peor gobierno de la democracia española, incluso peor que la anterior administración socialista», sentenció. Además, acusó al Gobierno de Zapatero de «buscar la radicalidad» y poner en «riesgo de disgregación» al país. En su opinión, los socialistas aplican una política «profundamente equivocada» y, en consecuencia, existe un serio peligro de «balcanización territorial de España». «Es un Gobierno sectario. No creo que todo lo haga mal, pero no se trata de eso; se trata de los riesgos que tiene España», indicó el presidente de la FAES.

Para Aznar, el Gobierno de Zapatero «ha destruido la política antiterrorista y ha puesto en riesgo los consensos básicos de la transición española». «Es el primer Gobierno que, en lugar de buscar el consenso y las negociaciones, busca la radicalidad y los extremos», subrayó.

Aznar, quien el pasado martes se reunió en Buenos Aires con el jefe del Estado argentino, Néstor Kirchner, y presentó su último libro, 'Retratos y perfiles. De Fraga a Bush', aludió al riesgo de disgregación que, a su juicio, corre España. Perfectamente identificado con el discurso oficial de su partido, dijo que «ahora los nacionalistas están muy envalentonados y se enfrentan a un Gobierno equivocado y débil».

El ex presidente del Gobierno, que hoy viaja a Colombia para presentar su libro y para reunirse con el presidente Álvaro Uribe, se refirió también a la situación de Argentina y América Latina. En su opinión, Argentina ha dado un gran giro en los últimos tres años, y señaló que el camino económico que sigue «es bueno», mientras que el político es «menos bueno». Sobre Iberoamérica declaró que necesita más institucionalización, seguridad jurídica y transparencia, en un momento en el que hay un regreso «real y grande» del populismo.

SÓLO IMPORTA CUMPLIR "EL ARTÍCULO 8" DEL PACTO ERC-PSC
De Palacio: "Hay que estar muy cegato para no ver el componente político en la OPA de Gas Natural"
La presidenta del Comité de Exteriores del PP y ex comisaria europea de Energía, Loyola de Palacio, ha declarado en La Mañana de la Cadena COPE que la posible concentración de Gas Natural y Endesa "va en contra de la política de la Unión Europea en los últimos diez años que es abrir a la competencia los mercados del gas y la electricidad". De Palacio ironizó sobre aquellos que no ven el componente político de la OPA. Entre aludidos, el vicepresidente Solbes, el ministro Sevilla, pero también el popular Josep Piqué.
Libertad Digital 8 Septiembre 2005

La popular Loyola de Palacio explicó que "por razón de la cifra de negocio" de las compañías implicadas es competencia de las autoridades españoles el regular sobre este operación. Sin embargo que por la situación de monopolio de Gas Natural y por las "peculiaridades" energéticas de la Península Ibérica, donde cualquier decisión en España tiene repercusión en Portugal, "hacen que hayan razones más que sobradas para que la Comisión entienda de esta operación".

La ex comisaria dijo que "lo que no se tiene de pie en el ámbito europeo" es que hayan sido Iberdrola y Gas Natural las que se hayan repartido los activos de Endesa. Además, Loyola de Palacio comentó el trasfondo político de esta operación y, sin citar a Josep Piqué, señaló: "Cuando hay gente que no ve el componente político, pues hay que estar muy cegato". La destacada miembro del PP recordó que ha sido "a través de una entidad pública controlada políticamente (La Caixa) mediante la que se ha montado un emporio (citó también a Repsol) y esto va claramente de las reglas comunitarias, de los consumidores españoles, del sector industrial español y en contra de que en España tengamos una economía abierta y competitiva".

"Estamos disminuyendo la competencia y si no, no hay más que leerse lo que dice el Libro Blanco que ha montado el señor Zapatero pero lo que pasa es que como son unos inconsecuentes y les importa todo un pimiento y lo que quieren es asegurarse la jugada corta y en este momento lo que tienen es el problema de Cataluña y del Estatuto pues se contradicen y hacen exactamente lo contrario de lo que nos están vendiendo en sus Libros Blancos", dijo De Palacio que añadió: "Eso sí cumpliendo el artículo 8 del pacto del señor Maragall, el señor Rovira y todos los demás". La ex ministra se refería al Pacto del Tinell, en el que en 2003 PSC y ERC se comprometían a impulsar la creación de una empresa energética catalana "pública o mixta".

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