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Recortes de Prensa     Sábado 24 Septiembre 2005
De vuelta al siglo XX
Cristina Losada Libertad Digital 24 Septiembre 2005

Hechos un nudo
TONIA ETXARRI El Correo 24 Septiembre 2005

Exégesis urgente
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 24 Septiembre 2005

¿A quién estorba la Asociación de Víctimas del Terrorismo?
Enrique de Diego Elsemanaldigital 24 Septiembre 2005

No, no estamos en venta.
Conchita M. Email  24 Septiembre 2005

Nicolás Redondo Terreros: «Sin el PP, el Gobierno está en la situación más débil de todas para negociar con ETA»
MANUEL ERICE ABC 24 Septiembre 2005

La reforma judicial del Gobierno sigue las pautas del Estatut
F. Velasco La Razón 24 Septiembre 2005

La AVT recurrirá las ayudas denegadas y el Foro Ermua también denuncia recortes
I. del Prado / D. Mazón La Razón 24 Septiembre 2005

El gobierno y la ETA
De vuelta al siglo XX
Cristina Losada Libertad Digital 24 Septiembre 2005

El siglo XX fue extremadamente tolerante con el terrorismo. Tal vez no podía esperarse otra cosa del siglo de los totalitarismos. Observaba Paul Johnson que cualquier reunión de la Asamblea General de la ONU ofrecía un surtido de ex asesinos políticos con el hábito de jefes de delegación. En cuanto a estadistas, desde De Valera a Mugabe, la lista impresiona. No todos llegarían a esas cimas, pero los menos afortunados saldrían a menudo sin haber cumplido íntegras sus condenas y hasta merecerían, como algunos secuaces del IRA, que el estado les dispensara protección. ¿Frente a quién? Frente a sus antiguas víctimas. Víctimas que serían con frecuencia olvidadas y abandonadas. Tanto como tolerados o premiados sus verdugos no arrepentidos.

De modo que los manejos que se trae el socialismo gobernante con la ETA se insertan en ese cuadro de perversión moral del civilizado siglo. Como los que hicieron, con resultado conocido, gobiernos anteriores. Pero esta vez hay un agravante: se ha echado por la borda el único intento que se había hecho en España por salir de las podridas aguas de la tolerancia con los intolerantes. Se inauguró con el nuevo siglo. Ahora hemos vuelto al anterior. Dicen los teóricos del retroceso que la política antiterrorista nacida del pacto PSOE-PP, cambió las condiciones objetivas y que es por ello que ahora puede y debe acelerarse el fin de ETA mediante la política o hablando en plata, la negociación. Pero desde el momento en que Rodríguez sirvió una ración de su talante dialogante al conglomerado terrorista, mutaron de nuevo aquellas.

Pues a ver si lo entiende hasta el susodicho: ofrecer diálogo a los terroristas es ya una cesión política. Para eso asesinan e intimidan. Su primer objetivo es conseguir carta de interlocutor, lo cual legitima, y he ahí la derrota de la ley, el terror como medio de hacer política. El “final dialogado de la violencia”, que el Congreso aprobó, es un sofisma. Si se negocia el final, la democracia ha perdido. Si los terroristas abandonan las armas, no hay nada que negociar. Y los beneficios para los presos, aquellos que no se apliquen únicamente, como prevé la ley, a los arrepentidos, también son cesiones políticas. Se concedan en tiempo de tregua o de atentados. Uno y otro son el mismo cuando persiste la coacción.

El gobierno teje y desteje su discurso con el concurso de un séquito de Penélopes. En el reparto de roles, el ministro del Interior da una de cal y los demás, lanzan arena. Un engrudo con el que cegar el significado de los hechos visibles: los cómplices del terror vuelven a las instituciones democráticas, pervirtiéndolas; reciben otra vez dinero público, más el que ya les suministraba su gobierno amigo; celebran actos y manifestaciones; salen libres del juzgado; y al tiempo, el gobierno estrangula económicamente a la principal asociación de las víctimas y sus voceros oficiosos se ensañan con ellas. La época de Redondo Terreros fue una excepción en el PSOE.

Paul Johnson calculaba que en una década culminaba el proceso de rehabilitación de los afectos al asesinato político. En diez años, más o menos, se limpiaban las manchas de sangre con buenos detergentes y ya podían vestir los purificados “la respetable indumentaria del cargo público”. Y todo ello sin que se hubieran arrepentido de sus crímenes. Es más, muchos seguirían cometiéndolos.

Hechos un nudo
TONIA ETXARRI El Correo 24 Septiembre 2005

Dos nudos, dos, son los que tienen cogido por el cuello a todos los políticos vascos que, por obra y gracia del entorno de ETA-Batasuna, se ven obligados a definirse en torno a los caprichos de Otegi, disfrazados, por supuesto, de palabras grandilocuentes que se han visto devaluadas en su concepto de tanto usarlas. La situación, condicionada por el secretismo del presidente Zapatero, se está volviendo incómoda para los partidos demócratas; cierto, pero ahora que vuelve a estar en el epicentro del debate, como en la tregua trampa del 98, quien no tiene prisa por pasar a otro escenario es, precisamente, Otegi. Subido al escaparate desde donde pasea, altivo, su ilegalidad tolerada, va poniendo deberes a los demás. A Zapatero, de entrada, le dice que vaya más despacito. Mientras no se ponga sobre la mesa la territorialidad y el derecho a decidir de los vascos, dice, «no va a haber proceso». Y si es Otegi quien lo dice, se va a tener que ir enterando Zapatero en ver cómo se las gastan quienes han matado durante tantos años con la excusa de obtener una Euskadi independiente y reunificada.

Con estos nudos llevamos navegando demasiado tiempo. Cuando se empezó a negociar el fracasado Pacto de Lizarra, Egibar decía que el problema se encallaba en la «cuestión de la territorialidad». Cuando Ibarretxe presentó su plan, Batasuna le dio un apoyo parcial por la misma razón. Y así seguimos. Con los nudos. En fase de exploración, dice el motorista del conflicto. Y casi todos le hacen la ola. Por si acaso. El PP no. Prefiere mantenerse sin contaminación. No quiere coincidir con la ilegalizada Batasuna ni en las rondas del lehendakari ni en reportajes televisivos. Pero a Otegi le va bien seguir con su metalenguaje: hay que «resolver los nudos que alimentan permanente el conflicto», dice. Y todos hechos un nudo. O un lío, que viene a ser lo mismo. Mientras Ibarretxe «explora», Batasuna va ganando terreno. Estará en la mesa extraparlamentaria, faltaría más; un foro diseñado expresamente para los ilegalizados.

El juez deja en libertad a otros tres imputados de EHAK después de que hubieran reconocido que ejercieron de escudo electoral de Batasuna. El fiscal 'pasapalabra' y no les interroga porque no ve delito. A la Asociación de Víctimas del Terrorismo el ministro Caldera le recorta el presupuesto y no está bien visto que los represaliados protesten. Las comunistas de las tierras vascas afean, por escrito, a la presidenta del Parlamento, Izaskun Bilbao, que dijera que ETA es el principal problema de la sociedad vasca. «El conflicto vasco no es ETA sino que ETA es una consecuencia del conflicto», dicen. Después de tantos años seguimos con lo mismo. Y nadie de los que están en la cocina del proceso habla de desactivar a ETA. No hay forma de deshacerse del nudo gordiano.

Exégesis urgente

Juan Carlos Girauta Libertad Digital 24 Septiembre 2005

Rajoy ha aludido a un pacto secreto entre Zapatero y Mas que implicaría el rechazo del estatuto catalán en el Congreso una vez aprobado en Cataluña. Sorprendente. Pero don Mariano no es amigo de la especulación; es forzoso buscarle un sentido al supuesto pacto. Y no hay mucho margen para la interpretación.

El primer paso sería la aprobación en Cataluña. Eso quiere decir que CiU vería formalmente satisfechas sus exigencias, o al menos algunas de ellas. Lo contrario, el fracaso del proceso en el Parlament, sembraría la frustración en la clase política catalana, frustración que los medios locales extenderían y generalizarían. Cada líder recordaría que hizo cuanto estaba en su mano, que negoció y transigió, pero hay dos líderes, los principales, que necesitan que el otro cargue con las culpas: Maragall y Mas. Si Mas rompe la baraja en el Parlament, Maragall se cargará de razón; en Cataluña será el hombre que iba a inaugurar una nueva etapa en la “construcción nacional” y que ha sufrido la zancadilla de los que patrimonializaron Cataluña durante un cuarto de siglo y que no soportan su pérdida de protagonismo. Convocaría elecciones y obtendría mayoría absoluta.

Si Mas llega a un acuerdo con Maragall para no romper la baraja en Cataluña, se abren dos posibilidades: que el Congreso apruebe el proyecto o que no lo haga. Si lo aprueba, la rentabilidad política de todo el proceso vuelve a ser para Maragall, el hombre que contra viento y marea obtiene un marco considerablemente más ambicioso de autogobierno que su antecesor. Pero si el Congreso no apruebe el proyecto, se invierte la situación: Maragall queda como un fracasado que ha perdido dos años sin conseguir nada porque está secuestrado por su partido, de “obediencia españolista”. Y gana Mas, que no sólo no habrá renunciado a sus aspiraciones de blindaje financiero, sino que podrá decir, ufano: ¿Ven ustedes cómo la del tripartito era una vía muerta? En las siguientes elecciones autonómicas, que por supuesto habría que anticipar, Mas obtendría la mayoría absoluta. Resumiendo, el nuevo estatuto va a fracasar: si fracasa en Barcelona (culpa de CiU), Maragall se beneficia; si fracasa en Madrid (culpa del PSOE), se beneficia Mas.

Las palabras de Rajoy sugieren que Zapatero ha apostado por lo último. ¿Por qué? Las posibles razones son: liberarse de la hipoteca maragaliana que pesa sobre él desde que el PSC le hizo ganar el congreso socialista; forzar un nuevo liderazgo en el PSC, menos nacionalista y más colaborador; devolver a CiU el gobierno catalán, recomponiendo el equilibrio de fuerzas del felipismo. ¿O es que nadie recuerda que González siempre prefirió a Pujol al frente de la Generalitat antes que a un socialista catalán?

¿A quién estorba la Asociación de Víctimas del Terrorismo?
Enrique de Diego Elsemanaldigital 24 Septiembre 2005

Lo más grave –con ser muy serio el recorte económico– es la triste sensación de que los medios gubernamentales empiezan a considerar molestas las acciones reivindicativas de la AVT.

24 de septiembre de 2005. A los pocos días del anuncio de movilizaciones en protesta por la política antiterrorista del Gobierno, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que encabeza Jesús Caldera ha enviado una carta a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en la que le informa de que, en adelante, quedan anuladas las subvenciones que se le venían concediendo.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales no la ha incluido en el reparto de los 96,9 millones de euros del IRPF recaudados en el último ejercicio en el apartado Otros fines de interés social. La excusa ministerial de Caldera no puede ser más espuria: "El 52% del IRPF sirve para apoyar a ONGs que desarrollan labores importantes en España".

La noticia puede pasar desapercibida en el maremágnum de datos de una jornada concreta repleta de acontecimientos, incluso en el importante cúmulo de desatinos del Gobierno Zapatero. Pero en la delicada situación actual, con la sospecha de una negociación política entre los terroristas de ETA y el Ejecutivo, y con el inquietante telón de fondo de los Estatutos vasco y catalán (Josep Lluís Carod-Rovira y Juan José Ibarretxe en el camino), se alzan interpretaciones muy peligrosas.

El castigo económico a la AVT por parte del Gobierno se suma de este modo a la campaña de acoso iniciada contra las víctimas del terrorismo desde la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero y que éstas denuncian con creciente angustia.

Caldera dice que no es así y que hay también otras asociaciones (debe referirse a la muy minoritaria y extremadamente politizada que lidera Pilar Manjón), y añade incluso que la AVT dispondrá de todo tipo de ayudas en otras partidas presupuestarias. Pero lo más grave –con ser muy serio el recorte económico– es la triste sensación de que los medios gubernamentales empiezan a considerar molestas las acciones reivindicativas de la AVT. O al menos, alejadas de la conveniencia... que no es otra que su mero interés político. Hace pocos días el ministro José Bono se quejaba de la cruz que supone el apoyo de Carod-Rovira y de los nacionalistas vascos al Gobierno Zapatero, pero ahí están, y la posible ligazón de los turbios planes para mantener estos apoyos con la pérdida de subvenciones y el ninguneo a las víctimas del terrorismo es altamente preocupante.

Algunos dirán que es pensar mal, pero en el reino del talante Zapatero, el pensar mal se está convirtiendo en una inquietante manera de acertar.

No, no estamos en venta.

Conchita M. Email  24 Septiembre 2005

Puede el gobierno de ZP quitar las ayudas a la AVT, puede intentar acallarnos, silenciarnos, intentar que las personas olviden lo que ha sucedido a las victimas del terrorismo en España, pero no lo van a conseguir. Hay millones de personas que no caen en la trampa de la falsa sonrisa del Sr. Zapatero, de su supuesto talante y de su inexistente diálogo con todas las demás personas que no acatan sin chistar sus imposiciones.

No dialoga más que con aquellos que se venden por dinero, puestos de trabajo, cesión de tierra y que le apoyen con sus votos para poder mantenerse en el poder eternamente.

Yo me pregunto si lo que también persigue es que le lluevan premios, el Nóbel de la Paz, el Príncipe de Asturias, el de foros de victimas del terrorismo. Pues va a ser que no. Zapatero no es un merecedor de ninguno de ellos y el que menos el de ningún foro o asociación de victimas del terrorismo seguido por el Nóbel de la Paz ya que para obtener una supuesta paz vende a las victimas, intenta acallarlas y si hablan las ataca sin piedad.

¿Cuándo vamos a abrir los ojos los españoles? Se saltan las leyes que les interesa, ejemplo los presos de ETA vuelven a la Universidad del País Vasco.

Que no, que esto es un disparate y los que se empeñan en defender lo indefendible por vergonzante y vergonzoso por no reclamar sus derechos por haber votado a este u aquel partido está cometiendo un error que de no subsanarse pronto, puede que cuando sus bolsillos y sus conciencias les den un grito de ayuda, sea ya demasiado tarde.

Nicolás Redondo Terreros: «Sin el PP, el Gobierno está en la situación más débil de todas para negociar con ETA»
«Error» de estrategia. El ex secretario del PSE no duda al valorar la política del Ejecutivo hacia ETA. «No se puede afrontar un proceso sin que sepa que está derrotada», sentencia
El que fuera líder de los socialistas vascos asegura haber ganado «en libertad y calidad de vida» desde que no tiene responsabilidades políticas
MANUEL ERICE ABC 24 Septiembre 2005

MADRID. «Un ciudadano más, un afiliado más al Partido Socialista y un hombre de izquierdas». Así se autodefine Redondo Terreros. Y se podría añadir: con la profunda convicción liberal de quien ha sufrido la persecución terrorista y de su entramado totalitario.

-Su salida de la dirección del PSE y la entrada de Patxi López supone un giro vasquista y un distanciamiento del PP. Tras el paso del tiempo, ¿fue un acierto el cambio?
-Bueno, si miramos hacia atrás, es innegable que nunca el PNV ha sentido más miedo que entonces. En cambio, hoy está sólidamente establecido y con una gran iniciativa política. Siguen con la autodeterminación, el plan Ibarretxe.., y lo hacen sin atosigamiento. Nadie piensa que se les pueda ganar. Todos, menos el PP, vuelven a pensar que no se puede hacer nada sin el PNV, que ha sido el más beneficiado de ese cambio. ¿Nos ha beneficiado a nosotros? Bueno, las cosas han cambiado. Es evidente que ha habido un buen resultado electoral, pero también lo es que el PSOE está en el Gobierno de España. Por eso, nuestros cambios ahora son de PSOE, no de PSE.

-¿Usted comparte los guiños del partido a ETA?
-Hubo un tiempo en que todo el mundo consideró que era imposible acabar con la banda. Luego, decidimos ir a por ella, porque creímos que era posible derrotar a ETA. No negociar con ella. El Estado de Derecho fue adquiriendo solidez, seguridad, fortaleza, y eso les llevó a la debilidad. Ahora, se está volviendo hacia atrás. Es la estrategia fuerte de los nacionalistas la que nos ha hecho claudicar. ¿Por qué? No tiene ningún sentido. A mi juicio, se tiene que seguir con el Pacto por las Libertades hasta que ETA se dé cuenta de que está derrotada. Es fundamental para ganar la batalla.

-Quien ha cambiado esa estrategia ha sido el PSOE, que parece allanar el camino hacia una negociación...
-Yo creo que la primera confusión es que el objetivo es la paz. No. Es la libertad. La paz, la paz que yo quiero, es la intersección del derecho, de la ley y la libertad. Por eso, cuando se habla de trabajar por la paz se olvida de que lo más importante, y también lo más difícil, claro, es trabajar por la libertad. ¿Por qué se ha cambiado? A mi juicio, la resolución del Congreso (acuerdo de todos menos el PP para negociar con ETA si deja las armas) fue un error. No por la resolución en sí, sino porque nos alejó del primer partido de la oposición y nos acercó a los que optan por la negociación. El PNV aplaudió; Izquierda Unida aplaudió.., ERC... ¡Es que ERC negoció con ETA! Algo a lo que en el mejor de los casos, no está legitimada a tener contactos. Sólo el Estado lo está. Eso no sucede en ningún país del mundo. Es algo impresentable...

-¿Es asumible para el Gobierno que encima sea éste su principal socio de gobierno?
-A mí la política de alianzas de mi partido, la de pactar con los nacionalistas, no me gusta. Es otro grave error buscar ahora el apoyo del PNV. Para un país que quiere ser fuerte y poderoso es muy negativo que todo dependa de los nacionalistas.

-¿Debe o no debe instar el Gobierno a que se ilegalice EHAK?
-Con la legislación que tenemos, el Gobierno tiene que dejar hacer al Fiscal, que es el que tendría que proceder a hacerlo. Que cada uno asuma su responsabilidad.

-¿Y tendría que hacerlo el Fiscal del Estado?
- Sí, yo creo que sí.

-Al margen de su debilidad operativa, que nadie cuestiona, ¿ETA está mejor o peor que hace un año?
-Para mí, hay dos elementos negativos que no había antes: la banda tiene iniciativa política, está definiendo el campo en el que se juega, y eso es terrible. Y segundo: como el pacto con el PP se ha disuelto, el Gobierno está en la peor de las situaciones, en la situación más débil, para afrontar un proceso. Lo que debe hacer, cuanto antes, es hacer emerger el Pacto de las Libertades. Además, definir la estrategia del final de ETA en base a la derrota de la banda, no a ninguna clase de negociación. Ya hemos dicho nosotros, y está claro, que no hay negociación si no dejan las armas. Por eso mismo no puede mezclarse ninguna decisión política.

-Pero su partido dice que ha sido el PP el que ha roto el Pacto utilizando el terrorismo como arma electoral.
-Porque no es verdad, como dicen algunos, que el Gobierno puede hacer lo que quiere. Lo que yo defiendo es que el Gobierno sólo puede hacer lo que puede. Y lo que puede pasa por un acuerdo con el PP. Y si el Acuerdo se debilitaba por la resolución (del Congreso), pues hay que retirar la resolución. Aznar no quería el Pacto por las Libertades y lo tuvo que aceptar. Porque tú debes hacer lo que puedes hacer.

-Hablando de hacer, ¿cómo contempla la previsible llegada al Congreso de un Estatuto que define a Cataluña como nación?
-Aprobar eso sería un punto de no retorno. Yo creo que estamos en una mala situación. Quien no quiera reconocerlo se está equivocando. No hay que dramatizar. No va a desaparecer el país. Pero sí está en juego que este país se vertebre de otra forma. Que la vertebración sea más cara, en la que unos territorios tengan privilegios en perjuicio de otros y en la que se debilite la ciudadanía española en beneficio de los elementos identitarios de cada comunidad o región. A mí no me gusta. Yo, como defiendo desde la izquierda la libertad, la igualdad, la solidaridad, me lleva a estar en contra de los privilegios, del egoísmo, de que este país sea un proyecto de los nacionalistas... Y la paradoja está en que se quiera cambiar algo que ha funcionado bien. Como ha funcionado bien, pues vamos a cambiarlo. Pero, digo yo, si funciona bien, ¿por qué lo quiere cambiar usted?

-Para usted, entonces, no hacía falta reformar nada.
-No hacía ninguna falta. Pero, además, si se provocaba esa reforma, se tenía que hacer, no para satisfacer a los nacionalismos, a Carod, al PNV o al otro, que nunca se sentirán satisfechos, sino para mejorar nuestra casa constitucional. Y además, se tenía que hacer desde el acuerdo entre el PSOE y el PP, que son los que van a gobernar hoy o mañana. Y ni no hay acuerdo, pues no se hace. Tiene que trascender la sigla de un partido político. Que es muy importante. Pero más importante que el PP y que el PSOE es España.

-Entonces no opina, como otros compañeros de su partido, que es un problema puramente conceptual, de lenguaje...
-No, no, en absoluto. El significado de las palabras es el que es y el concepto de «nación» es el que es. Y además, en este caso, lo dice claramente la Constitución. España es la única nación. Y que no se equivoque nadie. Si esto sale, mañana pedirán lo que significa esa palabra en política: la posibilidad de decidir su futuro sin el resto de España, la posibilidad de representación internacional al margen de España. Hay una cosa clara: la posibilidad de ciudadanía, desde el punto de vista de la Revolución Francesa, sólo se da en la nación. En las comunidades autónomas, lo que predomina es lo identitario. Tenemos que saber que si se aprueba lo de nación, habrá sucumbido la ciudadanía española y habrá emergido lo identitario de cada autonomía.

-Con la última ofensiva de ministros negando el término nación a otra cosa que no sea España, ¿está el Gobierno intentando cerrar la misma caja de pandora que abrió en su día?
-No lo sé, pero haría bien. Contaría con mi apoyo entusiasta. Yo creo que las cosas que no se han hecho bien hay que rectificarlas. No se puede decir que da igual. No es algo neutro. No podemos decir que no pasa nada, porque pasa todo.

La reforma judicial del Gobierno sigue las pautas del Estatut
- Un informe del CGPJ denuncia que el proyecto prepara el terreno para el «reparto territorial» de la Justicia y advierte de que puede ser inconstitucional
El proyecto de reforma del Estatut ha sido clave en la reforma judicial prevista por el Gobierno. Así se sostiene en un informe que debatirá el lunes el CGPJ, en el que consejos de Justicia y jueces de proximidad son muy criticados.
F. Velasco La Razón 24 Septiembre 2005

Madrid- La reforma judicial del Gobierno, en lo que afecta a la creación de los Consejos de Justicia de Ámbito Autonómico y a la Justicia de Proximidad, responde prioritariamente al «actual proceso de reforma estatutaria que viene protagonizando Cataluña», y, en el caso de los jueces de proximidad, también al «proyecto de ley que regula el régimen especial del Municipio de Barcelona». Así se sostiene en el informe realizado por el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Luis Requero y que será debatido el próximo lunes en la Comisión de Estudio.

En cuanto a los Consejos de Justicia, el informe, que es susceptible de sufrir modificaciones para lograr el mayor consenso, señala que con la redacción actual el legislador está «acogiendo ya algunas de las previsiones de los proyectos de Estatuto».
Además, se destaca que cuando se antepone el «necesario acomodo del gobierno del Poder Judicial con el principio autonómico», tal como se recoge en la exposición de motivos del anteproyecto, frente a la «eficacia» que inspiraría una desconcentración, «es que se intenta avanzar con este primer paso hacia un reparto territorial del gobierno judical bajo la invocación instrumental de un principio de mera gestión administrativa». En ese caso, lo que se pretende es «intenta avanzar con este primer paso hacia un reparto territorial del gobierno judicial».

Por ello, añade el texto que debatirá el lunes la Comisión de Estudios, el anteproyecto del Gobierno, en lo que se refiere a los Consejos de Justicia, «no puede entenderse, no tiene otra lógica que dar cobertura en la Ley Orgánica del Poder Judicial a lo que se prevé ya en concreto en el proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña, cobertura que no puede darse sino en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)».

Esta afirmación, se dice al respecto, no supone realizar «conjeturas o juicios de intención», sino que se constata «lo que en la realidad legislativa y política está ocurriendo». El anteproyecto del Gobierno «responde a la necesidad legislativa de anticipar en la LOPJ lo que ese proyecto de Estatuto –el de Cataluña– ya ha iniciado y que podría ser secundado por otros». Ese proyecto de Estatuto «implica la modificación de la LOPJ, lo que no es admisible».

Por todo ello, se concluye en este punto, el legislador estatal, con esta regulación de los Consejos de Justicia, está acogiendo ya «algunas de las previsiones de los proyectos de Estatuto» de las comunidades autónomas.

Junto a todo lo anterior, el informe elaborado José Luis Requero señala que con la configuración de esos Consejos de Justicia lo que en realidad se hace es introducir «en cuña un nuevo órgano de gobierno en el Poder Judicial», a lo que habría que añadirse el «incremento espectacular que supondrá en toda España el número de los llamados a ejercer funciones de gobierno», unas 491 personas para una judicatura de 4.300 jueces.

Bases para la inconstitucionalidad.
En cuanto a la constitucionalidad o no de esos Consejos de Justicia, el informe advierte que el anteproyecto «contiene las bases para entender que puede desembocar su aplicación en lo explícitamente prohibido por la Constitución». Así, se concreta que del régimen de recursos previstos para esos Consejos y el régimen competencial previsto, «con el aditamento de su carácter externo debido a la presencia de miembros de elección autonómica», cabe deducir «que el texto informado –el anteproyecto del Gobierno– propiciaría a las comunidades autónomas un sucedáneo de Consejo propio». De esta forma, «se salvarían las apariencias, pero el modelo informado conduciría a una autonomización del gobierno del Poder Judicial, algo constitucionalmente vedado».

Por contra, no se detecta ningún problema de constitucionalidad en cuanto a su configuración externa, ya que se crean órganos de gobierno desconcentrados, estatales, sometidos al principio de unidad del Poder Judicial. Sin embargo, su régimen interno «contiene elementos que, por su oscura regulación, podrían hacerlo inconstitucional». En todo caso, y aún en la hipótesis de que fuese constitucional la regulación que se realiza de los Consejos de Justicia, el informe sostiene que su creación obedecería a «postulados de política territorial ajenos a la eficacia del gobierno del gobierno judicial, de ahí que sea una reforma innecesaria desde la contemplación de las necesidades del Poder Judicial». Además, «se complica innecesariamente el gobierno de la Justicia».

Por todo ello, se pide al Gobierno que «se reconsidere en toda su estructura el sistema de Consejos de Justicia, para concebirlos como Salas de Gobierno ampliadas, interviniendo los miembros designados por las comunidades autónomas».

Justicia de base autonómica y local.
Respecto a la Justicia de Proximidad, el informe que se someterá a la Comisión de Estudio es todavía más crítico. Tras señalar que puede vulnerar el principio de igualdad, ya que no se aplicará a todas las ciudades, se reseña que no deja de ser una vía «para adquirir el poder político protagonismo en la elección de jueces, en el que lo prioritario es atender a un modelo territorial de Poder Judicial».

Además, se dice que «también cabe intuir» que la Justicia de Proximidad se diseña como «ensayo, banco de pruebas o anticipo de un futuro predecible que se ahora se incoa: se estaría avanzando hacia una generalización de la designación por instancias políticas de los jueces, par lo cual se suprimiría el ingreso en la Carrera Judicial mediante oposiciones». El modelo elegido llevaría a un «sistema judicial paraestatal, de base autonómica y local, que pemitiría erigir otra Judicatura, otro Poder Judicial».

La conclusión tampoco deja lugar a dudas: «La intervención política en la selección, la amovilidad de esos jueces, su no pertenencia a la Carrera Judicial, la existencia de una Justicia a disposición de los ayuntamientos, etc. arrojan a un mar de dudas constitucionales de tal calibre que lo aconsejable es su abandono».

La AVT recurrirá las ayudas denegadas y el Foro Ermua también denuncia recortes
Rajoy muestra su apoyo a las víctimas, «que siempre deben contar con el apoyo institucional»
I. del Prado / D. Mazón La Razón 24 Septiembre 2005

Madrid- El Foro Ermua se apuntó ayer, durante una rueda de prensa que ofreció en Madrid, a la denuncia que había lanzado la víspera la AVT sobre recortes del Ministerio de Cultura en las ayudas destinadas a las asociaciones de víctimas del terrorismo. Eso sí, lo hizo de pasada, sin hacer ruido y dejando claro que, sin embargo, sí han recibido las subvenciones a través de otros ministerios. Así, Mikel Buesa explicó que su plataforma, como la AVT, también ha percibido «una tendencia reduccionista» por parte del Ejecutivo. En este sentido, explicó que «el Foro Ermua solicitó este año tres dotaciones económicas: una a Asuntos Exteriores, otra a Cultura y una tercera al Ministerio de Interior». «Se nos ha concedido la ayuda que anualmente nos otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero no así la que veníamos recibiendo desde hace cuatro años el departamento de Cultura. Ahora estamos a expensas de que se haga oficial lo que sucede con la del Ministerio de Interior», detalló.

Sobre la negativa del departamento dirigido por Carmen Calvo, la asociación denunció que «no se ha motivado su decisión por escrito, sino que se ha limitado a expresar de palabra que la solicitud del Foro no tenía la suficiente prioridad». A la hora de buscar una explicación tanto a su negativa como a la recibida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, el presidente del Foro Ermua valoró que «no se puede saber qué es lo que realmente hay detrás». Puede que «simplemente se deba a que el recorte presupuestario deje a determinadas organizaciones por debajo del corte» a la hora de conceder subvenciones, dijo Buesa.

Al ser preguntado por los actos preparados por la AVT contra una posible negociación con ETA, Mikel Buesa matizó, a título personal, que no comparte la idea de visitar los cementerios, pues «no se debe hacer una exhibición pública del dolor».

Rajoy, con la AVT. También Mariano Rajoy se refirió ayer a la polémica suscitada por la AVT sobre la asignación de subvenciones del IRPF: «El Gobierno siempre echa la culpa al PP. ¿Por qué la Asociación de Víctimas del Terrorismo lo dice ahora y no antes?», se preguntó el líder popular en un acto en París, antes de hacer hincapié en que los afectados por la violencia terrorista deben contar siempre con apoyo institucional. Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, confirmó la decisión de subvencionar a las asociaciones de víctimas del terrorismo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, al tiempo que mostró su sorpresa por que la AVT no criticara al Ejecutivo de Aznar hace tres años.

Por su lado, la AVT está dispuesta a enfrentarse judicialmente a la decisión del Ministerio de Trabajo por no concederles la subvención en función al IRPF. Según aseguró el presidente de la Asociación, José Alcaraz, a LA RAZÓN, sus abogados están ya trabajando para presentar un recurso ante el Ministerio para que la convocatoria de ayudas varíe las asignaciones y reciban la parte que, a su juicio, les corresponde. Según la convocatoria, las asociaciones con derecho a percibir las ayudas disponen de un mes desde la recepción de la carta que asigna las subvenciones para recurrir la decisión. Además, si no prospera el recurso, los afectados tienen otros dos meses para impugnar ante la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, extremo al que la AVT está dispuesta a llegar.

De todos modos, Trabajo considera que las cifras contenidas en los Presupuestos del año en curso, de ayudas directas desde distintos departamentos a asociaciones de Víctimas del Terrorismo como la AVT, demuestran que no se discrimina en modo alguno a dichas organizaciones. Así, según las cifras reflejadas en los PGE de 2005, las asociaciones de víctimas reciben ayudas directas que superan los 19 millones de euros, desglosadas en distintos programas. Aparte, Interior destina en su presupuesto más de 120.000 euros a la AVT para cofinanciar proyectos del Fondo Social Europeo.

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