AGLI

Recortes de Prensa    Domingo 18 Septiembre 2005
Gobierno implosivo
Ignacio Cosidó Libertad Digital 18 Septiembre 2005

La fiebre nacionalista
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 18 Septiembre 2005

El último parche de Zapatero
Editorial ABC 18 Septiembre 2005

Un Koizumi para España
Por JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS  18 Septiembre 2005

Halcones y palomas
Por IGNACIO CAMACHO CARTA DEL DIRECTOR ABC 18 Septiembre 2005

El Gobierno pide tregua
ALFONSO DE LA VEGA La Voz 18 Septiembre 2005

EL CALÍGRAFO IMPENITENTE
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 18 Septiembre 2005

La salud de la nación española
ANDRÉS DE BLAS GUERRERO El País  18 Septiembre 2005

Anoeta y la Audiencia Nacional
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 18 Septiembre 2005

«La única negociación posible es que ETA deje las armas y no reciba nada»
JORGE SÁINZ / DOLORES MARTÍNEZ ABC 18 Septiembre 2005

Los terroristas callejeros actúan por segunda noche consecutiva en San Sebastián
EFE Libertad Digital 18 Septiembre 2005

 

Contradicciones en el PSOE
Gobierno implosivo
Ignacio Cosidó Libertad Digital 18 Septiembre 2005

El Gobierno de Rodriguez Zapatero terminará por implosionar más pronto que tarde. Las contradicciones sobre las que se asienta el actual Ejecutivo son de tal calibre y de tanta trascendencia que es imposible que no se venga abajo todo el proyecto al menor contratiempo. Si este Gobierno de base imposible está condenado a caer, mejor que lo haga cuando antes. El único problema es que el estrépito de la caída no nos pille a todos debajo.

No se puede ser un partido que se apellida español y practicar una política nacionalista de desmantelamiento del Estado y negación permanente de la Nación española. Cegado por su tactismo, Zapatero pensó que la única posibilidad de llegar a La Moncloa era aliarse con los nacionalismos periféricos, preferentemente de izquierdas. Por eso su bendición previa al tripartito catalán y sus posteriores pactos con los independentistas republicanos. Ahora, con tal de mantenerse en el poder, Rodríguez Zapatero está dispuesto a desinventar España.

La base electoral socialista se mueve así entre su satisfacción por haber vuelto al poder y su preocupación por la deriva nacionalista que va escorando a su Gobierno. Hay una gran mayoría de socialistas que comparten de buena fe el discurso españolista de Guerra, Bono, Ibarra y otros muchos líderes locales. Estos militantes y votantes se muestran cada vez más perplejos e incluso indignados ante las continuas cesiones de Rodriguez Zapatero a los nacionalistas. Es más, las comunidades donde la mayoría socialista es más abrumadora son precisamente aquellas que más dependen de una política de solidaridad interterritorial que la reforma del modelo de Estado que está impulsando el actual Gobierno pone en serio peligro. Este debate territorial desbocado que ha propiciado Zapatero puede, de hecho, quebrar al PSOE por dentro una vez que no se disponga de la amalgama del poder.

La segunda gran contradicción es que no se puede estar alardeando permanentemente de ser un partido de izquierdas y practicar una política económica de derechas, por éxitosa que esta haya sido. Esto es algo que ERC, más aún Izquierda Unida, le van a recordar al Gobierno en el próximo debate presupuestario. Es el famoso giro social que reclama Llamazares y que cuesta un billón de las antiguas pesetas. Para los comunistas, ser de izquierdas es algo más que retirarse de Irak, casar homosexuales e insultar a la derecha. Todo eso está muy bien, pero ellos quieren algo más. Quieren más sector público, más subvenciones, más gasto social.

Con un presidente que no sabe decir que no y un Gobierno que necesita los votos de los comunistas para subsistir, al vicepresidente económico, Pedro Solbes, le esperan días difíciles. Las contradicciones entre los socialdemócratas pragmáticos y los socialistas de izquierda dentro del PSOE harán imposible que este Gobierno mantenga una política económica coherente. Serán los aliados parlamentarios del Ejecutivo los que terminen inclinando la balanza hacia una política de izquierdas que se ha demostrado desastrosa para el desarrollo allí donde se ha practicado.

La tercera contradicción tiene que ver con los valores. La traición a la idea de España que tradicionalmente ha defendido el PSOE junto a la quiebra ideológica de la izquierda en su modelo económico ha obligado al PSOE ha abanderar un radicalismo exacerbado en materia social como única seña de identidad propia. Así, el Gobierno ha tomado iniciativas como el matrimonio homosexual o la devaluación de la enseñanza religiosa en la escuela que chocan con una parte de su electorado, la más moderada, que en muchos casos sigue definiéndose católica y llevando a sus hijos a colegios concertados e incluso privados. En la medida en que Rodriguez Zapatero continúe en esta línea de radicalidad, abordando nuevos debates como el de la eutanasia o continuado con sus ataques a la Iglesia Católica, esas contradicciones se irán agrandando.

Todo este conjunto de contradicciones hacen del Ejecutivo actual un Gobierno débil, inestable y en peligro permanente de implosión. Es cierto que muchas de las grietas que están provocando estas tensiones internas son aún imperceptibles, pero también que el Gobierno empieza a dar ya numerosos síntomas de fatiga prematura. Es difícil predecir cuándo comenzará la caída, pero lo que es seguro es que una vez que comience el derrumbe será extraordinariamente rápido. Sólo queda esperar que el estrépito de este fracaso anunciado no haya dañado en exceso las estructuras más básicas de nuestro Estado y nuestra sociedad.

Ignacio Cosidó es senador del PP.

La fiebre nacionalista
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 18 Septiembre 2005

EL nacionalismo, esa incómoda fiebre que nos ataca en varios frentes simultáneos, no descansa. Como buen anacronismo -un microclima político que permite la supervivencia de los viejos caciques-, funciona siempre al sprint, como tratando de recuperar el tiempo perdido. Por eso nos resulta tan cansado a quienes, afortunadamente, tenemos en el armario de las ideas los anticuerpos que nos defienden del mal. Lo peor del nacionalismo, incluso cuando alcanza su mayor grado -el independentismo-, no reside en sus planteamientos, siempre torticeros en la interpretación de la Historia, sino en su contumacia sin tregua. En ello estamos, y, lo que es peor, el Gobierno de turno lo fomenta como razón de ser de su propia fortaleza en los pactos que tiene establecidos con grupos cuya única sustancia reside en la negación de la idea de España.

El tesón de los nacionalistas catalanes y la dejación gubernamental han propiciado que la corporación internacional que regula los nombres de los dominios que existen en la red autorice el «.cat» para uso de la comunidad lingüística y cultural catalana. Es una victoria pírrica que, como demostrarán su uso y la experiencia, sólo servirá para aislar a Cataluña, todo lo diferenciada que ella quiera, de los ritmos mundiales; pero no deja de ser, básicamente, una conquista separatista. Como parte importante de la cultura española, a Cataluña debiera corresponderle el orgullo en el uso del «.es»; pero ¿en qué quedarían buena parte de los líderes soberanistas en la comparación dentro de un horizonte más amplio del que ellos mismos se han adjudicado?

Estos nacionalistas recuerdan mucho, por su fervor, a los estilitas que se retiraban de la urbe para vivir y orar, lejos del mundo, en lo alto de una columna. Vienen a ser como San Simeón el Viejo, que se mantuvo cuarenta años confundido con el capitel de su mínimo refugio. Eso es algo más propio de faquires que de ciudadanos; pero, sin duda, lo veo así porque el destino no ha querido tocarme con la gracia con la que se honran personajes tan distinguidos como Josep Lluís Carod-Rovira, Artur Mas o su troupe de imitadores socialistas.

Disgregar mejor que congregar no es algo que camine en la dirección globalizadora que marcan los tiempos que vivimos, pero cada cual es muy dueño de levantar su propia columna para encaramarse en ella y vivir su mismidad. El «.cat», por el momento una frustración del «.ct», es otro paso más en el estéril ejercicio emprendido por algunos catalanes, con la indiferencia de otros muchos, en el ejercicio permanente de contemplar su propio ombligo como actividad fundamental y excluyente. Me temo que sea el método más eficaz para conseguir que Cataluña deje de ser, como lo está dejando, la más cosmopolita y avanzada de las regiones españolas.

El último parche de Zapatero
Editorial ABC 18 Septiembre 2005

RODRÍGUEZ Zapatero y Montilla han acordado -como hoy desvela ABC- frenar en Cataluña la reforma del estatuto, si Maragall no lo consigue reconducir, para que ésta sea asumible constitucionalmente. Es de agradecer el rapto de sensatez de la cúpula socialista (tanto del PSOE como del PSC), pero el mero compromiso de hacer descarrilar el tren estatutario en origen no es por sí solo tranquilizador, toda vez que el presidente del Gobierno aún no ha despejado sus dudas ante la opinión pública española sobre el «discutido» término nación. Porque la clave de todo este asunto es saber lo que Zapatero y Montilla consideran asumible. Lo que se viene conociendo del texto ya ha recibido el veto del Consejo Consultivo en asuntos tan trascendentes como la financiación. Y no es la única piedra angular del nuevo texto que erosiona la Constitución.

Sobre el líder del PSOE pesa como una losa aquel compromiso personal -adquirido en la campaña de las catalanas- de apoyar «cualquier reforma del Estatuto que salga del Parlamento catalán». Para no romperlo, se ve obligado ahora a bloquearlo allí, pues deshilachar en las Cortes el texto comprometería seriamente su crédito. Los políticos con peso específico y sentido de la responsabilidad deben saber que los brindis al sol y los cheques en blanco han de expedirse sólo en asuntos que no afecten a las cuestiones de Estado. Nunca debió Zapatero abrir este proceso sin haber marcado previamente las reglas del juego y, sobre todo, sin saber hacia dónde quería dirigirse. No lo hizo y hoy se ve obligado a parchear su estrategia y a confiar en que no le preparen una faena en el Parlamento catalán.

Maragall dio por hecho ayer mismo que a final de mes habrá nuevo estatuto. Es probable, pero ¿a qué precio? Por lo pronto ya avisó de la necesidad de reformar la Constitución. Malos augurios, pues eso no era lo acordado. Todo apunta a que al final se pretenda que la Constitución se ajuste al estatuto que quieren Maragall y Carod, y no al revés.

Visto el estado de la cuestión y el torrente de ocurrencias alumbradas en los borradores que se conocen, es inevitable pensar que la mejor solución es, efectivamente, hacer descarrilar el estatuto que, como señalan las encuestas, se trata de una demanda artificial que no pide la sociedad catalana. Pero ahí no terminan los problemas para Zapatero, pues inmediatamente habrá de pensar qué hacer entonces con Maragall, que ha comprometido en esa tarea su estancia en la Generalitat. Trabajo añadido para Montilla, que pese a su probada solvencia en estas lides se enfrenta a un reto de tan difícil solución e imprevisibles consecuencias.

Un Koizumi para España
Por JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS  18 Septiembre 2005

... Es retrógrado, antiliberal e ineficiente que sea el poder político a través de las Cajas el impulsor de procesos empresariales que corresponden a la energía endógena de las sociedades bien estructuradas...

Catalunya como nación y sus ciudadanos y ciudadanas hemos de obtener victorias constantes en bienestar y progreso. Una tras otra. Hacer que este progreso y bienestar se extiendan a todos los pueblos, las ciudades y los barrios del país es nuestra nueva frontera. Necesitamos una afirmación colectiva como país y la tendremos.

Pasqual Maragall. Discurso de la Diada de 2005.

JUNICHIRO Koizumi logró el pasado domingo una contundente victoria en las elecciones generales japonesas. El reelegido primer ministro nipón se presentó a los electores con una propuesta muy arriesgada: la de privatizar de forma gradual el mayor banco del mundo que es la Caja Postal japonesa que dispone de 2,5 billones de euros en activos. Los ciudadanos de la potencia asiática recompensaron con un apoyo mucho mayor del previsto al fotogénico Koizumi porque, según los analistas, valoraron de modo muy positivo que el Gobierno se desapoderase de un instrumento tan potente de intervención en la economía y, por lo tanto, de un mecanismo de dominación social opaco e incontrolable. En definitiva: Koizumi ha dado un paso de gigante en la liberalización económica en Japón que los electores han entendido como un ejercicio de autenticidad democrática.

En España sucede exactamente lo contrario: las administraciones públicas -y en particular las locales y autonómicas- y los partidos políticos intervienen indirecta pero eficazmente en el sistema económico-empresarial a través de las Cajas de Ahorros que representan la mitad de todo el sector financiero español. Estas entidades de naturaleza extrañamente privada pero de «carácter social», según pronunciamientos jurisprudenciales, y que han mutado de establecimientos de beneficencia a organismos financieros de crédito, se comportan con frecuencia como bancos autonómicos al servicio de estrategias que, aunque de naturaleza empresarial, pretenden evidentes objetivos políticos. Las Corporaciones Públicas, por un lado, según les habilita la ley, y la infiltración de los partidos políticos en la representación que corresponde a los impositores en los órganos de gobierno de las Cajas, por otro, dejan a estas entidades en manos de los poderes institucionales de las distintas autonomías. Y en este planteamiento no caben distinciones: izquierda y derecha, Partido Popular y Partido Socialista -y por supuesto, CiU y PNV- han demostrado una actitud igualmente reacia a cualquier liberalización. Y lo que es peor: han permitido que entidades que no cotizan en Bolsa, que no pueden ser compradas, que están sometidas a un régimen de estricta autorización administrativa en el desarrollo de su función y cuyos máximos responsables -sin duda, la mayoría, excelentes gestores- son nombrados por el poder político, acaparen también, mediante sus carteras industriales, un enorme poder decisorio en sectores económicos estratégicos. Según informaciones solventes, las Cajas controlan el 6,5 por ciento del Ibex y, aquí viene la gran cuestión, la Caixa por sí sola, nada menos que el 4 por ciento.

Si la tesis anterior parece poco refutable por su objetividad tampoco parece posible desmentir las adherencias políticas de la opa de Gas Natural sobre Endesa que serían compatibles con la coherencia empresarial y profesional con que la operación es presentada por sus impulsores. Parece obvio que entre la Caixa y la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de la Nación no hay concertación para lanzar esta opa, pero es igualmente visible que esta iniciativa se inserta en una unidad de propósito político y social entre la Caixa y el actual Ejecutivo catalán. Ambos actores en este proceso -que es económico, pero que es también social y político- pretenden lo mismo: reforzar el protagonismo de Cataluña frente a una capitalidad tan potente como la de Madrid.

Pasqual Maragall, que es muy transparente, no sólo lo dejó reflejado en el pacto de Gobierno que suscribió con ERC, sino que, mucho antes, lo propaló en los medios de comunicación. En febrero de 2001, el presidente de la Generalitat escribía con cierta dramatización que «Madrid se va» -es decir, que Barcelona perdía la popa a la capital- para constatar dos años después, el 7 de julio de 2003, que «Madrid se ha ido». Un poco más tarde, Maragall sostenía que «la verdad es que Catalunya ve lo que está sucediendo en Madrid con espanto, pero no con sorpresa. Madrid se ha separado de España (...); el Madrid político actual ha dado la espalda a España, se ha marchado, tiene la cabeza en otro lugar y va a tener que ser ignorado primero y redimido después por los pueblos de España que menciona la Constitución». Maragall y Carod Rovira -Pujol lo hizo de otra manera- han apostado por crear una tensión creciente entre Madrid y Barcelona para polarizar en torno a esta competencia un debate que la capital catalana necesita después de haber perdido posiciones.

La argumentación de que a la España radial le debe seguir la España en red, es decir, aquella que prescinda de la centralidad geográfica, política y económica de Madrid, ha comenzado a tomar cuerpo. Y no sólo con esta opa -insisto, cuya racionalidad empresarial es compatible con sus indudables adherencias políticas- sino también con otras medidas tan llamativas como el traslado a Barcelona, por decreto, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones o con el desaforado planteamiento estatutario que en estos días se debate en el Parlamento autonómico y que trata de conformar un verdadero embrión de Estado independiente en el Principado. Esos son los actos de «afirmación colectiva, como país» que Maragall preconizaba el pasado día 11 de septiembre con motivo de la Diada.

El problema está en determinar si esas afirmaciones colectivas tan épicas las configura el dinamismo de la propia sociedad catalana o es la Caixa la que sustituye el músculo social de la siempre admirable Barcelona. Y dicho esto para Cataluña, valdría predicarlo para otras comunidades porque es retrógrado, antiliberal e ineficiente que sea el poder político a través de las Cajas el impulsor de los procesos empresariales que corresponden a la energía endógena de las sociedades bien estructuradas. En esta operación, en consecuencia, es importante quién la protagoniza y es igualmente trascendente cómo se articula, es decir, mediante instrumentos competitivos -las Cajas- prepotentes en el mercado financiero tanto por su propia naturaleza como por la protección que recaban de poderes públicos de los que dependen.

Si a este poder intervencionista de las comunidades autónomas ejercido a través de las entidades de ahorro, se superpone una tensión como la que existe entre Madrid y Barcelona y la crisis del proyecto nacional que hace que ambas ciudades representen alternativas ahora incompatibles, se alcanzará a sopesar correctamente el valor simbólico y efectivo de esta operación de concentración y deslocalización en el sector energético. Y también se comprenderá la invocación a un necesario Koizumi hispano que plantee al electorado la definitiva liberalización económica que, por lo que se ve, ha sido, hasta el momento, apenas un espejismo en España.

Halcones y palomas
Por IGNACIO CAMACHO CARTA DEL DIRECTOR ABC 18 Septiembre 2005

EL principal socio de esa Alianza de Civilizaciones con la que Zapatero ha blasonado de líder en la cumbre de la ONU es un tipo que lleva varios años empeñado en fabricar una bomba atómica. Bajo la chilaba de Mohamed Jatamí, un islamista moderado bastante menos moderado que islamista, no se esconde precisamente un «ansia infinita de paz» como la de nuestro presidente del Gobierno, aunque la propaganda trate de hacerlo pasar por una especie de esperanza blanca del Diálogo de las Culturas: en su país se sigue ejecutando a la gente colgándola de las grúas. Pero en Naciones Unidas lo que cuenta es la retórica y la imagen. Entre otras cosas, porque poco más puede exhibir en su universal inoperancia.

Desde el punto de vista de la retórica y la imagen, no cabe la menor duda de que Rodríguez Zapatero ha obtenido en la Asamblea de la ONU un éxito incuestionable. Kofi Annan, que dejó pudrirse el conflicto de Irak, permitió que Sadam Husein incumpliese las resoluciones internacionales, fue incapaz de evitar la guerra y luego mandó irse de allí pitando en cuanto le pusieron una bomba en la delegación, ha utilizado la Alianza de Civilizaciones para maquillar de gestos un delicado papelón manchado con la pringue de la corrupción en el programa de Petróleo por Alimentos. Y todo el mundo ha puesto en Nueva York carita de no haber roto un plato. Hasta Bush ha dulcificado su discurso belicoso, y el halcón judío Sharon se ha paseado con aires de paloma que vuela del suelo de Gaza con una ramita de olivo. Es lo que tienen estas citas benéficas: las buenas causas permiten a cada cual ofrecer su mejor aspecto.

Entre tanta mirífica bondad, entre tanto propósito arcangélico, viene a dar más o menos igual que España se haya negado a suscribir un recargo en las tarifas aéreas para sufragar la ayuda al desarrollo. Hombre, una cosa es hacer filantropía y otra meterle la mano en la cartera al turismo, nuestra primera industria nacional. La filantropía es para los discursos, ese ámbito en el que la política se inviste de una cierta poesía para recordar aquellos objetivos que representaron ciertos ideales sacrificados por el peso del poder. Y en eso Zapatero está cuajando en consumado maestro, capaz de envolver bajo su iluminada sonrisa una hermética determinación de rocoso pragmatismo.

Lo paradójico de este tolerante buenismo teórico es que le tiende la mano a todo el mundo, menos a una oposición que representa a casi la mitad de la sociedad política española. Zapatero, que hace pocos años fue capaz de suscribir compromisos con Aznar -y mira que era eso difícil-, ofrece ahora alianzas a los musulmanes, pactos a los independentistas, diálogo a los terroristas, pero se niega a acordar una ley con la oposición. Esta semana, sin ir más lejos, Rajoy ofreció un acuerdo sobre la educación, esa cenicienta, y le devolvieron desde el ministerio una declaración de principios para que la suscribiese al pie. Y en la ley de Defensa Nacional, PSOE y PP han sido incapaces de ajustar un arreglo, separados por el vertiginoso abismo de... una conjunción copulativa.

Esa estrategia de aislamiento le está saliendo, desde luego, a pedir de boca. Con el diálogo como bandera retórica y el respaldo de un potente aparato de propaganda, el Gobierno señala a la oposición como un colectivo crispado que no logra encontrar un mal socio. Practica una política ambigua en la que un decidido programa rupturista aparece edulcorado con el almíbar de un diálogo hemipléjico. Y tiene éxito. Zapatero sintoniza con la médula acomodaticia de una sociedad confortable que no quiere líos y huye de las decisiones antipáticas para no complicarse la vida. Una sociedad blanda apalancada en la ética de la comodidad que prefiere ceder para no afrontar el compromiso de la dialéctica.

Así, si los nacionalistas catalanes se sienten incómodos en una España relativamente cohesionada, se les otorgan prebendas insolidarias. Si se producen problemas de integración de los musulmanes, se facilita su acceso con una política suicida de inmigración a contracorriente de las restricciones vigentes en toda Europa. Y si los terroristas se agobian con la política de presión y achique de espacios, se les ofrece la posibilidad de una solución negociada. Hablando se entiende la gente, que resumía esa minerva política llamada Ernest Benach. Qué hay de malo en ello, como le gusta decir a Ibarretxe, otro paladín del diálogo.

Medio siglo después de su fracaso histórico en Europa, España encabeza en el mundo un «revival» de la política de apaciguamiento. El discurso de Zapatero en Naciones Unidas es un monumento a la memoria de Chamberlain, zarandeada por su compatriota Tony Blair hace sólo dos meses, después de los atentados de Londres: «Sería un error de proporciones catastróficas pensar que ellos van a cambiar porque nosotros cambiemos». En un mundo abrumado por el conflicto que plantea el desafío de los fanáticos, nuestro presidente enarbola el estandarte de la tolerancia, el respeto y el entendimiento, y pone de ejemplo su nueva política antiterrorista.

En esa estrategia de paloma con las alas abiertas, sin embargo, se está quedando peligrosamente fuera una gran parte de la sociedad española. Se benefician de ella, en cambio, los halcones de minorías conflictivas que, como Juan Carlos Rodríguez Ibarra señalaba el viernes en su polémica Tercera de ABC, abren y cierran a su voluntad la muralla de los privilegios y la intolerancia. Una muralla cuya existencia desmiente la retórica externa del adanismo y la Alianza de las Civilizaciones, y la convierte en una triste milonga bajo cuyo dulce son se oye el crujido de la integración nacional que alguna vez, allá en la Transición, atisbamos a soñar entre las brumas de la concordia democrática.

director@abc.es

Zapatero ofrece alianzas a los musulmanes, pactos a los independentistas, diálogo a los terroristas, pero
se niega a acordar una ley con la oposición. En esa estrategia de paloma con las alas abiertas se está quedando peligrosamente fuera una gran parte de la sociedad española

El Gobierno pide tregua
ALFONSO DE LA VEGA La Voz 18 Septiembre 2005

EL GOBIERNO del señor Zapatero ha anunciado a la banda terrorista ETA, a sus amigos del PNV y a sus socios del tripartito, que abandona las armas y se rinde sin condiciones. Vacatio legis, decían los juristas de antes de la LOGSE que se llamaba esta figura, en la que existe un vacío de legalidad o bien la existente no se aplica por falta de medios o de voluntad de hacerla respetar. Como dicen los nacionalistas vascos con su descarado desparpajo: las leyes se obedecen pero no se cumplen. En realidad no debería extrañarnos: lo que pasa son las secuelas del 11-M. Los que perpetraron el terrible atentado sabían a quién estaban tratando de aupar al poder sobre la sangre, el horror y los escombros. Confiemos en que la Providencia divina, ya que en otra cosa no cabe creer, nos permita salir de este trance con algo de bien y dignidad. Pero si de este Gobierno cabe esperar cualquier cosa, y con el precedente de Irak no es de extrañar que ordene una valiente retirada de las Vascongadas después de auto-condecorarse, lo más trágico es que el enfermo padece un fracaso plurifuncional agudo. No ya el Ejecutivo, o el Parlamento donde se representa la comedia bufa de la soberanía nacional, si no que hasta el poder judicial parece mostrar síntomas de ese fracaso. El pueblo soberano del cual emana la justicia puede ver con asombro que en los temas de antiterrorismo parece mirar hacia otro lado. No sólo se ha roto el Pacto antiterrorista y se ha acabado con la política de acoso a los etarras y sus amigos que había puesto a la banda criminal en posición difícil. Es peor. Ya no parece obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes, como dice la Constitución semi vigente, ni el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde ya en exclusiva a los jueces. La credibilidad las instituciones españolas está bajo mínimos. Pero en realidad esto se nos profetizó durante la primera etapa socialista: «A España no la va a reconocer ni la madre que la parió».

EL CALÍGRAFO IMPENITENTE
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 18 Septiembre 2005

El D.R.A.E. define «calígrafo» de la manera siguiente: «Persona que escribe a mano con letra excelente». Es obvio que un calígrafo no precisa saber qué significan las palabras que surten de su pluma. El fuerte del calígrafo son los gavilanes, los perfiles y los ringorrangos, no las ideas ni los conceptos. Pero yo quiero hablarles, en realidad, de política sanitaria. Dentro de un rato se verá qué pinta en todo esto la caligrafía.

A mediados del mes de agosto, empezaron a sobrevolar noticias varias sobre lo que haría o no haría el Gobierno para frenar el déficit en sanidad. El interés público se centró en la Conferencia de Presidentes, foro donde habrían de ponerse, en teoría, los puntos sobre las íes. Por fin, el día diez, se reunió la Conferencia, en circunstancias verdaderamente estupefacientes. Los presidentes autonómicos acudieron a la cita como Dios los trajo al mundo. Quiero decir, sin más información que la meramente conjetural que había estado circulando en los medios de comunicación. La Conferencia fue un caos. Se prolongó dos horas más de lo previsto, y algunos presidentes, por razones de agenda, tomaron el camino de vuelta sin sentarse al banquete con que los festejaba el rey. Se supo que el Gobierno añadía algo más de mil quinientos millones de euros. Zapatero presentó el acuerdo como un éxito, en tanto que el PP eligió abstenerse en las votaciones, fórmula que transmitía descontento pero permitía a la vez no quedarse fuera del reparto. El martes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera ratificó las cifras anunciadas tres días antes. El criterio de distribución entre territorios se encuentra aún por determinar. Nadie volverá sobre el asunto hasta que no trasciendan detalles sobre lo que toca a Cataluña o corresponde a Extremadura.

Lo primero que llama la atención, es la desproporción dramática entre la atención que se ha prestado al asunto, y el importe objetivo de las decisiones adoptadas. Dado el volumen de la deuda sanitaria, las cifras que se han manejado son escasamente significativas. Ello autoriza una primera conclusión: la de que se ha estado haciendo un uso poco racional del tiempo. Pero cabe extraer conclusiones de más alcance.

El crecimiento del déficit sanitario afecta a las finanzas del Estado y pone en riesgo, en el largo plazo, la sostenibilidad del sistema. Se conocen, a bulto, los factores que están inflando el gasto. Uno es viejo: el consumo farmacéutico. Los otros dos llevan operando desde hace menos tiempo. Tenemos, primero, una subida considerable en la remuneración del personal, que las CCAA fijan individualmente y que parece haber entrado en un ciclo incontrolable de emulación recíproca. A ello se añade, en segundo lugar, el impacto de la inmigración y la propia liberalidad de las prestaciones españolas, de las que se están beneficiando incluso ciudadanos de la UE. Ponderar estos factores, y traducirlos en cifras, exige un trabajo sordo, largo, y reposado. El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el organismo diseñado para llevarlo a cabo. En el Consejo se reúne, de un lado, el Gobierno, representado por los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas. Y del otro, los consejeros de las autonomías. El procedimiento para definir mayorías -el Gobierno la mitad de los votos; las CCAA la otra mitad-, importa menos que la propia deliberación, sujeta a pautas técnicas y muy ceñida a los números.

Lo que acaba de ocurrir, en esencia, es que el debate sobre sanidad, que debería haberse verificado antes en el Consejo, para ser rematado, o resumido, o popularizado luego por la Conferencia, ha sido fagocitado por esta última. La verbena del sábado diez, concebida como un espectáculo puramente mediático, ha desviado las energías de su centro natural, y desplazado los acentos. Sabemos cuál es la propina del Gobierno, pero no sabemos en absoluto nada más. Peor todavía: creemos saber que ha habido un debate, siendo así que no ha habido ninguno. Se exprime la ubre, y todo lo que se saca en limpio es una comunicación triunfalista del presidente, y varios titulares de prensa.

Recupero la figura del calígrafo. Zapatero es, a la gobernación, lo que el calígrafo a la literatura. El presidente -ello ha podido apreciarse con claridad soberana con ocasión de la Conferencia-, interpreta la política como una sucesión de gestos, de incursiones retóricas en la opinión. La envoltura de las cosas parece preocuparle bastante más que las cosas mismas. La resulta, es una creciente desorganización del aparato público, con repercusiones cuya intensidad iremos midiendo con el tiempo. No somos Suiza, por desgracia. Con Cataluña patas arriba, ETA con espacio político para maniobrar, y un territorio sujeto a tensiones crecientes, lo que menos necesita España es inventarse a sí misma cada día.

La salud de la nación española
ANDRÉS DE BLAS GUERRERO El País  18 Septiembre 2005

Pese a la ofensiva de los nacionalismos periféricos reforzada desde los años finales de la dictadura, pese a las ambigüedades de una parte de las fuerzas políticas democráticas, mi impresión es que la nación española sigue gozando de buena salud. Es demasiado honda la génesis del surgimiento histórico de España, demasiado significativa nuestra vida en común en la modernidad, demasiado profunda la construcción de un orden liberal de 1808 a 1936, demasiado larga la dictadura, suficientemente eficaz la vida de nuestra restablecida democracia, para que la vida de la nación española no alcance un reconocimiento abrumador en el mundo actual. La nación de España, entendida como una comunidad de ciudadanos sujeta a un régimen común de derechos y libertades, espacio de una solidaridad histórica renovada día a día por los avatares de una vida en común, pienso que se sostiene firme, hoy por hoy, por debajo de los datos políticos cotidianos.

Toda la importancia del peso de la historia no nos debe hacer perder de vista, sin embargo, que cualquier construcción política necesita de una renovación cotidiana. Que una nación, una comunidad política construida mejor que inventada, no es una excepción a esta necesidad de rehacer, de reconstruir. Que ni las más sólidas realidades nacionales, y España lo ha sido y todavía lo es, son empresas hechas de una vez y para toda la eternidad.

Nos encontramos hoy en España con unos procesos muy intensos de construcción de unos hechos nacionales distintos al español. A su servicio se han puesto unos gobiernos subestatales que han entendido el Estado de las Autonomías no como un marco de convivencia de distintas sensibilidades nacionales, sino como rampa de lanzamiento para la construcción de unos hechos nacionales que no se satisfacen con su afirmación, sino que prolongan su acción en la negación de la común nación española. Porque negación es, al fin y al cabo, la afirmación de una nación catalana o vasca junto al reconocimiento de una "nación de naciones", España, en la que no cabe ver sino la vieja categoría de un Estado que engloba en su seno auténticas y genuinas naciones.

Si no queremos que la idea de España como nación histórica capaz de englobar a todos sus ciudadanos vaya sufriendo una erosión imparable, será llegado el momento en que, quienes creemos en ella, tomemos conciencia de la necesidad de insuflar un nuevo consenso nacional en la vida de los españoles. Porque ni el más glorioso de los pasados es suficiente para asegurar la vida de una nación. Si esa nación está sometida a un desafío constante y eficaz por poderosas instancias políticas, no es exagerado concluir en la necesidad de un programa de actualización y defensa de la solidaridad nacional para la misma.

Una política en defensa de la nación española debe partir del reconocimiento de la pluralidad consagrada por la Constitución do 1978. La nación española debe aceptar gustosamente su convivencia con unas nacionalidades y regiones que forman parte de ella. Pero el reconocimiento de esta pluralidad no debe suponer la renuncia a impulsar una cultura y una socialización políticas que actualice la solidaridad nacional de los españoles. Es necesario, en primer lugar, que los dirigentes políticos del conjunto de España tomen nota de un problema que no se va a resolver renunciando a una afirmación de la nación común. No se trata de una batalla por palabras, sino de un combate político y democrático por hechos que afectan directamente a la convivencia de todos nuestros ciudadanos. Una comunidad nacional no sobrevive al aislamiento de sus gentes y sus territorios. No se consigue asegurar la especial solidaridad que aporta la pertenencia a una nación sin sentirse parte de una empresa política común, sin reconocerse con una realidad histórica y sociológica en la que todos los nacionales formamos parte. Es necesario que el Estado ponga a disposición de una empresa de renovación nacional los medios indispensables requeridos por una sociedad moderna: medios de comunicación, instituciones culturales y educativas, acción exterior y el trabajo de una Administración común coordinada con las restantes administraciones existentes en un Estado plural.

Se trata de una empresa que no va contra nadie; entre otras cosas, porque una nación española renovada, segura de sí misma, confiada en su futuro, es una nación que puede afrontar nuevos procesos de reparto territorial del poder, que puede entenderse mejor con otras conciencias nacionales existentes en España y que puede garantizar más eficazmente el pluralismo de nuestra sociedad.

La llamada al patriotismo que esta empresa lleva implícita, no tiene nada que ver con la retórica del patriotismo de la dictadura y es posible que tenga escasa relación con el patriotismo de la Restauración. Se trata en última instancia de reconstruir un patriotismo de raíz liberal-democrática al servicio de una comunidad de ciudadanos que no ignora su inclusión en la vida de un viejo Estado europeo. De un patriotismo que no niega reconocimiento al surgimiento de espacios políticos por encima y por debajo de su Estado y su nación. Pero que no dimite de su responsabilidad de aportar un cemento para el afianzamiento de la vida de sus comunidades políticas en tanto éstas sigan jugando un papel significativo en la vida de sus ciudadanos.

No se trata de inventar un nuevo patriotismo. Puestos a inventar, quizá necesitaríamos una nueva palabra, libre de las adherencias de estas últimas décadas, para describir la idea. Se trata más bien de dar continuidad a una larga tradición española. Iniciado con el reformismo ilustrado, es el patriotismo español que aflora en el proceso gaditano, que se mantiene en nuestra tradición liberal progresista, que se expresa en la obra de Larra, que da un hilo conductor al sexenio revolucionario, que sigue con la tradición liberal en la Restauración, que expresa el republicanismo español, que ilustra el pensamiento krausista-institucionalista, que tiene su reflejo en la obra de Pérez Galdós, que construye nuestra historiografía liberal, que se manifiesta en buena parte de los escritores regeneracionistas y de la generación del 98, que en el primer tercio del siglo XX teorizan autores como Ortega y Gasset y el propio Azaña, que apoya lo mejor de la tradición socialista del siglo XX, que se cultiva en el exilio exterior e interior de la dictadura franquista. No son precisamente antecedentes lo que le falta a la izquierda para redescubrir un patriotismo cuya ausencia se hace sentir hoy en la vida española. Este patriotismo liberal-democrático deberá convivir, no solamente con los nacionalismos periféricos que se afirman con la crisis final del siglo XIX, sino con otras tradiciones del patriotismo español ligadas a visiones más conservadoras. Pero reivindicando en todo caso su derecho a manifestarse en la vida española de los inicios del siglo XXI.

Andrés de Blas Guerrero es catedrático de Teoría del Estado de la UNED.

Anoeta y la Audiencia Nacional
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 18 Septiembre 2005

La casualidad -o no- ha querido que mientras el magistrado Grande-Marlaska instruye la querella presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK), el PNV anuncie la presentación de un conjunto de iniciativas parlamentarias con las que los nacionalistas inician formalmente su intento de desmantelar la articulación legal de la lucha contra el terrorismo, incluido el terrorismo callejero, de cuya eficacia nadie razonable puede dudar. Y envolviéndolo todo, se reavivan las especulaciones sobre una próxima declaración de tregua por parte de ETA, con la peculiaridad de que ETA lleva dos años y tres meses sin poder matar, lo que haría aun más engañoso el sentido de la hipotética tregua y más devastadores sus previsibles efectos políticos si se convierte en un ejercicio de virtud merecedor de ser retribuido lo que, en todo caso sería un cálculo reconveniencia dictado por la debilidad operativa de los terroristas y la ilegalización de sus organizaciones ancilares.

Desde que en noviembre del año pasado Batasuna hiciera su reaparición a tambor batiente en Anoeta, la política frente a ETA y sus organizaciones está atravesada por la tensión entre la continuidad coherente en la acción del Estado de Derecho para derrotar a la banda y sus cómplices y la descalificación , implícita en el mejor de los casos, de esa estrategia materializada en el Pacto por las Libertades, con el argumento de que «la política pude contribuir al final de la violencia». Tan equívoca afirmación, que parece alentar la estrategia del Gobierno, hace que los acuerdos de Estado, la dignificación de la memoria de las víctimas, la erradicación de la 'kale borroka' acabando con su impunidad, la normalización del juego democrático mediante la ilegalización de las organizaciones cómplices de los terroristas, el cumplimiento efectivo de las penas, o el cerco internacional a los terroristas empezando por su consideración como tales en Estados Unidos y la Unión Europea, que todo esto no merezca la digna consideración de 'política'.

Aceptemos que gobiernos anteriores en vez de política contra el terrorismo se han dedicado a la jardinería. Bien. Pero, a falta de aclaraciones sobre lo que haya de considerarse 'política' en este caso, el significado de esta apelación lo define el contexto, los antecedentes y las posiciones partidistas más estériles que durante tanto tiempo han prevalecido en la política vasca con nula eficacia para acercar el día en que ETA deje de ser la pesadilla de miles de ciudadanos. En definitiva, cuando se habla de 'hacer política' en relación con el terrorismo, o cuando alguien se pone solemne para anunciar que ha llegado el momento de la política lo que se pone encima de la mesa -nunca mejor dicho- es el muestrario nacionalista con la pretensión de que, esta vez, el cliente se decida a comprar la mercancía animado por la esperanza de paz que ETA y sus cómplices dosifican haciendo luz de gas al conjunto de la sociedad.

Al afrontar el problema del terrorismo, el nacionalismo casi siempre ha conseguido imponer su interpretación y sus falsos remedios mucho más allá de sus propias fronteras. El nacionalismo político oficial ha buscado activamente evitar a toda costa la derrota de ETA para poder unir sus objetivos políticos a la expectativa del final de la banda. El Pacto de Estella -pelillos a la mar- fue la certificación de esa trayectoria de protagonismo compartido entre ETA y el resto del nacionalismo en su insondable conflicto con España y la revelación de esa fórmula magistral de poder en el País Vasco en la que ETA ha aportado las dosis de coacción social, exilio y violencia necesarias para que el nacionalismo institucional pudiera desplegar su proyecto etnicista. Por eso no puede sorprender que el PNV, que se ha opuesto sistemáticamente a todas las medidas legales para desmantelar el entramado terrorista, proponga ahora acabar con todo aquello cuya eficacia tanto optimismo infunde, por ejemplo, en el fiscal general del Estado. Ni siquiera puede sorprender esa grotesca declaración de los nacionalistas que dicen plantear sus propuestas como una 'prueba' para el Gobierno que, al parecer del PNV, debería probar la misma despreocupación que los nacionalistas tienen tan ampliamente acreditada hacia los que no lo son cuando de combatir a ETA se ha tratado.

Junto a ese nacionalismo que mide la paz por los dividendos políticos que le pueda reportar, hay otro nacionalismo, el de los que jamás se reconocerían nacionalistas pero hacen suya de manera pasiva, resignada incluso, la receta final que aquel viene patrocinando. Aceptan que, al final, tendrá que haber 'algún tipo' de negociación política, aunque sea disimulada en mesas formalmente separadas, si se quiere sellar el cese definitivo del terror; que, al final, habrá que admitir un cierto nivel de impunidad que, bajo la forma de generosidad o perdón nunca pedido, ofrezca una salida a los presos; que, al final, habrá que reconocer, también 'de alguna manera', un conflicto político subyacente que permita a 'ese mundo' dar un cierto sentido a sus fechorías; que las víctimas no podrán ser un obstáculo que impida materializar esta oportunidad histórica aunque tengan que soportar la burla de sus victimarios.

Tanta exégesis oportunista del proceso en Irlanda del Norte ha dado nuevo impulso a los que se arrogan el monopolio de la política para acabar con ETA. Tiene sentido teórico pensar que un brazo político escarmentado por su ilegalización pueda influir sobre los pistoleros debilitados. Pero precisamente para impedir que políticos y pistoleros pudieran articular de nuevo la complementariedad de sus estrategias, la limitada autonomía de Irlanda del Norte ha sido suspendida cuando el IRA ha intentado escapar a sus obligaciones de desarme, las actividades mafiosas de esta organización y la implicación del Sinn Fein en su dirección han sido denunciadas por los gobiernos británico e irlandés y el propio Adams ha visto como se le denegaba la entrada en Estados Unidos después del asesinato de Robert Macartney, católico y republicano, en un pub de Belfast. Al final, Adams, días antes de las elecciones generales en Gran Bretaña, se vio forzado a pedir al IRA el abandono de la violencia, doce años después, doce, de la famosa 'Declaración de Downing Street'.

ETA no ha atracado un banco pero sí cuatro mil kilos de explosivos y sigue chantajeando a miles de ciudadanos. La coacción para recuperar cargos municipales perdidos por la ilegalización de la listas abertzales empieza producir resultados. Batasuna vuelve como marca de cabecera del entramado político proetarra en pleno proceso de reconstitución y su dirección no tiene menos sino mucho más margen de movimiento. El Gobierno ha comprometido un nuevo Estatuto en esta legislatura. El clima, lo dicen los expertos, ha cambiado.

«La única negociación posible es que ETA deje las armas y no reciba nada»
El presidente de la asociación que reúne mayor número de víctimas advierte de que la negociación con ETA puede provocar que algunas personas se tomen la justicia por su mano
JORGE SÁINZ / DOLORES MARTÍNEZ ABC 18 Septiembre 2005

MADRID. Lo tiene muy claro. Francisco José Alcaraz está dispuesto a poner «toda la carne en el asador» para impedir, en la medida de sus posibilidades, que el Gobierno se «rinda al chantaje de ETA». Para ello, tiene previsto organizar movilizaciones, como la del 4-J, porque lo contrario, la pasividad, sería una carga muy pesada en «nuestra conciencia». En este pulso a ETA y al Ejecutivo no se siente solo: «La fuerza no sólo la recibo de la AVT, sino también de los ciudadanos». Al PP le pide «más contundencia» y al PSOE, que vuelva al Pacto Antiterrorista.

-¿Es usted una china en el zapato del Gobierno?
-La AVT es una china en el zapato de ETA y de quienes quieran pactar con la banda, por lo tanto si el Gobierno tiene la voluntad de negociar y pactar con ETA será una china para ambos.

-La Asociación ya ha anunciado movilizaciones «sin precedentes» cuando el Gobierno mantiene que no hay ningún diálogo abierto, ¿se están ustedes precipitando?
-Desde hace casi un año, la AVT viene anunciando lo que está ahora ocurriendo. Ya hablamos de las tres condiciones que ETA pondría para una tregua: el acercamiento a las cárceles, la legalización de ETA-Batasuna y el indulto de presos. Además, hechos como que el Ejecutivo no inste a la ilegalización de EHAK es un ejemplo del precio que se está pagando. Ahora, el Gobierno está dosificando la información para que la sociedad lo pueda ir digiriendo. La prueba más evidente es la propuesta de negociación con ETA que el Gobierno llevó al Congreso.

-¿Le sorprendió?
-La propuesta es una deslealtad a la sociedad y al Estado de Derecho. Además, quiero aclarar que me niego a hablar de negociación porque no es el término exacto, pues cuando el Gobierno se sienta con unos terroristas que tiene a sus espaldas casi mil muertos, lógicamente estamos hablando de un chantaje. Cuando alguien se sienta en una mesa y dice que si no se accede sus condiciones van a seguir matando, eso es chantaje. Si se negocia en esas condiciones, estamos hablando de claudicación, de rendición al chantaje de ETA.

-Para la AVT no hay negociación posible...
-Sólo si ETA deja las armas y a cambio no recibe nada. No sé si el Gobierno se sentaría con los violadores para negociar o con los asesinos de la violencia doméstica... Si se abre la puerta al diálogo con ETA, cualquier banda terrorista atacaría a un Estado de Derecho débil. Negociar es ceder y dar legitimidad a todos los asesinatos. Igual que si el Gobierno propone negociar con Bin Laden. En ambos casos estaríamos pisoteando y humillando la memoria de los asesinados, ya sean las mil víctimas de ETA o las casi 200 del 11-M.

-¿Cuál es la solución de la AVT ?
-La AVT defiende las propuestas de los socialistas que estando en la oposición nos hicieron creer que el fin de ETA estaba en las medidas policiales, judiciales y en el Pacto Antitetorrista. Quien realmente nos ha traicionado es el Gobierno. El presidente nos prometió antes de las elecciones que iba a mantener la Ley de Partidos y el Pacto Antiterrorista y a día de hoy nos sentimos engañados y traicionados...

-¿Por qué cree que Zapatero ha tomado esa vía?
-No creo que los nacionalistas tengan tanto poder como para impulsar al Gobierno. Si ha dado este giro, que a medio largo plazo va a fortalecer a ETA, es porque hay algún asunto de fondo mucho más grave. Creo, y cada vez lo tengo más claro, que tiene que haber algún tipo de chantaje al Gobierno para que no le quede más remedio que coger ese camino.

-¿Se refiere a ETA?
-Creo que la banda terrorista tiene datos para chantajear al Gobierno. ¿Qué datos? Ahí no puedo entrar. El tiempo lo pondrá todo en su sitio. Un Gobierno que ha abogado siempre por la derrota del terrorismo y que ahora da un giro de 180 grados es porque tiene que haber algún asunto de fondo muy grave.

- Perdone, pero no vale tirar la piedra y esconder la mano, ¿a qué asunto se refiere?
-No puedo entrar en él, pero creo que el PSOE ha escogido el camino que menos daño le va a hacer. Y a corto o medio plazo va a salir ganando con este proceso de negociación. Con el tiempo veremos cómo se fraguó todo.

-Cuando el Gobierno del PP se sentó con ETA no se escuchó la voz discordante de la AVT ...
-Eso es como preguntar por qué el PSOE utilizó el GAL como arma contra ETA y ahora no usa esos mismos métodos, pues lógicamente porque hay diferencias entre los dirigentes de este partido. En este caso, habría que preguntar a los que estaban en aquella Junta directiva de la AVT, que nada tiene que ver con la actual.

-Pero, ¿cuál fue su postura?
-Yo colaboraba con la AVT y fui socio en 1999. En cualquier caso, si hubiera estado en la Junta o hubiera sido presidente, desde luego, ante un proceso de negociación yo hubiera movido cielo y tierra como ahora. No podemos permitir un proceso de negociación gobierne quién gobierne.

-¿Qué va a ganar ETA?
-Zapatero va a dar a ETA en dos años lo que no ha conseguido en más de treinta asesinando, extorsionando y amenazando: el acercamiento de presos, los indultos y la legalización de Batasuna. A partir de ahí, resurgiría la ETA auténtica, que denominarían ellos, y el Gobierno tendrá la excusa de decir que esos nuevos etarras no fueron con los que negociaron.

-¿Por qué no quiere creer al Gobierno cuando dice que hay una oportunidad para acabar con ETA?
-Porque una verdad a medias es una mentira. Si el Ejecutivo dice que hay una oportunidad, ofrece datos objetivos y, además, asegura que no va a ver ningún tipo de contraprestación política, bienvenido sea. Pero por qué el Gobierno no nos dice la verdad y reconoce que va a dar ETA lo que no ha logrado con los asesinatos a través de un proceso de negociación política. Además, el Gobierno también sacará sus réditos: venderá el fin del terrorismo, adelantará las elecciones, logrará la mayoría absoluta y se perpetuará en el poder, porque Zapatero no busca el bien de la sociedad, sino el bien de su Gobierno, de su partido y el suyo propio.

-Usted ha definido ese diálogo como un proceso político, ¿por qué la AVT, que no es una organización política, tiene que ser escuchada?
-La AVT está compuesta por víctimas de un proyecto político. La AVT es un proyecto político de los terroristas. Por lo tanto, estamos inmersos en la política desde el momento en el que somos asesinados, heridos o amenazados. Además, todos hacemos política, eso sí política no partidista.

-Hablando de partidismo, la anterior manifestación de la AVT estuvo apoyada por el PP, ¿las próximas también lo estarán?
-No contamos con el respaldo de nadie. Tenemos marcado nuestro camino y ese es el Pacto Antiterrorista. Nos da igual que esté el PP o el PSOE.

-¿Hay demasiada politización?
-Es curioso que ese argumento que ha utilizado siempre el entorno etarra lo utilice ahora el Gobierno como arma arrojadiza contra nosotros. O sea, nosotros no podemos opinar, no podemos definir qué tipo de política honra la memoria de las víctimas, pero, al parecer, ETA sí tiene ese derecho.

-¿Está satisfecho con la postura del PP sobre la negociación?
-Le falta más contundencia. Dentro del País Vasco echo de menos muchas voces del PP y quien lo va a pasar muy mal es la formación que esté fuera de la negociación, es decir, el PP.

-Las víctimas siempre han mantenido un comportamiento ejemplar, ahora bien, ¿cree que la actual situación puede derivar en casos de personas que se tomen la justicia por su mano?
-Durante muchos años, las víctimas hemos confiado en las leyes, en nuestro Gobierno y nunca nos hemos tomado la justicia por la mano. Dicho esto, si el Estado de Derecho nos falla, si sacan a los presos a la calle y el Gobierno se doblega ante ETA, cabe el riesgo de que haya víctimas que se planteen tomarse la justicia por su mano.

-¿Qué pide a las víctimas ante ese riesgo?
-Antes de llegar a ello, se pueden articular movilizaciones dentro de la legalidad para que el Gobierno rectifique y no nos aboque a una situación como la descrita anteriormente.

-¿Le ha informado el Gobierno sobre el proceso de negociación?
-Peces-Barba nos propuso que ante un proceso de paz que cediésemos y que aceptáramos una amnistía a presos sin delitos de sangre. Luego, Zapatero nos dijo que tenía datos para confiar en la negociación, pero que lógicamente no los iba a hacer públicos por razones de seguridad nacional.

-¿Se presentará a la reelección como presidente de la AVT ?
-La AVT está viviendo tiempos difíciles. De hecho publicaremos una memoria: «El año de acoso y derribo a la AVT», en la que denunciaremos lo que ha hecho el Gobierno contra nosotros.

-Pero va a optar a la reelección...
-Para ser sincero yo no quisiera seguir en la AVT como presidente.

-Sin usted al frente, ¿la AVT mantendría los mismos criterios?
-Así sería. Hay un espíritu dentro de las víctimas que es imparable.

-Ha hablado usted de acoso y derrribo ¿Teme alguna operación para desbancarte del cargo?
-Ya se ha intentado a nivel interno, pero no han podido. Con la actual Junta Directiva hemos duplicado el número de socios, el mismo número que en los últimos 25 años.

-¿Echa de menos algunos apoyos?
-Faltan voces. Hay organizaciones que están calladas y son tolerantes ante este proceso. Creo que en muchos casos la carne es débil y se deja comprar.

-¿Quién?
-Creo que hay organizaciones que están en silencio gracias a las ayudas que reciben. Ahí se ve la politización, al ser complaciente y guardar silencio ante propuestas como la de negociación llevada al Parlamento.

-Pero no todas las asociaciones tienen que pensar como usted...
-También había judíos que apoyaban a los nazis, aunque reconozco que las víctimas del terrorismo no tienen por qué tener un pensamiento único.

-¿Están llegando los tentáculos del Gobierno a las decisiones judiciales?
-Sin duda. Que el individuo Usabiaga quede en libertad sin cargos y que ni siquiera se le interpele, deja el tema muy claro. Es el intocable de ETA.

-Usted no se fía de Zapatero, también pone bajo sospecha algunas autos judiciales, ¿en quién confía?
-La fuerza no sólo la recibo de la AVT, sino de los ciudadanos. De hecho, si no hubiera recibido ese respaldo masivo hubiera dejado la presidencia de la asociación y me hubiera planteado dejar incluso este país.

- ¿Servirán para algo las movilizaciones que están preparando?
-Si no hubiéramos salido a la calle el 4-J, hoy el chantaje de ETA sería realidad. Nuestra presión ha provocado que no se cumplan los plazos de ETA y que el Gobierno haya cambiado de estrategia y esté dosificando la información. Nos jugamos el Estado de Derecho y la unidad de España. Además, si no ponemos toda la carne en el asador, arrastraremos esta pasividad durante años sobre nuestra conciencia.

ATACADO OTRO CAJERO DE BANKOA
Los terroristas callejeros actúan por segunda noche consecutiva en San Sebastián
Los terroristas callejeros siguen actuando en las ciudades del País Vasco. Una noche más, los violentos han vuelto a cometer actos vandálicos provocando daños materiales. De la misma manera que el viernes, en la noche de este sábado rociaron con líquido inflamable un cajero automático perteneciente a una sucursal de Bankoa y le prendieron fuego, por lo que quedó inservible.
EFE Libertad Digital 18 Septiembre 2005

Terroristas callejeros volvieron a quemar en la noche del sábado un cajero automático perteneciente a una sucursal de Bankoa, situada junto al Mercado de La Brecha en San Sebastián. Como consecuencia del incendio, el cajero quedó totalmente calcinado.

Según informaron fuentes del departamento vasco de Interior, el ataque se produjo hacia las 22:20 horas, cuando los terroristas arrojaron un líquido inflamable a un cajero automático de la entidad bancaria y le prendieron fuego. Se trata del segundo acto cometido por los violentos contra una sucursal de Bankoa este fin de semana. El viernes los proetaras atacaron otro cajero de misma entidad bancaria.



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