AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 25 Septiembre 2005
Ermua nunca existió
ANTONIO BURGOS ABC 25 Septiembre 2005

La línea roja
IGNACIO CAMACHO ABC  25 Septiembre 2005

Estatut, la semana decisiva
Editorial ABC 25 Septiembre 2005

Abrelatas
JON JUARISTI ABC 25 Septiembre 2005

CAFARNAÚM A LA CATALANA
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 25 Septiembre 2005

Palique nacionalista
Guillermo Urbizu elsemanaldigital 25 Septiembre 2005

Estudiar castellano
Cartas al Director El Correo 25 Septiembre 2005

ETA reaparece dos meses después con un coche bomba en un polígono de Ávila
PATRICIA G. ROBLEDO ABC 25 Septiembre 2005

El deber de saber catalán que impone el Estatut obliga al Estado a crear un cuerpo específico de funcionarios
C. Morodo La Razón 25 Septiembre 2005

La APM pide también la inmediata retirada de la reforma judicial
F. Velasco La Razón 25 Septiembre 2005

Ermua nunca existió
ANTONIO BURGOS ABC 25 Septiembre 2005

DE vergüenza no sé, quizá también. Pero desde luego que de memoria colectiva andamos cortitos, y sin agua. Menos demagogia de la Memoria Histórica es lo que hace falta aquí, y más memoria de la historia más reciente. De aquellos terribles días de julio mismo, no tan lejanos, cuando la ETA había secuestrado a Miguel Ángel Blanco y amenazaba con asesinarlo si el Gobierno no acercaba a los presos terroristas a las cárceles vascongadas.

España estuvo horas y horas paralizada, conmocionada, con un nudo en la garganta. Hecha una piña con quienes se tenían que hacer un nudo en el corazón para no claudicar ante el chantaje de los asesinos, por mucho que amenazaran con quitar la vida a un inocente. No estuve en el castillo de Tarifa cuando los moros llegaron a decirle a Guzmán el Bueno que matarían a su hijo, que tenían preso, si no entregaba la plaza, pero me lo imagino. En aquellas horas, todos los españoles estuvimos en cierto modo dentro del castillo de Tarifa, escuchando los atambores y chirimías de unos bárbaros que anunciaban que matarían a Miguel Ángel Blanco si no entregábamos la plaza del Estado de Derecho, abriendo sus murallas y sus cárceles. La plaza no se rindió. Prevaleció la ley. Al precio de una vida. Eran las tres de la tarde cuando por las radios de la congoja supimos que en un pinar había aparecido un cuerpo humano con un tiro en la nuca, y que aún mantenía un hilo de vida. Era Miguel Ángel Blanco. Era Ermua y su espíritu, que en menos de horas veinticuatro pasamos del castillo de Tarifa a la plaza de Fuenteovejuna, todos a una contra los asesinos separatistas.

Oigo ahora aquella misma radio de la trágica tarde en la que soltaron en un camino el cuerpo de un inocente que aún tenía un hilito de vida. Oigo aquella misma radio de un pueblo entero, Ermua, España, da lo mismo, puesto en pie junto a un símbolo de resistencia frente a la negación de los sentimientos, de la razón, de la ley. Por aquella misma radio dicen ahora que a las víctimas de los asesinos separatistas les escatiman las ayudas que derrochan en subvenciones a los que votan en el parlamento vascongado con las manos manchadas de sangre. Debe de ser un homenaje a Miguel Mihura en su centenario. Es todo tan incoherente que la realidad supera muy ampliamente el humor del absurdo de «Tres sombreros de copa». Han convertido a los verdugos en víctimas. Han satanizado a las víctimas. Tráfico y negro humor del absurdo. No es para reírse. Por esa misma radio sigo oyendo no sé qué de las transferencias carcelarias a la autonomía vascongada. Eso significa ni más ni menos que están preparando el camino para que los presos de la ETA sean llevados a las mismas tierras que quieren separar de España, lo que pedían cuando secuestraron a Miguel Ángel Blanco. Y dicen que eso será el primer paso para que los pongan en la calle cuando Ibarreche tenga las llaves de las cárceles.

No puedo creer que sea en serio. Será un homenaje al absurdo de Miguel Mihura. No puedo creer que estén dispuestos a hacer eso, en lo que llaman «proceso de paz», por no ponerle su verdadero nombre de claudicación del Estado de Derecho ante una banda de asesinos, con tal de que un botarate llegado al poder por cruento accidente pueda aspirar al Nobel de la Paz. No puedo creer que aquel mismo Estado de Derecho que hizo una piña en las horas de la angustia, cuando habían secuestrado a Miguel Ángel Blanco, sea ahora el que conceda todo lo que entonces se negó a un altísimo precio: nada menos que la vida de un hombre. O a lo mejor estoy equivocado. Voy a ponerme el termómetro. A lo mejor tengo un fiebrón y estoy delirando. ¿Será que todo esto lo he soñado yo con la calentura, y que ni Ermua ni Miguel Ángel Blanco existieron nunca?

La línea roja
IGNACIO CAMACHO ABC  25 Septiembre 2005

HA quedado tan alto en Cataluña el listón del disparate estatutario que el Congreso de los Diputados recibió esta semana con indisimulado alivio el proyecto de reforma enviado desde Valencia, pese a tratarse de un texto que roza, con serio riesgo de sobrepasarlo, el techo competencial establecido en la Constitución. El simple hecho de llegar avalado por los dos grandes partidos nacionales, más la probada lealtad constitucional y española del presidente Francisco Camps, han bastado para pasar por alto la manifiesta vocación de máximos del Estatuto valenciano, en la confianza de que el mismo consenso que lo ha hecho posible en el Parlamento autonómico bastará para rebajarle sus crestas más agudas en el correspondiente afeitado que le espera a su paso por las Cortes.

En condiciones de normalidad, algunas de las disposiciones del nuevo Estatuto valenciano habrían puesto los pelos como escarpias al más pintado: entre otras, una declaración preliminar de derechos que el profesor Jiménez de Parga ha considerado claramente inconstitucional en la Tercera de ABC, o la determinación expresa del Tribunal Superior autonómico como última instancia de apelación a todos los efectos y niveles. Por no hablar de la ya célebre «cláusula Camps», que incluye la posibilidad de alcanzar el máximo techo que el Estado conceda, a posteriori, a cualquier otro texto estatutario y transforma el clásico «café para todos» de Clavero Arévalo en una especie de «café con croissants» en el que algunos, además, pretenden arramplar hasta con la vajilla.

La ausencia de un partido nacionalista en el horizonte valenciano y el perfil político del propio presidente regional, comprometido sin ambages con la solidaridad territorial y el concepto de nación española, han permitido sin embargo que el Estatuto que Camps ha llevado a Madrid bajo el brazo se configure como la línea roja a partir de la cuál no será posible el mantenimiento sin ruptura del marco autonómico vigente. No sólo eso: el texto valenciano es de alguna manera el contraejemplo con el que combatir la abracadabrante subasta de competencias y fórmulas financieras en que ha devenido el debate de la reforma estatutaria catalana.

Frente al tejemaneje en que andan metidos Maragall, Carod, Montilla, Artur Mas y el propio Zapatero para obtener una solución a gusto de todos en el atolladero al que los ha conducido la confusa deriva maragalliana, ya nadie podrá evitar que la opinión pública compare los resultados del acuerdo tejido en Valencia entre los dos grandes partidos nacionales y el guirigay desquiciado que han provocado los socialistas al enredarse con los nacionalistas e independentistas catalanes. Y del mismo modo será imposible dejar de preguntarse por qué ese consenso sensato no puede y debe volver a producirse en el Congreso cuando llegue la hora de aprobar o rechazar una propuesta de Cataluña que excede, según su propio Consejo Consultivo, todos los límites constitucionales posibles.

Muy pocos dudan en este momento en el PSOE de que la mejor solución para el Estatuto catalán sería el descarrilamiento del texto en el propio Parlamento autonómico, una salida que Zapatero parece haber descartado a riesgo de verse obligado a incumplir su propia promesa de aceptar en Madrid lo que proponga Barcelona. La necesidad de sostener a Maragall al frente del tripartito, sin abocarlo a elecciones anticipadas, ha movido al presidente del Gobierno a buscar un mal menor a costa de aceptar como problema lo que en su falta de modelo llegó a considerar como una solución global que le iba incluso a despejar el conflictivo horizonte vasco. En su obcecada y confusa inclinación a hacer política nacionalista, con votos españolistas, Maragall ha sembrado de minas no sólo su propio camino, sino el de todo el proceso de reformas que Zapatero consintió en abrir sin conocer cómo podría ser el final de tan peligrosa aventura.

En contraste con su colega catalán, el presidente valenciano no es en absoluto un visionario enloquecido dispuesto a obtener para su comunidad un marco cuasi federal al margen de la solidaridad española. Muy al contrario, Francisco Camps es un político con un firme criterio de pertenencia a un proyecto nacional, un hombre moderado, sensato y de gran proyección en la nomenclatura del Partido Popular, hasta el punto de que Mariano Rajoy lo eligió para encabezar la vía alternativa al disparate nacionalista, una vez aceptada la razón de fuerza mayor de que la artificial demanda de reformas estatutarias ha acabado convirtiéndose en una necesidad política por esa clase de incomprensibles razones que vienen alterando el orden lógico de prioridades en la cosa pública.

Con el respaldo, no siempre explícito, de Rajoy, Camps ha sorteado un campo de minas -motín de su propio grupo incluido- colocadas por su antecesor en la presidencia valenciana, el hoy portavoz parlamentario Eduardo Zaplana. Para ello ha tenido incluso que elevar, mediante consenso con el PSOE, el techo de sus reclamaciones territoriales a fin de obtener una cierta garantía de estabilidad en un Gobierno autonómico cuyo principal adversario no es tanto la oposición como algunos sectores de su propio partido.

De este modo, el Estatuto ha sido para Camps la herramienta con que ir ganando en la calle el apoyo que Zaplana y sus leales le segaban, zancadilla a zancadilla, entre sus propias filas. Sabedor de que el Congreso recortará a la postre los indiscutibles excesos del texto estatutario, el presidente valenciano ha ido dando la vuelta a maniobras y deslealtades destinadas a hacerle pagar el terrible pecado político de gobernar sin tutelas, desafiando los poderes vicarios que su predecesor le había dejado incrustados en los pliegues de las instituciones autonómicas.

Es ese pulso, y no el contenido del proyecto en sí mismo, lo que llevó a Zaplana a planear su descarrilamiento en Madrid con la ayuda de los socialistas Alfonso Guerra y Alfredo Pérez Rubalcaba y, fracasado el intento por la determinación del propio Rajoy, a renunciar a defenderlo en el Congreso. Tuvo que ser Federico Trillo, un diputado más bien poco «zaplanista» y últimamente jugoso memorialista de sus azarosos tiempos de ministro de Defensa, el que asumiese esta semana el papel de ponente popular mientras el portavoz titular hacía ostensible su desacuerdo palmeando sus manos sobre el pupitre cuando la gran mayoría del hemiciclo aplaudía el desenlace de la admisión a trámite.

Detalles internos al margen, lo cierto es que la apertura de la «vía valenciana» no sólo ha servido para consolidar a Camps como un indiscutible referente territorial, sino que ha permitido a Rajoy la posibilidad de ofrecer un camino racional y consensuado para situarlo como un espejo ante el imprevisible órdago catalán. Aunque el Gobierno se niegue a concederle el honor de un reconocimiento explícito, todo el mundo sabe ya que la fórmula valenciana es infinitamente más valiosa, serena y razonable que el compulsivo tira y afloja que se traen en Cataluña los aliados nacionalistas de Zapatero. No sólo porque Maragall parezca, en contraste con la sobria discreción de Camps, un gobernante sonado envuelto en la trastornada tesitura de un camino sin retorno, sino por la sencilla razón de que el acuerdo de los dos grandes partidos nacionales es preferible siempre al desencuentro de los que pretenden deshilachar a dentelladas el proyecto de una España de ciudadanos para sustituirlo por el errático concepto de una nación de naciones.

Mucha brillantez política va a necesitar Zapatero para anular el efecto de esa evidencia tan sensible. Sus regates en corto, sus fintas de última hora o sus componendas in extremis con Carod, Mas y sus insaciables huestes sólo contribuyen a realzar el contraste de la sinrazón con la serenidad. Todo el mundo sabe ya que los ciudadanos de Valencia van a obtener, sin alharaca egoísta y sin que nadie dude de su contribución al proyecto nacional, un estatuto de máximos anclado en el respeto al marco solidario de la Constitución. Y esa delgada línea roja que separa el consenso del disenso, la serenidad de la crispación y la integración de la división es la frontera entre lo deseable y lo indeseable, entre el delirio y la cordura, entre el fruto de una política de diálogo y madurez y la semilla de discordia que arrojan los desquiciados orates que juegan siempre, entre ruido y furia, a aprendices de brujos con los demonios de nuestros más tristes fracasos históricos.

director@abc.es

Ya nadie podrá evitar que la opinión pública compare los resultados del acuerdo tejido en Valencia por los dos grandes partidos nacionales y el guirigay desquiciado que han provocado los socialistas al enredarse con los nacionalistas e independentistas catalanes

Estatut, la semana decisiva
Editorial ABC 25 Septiembre 2005

EL proyecto de nuevo Estatuto catalán se someterá a votación en el Parlamento autonómico el próximo viernes. Culminarán así múltiples procesos abiertos tras la sustitución de Jordi Pujol por Pascual Maragall hace ahora dos años y el acceso al poder de la coalición entre socialismo e independentismo. La «vía catalana», la España plurinacional y la revisión del pacto constitucional son, entre otros, argumentos que han alimentado el proceso estatutario que el próximo viernes puede encallar definitivamente o tomar el camino a Madrid como una caja de Pandora para que sea Rodríguez Zapatero, y no Maragall, el que decida si la abre o no. En esta entrega por capítulos, la votación del viernes al menos permitirá poner punto final a una exhibición de artes políticas que han ratificado los sombríos diagnósticos sobre la incapacidad purgatoria de la clase política catalana para liberarse de sus peores gravámenes, como la endogamia, el encubrimiento recíproco y la escasa empatía con la sociedad. La «vía catalana», aquella denominación de origen que el socialismo español en su conjunto acuñó para inaugurar los nuevos modos que traería consigo la victoria electoral del PSOE, ya puede calificarse como un fracaso, a la vista del rastro de amenazas, deslealtades y opacidades que han dejado los partidos catalanes en la manufactura de lo que, según dicen, es su principal proyecto para la sociedad a la que representan.

Si habrá o no Estatuto es una cuestión de cuya respuesta no participa hoy, ni ha participado, la opinión pública, porque, como en otras cuestiones también de Estado, se ha practicado mucha política privada y secreta. Ahora se sabe que Rodríguez Zapatero reunió a Artur Mas y Pasqual Maragall en La Moncloa, aproximadamente al mismo tiempo que los portavoces de su Gobierno aseguraban, por enésima vez, que no estaban interfiriendo en la negociación entre los partidos catalanes. Todos los interrogantes se irán despejando en pocos días y, más allá de la valoración jurídico-constitucional sobre el blindaje de competencias, la financiación y los derechos históricos, se podrá abordar la cuestión de fondo: si realmente ha empezado, como quería Maragall, la segunda transición, es decir, la derogación paulatina del pacto constitucional de 1978. Éste es el verdadero problema. Por tanto, esta semana decisiva sacará a la luz datos suficientes sobre el futuro de España y del sistema constitucional y pondrá a prueba también la identidad de las prioridades del Gobierno de Zapatero. El Ejecutivo se ha comportado en este proceso de manera falsamente distante y políticamente confusa, queriendo no verse obligado a anticipar juicios de valor, pero sucumbiendo a la necesidad de pronunciarse sobre aspectos del proyecto estatutario que eran verdaderamente estrafalarios. Aún en la oposición, Zapatero se comprometió a apoyar el Estatuto que saliera de Cataluña, sin más condiciones. Luego, ya en el Gobierno, añadió el requisito de la constitucionalidad, que, aun siendo obvio, apenas resuelve nada, dado que este concepto no significa lo mismo siquiera entre los ministros de Zapatero. Finalmente, el Ejecutivo ha apurado su oferta afirmando que incluso rechazará aquello que, siendo constitucional, no sea bueno para España. Pues el problema lo tendrán, si se aprueba el texto actual, en el artículo 1º del proyecto estatutario, que define a Cataluña como nación, lo que para Bono es cosa de «poetas», pero para Montilla es una realidad política.

El desenlace del proceso estatutario tampoco borrará la certeza de que el tripartito, con un socialista a la cabeza, ha consagrado la separación de intereses y de objetivos de Cataluña, por un lado, y del resto de España, por otro. Por eso, si el proyecto estatutario se aprueba el día 30 en las condiciones actuales -con o sin el sistema de financiación que pretende CiU-, Zapatero tendrá que asumir varias responsabilidades. La de comportarse como presidente del Gobierno de la nación, lo que conlleva un equipaje de obligaciones del que a veces parece no ser consciente. Y la de poner a prueba la unidad de su partido por no haber sabido asegurarse la lealtad del PSC. Pero no por esto podrá presentarse como víctima del tripartito, si no de sí mismo y de su peligrosa apuesta por una política territorial confiada a los socios menos fiables y que ha puesto el riesgo de fractura nacional en su más alto nivel. Porque si finalmente el Parlament da el visto bueno al Estatuto y éste es posteriormente rechazado por el Congreso de los Diputados, podría producirse un peligroso escenario, de consecuencias político-sociales imprevisibles, en el que el nacionalismo representara el papel de víctima para vender la falsa idea de que la voz de Cataluña ha sido apagada por el Estado español.

Abrelatas
JON JUARISTI ABC 25 Septiembre 2005

SI quieres un burócrata de acero inoxidable, búscate un sindicalista: matará antes que volver al tajo. El consejo viene de Isaac Deutscher, historiador del trosquismo. Burócrata de acero inoxidable y sobreviviente sindical de todas las purgas de ETA en su jardín trasero, Díez Usabiaga exige a Rodríguez Zapatero que se convierta en abrelatas de acero inoxidable. Es, al parecer, todo lo que tenía que decir el secretario de LAB sobre la pacificación de la cosa vasca. Decepcionante si se compara con el elogio desmedido que le dedicó Patxi López. Tiene mucho que decir en este asunto, afirmaba López de Díez. Pues bien, habló Díez y no a López: vuélvete abrelatas, Rodríguez. El parto de los montes. No obstante, los socialistas vascos están muy contentos y, para demostrarlo, han invitado a los de LAB al congreso de la UGT.

La historia se repite. En el País Vasco se ha repetido tantas veces que ya no vale afirmar que lo que antes fue tragedia regresó trocado en comedia, aquella idea de Marx en El 18 Brumario de Luis Napoleón que tan deslumbrante nos parecía cuando éramos tontos. Por cierto, la idea es tan trivial que Woody Allen la aprovechó en una de sus películas, Delitos y faltas, para resaltar la estupidez de uno de los personajes, que predica infatigable: «La comedia es tragedia más tiempo». ¿Qué es la comedia más tiempo? Aburrimiento. La tragedia se degrada en comedia; la comedia, en fastidio, como los chistes demasiado conocidos.

Alguien podría pensar que estas maniobras de López irritan, sobre todo, al Partido Popular. Craso error: toda aproximación de los socialistas al mundo de ETA pone frenético en particular al PNV. Sucedió en 1993, y con un esquema muy parecido. Tentativas públicas de entendimiento del PSE con algunas organizaciones sectoriales de Herri Batasuna terminaron con Ramón Jáuregui cantando la palinodia para aplacar el berrinche de Arzalluz. Además, los del PNV cuentan ahora con un dato de importancia fundamental. Saben que los socialistas no tendrían escrúpulo alguno en pactar con los más extremistas de los abertzales para sacarles a ellos del gobierno autónomo. Llevan más de año y medio con las barbas en remojo, temiéndose una tenacilla candente a la catalana, y el repentino fervor de López por Díez ha debido confirmar sus peores auspicios. Lo previsible, de persistir el concubinato entre el PSE y LAB, con o sin la UGT de celestina, es una aceleración histérica en la escalada soberanista por parte del gobierno de Ibarreche.

El error de López es doble. Como sucedió en 1993, la intuición de un próximo final de ETA (no voy a entrar en la cuestión de si está debidamente fundada: también pensaban entonces tener razones de peso y se equivocaron) despierta en los socialistas la urgencia de adelantarse al PNV para quedarse con los restos del naufragio. Los socialistas han creído siempre que la llamada izquierda abertzale es, obviamente, abertzale, pero también izquierda, y que esto es lo sustantivo y aquello, lo accidental y adjetivo. Se trata de un espejismo gramatical que les induce a confiar en que, una vez desaparecida ETA, parte considerable del voto de Batasuna (hoy del PCTV) podría afluir al PSE si éste supiera jugar bien sus bazas. En 1993, la retirada socialista fue meramente táctica. La autocrítica de Jáuregui se limitaba a reconocer lo inoportuno de la operación, pero no descartaba intentarlo en un futuro, si se daban condiciones para ello. Otra pifia que incitaba a estrellarse de nuevo.

El segundo error consiste en atribuir a Díez Usabiaga una relevancia desmesurada en el mundo de ETA. La permanencia de éste al frente de LAB, mientras los dirigentes del brazo político de la banda van cayendo uno tras otro en el olvido, ha creado en los socialistas la convicción de encontrarse ante la versión vasca de Gerry Adams. Mientras le concedan ese papel, Díez encantado, por supuesto. No moverá un dedo, porque sabe muy bien que, enfrentado al PNV, su sindicato tendría los días contados. Pero no cuesta nada dar consejos. No a Patxi López, al que sin duda desprecia. Directamente a Rodríguez, el menos escrupuloso en un partido donde dominan los desaprensivos: vuélvete abrelatas. Vuélvete abrelatas de repetición.

CAFARNAÚM A LA CATALANA
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 25 Septiembre 2005

El caos primordial, antes de que Dios separase la luz de las tinieblas y la tierra de las aguas, es nada al lado de lo que está ocurriendo en Cataluña. Los partidos se encuentran divididos entre sí y cada uno dentro de sí, sin excluir al PSOE, cuyo secretario general emite señales no siempre consonantes con las del grueso de sus camaradas. Así las cosas, resulta aventurado hacer pronósticos sobre los contenidos últimos del Estatuto, si es que éste se aprueba en el Parlament y pasa luego el portazgo del Congreso en Madrid.

De algo, sin embargo, podemos estar seguros: es imposible que no salga un disparate. Disparate, en lo que toca a la redacción del documento: en el artículo consagrado a definir las competencias de la Generalitat sobre deporte y ocio, se desciende a detalles inauditos, tales como la regulación y control del dopaje o la promoción del espíritu competitivo. Y disparate en aspectos más graves, por cuanto afectan directamente a la gobernabilidad del Estado. Un ejemplo: luego de mucho tira y afloja, todos los partidos, con la excepción del PP, se han puesto de acuerdo en que las competencias exclusivas vayan adornadas con el calificativo de «excluyentes». Esto es absurdo, con independencia de que sea o no constitucional. Lo es, porque busca evitar lo que no se puede evitar, a saber, que la legislación del Estado no afecte, ni aún transversalmente, a las potestades legislativas y ejecutivas de la Generalitat. Permítanme que desarrolle este punto mediante una analogía.

Supongamos que es usted especialista en la historia de, qué sé yo, la Alemania de entreguerras. En principio, no deberá ignorar que la hiperinflación del 22 quebrantó seriamente la confianza de los alemanes en las instituciones de la República de Weimar y contribuyó en cierto grado al triunfo ulterior de Hitler. La admisión de este hecho básico le obligará a admitir que no se puede escindir la política de la economía, o para acercarnos más a lo que nos importa, que no se puede «blindar» la política contra la economía. No se puede, porque es impensable que la segunda no repercuta en la primera. Pues bien, aquí se pretende blindar a la Generalitat contra Madrid. Se trata o de un deseo excéntrico e irrealizable o de una anticipación virtual de la independencia. En teoría, claro. En la práctica, integra una receta estupenda para que el país sea inmanejable.

La minuciosa enumeración de responsabilidades en materia deportiva y el anhelo de un universo político catalán inmune a contaminaciones foráneas, constituyen reflejos, a escalas distintas, de una misma mentalidad. Domina el instinto de tapar agujeros con objeto de que no metan por ellos los dedos los diputados surgidos de unas elecciones generales o los magistrados encargados de llevar a efecto lo que legisle el Congreso.

A esta actitud de resistencia se suma una aspiración de sesgo nacionalista clásico. En un régimen federal de verdad, esto es, muy distinto del que auspician Maragall y compañía, se entendería que lo propio de las autonomías es desarrollar el autogobierno en el espacio que les concede un ordenamiento común y superior. Pero lo que se nos ha servido en este caso es un federalismo vuelto del revés. La idea, en el fondo, es que España acabe por ser una cantidad residual. No algo definido, sino la sobra o espacio complementario que vayan dejando libre unos territorios a los que anima un movimiento espontáneo y siempre en auge. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

El itinerario es conocido. Compromisos contraídos por Zapatero con vistas a ejercer la oposición, y no a organizar el país, son los que al final están organizando el país, o para ser más exactos, desorganizándolo. El naufragio del Estatuto es la hipótesis que cultivan con más ahínco los socialistas que creen que esto ha ido demasiado lejos. Varios convergentes están también contra el Estatuto, aunque no por las mismas razones.

Los costes de una marcha atrás serían, con todo, muy altos para la clase política catalana. La perpetuación del tripartito, si el Estatuto no prospera, resultaría difícilmente digerible por la opinión. Y la convocatoria anticipada de elecciones representa un problema, ya que el desaguisado es general, y quitando al PP, que abulta poco, no restan fuerzas políticas en situación de proponer una vía alternativa. La propensión de Zapatero a comprar pesetas pagando duros, podría también forzar arreglos poco realistas, y a fuer de tal, especialmente peligrosos. Las espadas siguen en alto. No sabe por qué, porque lo que no quedan son cabezas.

Palique nacionalista
Guillermo Urbizu elsemanaldigital 25 Septiembre 2005

El que suscribe llevaba un tiempo preocupado, inquieto. ¡Qué modorra! Dolores de cabeza combinados con aguda misantropía. Nada me motivaba. Ni siquiera la lectura de El País, o comer en Vip´s, o Julia Roberts (en el fondo de pantalla de mi ordenador), o el Europeo de basket, o los versos de Antonio Colinas. Nada. Lo achaqué al socorrido síndrome postvacacional. Y ya me disponía a una paciente cura de tiempo leyendo a Santiago de la Vorágine -el médico me receta pastillas y yo me receto libros-, cuando de pronto he descubierto el diagnóstico de mi verdadero mal, que no es otro que el excesivo, egoísta y aburrido palique nacionalista al que se nos está sometiendo. Sin compasión. Hasta el hartazgo.

Todos andan a la greña, todos quieren su reforma, todos anhelan su estatuto a la carta, su rinconcito aldeano de burócratas a la caza de pingües negocios. Alianzas, cabestreos, zancadillas, cesiones sin cuento, coacciones, celotipias, demagogias y manipulación de la historia. Ah, y el palique también incluye a terroristas. No todos de ETA. Y los unos por los otros España sin barrer. España en pleno desgobierno, en una inercia separatista que parece no tener fin o medida. Con un gobierno español débil, pero experto en volatines y cabriolas. En propaganda, como dice Rajoy. Todo ello ¿para qué? ¿Acaso con el objeto de una mejor administración, de un servicio más eficaz al ciudadano? No me lo parece.

En Madrid a tortas con LaOtra, esa nueva cadena autonómica de televisión. De mar de fondo el aborrecimiento que el excelente gobierno de Esperanza Aguirre causa en las filas socialistas. En Cataluña se habla mucho de la reforma del Estatut -el 30 de septiembre se votará-, pero muy poco de la gestión de gobierno del tripartito. De un lado los vecinos del Carmel siguen esperando soluciones, de otro la omnipresente OPA de Gas Natural. Es decir, el negocio. En una operación vicaria del gobierno Zapatero para calmar a las huestes republicanas, cada vez más fieles al ejemplo de Lluís Companys. ¿La Caixa? Será su cuartel de invierno para cuando vengan mal dadas. En Aragón la obsesión es "blindar" el Ebro. En el País Vasco -tregua o no tregua- el objetivo del PNV es el que ha sido siempre: perpetuarse en el poder, conservar como sea las sinecuras. Y así en Galicia, en Andalucía, en Valencia…

Zapatero no sabe qué hacer con España. No tiene ni la más mínima idea. Si lo supiera actuaría con mayor seguridad y aplomo, de eso estoy seguro. Su concepción del Estado es brumosa, personalista y aleatoria. "Reformar es avanzar", dice. ¿Hacia dónde? ¿En compañía de quién? ¿De ETA, relegando a sus víctimas al gueto? Se atreve con todo. Pero reforma a su capricho, al albur de su necesidad política inmediata, sin calibrar muy bien el resultado final y el beneficio real para una mayoría de ciudadanos. Primero él, luego PRISA, y por último el PSOE de Zerolo. Y el que no traga, ya saben, seguro que es "inmovilista", enemigo del progreso solidario.

Estudiar castellano
Youssef Charchaoui/Vitoria-Gasteiz Cartas al Director El Correo 25 Septiembre 2005

Con el paso de los años ha aumentado el número de inmigrantes en la capital alavesa. Y, como todos los ciudadanos, queremos aprender otras lenguas y una de las que nos urge para acelerar nuestra integración es la lengua del país de acogida. Resulta sorprendente que para poder estudiar la lengua de Cervantes de un modo formal tengamos que trasladarnos hasta Bilbao. Muchos de nosotros llevamos muchos años en la capital alavesa y necesitamos un reconocimiento oficial de nuestra capacidad lingüística. ¿Haca falta movilizar a tanta gente hasta Bilbao para poder aprender el castellano? ¿O simplemente hay una verdadera falta de iniciativa a favor de una integración verdadera? Nosotros lo que queremos es estudiar castellano en la Escuela Oficial de Idiomas de Vitoria, porque no tenemos ni tiempo ni dinero para poder desplazarnos hasta Bilbao.

ETA reaparece dos meses después con un coche bomba en un polígono de Ávila
Algunos trabajadores sufrieron la explosión parapetados en su oficina, ya que no pudieron ser desajojados por el escaso tiempo desde el aviso de los terroristas
PATRICIA G. ROBLEDO ABC 25 Septiembre 2005

EFE El último atentado de ETA hasta anoche se produjo el 25 de junio junto al estadio de La Peineta, en Madrid, para perjudicar la candidatura olímpica de 2012

La AVT insta a recapacitar «a los que tienden la mano a los asesinos en busca de negociación»

ÁVILA. ETA reapareció ayer, casi dos meses después, para rebajar las altas expectativas que se habían suscitado sobre un inminente proceso de negociación que firmara el finiquito de más de cuarenta años de terrorismo. Y lo hizo de la única forma que sabe, con la explosión de una furgoneta bomba que horas antes un «comando» procedente del País Vasco había colocado en el polígono industrial de Vicolozano, cercano a la localidad de Berrocalejo de Aragona, junto a la capital abulense, y a unos dos kilómetros y medio de la Academia de la Policía Nacional.

A las nueve y media de la noche, un comunicante que dijo hablar en nombre de ETA advertía, en sendas llamadas al periódico «Gara» y a la Asociación de Ayuda en Carretera de Guipúzcoa (DYA), de que en media hora haría explosión la furgoneta bomba en el citado polígono industrial. Las Fuerzas de Seguridad del Estado actuaron con gran celeridad porque en diez minutos habían conseguido acordonar la zona. Los miembros de los equipos de desactivación de explosivos, apoyados por perros adiestrados, comprobaron que, efectivamente, la furgoneta, una Renault Kangoo blanca, llevaba explosivo. La falta de tiempo para el desalojo total hizo que los agentes aconsejaran a algunos empleados que permanecieran encerrados en las empresas y oficinas con las persianas bajadas. Otros sí pudieron abandonar el polígono, en un margen de tres minutos. Algunos de estos trabajadores relataron que cuando se alejaban del lugar pudieron escuchar una fuerte explosión y vieron una gran nube de humo amarillo procedente de la furgoneta.

En efecto, a las 21,50 horas, es decir, diez minutos antes del margen dado por el comunicante etarra, hizo explosión la bomba, que no causó víctimas aunque sí daños materiales en al menos cuatro empresas. La más afectada fue Matchmind, dedicada a programas de informática, ya que, de hecho, la furgoneta bomba había sido estacionada junto a su fachada. También resultaron con destrozos importantes la antigua empresa Transportes La Guipuzcoana, hoy DHL, así como Iveco y la sociedad Imcodavila, una imprenta regida por Aurelio Delgado, cuñado del ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez, en la que se imprime «El Diario de Ávila».

Las Fuerzas de Seguridad tenían datos que apuntaban a que la banda podía cometer de manera inminente un atentado, en la línea de su actual estrategia de evitar víctimas mortales, con el objetivo de rebajar las altas expectativas que se habían generado sobre una inminente negociación encaminada al final del terrorismo. Las fuentes consultadas por ABC, en un análisis de urgencia, consideran que han sido varios los destinatarios de este siniestro mensaje de ETA. Por una parte, trata de decir al Gobierno que sigue viva y, por tanto, la negociación no le va a salir gratis. Por otra, advierte a los partidos vascos que no se sentará a hablar con el Gobierno sobre presos y «desarme» hasta no tener garantizado que en la mesa paralela se va a abordar la autodeterminación. Además, recuerda a Batasuna que se tiene que esforzar para que se constituya esa mesa de partidos, que es la asignatura pendiente en el proceso global. Así es, la banda considera que los cauces para la negociación técnica —presos y abandono de las armas— están abiertos al constatar que el Ejecutivo, con sus continuos mensajes de que hay que dar una oportunidad a la paz, está otorgando a los terroristas la posibilidad de elegir el momento de sentarse.

Seguros en su base del País Vasco
Fuentes de la lucha antiterrorista apuntaron a que el autor del atentado podría ser un «comando» itinerante —similar al que había venido actuando recientemente en Madrid y otras zonas de España—, procedente del País Vasco, y que podría contar, como ya informó este periódico, con una infraestructura de paso en Castilla y León, que le serviría para guardar los explosivos y moverse en torno al principal objetivo de ETA en los últimos meses: Madrid.

El grupo lo integrarían dos individuos que habrían aparcado la furgoneta a primeras horas de la tarde, de tal forma que cuando estalló ya podían encontrarse en su base del País Vasco.
Precisamente, anoche, una vez que se supo del aviso de la colocación del artefacto, las Fuerzas de Seguridad cerraron todos los accesos a la capital de España desde Ávila.

El deber de saber catalán que impone el Estatut obliga al Estado a crear un cuerpo específico de funcionarios
Temor a que desincentive la inversión y cierre el mercado laboral a personas de otras Comunidades
C. Morodo La Razón 25 Septiembre 2005

Madrid- En la recta final del debate estatutario catalán todos los focos han quedado fijos en palabras mayores, como la financiación o el blindaje de competencias, pero en la letra del Estatut hay en estado durmiente otras cláusulas que, de llegar a aprobarse el texto en el Congreso, afectarán, en un amplio abanico de aspectos, a la vida diaria de los catalanes. Mientras CiU y PSC dan los últimos tirones desde los extremos de la cuerda del consenso, la dirección nacional del PP perfila un informe en el que analiza las consecuencias de puntos sensibles del Estatut como el artículo 6.2, por el que se impone el deber de conocer el catalán a todas las personas en Cataluña, es decir, no sólo a quienes tienen su vecindad civil, sino también a residentes temporales, transeúntes…

La lengua tiene incidencias en las relaciones económico-sociales entre las comunidades y es un elemento más vertebrador del Estado. En el informe que se está elaborando en la Secretaría de Política Autonómica que dirige Soraya Sáenz de Santamaría se da la voz de alarma ante los planes del tripartito de concebir el catalán como la lengua de uso normal y preferente de todas las administraciones públicas, incluyéndose por tanto la Administración del Estado y de los medios de comunicación públicos (artículo 6.1), lo que lleva a no descartar la posibilidad de que se pudiese imponer una edición o doblaje obligatorio de las televisiones y radios públicas en catalán.

Jueces, magistrados, fiscales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles, encargados del Registro Civil y personal al servicio de la Administración tendrán que conocer también el catalán, convirtiéndose en la práctica en un requisito añadido a la aprobación de la oposición correspondiente. La primera consecuencia es que a la larga tendrá que hacerse un cuerpo de opositores propio de Cataluña, diferenciado del resto de España, lo que es un paso indudable hacia la desaparición de los Cuerpos Nacionales de la Administración de Justicia y otros cuerpos de funcionarios.

En el artículo 32.4 se impone a la Administración del Estado el acreditar que el personal a su servicio tiene un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las dos lenguas oficiales: la amplitud de la expresión permite que abarque a todo el personal de delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, a las Fuerzas Armadas o al personal de la Agencia Tributaria (mientras siga operando la Agencia Estatal, que es otro ente llamado a desaparecer en Cataluña si prospera su propuesta de financiación). El resultado es el fin del derecho a la movilidad y la creación de una función pública específica del Estado para Cataluña, diluyéndose así el papel cohesionador que ésta debe ejercer.

En un plano económico, el nuevo Estatut hará que las entidades, las empresas y los establecimientos abiertos al público queden sujetos al deber de disponibilidad lingüística, lo que implica que cualquier empresa, cualquier establecimiento del tipo que sea, tendrá que tener dependientes que conozcan el catalán. Esto operará en contra de favorecer la inversión privada y la iniciativa empresarial y actuará como barrera para la entrada en el mercado laboral de la comunidad. En el mismo sentido repercutirá la imposición a los poderes públicos de Cataluña de promover que los datos que figuren en los etiquetados, en el embalaje y las instrucciones de uso de los productos distribuidos en la comunidad consten al menos en catalán.

La APM pide también la inmediata retirada de la reforma judicial
F. Velasco La Razón 25 Septiembre 2005

Madrid- La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria entre los jueces y magistrados, respaldó ayer el contenido del informe elaborado por el vocal del Consejo General del Poder Judicial José Luis Requero, que se debatirá mañana, sobre la reforma judicial. Pero, incluso, sostiene que ese dictamen se queda «corto» ante la «evidencia» de que los anteproyectos del Gobierno suponen «saltarse a la torera el texto constitucional».

En este sentido, José Manuel Suárez Robledano, portavoz de la APM, expresó su «total acuerdo» a lo expresado en el informe del vocal Requero respecto a que la reforma judicial está «claramente influenciada» por lo recogido en materia de Justicia por el proyecto del nuevo Estatuto de Cataluña, «y que, en ningún caso, responde a los intereses generales de todos los españoles».

Además, aseguró que el informe del CGPJ «peca de moderado, porque no resalta la contradicción que existe entre los proyectos del Gobierno con la Constitución». «Se utiliza la técnica de desconcentración para saltarse a la torera el texto constitucional», destacó al respecto Suárez Robledano.

En su opinión, es totalmente rechazable lo dispuesto en la reforma judicial sobre los Consejos de Justicia de Ámbito Autonómico, y, especialmente, lo que se refiere a la reforma del Tribunal Supremo, «porque se viene a mantener una formal superioridad de éste, pero en el fondo eso no es así, lo que, además, vulnera la Constitución».
En esa línea, vino a coincidir también con el informe de José Luis Requero de que lo más beneficioso sería «retirar de forma íntegra» la reforma judicial.

En el dictamen que se debatirá mañana se sostiene que, en lo que afecta a la creación de los Consejos de Justicia y a la Justicia de Proximidad, la reforma del Gobierno responde prioritariamente al «actual proceso de reforma estatutaria que viene protagonizando Cataluña», y, en el caso de los jueces de proximidad, también al «proyecto de ley que regula el régimen especial del Municipio de Barcelona». Además, se asegura que el legislador estatal está «acogiendo ya algunas de las previsiones de los proyectos de Estatuto».

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