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Recortes de Prensa     Viernes 30 Septiembre 2005
¿Y el castellano?
Cartas al Director ABC  30 Septiembre 2005

Himnos tribales y silencios ciudadanos
FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR CATEDRÁTICO ABC  30 Septiembre 2005

Doble crisis de Estado
Editorial ABC   30 Septiembre 2005

El drama está servido
Por XAVIER PERICAY. ESCRITOR ABC   30 Septiembre 2005

Útiles y no tan tontos
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC  30 Septiembre 2005

Zapatero se juega su legitimidad en Ceuta
Editorial Elsemanaldigital   30 Septiembre 2005

Los túneles del «Estatut»
VALENTÍ PUIG ABC  30 Septiembre 2005

Nacionalismo catalán febril
JOSÉ M.ª CALLEJA La Voz  30 Septiembre 2005

¿De verdad quieren guerra?
José Javier Esparza elsemanaldigital   30 Septiembre 2005

Las siete plagas
LAS PESQUISAS DE MARCELLO Estrella Digital 30 Septiembre 2005

Carod, un español incompatible
Eusebio Cedena Gallardo elsemanaldigital  30 Septiembre 2005

Aznar, Guerra y el final del régimen
Carmelo López-Arias elsemanaldigital   30 Septiembre 2005

El Foro Ermua premia a Rosa Díez y María San Gil
AGENCIAS/BILBAO El Correo  30 Septiembre 2005

El castellano en Cataluña, historia de una infamia
Xavier Pericay Asociación por la Tolerancia 30 Septiembre 2005

La notable ilegitimidad de nuestras políticas lingüísticas
Aurelio Arteta  Asociación por la Tolerancia 30 Septiembre 2005

Qué está pasando con el español en los Estados Unidos de América
Francisco Marcos Marín Asociación por la Tolerancia 30 Septiembre 2005

¿Y el castellano?
Cartas al Director ABC  30 Septiembre 2005

He asistido a la reunión de mi hijo en su colegio. En el turno de preguntas he comentado: «Han dicho que la lengua extranjera será el inglés, y la de clase el catalán; ¿y el castellano?». Contestación en catalán a mi pregunta en castellano: «Bueno... si el niño se pone desesperado le hablamos un momento en castellano». «¿Lo que entiendo es que sólo lo hablan como una emergencia?». «(...)».

Después de que hubiera muchos comentarios de otros padres en mi contra, se cambió de tema sin más. Así están las cosas en Cataluña, donde los niños cuyos padres son castellanoparlantes no tienen derecho a escoger este idioma para su formación, y donde los niños que tienen padres catalanoparlantes no saben hablar ni entienden el castellano.

Cristina Salinas. Barcelona.

Himnos tribales y silencios ciudadanos
POR FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR CATEDRÁTICO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA. UNIVERSIDAD DE DEUSTO ABC  30 Septiembre 2005

... Sin que nos hayamos dado apenas cuenta, una exigua minoría ha conseguido imponer como doctrina y experiencia común su repertorio de ilusiones. La principal de ellas es la que se refiere a la artificiosidad de España como nación...

TODOS hablamos de lo que puede suponer para España este huracán estatutario que galopa La Moncloa y el Congreso desde las tierras de Cataluña. Hablamos de su efecto devastador, balcánico, medieval. Hablamos de su carácter balsámico, celestial, modernizador. Vivimos en la ficción de la profundidad. Vivimos al margen de lo real cotidiano, y así, los defensores, a derecha e izquierda, de la Constitución son catalogados de grupos irascibles, adversarios del progreso y de los derechos de los pueblos, en lugar de ser aceptados por lo que en verdad son. Hombres y mujeres cuya idea de perfeccionamiento de la democracia, de su permanente actualización, no equivale a la negación del sistema establecido en la Constitución de 1978 y, mucho menos, a la caducidad de la nación que se dio forma de presente y contemporaneidad a través de los derechos y deberes en ella recogidos.

Vivimos una representación popular y populista en la que quienes mejor manejan los efectos sentimentales son los que salen ganando, aunque la primera víctima sea la verdad. No la verdad que poseen un partido o una posición política, sino la que se corresponde con los términos del debate, con la asignación de posturas, con las convicciones de cada uno.

Decía Ortega que la gente da por buena la obra literaria cuando ésta consigue producir la cantidad de ilusión necesaria para que los personajes imaginarios valgan como personas vivientes. En toda Europa, la política contiene una dosis limitada de grandilocuencia y teatralidad. En España, por el contrario, la política ha pasado a justificarse sólo por el espectáculo y la emoción que sus protagonistas son capaces de crear. Aquí los políticos tienen ganas de hacer historia y prefieren debatir sobre los agravios pretéritos a meterse hasta las cejas en un presente arduo y gris, y, sin que nos hayamos dado apenas cuenta, una exigua minoría ha conseguido imponer como doctrina y experiencia común su repertorio de ilusiones. La principal de ellas es la que se refiere a la artificiosidad de España como nación y la necesidad de desvertebrarla en pequeñas nacioncillas para darle sustancia democrática.

Tal función ha contado, por supuesto, con el pragmático y voraz onanismo de los sultanes periféricos, que por la vía de hacer de su reivindicación un formulario que debían cumplimentar todos los demócratas para demostrar que lo eran han convertido una posición minoritaria en una aplastante situación de hecho. Tal función se ha escrito también con el regocijo de una ciudadanía desatenta y, sobre todo, con el atolondramiento de una elite política insensata, que ha confundido y confunde la representación de una demanda legítima, pero minoritaria, con la obligación de aceptarla, una ensimismada clase política que no ha sabido o querido medir hasta qué punto se ha ido cargando el tendido eléctrico de los nietos de Prat de la Riba y Sabino Arana. Tan cargado, que ha transformado una masa de palabras y espejismos históricos en una gran farsa que todos los ciudadanos debemos interpretar para hacerla pasar por obra que a todos convence y alienta.

Este exitoso asalto a la razón ha sido todo lo incongruente que cabe esperar de sus autores, pero se ha acabado aceptando, a petición de menos del diez por ciento de su ciudadanía, que España debe ser sometida a una desautorización permanente, pues obstaculiza la realización de quienes sólo son españoles por imposición. Poco importan los resultados electorales, la gente no nacionalista en el seno de cada una de las llamadas nacionalidades históricas, las encuestas y los votos. Todo eso es realidad, y de lo que se trata es de vivir en el drama, lo que importa es la eficacia emotiva de la ficción.

Con toda naturalidad se ha asumido que lo que se decida en Cataluña o el País Vasco atañe solamente a los catalanes y vascos, como si ya habitáramos y sintiéramos la lógica nacionalista que no ve esos territorios como una parte de España, sino como naciones que deben autodeterminarse según un derecho que nadie les ha atribuido, salvo la ficción actual en la que participamos con peligrosa inconsciencia. En un ejercicio de malabarismo cínico, los mismos que consideran una injerencia intolerable de sus vecinos españoles que se vote en las Cortes un nuevo Estatuto de Cataluña se sientan en los escaños de ellas para colarse en la vida cotidiana de los sorianos, los leoneses o los andaluces mediante el simple procedimiento de votar los presupuestos del Estado. De modo que quienes reniegan de España y confiesan como destino propio independizarse de la madrastra que les oprime, aprietan el botón que decide la suerte de las inversiones, de la protección de desempleo o de las pensiones que afectan al conjunto de los españoles. Como en cualquier teatro del absurdo, las palabras no significan nada: «La cantante calva sigue peinándose», decía Ionesco.

Mientras los nacionalistas continúan peinándose, la cruel realidad golpea Cataluña bajo la forma, recogida en un informe sobre envejecimiento y vivienda, de más de seiscientos mil ancianos que naufragan en edificios ruinosos, sin agua corriente ni ascensor. En las últimas elecciones generales ERC obtuvo la misma cifra de votos. Mientras más de seiscientos mil catalanes viven en la ignominia social en edificaciones no accesibles, Carod Rovira representa a otros tantos catalanes que consideran fundamental redactar un nuevo Estatuto y afirmarse como nación y que amenazan con una guerra civil si no se atiende a sus demandas. Se dirá que una cosa no excluye la otra, pero me atrevo a suponer que esos más de seiscientos mil motivos de vergüenza para Cataluña no suponen que la redacción de un Estatuto que afirme los derechos históricos del Principado sea aquello en lo que deba entretenerse la elite política. Me atrevo a suponer que a esos menesterosos les preocupa bastante más su insultante situación actual que los presuntos agravios sufridos por Cataluña hace trescientos años. Y que les costará mucho establecer una relación causal entre su miseria y el triunfo de Felipe V en la Guerra de Sucesión.

Esa cifra de más de medio millón de personas que sufren y de más de medio millón de quienes reivindican una perpleja identidad marca una línea moral que asumo plenamente. No es, claro que no, la línea que separa a la izquierda y la derecha, términos demasiado manoseados para que sirvan de algo. Más bien tiene que ver con la solidaridad o el narcisismo, con la compasión o la indiferencia, con la ternura silenciosa de los humildes o la procacidad reivindicativa de los opulentos. Es la línea que obliga a escoger, que fuerza a una opción. Escoger entre los ancianos que habitan en una edad frágil a la que se añade la miseria, y jóvenes repletos de energía a quienes, al parecer, nada preocupa la suerte de sus mayores y mucho los himnos y banderas de su nación. Escoger a quienes sobreviven en condiciones ínfimas que arruinan la libertad y la soberanía individual y quienes residen en ámbitos confortables de seguridad económica desde los que sólo se contempla la soberanía colectiva. Escoger entre quienes hablan de derechos elementales vulnerados que pueblan la realidad cotidiana que les humilla o quienes se refieren a superticiosas identidades que sólo pueblan los recintos de una ilusión bien alimentada. Escoger entre el Carmelo y el Estatuto. No porque yo haya establecido esa elección, sino porque son los mismos nacionalistas los que han marcado un paisaje de preferencias que poco tiene que ver con lo que debería entenderse por una jerarquización de derechos humanos.

Cuando un diputado de ERC hable en nombre de esos 650.000 catalanes que están en una de las líneas de sombra de nuestro tiempo, deberá recordársele a los 637.000 tan catalanes como ellos que habitan, como diría Gil de Biedma, «en el rincón más triste de mi cuarto». Habrá que hablarle de una España sin ingenuidad pero con inocencia, sin furia pero exigente en lo que atañe a la justicia; sin melancolía pero con dolor por un camino de perfección que asume lo imperfecto de nuestra vida en común. Un ángel, sí, pero fieramente humano.

Doble crisis de Estado
Editorial ABC   30 Septiembre 2005

SIN duda alguna, Rodríguez Zapatero está viviendo la peor etapa desde que accedió al Gobierno de España, marcada por una crisis profunda de debilidad, de doble dirección, que afecta al Estado que él, como jefe del Ejecutivo, debería liderar y que, lejos de hacerlo, está contribuyendo a agravar por decisiones y tácticas carentes de realismo y sentido nacional. A la aprobación final, in extremis, en el Parlament de la reforma del estatuto catalán -por él promovida y que ha devenido en una vulneración flagrante de la Constitución y en el gravísimo socavamiento del marco legal que los españoles acordaron concederse en 1978- hay que añadir los extraordinariamente graves sucesos que acontecen en Melilla y Ceuta y que han colocado a ambas plazas españolas en un estado próximo a la excepción, con el Ejército vigilando la integridad de la frontera. Nadie debería extrañarse de que todos aquellos que, dentro y fuera del país, esperan pacientemente a que decaiga la fuerza del Estado español hayan olfateado, con instinto partidista, que se está viviendo una ocasión histórica para ajustar sus cuentas y obtener réditos a costa de la debilidad de un Gobierno en sus horas más bajas.

Ceuta y Melilla ofrecen la comprobación trágica de este trance difícil por el que atraviesa España. Allí están sufriendo las tempestades sembradas por los vientos amables de las excelentes relaciones que hace poco más de un año inauguró Zapatero con el Gobierno marroquí, en el contexto de una política exterior basada en el sectarismo y en los prejuicios ideológicos de una izquierda casi extinguida en Europa.

El Gobierno se ha topado de bruces con las consecuencias de su irresponsable política migratoria y la bochornosa debilidad que exhibe ante Rabat. Las cinco muertes producidas en el último asalto a la verja de Ceuta son la tragedia que se veía venir y que nunca debió haberse producido. Pero el Gobierno ha estado más empeñado en difuminar la realidad con el tupido velo de las sonrisas que en afrontar la certeza de que Marruecos se ha comportado deslealmente con España. Con la sospecha más que fundada de que dos de esos cinco muertos se debieron a disparos hechos por armas de las fuerzas marroquíes, fue impertinente que Zapatero anunciara una investigación conjunta con las autoridades del reino alauí, tal y como hizo ayer en comparecencia conjunta con su homólogo marroquí, Dris Jettu. En estas circunstancias, es España la que debe exigir a Marruecos una explicación diplomática convincente y real de las causas que permiten a centenares de inmigrantes subsaharianos sin papeles circular libremente por su territorio en trenes y autobuses; agruparse frente a las vallas metálicas de Ceuta y Melilla; construir decenas de escalas de madera y lanzar asaltos masivos que ponen en peligro su vida y la de los agentes españoles que les hacen frente sólo con material antidisturbios. Sin embargo, otra vez Zapatero se muestra incapaz de plantar cara a Marruecos y ha optado por componer una falsa imagen de colaboración bilateral, que los hechos tozudos y los muertos a tiros se encargan de desmentir con rotundidad.

El problema es la inmigración ilegal, pero también la obligación del Estado de garantizar la seguridad de las ciudades autónomas frente a una situación desestabilizadora que está provocando preocupación en sus ciudadanos. Por eso, la decisión de mandar al Ejército a vigilar las fronteras con Marruecos -lo que supone reconocer el fracaso de Interior en esta labor- puede producir el espejismo de que el Gobierno ha reaccionado con firmeza, cuando lo que ha hecho es pasar de un extremo a otro: de saborear el «momento dulce» de las relaciones con Marruecos a militarizar un problema de orden público porque Rabat no colabora. Pero las causas de la crisis siguen vigentes, porque son estructurales de la política del Gobierno socialista. El Ejército podrá patrullar las vallas de Ceuta y Melilla, pero donde deben atajarse las avalanchas es en suelo marroquí y son las autoridades de aquella nación las que deben ser emplazadas por el Gobierno español para que dejen de facilitar, por acción o por omisión, esta «marcha negra» constante que fluye contra ambas ciudades españolas.

España no puede seguir actuando como un país encogido que no sabe defenderse con decisión. Y esta carencia es aplicable tanto a la relación con Marruecos como a la actitud ante Bruselas. Los inmigrantes que pisan Ceuta y Melilla entran en Europa y el Ejecutivo español debe implicar a las instituciones europeas en una verdadera política común migratoria, lo que empieza por exigir a Francia que aclare sus prioridades y, esta vez, apoye a España frente a Marruecos para que el país magrebí colabore de verdad en solucionar un problema que es de toda la Unión. Claro que, para lograr este objetivo, sería necesaria una autoridad política y diplomática que el Gobierno -ocupado en alianzas virtuales- ya no tiene ante sus socios europeos, lo cual, a pesar de ser tristemente cierto, no es excusa para que Zapatero no defienda tenazmente los intereses nacionales de España. Cuestión distinta es que la UE no se sienta concernida en ayudar a España a resolver un problema que el Ejecutivo socialista ha agravado con el «efecto llamada» del proceso de regularización masiva.

Nada se conseguirá si el Gobierno español no pone en marcha, paralelamente a un cambio drástico de las relaciones con Marruecos, un reforzamiento legal del Estado que conlleve la exclusión definitiva de todo proceso extraordinario de regularización masiva de inmigrantes, así como medidas firmes de expulsión inmediata de aquellos que entren ilegalmente en suelo español. Las imágenes de inmigrantes ilegales jaleando el éxito de su asalto por las calles de Melilla -porque saben que su ilegalidad es aval de estancia en España- son el retrato de un Estado inerme e incapaz de reaccionar para proteger algo tan esencial como es la integridad de sus fronteras.

La crisis del Estado, decíamos, afecta también al interior. Tras el acuerdo entre nacionalistas y socialistas, y a expensas de que el PSOE se avenga a descarrilar el disparate estatutario en las Cortes, la reforma aprobada ayer en el Parlament pone en grave riesgo el concepto mismo de España, su razón de ser, presentando como «moderno y bonancible» un texto de tintes casi neoconstituyentes que sienta las bases de la jibarización insoportable del Estado español y su práctica subordinación a Cataluña. Fue Zapatero quien animó a la reforma (copilotada, no lo olvidemos, por un partido independentista) y quien se comprometió a apoyarla. A él corresponde ahora la responsabilidad de garantizar el marco constitucional que une y protege a todos los españoles.

El drama está servido
Por XAVIER PERICAY. ESCRITOR ABC   30 Septiembre 2005

ENTRE quienes escribimos en los papeles periódicos existe una cierta tendencia a no tomarse demasiado en serio las palabras de Pasqual Maragall, a relativizarlas, a ponerlas en cuarentena, en la medida en que casi siempre parecen más el fruto de un arrebato que de una reflexión. Y nos equivocamos. No en lo del arrebato, sino en su trascendencia.

El 15 de diciembre de 2003, al día siguiente de haber suscrito en nombre de su partido y junto a los máximos representantes de Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya un acuerdo de gobierno para la legislatura autonómica, Maragall abría en el Parlamento de Cataluña el debate que iba a concluir con su investidura como presidente de la Generalitat. Y decía: «El Estatuto debe acordarse con una reforma constitucional que ya es inaplazable». Y, por si alguien dudaba de sus intenciones, después de advertir que «Cataluña no se dejará engañar más», remachaba: «Estamos en un punto de no retorno».

Hoy, en el mismo lugar en que el actual presidente de la Generalitat pronunció aquel discurso, y después de dos largos días de votaciones parciales, negociaciones a la desesperada y cambalaches de todo tipo -para muestra, la suspensión del pleno ayer por la tarde o lo ocurrido con el artículo sobre el carácter laico de la enseñanza pública-, los parlamentarios catalanes podrán ratificar o desmentir los pronósticos del entonces candidato. Es decir, podrán decidir si este camino emprendido por Maragall y sus aliados -concepto que, en este terreno, va más allá de sus socios de Gobierno e incluye al principal partido de la oposición- tiene o no tiene retorno. A estas alturas, todo indica que no lo tiene. La única posibilidad de que el proyecto de reforma del Estatuto, ese eufemismo tras el que se esconde una propuesta nueva de cabo a cabo, no alcanzara los dos tercios necesarios para su aprobación y terminara su triste recorrido de casi dos años en el propio Parlamento catalán, o sea, allí donde nació, se esfumó ayer por la noche. El escollo de la laicidad de la enseñanza, el único que seguía separando a Convergencia i Unió del resto de las formaciones políticas que están por la labor de la renovación estatutaria, fue finalmente salvado y el texto será hoy bendecido por todos los diputados de la Cámara, excepto los quince del Partido Popular.

Y ahora, Madrid. Porque Madrid no sólo existe, sino que para los parlamentarios catalanes ha sido siempre un argumento. Seamos ambiciosos, decía anteayer Artur Mas, que Madrid ya se encargará de los recortes. Sin duda. Si el proyecto de Estatuto hubiera llegado al Congreso de los Diputados con un perfil bajo, a la actual mayoría parlamentaria le habrían bastado unos cuantos retoques, no demasiado lesivos para sus promotores, para aprobarlo. Ahora, en cambio, y siempre y cuando el Congreso lo admita a trámite, deberá sufrir una desnaturalización considerable antes de ser aprobado. Aunque sólo sea para rebajar un poco su nivel de inconstitucionalidad. Con lo que estaremos en una situación muy parecida a la vivida por el Estatuto catalán en las Cortes de la Segunda República. No en cuanto al proceso, ciertamente, dado que entonces el Estatuto fue elaborado sin que existiera todavía la Constitución republicana y sometido a referéndum en Cataluña antes de viajar a Madrid, pero sí en cuanto a la enorme distancia entre lo pedido y lo obtenido finalmente. Y a sus más que probables consecuencias, claro.

Y es que, aun cuando los catalanes de hoy en día cuenten ya con un Estatuto -lo que los distingue, sin duda, de sus antecesores-, no puede descartarse en modo alguno que la clase política autonómica, que ha convertido esta reforma estatutaria en su única razón de ser y gusta de reclamar para sí la herencia de los tiempos republicanos, vaya a reaccionar poco más o menos como lo hizo la de los años treinta. O sea, con medidas de presión de toda laya, así en los distintos Parlamentos como en la calle. Uno de sus más conspicuos representantes, el consejero de Comercio, Turismo y Consumo, Josep Huguet, ya abrió el fuego el pasado fin de semana. Y, entre muchas otras cosas, dijo lo siguiente, a propósito del posible fracaso del Estatuto: «El país sabe y debe saber que, si esto falla, Cataluña entra en una dinámica de conflicto social creciente que, obviamente -y hago una lectura partidista-, irá en beneficio de los independentistas porque esto lo giraremos en contra de España». Luego también habló de guerrillas y de guerra civil, aunque eso último, todo hay que decirlo, lo puso entre comillas.

Bien es cierto que no hacía falta que Huguet nos pusiera sobre aviso. Con recordar el resto de las palabras pronunciadas por Maragall aquel 15 de diciembre de 2003 era más que suficiente. Y es que el entonces candidato, consciente de que el «viaje de Ulises» que iba a emprender no estaba exento de peligros, y de que el peligro mayor lo encarnaba el Gobierno de Madrid, le pidió ayuda al Partido Popular de Cataluña. Sí, porque en aquella época quienes mandaban en Madrid eran los populares, y nada permitía suponer que las cosas fueran a variar en el futuro. Para aquel Ulises de ocasión, el PP español debía tener una actitud «más reflexiva y menos agresiva». En caso contrario, añadía, «el drama estará servido».

Lo está, en efecto. Pero ya no es el drama de Cataluña en España, sino el drama de España entera. Con Cataluña de primer actor y el País Vasco a punto de pisar la escena. Y lo que es más triste: con un Gobierno del Estado que ha rechazado el papel de director y parece conformarse con el de tramoyista.

Útiles y no tan tontos
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC  30 Septiembre 2005

Asesinaba ETA, y venía al día siguiente el «tonto útil» de turno a convencerte de que el atentado no tenía nada que ver con el nacionalismo vasco. Hacían el Pacto de Estella el PNV y HB, y el «tonto útil» se empeñaba en demostrar que eso no implicaba un compromiso con ETA. Ahora, cuando ya es imposible negar estas evidencias, los tontos útiles defienden la negociación con los terroristas.

Si cabe han puesto más entusiasmo con los nacionalistas catalanes. «No hay que criminalizarlos», dicen. «Llamarles separatistas es cosa de franquistas». «Son gentes de «seny»». «Se mueven por la pela». «No se sienten cómodos en el Estado».

Nunca imaginaron Arana y José Antonio Aguirre, Prat de la Riba y Maciá que algún día sus causas llegarían a tener tantos defensores en la capital de España y especialmente en la fauna cultural. Por eso los nacionalistas de hoy deberían hacer una excepción de todos éstos cuando hacen victimismo. Deberían excluirles de sus odios.

Quinta columna, caballo de Troya... ¿quién paga a tanto descastado, a tanto traidorzuelo, a tanto irresponsable? Porque realmente es muy difícil explicar que un cántabro o un madrileño o un leonés mantenga una actitud «nacional» tan antinatural, tan contraria a sus propios intereses, tan masoquista en definitiva. ¿Por qué tendrían que defender las ideas vinculadas a los sueños hegemónicos de catalanes y vascos sobre Andalucía, las Castillas, Aragón, etcétera? Y ¿por qué, si además, son claramente antidemocráticas?

Al llegar a este punto de la reflexión, los tontos dejan de serlo para quedar simplemente en «útiles». La explicación tiene su origen en el carrerismo partidario, judicial, académico, periodístico... y literario. Es imposible hacer carrera en el PSOE sin la aceptación de las convenciones pronacionalistas y, a partir de ahí, en todo lo demás. La fuerza de convicción de los nacionalismos ha sido la de su hegemonía en Cataluña (por la corrupción), en el País Vasco (por el terror) y en toda España por nuestro especial sistema electoral y de partidos.

A pesar de todo «los tontos útiles» están nerviosos. Se les cruzan los sentimientos. Están contentos de que el parlamento catalán haya aprobado que Cataluña es una Nación... pero tienen miedo de que las cosas lleguen demasiado lejos. Confían en que la balkanización no tenga consecuencias sangrientas («la gente quiere vivir»). Han oído juicios contradictorios sobre el papel del propio ZP. Para unos ha sido el planificador del proceso catalán; para otros está desbordado. A casi todos les gustaría que el PSOE interrumpiera el proyecto de estatuto en el Parlamento. Confían en Guerra, ellos que le desprecian. Tampoco les gustaría que el PSOE se rompiera... Porque entre España y el Partido socialista ellos optarían por la España rota.

Zapatero se juega su legitimidad en Ceuta
Editorial Elsemanaldigital   30 Septiembre 2005

Los sucesos de Ceuta y Melilla ponen en peligro el Estado de Derecho. Zapatero ha actuado tarde y débilmente frente a un problema creado por las medidas adoptadas por su Gobierno.

30 de septiembre de 2005. La seguridad de nuestra frontera meridional no existe, y las normas del Estado de Derecho no se aplican a las masas que tratan de entrar en Ceuta y Melilla. Mientras, una Comunidad Autónoma se ha autodefinido como "nación", violando así la Constitución. Pero Ceuta ha ocupado la atención de los españoles y ha eclipsado el debate catalán.

Es lógico que haya sucedido así. Hay muertos, ha habido disparos, las Fuerzas de Seguridad están desbordadas y un Gobierno --tan pacifista-- como el de José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido que recurrir a desplegar tropas del Ejército de Tierra, en una medida sin precedentes cercanos. Los ciudadanos pedían y aplauden esa presencia, ciertamente necesaria y tranquilizadora, pero Zapatero debe explicarla.

¿Qué hace, mientras tanto, el presidente del Gobierno de España? Negocia entre bastidores con los independentistas catalanes. Y sobre todo se abraza con el Gobierno de la monarquía absoluta de Marruecos, que fomenta y aprovecha las migraciones subsaharianas para violar nuestra soberanía. Lo hace, además, excluyendo del encuentro precisamente a los representantes de las dos ciudades españolas acucidas por esa inmigración de "salto de la valla".

Zapatero ha diseñado -o presta su nombre- para una pinza estratégica en la que espera revalidar su frágil mayoría electoral. Le importa poco que el precio sea el fin de la legalidad, de maneras diferentes, en Ceuta, en Melilla y en Cataluña. Y dentro de poco veremos qué sucede en el País Vasco. Acepta un cambio de régimen, como bien ha señalado José María Aznar, ejerciendo un poder constituyente que nadie le dio.

Mientras tanto, Zapatero no cumple con sus obligaciones básicas. Un gobernante tiene como primera misión la defensa de la vida, la propiedad, la libertad y la seguridad de los ciudadanos de su país. Mientras se debaten complejas alianzas políticas dentro y fuera de España las avalanchas de inmigrantes ilegales que Mohamed VI canaliza contra la frontera de España hacen peligrar lo más prioritario.

Los túneles del «Estatut»
Por VALENTÍ PUIG ABC  30 Septiembre 2005

INCLUSO de astronomía se habló ayer en el debate sobre el nuevo Estatuto de autonomía catalán, antes de suspender la sesión del parlamento autonómico en busca de una fórmula cabalística para el sistema de financiación. Se habló también de seducir España, como si la vieja Sepharad anduviera por ahí en minifalda, a la espera de un guiño. No es ese uno de los aspectos más inocuos de todo el debate y de la razón misma del ser catalanista: la absurda negación -eufemística o frontal- de las consecuencias que dimanan de la existencia de un todo que es España y de una parte, una de las partes, que es Cataluña. De ahí la abigarrada abundancia -más retórica que conceptual- de entelequias como «blindaje de competencias», «bilateralidad» o «perpetua deslealtad» del Estado hacia Cataluña. Sin tan siquiera haber concluido el debate de un nuevo Estatuto, vigente aún el anterior, CiU ya dijo que no renuncia al Estado plurinacional, el PSC argumentó que más allá está el objetivo del Estado federal y ERC insistió en que eso sólo sería un paso hacia la plena soberanía nacional. En consecuencia, nuevo Estatuto cada cuándo, según y cómo, «ad infinitum». Lo más asombroso, hasta dimensiones apabullantes, es que los datos de la opinión pública no varían: la indiferencia del electorado catalán ante los horizontes del nuevo Estatuto es estratosférica.

Tanta improvisación aturde. Daba grima ver a políticos generalmente sensatos contribuyendo a generar un «tsumani» doméstico, de despacho en despacho, cambiando cromos. De modo tosco y precipitado se ha recurrido a la vieja añagaza de la pre-negociación, tan usada en diplomacia. Se trata de hallar el modo de enmarcar una cuestión a la que es imposible decir no, de modo que haya un hipotético acuerdo que atraiga incluso a la parte más reluctante, en este caso con efectos de reciprocidad. Ayer los pasillos del parlamento autonómico catalán se correspondían -al modo de los arcos y escalinatas que en los dibujos de Escher no tienen salida- con los túneles de un «Estatut» que con poco esfuerzo logrará ser la vía muerta del catalanismo, salga o no salga en la votación de hoy en Barcelona, para luego ser debatido en Madrid y, en su caso, asido a la prueba definitiva de un referéndum.

Creyendo garantizar su propia duración política, Maragall ha interpuesto toda una grave incontinencia política en el camino de Rodríguez Zapatero, quien urdía estrategias imaginarias para ser el pacificador final del País Vasco y perpetuarse en La Moncloa. Quién sabe cómo el presidente del Gobierno gestualizará el abrazo con la nación catalana que llegue al registro de la Carrera de San Jerónimo. Quién sabe cómo le querrán secundar las viejas glorias jacobinas del PSOE. Quién sabe a qué concepción del consenso responden los logros antojadizos de Pasqual Maragall, aunque desde luego choca con los modos de la transición que llevaron a la Constitución y al Estatuto vigente, deseado entonces por las gentes catalanas precisamente porque llenaba un hueco histórico que hoy no existe. Son empresas sin sentido las que generan prolongadas melancolías.

Un proyecto estatutario carente de «demos» real ha sido conjurado en una burbuja virtual por el «Establishment» político del catalanismo y una copiosa complicidad mediática. Algo ha culminado, corra o no el cava. Una sociedad civil tan poco auscultada pasa fácilmente a la indiferencia. En su día, habrá que ver los resultados del referéndum. La conjura ha sido partidista, profundamente partidista, vulgarmente partidista. Unos apelaban a la modernización, otros a un profundizar en la identidad, algunos amenazaron con una guerra civil entrecomillada: parecía una hora punta en el metro de Tokio, cuando los acomodadores ubican el pasaje a empellones. En este caso, lo sensacional es que los vagones iban casi vacíos.

vpuig@abc.es

Nacionalismo catalán febril
JOSÉ M.ª CALLEJA La Voz  30 Septiembre 2005

EL CARAJAL del debate sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña refleja un profundo nivel de insolidaridad de los políticos nacionalistas catalanes, incluido Maragall, respecto del resto de los españoles; traduce un desapego de estos políticos de los problemas habituales de los ciudadanos que viven en aquella comunidad autónoma y demuestra hasta qué punto se ha perdido la referencia de lo que debe de ser la gestión cabal de la política, sustituida ahora por un estado febril y desbocado.

Casi cinco lustros de gestión nacionalista en Cataluña, liderada por Jordi Pujol, han ido moldeando a una sociedad en la que la identidad nacionalista desplaza a los valores razonables de la solidaridad, la convivencia civilizada entre distintos y el respeto a las opiniones de la minoría, en este caso el PP. Hoy merece menos atención el hecho evidente de que se asalten regularmente las sedes de este partido -cuyos miembros no gozan de la libertad que tienen los nacionalistas, incluido Maragall, para decir lo que les dé la gana en público-, que la cansina, reaccionaria e insaciable agenda del nacionalismo. Después de cuarenta años de dictadura, el nuevo régimen nacionalista ha conseguido que unos ciudadanos denuncien a otros por su falta de adhesión suficiente a los principios del movimiento nacionalista, expresados ahora en el etiquetado de comercios y productos.

Maragall ha iniciado una deriva nacionalista a la que no se había atrevido Pujol, pero para la que éste había preparado los caminos. Lo peor de todo es que aunque se alcance el máximo nivel de delirio nacionalista en este nuevo Estatuto, eso no nos va a ahorrar que, un minuto después de que se apruebe el texto más radical que se pueda imaginar, salga el nacionalista de guardia a decir que esto es sólo el principio, que la aspiración del pueblo catalán -¡qué capacidad para hablar siempre en nombre de él!- es crear un Estado, con ejército propio si me apuran, fronteras y afán expansionista en lo tocante a Valencia y Baleares.

El caso es que ahora CiU, guiada por la obsesión de que otros no hagan lo que ellos no hicieron, se encampana en su nacionalismo y pone dos huevos duros más, para emular a ERC y al PSC, cada vez más C que S. Eso sí, el consenso de la comunión nacionalista permite que el ataque de laicismo del primer texto se atempere para acoger así en su seno a la muy democristiana CiU y las prerrogativas de sus centros de enseñanza religiosos.

Todo este asunto expele tal tufo de régimen nacional-católico que hasta el cura de turno dice que la Virgen de Montserrat está en la pomada y mueve los hilos para que el Estatuto nuevo vaya bien. Lo cual demuestra un nivel de contacto privilegiado con la secretaria de la Virgen, que es la que confeccionará, sin duda, su atareada agenda en aquel territorio.

Estas son las consecuencias de lo que algunos entusiastas nos etiquetaron como «una nueva forma de hacer política», «un modelo transversal» y «un proyecto ilusionante».

Una vez que se apruebe el texto más extremo que se pueda imaginar, habrá empezado la cuenta atrás de la capitalización del victimismo: el Congreso de los Diputados, salvo que le entre un delirio semejante, dirá que no y ahí tendremos la ansiada foto: Madrid no nos quiere, luego hay que romper del todo con Madrid.

¿De verdad quieren guerra?
José Javier Esparza elsemanaldigital   30 Septiembre 2005

Huguet: "Si falla el Estatut, habrá una guerra civil entre comillas". ¡Huguet! ¿Quién carajo es Huguet? Este caballero oficia de Conseller de Comercio en el gobierno catalán. Es de Esquerra. Hasta la fecha, las carteras de Comercio solían desempeñarlas personas de vientre templado y flema burguesa, de esos que piensan que los billetes son más importantes que las banderas. Huguet parece ser de otra pasta. O a lo mejor es que, en su caso, las banderas son una forma de hacer billetes –que también es pasta.

La frase de Huguet no es nueva en estos predios. Dijo algo parecido Largo Caballero en 1936: "Si ganan las derechas, iremos a la guerra civil". Ganaron las izquierdas –con poca limpieza, por cierto- y fuimos, pese a todo, a la guerra civil. Es verdad que la guerra de Huguet es una guerra con comillas, o sea, una metáfora. Pero se empieza haciendo mala literatura y se termina mandando gente al paredón. Curiosamente, en el desquiciado revival guerracivilista que la zapateridad ha desatado se está prescindiendo de lo único que realmente debería importarnos: cómo hacer para que nunca más vuelva a ocurrir. En vez de eso, hoy vivimos la revancha fantasmal de quienes no hicieron la guerra, pero la usan como arma retórica. Impresentables.

¿Quieren guerra? Tiene donde encontrarla. Y sin comillas: la que está contando Pío Moa, que en breve tendrá en la calle su último libro, 1936: el asalto final a la República (Áltera). Lo interesante del título es su deliberada ambigüedad: los sublevados del 18 de julio asaltaron la República, ciertamente, pero las izquierdas lo estaban haciendo al mismo tiempo. Los episodios que cuenta Moa, profusamente documentados, son tan irrefragables como de costumbre. La verdadera fuerza de los textos de este caballero reside en que no son interpretaciones ni narraciones en contexto ideológico, sino hechos, simplemente hechos, puestos unos detrás de otros y con su correspondiente cita de fuente original. En el volumen recién publicado, una porción notable de recortes de periódicos –de la época- permite al lector situarse en la atmósfera del treinta y seis. Nada que ver con la visión falsaria que la izquierda nos viene contando. No es extraño que la progresía, histérica, haya pedido directamente la censura del autor, alentando agresiones violentas. La verdad siempre escuece a quien la ha falseado.

¿Más guerra? La revista El Manifiesto acaba de sacar a la calle su número tres. Se titula "Muere la Historia. Revive la guerra civil". Firman el mencionado Moa, Stanley Payne, Balbino Katz, Pedro Corral (el que ha contado la tremenda historia de la brigada republicana que tomó Teruel, diezmada en la retaguardia por sus propios mandos, y al cual, por cierto, en El Mundo le "tomaron prestada" la investigación sin citar al autor). También firma un servidor. Al fondo, un asunto decisivo: a fuerza de fantasear con la "memoria", estamos cargándonos la Historia. Por eso pueden aparecer sujetos como Huguet.

Las siete plagas
LAS PESQUISAS DE MARCELLO Estrella Digital 30 Septiembre 2005

Como si de una maldición se tratara, siete plagas o grandes conflictos políticos se ciernen sobre el palacio de la Moncloa en el que habita José Luis Rodríguez Zapatero. La primera de ellas, por actualidad, es la tensión renacida en torno a Ceuta y Melilla a causa de las avalanchas de los emigrantes. La segunda es el Estatuto de Cataluña, que se aprobará hoy en el Parlamento catalán y que llegará a Madrid como otra avalancha de desafíos a la soberanía e integridad nacional. La tercera es clónica en la vida española, pero ha reaparecido en los últimos días, como se ha visto en el último atentado de ETA en Ávila a pesar de las ofertas del Gobierno de negociación. La cuarta tiene que ver con la Iglesia, que ha decidido apadrinar una nueva manifestación contra el Gobierno con motivo de la nueva ley de Educación. La quinta es la plaga de la sequía, que ya ha puesto bajo mínimos a una gran parte del territorio español y que está provocando drásticas medias para preservar el agua que va quedando. La sexta, la inoperancia de varios miembros del Gobierno. Y la séptima son las tensiones que todo esto, y en especial el Estatuto de Cataluña, está provocando en el seno del Partido Socialista, donde ya son muchas las voces que se alzan contra la pretensión soberanista del Gobierno tripartito catalán.

En estas difíciles circunstancias, el presidente del Gobierno, que ya no exhibe su sonrisa habitual como lo hacía antes, se va a ver abocado a la toma de decisiones urgentes y polémicas en el plazo de días, semanas y meses mientras todo esto no deja de deteriorar y desgastar a su Gobierno, donde varios de sus ministros han dado pruebas fehacientes de su nivel de incompetencia en el año y medio que llevan en el gabinete. Lo que le va a obligar a Zapatero, ojalá antes que tarde, a un cambio de Gobierno si es que no quiere encontrarse en el segundo aniversario de su llegada al poder con una España conflictiva y muchas heridas abiertas en todos sus flancos.

Es verdad que Zapatero no es responsable de todo lo que ocurre, pero sí de no prevenir ciertas crisis como la de Marruecos y la del agua, que se veían venir. Sí es responsable el presidente de poner en marcha a la vez cuestiones tan conflictivas como el Estatuto catalán y la negociación con ETA, o reformas sociales y políticas que afectan y a la vez indignan a amplios sectores de la sociedad, por lo que Zapatero y su Gobierno no se deben quejar de esta acumulación de problemas, dado que muchos de ellos han sido puestos en marcha por el Gobierno nacional.

Y es todo este espectáculo y tensión política y social lo que está creando en el seno del Partido Socialista, con especial atención al debate catalán, un sinfín de quejas y de protestas, unas públicas y muchas en privado, sobre la acción de Gobierno e incluso sobre la capacidad política del presidente.

En las actuales circunstancias cabe imaginar que el Gobierno tiene en su mano resortes muy importantes para vadear todos estos problemas uno a uno o de dos en dos, y de momento algo ya ha conseguido con el Estatuto catalán: ganar tiempo y consolidar su coalición parlamentaria, lo que le garantiza la estabilidad de aquí al próximo verano, porque en los próximos meses se va a debatir el Estatuto catalán en el Congreso de los Diputados y mientras surgen o no acuerdos, o mientras se rompe la cuerda entre Madrid y el Gobierno catalán, el presidente habrá aprobado los Presupuestos y habrá ganado unos preciosos meses para situarse en el verano del 2006, si es que antes no surge todavía ningún otro problema o tensión política y social.

Todos los presidentes del Gobierno de la transición han vivido momentos difíciles, y algunos especialmente dramáticos, como el golpe de Estado de 1981 o los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid, pero cuando parecía que tocaba un tiempo de tranquilidad las aguas de la política y de la conflictividad social se han vuelto a agitar de manera desmesurada, y eso que la economía todavía aguanta el tirón y no es motivo para que los españoles se empiecen a preocupar.

Carod, un español incompatible
Eusebio Cedena Gallardo elsemanaldigital  30 Septiembre 2005

Lo obvio. Los principales socios del Gobierno socialista son ultranacionalistas e independentistas. Zapatero es presidente gracias a sus votos. Maragall también. De otra forma no lo serían. Se lo recordaba crudamente el otro día Duran i Lleida a Bono, que tuvo que callarse. El nacionalismo sostiene a ambos, Zapatero y Maragall, y viceversa.

Carod-Rovira, socio preferente del régimen zapateril, representa hoy el grado máximo del secesionismo catalán. No lo digo yo, lo dice él. Ahí están sus titulares: Cataluña, nación, Estado, Constitución catalana. Separada de España, fuera de España. A este Carod hay agradecerle, al menos, la sinceridad con que expone su esencial radicalismo. Es el dueño de la cuña ultramontana que mantiene en pie a Zapatero, pero habla claro y no engaña a nadie: sueña con un Estado catalán, la República de Cataluña. Y, además, ya puestos, tiene derecho a soñar lo que le venga en gana, aunque sea puro disparate.

Otra cosa es que pueda o deba conseguirlo. Y ahí empiezan los problemas. El enorme lío estatutario que tienen montado en Cataluña y, por extensión, en toda España tiene todo que ver con esto. Pero Zapatero está tan ocupado en mantenerse en el poder, que casi se le olvida gobernar. A veces pareciera que desconoce su misión: ¿qué preside? ¿dónde? ¿qué gobierna? ¿dónde? Volvemos a lo obvio. Zapatero, claro está, preside y gobierna España, patria y nación de los españoles, y la única que existe en la Constitución. A España y a los españoles se debe Zapatero, en cuanto presidente, antes que a ninguna otra razón. El poder nunca debe ser un fin, siempre un medio. La tarea de ZP, su responsabilidad, su misión, su horizonte primero es servir a España, fortalecerla, engrandecerla, hacer de ella el espacio común de bienestar y convivencia entre los españoles.

La pregunta es evidente: ¿es compatible gobernar bien España llevando de socios a reconocidos antiespañoles que tienen como objetivo desintegrar la nación y que, ciegos en su misión rupturista embravecida, han llegado incluso a resucitar el fantasma de la guerra civil? ¿Puede existir un liderazgo nacional solvente en tales condiciones de debilidad objetiva?

Lean y escuchen a Carod y a quienes son como él y tendrán la respuesta. Creo no equivocarme mucho al decir que Zapatero, en cuanto español, dispone y podría utilizar más argumentos que los nacionalismos separatistas, pero, ay, ya nos gustaría a los españoles que nuestro actual presidente tuviera tan clara su idea de nación como Carod tiene la suya. De momento, casi podríamos conformarnos con saber qué piensa ZP y adónde va. O sea, hacia dónde va un país con un presidente que ni siquiera condena los atentados de ETA, por poner un ejemplo doloroso.

Aznar, Guerra y el final del régimen
Carmelo López-Arias elsemanaldigital   30 Septiembre 2005

El lunes advirtió José María Aznar de que la aprobación del Estatuto catalán implicaría un "cambio de régimen", y se oyó el estruendo de las vestiduras rasgadas. A la cabeza, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien atribuyó esas declaraciones al "síndrome del ex" aderezado con unas "gotas de rencor". Hace falta valor, con lo que ha tenido en Gobelas...

Pero dos días después otro ex, Alfonso Guerra, daba la razón a su adversario al afirmar que la inclusión del término nación en el Estatut supondría "una segunda transición". Y algo sabrá él, artífice, junto a Fernando Abril Martorell, del pacto de 1978: justo a lo que se refería Aznar.

Pues, más allá del suicidio político de Artur Mas en el Parlamento catalán, lo relevante hoy es que el PSC, con el aval a regañadientes del PSOE y la mediación entusiasta de José Luis Rodríguez Zapatero, va a votar "sí" a un texto que destruye la Constitución, y sin haberse siquiera planteado una negociación que evitase el "no" del PP en Barcelona y en Madrid.

Y eso rompe el consenso de los dos grandes partidos en torno a la Carta Magna y su modelo territorial. Consenso tanto más necesario cuanto que dicho modelo, para atraer justo a quienes –como era de prever– lo han roto, se dibujó con unos contornos tan indefinidos que sólo necesitaban un presidente sin carácter o necesitado de apoyos nacionalistas para verse desbordados.

Zapatero va camino de restaurar el cáncer que nos corroyó durante el siglo XIX: la Constitución de partido, un error que se repitió en 1931, y acabamos como acabamos. (Quien no sepa cómo acabamos, no se preocupe, que no le faltarán medios de averiguarlo: la llegada del hombre del talante a La Moncloa ha convertido la Guerra Civil en best seller, consiguiendo que españoles que ni conocieron a Franco se echen a la cara muertos de hace setenta años.)

La idea de pergeñar junto a todos los nacionalistas una reforma del Estado al margen de la ley fundamental da por hecha, y no sin motivo porque hay precedentes, la aquiescencia pastueña del Tribunal Constitucional.

Ahí es fácil sortear el escollo del PP. Y precisamente por ello es ahora cuando este partido podría revocar su matizada pero favorable disposición a una reforma constitucional en los cuatro puntos que planteó Zapatero en su discurso de investidura: sucesión a la Corona, reforma del Senado, cita nominal de las Comunidades y Ciudades Autónomas y referencia a la fracasada Constitución europea.

Resultaría demasiado obsequioso un galante acuerdo sobre el postre, cuando de comida te han largado una olla de lentejas. O las tomas... Pues eso.

El Foro Ermua premia a Rosa Díez y María San Gil
AGENCIAS/BILBAO El Correo  30 Septiembre 2005

El Foro Ermua anunció ayer la concesión de la quinta edición del premio a la Convivencia Cívica a la europarlamentaria del PSOE Rosa Díez y a la presidenta del PP del País Vasco, María San Gil. Este galardón, instituido en memoria de José Luis López de Lacalle, miembro del Foro asesinado por ETA, se ha concedido a Díez y San Gil porque ambas «han mantenido alzada en nuestra tierra la bandera de la libertad frente al propósito nacionalista de ahondar su dominio sobre la sociedad vasca».

El jurado ha valorado «su inagotable y valiente lucha contra los crímenes de ETA» y su denuncia «de la hipocresía de los dirigentes nacionalistas que aparentaban estar del lado de las víctimas y de los perseguidos, al tiempo que hacían todo lo posible por rentabilizar políticamente el terror».

Por su indudable interés, presentamos las conferencias pronunciadas en el marco del
"I ciclo homenaje a J.R. Lodares," bajo el lema "De lenguas y patrias",
organizado por la Asociación por la Tolerancia

http://www.tolerancia.org/asp/index2.asp?area=area6&p=14&t=10

El castellano en Cataluña, historia de una infamia
(Una primera versión de este texto se publicó en el número 23 de El Noticiero de las Ideas , correspondiente a julio-septiembre de 2005, con el título «La depuración del castellano en Cataluña»)
Xavier Pericay Asociación por la Tolerancia 30 Septiembre 2005

Es muy probable que todo empezara con aquellos vientos. Sí, con aquel manifiesto titulado «Por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña» que Diario 16 publicó el 12 de marzo de 1981 en su suplemento literario –cuyo nombre, «Disidencias», tan bien encajaba en la naturaleza y el propósito del escrito– y que pronto iba a ser conocido como «el manifiesto de los 2.300» o, simplemente, como «el manifiesto» por antonomasia. Leído hoy, el texto deja un regusto contradictorio. Por un lado, cierta sensación de déjà vu, cierto aroma de época –inevitable, por lo demás, si se repara en el tiempo transcurrido: casi un cuarto de siglo–, con sus referencias a la lengua como un «vehículo intelectual y afectivo que une al niño con sus padres y que, además, comporta toda una visión del mundo» o, en el caso de la lengua catalana, como «un excelente instrumento para desviar legítimas reivindicaciones sociales que la burguesía catalana no quiere o no puede satisfacer». Por otro lado, el asombro, el espanto incluso, de comprobar que lo que entonces se anunciaba como un peligro –a saber: que se estaba iniciando un proceso destinado a «convertir el catalán en la única lengua oficial de Cataluña»– ha adquirido ya la firme categoría de hecho contrastado. En otras palabras: advertidos estábamos y, sin embargo, de nada ha servido.

Por supuesto que el momento era malo. Malísimo. Unos días antes, la democracia española había estado a punto de saltar por los aires. En el prólogo a la segunda edición de Lo que queda de España Federico Jiménez Losantos, uno de los primeros firmantes de aquel manifiesto y corresponsable asimismo de su redacción, relata como el texto estaba ya listo –lleva fecha de 25 de enero de 1981– y la recogida de firmas terminada cuando se produjo el intento de golpe de Estado del 23 de febrero. Y como se demoró su publicación, para alejarla, en la medida de lo posible, del golpe y sus efectos, entre los cuales la LOAPA, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. No fue posible, claro. Ni siquiera lo habría sido de haber dejado pasar los promotores del manifiesto unos cuantos meses entre una fecha y otra en vez de esos veinte días escasos. Y hasta me atrevo a decir –con la ventaja que da, sin duda, la proyección de una mirada retrospectiva– que, incluso sin golpe y sin efectos, la cosa habría tomado los derroteros que tomó. Y es que el momento también era malo por otros motivos. La persecución de la lengua catalana, la proscripción de su enseñanza, el franquismo, en definitiva, estaban todavía muy presentes. Si bien se mira, ¿qué son unos pocos años de provisionalidad autonómica y apenas uno de autonomía definitiva frente a casi cuarenta de prohibiciones y censuras? Pero no sólo el franquismo seguía vivo en muchas mentalidades. Esa argamasa que buena parte de la sociedad catalana había ido fabricando a modo de dique contra la dictadura, formada por algo de conservadurismo, algo más de izquierdismo y mucho nacionalismo, y a la que se convino en llamar antifranquismo, tampoco había desaparecido. Al contrario. Su propio carácter reactivo le aseguraba una larga vida. El pasado estaba allí, bajo tierra, es cierto, pero a un palmo tan sólo; bastaba con hurgar un poco para exhumarlo. Y no faltaban manos. Así las cosas, la aparición de aquel manifiesto venía que ni pintiparada. ¿O acaso el castellano, esa lengua que el manifiesto decía defender, no era la lengua del imperio?

Las primeras reacciones ya dieron el tono. El 14 de marzo, dos días después de la publicación del texto, La Vanguardia lo reproducía en sus páginas. Y le añadía un editorial. El editorial. Aunque mejor sería invertir el orden de los factores y decir que al editorial le añadía la reproducción del documento, puesto que, según el propio periódico, la inserción del manifiesto, más que a un criterio informativo, obedecía al interés de «que el lector juzgue y pueda interpretar este comentario editorial». El caso es que en aquel fondo titulado «Convivencia y libertad» estaban ya formuladas las tres impugnaciones mayores que, en lo sucesivo –y lo sucesivo, conviene no olvidarlo, significa casi un cuarto de siglo–, iban a servir de anatema contra cualquier amago de disidencia, lingüística o de otra índole. En primer lugar, lo extemporáneo del lugar y de la fecha de publicación: «Este documento se publica en un periódico de Madrid un mes y medio después de haber sido fechado y con el atentado a la Constitución sufrido en medio», lo cual equivalía a decir que había nacido en el extranjero y con alevosía, en plena convalecencia constitucional. Luego –por si no bastaba con el detalle de la datación del texto para destacar el carácter ajeno, impropio, sobrante, en una palabra, de sus redactores y suscriptores–, la alusión encomiástica a quienes, charnegos agradecidos o burgueses a su pesar, jamás se habían ni se habrían atrevido a levantar la voz por algo parecido: «Afortunadamente los grandes nombres de lengua castellana que hace años viven en Cataluña y son queridos y respetados por todos, no figuran en la parva selección de los firmantes del documento». Y, en fin, como signo inequívoco de las intenciones aviesas de estos firmantes y de la ideología que arrastraban, la acusación de haber resucitado con su iniciativa el «problema catalán», ya que «en estos momentos, atacar a la Generalitat de Cataluña es atacar a la Democracia, a la Corona y a la Constitución, porque son partes de un todo que es el Estado español».

A lo largo de los días y meses siguientes, los medios fueron recogiendo con prontitud los signos más visibles de la polémica: las declaraciones de los políticos, unánimemente contrarias a los hechos denunciados –mejor dicho: a la denuncia de estos hechos–; la respuesta de la Dirección General de Política Lingüística, una suerte de cuestionario, a medio camino entre lo didáctico y lo policial, dirigido a los firmantes del manifiesto; el acto celebrado en la Universidad de Barcelona por «intelectuales, profesionales y trabajadores de la cultura en general que sienten como patrimonio propio e irrenunciable la lengua y la cultura catalanas» en contra de lo que ya era designado como «el manifiesto de Madrid», y que dio nacimiento a la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes, más conocida como «la Crida» a secas; el atentado de que fue víctima Jiménez Losantos, cuando dos pistoleros le dispararon una bala en la rodilla, y que supuso otro nacimiento, el de la banda terrorista Terra Lliure; el acto multitudinario celebrado el día de la festividad de San Juan en el Estadio del FC Barcelona como continuación del de la universidad barcelonesa, y al que asistieron alrededor de 80.000 personas; y un sinfín de artículos y cartas al director para todos los gustos, donde lo que más abundó fueron los gustos opuestos al manifiesto y donde no faltó la aportación de insignes escritores barceloneses en castellano, como Jaime Gil de Biedma y Carlos Barral, que tildaron el texto de «profesional e intelectualmente vergonzoso» (Gil de Biedma) o afirmaron, en un espectacular ejercicio de anticipación dialéctica, que «negar la prioridad del catalán en Cataluña es majadería equivalente a negar a la comunidad catalana el título de nación por temor a los excesos de la reivindicación política» (Barral). Y, por si alguien dudaba todavía del desenlace de la polémica y del lugar en que se encontraba cada cual, en septiembre de aquel infausto 1981 el Ayuntamiento concedió el premio Ciudad de Barcelona en su modalidad de mejor aportación cultural a los responsables de la campaña «en defensa de la lengua, la cultura y la nación catalanas». Era la traca final.

A partir de entonces, excepto alguna apelación a los tribunales de justicia, ya nada ni nadie iba a oponerse al proceso de normalización de la lengua catalana. El campo estaba despejado. La mayoría de los disidentes fueron abandonando Cataluña –a los pocos días de la publicación del manifiesto, el propio consejero de Enseñanza de la Generalitat, Joan Guitart, reconocía que, sólo en la provincia de Barcelona, más de diez mil maestros habían solicitado el traslado a otra zona de España en los últimos tres años– y los que no pudieron o no quisieron irse tuvieron muy claro cuál iba a ser en adelante su papel: o aceptar la jerarquía lingüística imperante –lo que comportaba, indiscutiblemente, ir renunciando poco a poco al uso del castellano en el ámbito de lo público– o convertirse en un sujeto indeseable y asocial. En otras palabras: la integración forzosa o la marginación definitiva.

Había ocurrido, estaba ocurriendo, lo que el manifiesto ya advertía. El artículo 3 del Estatuto de Autonomía aprobado a finales de 1979 hablaba en su punto 1 del catalán como «lengua propia de Cataluña», y en su punto 2, del catalán y el castellano como lenguas oficiales en la Comunidad. Por este orden. Y el orden importaba, puesto que el Gobierno de la Generalitat únicamente parecía atender, en su política, al primero de los dos puntos, al que descansaba en consideraciones de carácter histórico o territorial. Un viejo asunto, éste de la propiedad. Tan viejo como el de la lengua.

Ya en la Segunda República, cuando la tramitación del Estatuto anterior, la cuestión de la lengua había provocado más de un tira y afloja entre las partes –es decir, entre los Gobiernos de Cataluña y de España–. Y aunque a lo largo de todo aquel proceso no se había hablado sino de la oficialidad de los idiomas –así se colige, cuando menos, de la lectura de las diferentes versiones del texto estatutario–, es muy probable, visto el desenlace, que el recurso a la propiedad estuviera ya en la recámara de los negociadores catalanes. Recordemos los hechos. Nada más proclamarse la República, una asamblea de diputados catalanes elaboró una propuesta de Estatuto que fue aprobada por el Gobierno de la Generalitat provisional el 14 de julio de 1931 y refrendada el 2 de agosto del mismo año por la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña con derecho a voto. Pero lo que debía ser un proceso relativamente breve de negociación –el color político era el mismo en Barcelona y en Madrid, e incluso Francesc Macià, presidente de la Generalitat, se había desplazado a la capital del Estado para hacer solemne entrega del texto del Estatuto al presidente del Gobierno provisional de la República, Niceto Alcalá Zamora– se vio obstruido, en primer lugar, por la elaboración en el Congreso de la Constitución republicana y, luego, por la dificultad de encajar aquel texto inicial, fruto de las ilusiones del momento, en la nueva realidad del Estado. Finalmente, tras muchos meses de disputas y desencuentros, las Cortes constituyentes aprobaron el 9 de septiembre de 1932 el Estatuto catalán. Pues bien, entre el texto final y el inicial, y en lo referente a la cuestión de la lengua, había no pocas diferencias. Por ceñirnos a lo esencial: lo que en la versión primigenia de 1931 rezaba de este modo: «La lengua catalana será la oficial en Cataluña, pero en sus relaciones con el Gobierno de la República será oficial la lengua castellana», adoptaba en la definitiva de 1932 la forma siguiente: «El idioma catalán es, como el castellano, lengua oficial en Cataluña. Para las relaciones oficiales de Cataluña con el resto de España, así como para la comunicación de las autoridades del Estado con las de Cataluña, la lengua oficial será el castellano».

Se trataba, qué duda cabe, de una modificación sustancial: nada menos que el paso de la oficialidad a la cooficialidad. Es decir, del sueño a la realidad. Pero la resignación con que las huestes de Macià, todopoderosas en Cataluña, habían aceptado los sucesivos recortes en éste y en otros artículos de su ley estatutaria no era sino aparente. Les quedaba una carta: el Estatuto Interior. Y la jugaron. El 25 de mayo de 1933, el Parlamento de Cataluña surgido de las primeras elecciones autonómicas de 20 de noviembre de 1932, aprobaba, con el voto en contra de los diputados de la Lliga de Cambó, un Estatuto Interior en cuyo artículo 3 podía leerse: «La lengua propia de Cataluña es la catalana». Y, como ejemplo de esta propiedad y del influjo de las teorías herderianas, un artículo 11 en el que se indicaba que «la enseñanza primaria será obligatoria, gratuita y catalana por la lengua y por su espíritu». En el texto aprobado por el Parlamento, el vocablo «castellano» no aparecía ni una sola vez.

En vista de la política lingüística practicada por los sucesivos gobiernos de la Generalitat durante la República, y especialmente en el ámbito de lo público, está claro que lo que mandó fue el Estatuto Interior y no el otro. O sea, el recurso a la propiedad. O aún: la consideración de que, por mucho que el marco legal hablara de dos lenguas oficiales, sólo una de estas dos lenguas, la propia, era realmente merecedora de los desvelos de quienes gobernaban en aquella parte de España. Ni que decir tiene que lo mismo ha ocurrido con el Estatuto de 1979, tal como denunciaban ya en marzo de 1981, en su manifiesto, aquellos catalanes circunstanciales que en su gran mayoría acabarían haciendo las maletas y abandonando la tierra donde habían vivido, trabajado y hasta puede que nacido. Con el agravante de que en la Cataluña de 1979 el número de castellanohablantes era infinitamente superior, pues equivalía a más del 50 por ciento de la población. Como infinitamente superior ha sido la vigencia del Estatuto actual, y sus efectos, en comparación con el de 1932.

Pero acaso lo más destacable de este doble proceso estatutario sea otro paralelismo, otra coincidencia, que no afecta ya a la letra de los artículos relacionados con la oficialidad o la propiedad de las lenguas, sino a los partidos responsables de su aplicación en el campo de la enseñanza pública. Y es que, si en los años treinta del pasado siglo fue la izquierda gobernante –republicana y de Cataluña– la valedora de una enseñanza «catalana por la lengua y por su espíritu», a comienzos de los ochenta fue también la izquierda –socialista y comunista, esta vez, y en la oposición– la que convenció a quienes gobernaban de que el sistema educativo catalán no podía permitirse, como el del País Vasco, una triple línea. Ni siquiera una doble. De haber optado por una de estas vías –sostenían los agoreros–, la sociedad catalana se habría resquebrajado. Y lo extraño no es que la izquierda, sin aportar prueba alguna, creyera entonces aquello y lo utilizara como un argumento de peso en sus tratos con el Gobierno nacionalista que acababa de alcanzar el poder: lo extraño es que, pasada más de una década, por ejemplo, y tras permanecer claveteada en los bancos de la oposición, esa izquierda siguiera defendiendo lo mismo, como lo prueban estas palabras de Jordi Solé Tura, un viejo comunista convertido al socialismo, publicadas el 24 de febrero de 1994 en el diario El País: «Incluso Convergència Democràtica de Catalunya coqueteó al principio con la propuesta de establecer líneas paralelas en la enseñanza, una en castellano y otra en catalán, y fueron las fuerzas de izquierda las que impidieron esta división lingüística, que habría conducido inevitablemente a una división social y a un enfrentamiento lingüístico en Cataluña». Y lo extraño, en fin, es que todavía hoy, con una enseñanza primaria y secundaria y un bachillerato catalanizados de arriba abajo, y una universidad que lleva años viéndole las orejas al lobo, si no algo más, los partidos de izquierda sigan poniéndose la medalla de haber evitado esta supuesta división y este supuesto enfrentamiento. Del precio pagado, claro, ni palabra. Será que no va con ellos.

Los sucesivos gobiernos de Convergència i Unió partieron, pues, con la indiscutible ventaja de saber que la oposición nunca ejercería como tal en estos asuntos –por no decir que nunca ejercería como tal en ningún asunto–. Existe incluso la posibilidad de que la renuncia inicial del nacionalismo a la doble línea lingüística tuviera mucho que ver con el convencimiento de que, dadas las circunstancias políticas, merecía la pena arriesgarse y no conformarse con la mitad del pastel. Aun así, en el campo propiamente educativo casi todo el trabajo estaba por hacer. A pesar de la gran cantidad de maestros y profesores castellanohablantes que habían ido emigrando desde finales de los setenta en vista de la que se avecinaba, todavía quedaban muchos en Cataluña. Y luego estaban los que se iban incorporando por entonces al mundo laboral, una vez terminados sus estudios. Aquellos primeros años fueron, por lo tanto, lo más parecido a una reconversión. Reciclaje, lo llamaban; cursos de reciclaje. Estos cursos consistían, como su nombre indica, en cambiarle el ciclo idiomático al maestro o profesor. Aunque el objetivo declarado era que aquel buen hombre o aquella buena mujer estuvieran en condiciones de ejercer su oficio en cualquiera de las dos lenguas oficiales en Cataluña, la consigna era, por supuesto, ganar adeptos para la causa. O sea, lograr que aquellos enseñantes que en su mayoría habían dado clase hasta entonces en castellano lo hicieran en adelante en catalán. Según un estudio hecho público en abril de 1981 por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, entre 1979 y 1980 habían sido sometidos a reciclaje diez mil maestros (un 26% del total existente en Cataluña) y, para el año en curso, la cifra alcanzaba ya los quince mil. Sobre los resultados de esta inmersión acelerada del profesorado –es decir, sobre el efecto que el proceso de reconversión tuvo en las aulas– no existen datos, aunque cabe imaginar que hubo de todo: desde el que se mantuvo en sus trece, sirviéndose en la docencia del único idioma en el que se sentía competente, hasta el que se alistó gozoso y agradecido en el ejército del proselitismo normalizador.

Del mismo modo, la penetración del catalán siguió ritmos distintos –de más a menos– según que se tratara de la Cataluña interior, del centro de Barcelona o de la periferia barcelonesa y el área metropolitana. Todo esto duró unos cuantos años, lo justo para comprobar algunas cosas esenciales: lo bien que se estaban portando en este terreno los sindicatos mayoritarios –tan bien, en el fondo, como sus primos hermanos, los partidos políticos de izquierdas–, pues apoyaban sin reservas el proceso de catalanización emprendido y sólo pedían a cambio las naturales prebendas para sus afiliados; lo importantes que iban a ser, en el futuro, el cuerpo de inspectores del Departamento y los equipos directivos de los centros, y lo inútil que era continuar por esta vía más o menos persuasiva si uno quería zamparse todo el pastel y no conformarse con la mitad.

Y entonces vino el milagro: la reforma educativa. El Gobierno de España, socialista, ponía en marcha la LOGSE, la Ley Orgánica General del Sistema Educativo. De nuevo la izquierda con sus ideas. El igualitarismo hecho ley. No era éste el sentir –ni el pensar– de los gobiernos de Convergència i Unió, mucho más partidarios, sin duda, de la meritocracia. Pero una reforma como aquélla, que iba a poner patas arriba la educación del país, constituía sin duda una oportunidad inmejorable para dar el empuje definitivo a la generalización del catalán en las aulas y a la consiguiente liquidación del castellano como lengua de enseñanza en Cataluña. El Gobierno de España necesitaba el apoyo de su homólogo regional para que su reforma prosperara –las competencias en Educación estaban ya traspasadas casi por completo a la Generalitat–, y el Gobierno de Cataluña precisaba de una coyuntura favorable para hacer bajo mano lo que la propia Ley de Normalización Lingüística de 1983 no le permitía hacer a plena luz.

Entre las muchas cosas que la ley no contemplaba estaba la inmersión. La inmersión lingüística. Nada nuevo. Las escuelas francesas, inglesas, alemanas o italianas radicadas en Cataluña llevaban muchos años ofreciendo este servicio. Se cogía a una criatura catalanohablante o castellanohablante, se la encerraba unos cuantos años en uno de estos centros y la criatura salía de allí con un dominio envidiable del idioma extranjero. Ni que decir tiene que los padres que podían permitírselo estaban encantados con el resultado. No, lo nuevo no era eso, en efecto. Lo nuevo era que la inmersión se hiciera con una criatura cuya lengua materna era siempre el castellano, en un idioma que era siempre el catalán, y que a los padres afectados ni siquiera se les pidiese su parecer. Lo nuevo en Cataluña, por supuesto. Porque en Québec, esa región autónoma de Canadá donde también existen dos lenguas oficiales y por la que los nacionalistas catalanes han sentido siempre una verdadera devoción, hacía tiempo que escolarizaban en francés a los niños anglohablantes. Y los peritos lingüísticos de la Generalitat habían cruzado ya el Atlántico unas cuantas veces para tomar cumplida nota del experimento. Total, que a finales de los ochenta, aprovechando que se empezaba a testar la nueva ley y que, en consecuencia, algunos centros docentes iban a convertirse en centros piloto, el Gobierno catalán decidió que había llegado el momento de comerse la otra mitad del pastel.

Para ello, claro está, había que contar con la colaboración de los sindicatos, con la ayuda de los equipos directivos y con la aquiescencia de las asociaciones de padres de alumnos. A todos se les dio lo que pedían. A los primeros, la igualación entre maestros y profesores, y unas oposiciones hechas a su medida; a los segundos, aparte del ejercicio del poder, la posibilidad de ir medrando en la administración pública; y a los terceros, en fin, la certeza de que sus hijos, con el nuevo sistema educativo, no tendrían la menor dificultad para superar cuantos obstáculos académicos fueran encontrando. El precio convenido con todos estos colectivos no era otro que el silencio, o la vista gorda, ante el proceso de descastellanización a ultranza de la enseñanza obligatoria. Se empezó por abajo, por los párvulos, y se fue subiendo. A mediados de los noventa, cuando la marea había alcanzado ya la secundaria, el Gobierno quiso arreglar la situación. No se trataba, por supuesto, de echar el freno y ajustar el uso de la lengua en las aulas al marco de la ley, sino de todo lo contrario: de ajustar el marco de la ley al uso ilegal que se estaba haciendo de la lengua en las aulas. Y se enterró el viejo código del 83 para dar paso a uno nuevo, que, aparte de blanquear las tropelías realizadas hasta entonces en la enseñanza, permitía a la Generalitat meter mano en los medios de comunicación privados y en el comercio. Así, el 30 de diciembre de 1997 el Parlamento catalán aprobaba la Ley de Política Lingüística con los votos del 80 por ciento de sus señorías. Aunque esta vez ERC no había dado el sí por encontrar el texto demasiado blando, el resto de la izquierda –socialistas y comunistas– no faltó a su cita habitual con el nacionalismo conservador.

Con todo, no habría que deducir de cuanto venimos diciendo que el proceso fue un camino de rosas para la administración. En absoluto. Pese a las bajas sufridas, seguía habiendo ciudadanos disconformes y dispuestos a plantar cara. Se presentaron denuncias contra la Generalitat. Se interpusieron recursos ante los tribunales. Hasta se publicaron sentencias favorables a los demandantes, que el departamento de Enseñanza ni siquiera se dignó tomar en consideración. También nacieron en aquellos años varias formas organizadas de resistencia: la Asociación por la Tolerancia, la Asociación de Profesores por el Bilingüismo, la Coordinadora de Asociaciones para la Defensa del Castellano, el Foro Babel o Convivencia Cívica Catalana. Pero todo ello, aunque engorroso para quienes gestionaban el poder, no paralizó en modo alguno lo que ya venía anunciado en aquel manifiesto de 1981. En efecto, a comienzos del siglo XXI no había en Cataluña otra lengua oficial que el catalán: en la enseñanza obligatoria, en el bachillerato y en la universidad; en todos los niveles de la administración autonómica; en todos los de la administración local, como prescriben los reglamentos de uso lingüístico de los ayuntamientos, así en Gerona como en Cornellà; y, en fin, en todos los medios de comunicación públicos. Sólo la administración de Justicia, demasiado pesada para caer tras los primeros envites, y la del Estado, por razones de Estado sin duda, parecían resistirse. Y al lado de este mundo oficial marcado por el monolingüismo, y como válvula de escape, el otro mundo, el de la calle, el de las relaciones humanas, el de las transacciones comerciales, donde el idioma no era más que un simple sistema de comunicación, un instrumento exento de valor simbólico, algo práctico, en suma, y donde, en consecuencia, catalán y castellano eran usados en toda circunstancia con absoluta libertad.

Así de negro estaba el panorama al empezar el siglo. Claro que siempre quedaba una esperanza: la esperanza de que en las elecciones de 2003, retirado Pujol, Pasqual Maragall alcanzara por fin la presidencia de la Generalitat. En vísperas de su anterior asalto de 1999, Maragall había dicho que en TV3, la televisión autonómica, debían utilizarse las dos lenguas oficiales. Y ahora, cuatro años más tarde, a un mes escaso de la celebración de los comicios, había afirmado ante una asamblea de notables de la cultura catalana que el castellano era «un patrimonio formidable», y que el futuro Estatuto debería incluir semejante afirmación en su articulado. Una promesa valiente, sin duda, porque llevaba implícito el reconocimiento de que el prestigio de Cataluña era deudor del prestigio que el castellano había dado a Cataluña. O lo que es lo mismo: que Cataluña sería muy poca cosa sin el castellano. Y el caso es que Maragall esta vez ganó. En fin, no ganó, pero gracias a los votos de ERC alcanzó la presidencia. Y la izquierda, con él al frente, se puso a gobernar.

Han pasado casi dos años desde entonces. Pues bien, en estos casi dos años este Gobierno no sólo no ha rectificado en absoluto la obra de los Gobiernos anteriores de Convergència i Unió, sino que encima ha mostrado una diligencia tal en la aplicación de la Ley de Política Lingüística que puede decirse, sin exagerar un ápice, que la ofensiva contra el uso social del castellano ha comenzado. No cabe imaginar, por supuesto, que sus efectos igualen los producidos en el ámbito de la enseñanza, o de la administración pública, o de los medios de comunicación dependientes de la Generalitat, donde no queda más que una lengua, la catalana. Pero sí cabe esperar, por desgracia, que la tan socorrida paz social por la que siempre ha asegurado luchar esta izquierda que hoy gobierna se enturbie en adelante muchísimo más. Porque, en aplicación de la mencionada ley, el Gobierno autonómico ha creado unas Oficinas de Garantías Lingüísticas para que todo ciudadano pueda presentar una denuncia contra un establecimiento cualquiera por no haber sido atendido en catalán o porque los rótulos o los impresos del establecimiento no están en este idioma. (Ni que decir tiene que la ley no prevé garantía ninguna para el ciudadano deseoso de denunciar un establecimiento donde la lengua ausente sea el castellano.) Porque las multas impuestas a toda clase de comercios o empresas por dicho motivo no paran de crecer desde principios de 2004. Porque en la propuesta de Estatuto aprobada por el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre de 2005 figura ya el deber de conocer el catalán. Y porque, en fin, el presidente Maragall, tras descubrir en Guadalajara (Méjico) que el catalán era el ADN de los ciudadanos de Cataluña, parece haber renunciado definitivamente a aquel otro patrimonio formidable que un día no muy lejano prometió preservar.

La notable ilegitimidad de nuestras políticas lingüísticas
Aurelio Arteta  Asociación por la Tolerancia 30 Septiembre 2005

Mis primeras palabras no pueden ser sino de agradecimiento a los organizadores por su generosa invitación. Me han deparado así la oportunidad de participar en este homenaje hacia un hombre de quien tanto aprendí y a quien admiraba a distancia (y a cuyo recuerdo, por cierto, desearía unir aquí el de Manuel Jardón, autor de La normalización lingüística, una anormalidad democrática, desaparecido también trágicamente hace unos pocos años). Me ofrecen asimismo la ocasión de encontrarme con algunos compañeros de esta empresa teórico-política que es de tan pocos, tan solitarios y casi siempre tan acosados... Muchas gracias por todo ello.

Pero se me ha concedido muy escaso tiempo para esta intervención y he de saber administrarlo. A lo mejor todo queda de mi parte en insinuaciones, retazos o hasta alguna que otra provocación (y más aquí y en fecha política tan señalada) a sabiendas de que por querer abarcar mucho apretaré muy poco. Comenzaré por dejar caer una reflexión de partida a propósito de un notorio prejuicio que ha operado no sólo entre los más firmes partidarios de las políticas normalizadoras, sino entre las gentes del común, y que ha contribuido lo suyo a desentenderse del problema hasta alcanzar las colosales magnitudes que hoy ha cobrado. Me refiero a la cándida (o no tanto) trampa en que se ha caído a menudo cada vez que el análisis político tomaba como punto de referencia la situación criminal del País Vasco. El engaño consiste en que, igual que en Euskadi lo único o lo que más importaba era acabar con el terrorismo y la política lingüística (entre otras) pasaba de puntillas, en Cataluña y en Galicia esta política apenas era objeto de debate crítico porque no venía respaldada ni rodeada por la amenaza terrorista. En suma, allí cuestionar el derecho a la normalización carecía de sentido u oportunidad mientras se matara (y, en alguna medida, también como precio para dejar de matar), y acá precisamente porque no se mataba. De suerte que en uno y otro sitio ilegítimo era sólo el acto criminal; legítimo y democrático, al contrario, todo lo que discurriera por cauces pacíficos, incluidas las mayores aberraciones.

Traigo esto a colación porque, en ambos casos y por diversos mecanismos mentales, se descuidaba lo más decisivo: el esfuerzo de la justificación normativa de las políticas lingüísticas. Apenas comparecía la pregunta de por qué esta o aquella política, esos derechos, esas metas que se proponen, etc.; en una palabra, por qué juzgamos malo o menos bueno lo que hay y cuáles son las razones que hacen preferible lo que queremos que haya. Para servirnos de los términos al uso, por qué no es normal en sentido ético lo que es normal en sentido sociológico, y por qué, en consecuencia, es justo, bueno y saludable normalizar lo que en la sociedad es anormal. Permítame recordarles que no se trata, pues, de una mera cuestión de legitimación (o de simples mayorías que respalden una u otra política) ni tampoco de legalidad (o conformidad con la ley), sino de legitimidad (de razones morales universalizables que la justifican). Y eso, si es labor de todo ciudadano que se precie, resulta tarea sobre todo propia del pensador político-moral que encara la política lingüística como un problema de justicia.

Este aficionado a ese campo que ahora les habla no sólo sostiene (tal como rezaba el título primero de mi charla) que las políticas lingüísticas aplicadas en España, unas más y otras menos, son de "dudosa legitimidad". Confieso que aquello fue una concesión retórica. A decir verdad, me parecen a grandes rasgos ilegítimas en sus fundamentos o apoyos invocados, en las metas o aspiraciones que pretenden, en los medios de que se sirven (y los primeros serían sus presupuestos ideológicos mismos) y en los resultados a que dan lugar. Es el orden que seguiré a uña de caballo o, como dicen algo más torpemente en mi tierra, "a trotecuto".

Ilegitimidad de los fundamentos

Dejemos de lado las insidias más superficiales, aunque no por ello menos repetidas, y que empiezan por servirse de la manipulación de las palabras mismas. ¿Hará falta reiterar que la expresión "lengua propia" no indica ni que tal lengua esté mayoritariamente apropiada por los hablantes ni que la más hablada (verbigracia, la oficial) sea entonces ajena? ¿O que referirse a una lengua minorizada supone la atribución de alguna maligna voluntad al enemigo por empequeñecerla y olvida a un tiempo cuantos factores estructurales y a lo largo de los siglos han contribuido a que sea menor? Otros alegatos procuran ante todo infundir las emociones privadas y públicas más favorables a los propósitos normalizadores. Mal se entiende que tengamos una obligación de recuperar el "patrimonio" lingüístico si se distingue entre patrimonios vivos y muertos o cuando se comprende que los patrimonios son nuestros (y nuestro derecho el disponer de ellos como nos venga en gana) y no nosotros de los patrimonios. ¿Y por qué habremos de incubar una conciencia de culpa por la lengua que presuntamente se ha dejado perder, si ello ha sido efecto de múltiples decisiones de nuestros antepasados?; ¿y con qué derecho se inculca un deseo de venganza y un sentimiento de odio hacia los que supuestamente nos arrebataron esa lengua (y sus sucesores), si ello vino más bien a resultas de la acción de factores suprapersonales que van desde la salida de la sociedad agraria hasta las exigencias globalizadores del mercado y otros de este tenor?

Pero los argumentos de mayor peso, los que aducen fundamentos más de mayor empaque, son otros muy conocidos..., y que tampoco parecen demasiado difíciles de rebatir. Está, por una parte, el valor de la diferencia contenida en una lengua y con él el de la diversidad de las lenguas, que abarcaría asimismo el de la presunta igualdad de todas ellas. He ahí un tópico nuclear del multiculturalismo, que abogaría por la defensa, conservación y cooficialidad de los idiomas, al margen del número de sus hablantes y de cualesquiera otras necesidades sociales. Se pasa por alto, sin embargo, que nada es valioso tan sólo por ser diferente o que tanto hay diversidades enriquecedoras como empobrecedoras, justas como injustas. Aplicado a las lenguas, eso significa que su valor (el real, no el potencial) no será el mismo según la extensión de su uso o de la realidad que permite conocer; que no hay lenguas o culturas que cuenten con derecho a una supervivencia segura, sino que son sus miembros quienes tienen derecho a escapar de las injusticias susceptibles de destruirlas; o que una lengua incapaz ya de supervivencia en una sociedad dada carece de valor comparable - pongamos por caso- al de promover allí la universalización de la enseñanza o de la sanidad; y, en fin, que lo que importa no es la igualdad de las lenguas, sino de sus hablantes.

Por otra parte, suele proclamarse como sustento principal de las demandas en política lingüística la idea del valor intrínseco de la lengua en cuestión. Se dice entonces que, por encima y al margen de su mero valor instrumental o comunicativo, las lenguas valen por sí mismas. Semejante "sacralidad" estriba en ser resultado de un proceso creativo de muchas generaciones, una obra de arte única, un depósito de la historia de una cultura particular...; o en ofrecer a los individuos ese exclusivo "contexto de elección" que configura su identidad; o consiste, sobre todo, en desempeñar una función identitaria para los pueblos en virtud de la cosmovisión que sus lenguas transportan. Sobra decir que este fundamento es el preferido por los nacionalismos etnicistas (entre nosotros, lingüísticos), a los que suministra la premisa mayor de su silogismo primordial: la lengua es la marca distintiva de una nación y toda nación tiene derecho a ser Estado. De donde resulta, por cierto, que aquel supuesto valor intrínseco de la lengua viene a mudarse en otro de naturaleza instrumental cuando aquella reivindicación se pone abiertamente al servicio de una causa política soberanista (o de "construcción nacional").

Podría replicarse, si todavía fuera preciso, que no se constatan en la realidad tales correspondencias entre lengua y cosmovisión o entre lengua y cultura; que todos necesitamos significados culturales, pero no está escrito que esos significados enraicen en culturas homogéneas. Sin salir de nuestras fronteras, cabría al menos replicar que hoy las distintas visiones del mundo y de la vida albergadas por los españoles no proceden precisamente de sus lenguas ni siquiera de unas culturas locales que de hecho, tras una convivencia de siglos y su inmersión en la más amplia cultura occidental, coinciden en lo sustantivo. Pero con vistas a cuestionar la tesis de un valor intrínseco de las lenguas bastaría con dos simples objeciones. La primera se refiere a la carga esencialista encerrada en ese supuesto de que todo individuo tiene una comunidad cultural de pertenencia -y sólo una- que le impone su impronta y modo de ser, un sencialismo contenido también en la hipóstasis de dividir la sociedad humana en conjuntos separados y dotados de entidad propia. La segunda objeción aduce que ese valor instrínseco es hoy una fórmula para adjudicar derechos a las lenguas mismas o a las comunidades lingüísticas frente a los individuos, incluídos sus propios miembros. Desde semejante valor, "habría al menos prima facie un derecho a impedir a la gente a ejercer sus preferencias lingüísticas cuando esas preferencias amenazan la existencia de una lengua" (Weinstock). En definitiva, otorgado ese valor supremo a la lengua, más que derechos lingüísticos tendríamos deberes para con nuestra lengua. Algo de eso pregonan hoy algunos en este país de nuestros pecados.

Pues, en efecto, a partir de premisas como las apuntadas se concluye predicando, de un lado, los derechos DE la lengua. Semejante expresión, inteligible tan sólo en clave nacionalista, fundaría un derecho inmediato al poder político necesario para salvaguardar la lengua propia de la nación. A poco que se observe, las cosas suceden más bien al revés: entre nosotros se reivindica y busca propagarse por todos los medios la lengua propia para así justificar la reivindicación de un poder político soberano o siquiera creciente (Patten- Kymlicka, 6). Pero, del otro lado, se predican también los derechos A la lengua, y esto en dos sentidos por lo menos.

Pueden entenderse como derechos colectivos (y se añadirá: e históricos) de una comunidad en la que esa lengua se presente como señal de su identidad. Claro que en una sociedad compuesta por ciudadanos no existen derechos colectivos, porque tampoco hay sujetos supraindividuales efectivos y, si los hubiera, sus derechos serían a costa de los propios de los individuos; ni hay derechos históricos, porque los muertos no obligan a los vivos y el único tiempo que cuenta en el reconocimiento de derechos es el presente. Pero también se dejan entender, siempre a partir de esta preeminencia ontológica de la lengua, como derechos individuales. En su versión más extremosa, animados por el llamado "principio de personalidad", serían derechos pertenecientes a los miembros de una comunidad lingüística con independencia de su número, de la zona donde cada cual resida y de la repercusión sobre el bienestar general que traiga el costearlos. Tan vital es el interés que protegen, se presume, que son derechos que siguen a sus titulares allá donde éstos vayan. Otra versión, de apariencia más liberal, preconiza que los derechos lingüísticos (por ejemplo, a la educación pública en una lengua minoritaria) son derechos de cualquiera, ya sea hablante de ese habla o mero deseoso de aprenderla, en todo caso conforme a la simple demanda que así lo solicite. A lo que replicaremos que esa demanda no funda un derecho antes inexistente y que habrá que fijar la prioridad de tal demanda en relación con otras sociales tal vez más amplias, urgentes y graves. De lo contrario, la cadena infundada de reclamaciones tendería a ser infinita; verbigracia: al voceado derecho de estudiar en euskera allí donde no habita un sólo euskaldún, pronto le seguirían los derechos sucesivos a un médico, y sacerdote y guarda municipal euskaldunes que atendieran a esos niños en la lengua en que han sido escolarizados...

Bajo una u otra fórmula, se trata de invocaciones desprovistas de legitimidad. La política de normalización lingüística que en ellas se sustente, por fuerza una política de sesgo paternalista en el mejor de los casos y totalitario en el peor, será asimismo ilegítima. Así espero mostrarlo a continuación.

¿Cuáles son los únicos criterios válidos de legitimidad?

El vicio de origen de los fundamentos susodichos radicaría, en palabras de Félix Ovejero, en tomar a la lengua como la "unidad de valoración moral". Desde ese criterio, y cada vez que una lengua más particular se considere "en peligro" o discriminada frente a otra mayoritaria, quedarían justificadas intervenciones públicas que favorecieran la presencia social de esa menor y limitaran al mismo tiempo el alcance de la mayor. Pues bien, dígase cuanto antes que sólo el individuo es la unidad de valoración moral de la política (de la lingüística como de cualquiera otra) y no entidad abstracta alguna del tipo Lengua, Comunidad, Pueblo o Territorio. Y eso porque sólo él puede ser en puridad sujeto moral, es decir, capaz de reflexión, sufrimiento, decisión libre y responsabilidad, aun cuando su derecho individual sólo pueda ejercerse -como otros varios derechos- colectivamente por el hecho de pertenecer a una colectividad y en el seno de ella. La lengua importa porque es del ciudadano, pero el ciudadano importa mucho más que su lengua. El problema político democrático suscitado por las lenguas es resolver el modo como los individuos ejerzan su libertad con respecto a ellas y dar con la fórmula en que el uso de sus lenguas ensanche el espacio de su libertad.

Desde este punto de mira enseguida se echa de ver que el valor predominante de una lengua es el instrumental o comunicativo. Digan lo que digan ciertos teóricos unidimensionales, el más obvio y fundamental interés lingüístico del individuo no estriba en mostrar así su fidelidad a una comunidad de raíces o en formar parte de una cultura homogénea; estriba más bien en entenderse con sus conciudadanos próximos y por esa vía acceder a los bienes de su sociedad, desde los económicos y políticos hasta los culturales y otros más espirituales (Weinstock, 264, 269). Las cosas no son tan trágicas como las pinta el multiculturalista o el creyente en el destino eterno de los pueblos. El drama de la desaparición de una lengua tal vez represente el declinar de la tradición que en ella se manifestaba, pero no afecta a la comunicación de sus hablantes, que simultáneamente ya se está encauzando a través de otra lengua. En lo que nos concierne resulta además que, precisamente desde este valor instrumental y con excepción del vascuence, las lenguas regionales españolas están muy emparentadas entre sí.

Se comprende asimismo que ese sujeto de derechos lingüísticos será el propio hablante de la lengua en cuestión, no quien por puro capricho o interés sectario u otros motivos (salvo los de necesidad) se propone llegar a hablarla. En rigor tampoco habría que incluir como titular de tal derecho a la persona meramente escolarizada en un plan de normalización y sin otro vínculo efectivo con tal lengua. Nos referimos, a fin de cuentas, al que tiene esa lengua como materna, o adquirida largo tiempo atrás o, en todo caso, como idioma de uso ordinario. Lo que significa que ese sujeto de derechos lo es sólo en tanto que miembro de la comunidad lingüìstica afectada, y no de la que presuntamente formaban en el pasado sus moradores ni hoy de otra comunidad ajena, y sólo mientras el hablante permanezca en interrelación con los suyos. Y es que aquí rige un principio de adecuación a la realidad sociolingüística. Mientras por lo general una política anclada en supuestos normativos exige transformar la realidad para erradicar o paliar las múltiples injusticias, la política lingüística -al contrario- se expone a cometer injusticias precisamente cuando se propone cambiar esa realidad. Aquí lo que debe haber es, con bastante certeza, lo que hay, porque eso que hay expresa por lo general la voluntad de los hablantes. Es decir, ha de respetarse la distribución de los ciudadanos según sus lenguas maternas, su uso efectivo, su rango en la conciencia colectiva, etc. A tal punto es así que, incluso si la situación lingüística presente proviniera sin lugar a dudas de abusos anteriores -y a menos que la opresión o el expolio fueran tan recientes que permanecieran en la gente como una herida abierta-, esa situación deberá respetarse como legítima por ya consolidada. No se puede violentar ahora a los vivos porque tiempo atrás se violentara a los muertos. Este criterio de adecuación entraña justamente el principio opuesto al de sustitución (del dominio de una lengua por el de otra) que nuestros nacionalismos parecen empeñados en instaurar.

Apoyados en ambos pilares (prevalencia del valor comunicativo, titularidad individual del derecho), aún pueden darse algunos pasos más sin salirnos de este plano básico de la fundamentación. Por de pronto, si el derecho lingüístico no le asiste al hablante abstracto, sino al hablante inserto en una comunidad lingüística viva, entonces no puede tratarse de lo que se llama un derecho de personalidad, sino de un derecho territorial en el sentido que ahora se verá. Lejos de ser independiente de la zona de residencia de su titular, es un derecho del todo dependiente de ella porque sólo en ella puede ejercerse; lejos de ser transportable con su sujeto, por su propia naturaleza no cabe exigirlo para comunicarse en el interior de un grupo de habla diferente. No es pues un derecho geográficamente universalizable, como lo es la libertad de expresión o la religiosa, pues no cabe decretar el deber del hablante de otra lengua de aprender la minoritaria nuestra. Es un derecho universal en el sentido de que afecta a todos los partícipes de las comunidades lingüísticas, pero sólo en su calidad de partícipes de una de ellas. Hasta una de las teóricas más notorias de esos derechos de pesonalidad "condiciona el título del derecho (...) a ciertos atributos personales, en este caso, el ser parte de una comunidad de lengua particular"; de suerte que "el atributo personal que desencadena el derecho no es completamente universal: solamente algunos estarán calificados" (Réaume, 289).

De igual manera, y dado lo primordial de su función comunicativa, esa comunidad lingüística que inviste a sus miembros de derechos relativos a su lengua no puede ser un grupo muy reducido. O, lo que es lo mismo, ha de abarcar a un número suficiente de hablantes como para hacer probable o segura su viabilidad. Llámesele justificación agregativa, si así place, pero la atribución de derechos lingüísticos en una sociedad de recursos escasos, con múltiples necesidades colectivas en liza y tocantes a cosas valiosas no por sí mismas sino por su servicio a las habitantes..., no puede sustraerse al cálculo de costes y beneficios. En unos casos bastará con un régimen lingüístico de tolerancia, mientras en otros será de justicia un régimen de protección y hasta de fomento de tales derechos. Aquella citada defensora del principio contrario reconoce que "la protección debe procurarse sólo cuando hay un número suficiente de hablantes viviendo en proximidad, lo que introduce una dimensión geográfica a la política lingüística" (Réaume, 273-274). ¿Acaso no consagra esto mismo la Carta Europea de Lenguas regionales y minoritarias, suscrita por España? Pero ese criterio nuclear de "zonificación" que allí se establece no ha sido aplicado en nuestras políticas lingüísticas, salvo (que yo sepa) en Navarra y con la arriscada oposición permanente del nacionalismo vasco.

Si mis reflexiones no desvarían demasiado, a partir de estos fundamentos de legitimidad cabrá deducir sin grandes esfuerzos la mayor o menor ilegitimidad de las metas, instrumentos y resultados de las políticas lingüísticas que se vienen aplicando y que algunos proponen todavía extremar. Lástima que, dado el tiempo transcurrido en mi charla, no quede más remedio que recortar lo previsto y, aun en lo poco que resta, exponerlo al estilo del telegrama.

Ilegitimidad de las metas

Voy a hacer como que me olvido ahora de las intenciones ùltimas de tales políticas, ya exhibidas hoy sin ningún disimulo allí donde los partidos nacionalistas ocupan el gobierno local o lo mediatizan en buena medida. Son aspiraciones independentistas (y no es momento de debatir el derecho de autodeterminación, que tampoco les ampara) o, cuando menos, de conquista de mayores cotas de soberanía. Veamos alguna de ellas.

1/ En el propio país, la recuperación y/o extensión de la lengua propia.

Hacia el bilingüismo o el monolingüismo Nos ceñimos a regiones en que conviven dos comunidades lingüísticas: en el mejor de los casos, además de emplear lenguas muy próximas entre sí, están territorialmente concentradas y resultan equiparables en número de miembros (tal vez el caso de Cataluña y Valencia, reconozco que ignoro el de Galicia) y, en el peor, dispersas y de muy desigual proporción en su reparto entre su población (el de Euskadi). Allá el objetivo de sus poderes públicos o de ciertas instituciones como la Universidad parece apuntar sin ambages al monolingüismo en su denominada "lengua propia"; acá parecen contentarse de momento con la conquista de un bilingüismo con el castellano. Pues bien, uno se atreve a sospechar que los acuerdos que consagran tal empeño universalizador no son democráticos, por muy mayoritarios que fueran.

a) El monolingüismo en catalán como objetivo.- Dada la amplitud de la comunidad de lengua catalana, no cabe disputa alguna sobre el derecho de sus integrantes a su educación en catalán y a la presencia de esa lengua en el espacio público. Eso viene plasmado ya en su misma cooficialidad. Lo que negamos es el prepotente derecho del gobierno a imponer la presencia exclusiva de la lengua "propia" sobre la otra cooficial en educación y todos los ámbitos públicos (cfr. trabajo de F. de Carreras y J. Domingo en Teoría y realidad constitucional 12- 13, 2003-2004), cuya malicia llega hasta impulsar una vía oficial a la delación ("Oficinas de Garantías Lingüísticas"). Lo que también negamos es que haya derecho alguno -¿de quién?- para decretar el deber universal de los ciudadanos de Cataluña de aprender el catalán. Sobra decir que esas prácticas no es que sean inconstitucionales; mucho más y mucho antes que eso, su ilegitimidad estriba en atropellar la libertad individual en múltiples sentidos, desde la de educación hasta la de expresión, etc. Una comunidad igual o menor somete a otra igual o mayor.

Pero habrá que adelantarse a un par de seguras objeciones. ¿Acaso no sería justo que, si una comunidad lingüística impone constitucionalmente el uso y aprendizaje general de la lengua del Estado, pueda la otra a su vez imponer estatutariamente el uso y aprendizaje de la lengua "propia" de Cataluña? Creo que no. Aparte de que lo más justo sería que fuera la necesidad real la que impusiera los hábitos lingüísticos, lo cierto es que el mandato constitucional se adecúa a la realidad social catalana (donde una lengua es conocida por todos y la otra sólo por la mitad), mientras el Estatuto reformado pretende forzar e invertir esa realidad. Más aún, porque no es la comunidad lingüística de Cataluña en castellano sino la comunidad lingüística española, mucho más amplia y dotada de una lengua común, la que tiene derecho a exigir ese aprendizaje. Y eso sin contar con el derecho que, cuando menos por conveniencia administrativa pero sobre todo por razones de una ciudadanía compartida (verbigracia, para amparar el derecho de circulación o la igualdad de derechos en todas las partes de España), ampara al Estado para imponer el conocimiento de la lengua común...

¿Y no parece injusto que sólo las personas de lengua materna catalana apechuguen -como hasta ahora- con el esfuerzo de aprender el castellano y que, al revés, las de lengua castellana no se sacrifiquen nada en aprender el catalán? ¿No habría que sufragar por parte de la comunidad lingüística mayor el coste de producir un bien público - ensanchamiento del ámbito de comunicación- con cargo tan sólo a la cdad. lingüística menor? Pero es que ese supuesto no se da: primero, porque la carga no es tal si se considera la proximidad entre ambas lenguas y que los hablantes de una y otra comunidad viven en contacto permanente; y segundo, porque es el hablante de la lengua menor el que saca más beneficios de adquirir destrezas en la lengua mayor y común... Sólo si fuera el caso de una desigualdad de oportunidades (verbigracia, en el mercado laboral) favorable a unos hablantes habría lugar a una justicia cooperativa; pero en la actual Cataluña la comunidad desfavorecida es precisamente la de habla castellana...

b) El bilingüismo castellano-euskera en el caso vasco.- Lo que parece una meta equilibrada, no lo es tanto. La misma cooficialidad lingüística es aquí engañosa. A la vista de la distribución geográfica de los hablantes de euskera, y puesto que hay amplias zonas en las que o nunca se habló o dejó de hablarse hace algún siglo o se habla hoy en una muy escasa medida, el punto de vista de la justicia (y de la Carta Europea) hubiera pedido implantar una política lingüística con un criterio de zonificación. Ello hubiera evitado, entre otros muchos despropósitos, el sacrificio anual de tantos docentes y alumnos castigados por no alcanzar el nivel lingüístico que se les exige. Pero ahora lo dejo.

2/ La cooficialidad en toda España

Resulta a mi entender un verdadero sinsentido y, por tanto, carente de todo sustento normativo.

a) Porque sólo puede ser oficial en una comunidad política general, con vistas al entendimiento común, la lengua más representativa, un idioma realmente conocido y usado por todos o casi todos los ciudadanos, cualesquiera que sean sus lenguas particulares. Y esa condición de lengua franca sólo la ostenta entre nosotros el español o castellano. Ya lo expresó con la suficiente contundencia nuestro recordado Lodares: "Vivimos en un país de comunidad lingüística basada en el español, lengua general que contacta con otras en determinadas zonas. No sólo eso: en dichas áreas de contacto el español es, en muchas ocasiones, la lengua más corriente" ("El precio de las gramáticas". El País, 7.12.2004

b) Según se adelantó, no hay derechos lingüísticos más que en el seno de una comunidad lingüística viva. No son derechos universales e in-definidos, válidos aquí y allá, sino definidos y en último término locales. Y lo que vale obviamente para el caso de las fronteras interestatales, vale también para las fronteras regionales o, si se prefiere, inter- nacionales. De otra manera cada comunidad lingüística local debería contar con funcionarios destinados a atender en todas las lenguas cooficiales de España.

c) Por tanto, no pueden exigirse derechos simétricos allí donde las comunidades lingüísticas son asimétricas. Quiere decirse que las cdades. lingüísticas particulares tienen deberes hacia la cdad. lingüística común y hacia sus hablantes que la común o general no tiene respecto de las particulares. En el espacio compartido la lengua común es la preferente; en el espacio particular -y en el mejor de los casos- disfrutan de la misma preferencia. Eso significa, en suma, que la administración pública particular podrá ser bilingüe, pero la administración pública central tendrá que ser monolingüe en la lengua oficial del Estado.

d) ¿Cuáles podrían ser entonces los fundamentos de esa reivindicación? Tal como la entiendo, sólo se me ocurren dos: de un lado, el resentimiento hacia la lengua dominante, contra eso que da en llamarse el "imperialismo lingüístico", etc.; del otro, la búsqueda del prestigio de la lengua minoritaria... Y no parece que estas aleatorias emociones grupales deban determinar la política lingüística de un país.

3/ La cooficialidad en la Unión Europea

Se sobreentiende que esa cooficialidad se limita a los órganos comunes de gobierno

a) A diferencia del caso anterior de España, puesto que los países europeos no disponen de una lengua materna o de uso común, habrá de escogerse una o unas como oficiales (lo que en España no hace falta).

b) Puestos a ello, si el criterio último es la eficiencia comunicativa en el trabajo político, el criterio próximo deberá ser el preferir las lenguas más extendidas en Europa. De lo contrario, se caería en el absurdo de convertir las lenguas menores en más representativas fuera de su casa que dentro de ella.

Qué está pasando con el español en los Estados Unidos de América
Francisco Marcos Marín Asociación por la Tolerancia 30 Septiembre 2005

Catedrático de Lingüística General

La escritura de este texto se inició en América y con una perspectiva americana y se completó en Europa. Al ir dirigido inicialmente a un público europeo, se puntualizan y detallan aspectos que, entre el Atlántico y el Pacífico, pueden ser obvios; pero no lo son en Europa, y viceversa. Aun en Europa, está escrito desde Tejas, que es Sur y es Suroeste, y, aunque no se limita a esta región, al South-West, que tiene la dimensión de Europa occidental, se ciñe a ella en la medida de lo posible, sin pretender con ello que se trate de un territorio ni mucho menos homogéneo. Quien vea el español de Nuevo Méjico como el de Tejas o el de Arizona puede estar desviando peligrosamente la mirada. Una visión de conjunto tiene que buscar lo común caracterizador; pero sus lectores harán bien en pensar que todo es mucho más variado, rico y complejo de lo que la observación superficial o el desconocimiento del medio sugiere.

Otros y nos-otros

Los movimientos de población en todo el mundo, pero especialmente en el hispánico, en los dos sentidos del viaje, han traído un cambio como la sociedad española no conocía desde hacía al menos tres siglos y han invertido el movimiento normal hacia América, dirigido ahora hacia Europa, más la continuidad e incremento de la expansión hacia los Estados Unidos de América. Nuevas lenguas, nuevas concepciones del universo, necesidad de buscar señas de identidad comunes en la nueva sociedad española, con su nueva dimensión cultural.

La solución no es la de cerrarse en el nacionalismo, con la falacia de “liberar” a las minorías, sino apoyarlas. En palabras de Karl Popper: La opresión de los grupos nacionales es un gran mal; pero la autodeterminación nacional no es un remedio factible.

Conceptos

Frente a toda idea de mente colectiva o de propiedad de la comunidad de hablantes, la propuesta de que se deba estudiar la lengua como propiedad individual, expresada por Hermann Paul, todavía tiene argumentos que pueden usarse contra las presunciones racistas o nacionalistas que rebrotan. En 1929 el círculo de Praga presentó sus célebres tesis, de las que se originaría la renovación de la Lingüística como ciencia y el nacimiento de las escuelas estructuralistas europeas. En ellas ya se planteaba el problema de las ciudades como territorio de contacto lingüístico entre hablantes de distintas colectividades, con grados diversos de cohesión social, profesional, territorial y familiar. Las comunicaciones han ampliado esa situación antes ciudadana a países enteros.

Al devolver a los individuos el protagonismo en las aplicaciones del lenguaje, se va hacia un planteamiento conceptual en el que los individuos entran en desacuerdo. Se produce entonces un conflicto lingüístico . Cuando se habla de las lenguas y las culturas y de sus acuerdos y conflictos, se trata de acuerdos y conflictos entre seres humanos, entre grupos de hablantes. Las lenguas y las culturas son sistemas y son usos, para su realización dependen de la actuación humana. Los planteamientos basados en la oposición de diglosia (lengua A para los usos cultos, de prestigio, lengua B para la comunicación familiar, reducida) y bilingüismo, desde un punto de vista cultural, son insuficientes. Por un lado, la identidad lingüística no implica identidad cultural y las consecuencias de este simple aserto, incluso dentro de las grandes culturas occidentales, no pasan desapercibidas para quien observe la evolución del mundo en los últimos quince años. Por otro, las nociones de bilingüismo y diglosia no dan cuenta de los conflictos lingüísticos provocados, aquellos en los que se produce un enfrentamiento, por ejemplo, entre el aprendizaje como transmisión y la desviación de lo aprendido como innovación. El conflicto está latente por la contradicción que existe entre la esfera de actuación experimental y la esfera de actuación política. El campo cultural, incluyendo el científico, pertenece a la esfera de la experimentación, mientras que el político se apoya en lo seguro, no especula. Es preciso ser un gran político para apropiarse internamente de los fines de la especulación.

A principios del siglo XXI el español aparece dentro de una constelación de lenguas, las españolas (catalán, vasco y gallego) y las hispánicas, que pueden ir desde el azteca al fang o al mismo tagalo. La relación entre unas y otras es muy desigual, pero se encuentran ejemplos al gusto de cualquier sociolingüista, desde desplazamiento del español por el inglés y desaparición primero de uno y luego, relativamente, del otro, en favor de una lengua nativa filipina, el tagalo en este caso, hasta, como ha señalado Vargas Llosa, la exacerbación de la política anti-indigenista por los gobiernos de las naciones independientes de América, sin olvidar las tensiones producidas en la propia España por excesos en la aplicación de la normalización lingüística del catalán, sobre todo en Cataluña, pero también, sobre todo inicialmente, en Valencia, con la consiguiente descastellanización de estos territorios, sobre todo en el medio rural, y un grave peligro para la propia lengua catalana, que los que se satisfacen con resultados espectaculares a corto plazo no saben ver. La tentación del fraccionamiento, que parece ser en los inicios del XXI tan fuerte como en los del XX, provocó la separación administrativa del catalán en dos lenguas, catalán y valenciano, con dos normas diferentes, aunque, desde el punto de vista de la estructura lingüística las diferencias sean mínimas. El mensaje de la necesidad mutua debe ser lo más claro de todo el mosaico. El enquistamiento de los nacionalismos lingüísticos conduce a múltiples resultados negativos, entre los que destacan fragmentaciones, pérdida de presencia y, en consecuencia, desprestigio (no sólo cultural, puede ser funcional), que amenaza con la desaparición. Ni el griego ni el latín se libraron de ese proceso; en ambos casos lo ocurrido fue una pérdida de funcionalidad, no un desprestigio cultural. El español tiene que actuar como vehículo internacional de las otras lenguas españolas e hispánicas, asegurando su presencia en ambientes a donde no llegarían solas. Es justo que, cuando se establece esta actitud, se pida a cambio una postura de coherencia en el mantenimiento y refuerzo de la única lengua internacional de todo este bloque de naciones y regiones.

La internacionalidad económica

El incremento de la inmigración hispana en los Estados Unidos aumenta día a día en miles el número de ciudadanos norteamericanos que hablan español, como lengua materna, primero, y de su origen hispánico, después, con una pervivencia sorprendente hasta incluso la tercera generación y posiblemente más allá. Nueva York y Los Angeles figuran hace tiempo en la larga lista de ciudades en las que vive más de un millón de hispanohablantes. La proyección demográfica de la Oficina del Censo de los Estados Unidos (United States Census Bureau) va de 274.634.000, en 2000, a 335.050.000, en 2025, una tasa de crecimiento para la población total del 22% (U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States: 1999 ; Current Population Reports , P25-1130). La proyección para la población hispana ( Hispanic ) entre 1995 y 2025 es del 44% del crecimiento que corresponde al total de la población, lo que significa que serán 32 millones de hispanos los que se añadan, como la parte correspondiente del crecimiento hasta 72 millones de personas sobre el total de la población norteamericana. Pero la población hispana no es la de mayor crecimiento, en todas las regiones este papel corresponderá a la asiática (Campbell, 1996).

Los Estados Unidos están casi en el límite de un país hispánico y ello provoca, en la sociedad mayoritaria anglohablante, una natural reacción de autodefensa. Las leyes que entraron en vigor a fines del siglo XX, sobre enseñanza bilingüe, dirigidas fundamentalmente al español, causaron que no sólo se estudie el español en todos los niveles, desde la primaria a la universidad, sino que se estudie en español.

Se produce este hecho en un área que se extiende más allá del Suroeste, vinculado a España por la historia; no son sólo Tejas, California o Nuevo México los que necesitan profesores bilingües; también hacen falta en Michigan o Illinois.

El esfuerzo mayor en los Estados Unidos deberá hacerse en la educación. La población hispánica residente en 1996 era el 11% del total, pero sólo 1.223.000 de un total de 15.226.000 (8%) de las matrículas en los colleges correspondieron a los hispanos y sólo el 2,2% de todas las tesis doctorales de ese año fueron de hispanos (U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States: 1999 ).

Se prevé que el número de graduados de las high schools públicas norteamericanas entre los cursos académicos 1995-96 y 2007-2008 crecerá anualmente el 1,5%, lo que corresponde al incremento de la población de 18 años de edad. En ese período la población escolarizada en esos centros llegará a ser, en el curso 2007-2008, de 2,8 millones, lo que supone el 20% de incremento en relación con 1995-96. El número de graduados de las high schools privadas crecerá previsiblemente hasta 321,000 para 2007-08, el mismo incremento del 20% desde 1995-96 (National Center for Education Statistics [NCES]). Estas cifras coinciden con las previsiones de la Western Interstate Commission for Higher Education para el aumento de graduados de high school desde 1993-94, hasta un máximo de 3,2 millones en 2007-08 ( Knocking at the College Door: Projections of High School Graduates by State and Race/Ethnicity 1996-2012, Feb. 1998). Puesto que el porcentaje actual de estudiantes hispanos que se gradúa es bajo en comparación con la media, lo esperable es que no sólo mantenga sus cifras, sino que se incremente, lo que significa un mayor número de hispanos en la escuela. Si se añade el factor de género, el crecimiento de la población escolar femenina hispana es más significativo y puede tener mayores repercusiones, porque su incorporación al mercado del trabajo es diferente de la de los varones y porque diversas circunstancias de la vida las afectan de modo distinto. Téngase en cuenta, por ejemplo, el número de mujeres que regresan a la educación, incluso superior, tras haber pasado el período de crianza de sus hijos.

Súmense a ello canales de televisión en español, cursos de vídeo, de radio, películas en español, todo el mercado de doblaje, editoriales, periódicos y revistas, toda la producción educativa interna en español, y se verá que el volumen económico del español en los Estados Unidos es superior al de cualquier país hispano-hablante o cualquier país del mundo. La afirmación de que el español subsistiría hoy en el mundo aunque sólo fuera por los Estados Unidos, aunque sea cierta, con todo, es peligrosa, porque sin el resto del mundo hispánico, el español no tendría sentido en los Estados Unidos tampoco. Es el conjunto el que importa.

Mitos y ritos

Ante las dificultades que se presentan cuando se trata de resolver una situación nueva, que no se sabe cómo afrontar, una respuesta habitual de la sociedad española es la extrapolación litúrgica. En vez de investigar para hallar la respuesta, se refiere la cuestión a un mito o se convierte en uno nuevo para, a continuación, asignarla a una institución encargada de oficiar un rito que permita, ya que no solucionarla, dar la impresión de que se sabe qué se está haciendo. En otras ocasiones, incluso, se confía en las ciegas fuerzas de la naturaleza, como cuando se afirmaba, en frase oída a un político de un partido (pero que probablemente no era suya, sino reflejo de un ambiente que no ha cambiado), que “las lenguas se defienden solas” o, por citar a un miembro de otro partido, que "la mejor política lingüística es la que no existe" (frase que, por cierto, tiene un rancio toque de Lejano Oeste pre-ecológico). Ambas tienen en común el ser excusas de la incompetencia.

En el caso de la lengua española, algunos de los mitos que afectan a los hispanos se centran en los “trescientos (ya cuatrocientos) millones” o de la enorme extensión demográfica del español, que lo convierte en una lengua internacional sólo por eso, el mito del “español, reconquistador de los Estados Unidos” o del peso del español en ese país, que lo consolida económicamente y lo coloca a la cabeza del mundo, el mito del “mercado natural”, que consiste en que por el hecho de hablar español se va a comprar a empresas productoras radicadas en los países hispanohablantes y, especialmente, en España, y el mito de “Internet, panacea universal barata”, que indica que, para cualquier problema que pueda existir en la gestión de la lengua española, la red de redes informáticas ofrecerá una solución asequible. El inventario es más amplio, pero con estos es suficiente por ahora.

Aunque ciertos aspectos se tratarán de modo bastante crudo y, en algunos, asomará el paso, si no el peso, de los años, el hecho mismo de redactar este texto y presentarlo ya supone un convencimiento del autor de que siempre queda la esperanza de que alguna vez, con sencillez y buena administración, se solucionen los problemas, en vez de remitirlos a la institución que practica los ritos para exorcizarlos o dejar que se arreglen solos.

El español es una lengua que cuenta con un número muy elevado de hablantes, una rica tradición cultural, especialmente en literatura, una gran cohesión interna, con una norma culta bien aceptada y una contigüidad territorial muy predominante (España y Guinea Ecuatorial son los países que quedan fuera de la continuidad geográfica del español, precisamente). Sin embargo, esta lengua no se utiliza habitualmente como vehículo de intercambio fuera de su amplio dominio geográfico y cede cada vez más espacio dentro del mismo a usos de comunicación internacional, como la producción científica escrita, en favor de otras, especialmente el inglés. Curiosamente, el incremento de la calidad científica de los trabajos de los hispanohablantes no se traduce en que haya cada vez más personas interesadas en utilizar el español para fines científicos, sino en que los científicos del área hispana se ven cada vez más atraídos por publicar en la lengua global, que es el inglés.

La lengua española castellana tiene todavía un centro de prestigio reconocido por todos en el único país que la habla que no está en contigüidad geográfica con los otros y que, además, es una potencia industrial, es decir, en España. Desde luego, la conciencia de lengua común y de responsabilidad compartida ha avanzado decisivamente, pero la creciente contribución de los distintos países a ese esfuerzo es todavía muy diversa. Al mismo tiempo, la ampliación de los circuitos comerciales gracias al desarrollo de las comunicaciones sitúa a los hispanohablantes y especialmente a los españoles, como mayores productores, ante la necesidad de cuidar del mercado, lo que lleva al mito de “nuestro mercado natural,” en el cual la lengua es una ventaja, y a la necesidad de abrir nuevos mercados, para lo cual no lo es.

Como sistema de comunicación conviene preguntarse qué es el castellano y qué representa en sus diversos contextos, sociales, culturales y geográficos. De la dimensión demográfica de la lengua española castellana no hay duda, pero sí de las consecuencias de esa amplitud. Los trescientos, cuatrocientos o quinientos millones de hablantes se han convertido en un mito que incluso engloba a otros y que interesa porque se apoya en las redes globales y, no podía ser de otro modo, en la mitificación de Internet.

Si se procede con un análisis pormenorizado del mito de la lengua española como una de las más habladas del planeta se puede empezar con otro que, lamentablemente, el autor también ha contribuido a impulsar (junto con otros muchos, lo que tampoco consuela), sin calcular bien sus consecuencias: la valoración del peso del español en los Estados Unidos.

La pasión por las cifras ha arrastrado a la mayoría a hablar de los treinta millones de hispanohablantes en Norteamérica, tal vez hasta cuarenta, y de su creciente fuerza en la sociedad norteamericana. La pregunta correcta sería, sin embargo, qué peso lingüístico tienen esos hispanos en la vida de los Estados Unidos y qué ventaja representan para los productos, los servicios y la mano de obra de otros países hispanohablantes y, en este caso, de España en primer lugar.

La realidad del español en los Estados Unidos, vista regular y directamente entre 1969 y 2005, exige un análisis más detallado. Por ahora baste con decir que no hay homogeneidad en ese español ni en sus raíces, a diferencia de la que se encuentra, con sus variantes, en los distintos países hispanos. Puede añadirse inmediatamente que el movimiento demográfico en los Estados Unidos es tan ágil, que las estadísticas de población hispana están sometidas a cambios mucho más frecuentes de lo que un europeo supondría. En algunos estados, especialmente Nuevo México, el español es la lengua anterior al inglés y hay conciencia cultural de ello, en otros, como California o Arizona, hay algo de ello pero importa más el peso demográfico de una mano de obra, sobre todo mexicana, inicialmente muy poco cualificada, a la que se han ido añadiendo algunos elementos más preparados posteriormente. Tejas, una superficie mucho más extensa que Francia, es la joya de la corona y, además, el estado que ha tenido y mantiene un peso histórico grande en la evolución de México, porque es donde se encuentran ejemplos significativos, como San Antonio, de auténtico bilingüismo sin discriminación. En otros, como Nueva York o Florida, la fuerte inmigración caribeña inicial se ha ido completando con el flujo de todos los países del sur, el movimiento de población centroamericana hacia el norte, hasta llegar a los Estados Unidos, plantea serios problemas tanto a Norteamérica como a los países de tránsito. Estas páginas se redactan en los días de septiembre de 2005 entre la conmoción general por la devastación del huracán Katrina. Para hacerse una idea: la superficie devastada, parte de tres estados, Luisiana, Mississippi y Alabama, equivale a la de Gran Bretaña o, si se prefiere, si el Katrina hubiera golpeado Valencia, sus efectos habrían llegado hasta León. Localidades enteras, como la de San Bernardo, en Luisiana, habían sido fundadas por la colonización de canarios dentro de la Corona de España, en el siglo XVIII. Millones de personas se desplazan, no sólo a los estados limítrofes, especialmente Tejas, sino por todo el país. Las asociaciones de “Canary Islands Descendents” harán lo posible por mantener los vínculos, pero, en una tragedia de esta magnitud, las prioridades son otras.

En cuanto al fenómeno chicano, debe recordarse que no se trata de un tipo de cultura vinculado a la lengua, sino a otros rasgos, que incluyen el peculiar concepto de raza, un valor cultural, no racial en el sentido habitual, que llevó a manifestaciones históricas como el día de la raza, para el 12 de octubre, fecha del Descubrimiento. Aunque la ridiculez de lo políticamente correcto haya dejado fuera de moda estas expresiones, que carecían por completo de malicia alguna, lo que mucha gente siente es precisamente ese vago sentimiento que la palabra expresaba para ellos de una manera clara, que quizás no tiene alternativa hoy. La mayor parte de la producción escrita de los literatos chicanos no es en español, sino en inglés y hay célebres autores chicanos que muy difícilmente pueden expresarse en español en una clase o en una conferencia, aunque puedan hablar la lengua en el ámbito doméstico. Este fenómeno, por su dimensión cultural, es más importante que el spanglish, la lengua mixta o pidgin que se utiliza por personas cultural y económicamente deprimidas, para quienes funciona como lingua franca, en el sentido propio y científico del término, mixtura que es marginal, aunque ejerce su influencia en el español norteamericano general y que no llega a constituir un criollo, mínimamente unificado, sino que, como la mayoría de los pidgin, será progresivamente absorbida por la lengua dominante, generalmente el inglés, a través de un proceso de relexificación, o sea, de lenta e imparable sustitución de los elementos léxicos españoles por los correspondientes ingleses. El propio carácter histórico de ser, al menos parcialmente, un criollo germano-románico que tiene el inglés (el resultado de novecientos años de intentar hablar francés) refuerza esa tendencia.

El mosaico no se finaliza con estas piezas. Si se juzga por los parámetros de lo que supuso en su día la inmigración española (mucho más homogénea) en Alemania, se aprecia que la incidencia del español en Estados Unidos, a medio plazo, puede ser muy relativa. La tercera generación, se estima, es ya una generación monolingüe inglesa, en el mejor de los casos con un cierto recuerdo del español, aunque sea interesante el fenómeno, relativamente reciente, de los que tratan de recuperar esta lengua, ya como lengua aprendida, no se olvide. Lo que varía y es muy importante, es que el flujo migratorio continúa, lo que implica una permanente frescura del uso de la lengua española, así como una facilidad de comunicaciones (teléfono, televisión, radio) que es muy superior a la que pudo existir para el español en la Alemania de los setenta y que ni siquiera puede compararse con lo que es el turco en la Alemania actual, porque Alemania y Turquía no tienen frontera común. La cultura hispana es, sobre todo, una cultura oral, a la que favorecen las facilidades de las tecnologías de la comunicación, cuyo componente oral es cada día mayor. Los diarios en español en los Estados Unidos no mantienen el crecimiento que corresponde al de la población, pese al salto del 2000 ( www.stateofthenewsmedia.org ).

Con realismo hay que reconocer que ni en el contexto medio de la sociedad anglófona ni en el de la propia hispana hay una valoración cultural positiva de la realidad política y económica latinoamericana, que se une a un escaso interés por cuestiones básicas de la cultura hispánica, cuando no una indisimulada ignorancia, desde la geografía a la incidencia de las variedades dialectales, a lo cual se agregan los enfrentamientos entre comunidades hispanas o los resquemores históricos, que algunos grupos ponen al servicio de sus intereses particulares. La comprobación más evidente está en el modelo de enseñanza de la lengua española, tanto en las escuelas como en las universidades y en la estructura de muchas unidades docentes.

Es cierto que hay muchos alumnos de español y que se dan verdaderos casos de interés hacia la cultura hispánica, continental y peninsular o, como se ha dicho, que parte de la tercera generación se plantee la recuperación de la lengua. Eso no significa, sin embargo, que España en concreto se beneficie especialmente, como tampoco se beneficia ningún país latinoamericano en particular, ni siquiera México. La cultura hispana de los Estados Unidos tiende a ser autárquica e invasora. Dicho de otro modo, se está creando una cultura, que se expresa tanto en inglés como en español, y no se limita a esta última lengua, una cultura que no sólo cubre las necesidades del mercado norteamericano, sino que invade progresivamente los otros ámbitos geográficos del español. En la producción de cine, televisión, radio, videojuegos y música en español las empresas hispanas de los EEUU, empresas norteamericanas, en definitiva, se quedan con la parte del león del mercado global de la lengua hispana.

Hay que añadir cambios fundamentales en la estructura. Para el informe de Fundesco era esencial decir que entre 1993 y 1995 el número de canales en español en la televisión por cable norteamericana había aumentado en más del doble, que la facturación de canales en español estaba en un mínimo de 485 millones de euros (82.000 Mipts) y que las cantidades destinadas a programación superaban los 145 millones de euros (24.600 Mipts.) Diez años después, internet ha desplazado a la televisión en buen número de actividades y, en el caso de las noticias nacionales e internacionales, su avance es indiscutible ( www.stateofthenewsmedia.org ).

El horizonte de los hispanos en los Estados Unidos no es el de una mítica "reconquista", sino el de la integración en la cultura estadounidense, en la cual no han influido los valores fundamentales de la cultura hispánica: ni los religiosos ni los familiares, ni la visión de la hispanidad que hubiera propiciado el acercamiento de los EEUU a sus vecinos del Sur. Las buenas intenciones son antiguas, del 14 de noviembre de 1994 es la del vicepresidente Al Gore (

The OAS and the Summit of the Americas, http://americas.fiu.edu/documents/941117.html ) : “Our language will be different. But in ours beliefs, our commitment, and our dedication, we are one. Nos vemos en Miami”, pero la “complicidad” que se percibe entre los EEUU y el Canadá no se da con ningún país del otro lado del río Grande. Hasta ahora, la consecuencia lingüística es clara: la mayor parte de los nietos de inmigrantes hispanos no habla el español, a pesar de que hoy resulta mucho más fácil ser hispano y vivir en español en los Estados Unidos que hace cuarenta años. Si para vivir en los EEUU no hace falta el inglés, para desarrollar oportunidades en la vida es imprescindible. "La igualdad económica y educativa se alcanza a través de la integración en la cultura dominante", escribía en el diario español ABC , en la víspera del día de la Hispanidad de 1999, el ex-gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón.

 

La dimensión del español ha alterado su forma en los últimos veinte años. El resultado es considerable, no porque afecte a los intereses españoles, supuestamente, sino porque, en realidad, afecta a la raíz cultural común. Cuando disminuye la incidencia del medievalismo o del Siglo de Oro o, incluso, de la Colonia, en los estudios norteamericanos, se pierden componentes que mantengan una visión coherente de la cultura hispánica y, en consecuencia, se pierde la fortaleza que proporciona la visión unitaria. El peso de los temas de España en los estudios universitarios norteamericanos es cada vez menor. Aumentan los programas de estudios hispanos, mientras que los llamados "peninsularistas" son cada vez más reducidos y, en algunos lugares tan prestigiosos como el departamento de español de la Universidad de California en Berkeley, perdieron a más de dos tercios de su profesorado, entre 1987 y 1992, en beneficio de los estudios americanistas, incluidos los chicanos. Además, la cultura española no es monolingüe, lo que puede traducirse en hechos como que la Generalidad de Cataluña, con una clara visión de cómo es posible manejar recursos pequeños para conseguir resultados efectivos, haya ido redirigiendo la actividad docente de los profesores peninsularistas, sobre todo los medievalistas, ofreciéndoles ayudas en correspondencia a un incremento de la enseñanza del catalán, incremento que ha repercutido en la disminución de horas dedicadas a la lengua española castellana y su literatura. Exactamente lo mismo se está produciendo en Alemania. No hay duda de que la medida de la Generalidad es muy inteligente; lo lamentable es que desde las instituciones que deben apoyar la lengua internacional de los españoles no se llegue nunca a realizar un esfuerzo equiparable en favor del español. Esta acción reforzaría el enorme aporte que suponen los convenios de enseñanza media que, con una gestión de la Consejería de Educación de la embajada de España en Washington digna de elogios, firma el gobierno español con los gobiernos de los estados y que de poco sirve si se pierde la batalla de la Universidad, que es la garantía del futuro de la enseñanza del español.

En el terreno de Internet, no hay más que recorrer los puntos de la red para comprobar cómo, desde las informaciones sobre los equipos de fútbol hasta los sistemas de búsqueda, todo acaba en algún lugar de los Estados Unidos. Baste considerar que, en el tráfico de la red académica, durante mucho tiempo, la entrada de datos desde los EEUU absorbía toda la capacidad física de las líneas, mientras que la salida desde España tenía suficiente con el 32.8%. El cambio de la situación no se debe a una equiparación de los productos, sino a la mejora material de las comunicaciones.

Descripción general de los Estados Unidos

El español de Norteamérica no vive en un mundo exclusivo o dominante, como en los países donde es lengua oficial, sino en un mundo compartido, internamente, además. La relación de los norteamericanos hispanohablantes con el conjunto del país se realiza en inglés, normalmente, aunque es cierto que una persona puede pasar toda su vida, trabajar, pagar sus impuestos, tener sus derechos sociales, sólo en español. Esta posibilidad cobra más fuerza últimamente, porque en etapas anteriores llegó a haber una auténtica persecución del español en algunas zonas, no sólo por pretextos lingüísticos, sino religiosos, por ser normalmente católicos sus hablantes, o de posesión de tierras o, sencillamente, por ignorancia. Hay además una percepción muy generalizada entre los hispanos que ve a los anglos como blancos. Esta consideración, apoyada en la mítica del indio de varios países latinoamericanos, provoca también una discrepancia entre chilenos y argentinos, sobre todo, y el resto, porque los primeros se ven a sí mismos tan blancos como los anglos. Por otra parte, tampoco hay que olvidar que muchos de los hispanos caribeños y centroamericanos son negros, en el sentido de la raza que recoge el censo. Otras veces, cuando un hablante hispano dice frases como “vino una mujer blanca”, lo que quiere decir, sencillamente, es que la mujer era anglo o, en términos de nuevo censales, caucásica, precisión a la que ese hablante no llegó necesariamente por rasgos de color, sino por el idioma. Para añadir complejidad a la situación, tampoco es frecuente que un hispano medio reciba bien que se le llame “indio”, no sólo hay mitificación en ciertas actitudes políticas latinoamericanas, también hay mistificación. La definición de la propia identidad es una de las cuestiones cruciales de los que aquí se están llamando hispanos; pero que se llaman a sí mismos hispanos, latinos, chicanos, mejicanos, méjico-americanos (generalmente escrito méxico-americanos), cubano-americanos, entre otras posibilidades. La tendencia es a que estas denominaciones no sean sinónimas.

Para comprender el medio en el que se mueve la lengua son también necesarios dos datos: el número de mujeres cabezas de familia es de 12.900.103, lo que equivale al 12,2% de la población de más de quince años, 7.561.874 de ellas (el 7,2% del mismo grupo de población) viven con hijos menores de 18 años. De los 5.771.671 abuelos que viven con uno o más nietos menores de 18 años en la misma casa, 2.426.730, el 42%, son las personas responsables legales de esos nietos. La incidencia lingüística de la lengua materna y de los abuelos (abuelas en mayor número por expectativa de vida) es por ello notable. De todos modos, hay que tener en cuenta otra circunstancia, los abuelos no llegan, mayoritariamente, a hablar el inglés, pero su español se empobrece, falto de refresco, porque los nietos están en el inglés y a veces sólo conservan el español para hablar con ellos, mientras que alternan las dos lenguas con sus padres. Es el fenómeno que se denomina de las “gentes sin lengua”, la anomia, porque ni conocen la nueva ni mantienen en su vigor la original. Esta situación es la que da origen a las interferencias, mezclas y hablas de frontera, que, sin embargo, son más relevantes en la generación intermedia que en la de los abuelos. Por supuesto, cuando la familia recibe nuevas llegadas o el contacto con el país de origen es continuo, los abuelos son una valiosísima fuente de la vitalidad del español en la tercera generación.

Datos de los hispanos y el español

De acuerdo con el censo del año 2000, la comunidad hispana representa el 12.3% de la población total de los Estados Unidos y se prevé que para el año 2010 abarcará el 21% de la población total. 13.751.256 hispanos, casi la mitad del grupo, el 5,2% del total de la población, habla regular o mal el inglés. Sus hablantes se comportan en este sentido peor que los hablantes de otras lenguas indoeuropeas e igual que los de lenguas de Asia y el Pacífico.

La información existente para identificar la demografía de la población hispana es abundante. Se resumen en el siguiente cuadro (H. Velásquez: 2005) sus rasgos más destacados.

Característica

Demográfica

Descripción
Origen •  La población hispana se divide en 6 grupos: Los mexicanos son el 66.1% de la población total hispana en los Estados Unidos. Los centroamericanos y sudamericanos abarcan el 14.5%. Los puertorriqueños son el 9% y los cubanos el 4%. El 6.4% restante está formado por hispanos de otros orígenes, incluidos los españoles.
Distribución •  Los mexicanos se concentran en el suroeste (Nuevo Méjico, Tejas, Arizona y California); los puertorriqueños en el noreste (Nueva York y Boston); los cubanos en el sureste (Miami). Los centroamericanos y suramericanos están divididos en las cuatro regiones

•  La mayoría de estos grupos urbanos viven en zonas urbanas.

Edad •  El 35.7% de los hispanos es menor de 18 años, comparado con el 23.5% de blancos no-hispanos.

•  La edad media de los hispanos es de 24,5 años, mientras que para los blancos no-hispanos es de 34 años.

Ciudadanía •  El 72% de los hispanos que viven en Estados Unidos nacieron en otros países, 1 de cada 4 se hace ciudadano estadounidense. Conviene destacarlo porque la manera de pensar y actuar de los hispanos puede ser diferente cuando han pasado parte de su vida en sus países de origen, comparada con la de quienes han nacido en los Estados Unidos.
Educación •  El 57% de los hispanos obtienen grado de escuela superior. Entre estos los cubanos son los que mas graduados tienen en ese nivel, seguidos por los centroamericanos, con el 64.3%.

•  Los hispanos que llegan de América Latina con un título universitario demuestran una mejor preparación entre los que se gradúan en escuelas públicas en Estados Unidos.

•  Los hispanos regresan a escuelas de Educación Continua en números superiores.

Ingresos •  El ingreso promedio de los hispanos es de $35.000 al año ($43.570 los no-hispanos).

•  Su capacidad de compra es de $325 mil millones aproximadamente.

•  El desempleo es del 6.8%, los puertorriqueños son los más afectados.

•  Los hispanos ocupan más posiciones de servicio que ejecutivas.

Este cuadro general está sufriendo un permanente proceso de cambio, en el cual hay que señalar dos rasgos generales: 1) la población puertorriqueña se desplaza por el resto del territorio, hacia el sur y el suroeste, de manera que alterna con los cubanos de origen en Florida y empieza a constituir núcleos importantes de población; 2) la población hispana general sigue también, en menor escala, ese movimiento migratorio interno y se distribuye de manera más regular en esas regiones, además de extenderse al resto del territorio.

Algunas reflexiones sobre la norma y la norma hispánica en los EUA

Mucha gente se sorprende cuando se le dice que habla un dialecto, algunos se ofenden (el ser humano medio no se distingue por su sentido del humor ni por su curiosidad científica). Sin embargo, es una verdad irrefutable, es una tautología, porque cada uno habla su dialecto personal, su idiolecto, su propio medio de expresión, nadie puede hablar una lengua, porque la lengua en sí es un concepto abstracto, un sistema, no una realidad concreta, lo concreto son las hablas de los individuos. Además, se habla de modo distinto según la edad, la educación, la región, la situación de comunicación, incluso el sexo (en algunos lugares hombres y mujeres hablan idiomas distintos, en otros, como el Caribe, los hablaron y en muchas lenguas, como en el tai de Indochina, hay usos propios de las mujeres, distintos de los hombres, que se pueden ejemplificar, en ese caso, con la diferente partícula final de la interrogación). La variación es connatural a las lenguas. Lo que se entiende por hablar bien una lengua no depende de un lugar, sino de una educación, depende también de una norma, y en este sentido la escuela es fundamental, pero no es la única ni, a veces, la principal definidora de la norma.

Una norma es sencillamente un consenso, que puede ser lingüístico, cultural o social, es el resultado de un acuerdo, muchas veces tácito, otras veces codificado: entonces se habla de una norma prescriptiva e, incluso, coercitiva, si su incumplimiento lleva implícita alguna sanción. La norma lingüística tiene siempre una parte prescriptiva, pero no es la Academia, como cree mucha gente, quien prescribe, sino el uso de la sociedad, que generalmente venía determinado por la escuela y cada vez más se determina hoy en los medios de comunicación. En el universo general, los conceptos lingüísticos enlazan con el también vago concepto de cultura, para ir configurando lo que llega a ser el mundo propio de diversos pueblos o comunidades, especialmente las que se constituyen como países. El término máquina cultural acuñado por la socióloga argentina Beatriz Sarlo recoge una clara alusión a los dos mecanismos culturales de mayor influencia: la escuela como conservación y la traducción como innovación.

En la cultura anglosajona, los medios de comunicación han tenido la carga fundamental de esa labor prescriptiva, fuera de la escuela, lo mismo ha ocurrido en muchos países de América Latina, pero menos en España. Conscientes de ello, se procuran, desde hace tiempo, sus libros de estilo, que no son sino conjuntos de normas, que van desde las estructuras gramaticales al uso de los gentilicios, los giros sintácticos erróneos, los valores léxicos confundidos o los préstamos evitables. La escuela ha perdido, en muchos países, su función tradicional de fijación de una norma, generalmente por medio de un canon de lecturas obligatorias, unos ejercicios de composición según modelos determinados y la definición de unos clásicos, unas autoridades del idioma a las que había que imitar. Es necesario saberlo, porque explica parte de la indefensión de los maestros y profesores, especialmente aquéllos que no enseñan materias lingüísticas o literarias y que han perdido el respaldo social. Hace veinte años una falta de ortografía en un examen de matemáticas implicaba un suspenso, hoy muchos profesores de matemáticas, o de las autodenominadas ciencias, discuten incluso la conveniencia de que exijan unos niveles de escritura normativa aceptables. Conviene recordar que ciencia es aquello que se aprende activamente, frente a la sabiduría, que es lo que ya se ha adquirido tras el aprendizaje. La gramática es, por lo menos, tan ciencia como la matemática, y su proceso de aprendizaje natural nunca termina. En estas condiciones, puede ocurrir que la escuela tenga ya un problema lingüístico previo, el de una comunidad monolingüe o bilingüe. Los inmigrantes, históricamente, en todas las sociedades, se inclinan por la lengua común del país al que llegan, por la sencilla y comprensible razón de que es la que les garantiza la movilidad a otra parte del territorio, si las cosas no les van tan bien como quisieran y piensan que un nuevo traslado puede mejorar su situación. La gran masa de inmigrantes no llega por razones culturales, llega buscando una mejora de su situación económica y social. El dinero es un valor preferente. Mientras permanecen en el margen de la sociedad de llegada les importan muy poco las teorías y pasa tiempo hasta que adquieren conciencia del valor de la escuela.

Cuando se dice que hoy se vive en la diversidad se quiere indicar una variación bien definida, un orden del mundo lingüístico que arranque del bilingüismo, como parte del conocimiento y la apreciación de los valores del contexto general. Como en el caso español, en el entorno de bilingüismo norteamericano, sobre todo en los territorios del sur y el oeste, es beneficioso saber para qué sirve cada idioma que se habla y rentable educativa y culturalmente saber aprovecharlo. Los hablantes de español en los Estados Unidos de América no son tampoco muy conscientes de la existencia de una norma hispánica, que funciona perfectamente en sus países de origen, pero que muchos de ellos no identifican como elemento cultural propio.

Es cada vez más necesario provocar la reflexión y el debate sobre tres puntos principales:

  1. Qué es la norma hispánica. Cómo se define y cómo se defiende.
  2. El bajo nivel cultural de los inmigrantes es o no es causa del desconocimiento de la norma hispánica. Exige el análisis de las diferencias entre regiones y sectores con diferentes niveles culturales.
  3. Gentes sin lengua: ni en español ni en inglés. Crisis de identidad.

Una norma lingüística es lo que del sistema, de la lengua como estructura abstracta, es común a un conjunto de hablantes o a todos ellos. La norma hispánica no es la norma española, ni la de ningún país o región concretos. Hay varios tipos de norma, por supuesto, la regional, la local, la nacional (española, mexicana, argentina, hispánica). Sus límites respectivos se definen por la adecuación a las necesidades comunicativas de los usuarios. Quien sólo habla español en casa no necesita de amplios conceptos, quien precisa hacerse entender en Bogotá o en Rosario, sí.

La emigración hispana en América ofrece enormes diferencias culturales, porque llegan gentes de gran nivel en sus profesiones hasta analfabetos o incluso hampones. Muchos mejicanos en los EUA ignoran que existe una Academia Mexicana de la Lengua y desconocen el papel coordinador y consensuado de la Asociación de Academias, no saben que el español es hoy tarea de un muy amplio conjunto de instituciones, que aceptan un diccionario, una gramática y una ortografía común y trabajan conjuntamente en su mejora.

Un problema añadido es el que plantean las personas que ya no tienen el español como lengua, porque son incapaces de desarrollos culturales en español, sin haber adquirido el inglés, en el que tampoco pueden desarrollarse culturalmente. Estas gentes sin lengua, muchas veces miembros de una generación primera de tres o segunda de tres o cuatro, depende de la revitalización de sus raíces culturales. Son los consumidores de las telenovelas, cuyo papel en la unificación del español, reiteradamente señalado por filólogos como Gregorio Salvador, no se tiene suficientemente en cuenta, quizás porque raros investigadores las ven (se puede considerar que ese sacrificio es difícilmente exigible). Baste decir que los diarios en español, como Rumbo, fundado originalmente por el grupo Recoletos en el sur de Tejas, incluyen en sus abundantes páginas de espectáculos, resúmenes, referencias, entrevistas y claves para los culebrones que se emiten en la zona. El teléfono, la televisión en español, la vieja pero viva y extensa radio y la mayor facilidad para los viajes están sin duda entre las razones que explican el diferente comportamiento del español y su mantenimiento, frente a lo que ocurre con las otras lenguas de la inmigración.

La política inversora de España en Latinoamérica, donde se ha consolidado como el principal inversor de la Unión Europea, a veces en competencia directa con los Estados Unidos, ha traído una consecuencia imprevista, la de vertebrar el continente de norte a sur, al no establecerse dependencias con oficinas centrales en Europa, sino multiplicarse los lazos entre las oficinas de las empresas en el continente americano. Así, puntos anteriormente con escaso contacto, salvo para negocios en inglés, como Buenos Aires, Lina, Bogotá, Ciudad de México, se han visto de pronto en una red norte-sur que los vinculaba además con San Pablo o Miami, es decir, con las nuevas fronteras del español.

Es sabido que se vende en la lengua del comprador y, por ello, se multiplica la presencia de la lengua hispana en todo tipo de anuncios. La publicidad forma parte del mercado moderno y, sorprendentemente, no hay una exigencia normativa que la regule. Los hablantes, que no son fácilmente tolerantes ante usos que consideran extraños, en otros campos, como puede ser la iglesia, la escuela o la política, aceptan en el lenguaje publicitario elementos que son del todo ajenos al genio de la lengua. Se recogen algunos de los señalados por Hilda Velásquez (2005) sobre un corpus de lenguaje publicitario, el más sensible a la influencia del inglés:

Categoría

Gramatical Errores gramaticales Ejemplos

Dialectos •  Estándar: Se encuentra presente como base.

•  Code switching : Esta variación dialectal esta presente en casi todos los ejemplos de lengua publicitaria.

•  Préstamos : Palabras que se toman prestadas del idioma inglés.

•  ¡Plan de pago!

•  También servimos rico cabrito y steaks a su gusto.

•  Aseguranza, extendida

Fonética •  Elisión de las oclusivas: En el ejemplo, la /g/ es fricativa por estar localizada entre dos vocales, de ahí se cambia a una /b/ homorgánica.

•  Inestabilidad de las vocales cerradas : Las vocales cerradas /i/ y /u/ tienden a abrirse en las vocales medias /o/ y /e/.

•  Ambos fenómenos están presentes en el español utilizado en el suroeste de Estados Unidos.

•  Abuja ------ Aguja

•  Desminuir-disminuir

Morfología •  Regularización: Esta presente en el morfema de género, como en la palabra “nuestros” del ejemplo, que debería usarse para referirse a “especiales”, en vez de “nuestras” que hace referencia a “comidas”. •  Disfruten de nuestras especiales de la semana.
Sintaxis •  Posición de los adjetivos : Se encuentran varios adjetivos colocados antes del sustantivo modificado, regla gramatical del inglés pero no del español.

•  Posición de los complementos oracionales: Se encuentra el complemento determinativo separado del OD en la oración, lo que provoca la confusión en cuanto al significado de la misma. En el ejemplo no se sabe si es la comida o la cerveza la que es de importación o del país.

•  Nuestro profesional personal (personal profesional) los espera para atenderlos con esmerada atención.

•  Cócteles de camarón fresco y cerveza bien helada con su comida, de importación o del país.

Semántica •  La falta de coherencia en el sentido de la oración está presente en todos los anuncios analizados, lo cual provoca la poca o nula comprensión del mensaje. Un ejemplo aquí es “accidente de automóvil le ayudamos con su aseguranza” , aquí el problema, primero, es definir si el accidente de automóvil será apoyado para no tener problemas con su seguro, además de definir el concepto de “aseguranza” , termino no utilizado en español. •  Accidente de automóvil le ayudamos con su aseguranza. / ¿tuvo un accidente de automóvil? Nosotros podemos ayudarlo con su compañía de seguro.
Ortografía •  Uso inapropiado de mayúsculas.

•  Mayúsculas no acentuadas.

•  Uso americanizado de los signos de interrogación y exclamación.

•  Falta de puntos y comas en los enunciados: No se utilizan en general en ningún anuncio.

•  Acentos: Aparecen esporádicamente en algún anuncio, lo cual provoca confusión en los lectores.

•  Trámites Migratorios.

•  Peticiones a la Aduana.

•  … y digale Adios Al Dolor.

•  Decidase ya!!! Tome medicina natural!!!.

•  Tramite, CLINICA, Raul, etc.

Otros •  Se encuentran también algunos elementos retóricos, como el uso de redundancia o repetición. •  Nuestro profesional personal los espera para atenderlos con esmerada atención.

La situación ofrece menos márgenes a posibles soluciones por un conjunto de factores que corresponden a los factores básicos del refuerzo cultural de la identidad lingüística: el bajo índice de lectura en español, especialmente de los diarios, aunque los Estados Unidos de América hagan un esfuerzo continuado por presentarse con una clara definición de plurilingüismo y multicultura, el país profundo esté todavía lejos de lo que esos conceptos significan. En todo caso, la dimensión continua o creciente de los movimientos de población hacen que los Estados Unidos se vean sometidos continuamente a una cultura que forma parte del interior, pero que también se renueva desde fuera. Identidad lingüística e identidad cultural pueden estar muy diferenciadas en el interior del país, con hablantes monolingües (o casi) de inglés que se definen como hispanos o chicanos y hablantes de español que, en realidad, no tienen ninguna lengua en la que manejar resortes culturales, por lo que acuden al inglés, en una de las bases del fenómeno, más cultural que lingüístico, desde la percepción de los anglosajones al menos, del spanglish. Hay que seguir insistiendo en la necesidad de mantener un equilibrio lingüístico y en las ventajas de las inversiones educativas para que el bilingüismo sea real, es decir, para que se manejen dos lenguas bien, no para crear una clase proletarizada sin recursos lingüísticos para superar esa postración.


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