AGLI

Recortes de Prensa     Lunes 26 Septiembre 2005
Cooficiales porque sí
AURELIO ARTETA El País  26 Septiembre 2005

ETA pone a prueba al Gobierno
Editorial ABC  26 Septiembre 2005

Un redoble de conciencia
FERRAN GALLEGO  ABC 26 Septiembre 2005

¿Cómo hemos llegado a esto?
EDITORIAL Libertad Digital 26 Septiembre 2005

Lo que sea y algo más
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 26 Septiembre 2005

Vueltas de tuercas
J. J. ARMAS MARCELO ABC 26 Septiembre 2005

El Estatuto, el arzobispo y el PP
JORGE TRIAS SAGNIER ABC 26 Septiembre 2005

La derrota de 'Pakito'
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 26 Septiembre 2005

Ni luz, ni taquígrafos
Manuel Martín Ferrand Estrella Digital26 Septiembre 2005

El término "nación" del Estatuto de Maragall
Editorial Elsemanaldigital  26 Septiembre 2005

Guerra, entre comillas
Editorial ABC 26 Septiembre 2005

Sin tregua
Editorial El Correo 26 Septiembre 2005

Zapatero ante el nudo gordiano
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 26 Septiembre 2005

Zapatero como negociador
GERMÁN YANKE ABC 26 Septiembre 2005

El algodón de Carod y de los asesinos
Isabel Durán Libertad Digital 26 Septiembre 2005

Guerra civil y atentado de ETA
Pablo Sebastián Estrella Digital26 Septiembre 2005

Un nudo gordiano para Zapatero
Rafael González Rojas elsemanaldigital 26 Septiembre 2005

Una bomba en el camino
José Javaloyes Estrella Digital26 Septiembre 2005

La Cultura y el fracaso de la socialdemocracia
Agapito Maestre Libertad Digital 26 Septiembre 2005

Nacionalismo, masa y poder
IÑAKI UNZUETA El Correo 26 Septiembre 2005

Atraco a las tres en Moncloa
LAS PESQUISAS DE MARCELLO Estrella Digital26 Septiembre 2005

El CGPJ advierte que el euskera no puede ser obligatorio para trabajar en Justicia
F. Velasco La Razón 26 Septiembre 2005

Cooficiales porque sí
AURELIO ARTETA El País  26 Septiembre 2005

Nuestros expertos en política lingüística no se esfuerzan demasiado a la hora de elaborar sus argumentos. Tampoco los necesitan, la verdad sea dicha, sabiendo como saben que viven entre conciudadanos entregados de antemano a su causa "normalizadora", aunque sólo fuera por sandio progresismo, y se hallan ante políticos dispuestos a cualquier concesión en esta materia con tal de contentar a su clientela. Así parece suponerlo también Albert Branchadell al escribir aquí su último artículo, Ahora, España (28 de julio), con ocasión de dos recientes decisiones del Consejo de la Unión Europea referidas a su propio régimen lingüístico.

Uno de los acuerdos asume sólo en parte el memorándum del ministro Moratinos en solicitud del reconocimiento europeo de las lenguas españolas cooficiales con el castellano. El otro incorpora desde 2007 como lengua oficial y de trabajo al gaélico, "que es lengua materna del 1% de los ciudadanos irlandeses". Aturdidos ante los efectos públicos de tan exiguo porcentaje, dejaremos este último acuerdo de lado. No resulta fácil comprender el sentido de que un idioma que apenas se oye en su propio Estado venga a escucharse en los órganos comunes a varios Estados. Lo que no representa ni a los suyos, ¿podrá acaso ser representativo de todos? Son misterios que el sociolingüista no se digna aclararnos.

Al autor le interesa ante todo subrayar lo que llama "una auténtica paradoja", a saber, que "los ciudadanos españoles que usamos habitualmente el catalán/valenciano, el gallego o el euskera vamos a gozar de unas posibilidades lingüísticas en Europa de las que no gozamos en España". Nada más natural que, poco después y a fin de que pronto disfrutemos de tales posibilidades, Esquerra Republicana de Cataluña presentara en el Congreso una proposición de ley para que las lenguas cooficiales pasen a ser oficiales en todo el Estado... ¿Y cuáles son esas espléndidas posibilidades que allá se nos abren y acá aún se nos cierran, si puede saberse?

Pues, primero, que los textos legales del Parlamento y Consejo Europeo van a ser publicados en adelante en estas lenguas regionales..., si bien esa publicación no será oficial y, por tanto, carecerá de valor juridico alguno. Menos es nada. En España, sin embargo, los boletines oficiales de sus comunidades autónomas se vienen editando también en sus lenguas respectivas. Claro que algunas de estas ediciones apenas disponen de lectores, porque el bilingüismo allí reinante es oficial aunque ficticio; que la manifiesta artificialidad de tales versiones (por ejemplo, en Euskadi) provoca más malentendidos legales que información precisa, etc., pero eso ya es otro cantar que no quiere escucharse. ¿Les irá mejor a los catalanes bilingües si pueden acceder en catalán a ese boletín europeo? Lo puesto en juego no es el valor comunicativo del idioma, sino tan sólo el simbólico, es decir, su prestigio. Más que ofrecer posibilidades expresivas insólitas a los usuarios de tal lengua, se trata de exhibir el poder político que la subyace y su presunta condición de signo de identidad nacional y sustento de hipotéticos derechos de soberanía.

La otra gran oportunidad anunciada es que en sus comunicaciones los diputados españoles puedan emplear -si las conocen- sus lenguas locales. Eso sí, en un caso nuestro Gobierno deberá hacerse cargo de la traducción primero al castellano; después, a cada una de las lenguas europeas, y, al término del trayecto, al catalán, vascuence y gallego, de las respuestas emitidas en los idiomas oficiales de la Unión. He ahí un portentoso rodeo, un verdadero circunloquio que no ganará un solo adepto a las lenguas particulares, pero entorpecerá el debate político general. En el otro caso, las intervenciones orales de los diputados españoles más combativos contarán con su intérprete a las lenguas oficiales comunitarias, aunque los discursos de sus colegas europeos no serán vertidos al catalán, vascuence o gallego.

Pero a los partidarios de la cooficialidad les escandaliza que nuestro Gobierno no reconozca esas mismas lenguas vernáculas en las instituciones públicas españolas ni tan siquiera en el escaso grado en que acaba de aceptarlas la Unión Europea. Quizá es que no haga falta. Se escandalizarían menos a poco que recordaran que dentro de nuestro país -y no en el conjunto de Europa, sobra decirlo- la mayoría de sus ciudadanos tienen una sola lengua materna, por lo general la dominan mejor que ninguna otra y la emplean tanto en privado como en público mucho más que esa lengua "propia" que a menudo han debido aprender después. El español, además de nuestra lengua común o compartida, es nuestra lengua más común o habitual. De suerte que, si editar la legislación vasca en euskera resulta hoy un notorio exceso incluso en Euskadi, ni les cuento lo oportuno de una edición euskaldún también para Castilla-La Mancha. Y si el diputado gallego se desenvuelve con bastante mayor soltura en castellano que en gallego, seguro que no son razones lingüísticas ni morales las que le inducen -casi siempre para vergüenza ajena- a imitar desde su escaño a Castelao. Serán otros motivos, que van desde su afán de ensanchar el renombre de su tierra hasta el designio de emprender la construcción nacional desde esta peculiar diferencia...

Conocemos su palabra sagrada: diversidad. Pero que haya que hacer "más hincapié en la riqueza de su diversidad lingüística [de Europa y, de paso, de España]", señores míos, eso será según y cómo. Frente a tópico tan funesto dígase de una vez que no toda diversidad, ni siempre y en cualquier circunstancia o en cualquier medida es enriquecedora. Y no lo es ni en el orden moral, ni el estético ni en el político..., a menos que fuera un deber universal en la conducta pública mantener, extremar o hasta inventar diferencias, impedir todo asomo de unidad entre los conciudadanos o renegar de los acuerdos que mejoren nuestra convivencia. Así que no todo lo diverso será valioso tan sólo por ser diverso, ni deberá arrogarse sin más un derecho a su protección e incluso a su fomento. El valor y el respeto de la pluralidad lingüística tienen sus límites. La vigente Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, sin ir más lejos, preconiza desde sus primeros artículos que los derechos a una lengua minoritaria requieren que ésta goce de cierto arraigo en una comunidad, que en ese espacio habite un buen número de personas que la tengan como lengua materna y de uso. Puro sentido común: los sujetos de las lenguas no son las lenguas mismas, ni sus territorios, ni siquiera los sociolingüistas..., sino sus hablantes, pero los hablantes de un territorio ocupado por una comunidad viva de ese habla. ¿Cómo, entonces, el miembro de una comunidad lingüística podría esgrimir el derecho a comunicarse con la Administración en su lengua cuando se desplaza a una comunidad lingüística distinta? Es otro de los disparates que entrañaría la cooficialidad que algunos reclaman.

Aun antes que aspirar a la cooficialidad, en España se ha ido tan lejos por estos derroteros (en unos sitios más y en otros algo menos) que quizá sea ya demasiado tarde para el debido regreso. Aquí se han promulgado leyes de "normalización lingüística" contrarias al espíritu y la letra de aquella Carta, por más que nuestro Gobierno la haya ratificado -uno diría que en falso-. Y es que algunas de tales leyes responden al propósito expreso de recuperar lenguas en zonas geográficas donde esas lenguas hace tiempo que no cuentan con hablantes, o no en número suficiente o nunca fueron habladas. O simplemente en lugares donde se detectan necesidades que la mayoría de su ciudadanía considera más extensas, graves y urgentes que la fijación de su régimen lingüístico. Las más de las veces esas políticas se sirven de procedimientos discriminatorios (predominio oficial de la "lengua propia", inmersiones escolares forzosas, ventajosos contratos públicos, cuantiosas subvenciones, novísimas rotulaciones callejeras, milagros en la toponimia, etc.) que han sacrificado una parte de la población a la otra. ¿Algún agravio histórico que reparar y alguna sacrosanta identidad que preservar? ¿Deberá prevalecer el pasado sobre el presente y las palabras de los muertos sobre las de los vivos? No había para ello derecho ni moral ni legal, pero las tropelías se han cometido y consentido en medio de la indiferencia o el temeroso disimulo generales.

Así que a lo mejor el Consejo acierte al estimar que los ciudadanos europeos, viendo recogidas sus propias lenguas en los órganos comunitarios, refuercen su identificación con el proyecto político de Europa. Es preciso, en cambio, estar aquejado de una lamentable ceguera para retrucar a renglón seguido: "¿Acaso el reconocimiento del catalán/valenciano, gallego y euskera en las instituciones españolas va a debilitar la identificación de los ciudadanos que usan estas lenguas con el proyecto político de España?". Nadie ignora la respuesta, como tampoco ignora que no se trata de un riesgo imaginario, sino de un resultado efectivo. Las políticas lingüísticas en nuestro país llevan dos decenios causando a diario el despilfarro del dinero de todos, injusticias en la adjudicación del empleo público, atropello de derechos educativos y otros, descenso del rendimiento escolar, confusión general de la ciudadanía... Pero a lo que íbamos. Inspiradas en proclamas nacionalistas y con el aplauso entusiasta de una izquierda sin criterio, esas políticas han sido el instrumento privilegiado de penetración de las tesis etnicistas, la palanca más potente de sus descabelladas exigencias. O sea -¿para pesadumbre de los señores Ibarretxe y Carod?-, de la ruptura de y con España. Nada que no estuviera en los manuales más elementales de la secesión: sin lengua propia no hay nación, y sin nación no hay sujeto político con derecho a ser Estado.

Ya se dijo que, si los profetas de la cooficialidad se muestran tan huérfanos de apoyos normativos es porque a sus ojos la empresa no los exige. Para este profesor universitario, por ejemplo, el proceder del Consejo Europeo "demuestra lo que en el fondo todos ya sabemos: que el reconocimiento oficial de las lenguas, más allá de asuntos de coste, es cuestión de pura voluntad política". Acabáramos. Que nadie piense que se trata de un problema de justicia lingüística o que sea preciso exponer y debatir razones para justificar la demanda. Esto es y debe ser algo sujeto al sic volo, sic iubeo, al derecho del más fuerte, al aquí mando yo o al simple porque sí. Un poco más de insistencia, pues, y asunto terminado. ¿A qué espera el presidente para secundar la voluntad política del señor Branchadell y de tantos otros demócratas de toda la vida?

Aurelio Arteta es catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad del País Vasco.

ETA pone a prueba al Gobierno
Editorial ABC  26 Septiembre 2005

EL coche bomba que ETA hizo estallar en un polígono industrial cercano a Ávila reduce aún más el ya de por sí escaso margen de maniobra del Gobierno en ese proceso de paz que, según se dice, gestiona directamente el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. En otras condiciones, el atentado terrorista habría provocado una reacción unánime de condena y, al mismo tiempo, de respaldo al Gobierno de la nación en la aplicación de la ley para la derrota incondicional de los terroristas.

Pero el problema es que muchas cosas han cambiado, menos ETA, y el Gobierno pretende que la sociedad y la oposición se fíen de las informaciones privilegiadas que recibe el jefe del Ejecutivo y haga un acto colectivo de fe. Por eso, en vez de respaldo unánime, el Gobierno cosecha dudas generalizadas que no se disipan acusando al PP -como ayer hizo Pérez-Rubalcaba- de criticar más al Gobierno que a los etarras o pidiendo a la gente que confíe «en el final de ETA». Lo que el PSOE debería plantearse es que en un proceso de paz con ETA hay que contar con el respaldo mayoritario de la sociedad, y los socialistas rechazaron el apoyo del PP, y lo que éste socialmente representa, para pactar con los nacionalistas lo que éstos querían: la sustitución de la derrota por la negociación. Y en cuanto al fin de ETA, no había ninguna duda de que se llegaría a él con la política sustentada en la aplicación del Pacto Antiterrorista. Las dudas han empezado cuando el actual Gobierno socialista decidió por su cuenta levantar la presión sobre la izquierda proetarra. Lo cierto es que de los terroristas nada se puede esperar que no sea comportarse como tales, pero del Gobierno de Rodríguez Zapatero sí sería exigible más autocrítica, o al menos no derivar responsabilidades, en este asunto concreto, sobre los hombros de la oposición.

La política vasca de Rodríguez Zapatero ya ha pasado el período de rodaje y el resultado habla por sí solo: la Cámara autonómica vasca tiene una mayoría absoluta nacionalista más radical que en la anterior legislatura; el lendakari Ibarretxe ha recibido el apoyo parlamentario de ETA con un programa soberanista basado en la propuesta de libre asociación; Batasuna declara «superada la estrategia de ilegalización» y ayer mismo anunció en público y con total impunidad un proceso de debates y reorganización -denominado «Bide Eginez»-; ETA celebra la ruptura del Pacto Antiterrorista y la derogación de facto de la Ley de Partidos; y los terroristas administran a sus anchas por el territorio nacional los explosivos -que por miles de kilos- robaron en Francia. Consecuencias de la no beligerancia.

Con este panorama, cada atentado de ETA seguirá siendo un mal trago político para el Gobierno de Rodríguez Zapatero, porque ha creado expectativas que no está en su mano realizar, sino en las de los terroristas, quienes, con atentados como el del sábado -cerca de la cárcel de mujeres de Brieva-, ponen a prueba los límites de tolerancia del Gobierno socialista para tratar de desbloquear la fase preliminar de un eventual proceso de negociación que les permita afianzar una posición de ventaja que se traduzca en un progresivo acercamiento de los presos a las cárceles del País Vasco y Navarra. La tregua no llega y, además, Arnaldo Otegi ha reiterado esta misma semana que «no hay proceso de paz sin acuerdo de territorialidad y autodeterminación», tesis similar a la que Ibarretxe expuso ayer en el Alderdi Eguna -Día del Partido-, cuando dijo que «el conflicto nunca se solucionará sin respeto a la decisión de los vascos». Nada novedoso, por otro lado, que ETA y el PNV coincidan en que el precio de la paz es aceptar el Pacto de Estella. Además, el silencio de ETA en su último comunicado y la retractación pública de los presos etarras que el año pasado abogaron por el fin de la violencia son razones para, como mínimo, no compartir el optimismo del presidente del Gobierno.

El tiempo es un factor fundamental que está jugando en contra de los intereses del Estado, porque al invertirse el orden de prioridades y aceptar la negociación antes de que ETA entregue las armas se refuerza la siniestra estrategia de la banda criminal, convertida en protagonista político de un escenario nuevo en el que lleva el control de los tiempos y marca, a su antojo, los pasos del proceso. Son los riesgos de una peligrosa carrera por etapas en la que ETA, hoy por hoy, juega peligrosamente con ventaja.

Un redoble de conciencia
POR FERRAN GALLEGO PROFESOR DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA ABC 26 Septiembre 2005

... Creímos que la realidad iría fabricando la idea, y no ha sido así. Bien lo entendieron quienes construyeron naciones desde organismos autonómicos. Quienes han ido impugnando ese significado nacional sobre el que se construye cualquier edificio político duradero...

NO nos distingue del resto de los europeos una situación política conflictiva. Basta observar lo que ha sucedido en Alemania para considerar cómo puede fatigarse la ciudadanía ante las ofertas políticas que se le proponen, al entrar en una estación con tan mala fama sentimental y política como el otoño. Basta con observar a una Italia en busca de asidero moral cuando tras el Carnaval de la Primera República no ha acabado su Cuaresma y tanto le cuesta normalizar un régimen político de alternancia. Incluso Francia asiste a un cansancio institucional que se expresa en las querellas de liderazgo enarboladas en la derecha y en la izquierda. España no es, por tanto, una anomalía continental a causa de la enjundia de sus debates constitucionales. La anomalía es otra. Podríamos decir que en Europa tienen problemas, pero ninguna nación se toma a sí misma como un problema. Otros países discuten el significado de sus conflictos, pero ninguno de ellos se cuestiona su propio significado. Se contraponen ideas en todo ellos, pero ninguno carece de una idea aceptada de sí mismo.

España ha asistido a un verdadero ascenso de su insignificancia, en el sentido en que Castoriadis propuso considerar una crisis de civilización, cuando la gente ni siquiera sabe a qué cultura pertenece, cuando pierde su dimensión social y su pentagrama histórico. La insignificancia de España es, literalmente, la falta de sentido que va teniendo para sus ciudadanos. Cuando se han ido acostumbrando a no ser españoles en la forma y fondo en que un francés, un italiano o un alemán lo son. Si la gravedad ha provocado una inconsciencia que ni permite reconocer la enfermedad, quizás convenga proponer un comienzo. Empezar por lo que a nadie parece preocuparle, quizás porque ya se da por sentado: hacernos una idea de España. Hacerse una idea de las cosas no es un malabarismo intelectual: es la condición necesaria para empezar a considerar cualquier otro problema. Algunos pueden plantear que España no existe y que, por tanto, los problemas que se le presentan son el delirio de una patología. Por ahí van discursos con rango ministerial, y no sólo en las «nacionalidades históricas». Pero tienen razón en algo tan obvio, cuya designación resulta tan vergonzosa, como constatar que el rey está desnudo. Aquí nadie pone en duda la organización concreta de España, sino a España misma como algo a organizar.

Una idea de España no es sólo evitar su destrucción, sino también su inercia. ¿Quién desea arrancar de España a sus habitantes y dejar un paisaje sumido en su solemne tenacidad? Disponer de una idea de España es, por el contrario, humanizarla, hacerla el resultado de ciudadanos que la piensan. Y que sólo pueden hacerlo adaptándola a la tensión entre sus necesidades y su libertad.

Podremos convenir en lo extravagante que es la propuesta de otra idea de España cuando ni siquiera disponemos de una. Tal ejercicio intelectual, cuando se traslada al escenario político es, sin embargo, congruente. Pues hay quien confunde la posesión de una idea con la exhibición de una imagen. Pero una idea no es esa apresurada modificación cosmética del vacío, una fachada hueca que flanquea las calles de una ciudad fantasmal. En los malos tiempos para la ética, siempre queda el recurso de la estética. En los malos tiempos para el argumento, siempre podemos asomarnos a la mímica silenciosa de quien confunde sus acrobacias con el equilibrio. Y ya sería hora de negarnos a iniciar siquiera un diálogo acerca de los problemas de España con quien no acepta que España existe. Se tolera, claro está, que hay algo mal definido, algo que ya nadie sabe exactamente lo que es, un engranaje institucional, un «Estado Español», un cruce de elites políticas autónomas diseñando la arquitectura de un techo a compartir. Pero ¿una idea nacional, de comunidad de ciudadanos, de nación vivida como experiencia individual de cada uno y garantizada por textos jurídicos que se modifican tras ese acuerdo esencial? ¿Alguien cree de verdad que estamos en la tesitura cultural, previa a la política, que permite a los franceses, a los británicos, a los italianos o a los alemanes ser y sentir que son, vivir nacionalmente, para poder organizarse en una auténtica pluralidad?

En la España de 1978 creímos que nos bastaba con disponer de una nación meramente jurídica que, además, trataba de alejarse de su propia definición para refugiarse en un acuerdo de circunstancias. Quizás nos aterraban los excesos de una introspección que había ensimismado el pensamiento regeneracionista y, más aún, la reclusión de la idea de España en un proyecto político que decidía quién era o dejaba de ser español.

El naufragio del liberalismo español -ese liberalismo que no se reduce a los liberales doctrinarios, sino a quienes han forjado, con distintas siglas, la moderna Europa- se produjo en el momento en que no pudo añadir al acuerdo constitucional una nacionalización de masas, basada en un sentimiento de pertenencia, en una familiaridad con la cultura compartida, en un principio elemental de solidaridad que precediera a la convivencia bajo el cielo protector de la Carta Magna. No quisimos comenzar por hacernos una idea de España y nos conformarnos con disponer de un esquema formal para encapsular sus instituciones. Creímos que la realidad iría fabricando la idea, y no ha sido así. Bien lo entendieron quienes construyeron naciones desde organismos autonómicos. Quienes han ido impugnando ese significado nacional sobre el que se construye cualquier edificio político duradero. Lo entendieron perfectamente los nacionalistas: su mismo nombre indica que empezaron por definirse por un sentido de comunidad que debían convertir en conciencia colectiva. Ningún analista puede creer que los nacionalistas iban a conformarse con disponer de un Estatuto y aceptarlo como fin de trayecto, como hicieron los constitucionalistas españoles con el texto de 1978.

El nacionalismo hizo del Estatuto una cantera de situaciones de hecho, de anticipaciones de soberanía, de financiación de recursos simbólicos, de representación comunitaria que decía convivir con España, pero que se basaba en un proyecto destinado a su desmantelamiento, porque la delimitación de su identidad como pueblo precisaba de la negación de España como nación. Dudosamente se les puede reprochar que comprendieran lo que otros no llegaron a comprender a tiempo: que la misión de las instituciones no es una mera función legislativa, sino que debe ir acompañada de los dispositivos que crean una cultura nacional. Todos los recursos que han servido para construir esa condición fueron distribuidos entre una muchedumbre de esferas clientelares. La educación se convirtió en el principal instrumento de nacionalización, pero de una nacionalización alternativa a la española. Las consejerías de cultura se dedicaron a la fabricación de identidades ajenas al ser español. Sería pasmoso que alguien creyera aún que se está hablando de descentralización, de competencias o de actualización autonómica. Sólo están contra todo eso quienes parecen sus más entusiastas defensores. Que se hable de un nuevo proceso constituyente no es una casualidad ni un principio, sino un efecto comprensible de la lenta y eficaz labor de unos y de la negligencia de los demás. No es extraño que se levanten chispas en lo más sensato del socialismo español que se toma su gentilicio como algo más que una licencia poética. Pero, en su versión española, la alianza de civilizaciones se presenta como una cooperación de entidades soberanas, que solamente pueden realizarse modificando las reglas del juego, esas que en ninguna otra parte de la Europa civilizada se plantean tocar: la soberanía nacional como base de la autoridad política y del derecho mismo a gobernar.

Hacerse una idea de España. No estaría mal, como proyecto, como factor de movilización. Para añadir a la solidez de los textos jurídicos ese fluido cultural de experiencia colectiva, de significado asumido, de empresa a realizar. Un redoble de conciencia como el que exigió Blas de Otero, una España en marcha como la que cantó Celaya. Cuando querer ser españoles no era una retórica petrificada, sino una propuesta de dar contenido moral y garantías emotivas a las libertades ganadas tan a pulso. A la igualdad de los españoles, obtenida a tan alto precio.

¿Cómo hemos llegado a esto?
EDITORIAL Libertad Digital 26 Septiembre 2005

En ningún otro momento desde que recuperamos la democracia hace treinta años nos habíamos encontrado los españoles con una crisis institucional como la que se avecina a cuento de la reforma del Estatuto catalán. Y todo por la ambición de una casta de políticos miopes y obsesionados con acaparar poder, cuanto más mejor. Porque en Cataluña no existe, por más que los mandarines del PSC se afanen en llenar de propaganda oficial las calles, una acuciante demanda social para reinventarse la autonomía y la relación de ésta con el resto de la nación. Lo vimos el pasado día 11 en las raquíticas manifestaciones nacionalistas de la Diada, y la escasa pasión que, entre los catalanes, levanta el proyecto de reforma puede comprobarse en la cotidianeidad de sus ciudades y pueblos. Esta es la realidad de la calle, la del ciudadano de a pie que paga impuestos y aspira a vivir en un país moderno amparado por un Estado de Derecho medianamente decente.

Los sumos sacerdotes de la secta nacionalista, sin embargo, lo ven de manera muy diferente. Se han sacado de la manga un conflicto imaginario entre los catalanes y el resto de españoles que precisa remedio inmediato. El consenso de la Transición, el que otorgó a Cataluña una generosa autonomía perfectamente homologable con estados federados de todo el mundo, el que hizo posible que naciese en su seno un sistema de partidos endogámico y plañidero, no sirve ya para nada. El nuevo encaje de Cataluña en España ha de pasar por una nueva revolución estatutaria que convierta al Principado en un estado independiente pero que mantenga intactos los vínculos comerciales. Esa es la clave del nuevo Estatuto. Cataluña no le debe nada a España; España, sin embargo, le debe mucho a Cataluña y está obligada a liquidar su deuda hasta el último suspiro. Tal subversión implica necesariamente el fin de la Constitución de 1978 y la abolición de iure de una nación, la española, que arrastra más de quinientos años de historia.

Como las reglas de juego pactadas hace tres décadas y juradas en cada legislatura son, a estas alturas, meras reliquias del pasado, la clase política catalana se cree poseedora de una unción especial que le otorga licencia para desafiar sin miedo a la legalidad vigente. Es imposible sino entender los arrebatos de ira de los dirigentes esquerristas, o las apelaciones al fin de los días de socialistas y convergentes. O el Estatuto o el diluvio. No ha sido accidental. Hace tan sólo dos años un escenario como el presente sería completamente inimaginable. Dos circunstancias encadenadas dramáticamente lo han hecho posible. El ascenso de Pascual Maragall a la presidencia de la Generalidad tras un controvertido pacto con comunistas e independentistas, y la llegada al poder de Zapatero en Madrid tres días después de la tragedia de Atocha. El uno sabe que no se le presentará otra oportunidad como esta. El otro hace equilibrios para mantenerse en el poder y, lo más importante, carece por completo de principios. Maragall se ve como el libertador de Cataluña, como un hombre providencial del que hablarán las generaciones venideras. Zapatero, incorregible aprendiz de brujo, cree que posee la receta mágica para solucionar el problema del nacionalismo mediante la cesión.

Los protagonistas del drama en dos actos que se aproxima no hacen presagiar nada bueno. El nacionalismo catalán se lo juega todo a esta carta. Su credibilidad frente a los catalanes. Todo su proyecto político cabe en ese engendro. Zapatero, por su parte, va a recoger lo que ha sembrado a lo largo del último año y medio. ¿O acaso pensaba el presidente que las sonrisas y los juegos a tres bandas iban a salirle gratis? Es, en última instancia, el responsable de lo que pase. Para entonces será difícil deshacer el entuerto con uno de sus ridículos juegos de manos.

Lo que sea y algo más
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 26 Septiembre 2005

Ni en los peores tiempos de Felipe González, ni en los de mayor debilidad de Adolfo Suárez llegó la democracia española a extremos de humillación institucional tan repugnantes como los que está padeciendo con Zapatero. Sólo una absoluta falta de patriotismo y una desvergüenza sólo comparable con su sectarismo ha podido permitir que el Gobierno de la todavía nación se comporte como un reyezuelo de taifa pagando en especie a su señor lo que le apetezca pedir. ¿Oro? El oro que quiera. ¿Piedras preciosas? Las que hagan falta. ¿Plazas fuertes? Cuantas apetezca el amo. ¿Cien doncellas? Y doscientas, si quedan tantas en el reino. No hay cesión imaginada que no esté automáticamente concedida. No hay abdicación a la que no esté dispuesto el que no tendría necesidad de ninguna. Ha llegado a tal extremo su costumbre de pagar, que paga sin deber nada y hasta a los que le deben todo. Lo malo es que no paga de su bolsillo, sino del nuestro. Todos los españoles pagamos lo que Zapatero ha decidido derrochar.

Que Maragall esté dispuesto a cualquier cesión, concesión, humillación o abdicación con tal de pasar a la Enciclopedia Catalana como el padre moderno del separatismo consensuado con Madrid es, hasta cierto punto, razonable. Nunca ha sido otra cosa que un señorito nacionalista jugando a progre y, como tal, ha actuado cuando ha tenido ocasión de hacerlo. Pero que Zapatero esté dispuesto a cargarse el régimen constitucional para respaldar a Maragall linda con la alta traición, si semejante traición no discurriera al nivel de las alcantarillas. Zapatero está apuñalando por la espalda la soberanía nacional. Zapatero, con tal de llevar a ese desgraciado Congreso de los Diputados donde una partida de separatistas catalanes le otorgan la más raquítica mayoría de los últimos veinticinco años, un Estatuto de Autonomía catalán, el que sea, está dispuesto a pagar lo que sea. Lo que sea y algo más.

Como ha demostrado en todos los asuntos importantes con que se ha encontrado o ha buscado su Gobierno, desde Irak hasta Guadalajara, desde el 11M hasta el PHN, desde la LOE hasta la Iglesia Católica, desde la ETA hasta Marruecos, no hay nada que Zapatero no esté dispuesto a entregar por poco que él pueda o crea que puede conseguir. Algunos lo tachan de visionario. Será porque nos tiene a todos viendo visiones. Vemos, por ejemplo, que unos malvados quieren hundir a España y el presidente del Gobierno español acude en su ayuda. En ayuda de los malvados, por supuesto. Este va camino de dejar en pacifista a Largo Caballero y en liberal a Negrín. Empieza a hacer honor a las atroces circunstancias que lo llevaron al poder. Pero ni en las peores pesadillas pudieron pensar los españoles que no le votamos que llegara a atreverse a tanto. Absolutamente a todo.

Vueltas de tuercas
J. J. ARMAS MARCELO ABC 26 Septiembre 2005

LO peor que puede sucederle a los magos que mueven las tuercas políticas, con la paciencia y el talento que se les supone a inteligentes profesionales, es un exceso de vueltas. Que se pasen varias de las roscas y, como un castillo de naipes, salte por los aires el mecanismo imaginado como tabla salvadora que al final resulta inservible, con el consiguiente fracaso de toda la operación de ingeniería. En una estrategia política de riesgo mayor se hace necesario dar muchas vueltas a las tuercas. A veces esos movimientos, de ambigüedad calculada, parecen piruetas suicidas aunque después resultan triunfos para un futuro más limpio, pacífico y amplio. Entonces, el riesgo habrá valido la pena y todos, incluso quienes estaban contra las vueltas de tuercas, apoyarán el final del trayecto. Aunque sea con la boca chica y las manos en los bolsillos. Depende de la grandeza y la dignidad del triunfo, que hay que imaginar -a priori- en el desarrollo del proceso. En otras ocasiones, no sale el truco como lo habían soñado, diseñado e interpretado los magos del espectáculo. Entonces el resultado es nefasto, todo el mundo juzga la acción como temeraria, siempre a toro pasado, y ni siquiera los protagonistas quieren hacerse cargo del fracaso provocado por las últimas y erróneas vueltas de tuercas.

Como el rumor de que «algo se mueve» en la banda terrorista ETA y su entorno político crece en indicios y expectativas más o menos vaporosas, mientras oficialmente se sigue negando la mayor, todos estamos atentos a las nuevas vueltas que los magos den a las tuercas. Todos los días nos hacemos cábalas con al acercamiento de los presos y con las fechas de una hipotética negociación. ¿Y quién no quiere la paz en Euskadi a estas alturas, luego de tantos decenios de sufrimientos, violencias, muertes, víctimas y agravios excesivos? ¿Quién, en cualquiera de las alternativas que incluso los más pesimistas contemplan lejanas en el proceso político actual, no quiere la paz?

El gran problema está en las vueltas que hay que dar a las tuercas que aún andan sueltas, a disposición de cualquiera de las partes implicadas, no sólo de los vascos, sino del resto de los españoles. El gran problema para los mecánicos «mágicos» es el número exacto de vueltas que hay que dar a las tuercas para apretarlas con certidumbres constitucionales e históricas. Vueltas exactas para que ninguna se pase de rosca, para que ninguna se quede suelta. Hacer encajes de bolillos con las vueltas de las tuercas en artefactos de ingeniería bien engrasados nos depararía expectativas de paz en un laberinto que se extiende ya demasiados decenios en nuestra historia más reciente. Aunque también sea evidente que en la ocasión de la paz que se reclama se exigirá demasiado de las víctimas del terrorismo, condenadas siempre a una violencia extrema.

El Estatuto, el arzobispo y el PP
JORGE TRIAS SAGNIER ABC 26 Septiembre 2005

QUE en el siglo XIX o, incluso, en gran parte del XX, los políticos se adueñasen de la opinión y enarbolasen banderas que creían mayoritarias, pero que en realidad sólo apoyaban minorías, podía resultar lógico y, hasta cierto punto, comprensible. No existían entonces las técnicas de conocimiento de la opinión pública que permiten hoy, por lo general, conocer lo que piensa la gente casi, casi, con precisión matemática. Ahora los políticos ya no pueden darnos gato por liebre y, por ejemplo, sabemos desde hace meses que a la inmensa mayoría de los catalanes, más del 80 por ciento, no le interesa nada la discusión sobre el Estatuto, en realidad una Constitución independentista catalana encubierta. Resultan tan evidentes la insensatez y frivolidad de quienes pretenden adueñarse de «Cataluña» que produce vértigo el resultado que se avecina.

Pero esa insensatez y frivolidad catalana alcanza, también, a instituciones y personas que, bien por su ministerio o por su ideología, tendrían que dar, en momentos así, ejemplo testimonial. Ayer nos desayunábamos con la increíble noticia de que el arzobispo metropolitano de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, probablemente con un corazón más nacionalista que católico, se refería, nada menos que en una homilía, a las autoridades catalanas, pidiendo a la Virgen que las bendijese «especialmente por el trabajo que están realizando en la reforma del Estatuto». Un estatuto insolidario, injusto y sectario que, además, resulta inaceptable para los católicos, ya que abre la puerta explícitamente al aborto libre y a la eutanasia. ABC recogía hace unos días en su editorial varios párrafos del texto estatutario, como ése que instituye el principio de «libre decisión de la mujer al propio cuerpo y a su salud reproductiva sexual» o «el derecho a morir con dignidad», vinculando lo primero con el aborto libre y la «dignidad» con la elección de la muerte. Quizás el arzobispo debería meditar sobre las causas del porqué Cataluña es una de las zonas más descristianizadas de Europa.

¿Y qué me dicen del PP catalán? La instrucción de Piqué a los diputados del Parlamento de Cataluña es, hasta el día de hoy, la de abstenerse en la votación del próximo día 30, como si lo del Estatuto-Constitución no fuese con ellos o, mejor dicho, para que la historia nacionalista -¡vaya historia!- no les cuelgue el sambenito de «anticatalanes». Si eso ocurre, no lo permita Rajoy, en pocas ocasiones podrá manifestarse una actitud más vergonzante, tibia y cobarde como en ésta. Tan cobarde, que de ser ésa la posición del PP catalán provocaría una ruptura en el partido. Afortunadamente, como hace ya treinta años que resido en Madrid, no tendré que depositar mi voto en las próximas elecciones en Barcelona. Si lo tuviese que hacer, y ante la imposibilidad moral de poder votar a los nacionalistas o a los socialistas, me abstendría. ¿Votar a un partido sin principios aunque sea el mío? ¡Nunca! Al fin y al cabo la economía tanto monta, con Solbes o con Rato, y de lo que estamos hablando, ¡a ver si se enteran!, es precisamente de principios.

La derrota de 'Pakito'
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 26 Septiembre 2005

Diez meses y medio han necesitado Francisco Mujika Garmendia, 'Pakito', y sus cinco compañeros de la cárcel para escribir 81 palabras con las que renovaban los votos de fidelidad a «la izquierda abertzale de siempre». Diez meses y medio contando sólo desde el momento en que se conoció un escrito anterior en el que abogaban por abandonar las armas porque creían que ya no tenían capacidad de forzar una negociación con el Gobierno.

Aunque parezca otra cosa, no es mucho tiempo si se compara con los tiempos medios empleados en otros procesos de creación literaria en el país. Elkarri necesitó varios meses, un congreso y la participación de cientos de personas para redactar un folio y una treintena de grupos del Foro de Debate Nacional han precisado un tiempo similar para elaborar un par de líneas de esencia nacionalista llamadas Acuerdo Democrático de Base. Al lado de estos ejemplos 'Pakito' y los suyos son un comando de estajanovistas, teniendo en cuenta que sólo eran seis para elaborar los tres párrafos. A partir de ahora, nadie podrá decir de Mujika que es un piernas porque no tiene obra publicada, como dijo de su compañero 'Txeroki' un escritor francés autor de un par de libros sobre ETA.

Pero lo preocupante no es la extensión de la obra publicada, sino que su contenido representa una marcha atrás en toda regla por parte de un destacado grupo de miembros de ETA. 'Pakito' y sus compañeros habían llegado a asumir la conveniencia de abandonar las armas, no por motivos éticos y morales, ni siquiera políticos. Su razonamiento era puramente práctico: el nivel de terrorismo que estaba practicando ETA no tenía ya capacidad para forzar al Gobierno, para provocar una negociación y obtener logros políticos. En esas circunstancias, lo mejor era abandonar las armas.

Los acontecimientos ocurridos a lo largo del último año han dejado en evidencia los argumentos de 'Pakito', pero no porque el nivel de violencia de ETA sea superior al de entonces, sino porque han cambiado las expectativas de los terroristas al modificarse la estrategia del Gobierno. Puestos en evidencia por las circunstancias, 'Pakito' y los suyos abandonan sus tesis de la derrota y tratan de reconciliarse con la izquierda abertzale 'betiko', la de siempre, la de los coches bomba en Avila, la que exige un precio político por dejar de matar.

El cambio de política ha ocasionado la primera derrota en el seno de ETA. Lo grave es que se ha derrotado al sector equivocado y que los actuales dirigentes de la banda han logrado poner fin a un peligroso foco disidente, aunque fuera minoritario, y cierran filas para hablar con el Gobierno si es que se presenta la ocasión.

Ni luz, ni taquígrafos
Manuel Martín Ferrand Estrella Digital26 Septiembre 2005

Esta semana, el Parlament deberá debatir y, en su caso, aprobar con una mayoría de dos tercios el Estatut que, incapaz de despertar el entusiasmo popular, sirve de gran motor para los grupos políticos catalanes y, al tiempo, de fuente de inquietud para la clase política nacional. Quizás nunca como en este caso, desde el arranque del último cuarto de siglo democrático, la política de los políticos —de los partidos— había circulado por caminos tan distantes de los que marca el interés generalizado de la sociedad.

Ayer hemos sabido que este pasado jueves, en el transcurso de una reunión “discreta” celebrada entre José Luis Rodríguez Zapatero, Pasqual Maragall y Artur Mas el borrador del Estatut quedó hilvanado y dispuesto para su costura definitiva en el Parlament. Paradójicamente, que la seriedad no es columna vertebral de la política española, todo depende —a pesar de la presencia de Zapatero y Maragall en el acuerdo— de la actitud final del PSC. Los socialistas catalanes, encerrados en su oscuridad nacionalista, han visto un rayo de luz y oponen resistencia para la aceptación de la propuesta de financiación que, en alarde de anticonstitucionalidad, CiU se ha sacado de la manga.

Don Antonio Maura, la figura más relevante —y provechosa— de la política española en la primera década del siglo XX, solía decir ante el incesante acoso de la oposición republicana:

“Yo, para gobernar, no necesito más que luz y taquígrafos”.
Pasado el tiempo, un siglo más o menos redondo, Zapatero ha sabido prescindir de la una y de los otros. Ni luz ni taquígrafos. Política de submarino en la que, en burla de las mayorías cívicas, los grandes pactos nacen en un salón, en una reunión de amiguetes, y no, como debieran, en el Parlamento de la nación, tras un debate inteligente capaz de depurar las escaseces, o los excesos, de cada proyecto.

No deja de ser significativo que el sábado, el ministro del Gobierno de Zapatero y secretario general del PSC, el polimorfo José Montilla, anunciara en Barcelona que su partido —el PSC, no el PSOE— “no pasará por el embudo de un concierto insolidario e inconstitucional”. ¿Estamos ante una rebeldía palpable de los socialistas catalanes a los proyectos y estrategias de Zapatero? Lo parece y, en política, eso es suficiente para que lo sea.

Al mismo tiempo, y para complicar la interpretación de la realidad catalana y sus enganches con la de la nación, el president Maragall, revestido como tal, ha dirigido una carta a los ciudadanos —¡y ciudadanas!— de Cataluña en la que, vendiendo la piel de un animal que no está cazado todavía, dice que el nuevo Estatut proporcionará el nivel más alto de autogobierno del que Cataluña ha dispuesto desde 1714. Puritita demagogia. Esa condición del nivel “más alto” con respecto a hace tres siglos ya se daba, y con abundancia, en el Estatuto de Sau que ahora parece tan mínimo.

Lo más notable de la carta de Maragall es que la firma en nombre de su Govern, de los tres partidos que lo sustentan y “del principal partido de la oposición”. Al mismo tiempo que el PP, mal conducido en el territorio catalán por el melifluo y cambiante Josep Piqué, se queda fuera de la historia —algo ya previsto, pero no atajado desde la calle Génova de Madrid—, el Parlamento español, más que probablemente, tendrá que abordar un problema difícil para que en Cataluña se quiten un peso de encima. Zapatero, muy suyo, dice en privado algo distinto de lo que luego hace cuando se enciende la luz y los taquígrafos toman el lápiz. Cosas del talante.

El término "nación" del Estatuto de Maragall
Editorial Elsemanaldigital  26 Septiembre 2005

ETA ha vuelto a demostrar su capacidad de matar. Mientras, Maragall afirma que Cataluña es una nación y que Euskadi puede serlo. La negociación empieza.

26 de septiembre de 2005. En medio de la polémica sobre el Estatuto de Pasqual Maragall y de Josep Lluís Carod-Rovira (que terminará tal vez siendo el de Artur Mas) se han discutido todos los aspectos posibles previstos en el Título octavo de la Constitución y algunos que rebasan los límites votados en 1978. España ha asistido a un debate más bien estéril sobre la financiación, los impuestos, la educación o las lenguas oficiales, por ejemplo. Sin embargo un aspecto del Estatuto que todos los nacionalistas catalanes apoyan y que el PSC comparte ahora es la definición de Cataluña como "nación".

Mientras ETA ha vuelto a demostrar su existencia y su capacidad de matar, muchos políticos del resto de España no han dado a la palabra la importancia que merece, sea por ligereza sea por interés. Sin embargo, es la palabra decisiva del nuevo Estatuto, lo que lo convierte en un instrumento del independentismo y el único elemento que basta para poner fuera de la Ley y de la discusión el conjunto del proyecto.

Si Cataluña es una nación, la secesión es un derecho que se reconoce y que se aplicará más pronto que tarde. No bastan ya las declaraciones hueras de unos –que se envuelven en la bandera de España para terminar compartiendo candidatura con los nacionalistas- ni las disquisiciones eruditas de otros –que callan la urgencia de la cuestión-. La nación es una construcción política, como tal comprensible sólo en un contexto ideológico e institucional liberal y democrático. En ese contexto, la nación es la comunidad política superior y su atributo característico es la soberanía, el derecho a decidir su destino, y por consiguiente la independencia. En el mundo del siglo XX y XXI afirmar que una comunidad humana es una nación es afirmar que va a ser independiente.

Ese paso lo ha dado el PSOE. Aparentemente, la cuestión divide al PSOE porque es un capricho de Maragall y de los socios republicanos. En realidad, donde la cuestión se vive con más interés y tendrá más consecuencias es en el País Vasco.

Si Cataluña es una nación, Euskadi lo será también. Si el PSOE admite el término nación para Cataluña se reconoce dispuesto a reformar la Constitución precisamente en su artículo 2, es decir, en la clave de bóveda de todo el sistema. Y además, lo que se dé a Cataluña deberá darse también a los nacionalistas vascos; es más, el reconocimiento del País Vasco como nación, con sus inexorables consecuencias políticas, es una exigencia central de ETA.

Así, y no precisamente por casualidad, el debate estatutario catalán entronca con el mucho más espinoso asunto de la negociación de José Luis Rodríguez Zapatero con ETA. Los terroristas piden cosas que hoy Zapatero no puede conceder; pero si Maragall rompe el fuego, ciertas concesiones se convierten al menos en verosímiles, y una negociación que por definición no puede tener resultados políticos puede terminar siendo aceptada.

Los nacionalistas vascos de todos los matices miran con atención a Cataluña. Todo lo que allí se negocie o se conceda, e incluso todo lo que se debata, pasará automáticamente a estar sobre la mesa "política" que Batasuna definió en Anoeta y que Patxi López y Juan José Ibarretxe han aceptado. Ahora bien, la solución sigue estando en manos de Zapatero: simplemente debe eliminar esa palabra del Estatuto catalán y evitará que se vuelva a negociar toda la Constitución de España.

Guerra, entre comillas
Editorial ABC 26 Septiembre 2005

EL Estatuto entra en su semana decisiva en medio del griterío del nacionalismo más vociferante. ERC cumple a pies juntillas el guión y tensa al extremo de exhibir su lado más histérico. Decíamos ayer en un comentario editorial que si el Estatuto fracasaba, el nacionalismo iba a representar «el papel de víctima para vender la falsa idea de que la voz de Cataluña ha sido apagada por el Estado español». Poco han tardado, porque el consejero de Comercio y miembro de ERC, Josep Huguet, señaló ayer que si «falla» el Estatuto se generará en Cataluña una «guerra civil, entre comillas, que ERC girará en contra de España como si fuera «Els Segadors»». Por cierto, convendría recordar que la formación a la que pertenece el destemplado Huguet es la misma formación en la que se apoya el Gobierno de Rodríguez Zapatero para sacar adelante la legislatura. Amistades peligrosas que gritan, patalean y amenazan al Estado con levantarse en armas -por supuesto, entre comillas-para forzar al Gobierno a plegarse a sus exigencias. Nada nuevo bajo el sol de un paisaje político en el que lo verdaderamente peligroso es que quien se lleve el gato al agua sea, precisamente, el que vaya más lejos en sus amenazas.

Sin tregua
Editorial El Correo 26 Septiembre 2005

La carga explosiva que ETA hizo estallar la noche del sábado en un polígono industrial de Ávila demuestra que la banda terrorista intentará agotar sus últimas energías para tratar de sortear su ineludible derrota. El atentado encierra dos mensajes. Uno, dirigido a sus propias filas y a los entornos del terrorismo etarra para dar testimonio de su existencia y evitar que se enfríe el ánimo extremista. El otro, orientado a hacerse fuerte precisamente frente a quienes han mostrado mayor entusiasmo respecto al pronto inicio de un «proceso de paz». Una vez más se evidencia que cuando dirigentes democráticos ensayan la aproximación hacia ETA o sus adláteres, la banda terrorista eleva un peldaño más sus pretensiones. ETA ha querido dejar claro que no está en tregua fáctica, por lo que la réplica de las instituciones no puede ser otra que perseverar en la acción policial y en el máximo de unidad democrática sin conceder tregua alguna al terrorismo.

Después de un período de ostracismo, la izquierda abertzale viene empleando un discurso altanero con el que trata de eludir la incertidumbre que viven sus integrantes. Sin embargo, es cierto que la verborrea táctica de Otegi y Barrena está condicionando las estrategias presentes en el nacionalismo gobernante. Éste ha decidido soslayar el fracaso del plan Ibarretxe asumiendo como esquema de trabajo la conformación de dos mesas de diálogo y negociación: una entre ETA y el Gobierno español y otra entre las fuerzas vascas, Batasuna incluida. La aceptación de semejante esquema, lejos de desterrar a ETA de la escena política, concede a la banda terrorista una posición privilegiada, en la que se ve equiparada al Gobierno central con el fin de que supervise la orientación de los cambios que eventualmente pudieran llegarse a acordar en la mesa de partidos. Los trabajos que ha emprendido el lehendakari Ibarretxe con el apoyo de su partido para constituir una mesa con la participación, además, de la ilegalizada Batasuna no resultan inocuos, sino que estimulan la perpetuación de ETA como poder fáctico. Es elocuente que en la celebración del Alderdi Eguna Ibarretxe e Imaz omitieran toda mención al atentado. Quien minimice su importancia, aduciendo que se trata de un asunto menor comparado con el noble propósito de la pacificación, no sólo cometerá un grave error de apreciación sino que estará alentando la comprensión frente al terrorismo. De igual forma que quien saque el diálogo del ámbito institucional estará colocando al país en el limbo político que persigue ETA. Mientras -como el lehendakari aseguró en Foronda- el nacionalismo gobernante considere que el conflicto nunca se solucionará sin que se admita el derecho a decidir de los vascos, deslegitimando así la democracia constitucional y estatutaria, ETA seguirá teniendo la excusa perfecta para alimentar la paranoia de que el pueblo vasco está sojuzgado.

Zapatero ante el nudo gordiano
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 26 Septiembre 2005

Los independentistas catalanes llaman mucho la atención, pero en la actual encrucijada estatutaria cuentan poco, tirando a nada. Uno de sus consellers amenaza con la Guerra Civil entre comillas y varios muchachos de la gasolina atacan la sede del PPC. Es la cuarta vez en pocos meses que los de Piqué reciben muestras de afecto; los últimos homenajes tuvieron lugar en Barberà del Vallés, Sant Cugat y el barrio barcelonés de Gràcia. En la fachada de la calle Urgel han pintado su bandera para que nadie crea que el molotov era una gentileza del gremio de coctelerías.

Pero insisto, lo que ahora importa está sucediendo en despachos a los que los independentistas no han sido invitados. Para empezar, “los independentistas” no son un bloque: los puros recibieron de mala manera a ERC en el Fossar de les Moreres el día 11. Los tienen por traidores vendidos al españolismo, lo mismo que muchos convergentes. La estrategia de Mas en la oposición ha sido disputarle a la esquerra la defensa de las esencias. No ha perdido ocasión de reprocharle su alianza tripartita con un PSC que no distinguen del PSOE.

Cuando nos aproximamos al decisivo día treinta, Maragall presiona a CiU por donde más le duele y advierte en su reciente mensaje institucional que velará “para evitar que nadie dañe la legítima ambición de Cataluña y el sueño de cien años de catalanismo forzando fórmulas que sitúen las propuestas catalanas más allá de una interpretación avanzada de la Constitución como la que Cataluña está en condiciones de formular”.

De lo que se infieren varias cosas: primera, que Maragall se presentará como la culminación del catalanismo político; segunda, que el PSC ha pactado con los suyos una “interpretación avanzada de la Constitución” que habrán de respetar los bonos, guerras, ibarras, cháves y sevillas; tercera, que si CiU se empeña en el concierto económico, el president lo “evitará” de algún modo que no concreta.

La salida a este laberinto no es previsible porque está trazado sobre un equívoco: mientras Maragall, tras hablar con Zapatero, dio por hecho que el PSOE se opondría a la fórmula de financiación de CiU, Artur Mas extrajo la conclusión contraria, que Zapatero admitía la inclusión del concierto económico. Todo el misterio radica en la primera reunión secreta, la de Zapatero y Mas.

Es perfectamente posible que Zapatero le dijera a Mas exactamente lo que éste interpretó. Lo que no está claro es si se lo dijo llevado de sus compulsiones miméticas a lo Zelig o lo hizo con aviesas intenciones que han desconcertado al PSC y alarmado a Rajoy. Zapatero no es Alejandro: cuando se topa con el nudo gordiano, le añade un lazo y sonríe.

Zapatero como negociador
GERMÁN YANKE ABC 26 Septiembre 2005

En el teatrillo de la política parece que a los partidos políticos catalanes les cuesta llegar a un acuerdo sobre la reforma de su Estatuto de Autonomía. En esas circunstancias, sorprende la presión a la que, aparentemente, quieren someterse negociando con más urgencia que serenidad e incluso fijando la fecha de la votación de un proyecto antes de que se sepa bien qué es lo que definitivamente se va a someter a la consideración de los parlamentarios.

En el juego de las exigencias y las reivindicaciones, se oye decir a menudo a los protagonistas de la negociación que, como ya tienen Estatuto, lo que ahora hace falta es que el nuevo sea mejor y responda a las necesidades del momento. No se entienden, desde este punto de vista, las prisas. Como las hay, CiU aprovecha las circunstancias y reclama más de lo que hasta hace poco parecía previsible. O el Estatuto es el suyo, o no se va a dar la satisfacción a quienes les desplazaron de la Generalitat.

Maragall se había puesto a la tarea confiado en aquella paradójica promesa del presidente Zapatero, según la cual aceptaría cualquier propuesta que llegara del Parlamento catalán. Pero lo hizo impulsado por la atrofia política de una coalición de gobierno en la que las contradicciones, la inexperiencia y los riesgos de la pomposidad retórica sólo se salvan con el simbolismo. Y el máximo símbolo para la clase política catalana es, al parecer, un nuevo estatuto. Que estaba en «su batalla» (de la que no creo que sea ajena la consideración de su antecesor como una curiosa mezcla de modelo y contramodelo) lo vienen demostrando las encuestas, una y otra vez, que tratan de concretar las necesidades y las aspiraciones de los ciudadanos de aquella comunidad autónoma.

Atrapado por la promesa, resultaba hasta lógico que el presidente Zapatero mirara las cuitas de Maragall con una cierta ironía. Ni era el momento de establecer una nueva tensión en el modelo de Estado ni parecía conveniente someter a presión, a la vista de lo que se pergeñaba en Barcelona, a su propio partido y grupo parlamentario. Si no salía adelante el proyecto se calmaban las aguas en Madrid y se buscaba otra oportunidad más adelante. Bastaba con demostrar que era CiU la culpable.

La aparición a última hora del presidente Zapatero como negociador, bien es cierto que pretendidamente secreto, de la reforma da la impresión de que ya no es sólo Maragall el que se juega el prestigio en un envite que él mismo plantea como la «única» oportunidad. El peligro, tal y como están las cosas, es que sea el presidente del Gobierno, y no el de la Generalitat, el que se empeñe ahora, presionado por sus socios y por la división en su grupo, en ser el maquillador del engendro, el que se empeñe en demostrar, porque en ello va su talante y su futuro, que es constitucional. O que es banal que lo sea, si se juega tanto en él.

Estatuto y atentado
El algodón de Carod y de los asesinos
Isabel Durán Libertad Digital 26 Septiembre 2005

El algodón de Carod no engaña. Cataluña es una nación y aspira a convertirse en un Estado independiente. Y si no se cede a su chantaje, “habrá una guerra civil, entre comillas”. Así de claro hablan Carod Rovira y Josep Huguet. José Luis Rodríguez Zapatero es el tonto útil, el fotopresidente feliz autor de la catástrofe nacional que se avecina. Gracias al jefe del Ejecutivo más insolvente e incapaz con aires de iluminado dirigente de secta ha comenzado la cuenta atrás del definitivo saqueo de España por quienes quieren separarse de ella. En esta carrera contrarreloj para aprobar el próximo viernes la mayor aberración anticonstitucional jamás soñada ni tan siquiera por los radicales abertzales vascos, Zapatero se ha convertido en el muñidor, el mediador, el conseguidor, el vendepatrias, en definitiva, el gran traidor.

Lo que el 30-S se va a consumar, sin contar con los quince votos en contra del Partido Popular, es la victoria de Perpiñán sellada por el presidente de la Generalidad en funciones, Carod Rovira con Josu Ternera en lo que fue el bautismo del tripartito catalán. Se remata la victoria de Perpiñán y ETA pone la rúbrica con un nuevo atentado terrorista que hace saltar por los aires una furgoneta bomba llevándose por delante varias instalaciones empresariales. Los vendepatrias y saqueadores continúan hablando de “tregua tácita” y del próximo fin de la banda de pistoleros, como si de nuevo nada hubiera pasado. Intentan evitar que se recuerde que el tripartito firmó con los asesinos que miraran en el mapa antes de poner su carga mortal y que de los veintitrés atentados terroristas producidos sólo en este año, ni uno sólo se ha perpetrado en Cataluña. ETA gana, consigue su Estatuto del 30-S y sigue con la dinamita.

Pretende La Moncloa que no se comprenda hasta qué punto el Estatuto catalán de ZP es en realidad el Estatuto de ETA, el Estatuto de Perpiñán. Con Zetapé se han perdido hasta las formas. Mientras el íntimo amigo del Fiscal General del Estado, Joaquín Jiménez le exonera desde el Tribunal Supremo de cometer delito de prevaricación al no perseguir al PCTV, Zapatero se erige en el componedor del Estatuto de Perpiñán. A pesar de tanta propaganda y palabrería sobre las tres cés del Gobierno, “constitución, consenso y ciudadanía” el Estatuto de ZP llega cristalino gracias al algodón de Carod y el de los asesinos.

Guerra civil y atentado de ETA
Pablo Sebastián Estrella Digital26 Septiembre 2005

La frase o latiguillo que suele repetir en sus discursos y declaraciones el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es la de “como no podía ser de otra manera...”. Pues démosle la razón en dos cuestiones esenciales en las que tiene comprometida su credibilidad política y democrática porque, “como no podía ser de otra manera”, su gran debilidad y permanente renuncia ante el nacionalismo radical catalán, que está poniendo a prueba la unidad de España y la convivencia entre sus pueblos, ha alcanzado niveles que no pueden ser admitidos por un jefe del Gobierno español, por mucho que quiera seguir en el cargo y mantener intactos sus apoyos parlamentarios. De la misma manera que Zapatero no puede seguir bajando la guardia política y judicial y haciendo la vista gorda con ETA y su entorno, mientras la banda pone bombas y le pide al Gobierno que haga nuevas y mayores concesiones antes de sentarse a negociar o de anunciar el final de sus acciones de terror.

Todo esto se veía venir cuando un Zapatero inexperto y ambicioso anunció en Cataluña que aprobaría en Madrid el Estatuto que le llegara de Barcelona, y cuando se precipitó, sin garantía alguna, a solicitar en el Parlamento apoyos para abrir una negociación con ETA, renunciando a ilegalizar el PCTV y a impulsar la acción de la Justicia en contra del entorno de ETA, convencido de que su intuición y su buena suerte a la hora de llegar al poder en el PSOE y en el Gobierno eran precedentes y argumentos suficientes para avanzar por tan tortuosos senderos, en los que puede cosechar dos rotundos fracasos tras dejar el Estado en paños menores y al PSOE sumido en una seria crisis interna en Barcelona con Maragall y en Madrid con destacados barones, entre los que José Bono juega a ser el capitán salvador que incluso está dispuesto a inmolarse en la defensa de los intereses generales del país, según se dice en su entorno.

La bronca de los nacionalistas catalanes contra el resto de España a propósito del nuevo Estatuto que se votará el próximo día 30 en el Parlamento de Cataluña alcanzó ayer altas cotas de dramatismo y visceralidad verbal cuando un miembro del Gobierno de Pasqual Maragall, su actual consejero de Comercio y dirigente de ERC, Josep Huguet, amenazó con una guerra civil entre catalanes y castellanos, recordando la guerra de Els Segadors contra Felipe V, si en Madrid se frena el nuevo Estatuto catalán. Tamaño disparate que, una vez más, desvela el verdadero rostro “democrático” de la Esquerra Republicana, se ha visto acompañado en las últimas horas por la reaparición de ETA en Ávila con la explosión de un coche bomba que, aunque no causó daños a personas, sí ha sembrado el terror y provocado importantes desperfectos materiales.

Naturalmente, en el palacio de La Moncloa
—donde hay mucho más que nervios y donde algunos asesores del presidente parecen dispuestos a marcharse— se dice una y otra vez que no hay que dramatizar porque el presidente “es un español castellano leonés”. ¿Y qué? ¿Acaso eso le permite ser responsable de históricos disparates como los que se asoman en el horizonte político español? En Moncloa dicen —temerosos de que ERC no les apruebe los Presupuestos que Zapatero y Solbes han pagado en lingotes de oro— que no hay que alarmarse por los disparates de ERC y de sus dirigentes. De igual manera que subrayan que aunque ETA aterroriza y pone bombas, al menos no mata, lo que da por buena la idea de que hay que hacer concesiones a ETA para que no mate, aunque siga con sus chantajes y estrategia del terror.

Pero lo cierto es que las últimas palabras del consejero Huguet —miembro del mismo Gobierno y del partido que controla el consejo de La Caixa y su asalto reciente al sector energético español— son inaceptables de todo punto y constituyen un insulto a España, a Cataluña y al Gobierno de la Generalitat, de donde debería ser expulsado Huguet de la misma manera que lo fue Carod después de entrevistarse con ETA en Francia. En cuanto a la justificación de no pasa nada mientras ETA no mate, manteniendo sobre la mesa la oferta de Zapatero de negociación —por más que ya en el Gobierno se reconoce que esto “va para largo”—, es otra indecencia de orden político, democrático y moral que los españoles no pueden ni deben aceptar, y mucho menos su presidente.

Y es lógico que el PP aproveche estos graves errores del presidente Zapatero en su beneficio político, porque los advirtió con tiempo, y porque lo que dice el PP en estos dos casos —nada que ver con otras políticas reaccionarias— es sencillamente de sentido común, diga lo que diga Rubalcaba en un intento desesperado por tapar las vías de agua que inundan la sentina del barco del Gobierno de Zapatero.

El presidente, amenazado por ERC —¡hasta con la guerra civil!— y por ETA con estas bombas que los terroristas llaman de “baja intensidad”, no puede seguir caminando por el alambre como aquel inefable Charlot Chaplin que lo hacía mientras dos primates se le subían por la cabeza. Zapatero —ya le han pasado demasiadas cosas y le han llegado no pocos avisos— debe rectificar mal que le pese, aprovechando el apoyo popular que todavía tiene y la bonanza económica general. Pero si no rectifica en cuestiones tan serias como las que ha gestionado tan mal con ETA y Cataluña, ambos debates acabarán dañando sus niveles de apoyo electoral —ya se ven tendencias a la baja— y su credibilidad.

Un nudo gordiano para Zapatero
Rafael González Rojas elsemanaldigital 26 Septiembre 2005

El viernes se someterá a votación en el Parlament el proyecto de nuevo Estatut para Cataluña. Es una incógnita lo que sucederá. Pero cuantos nos preocupa la desmembración de España estamos con el alma en vilo. Los separatistas catalanes confían en que Zapatero cumpla su palabra de aceptar lo que salga del Parlament.

Si el texto aprobado es el actual, con un artículo 1º que define a Cataluña como nación, y el sistema de financiación al que aspira CiU, la patata caliente se traslada al Parlamento de la nación. Y aquí te quiero ver, escopeta. ¿Es ésa la "vía catalana", propuesta electoral del PSOE para una España plurinacional, que iba a superar todos los problemas de incomprensión y desconfianza? La mayor mentira de todo este proceso es que la opinión pública, incluso la catalana, ha estado totalmente ausente de él. El nuevo Estatut se ha gestado de manera oculta, con acuerdos que no se anunciaban y anuncios de cosas que no se acordaban.

Menos mal que a partir del viernes 30 vamos a tener una idea más clara de cómo está el patio. Vamos a ver si, como siempre ha querido Maragall, va a comenzar la segunda transición, que consiste en cargarse todo lo construido desde que los diferentes partidos políticos realizaron en 1978 un pacto constitucional, renunciando inclusos a principios muy preciados, a fin de conseguir lo que es evidente que se logró: el más largo período de paz y prosperidad jamás vivido en España.

Pues a partir del viernes sabremos mucho más sobre nuestro futuro. Vamos a ver cuáles son las intenciones de Zapatero. Hasta ahora, tanto él como su Gobierno se han mostrado confusos, equívocos y contradictorios. El desenlace nos mostrará con claridad que el estrafalario tripartito que gobierna en Cataluña ha cultivado la separación de intereses entre Cataluña y España, como si fuesen dos realidades sociopolíticas enfrentadas. Vamos a ver cómo afronta Zapatero sus nuevas responsabilidades; qué va a primar en él, si su calidad de jefe del Gobierno de una nación o de secretario general de un partido cuya unidad está amenazada.

¿Quién va a salir malparado, Zapatero o Maragall? ¿Acaso inventarán la cuadratura del círculo? Zapatero es capaz de tratar de imitar a Alejandro, que "deshizo" el enredo del nudo gordiano con un tajo de su espada. Pero no nos convencerá de que no nos está metiendo en un berenjenal en el que peligra la unidad de España. Porque si el Parlament aprueba el Estatut y el Congreso de los Diputados se lo carga, ¿hasta dónde llegarán los gritos de los nacionalistas? ¿Qué dirán a los ciudadanos catalanes sobre esta nueva agresión del Estado español a Cataluña?

Una bomba en el camino
José Javaloyes Estrella Digital26 Septiembre 2005

Mientras en Polonia sale un posible Gobierno de centro-derecha con una prometida cruzada contra la corrupción, no se sabe aquí de qué modo habrán de cruzarse los dedos para parar lo que se viene encima, en España, por la coalición fáctica entre el terrorismo y el nacionalismo que apuesta a la ruptura de España.

Una bomba en el camino (de la negociación con ETA y del guiso estatutario para Cataluña) nos enseña que el destino del presidente Rodríguez es rodar y rodar, cuando del cirio nacionalista se trata, por Bilbao-Vitoria-San Sebastián, o por Barcelona; y también, cuando no hay que alinear ideológicamente la procura de nuestros intereses en Europa (¡qué precipitada enhorabuena a Gerhard Schroeder hace una semana, cuando de las urnas alemanas se levantaba una niebla de indeterminación y preguntas tan espesa como esas del Canal de la Mancha que aíslan al Continente y lo alejan de Inglaterra, luego de haberse perdido el eje franco-alemán en el horizonte!).

Con el bombazo abulense, ETA ha querido matar dos pájaros de un tiro. Subrayar en rojo y a la cloratita, al lado como quien dice de la cárcel de mujeres de Brieva, donde 16 reclusas etarras purgan sus respectivas condenas, que el acercamiento de los presos terroristas a las tierras vascas es objetivo indeclinable para la banda. Y junto a ello, asistir al mandatario del Club de Perpiñán en sus pretensiones de que a los separatistas de la barretina y la butifarra les sean satisfechas entregas contra la unidad de España de idéntico o muy semejante porte a las que procuran para sí los asesinos de la chapela. Ha sido lo que se podría llamar un bombazo de síntesis: servicio a dos objetivos al precio y coste de uno solo.

Lo que desde luego parece descartable es la probabilidad de que la acción terrorista haya sido obra de alguna línea o sector disidentes, y opuestos, a las rondas de negociaciones, encuentros o contactos —a efectos prácticos es lo mismo— entre la banda y el pretendido pacificador de las Españas. Esa hipótesis sólo es aparentemente descartable. Ocasiones ha habido en la crónica criminal de los etarras en que llegado el caso, y por conveniencia del guión, una parte, una línea, un determinado sector, se ha separado del resto y actuado por su cuenta, dejando en agua de borrajas los compromisos, las expectativas y la esperanzas de quienes les creyeron o de ellos esperaron un signo verdadero de paz o arrepentimiento.

En ningún caso, sin embargo, cabe descartar el propósito o función instrumental que ha tenido el atentado abulense contra la empresa de un familiar del ex presidente Suárez, a las puertas de una semana acaso decisiva para la aventura de José Luis Rodríguez con los nacionalistas de toda condición.

Se encuentra Rodríguez, por tanto, con que los etarras le ponen bombas mientras que en el POSE no son alfombras rojas, precisamente, lo que le ponen los pesos pesados de su partido, que parecen haber instalado en Ferraz, a este respecto, el clima cierto de un congreso del partido que nadie convocó pero que está ahí, adensándose, y no desactivándose como el huracán Rita. Si este ciclón americano amenazó más que golpeó, este estado de congreso que vive el PSOE no hace amagos de nada pero puede sacudirlo todo en Ferraz y la Moncloa.

Si queda una pizca de seny en el cotarro social-nacionalista de Cataluña, le llevará a reconocer la evidencia de que los recursos de Rodríguez, en todos los órdenes, no son infinitos sino muy finitos y dramáticamente limitados. Al embarcarse en el modelo territorial de España y en la relativización de la idea de nación (española) —para dar entrada al identitarismo de los nacionalistas catalanes—, Rodríguez ha abierto la caja de los truenos dentro de su propio partido. Cuestiona su propia identidad (española) y reconvierte en confederal su federal y cohesiva forma de cohesión nacional.

Esa bomba en el camino ha puesto todo ello en evidencia, enseñando que el destino de esta Moncloa es rodar y rodar.

jose@javaloyes.net

Política cultural
La Cultura y el fracaso de la socialdemocracia
Agapito Maestre Libertad Digital 26 Septiembre 2005

Leo en El Mundo que la cultura española, o mejor, el ministerio de Cultura va a la deriva. No le falta razón. Sin embargo, el único responsable de tal deriva no es la ministra de Cultura. Me explico. Si el Gobierno de Zapatero fuera más o menos normal, o sea, un gobierno socialdemócrata apoyado en un concepto de nación democrática, podríamos criticar su política cultural por ser sólo un Ersatz o sucedáneo de sus carencias de política económica y social. La intervención en la cultura de los socialistas, durante los años ochenta y noventa, no tuvo otro objetivo que tapar sus carencias de propuestas económicas y sociales; ahora, sin embargo, la cosa es más grave. Entonces pudo crearse un imaginario falso, pero imaginario, sobre España que más o menos funcionaba: España era una referencia cultural. Mejor que peor, y aunque a Felipe González le costara hacerse cargo de la importancia de la cultura para tapar sus agujeros económicos, funcionó una política cultural que seguía teniendo a España como referente simbólico y real.

Hoy, por el contrario, la política cultural de este Gobierno es un desastre porque España ha dejado de ser una referencia. Por eso digo que no debemos de mirar sólo a la ministra para explicar el desaguisado, sino a quien con criterio sectario seleccionó al personal encargado de dirigir las distintas áreas de la política cultural, que está más preocupado por matar la cultura española que por promocionarla. Sí, criterio sectario es el del Zapatero para seleccionar a la ministra, porque estaba determinado por los intereses de sus socios nacionalistas e independentistas catalanes, que a su vez están obsesionados, por encima de cualquier otra consideración, por negar la “cultura” de España. Por lo tanto, la ministra de Cultura no es la única culpable de la muerte de la cultura de España, sino quien la nombró, o sea, Zapatero y Carod-Rovira. Ella, en todo caso, será responsable de traición a un cargo, porque lejos de comportarse como ministra de cultura de España, sólo pretende la destrucción de esa cultura.

Visto desde otro ángulo, o sea, desde el punto de vista de los nacionalistas, la ministra de la cosa cultural, sin duda alguna, está funcionando perfectamente. En efecto, si el Museo del Prado es la quintaesencia de la cultura española, nadie espere, por favor, que éste funcione bien con los ministros de Zapatero. Tampoco el Museo Reina Sofía debe alcanzar el rango de gran museo mundial, porque eso sería tanto como reconocer el valor de la cultura española. En la misma óptica, por supuesto, deben valorarse el resto de nombramientos de los encargados de velar por la cultura de España. Quienes nombraran al director del Instituto Cervantes, a los directores del Museo del Prado, Reina Sofía, Biblioteca Nacional, Sociedad de Exposiciones y Congresos, etcétera, tendrán que responder ante la sociedad española de que la política cultural de España no es inexistente, sino una política contra la cultura de España. También ellos, como la ministra de Cultura, tendrán que responder de la traición a la defensa de la cultura española.

Resulta triste y paradójico, pero la conclusión es inapelable. El desastre de la política cultural española es de tal envergadura que sólo se comprende como negación de la cultura española. Bajo el cuento de la diversidad de “culturas” de España se esconde un objetivo: negar España y su cultura. La política cultural del reino de España es, dicho para no enloquecer, un arma sectaria y propagandística para que no haya una cultura libre, o sea, cultura española.

Nacionalismo, masa y poder
IÑAKI UNZUETA /PROFESOR DE SOCIOLOGÍA DE LA UPV/EHU El Correo 26 Septiembre 2005

Las sociedades avanzadas de Occidente han experimentado a lo largo de su historia un proceso de diferenciación de tres etapas: en primer lugar, eclosionaron las sociedades arcaicas diferenciadas por segmentos, como por ejemplo los clanes y las tribus; en segundo lugar, las sociedades feudales diferenciadas jerárquicamente según el grado de poder de nobles, señores y siervos; y finalmente, las actuales sociedades diferenciadas por funciones. Es decir, que mientras las sociedades tribales se constituían sobre la base de una segmentación básica que daba lugar a uno o más grupos homogéneos que rivalizaban por los recursos escasos, las sociedades capitalistas de Occidente se constituyen y estructuran en torno a una multiplicidad de funciones que las hace extremadamente complejas. Para algunos autores, como Niklas Luhmann, para que los sistemas sociales se reproduzcan y mantengan, es preciso que lleven a cabo determinadas funciones vitales como, por ejemplo, la regulación de los conflictos o la explicación de la realidad. A su vez, cada una de estas funciones se caracteriza por aglutinar un tipo específico de comunicación que lleva a cabo una distinción binaria propia. Así, las comunicaciones en torno a la explicación de la realidad, dan lugar al subsistema científico y son evaluadas según la distinción binaria: verdad o falsedad, no importando si, por ejemplo, son bellas o inmorales. De igual modo, el subsistema judicial, que tiene por función la regulación de los conflictos, aglutina comunicaciones que son evaluadas según la distinción: legalidad-ilegalidad; y cabría hacer similares consideraciones en torno a otros subsistemas, como el político o el económico. En definitiva que, para Luhmann, la sociedad es comunicación y su complejidad aumenta porque se crean nuevos tipos de comunicación; integrándose por medio de las distinciones binarias que en cada uno de los subsistemas tienen lugar.

Asimismo, cada proceso de diferenciación da lugar a su respectivo estadio o modelo evolutivo: tribal, feudal o funcional, que es ideal en el sentido de que no existe en la realidad empírica de una forma pura. En Occidente, la mayoría de las formaciones sociales han accedido a la tercera etapa de diferenciación, aunque se encuentran también jerárquicamente diferenciadas, y presentan restos de segmentaciones arcaicas. Empero, todavía existen determinados nichos étnicos, formaciones sociales arcaicas, cuya estructuración básica responde a procesos simples de diferenciación. Estos estancamientos evolutivos, casi en su mayoría, tienen lugar allí donde el nacionalismo ha arraigado, impulsando procesos primarios de segmentación que tienen por objetivo la constitución de un 'nosotros'. Pero, a su vez, las formaciones estancadas en el primer estadio de diferenciación, se encuentran también sometidas a procesos de diferenciación funcional. Ello da lugar, en su forma más simple y atenuada, a un encabalgamiento de procesos, cuando a la diferenciación simple del nacionalismo se le superpone la diferenciación funcional de cada uno de los subsistemas. Sin embargo, cabe también que, en vez de un encabalgamiento, se produzca una brusca colisión de procesos de diferenciación. En estas circunstancias, la 'racionalidad intragrupo' orientada al acuerdo entre nacionalistas para la constitución de una comunidad de patriotas, choca con la 'racionalidad universal' orientada al otro y a la constitución de una sociedad de ciudadanos. Es decir, se enfrentan, de un lado, una racionalidad recortada, con fundamentos sagrados y objetivos pre-dados; y de otro, una racionalidad profana y postmetafísica que apela comunicativamente al otro. Al mismo tiempo, esta colisión principal presenta variadas dimensiones, pues el proceso de diferenciación nacionalista choca con los procesos funcionales de cada uno de los subsistemas, provocando un conflicto sistémico multidimensional y crónico.

Los nacionalismos impulsan procesos de segmentación que tienen como meta incrementar la homogeneidad del grupo, expulsando todo lo que les resulta extraño y perturbador, y constituyendo por ello, el dispositivo más eficaz para la construcción de una determinada identidad. En la tarea de construcción identitaria, el nacionalismo apela a lo más simple del ser humano, toca su fibra gregaria y le ofrece calor, cobijo y seguridad. En ello, el primer paso es la 'definición', esto es, la formulación de las características que debe reunir el 'nosotros'. Le sigue, aunque no siempre, la 'identificación', es decir, el establecimiento de los símbolos que distinguen a la comunidad, como lo que propone, por ejemplo, el alcalde de Getxo. Una vez alcanzado lo anterior, la meta siguiente es la institucionalización política, es decir, la cristalización jurídica de la comunidad nacionalista, que alcanza su máxima expresión cuando toma la forma de un Estado. Ahora bien, en ocasiones, cuando se imprime una aceleración al proceso de construcción nacional y de institucionalización política, surgen prácticas políticas crueles y aberrantes. Así, si la infatuación nacionalista crece, como ocurrió en España con la expulsión de judíos y musulmanes, o más tarde con la 'soah', a las etapas de definición e identificación, les siguen las de expropiación, deportación, concentración y, por último, si es el caso, eliminación. O cabe también que, una vez definido e identificado el extraño a la comunidad, se proceda directamente a su eliminación. Este proceso que enlaza la definición e identificación con el acoso y, si es el caso, la eliminación, requiere primero, como dice Beck, construir políticamente al extraño; para luego, poner en marcha mecanismos de producción social de la distancia y de la indiferencia moral, mecanismos que invisibilicen a las víctimas y que acallen su sufrimiento y dolor. Son necesarios idiotas morales, o como decía Hermann Broch, buen conocedor del paño nazi, sonámbulos, hombres y mujeres capaces de esconder a sí mismos su vacío, obteniendo a cambio, calor, recompensa y protección.

Desde esta perspectiva, los llamados partidos nacionalistas democráticos se encuentran atravesados por una grave contradicción, ya que, por un lado, apelan a la utilización de vías exclusivamente democráticas, pero, por otro, se encuentran guiados por una 'racionalidad intragrupal' orientada a la constitución y fortalecimiento de una comunidad de patriotas. Ello les hace arrogarse el papel de únicos y legítimos intérpretes de la voluntad de los vascos, negando así su pluralidad. La violencia simbólica resultante se ejerce contra todo lo que ha sido definido como extraño a la comunidad, y adquiere diversas formas, que van desde tildar al adversario político de 'enemigo del País Vasco', hasta interpretar el papel de exegeta del pueblo, como hacía en las pasadas elecciones el lehendakari Ibarretxe, que les decía a los portavoces del PSE y PP, Patxi López y María San Gil, que sí, que, «ellos también podían contribuir y participar en la construcción de este país». Sin embargo, no se trata tan sólo del ejercicio cruel y constante de la violencia simbólica por parte del nacionalismo, a la que es básico que se responda con total contundencia, sino de los comportamientos erráticos y las formulaciones vagas, cambiantes e imprecisas en torno a la eticidad y moralidad de la violencia en general. Como prueba, ahí están los largos años de connivencia y utilización vicaria de la violencia para arrancar cosas de 'Madrid'; los acuerdos con formaciones políticas que aceptaban como forma de lucha la eliminación del adversario; la exaltación, como en Amurrio y otros muchos pueblos, de los agresores; el abandono, la incomprensión y, en bastantes ocasiones, la culpabilización y desprecio de las víctimas (recuérdese por poner un solo ejemplo, como en el funeral de Fernando Buesa, la masa nacionalista arropó al lehendakari y dejó allí tirado al muerto).

Finalmente, el proceso de construcción nacional y de institucionalización política, enlaza con la cuestión del poder, que se manifiesta de una manera triple: como fuerza, como influencia y como autoridad, y que hay que analizarlo relacionalmente, como algo que se ejerce sobre o contra alguien. Una vez definido e identificado el 'nosotros', es el caso que se dispone de un criterio muy útil para la distribución de los recursos y el ejercicio del poder. Así, el proceso de institucionalización política del País Vasco ha enquistado un mandarinato con firmes conexiones con otras instancias de poder, como determinados sectores productivos, universidades, etcétera, conformando una estructura muy difícil de romper. En las sociedades de diferenciación simple, como la vasca, como lo que se valora es sobre todo la lealtad, dicen que al partido y a la patria, la mayoría de los cargos no se distribuyen por capacidad sino por proximidad. Esto es también característico de los clanes y las mafias, donde lo importante es la fe en el grupo, el silencio, la docilidad, la lealtad. De este modo, los mecanismos de control se adulteran y la corrupción se expande. El resultado es la creciente segmentación de la sociedad: los nacionalistas establecidos y el resto excluido.

Esta aleación de elementos sagrados, exclusión, indolencia, sonambulismo, corrupción, docilidad y clientelismo, convierte a los nacionalismos en una de las fuentes de reacción más importantes del siglo XXI.

Atraco a las tres en Moncloa
LAS PESQUISAS DE MARCELLO Estrella Digital26 Septiembre 2005

Aunque no lo entiendo del todo y se dice que estaba pactado de antemano, empiezo a comprender que Miguel Barroso se quiera marchar del palacio de la Moncloa, lugar por donde desfilan pintorescos personajes de toda estirpe y pelaje. Se irá Barroso, que por cierto lo hacía muy bien y con discreción
—frente al estrépito de Rubalcaba, Pepino, Carod y demás miembros del combo zapatista—, y a los ratones coloraos de Moncloa, don Julián y don Pascual, que tienen nombre de Zarzuela, se les escapan las sonrisas convencidos de que pronto va correr el escalafón y se van a repartir en su negociado entorchados de almirante y general.

La traca final de los Presupuestos y del Estatuto catalán no lleva al cine de humor y blanco y negro español, en parodias sublimes del cine negro americano: Atraco a las tres o Rufufú, donde unos ladrones de opereta intentan alzarse con el botín. Aunque para Botín, don Emilio, que acaba de dar otro pelotazo ejemplar con la venta de Unión Fenosa a un Florentino Pérez que ha encontrado el camino del gol, que se quedó con Dragados, ACS, Calle 30 y que está acrecentando tanto su poder que puede que un día le entre la ambición de la política, recordando su tiempo de secretario general del PRD, aquel partido radical donde se estrellaron a la vez Roca —el gran conseguidor catalán— y Garrigues, el hombre fracasado de la trilateral.

Ahora son los de ERC los que han realizado el butrón de la Moncloa por donde entran y salen a placer cargando los sacos de billetes —¡el 17 por ciento del presupuesto general de Fomento del 2006— y toda clase de concesiones estatutarias, judiciales, culturales, etc. Y vamos a ver cómo acaba este folletón de los chantajistas políticos que venden votos, no por un real como en tiempo de Romanones, sino por un dineral, que es lo que le cuesta al Estado mantener la mayoría parlamentaria del PSOE y la permanencia en el poder del presidente Zapatero.

Entra Carod y se lleva un cuadro. Llega Bargalló y arrambla con la cubertería de plata, aparece Puigcercós y trinca dos jarrones, se cuela Puig y se baña en la piscina, y luego se presenta Huguet y se hace pis en el salón del Consejo de Ministros, mientras canta con una guadaña en la mano el himno de Els Segadors. Y toda esta circulación de los chicos de ERC se produce por el agujero que han hecho en el despacho oval del jefe Zapatero, mientras Mas entra por la cocina a ver cómo va el guiso del Estatut, Felipe González por la puerta secreta del búnker de Palomino, para su fundación de Alianza de Civilizaciones, y Maragall por la bodeguilla a ver si en Madrid en vez de cava se puede tomar unas copitas de champán, mientras en el organillo de la verbena monclovita le ponen música a uno que se acaba de llevar un tapiz: “¿dónde vas con mantón de Manila...?”.

Si estalla lo de Cataluña y lo de ETA, el presidente hará una crisis de Gobierno, y si no estalla, también. Porque, ya se ve, algunos se quieren ir —Solbes por la espalda y Bono ¡por España!— para que no les coja el naufragio en plena travesía, y a otros hay que echarlos por la borda: a la fraila Calvo por la de estribor, y a la Trujillo por babor, mientras que a Moratinos hay que pasarlo por la quilla de la nave por insignificante en la acción exterior (y si no ya veréis lo de la Cumbre Iberoamericana de Salamanca), que nos trajo la ruptura con Bush, Blair, Schroeder, Chirac y Merkel del tirón.

Cuántos ministros se van a comer el turrón este año? ¿Habrá elecciones anticipadas en los primeros meses del 2006 en Cataluña y en toda España? ¿Se han dado cuenta de que a Zapatero se le ha caído la sonrisa de un tiempo a esta parte? Pasan cosas sin cesar y los ratones coloraos bailan y canturrean sin parar coplillas de amor con las que quieren dar sentido a la fuga de cerebros que acaba de comenzar.

El CGPJ advierte que el euskera no puede ser obligatorio para trabajar en Justicia
F. Velasco La Razón 26 Septiembre 2005

Madrid- El Gobierno vasco no puede imponer la exigencia de un nivel determinado del euskera para trabajar en los distintos Cuerpos de la Administración de Justicia: Gestión Procesal y Administrativo, Tramitación Procesal y Administrativa, Auxilio Judicial y Médicos Forenses. Esta es la conclusión a la que llega el Consejo General del Poder Judicial en un informe, que estudará mañana la Comisión de Estudios, donde se analizan los distintos aspectos del proyecto de Decreto del Ejecutivo vasco por el que se regula el proceso de normalización lingüística en esa comunidad autónoma.

Entre otros aspectos, el proyecto de Decreto vasco establece que el conocimiento del euskera será «requisito indispensable» en las relaciones de puesto de trabajo que así se determinen. En el resto de los casos, el conocimiento de esa lengua se valorará como «mérito».

El CGPJ señala sobre esa cuestión que respalda la normalización lingüística en el ámbito de la Administración de Justicia, pero que debe dirigirse, «ante todo», a la efectividad de derecho a comunicarse y ser respondido en la lengua oficial elegida por el ciudadano ya que el proceso se desenvuelva en la lengua que resulte más adecuada al buen fin de la Justicia.

Junto a ello, y en lo que respecta al personal al servicio de la Administración de Justicia, el órgano de gobierno de los jueces y magistrados pone de relieve cómo la jurisprudencia constitucional «ha reconocido el carácter de mérito preferente que se atribuye al conocimiento de la lengua propia en la convocatoria de las correspondientes pruebas selectivas».
Por contra, el proyecto de Decreto vasco establece la necesidad de tener un determinado perfil lingüístico –nivel de conocimiento del euskera para determinados puestos de trabajo–. Esta previsión, señala el informe del CGPJ, supone «un salto cualitativo de carácter relevante en el proceso de normalización» lingüística.

«La exigencia de un determinado nivel de conocimiento de la lengua autonómica, con carácter preceptivo, para la cobertura de todos los puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo en los que se incluya una fecha de preceptividad, parece exceder del marco actual», destaca el informe del CGPJ.

Otro aspecto más que cuestionado por el órgano de gobierno de jueces y magistrados es el relativo a considerar «requisito indispensable» el conocimiento del euskera en «los supuestos en que así venga determinado en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo».

Tras analizar los distintos artículos del proyecto de Decreto vasco, el CGPJ constata que existe una «voluntad explícita» de asignación de pefiles lingüísticos preceptivos «a un número muy amplio de los puestos de trabajo», lo que «hace de la lengua un requisito obligado de cumplimiento, y, por tanto, no susceptible de valorarse como mérito».
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