AGLI

Recortes de Prensa    Sábado 17 Septiembre 2005
El pasado como símbolo: advertencia a Mariano Rajoy
Pascual Tamburri elsemanaldigital  17 Septiembre 2005

GUERRACIVILISMOS
XAVIER PERICAY Cataluña  17 Septiembre 2005

Política de ruptura
Editorial ABC 17 Septiembre 2005

Un anacronismo en el corazón de Internet
EDITORIAL Libertad Digital 17 Septiembre 2005

El papel de la electricidad, de La Caixa y de la Opa de Gas Natural (II)
Alberto Recarte Libertad Digital 17 Septiembre 2005

La ICANN se hace tribal
Eduardo Pedreño Libertad Digital 17 Septiembre 2005

Concesiones en la red
Editorial ABC  17 Septiembre 2005

Abierta la caja de los truenos
Antonio José Chinchetru Libertad Digital 17 Septiembre 2005

La soledad del juez
TONIA ETXARRI El Correo 17 Septiembre 2005

El PP pide modificar la Ley de Normalización Lingüística para admitir el topónimo castellano
Redacción / A Coruña El Ideal Gallego 17 Septiembre 2005

El pasado como símbolo: advertencia a Mariano Rajoy
Pascual Tamburri elsemanaldigital  17 Septiembre 2005

Mariano Rajoy es un hombre culto. En una clase política muy heterogénea –usemos el adjetivo más delicado- destaca por su preparación académica y por su categoría profesional. Es uno de los pocos que probablemente gana menos dinero en la vida pública del que ganaría si hubiese permanecido en la vida privada. Un mérito cada vez menos habitual en el centro derecha, una rareza exótica en otras latitudes.

Así que no dudo, por ejemplo, que Mariano Rajoy cursase con éxito la asignatura de Historia del Derecho Español en primer curso del plan de estudios de 1953. Sin embargo, en los últimos días ha cedido a los lugares comunes impuestos en la opinión pública desde la izquierda, precisamente en un terreno sensible en el que los deslices son graves para un hombre que se supone culto.

Ignoro si Rosario Arévalo, la ex consejera manchega de Medio Ambiente, socialista, es jurista o es culta; lo que es seguro es que su impresentable nombramiento en una empresa pública nada tiene que ver con el "derecho de pernada". Entre otras cosas porque tal derecho, al menos en el sentido despectivo que Rajoy le dio, jamás existió. Y esto, aparte de un error comprensible por la habitual desconexión entre la investigación científica y la sociedad, es una concesión a los rivales culturales de su partido.

El famoso ius primae noctis, en el sentido peyorativo del "derecho de pernada" utilizado por Rajoy, es un producto acabado de la manipulación ideológica de la Ilustración, llevada a su cima por al Revolución Francesa y explícitamente retomado por Friedrich Engels en el Anti-Dühring de 1878. El derecho de pernada, sencillamente, no "pasó de los señores feudales a los fabricantes burgueses" porque sólo había existido, en esa acepción, como instrumento de descalificación moral de los regímenes premodernos. Los medievalistas actuales han trabajado –salvo prejuicio ideológico- ampliamente la cuestión, y Rajoy debería cuidar mejor sus palabras. Tiene sólo la excusa de estar en compañía de Mel Gibson, pues las primeras escenas de Braveheart dan por cierta esta misma falsedad.

Los diversos Arriolas no darán importancia a esta cuestión, y pensarán que se trata sólo del pasado, de un símbolo de algo lejano, de algo incapaz de movilizar a la gente. Y se equivocarán, como reiteradamente desde la Transición se han equivocado los centristas en materia de historia y de símbolos.

El 19 de enero de 1977 fue legalizado el uso de la bandera del PNV, la ikurriña. Parecía el símbolo milenario y democrático de un pueblo oprimido. No era ninguna de todas esas cosas, y sin embargo el Gobierno dijo entonces a los españoles que con esa concesión "simbólica" el problema nacionalista y terrorista terminaría. Ya hemos visto: pero la derrota empezó por negar la importancia de la historia y de los símbolos.

La intuición correcta no era, y nunca fue en este sentido, la de los pacatos y timoratos seguidores de la UCD. Fue por ejemplo mucho más realista la percepción de la Diputación Foral de Navarra, que convocó en defensa de la identidad simbólica e histórica de la comunidad la memorable manifestación del 3 de diciembre de 1977. Centrista en cambio fue Tomás Caballero, alcalde de Pamplona, que colocó la ikurriña en el Ayuntamiento el 25 de enero de 1978 a modo de concesión simbólica. Años después de haber obtenido esa victoria el nacionalismo, ETA lo asesinó vilmente.

La izquierda pretende el monopolio de la memoria, de la historia, de sus símbolos y de sus recuerdos. Lo cómodo a corto plazo es obrar a la ligera, como ha hecho Rajoy asumiendo irreflexivamente la leyenda negra de nuestra Edad Media. Cuando se habla de "democratización" de los símbolos o de la historia se trata siempre de la misma operación, de aceptar la mentira que los progresistas, la izquierda o los nacionalistas en su defecto imponen como verdad.

El pasado, como los símbolos que nacen de él, no es políticamente neutro. Afirmar un concepto u otro de la Edad Media, como adoptar una u otra bandera, no es algo que pueda dejarse a los asesores de imagen. Es una decisión estructural, que define a largo plazo un proyecto político. No hubo tal derecho de pernada, señor Rajoy, por la misma razón que no hubo Euskalherria ni lucha de clases durante la Reconquista. Jaime Ignacio del Burgo dijo en su momento que "se podrán suprimir los símbolos y coaccionar las conciencias pero no se podrá borrar la historia". El problema es que los encargados de esa batalla deben poseer a la vez la formación, el coraje y la decisión de no renunciar a ninguna bandera que justamente merezca ser defendida.

GUERRACIVILISMOS
XAVIER PERICAY Cataluña  17 Septiembre 2005

EL 10 de septiembre de 2004 el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que se constituía una Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, cuyo objetivo final no era otro que rehabilitar moral y jurídicamente a los afectados. La iniciativa obedecía a varios factores. Por una parte, a un determinado estado de opinión que había ido cuajando a lo largo de los últimos años -especialmente desde que el Partido Popular había alcanzado el poder en 1996, y muy especialmente desde que lo disfrutaba de forma absoluta, es decir, desde 2000- y según el cual el Gobierno de España debía restañar de una vez por todas las heridas que la Transición había dejado abiertas. Por otra parte, a la presión que las asociaciones por la recuperación de la memoria histórica, diversas organizaciones internacionales de derechos humanos y los propios familiares de las víctimas habían estado ejerciendo con vistas a conseguir la reapertura de fosas comunes y la revisión de procesos judiciales. Y, en fin, a una circunstancia personal, pero enormemente decisiva en la medida en que afectaba al mismísimo presidente del Gobierno: al hecho de que el capitán Rodríguez Lozano, abuelo de José Luis Rodríguez Zapatero, era una víctima más cuya memoria debía ser recuperada, pues había sido fusilado en 1936 por negarse a secundar la rebelión militar.

De ahí que el PSOE cogiera este tema por los cuernos -lo mismo en la campaña electoral que en los primeros meses de gobernación-, creara la mencionada Comisión y pusiera al frente de ella a la propia vicepresidenta Fernández de la Vega. Según se dijo entonces, el acopio de materiales, el cruce de informaciones y la lluvia de testimonios tenían que desembocar en marzo de este mismo año en un proyecto de ley. Llegado marzo, y al no haber proyecto, se habló de abril. Y en abril, del verano. El caso es que ha transcurrido ya un año entero y seguimos igual. Sin noticias del proyecto. O sea, con rumores. Y esos rumores indican que el Gobierno no sabe muy bien qué hacer con su iniciativa. No es que le falten elementos de juicio. Al contrario, parece que le sobran, y ahí está el problema. Todo resulta mucho más complejo de lo previsto -en el supuesto de que hubiera algo previsto-. La reparación del pasado no supone tan sólo la costosa y a veces imposible exhumación de cadáveres o la revisión de múltiples procesos judiciales; también incluye la devolución de patrimonio y el pago de pensiones. O sea, mucho dinero. Pero, aun así, la mayor dificultad es de otra índole. Resulta que los miembros de la Comisión se dieron cuenta en marzo de que la guerra había generado asimismo otra clase de víctimas. Que esos «valores que hoy disfrutamos como sociedad democrática» y que la ley futura se propone reparar no sólo los habían defendido quienes formaban en el bando republicano y padecieron por ello, sino también muchos de los que estaban enfrente. Y que la memoria de esas otras víctimas merecía incorporarse al proyecto. Lo curioso es que se dieran cuenta en marzo, a raíz de la retirada de las estatuas de Franco, y no lo hicieran antes por su propio pie. Como si el miedo al follón pesara, en el fondo, mucho más que el simple ejercicio de la razón.

Con todo, en la Comisión parecen tener muy claro que las víctimas no son todas iguales. A su juicio, mientras unas recibieron el homenaje del régimen del general Franco, las otras aún aguardan el suyo. Es cierto. Pero, por desgracia, esto ya no tiene arreglo. No vivimos en una República, ni en una dictadura comunista, ni en pleno comunismo libertario. Vivimos, qué le vamos a hacer, en una monarquía parlamentaria, que es la fórmula que más años de democracia ha deparado a España desde comienzos del pasado siglo. O sea, en un régimen que no puede considerarse ni el de los vencidos ni el de los vencedores. O sea, en la mejor coyuntura para que un gobierno, sin renunciar a las reparaciones pendientes, emprenda el reconocimiento de todas y cada una de las víctimas. Sin guerracivilismos, pues. Poniéndolas a todas en el mismo pedestal. No sé a qué esperan.

Política de ruptura
Editorial ABC 17 Septiembre 2005

EL Gobierno socialista ha excluido al Partido Popular del acuerdo sobre otra materia relevante para el Estado. En este caso ha sido la Defensa nacional. La ley de Defensa ha salido adelante en el Congreso de los Diputados por el pacto del PSOE con los grupos minoritarios. El dato es revelador: el Grupo Socialista admitió a Esquerra Republicana de Catalunya el 66 por ciento de sus enmiendas, y a Izquierda Unida, el 56 por ciento. Al PP, sólo una. El motivo formal del desacuerdo es la autorización preceptiva de Naciones Unidas a las intervenciones militares en el extranjero. Se trata de una ruptura provocada por el Gobierno, porque el pacto previo con el PP disponía que tales intervenciones debían estar amparadas «o» conformes con las resoluciones de la ONU. Basta recordar que en 1999 el PSOE votó en el Congreso a favor de la intervención militar de la OTAN contra Serbia con motivo de la limpieza étnica en Kosovo, a pesar de que los bombardeos aliados nunca tuvieron el respaldo de Naciones Unidas. Si entonces se hubiera aplicado este criterio, España, en aras de la legalidad internacional, habría permanecido impasible ante el último genocidio europeo. Y esto es lo que puede suceder en cualquier momento, tal y como se encuentra internamente la ONU. El argumento socialista de que el PP pretende una convalidación sobrevenida de la guerra en Irak carece de razón, porque el propio Consejo de Seguridad amparó en junio del pasado año la intervención aliada, con el voto, por cierto, del Gobierno del PSOE.

Por tanto, la apasionada defensa de la legalidad internacional que ahora exhibe el Gobierno en la aprobación de la ley de Defensa ha sido una excusa para hacer imposible el acuerdo con el PP en una materia que se había mantenido siempre en el rango de pacto de Estado. Y ya no es un hecho aislado. La puntualidad con la que el PSOE acude a sus citas con los grupos nacionalistas y de extrema izquierda se ha consolidado como una política deliberada de ruptura con el Partido Popular, que avanza de forma inexorable a otros ámbitos políticos no menos importantes que el de la Defensa nacional, como la reforma de la Justicia, el nuevo sistema educativo, la política antiterrorista o el modelo de Estado. Exactamente lo que ERC y el Partido Socialista de Cataluña acordaron: que no hubiera pactos con el PP ni en Madrid ni en Cataluña. La política parlamentaria admite, como es lógico, que el Gobierno y la oposición defiendan sus posiciones con tensión y enfrentamiento, pero existen límites coincidentes con los intereses superiores del Estado que no pueden ni deben estar sometidos a las alteraciones que provocan las elecciones, porque de ellos dependen la estabilidad del sistema institucional y la confianza de los ciudadanos en el propio juego de la alternancia política.

El Gobierno socialista, sin embargo, se aplica con rigor a una política de pactos con fuerzas que no ofrecen al país propuestas beneficiosas para el interés general o directamente las que proponen atentan contra este interés. La doblez del lenguaje, la oferta engañosa de diálogo o la apelación a un consenso que se aborta antes de nacer son prácticas que el Gobierno está instaurando como normales pese a la gravedad de sus consecuencias. Y además lo hace con una llamativa falta de pudor, que es la que ha permitido que el Ejecutivo se apoye sin inmutarse en el grupo de su denostado Carod-Rovira, quien no es precisamente un teórico de la Defensa -con mayúscula y minúscula- de España.

El PSOE gobierna como si tuviera mayoría absoluta y hace concesiones a quienes son grupos netamente minoritarios, aunque su influencia sobre la acción del Ejecutivo sea desproporcionadamente alta respecto de su representación parlamentaria. El problema que plantea esta forma de hacer política es de fondo, porque está cuajando en leyes, algunas muy decisivas para el sistema político, que reflejan una estrategia muy clara de arrinconamiento del PP y, por tanto, de división interna de la sociedad sobre asuntos que, después de aprobadas y publicadas, seguirán fuera de un acuerdo político mínimo. Zapatero parece haber extraviado definitivamente el espíritu pactista que exhibió en sus tiempos de oposición, en los que llegó a acuerdos importantes con el Gobierno del PP. La cicatería que ahora demuestra en este apartado invita bastante al pesimismo y deja el «talante» y la «legislatura del diálogo» en el almacén de las palabras vacías y de la simple propaganda.

Un anacronismo en el corazón de Internet
EDITORIAL Libertad Digital 17 Septiembre 2005

Una de las características inmortales del nacionalismo irredento que padecen ciertas regiones de España desde hace lo menos 30 años es su amor por los símbolos inútiles. Símbolos que, debidamente agitados, hacen las veces de fetiches tribales para movilizar a la comunidad nacional. Ocasión tuvimos de verlo con motivo del cambio de matrículas en los automóviles hace cinco años. Entonces, nacionalistas vascos y catalanes se quejaron porque en las nuevas placas –que como todo el mundo sabe no sirven más que para identificar al vehículo- no figuraba filiación regional alguna. Clamaron durante meses apelando a la sacrosanta identidad y exigieron disponer de su propia divisa en distintivos ininteligibles que no reconocía autoridad internacional alguna y que, en algunos casos, se habían inventado al efecto. Como la cosa no prosperó y la gente siguió a lo suyo pensando que una matrícula es lo que es y nada más, los que habían armado el revuelo hubieron de conformarse con ver como los más sacrificados por la causa, siempre pocos, se afanaban en redecorar las nuevas placas al gusto.

Algo semejante acaba de suceder con el dominio de internet para la lengua catalana, aunque, eso sí, esta vez los agitadores se han visto bendecidos por el éxito. Desde principios de 2006 se podrán registrar sitios web cuyo nombre vaya rematado por un sonoro y reivindicativo .cat. En el delirante modo de ver el mundo de sus promotores, contar con un dominio de primer nivel es algo parecido a situar a Cataluña en el mapa, una suerte de venganza por los años que, según ellos, la llengua ha permanecido en la oscuridad, un recordatorio de lo importantes que son, del brillante futuro que les espera y de lo bien que saben mirarse el ombligo. Lo cierto, sin embargo, es que la aprobación por parte de la Asociación para a la Asignación de Nombres y Números (ICANN) de este dominio es anacrónico, pues no se corresponde con el espíritu de internet, y constituye un error garrafal. El .cat es el primer dominio de primer nivel que se adjudica a un grupo lingüístico-cultural, por lo que cabe suponer que, en breve, aparecerán nuevas solicitudes de los más remotos rincones del globo convirtiendo un medio universal como internet en una sopa de letras. No en vano en el mundo se hablan unas 6.800 lenguas, todas valiosísimas, pero de difícil ajuste en un sistema mundial de dominios en el que el .com es el rey y señor, y no porque lo haya dicho nadie, sino porque así lo han decidido los propios internautas. Si a esos casi 7.000 idiomas le sumamos la infinita variedad de las expresiones culturales humanas, podríamos encontrarnos que cada comarca, cada aldea del planeta exige a la ICANN su derecho a disfrutar en internet del protagonismo que merece. Esto, obviamente sería inviable, pero es a lo que la propia ICANN se ha expuesto abriendo la espita de lo cultural en algo tan prosaico como son los dominios de primer nivel.

Esconder la identidad lingüística y cultural tras un punto en la barra de direcciones del navegador conlleva, además, ciertos peligros para las lenguas y culturas que este dominio dice representar. El .cat será un dominio minoritario porque no son muchos los catalanohablantes a escala mundial y porque el dominio de marras es fruto del deseo de enredar que tienen demasiados políticos en Cataluña. Punt Cat, la asociación que ha aglutinado voluntades y que más se ha destacado por la aprobación del dominio dice haber conseguido 68.000 apoyos durante todo el tiempo que ha durado la campaña. Una insignificante minoría teniendo en cuenta que, sólo Cataluña, cuenta con casi 7 millones de habitantes. El .cat, por lo tanto, se convertirá casi con toda seguridad en un dominio desconocido y copado por organizaciones catalanistas radicales. Un chiringuito para unos pocos que habrán visto de este modo henchido un bizarro anhelo de independencia electrónica. En internet, por lo demás, las cosas seguirán como hasta ahora, el inglés, el alemán, el chino o el castellano continuarán su trayectoria ascendente sin necesidad de un dominio que los represente porque en este medio los internautas, los que contribuyen cada día haciendo la red más y más grande, son los verdaderos protagonistas. La ICANN, por su parte, puede ir preparándose.

La ruptura de España
El papel de la electricidad, de La Caixa y de la Opa de Gas Natural (II)
Alberto Recarte Libertad Digital 17 Septiembre 2005

Reproducimos a continuación la siguiente entrega (capítulo II) del análisis elaborado por Alberto Recarte sobre la OPA de Gas Natural a Endesa.

El texto completo del análisis lo pueden encontrar nuestros lectores en el especial de Libertad Digital sobre la OPA de Gas Natural a Endesa.
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III. Los movimientos empresariales: Opas y contraopas

Durante el gobierno del PP hubo diversos intentos de Opas en el sector, unos consentidos y otros no. El gobierno del PP rechazó, por ejemplo, la fusión de Hidrocantábrico con Unión Fenosa y la de Endesa con Iberdrola. El motivo, en ambas ocasiones, fue asegurar la competencia tanto entre generadores de energía como entre distribuidores y comercializadores de energía. Un argumento insuficiente, porque ese mismo gobierno no fue capaz de culminar la liberalización. De hecho, mantuvo las tarifas para más del 65% de la demanda final de energía eléctrica. También fue rechazada la Opa de Gas Natural sobre Iberdrola, por las mismas razones. Todos esos intentos empresariales de concentración se produjeron en un contexto de energía barata y sobre la base de que, en un momento determinado, habría precios libres para todo el mundo. Y todas las grandes empresas generadoras, en concreto, Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa y las que podrían serlo, como Gas Natural y Repsol, querían que, cuando se llegara a esa situación de libertad, su esquema de costes de producción fuera el mejor posible. En libertad, el tamaño es imprescindible, tanto para generar economías de escala como para diversificar los ingresos, garantizando un mayor equilibrio a largo plazo de la cuenta de resultados; una estrategia en la que Endesa, creyendo en que esa liberalización se produciría en algún momento, ha invertido sustancialmente en dinero y dedicación; y con gran éxito, del que intenta apropiarse ahora, pero sin pagarlo, La Caixa.

Pero ¿qué sentido tiene, en una situación eléctrica como la que hemos descrito, con un problema de tarifas, que Gas Natural haga una Opa sobre Endesa? ¿Por qué se ha sumado o por qué ha participado, desde antes del principio, Iberdrola? ¿Hay una lógica empresarial en esa Opa o es sólo una operación política? Y si es una operación política ¿cuál es el objetivo político que persigue el gobierno? Intentaré, con los datos que tenemos, dar respuesta a esos interrogantes.

a) Un mercado con déficit de tarifas

En estos momentos, el gobierno debería estar pensando en o bien subir todas las tarifas, o en liberalizar totalmente los precios de electricidad. Cualquiera de esos dos movimientos es imprescindible para asegurar que España va a seguir contando con un sector eléctrico capaz de suministrar electricidad a una economía que sigue creciendo a tasas superiores al 3% anual, mientras la demanda de electricidad lo hace en torno al 6%, también anual. Ya hemos adelantado que en 2005 se va a producir un déficit de tarifas del orden de 3.000 millones de euros. Si en 2006 se repite la situación de sequía y el precio del gas, en concreto, sigue subiendo como el del petróleo, y no se incrementan suficientemente las tarifas, ese déficit puede ser muy superior. El sector eléctrico en su conjunto, y las grandes empresas en particular, con diferencias entre ellas, tendrían un serio problema financiero y de rentabilidad. Por supuesto, nadie quiere que suban las tarifas: ni los consumidores, ni el gobierno del PSOE –por repercusiones electorales–, ni los responsables de la política económica del gobierno, pues la repercusión en el IPC sería inevitable; aunque, por otra parte, esos mismos encargados de la política económica saben que retrasar la subida es una gravísima irresponsabilidad. Como siempre, para un gobierno débil, subir tarifas es un problema delicado.

Desde un punto de vista empresarial, una Opa sobre una empresa cuyos ingresos dependen en parte de las tarifas en estos momentos, no parece una decisión lógica en una situación regulatoria tan incierta como la actual. Excepto si ocurre que la situación de la propia Gas Natural fuera mucho más delicada de lo que parece. Analicémoslo. Por una parte, el virtual monopolio del suministro de gas natural, la única fuente energética contemplada tanto por el anterior como por el actual gobierno para incrementar la oferta de energía eléctrica, lo tienen Gas Natural y Repsol, empresas ambas controladas por La Caixa. En el caso de Gas Natural, su monopolio de oferta de gas podría no servirle de nada si el actual gobierno congela los precios de venta de electricidad, para lo cual lo único que tiene que hacer es no modificar las tarifas. Gas Natural podría encontrarse con mucho gas, comprado en terceros países, posiblemente a precios altos, a precios de mercado; pero sólo podría beneficiarse de esa situación si las empresas generadoras de energía se lo compran. Pero ¿para qué se lo van a comprar si la generación de electricidad produce pérdidas? o ¿por qué no hacer más plantas generadoras sobre la base de carbón, a pesar de Kioto, cuando el efecto medioambiental de estas tecnologías esta minimizándose? Gas Natural depende, en consecuencia, mucho más que las otras empresas del sector, de la política tarifaria del gobierno.

Mucho más que Endesa, por ejemplo. Y cuando uno es débil, como lo es Gas Natural, lo mejor es unirse a los más fuertes. Pero en lugar de proponer una unión, Gas Natural comienza una guerra, desde la debilidad que significa su monocultivo del gas, para quedarse con la empresa más grande del sector, Endesa. Seguimos con el análisis, pero no olviden dos datos: Gas Natural podría encontrarse en una situación muy débil y es muy consciente de su dependencia del gobierno.

La posición de Endesa es mucho más fuerte, en particular en un mercado con déficit de tarifas. Su producción de electricidad por medios nucleares no sufre de problemas de aumento de costes. Tiene un porcentaje significativo también de generación hidroeléctrica, que depende de la lluvia, pero no del gobierno. Tiene inversiones significativas en Portugal, Italia y Francia, países sin problemas tarifarios y regulatorios de esa intensidad. Tiene inversiones considerables en Iberoamérica, en mercados difíciles, pero más rentables que el español y donde ya se han ajustado los valores de inversión. Tiene una parte importante de la producción de electricidad ligada al carbón, nacional y de importación. Y los precios del carbón, al menos el internacional, se fijan por la oferta y la demanda de este producto que, por supuesto, resulta afectada por la falta de oferta suficiente de petróleo, pero sus precios de adquisición son sustancialmente más bajos que los del petróleo y hay garantía de cierta estabilidad en el futuro. Tiene una deuda reducida. Tiene gran tamaño –es una de las grandes europeas y mundiales–, economías de escala y capacidad de gestión reconocida. Lo único que podría afectar negativamente a Endesa, si el gobierno congela las tarifas, sería la operación de los ciclos combinados con gas natural y la producción eléctrica en las islas, que se hace básicamente con fuel oil. Pero su posición global es muy sólida, incluso aunque la debilidad del gobierno se traduzca en congelación de tarifas.

Si la Opa tuviera éxito, los actuales accionistas de Endesa se encontrarían con algo de liquidez y con dos tercios de su anterior inversión en acciones de Endesa en acciones de Gas Natural, una empresa, esta sí, dependiente de las tarifas del gobierno, por más que, aunque sería dueña de Endesa, sería una Endesa disminuida en lo nacional y lo internacional y, por tanto, en su capacidad de generar economías de escala y beneficios para los accionistas del nuevo conglomerado. Y dependiente de Argelia, de Marruecos y de Nigeria.

b) La participación de Iberdrola

La diversificación productiva de Iberdrola es similar a la de Endesa, aunque tiene más energía hidroeléctrica, y menos carbón. Una posición, hasta hace poco, mejor que la de Endesa. Pero en un entorno de altos precios del petróleo y del gas natural y con poca agua, su situación es de mayor debilidad. Y mayor dependencia del gobierno. Pero si, empresarialmente, se le garantiza que va a poder quedarse, a un precio pactado con los gestores de Gas Natural, con una serie de activos de su competidora Endesa, situados tanto en España como en el extranjero, y que esa compra la convierten en la primera empresa eléctrica de España y que, además, tiene detrás al gobierno, su reacción lógica es la de sumarse a la Opa. Aunque quizá se equivoque; máxime si ayuda a poner en marcha un proceso en el que quien controlará todo no serán el equipo gestor de Iberdrola y el de Gas Natural, sino el de La Caixa, que, además, en un momento determinado, será sustituido por otro nombrado directamente por el tripartito catalán y el gobierno socialista español. Su posición sería, o bien la del que se beneficia de una buena racha inesperada o bien la del conspirador que cree que puede controlar al gobierno español, al tripartito catalán y, en su caso, a los nacionalistas del PNV. Es lo que se denomina vulgarmente intentar cabalgar sobre un tigre.

c) La opabilidad de Endesa y la de Gas Natural

Endesa es una empresa que siempre podrá ser opada. Un 85% de sus accionistas son particulares o fondos, nacionales o extranjeros, que buscan rentabilidad a su inversión. Por el contrario, una empresa como Gas Natural es difícilmente opable. Entre La Caixa y Repsol controlan el 65 % del capital, y, a su vez, Repsol es controlada por La Caixa. ¿Se mueve La Caixa por criterios de rentabilidad, como cualquier otra entidad financiera, incluso, me atrevería a decir, como la mayoría de las cajas de ahorro? La respuesta es negativa. Es notoria la ramplona gestión del negocio puramente bancario de La Caixa, que detenta bajos ratios de eficiencia y baja rentabilidad. Donde sí se ha posicionado bien La Caixa es en el mercado del trapicheo político. Cada vez, desde la transición, que alguien en el gobierno español llegaba a la conclusión de que podría comprarse a los nacionalistas catalanes, antes de Pujol y ahora del tripartito y del PSC, La Caixa recibía un pago en forma de participaciones empresariales. Por esta vía se han hecho dueños de un enorme paquete de participaciones en toda España. Analicen sus balances y comprobarán que las compras de esos paquetes de acciones de empresas, siempre a bajos precios, se llevan a cabo no con los beneficios de las actividades bancarias habituales, sino que son fruto de pactos políticos en momentos determinados.

No es una situación exclusiva del nacionalismo catalán. En el caso del País Vasco, el intento de comprar la lealtad de los nacionalistas a la Constitución se llevó a cabo en dos fases: en la primera, en el momento de la aprobación de la propia Constitución, se fijó un cupo fiscal, que permitía al País Vasco pagar menos impuestos que cualquier otra autonomía, pobre o rica; en la segunda, –época de los gobiernos del PP– ese cupo se fijó definitivamente. Ya no habrá que renegociarlo cada cierto número de años.

Es un error suponer que las cajas de ahorros no tienen accionistas ni dueños. Las cajas son propiedad –mayoritariamente– de los partidos políticos, que nombran a sus consejeros en función de su peso político en ayuntamientos y autonomías, con alguna notable y meritoria excepción, en algunas cajas, como en Caja Madrid, donde hay consejeros generales y miembros del Consejo de Administración de asociaciones independientes elegidos por votación entre los impositores, además de representantes de sindicatos y asociaciones no políticas. Desde la transición hasta el 11-M –el día del atentado político que cambió, por ahora, el destino de España–, en general, los políticos, y las personas que han designado estos como administradores y gestores de la mayoría de las cajas, han hecho un buen trabajo. De hecho, se han gestionado mejor las cajas que muchos bancos privados, que ya han desaparecido, tanto por la dura competencia como por errores propios. Las cajas han estado sometidas a la misma competencia que los bancos y han tenido muchos menos problemas, porque las cajas han tenido hasta ahora, gestores rigurosos. La razón de ese buen hacer hay que buscarla en el buen funcionamiento del sistema de reparto de poderes establecido por la Constitución. Los políticos de las distintas autonomías han sido conscientes de que las cajas no se podían utilizar para hacer política de partido, ni para financiar un desarrollo regional autónomo, ni para financiar aventuras empresariales de grupos ligados a ellos. La misión de las cajas, respetada hasta hace poco por todos, era conseguir beneficios y, con ellos, realizar una ingente labor social, benéfica y cultural. A los gestores de las cajas se les ha dejado, en general, manos libres, para que gestionaran los depósitos que les confían, y les han confiado, los españoles, para que los invirtieran libremente y para que compitieran con las demás entidades financieras, tanto dentro como fuera de España. Su gestión, con algunas lagunas, ha sido positiva. Hay casos llamativos de favoritismo empresarial y político, de créditos injustificados, de nombramientos sin apoyo en la formación y experiencia. Pero en su conjunto, el sector se ha comportado excepcionalmente bien. Hasta ahora.

Hasta ahora en que, a instancias de los nacionalistas catalanes y de los del PNV y Batasuna, e impulsados por el gobierno español, La Caixa ha roto las reglas del juego. La Caixa ha pasado de ser el receptor de las exacciones políticas del nacionalismo catalán a los diferentes gobiernos españoles, a ser el financiador de la ruptura de España. Las cajas corren el peligro de convertirse, con un gobierno que no respeta la Constitución, con un presidente del gobierno que sueña con reiniciar la guerra civil para ver si esta vez ganan los suyos, en un instrumento de los poderes políticos. Y las cajas, en manos de políticos secesionistas, pueden convertirse en instrumento de la ruptura de España.

Es el caso que analizamos. Si alguien lanzara una Opa sobre Gas Natural, fuera cual fuese el precio, probablemente no tendría éxito, pues la inversión de La Caixa, directa e indirecta, es política. Responde al deseo nacionalista de controlar la energía eléctrica y el suministro de gas, tanto a Cataluña como a las tierras que se consideran por los catalanistas los “países catalanes”. Por el contrario, dada la composición accionarial de Endesa, el que siga siendo una sociedad independiente dependerá del precio que se esté dispuesto a pagar por ella; al margen de si la concentración que se pretende vulnera o no las normas de competencia españolas y comunitarias. Y de si el procedimiento de Opa iniciado ha respetado, o no, otras normas legales.

Los estatutos que se están elaborando en Cataluña y País Vasco son inconstitucionales. La utilización de los medios financieros de las cajas de ahorro de esas autonomías para financiar la secesión es consecuencia directa de ese planteamiento rupturista. Las cajas de ahorros han jugado un papel fundamentalmente positivo en el desarrollo del sistema financiero español. Han contribuido decisivamente a modernizar la economía española y a financiar a las familias españolas. Han contribuido a que, en su lucha por conseguir clientes, los tipos de interés sean más bajos en España que prácticamente en todo el mundo. Lo que nadie podía prever es que se convirtieran –en algunas autonomías controladas por los nacionalistas– en instrumento de la secesión territorial. Ha terminado otra fase del desarrollo de las cajas. No pueden seguir dependiendo, directa ni indirectamente, de los partidos políticos pues, desgraciadamente, hay partidos que no respetan la Constitución; y el poder económico que puede ejercerse utilizándolas torticeramente no está previsto en los estatutos de las propias cajas ni en la propia Constitución.

d) ¿Operación política o empresarial?

Al margen de lo que ya he expuesto, hay otras razones de peso que ahondan el carácter político de la operación; en primer lugar, el precio que ofrece Gas Natural y la participación de Iberdrola. Al precio anunciado, que según los gestores de Gas Natural no será modificado, Gas Natural se haría con el 100% de Endesa entregando a los actuales accionistas de Endesa acciones de Gas Natural y 7.500 millones de euros. Pero como Iberdrola compra activos por valor de entre 7.000 y 9.000 millones, sin ningún desembolso, en un sistema “gratis total”, los gestores de Gas Natural serían capaces de controlar la empresa fusionada. Mejor dicho, la controlarían La Caixa y el tripartito nacionalista catalán, con el visto bueno del gobierno rupturista de Zapatero. En aras del supuesto respeto a la legislación española sobre competencia, la operación podría ser todavía mejor para Gas Natural o La Caixa, pues los nuevos gestores estarían más que dispuestos a enajenar todavía más activos de la actual Endesa. No pierdan de vista la posibilidad de dar un peso relevante a las cajas andaluzas –controladas por el PSOE– en una nueva Sevillana de Electricidad. O los posibles pactos de Zapatero con Kirchner, al que quizá devolviera –a bajo precio- las compañías argentinas que hoy controla y explota Endesa. El acuerdo puede extenderse a la totalidad de Enersis, pues si el partido socialista chileno volviera a ganar las elecciones quizá le gustaría recuperar esa empresa, aunque no fuera más que para vendérsela a otra empresa extranjera.

Otro factor avala el carácter político de la operación. El momento elegido es el del anuncio de la falta de acuerdo en el nuevo estatuto catalán. La compensación que ofrece el gobierno español al PSC y a Esquerra aparece al día siguiente: se llama Endesa y, una vez más, se entrega a La Caixa. Al margen de lo que crean los gestores de Gas Natural. Hay otros muchos datos que avalan el carácter político de la operación: lo anunciado contradice lo expuesto en el Libro Blanco sobre la energía, al que se ha hecho referencia. Aún peor, las reacciones oficiales del gobierno español han sido de alabanzas a la Opa; sin molestarse en explicar lo que ven en ella de positivo o negativo. No han tenido siquiera la prudencia de mostrarse neutrales, al menos hasta que se hayan pronunciado todas las instancias legales.

Pero en la Cataluña política, controlada y corrompida por el nacionalismo, la operación se vende bien. Se recupera la antigua FECSA, desaparecida por la mala gestión de sus anteriores accionistas, básicamente miembros de la burguesía nacionalista designados por cajas y bancos catalanes, que fueron quebrando por su mala gestión como, por ejemplo, la Banca Catalana de Jordi Pujol. Hace pocas semanas apareció en La Vanguardia un documento revelador. Un grupo de empresarios y financieros, supuestamente moderados, supuestamente cercanos al partido popular, supuestamente ilustrados, pedían, ellos también, un nuevo estatuto. Pedían nuevas competencias para su autonomía, sin detenerse en si eran constitucionales o no. Lo importante para ellos era, y es, no sentirse marginados de la marea nacionalista que lo envuelve todo en Cataluña. Una violencia inconstitucional que en el País Vasco ha producido una generación de valientes que luchan y mueren por su libertad y por la de todos los españoles y en Cataluña ha dado lugar a una burguesía cobarde, deseosa de participar en el poder corrupto del nacionalismo. Es esa burguesía que gusta de distinguir entre el nacionalismo maleducado de ERC y el supuestamente moderado del PSC y de CIU. Son los hombres que se identifican con Piqué, que de tanto travestirse políticamente a lo largo de su vida, ya no saben qué defienden, ni en Cataluña, ni en Madrid, ni en el resto de España.

e) El objetivo final

Un primer objetivo es comprar Endesa, con un sistema “gratis total” para los accionistas de Gas Natural. Un segundo objetivo es dar a La Caixa el control de toda la energía producida en Cataluña. Un tercero, sería recolocar al nacionalismo vasco en la gestión de Iberdrola, aunque sus actuales gestores no lo crean posible, por más que el mayor accionista de esta empresa sea la BBK, que ahora quiere fusionarse con las otras dos cajas vascas para hacer, ellas también, un banco vasco para preparar la independencia. Un cuarto objetivo sería aumentar el peso económico y financiero de La Caixa, que crecería todavía más, no sólo en Cataluña sino en el resto de España, con la ayuda del gobierno de Zapatero. ¿Cómo va a haber un país independiente –piensan los nacionalistas catalanes y vascos– sin un banco nacional, máxime si, probablemente, habría un problema de tiempo de acomodo con la Unión Europea y el propio Banco Central Europeo? (no un problema definitivo, por supuesto. Francia velará porque España se desintegre con rapidez en el seno de las instituciones europeas). Pero, en esa tesitura, tener una institución que pueda hacer de banco nacional se considera positivo por todos los nacionalistas, máxime si los depósitos y los beneficios se consiguen con inversiones en la fenecida España, antigua nación, mañana sólo Estado confederal.

Y después, en algún momento, hablaríamos de los temas propiamente eléctricos. De las tarifas, que habría que discutir con el gobierno. De los precios para industrias determinadas, que habría que discutir tanto con el gobierno catalán como con el vasco. Se modificarían las leyes de competencia, algo relativamente sencillo en un sector que nadie quiere liberalizar totalmente, a imagen y semejanza de lo que siempre ha hecho Francia. Y contaríamos con la colaboración ilustrada de esa parte de la burguesía catalana y vasca, acomodadas al nacionalismo y dispuestas siempre, según sus propias manifestaciones, a discutir –eso es todo– con los nacionalistas radicales, para que la ruptura con España se plantee moderadamente. Aunque al día siguiente se persiga y expulse a los no nacionalistas.

Un nuevo sector eléctrico, acoplado a nuevas naciones, con precios diferentes para proteger determinadas industrias de esas nuevas naciones. En el contexto de un estado confederal español, porque España ya no será una nación pues, como dice Zapatero, ese es un concepto muy difuso y él no acaba de entenderlo, por más que su socio y mentor Maragall no pare de hablar de la nación catalana.

La ICANN se hace tribal
Eduardo Pedreño Libertad Digital 17 Septiembre 2005

Hoy hemos recibido la noticia que los internautas llevábamos años esperando. El aldabonazo definitivo para el despegue de la sociedad de la información en España. Una iniciativa promovida y apoyada por los gobiernos de Cataluña y España que contribuirá a cambiar nuestro modo de vida en la Red. ¿Qué es? ¿Tal vez acceso gratuito y libre a Internet de banda ancha para todos los españoles? ¿La exención de impuestos para el comercio electrónico, al estilo americano? ¿Un plan nacional de desarrollo de la sociedad de la información? ¿Promoción gubernamental del contenido español en Internet? No. Hoy la ICANN ha aprobado el dominio punto “cat”. La comunidad internauta mundial está henchida de gloria.

Hace meses, cuando comencé mi colaboración con Libertad Digital, escribí un artículo en el que dejaba clara mi postura, no ya sobre el punto “cat”, sino sobre cualquier dominio que se rebaje a niveles tribales o nacionalistas. Reconozco que si por mí fuera no habría ni siquiera dominios nacionales y, si la fuerza de lo local es tan irresistible, tanto mejor limitarla a los Estados. Naturalmente mi artículo fue malinterpretado, desde los indocumentados que sólo leyendo el titular me tomaron por un anticatalán de tomo y lomo (no lo soy, naturalmente) hasta los que, leyendo el contenido, fueron incapaces de comprender que yo no quería insultar sino ilustrar que una Internet tribalizada es la negación de Internet. Y descuiden ustedes porque no espero diferente trato de este artículo: mañana saldrán los ejemplares de turno tachándome de brazo ejecutor de la opresión del Estado español. Pero indocumentados hay en todas partes, en Cataluña, en Madrid y en Burkina Faso, así que mejor no desperdiciar líneas con ellos. Y el orgullo identitario tiene poco que ver con el nacionalismo político, base para aberraciones de todo signo como la que hoy comentamos.

La concesión del punto “cat” para la comunidad catalana es una mala noticia. Para Internet, para la ICANN y para la propia comunidad catalana. Para Internet y la ICANN porque hoy se ha abierto la puerta a que cualquiera pida su dominio de primer nivel y siga negando la universalidad de Internet y creando mundos aparte a partir de una rancia visión de la identidad nacional. Vascos, gallegos, independentistas del Bierzo, bretones, corsos, norteños italianos, sicilianos (¿punto “mafia”?), escoceses, etc…. Si lo tienen los catalanes, porque no lo vamos a tener, por ejemplo, los cartageneros, ciudadanos con una historia, tradición cultural e identidad (recordemos el cantón) bastante superior en muchos aspectos a la catalana. Ya me veo poniendo en marcha una petición por el dominio “.carta” para que los cartageneros podamos crear nuestro propio ghetto privado en la Red y reclamar desde ahí el agua que nos niegan los insolidarios de turno. La ICANN ha abierto la puerta al absurdo, a los dominios promovidos con interés político, a la tribalización del dominio y al esperpento de que lo que deberían ser dominios para todos se conviertan en algo para unos pocos.

Para la comunidad catalana en Internet esta también es una mala noticia. Van a tener un dominio minoritario, desconocido y marginal, van a encerrarse en un mundo endogámico y van a reforzar una visión restrictiva de la realidad universal de la Red. Promover este dominio fue un grave error… del que jamás serán conscientes. Para conseguir sus fines se han servido de la agitación política y de la fuerza aparente de un ideario nacionalista, que en Cataluña es muy fácil de confundir con el pensamiento único. Creerán que han ganado algo. Para mi gusto han perdido mucho.

Nada más conocerse la noticia he recibido dos mensajes en mi buzón que ejemplifican el efecto de este “triunfo nacionalista”. Uno es de Santi Mundi, uno de los impulsores del movimiento de recogida de firmas por el punto cat, un tipo que no titubeó a la hora de llamarme “estúpido” públicamente por mi artículo anterior (cuando se carece de razón el insulto es el recurso más a mano). El otro, un tipo anónimo que en su frase final resume toda la problemática en una sola frase: “VISCA CATALUNYA LLIURE!” (sic). Al final, ese es el único fin al que sirve todo esto.

Concesiones en la red
Editorial ABC  17 Septiembre 2005

EL organismo que regula los dominios de internet, el Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), ha aprobado la creación del dominio «. cat», que podrá ser usado desde enero por la «comunidad lingüística y cultural catalana». La aquiescencia del Gobierno español ha resultado vital para la aprobación, lo que supone una nueva concesión al tripartito catalán, que afecta en este caso a un ámbito particularmente sensible desde el punto de vista simbólico y cultural. No hay más que detenerse en observar el alborozo de ERC y la inmediata reacción de otros partidos nacionalistas, que ya han solicitado al Gobierno que promueva un dominio propio de internet para esas comunidades. Abierto el melón, existe el riesgo de que aparezcan, y no sólo para el ámbito lingüísitco y cultural, más y más dominios autonómicos.

En plena etapa final de la negociación estatutaria, Zapatero se muestra cada vez más obsequioso ante las exigencias de sus socios; así, esta misma semana se aprobó en el Congreso la ley que permite desmembrar el archivo de Salamanca. Internet es instrumento primordial para la difusión de la información en el mundo globalizado. Por ello, la imagen de España como nación soberana se resiente con decisiones de este tipo. Mientras otros países potencian en todos los niveles su presencia en la red, parece que se ha abierto entre nosotros una versión nueva del «café para todos» adaptada a la sociedad del conocimiento.

Según la teoría actual de las relaciones internacionales, el llamado «poder blando» es una fuente de prestigio e influencia, en especial para los países de nivel medio y medio-alto. Es bien sabido que la lengua española es uno de nuestros grandes activos y debe ser una prioridad en la política cultural del Estado. La experiencia en otras materias hace fácil adivinar que la Generalitat va a utilizar sus nuevas facultades para ofrecer una imagen localista, con escasas o nulas referencias a la nación española en su conjunto. Por esta vía, no es disparatado suponer que el Gobierno se mostrará sensible a la reivindicación de selecciones deportivas autonómicas en competiciones oficiales. Son consecuencias del reconocimiento apresurado de la condición de «nación» que Zapatero ha admitido con ligereza y que se va a plasmar en el nuevo estatuto. Internet, expresión tecnológica del universo globalizado e instrumento que utilizan cada día millones de personas en todo el mundo, no debería ser empleado para satisfacer aspiraciones particularistas.

Ventanas
Abierta la caja de los truenos
Antonio José Chinchetru Libertad Digital 17 Septiembre 2005

Hace algo menos de un año escribí un artículo oponiéndome al ahora recién aprobado .cat. A pesar de las victimistas y peculiares teorías conspirativas de algunos, que lo quisieron ver como parte de una inexistente campaña, aquel texto se limitaba a exponer argumentos lógicos sin componente ideológico o, mucho menos, anti-catalán alguno. De hecho, gran parte de las ideas centrales fueron las mismas que expuse para rechazar en noviembre de 2002 la creación de un dominio que identificara sitios publicados en español. La propuesta, salida del Senado, felizmente no llegó a buen puerto y el .his tan sólo existe para una posible crónica de ideas absurdas relacionadas con Internet, el mismo lugar donde debería haber quedado el .cat.

En mi primer artículo contra el sufijo que desde dentro de unos meses identificará páginas en catalán decía que su aprobación supondría abrir la caja de los truenos. Decía entonces que a la gran cantidad de identificadores "ya existentes se terminarían sumando dominios como el por ahora malogrado .his y otros como .arab (árabe), .eng (inglés), .fra (francés) o incluso un .jdes (judeoespañol o ladino) o un .aran (aranés). Así se podría seguir hasta varios cientos". Posiblemente los responsables de la ICANN no se den cuenta, pero han emprendido el camino hacia el caos. Organizaciones que se erijan en representantes de los hablantes de cualquier idioma tendrán a partir de ahora derecho a exigir un dominio para esas lenguas. Y no habrá ningún argumento para oponerse. La corrección política ha vencido a la lógica.

Frente a lo que creen los promotores del .cat, este no va a dar mayor fuerza al catalán en Internet. Ya lo dijimos en los dos artículos antes citados. La presencia y relevancia de una lengua en la Red no están relacionadas con la existencia de dominios. Es una cuestión de cuantos internautas hablan o conocen ese idioma y están dispuestos a crear o buscar contenidos en los que se utilice. Los mejores ejemplos son el inglés o el chino, que no disponen de identificadores idiomáticos y sin embargo son los lenguajes más usados on line.

Un aspecto inquietante del .cat –que también lo sería con otros dominios de idiomas que se habla en varios países (en la totalidad de ellos o tan sólo en algunas regiones, lo mismo da) o regiones con gobierno propio– es quien va a tener el poder en la entidad que lo gestione. Lo ideal es que fuera un organismo totalmente privado en el que las autoridades no pudieran influir, pero eso es algo a lo que seguro las Administraciones de los territorios donde se usa el catalán se van a oponer. A partir de ese punto quedan dos escenarios posibles: el permanente conflicto entre ellas o la sumisión de todas a la que se muestre más fuerte (posiblemente la Generalitat de Cataluña). En el primer supuesto, el .cat se quedaría en un intento fallido. En el segundo, unos políticos estarían legislando fuera de su territorio, algo profundamente antidemocrático.

La ICANN ha estado poco acertada. Ha abierto el camino hacia el caos más absoluto.

La soledad del juez
TONIA ETXARRI El Correo 17 Septiembre 2005

Nunca antes, ni en los tiempos más controvertidos de Garzón - el perseguidor» de Batasuna, «el prevaricador» según el PNV- un juez se habrá sentido tan solo como Grande-Marlaska que, por el hecho de querer hacer cumplir la ley y que funcione , siempre, el Estado de Derecho, está abanderando la causa más elemental de su condición y oficio sin que el Gobierno y la Fiscalía General le echen una manita. Después de haber multado a Otegi por una acusación similar a la del sindicalista Díez Usabiaga -pertenencia a banda armada- se le ha echado media clase política vasca encima por haber tenido la ocurrencia de llamar a declarar al hombre que, hoy por hoy, puede jugar un papel fundamental en la mediación entre ETA y el Gobierno. ¿Pero hombre! ¿cómo se le ocurre hacer funcionar la Justicia en un momento en que los fogones de la negociación echan humo?

Los mismos nacionalistas que claman por la independencia del Poder Judicial, le bajan del caballo. A ver si, a base de descalificaciones, se da cuenta del «momento tan importante» que estamos viviendo. No sólo se lo recrimina el consejero Azkarraga, sino que el mismo Patxi López le refresca la memoria. Que el sindicalista de LAB «tiene mucho que decir» en este proceso. Así es que, juez, las manos quietas.

El sindicalista ya dijo lo suyo en la Mesa de Argel, y en el Pacto de Lizarra. En qué callejón oscuro se ha metido este juez que solo tiene noticias del fiscal general a través de la memoria que presentó ante el Rey, en la que se atrevió a decir, contraviniendo la consigna de discreción dictada por el equipo de Zapatero, que estamos cerca del fin de ETA. ¿Para qué quiere enredar Grande-Marlaska? se preguntan los mismos que en su día llamaron al terrorismo callejero «violencia de baja intensidad» y que durante las detenciones de la mesa nacional de HB preguntaban si aquellas detenciones entorpecerían la solución del conflicto. Han pasado años de eso y las preguntas son las mismas.

El PNV está más radicalizado y los de Batasuna, a pesar de su ilegalización, más chulos que un ocho. El juez les interroga sobre su presunta complicidad con ETA y ellos hablan de «persecución política». Han vuelto a recuperar, para la calle, la consigna de la amnistía y la complicidad del Gobierno vasco diciendo que estas actuaciones judiciales «entorpecen» la marcha del proceso.Total, este magistrado más solo que la una. Tanto como se sintió el juez Pérez Mariño frente al PSG. Algo parecido se empieza a sentir ya Emilio Guevara en el grupo socialista. Sentado como un invitado de piedra en el escaño dorado vuelve a percatarse de que los partidos entienden muy poco de la libertad de pensamiento. Malos tiempos para salirse del redil. Malos tiempos para la crítica.

El PP pide modificar la Ley de Normalización Lingüística para admitir el topónimo castellano
El portavoz del grupo municipal del PP, Fernando Rodríguez Corcoba, ha pedido que se lleve a cabo una modificación de la Ley de Normalización Lingüística para permitir la cooficialidad de los topónimos gallego y castellano de la ciudad.
Redacción / A Coruña El Ideal Gallego 17 Septiembre 2005

Rodríguez Corcoba admitió que la legalidad se impone al corazón, en referencia al reciente fallo judicial que anula el acuerdo municipal para utilizar La Coruña de manera oficial a la par que A Coruña , y que respondía a una iniciativa del alcalde, Francisco Vázquez, y del propio grupo socialista.

Los populares mantienen que en su día precisaron al Gobierno coruñés que el único cauce legal para conseguir esta tan ansiada cooficialidad pasaba por modificar la ley. Por ello, el PP insta a la Xunta a que cambie la norma.

Por su parte, el portavoz del Ayuntamiento, Javier Losada, aseguró en una rueda de prensa que no tiene constancia oficial de ninguna sentencia e insistió en que las filas socialistas de A Coruña siempre son respetuosas con la legalidad y se ajustan a ella.

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