AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 1 Octubre 2005
Del Plan Ibarretxe al Estatuto Zapatero
EDITORIAL Libertad Digital 1 Octubre 2005

¿Es fiable el PSOE para defender el orden constitucional?
Editorial ABC 1 Octubre 2005

Libertades, identidad y «estatut»
Por VALENTÍ PUIG ABC 1 Octubre 2005

El problema ¿es de Zapatero o de Maragall?
LUIS IGNACIO PARADA ABC 1 Octubre 2005

Nación catalana: todo es previsible
José Luis REQUERO La Razón 1 Octubre 2005

Del café a la fotocopia
Por MANUEL ÁNGEL MARTÍN ABC 1 Octubre 2005

El nuevo Golpe de Estado PSOE-ERC
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 1 Octubre 2005

La rebelión de Cataluña
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 1 Octubre 2005

A ver qué hacen con eso
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 1 Octubre 2005

El imprevisible es ZP
Cristina Losada Libertad Digital 1 Octubre 2005

El alambique catalán
Editorial HERALDO DE ARAGÓN  1 Octubre 2005

Un Estatuto contra España
Editorial Elsemanaldigital 1 Octubre 2005

Militares y cambio de régimen
GEES Libertad Digital 1 Octubre 2005

Zapatero, cumple en Cataluña también
Antonio Martín Beaumont elsemanaldigital  1 Octubre 2005

¿Adónde va Catalunya?
ANTONIO ELORZA El País 1 Octubre 2005

Nación de naciones, ¿dónde?
JUAN JOSÉ R. CALAZA La Voz 1 Octubre 2005

La patata caliente de Maragall
Por José Cavero El Ideal Gallego 1 Octubre 2005

Esfuerzo y melancolía (I)
Blog de Arcadi Espada, 5073 1 Octubre 2005

De  Lenguas y Patrias
CICLO HOMENAJE a Juan Ramón Lodares
Asociación por la Tolerancia 1 Octubre 2005

Del Plan Ibarretxe al Estatuto Zapatero
EDITORIAL Libertad Digital 1 Octubre 2005

Enumerar uno a uno los artículos del nuevo estatuto que entran en colisión directa con la Constitución excedería con mucho el espacio disponible para el presente Editorial. Baste con apuntar que el texto que salió ayer del Parlamento catalán puede resumirse como la antesala de la independencia de Cataluña. Es el producto final de una carrera sin freno, dirigida por Maragall, auspiciada por Zapatero y guiada espiritualmente por los radicales de Esquerra Republicana.

La Generalidad recaudará impuestos a través de una Agencia Tributaria propia y entregará después, si lo tiene a bien, una pequeña cantidad al Estado en concepto de servicios prestados. España dejará de ser un país judicialmente homogéneo con la constitución de un Poder Judicial catalán completamente autónomo y un Tribunal Superior de Justicia local como última instancia a la que recurrir, por encima incluso del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. La Generalidad dispondrá, además, de competencias sobre inmigración, referéndums, seguridad social, puertos y aeropuertos, horarios comerciales, deportes y un nuevo marco para que pueda desarrollar una diplomacia propia dentro de la Unión Europea. Otras competencias transferidas hace décadas como la educación o la cultura –centros neurálgicos de la política lingüística– pasan a ser “blindadas”, es decir, cotos privados en los que ni el Congreso de los Diputados, órgano supremo donde reside la Soberanía Nacional, puede inmiscuirse. Por último, el nuevo Estatuto, redefine la naturaleza jurídica del Principado al asegurar, ya en su primer artículo, que Cataluña es una nación. Como tal, a lo largo de todo el texto se establecen criterios de bilateralidad con el resto de España y, en algunos casos, de multilateralidad.

Esto es, por lo breve, lo que da de sí el nuevo Estatuto. Y es así como se va a presentar en Madrid. Un destilado casi perfecto de las demandas de los nacionalistas más ultramontanos. Con razón a principios de septiembre el dictamen del Consultivo detectó 19 preceptos inconstitucionales y dudó de la constitucionalidad de otros 39. El Gobierno, por ahora, se ha limitado a decir que el documento precisa algunos retoques para pasar el filtro del Congreso de los Diputados. Y he aquí donde está la trampa, porque la intención del Ejecutivo es hacer pasar el engendro como una simple reforma estatutaria, un mero trámite que se libraría con la mayoría absoluta con la que cuentan el PSOE y sus socios. El texto, sin embargo, no es una reforma estatutaria sino un torpedo en la línea de flotación de nuestra Carta Magna, por lo que lo lógico sería que en el Parlamento se tramitase como lo que es; una reforma constitucional para cuya aprobación son necesarios dos tercios de la cámara, muchos más diputados de los que la “coalición anti PP” posee en el Congreso. Si no es así, y abierto ya el melón constituyente, el Gobierno debería disolver las Cortes y convocar elecciones generales para que sean los españoles, depositarios de la soberanía, los que digan la última palabra sobre el camino que el Gobierno ha tomado.

Vaya el Gobierno por donde vaya, el hecho es que la lamentable situación actual, en la que una región se ha declarado soberana, es responsabilidad directa de su presidente. Fue Zapatero el que se volcó y alentó desde el primer momento la reforma estatutaria en Cataluña a pesar de que nadie la demandaba. Fue Zapatero el que se comprometió personalmente a aprobar en Madrid lo que saliese de Barcelona. Ha sido Zapatero, finalmente, quien ha tomado el Estatuto catalán como punto de referencia y ejemplo en su nueva política regional. Aquí tiene lo que ha sembrado a lo largo del último año. El Estatuto aprobado por el Parlamento catalán no difiere demasiado del Plan secesionista del lehendakari Ibarretxe, y en algunos casos lo supera. ¿Por qué el Plan presentado por Ibarretxe hace unos meses fue vilipendiado y devuelto a Vitoria mientras que el Estatuto de Maragall es aplaudido y tiene posibilidades de salir adelante?, ¿acaso porque el Estatuto es una hechura del mismo Zapatero? El presidente del Gobierno debe ahora hacer frente a su responsabilidad y, lo que es más importante, dar cuentas de ello ante toda la Nación, la española, la única que hoy por hoy puede llamarse así.

¿Es fiable el PSOE para defender el orden constitucional?
Editorial ABC 1 Octubre 2005

EN este ambiente de alegre federalismo que ha inaugurado el socialismo en Cataluña, es bueno recordar que no hay ningún Estatuto aprobado todavía, que todo Estatuto de autonomía es, al final, una Ley Orgánica del Parlamento nacional y que el Tribunal Constitucional es el único órgano con potestad decisiva para juzgar la constitucionalidad de las leyes. Por tanto, si el Estado mantiene sus instituciones arraigadas en el texto aprobado en 1978, que declara la unidad indivisible de la Nación española, la propuesta aprobada ayer por la Cámara catalana debe estar abocada no a meras modificaciones semánticas, sino a una transformación radical o a su puro rechazo. Aún queda el Estado, por tanto, pero siempre que el Gobierno esté dispuesto a abanderar la cancelación urgente de este proceso constituyente que Rodríguez Zapatero ha abierto. La petición del PP de tramitar la propuesta catalana como reforma constitucional (lo que hace imprescindible sus votos) o de convocar elecciones para que los ciudadanos se pronuncien sobre el cambio que pretende imponerse, es una manera gráfica de llamar la atención sobre la desconexión entre el Gobierno socialista y la sociedad española en su conjunto.

En este sentido, la pregunta acuciante es si el PSOE es fiable como partido dispuesto a defender el orden constitucional agredido por la reforma estatutaria aprobada en Cataluña. La respuesta no está en las manifestaciones de barones socialistas con mucha voz y poco voto en el Congreso. Tampoco en la escasa vieja guardia socialista que aún conserva escaño y sentido común. La respuesta está en si va a mantener o no la estrategia implantada por Zapatero de abrir un proceso neoconstituyente, alimentado por un revisionismo histórico revanchista y basado en pactos de interés con los nacionalistas, cuyo principal fundamento es la aversión común de todos ellos a la derecha. La irracionalidad está colonizando como una epidemia el discurso socialista sobre la realidad nacional de España, pero por ahora puede más el rechazo a coincidir con el PP que la responsabilidad de frenar a todas las fuerzas políticas centrífugas que pilotan la marcha del país a un escenario de disgregación política e institucional. Por eso, Carod-Rovira remachó ayer con sinceridad su alegría al decir que el nuevo Estatuto es «un paso hacia el Estado catalán». No puede decir otra cosa a la vista de lo bien que le va su proyecto de soberanismo de la mano del PSOE.

No son Maragall ni Carod-Rovira quienes tienen que dar cuenta de por qué Cataluña se define como nación -síntesis de todos los despropósitos- en una propuesta que enmascara como federal un modelo confederal, que hace más fácil la consecución de la soberanía. Es Zapatero el que debe explicar qué ha hecho para impedirlo, porque lo cierto es que lo que se ha producido es un acuerdo inconstitucional y no la retirada del texto preparado por el tripartito. El dato es incuestionable. En la legislatura de este socialismo tranquilizador, que iba a sosegar la «tensión territorial» que supuestamente provocó Aznar, dos Parlamentos autonómicos han aprobado por mayoría absoluta sendas propuestas de reforma estatutaria que son declaraciones de soberanía y de derogación constitucional. Y el PSOE no ha sido ajeno a la formación de la masa crítica que ha envalentonado a los nacionalismos. Al contrario, sus propuestas para «actualizar el Estado autonómico» se basan en el reconocimiento de tantas naciones como pueblos haya allí donde, eso sí, tenga que pactar con nacionalismos. Sin nacionalistas de por medio, el PSOE no tiene problemas con la identidad española. Pero ahí están las ofertas de López en el País Vasco para reformar el Estatuto, bajo la invocación del «proyecto nacional vasco»; o de Touriño, refiriéndose a Galicia como «comunidad nacional». Su socio, el nacionalista Quintana, apuntaló ayer mismo esta estrategia y exigió a Zapatero que Galicia juegue «dentro del Estado en la División de las naciones». Ha comenzado la puja en la subasta de naciones.

Se ha llegado a esta crisis porque el Gobierno lo ha consentido y porque ha alentado los procesos políticos de disgregación que empiezan a cuajar con formas legislativas. Aún es posible evitar que la Constitución se descoyunte. El PP está legitimado para usar los medios constitucionales a su alcance para que el Estado prevenga daños mayores. Y si -como Maragall admite- estamos ante un cambio de modelo, los diputados del PSOE están obligados, con su voto, a hacer oír en el Congreso la voz de la inmensa mayoría de los españoles que siguen confiando en la Constitución. Es el momento, en fin, de demostrar dónde reside la soberanía.

Libertades, identidad y «estatut»
Por VALENTÍ PUIG ABC 1 Octubre 2005

... El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, sabe bien que tiene entre manos un Estatuto que deliberadamente rebasa no pocas veces el larguero de la constitucionalidad...

vpuig@abc.es

AL Estatuto algo elefantino y florido que sale del parlamento autonómico de Cataluña le pueden ir bien unas sesiones de podado y liposucción en el Congreso de Diputados. Al fin y al cabo, si se nos recuerda a cada instante que no hay que sacralizar la Constitución, tampoco tiene por qué ser intocable esta proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña que pronto entrará a trámite en las Cortes y luego será sometida a referéndum. En la intención redactora de este nuevo «Estatut», el lenguaje pasa implacablemente del autonomismo al soberanismo. En paralelo se procede a la construcción virtual de un entusiasmo: ayer, después del voto afirmativo, la gran mayoría política y mediática se manifestaba como si ya existiese un nuevo Estatuto y fuese insignificante el proceso que le espera. De hecho, se divisa un proceso sustancial. El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, sabe bien que tiene entre manos un Estatuto que deliberadamente rebasa no pocas veces el larguero de la constitucionalidad. Veremos hasta qué punto le importa.

Hace años, Pasqual Maragall abogó por una mayoría de socialistas y nacionalistas moderados -quién sabe si se refería a ERC- en el Parlamento español «conduciendo una evolución constitucional y estatutaria sin pausa hacia el cumplimiento del proyecto catalán y el de todos y cada uno de los pueblos de España, empezando por el pueblo vasco: todo lo demás son quimeras en dirección contraria al sentido de la historia». Después de un siglo XX que ha significado el descrédito total de los determinismos, Maragall cree todavía en «el sentido de la historia». Es un sentido unívoco, no exactamente secesionista, porque Maragall es un regeneracionista, pero muy aficionado a los experimentos políticos. El tripartito catalán fue uno de esos experimentos, impuesto por el deber de sobrevivir. El Estatuto es otro.

Con distinto poso político y otra educación sentimental, Rodríguez Zapatero tuvo también la conveniente visión de un experimento: una holgada reforma del Estatuto catalán le iba a permitir ser quien zanjase la cuestión del País Vasco. Aseguró que aceptaría todo, tal cual, lo que le llegase de Cataluña. Había tenido una premonición de su futuro cuando se asomó al balcón de la Generalitat el día en que el tripartito concelebró su pacto de gobierno. Incluso compartir poder con ERC le resultaba una carga leve porque la misión futura iba ser mucho más provechosa. Maragall y Zapatero se situaban en el sentido de la historia, o dicho en términos indeterministas, con el viento en popa. Lo llamaron constitucionalismo evolutivo. Maragall escribía en su «Carta abierta a José Luís Rodríguez Zapatero»: «El nuevo federalismo, o como le llamamos tú y yo, la España plural, está a punto». Con estos precedentes, es comprensible que desde entonces algunos recelen de la expresión «España plural».

Contra el PP, Maragall argumentaba que al catalanismo -incluso al catalanismo de derechas- le conviene más la visión que de España tiene la izquierda. Lo que ocurre es que a estas alturas catalanismo y Cataluña no tienen por qué ser lo mismo, como se ha visto en el debate estatutario, ensimismado en parcelaciones y contraprestaciones partidistas, desatento a la realidad de una opinión pública ajena en porcentajes muy elevados a la idea de un cambio estatutario. Es más, por parte de la izquierda del tripartito, el determinismo y la dirección unívoca prevalecían en todo momento sobre el valor de la elección individual. En el caso de los apartados estatutarios dedicados a la enseñanza, es constatable que pesaban mucho más los derechos de la nación catalana que el derecho de los padres a elegir libremente qué educación quieren para sus hijos. A última hora eso se solventó de forma ambiguamente salomónica, pero es significativo que el catalanismo «laico» de Maragall -eso sí, aliado al secesionismo republicano y al eco-comunismo- diera por sentado algo que le hubiese echado en cara al nacionalismo esencialista: más identidad, menos libertad. El catalanismo, que según algunos historiadores fue históricamente un factor para la modernización de España, hoy pretende modelarse según una norma estatutaria de carácter marcadamente intervencionista. En el momento en que la Unión Europea no sabe cómo desregularse, el nuevo Estatuto sería un elemento de inflexibilización reguladora. Al final, parecen contar más los derechos de la nación germinal que los derechos del individuo.

Ayer, en un discurso notablemente confuso, el presidente de la Generalitat reiteró su tesis de que al hacerse real la España plural Cataluña ya no será un mero espectador, y jugará fuerte la carta de España: no de otra manera llegará la pacificación del País Vasco. Si esas eran las intenciones, tengamos en cuenta que el infierno está empedrado de buenas intenciones, como la mala literatura. Puede recordarse que, para torpedear a un PP que iba a ganar las elecciones generales, Maragall pidió un Estatuto que ahora va a sacarle los colores a un Rodríguez Zapatero que, con el apoyo parlamentario de ERC e IU, llegó al poder después del 11-M. También pone en situación de incomodidad todo un sistema de convivencia avalado por lo que significaron la transición democrática y la Carta Magna de 1978. La dislocación se sustancia ya en el artículo primero de la propuesta estatutaria: define Cataluña como «nación». Gaziel dijo de la historiografía nacionalista de Cataluña que más que una historia estricta es la historia del «Sueño de Cataluña», el sueño que inevitablemente se invoca en el calenturiento preámbulo del nuevo Estatuto, si nadie lo remedia. Es curioso que, cuando más intrincada era la negociación entre el tripartito y CiU, lo que más preocupaba a Pasqual Maragall era la entidad literaria del preámbulo. De eso sabe algo Giscard.

Previamente al desatasco de la negociación respecto a enseñanza y financiación, CiU y Maragall se aproximaron al cuajar un pacto que ayer parecía escondido en un cajón secreto del secreter familiar: Maragall se compromete a no convocar elecciones anticipadas tras la aprobación el Estatuto en las Cortes o hasta que los partidos catalanes votantes del cambio estatutario pacten, si acaso, la retirada de tal Estatuto. Ese «quid pro quo» electoral ha sido poco aireado, pese a que encarna la gran carga de desconfianza que existe bajo las palmeras del oasis político catalán. Puestos a buen resguardo los intereses partidistas, sometidos transitoriamente los instintos electorales, el Estatuto avanzó entre enmiendas, fundando naciones y matizando libertades. Fue un momento histórico, sí, pero porque también el ilusionismo tiene historia.

El problema ¿es de Zapatero o de Maragall?
Por LUIS IGNACIO PARADA ABC 1 Octubre 2005

«Y comparto más cosas con Pasqual Maragall. Pasqual, como las comparto voy a adquirir algún compromiso hoy aquí en Sant Jordi. Pascual: apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña». Eso fue lo que dijo el secretario general del PSOE en el mitin central de la campaña de las elecciones autonómicas de Cataluña el 13 de noviembre de 2003. Y ahí empezó todo. Porque, interrumpido por los aplausos de una multitud enardecida no hizo suficiente hincapié en las condiciones. Pero sí las precisó, siendo ya presidente del Gobierno, en el Pleno del debate sobre el Estado de la Nación, el 12 de mayo de 2005. En respuesta al discurso de Durán Lleida dijo: «Apoyaré una reforma del Estatuto de Cataluña, con dos condiciones que son obvias, que van en la propia naturaleza de las cosas: respeto a la Constitución y amplio consenso, entre otras cosas porque el Parlamento de Cataluña tiene que aprobar la reforma del Estatuto por dos tercios, lo que es un amplio consenso».

No es lo mismo un apoyo genérico del secretario general de un partido a uno de sus dirigentes, hecho en una campaña electoral, que es lo que hizo Zapatero en noviembre de 2003, que un compromiso asumido por un presidente del Gobierno en un acto tan solemne como el debate anual sobre el estado de la Nación en el Congreso de los Diputados, que es lo que hizo en marzo de 2005. Si usted escucha el documento sonoro de ambas intervenciones estará en condiciones de evitar los errores a los que puede conducirle alguna interesada manipulación. Es verdad que Zapatero tiene un problema «de familia». Pero no es el cumplimiento de su palabra de secretario general de un partido en un acto electoral. Tampoco el de asumir como presidente del Gobierno un compromiso parlamentario sujeto a dos condiciones de las que sólo se ha cumplido una: la de la mayoría en el Parlamento catalán, pero no la otra, la del respeto a la Constitución. Así que el que tiene el problema es Maragall.

Nación catalana: todo es previsible
Que España sea plural no debe llevar a la tontuna de España como «nación de naciones», a una especie de ONU u organización de las naciones (ibéricas) unidas
José Luis REQUERO Magistrado y vocal del CGPJ La Razón 1 Octubre 2005

Sólo la frivolidad pudo hacer que todo un presidente del Gobierno el 17 de noviembre de 2004 y en el Senado dijese aquello de que nación o nacionalidad son conceptos discutidos y discutibles; sólo la irresponsabilidad explica que se tolere en Cataluña la redacción de un texto, asimilable al plan Ibarreche, que no es un proyecto de estatuto sino de constitución de un nuevo Estado y que ya de por sí supone el ejercicio de autodeterminación. Y sólo la insensatez puede llevar a contemplar esto –desde la más alta responsabilidad del Estado– afirmando: «la democracia es imprevisible»; lo será, pero no los independentistas.

Ya han dicho los independentistas por activa, pasiva y por perifrástica que tras su reivindicación del nombre «nación» para Cataluña o País Vasco, lo que vendrá será la constatación de que cuentan con una organización política que da forma jurídica a esa nación y eso es lo que en los manuales de Derecho se llama Estado. También está en esos manuales que soberanía y nación vienen a ser lo mismo, que nación implica un sujeto jurídico y político –el pueblo–, de quien emanan los poderes del Estado, de ahí que la soberanía radique originariamente en el pueblo español y esa soberanía que le corresponde lo es de manera exclusiva e indivisible, por eso no puede una parte del pueblo español –el catalán o el vasco– proclamar su propia soberanía frente al resto. Me corrijo, no lo hace una porción del pueblo español, sino unos políticos que en su ambición fraccionan la soberanía y el poder constituyente.

Las comunidades –creaciones de la Constitución– carecen de poder constituyente, no hay un poder de tal naturaleza de base regional, de ahí que sea el Estado quien les da poder jurídico. Cuando se arbitró el término «nacionalidades» como diferente de «regiones» se buscó, de manera bastante ridícula, dicho sea de paso, un término parecido al de nación, que no significase lo mismo y diferenciase a ciertos territorios de las regiones puras y duras. Había riesgo de un corrimiento de conceptos y que «nacionalidades» llevase a «naciones», pero ¿quién iba a sospechar que fuese el propio presidente del Gobierno quien los confundiese? Así se ha dado cobertura al despropósito estatutario de que ya no haya una nación titular de un poder constituyente originario, de quien emana la construcción jurídica y la legitimación del Estado, sino que haya naciones o pueblos soberanos dentro de España que ejercen un poder constituyente propio.

Que España sea plural desde el punto de vista cultural, lingüístico o sociológico, no debe llevar a confundir esa variedad con la existencia de pueblos distintos, luego de naciones distintas con su propia soberanía, ni a la tontuna de España como «nación de naciones», a una especie de ONU u organización de las naciones (ibéricas) unidas. Hay una realidad cultural e histórica común, que lleva la idea de España como «empresa común» dentro de la variedad, lo que explica que sea el propio Estado el que respete esas diferencias dándoles forma jurídica para gestionar sus intereses.

Como decía antes, sólo la frivolidad explica que el presidente del Gobierno dijese que nación o nacionalidad son conceptos discutidos y discu- tibles. Nación desde luego no lo es, sí el de nacionalidades, pero al final resulta que todo da lo mismo: una parte de España se erige por sí en nación y quien debe velar para que eso no sea así, sólo llega a excusarse diciendo que estamos ante conceptos discutidos y discutibles. Y, además, sentenció en esa comparecencia senatorial aconsejando que «conviene abandonar el fundamentalismo».

Como se ve las palabras no son inocentes. Llamar matrimonio a lo que no es, trae sus consecuencias; llamar nación a lo que no es, trae sus consecuencias, decir que el concepto de nación carece de contenido o que es discutible, a gusto del momento político, trae sus consecuencias: por lo pronto lleva al régimen constitucional, al Estado, a una crisis sin parangón. Esta crisis de momento está en los periódicos, en las declaraciones irresponsables de algunos y el pueblo, por ahora, contempla todo entre escandalizado, ausente, adormecido o en estado lanar. Pero las palabras transforman las vidas. Al tiempo.

Del café a la fotocopia
Por MANUEL ÁNGEL MARTÍN ABC 1 Octubre 2005

SI en los setenta la fórmula de concordia fue el «café para todos», todo indica que ahora la máquina que trabajará a destajo para llevarnos hacia la semejanza dentro de la asimetría será la fotocopiadora. Los valencianos se adelantaron, aunque con cláusula Camps de igualación de niveles competenciales, pero el resto está a la espera de que nazca el Estatuto catalán para hacerle una fotocopia. Ni la idea ni la metáfora son mías. Andalucía es una comunidad más que histórica, sabia, de vuelta de muchas cosas y bien controlada por sus gobernantes socialistas, lo que no impide, sino que más bien provoca, el nacimiento de opiniones y foros que alertan sobre el peligro de que el gobierno andaluz no sea suficientemente reivindicativo y Andalucía se vea postergada en la carrera por no quedarse la última en esta nueva «transición», Guerra dixit. Es un sentimiento lógico que fructifica por doquier, fertilizado por el deseo de emulación y su carácter contagioso.

La plataforma cívica «Andaluces Levantaos» está liderada por cuatro personas y personajes de sobresaliente experiencia profesional y política: dos ex ministros -Clavero y Pimentel-, un ex presidente de la Junta -Escuredo- y un andalucista ex alcalde de Sevilla -Rojas-Marcos-. La plataforma ha querido actuar durante su año de vida como conciencia pública en defensa de los intereses andaluces, y, como es lógico, el presidente Chaves no les ha hecho ni caso porque considera que él se basta y se sobra para tal propósito. Al hilo del sprint final de aprobación catalana del Estatuto, los «plataformistas» han advertido de la negatividad de todos los principios sobre financiación autonómica que figuran en el mismo, aunque, de forma algo contradictoria, declaran su pretensión de que el estatuto andaluz sea fotocopia del catalán, por lo menos en lo que a financiación se refiere. Se les ha dicho que esto es inasumible porque lo de los catalanes está trufado de inconstitucionalidades, pero nadie duda de que al final se intentará reformar la Constitución, o los criterios, o se hará la vista gorda, pero algo habrá que pueda ser copiado.

Adónde nos ha llevado el café ya lo sabemos, pero sólo intuimos, con alarma, adónde nos van a precipitar las múltiples fotocopias previsibles. Quién va a renunciar a ser nación pudiendo serlo, quién va a preferir la multilateralidad a la bilateralidad, quién va a renunciar a los blindajes y a las competencias ampliadas y exclusivas. Cómo puede sobrevivir un Estado moderno y soberano ante tanto despojo ya es harina de otro costal. Pero no menos difícil va a ser cuadrar los números de la financiación si todos quieren más y nadie acepta menos. Un imposible. El café para todos es caro y quita el sueño, pero las imitaciones emuladoras conducen al absurdo. Salvo que convirtamos en dinero legal las fotocopias de billetes de euros.

1934-2005: Sesenta y un años después
El nuevo Golpe de Estado PSOE-ERC
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 1 Octubre 2005

Que la Historia es maestra de la vida era frase corriente cuando los bachilleres sabían lo que era una frase u oración. Dada la decadencia del magisterio y la bancarrota de la enseñanza, no es de extrañar que la historia no haya servido para aprender nada del golpe de Estado contra la legalidad republicana perpetrado en Octubre de 1934 por el PSOE y ERC. Al revés, los que han aprendido son los golpistas, que esta vez lo han hecho muchísimo mejor, y para España, obviamente, muchísimo peor, letalmente peor.

La diferencia esencial es que aquel golpe se hizo desde el poder autonómico contra el poder central, en manos de las derechas vencedoras de las elecciones. Era un golpe contra la democracia y contra el poder legítimo, contra la nación española y contra la legalidad republicana. Ahora es un golpe contra la nación española y contra la legalidad constitucional, perpetrado también desde el poder autonómico en manos de ERC y los socialistas pero, sobre todo, desde el poder central, desde el Gobierno de España presidido por el socialista Rodríguez Zapatero. Estamos, pues, ante un golpe de Estado perpetrado desde el Gobierno de Madrid y desde el Gobierno y el Parlamento catalanes contra el Estado y contra la Nación española, fuente de su legitimidad, pero perpetrado desde el Poder y no desde la oposición. Es la liquidación de la legalidad constitucional y de la soberanía nacional, pero a manos de quienes juraron y tienen la obligación legal y moral de defenderlas. Es la liquidación de un régimen desde el régimen mismo. Es justo lo contrario de lo que supuso la Transición a la democracia: entonces, se pasó "de la Ley a la Ley" para cambiar el régimen dictatorial nacido de la guerra civil (que empezó justamente con el golpe en toda España de PSOE y de ERC en Cataluña en 1934) a otro régimen democrático y constitucional por vía de reforma, aceptada por las Cortes de Franco que se disolvieron voluntariamente en 1976.

Esta vez nada se disuelve a favor de la libertad. Esta vez es son la libertad y la soberanía de los ciudadanos españoles los que quedan formalmente disueltos y realmente en entredicho por un golpe de mano de socialistas y separatistas catalanes. No ha empezado la Segunda Transición. Simplemente, los partidarios de la ruptura en 1976 han disuelto la Primera. Ha empezado una deriva irresistible hacia la balcanización de España, hacia su disolución en un caos de repúblicas insolidarias, de egoísmos miserables, de aldeanismos mafiosos, de falsificaciones históricas y crímenes morales. Ha comenzado formalmente la liquidación de una de las grandes naciones de la historia de la Humanidad, la antiquísima nación española, la nuestra.

Este Golpe de Estado, aunque rematado en el Parlamento de Cataluña, se ha hecho desde el Gobierno de Madrid y es la primera parte de una rendición ante el terrorismo separatista vasco por parte de este mismo Gobierno socialista, aunque el guión del golpe sea del Imperio de Polanco, "intelectual colectivo", por usar la expresión del comunista Gramsci, de este proyecto totalitario. Este Golpe de Estado no nace de un motín popular en Cataluña, sino a espaldas de los ciudadanos que allí viven, o sobreviven con harta comodidad gracias al mercado cautivo del resto de España, pero que, como en la Dictadura de Franco, han renunciado a toda libertad política más allá de sus negocios particulares. Y a diferencia de 1976, tienen menos medios y menos ganas de expresar su oposición al despotismo, la corrupción y el separatismo de sus dirigentes.

Este Golpe de Estado, como el de Primo en 1923 que liquidó el régimen de la monarquía constitucional ideado por Cánovas, nace también en Barcelona y a la sombra de las grandes empresas y fortunas catalanas, que fueron a despedir al general golpista a la Estación camino de Madrid y que, en esta ocasión han pedido públicamente la aprobación de este Estatuto anticonstitucional y antinacional del que pueden sentirse orgullosos. Este Golpe de Estado cuenta también, como el de entonces, con el respaldo del Rey, al que los socialistas echaron luego la culpa de la implantación de un régimen dictatorial del que ellos mismos se apresuraron a formar parte. Largo Caballero y Prieto, que colaboraron con la dictadura de Primo de Rivera, el primero nada menos que como Secretario de Estado de Trabajo, fueron los mismos que condenaron al exilio y luego a la ignominia a Alfonso XIII y los mismos que en 1934 perpetraron junto a ERC el Golpe de Estado que, de hecho, dio origen a la guerra civil. La Historia tampoco enseña nada a las dinastías.

En fin, a este nuevo Golpe de Estado del PSOE y ERC, que no es el primero pero sí parece el definitivo, sólo le falta un requisito para perfilar su definición y rematar inequívocamente su condición golpista: negarse a consultar esta reforma que, en rigor, supone la liquidación de la Constitución Española de 1978. Así lo ha planteado con toda claridad el Partido Popular, representante de diez millones de españoles, al exigir que Zapatero, impulsor máximo aunque no único de este Golpe de Estado disfrazado de reforma estatutaria, disuelva las Cortes y convoque elecciones generales o, como mínimo, convoque el referéndum a que la propia Constitución obliga si se quiere legalmente reformarla. Pero todo Golpe de Estado se caracteriza por su desprecio a la legalidad y su imposición de una nueva realidad por la fuerza o tergiversando la Ley. Este Golpe de Estado, insistimos, no es el primero perpetrado por el PSOE y ERC. No es tampoco el primero amparado por un Rey de España. Pero puede ser el último y definitivo. Depende de esa nación a traición disuelta. O, al menos, de esa media nación que, como en 1934, 1936 y 1976, no se resigna a morir. Parodiando a un filósofo equivocado y a un científico perseguido, hoy podríamos decir:

Delenda est Hispania!
Eppur si muove!

La rebelión de Cataluña
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 1 Octubre 2005

ÚNICAMENTE los quince diputados catalanes del PP votaron ayer en contra del nuevo Estatut d´Autonomía que, con la unanimidad de CiU, PSC, ERC y EUiA, alumbró el Parlament. Es decir, que el 90 por ciento de los representantes del pueblo de Cataluña entienden que su «nación» tiene derecho a «determinar libremente su futuro como pueblo» y, de paso, a (tratar de) modificar, desde una de las 17 partes que lo integran, la naturaleza del todo que define la Constitución del 78. Algo más grave y trascendente de lo que reconocen José Luis Rodríguez Zapatero y algunos -no todos- de sus ministros y ministras.

Podría decirse, sin ninguna intención tremendista y salvando las distancias, que lo ocurrido ayer en el Parlament es una versión, más pacífica y leguleya, de la independencia proclamada por Lluís Companys el 6 de octubre del 34; pero no será por esos derroteros, tan poco políticamente correctos, por donde circule la valoración del Go-bierno actual, tan sonriente como contradictorio y tan débil como encantado de haberse conocido. Quizás convenga recordarles que, ya en plena Guerra Civil, en 1937, Manuel Azaña le decía a Carlos Pi i Suñer, ante el temor de tener que abordar otra violencia provocada por la Generalitat, que «lo más discreto sería hacer responsables a los hombres y respetar la institución, al revés de lo que se hizo en el 34; pero es preciso reconocer que si llegase el caso, después de cuanto ha ocurrido en Barcelona, la institución sería difícilmente salvable». ¿Lo es ahora y en las circunstancias actuales?

La semana próxima, el nuevo texto estatutario perpetrado en el Parlament tendrá entrada en el Congreso de los Diputados y arrancará así un grave problema para la Nación -de momento, España-, un conflicto que afecta a la estruc-tura del Estado y una situación insostenible para un Gobierno, que lo es por el apoyo del tripartito catalán y que muy irresponsablemente se ha comprometido, en la persona de su presidente, Zapatero, a reforzar en la Cámara lo que con abundante mayoría se aprueba en Cataluña. A más a más, como allí dicen, el PSOE entrará en una difícil espiral porque no le será de fácil asunción la ruptura fáctica con su, hasta ahora, fraternal PSC y el debate interno que generará el Estatut entre las distintas familias, no todas mansas y sonsas, del socialismo en el poder.

Todo ello sin considerar los contagiosos efectos que en muchas -¿todas?- de las 16 restantes autonomías producirá, siempre en la doctrina de «café para todos», el texto incuestionablemente rupturista que ha parido Cataluña. A la vista de la alarmante marcha de los acontecimientos, puede anticiparse que el muy valorado talante de Zapatero hay que empezar a entenderlo, con más precisión, como ausencia de talento.

Estatuto catalán
A ver qué hacen con eso
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 1 Octubre 2005

De la Vega quiere que se retoque en Cortes el engendro salido del Parque de la Ciudadela para que quede una cosa mona, constitucional “de la A a la Z”. De la A de Aberración a la Z de Zapatero. 218 artículos frente a los 18 del estatuto catalán de la Segunda República, un pavoroso intervencionismo, una Administración en pie de igualdad con el Estado español, una autonomía partidaria consagrada a la ingeniería social y dotada de un poder judicial a la medida. Agresiva, militante e intrusiva en la esfera privada.

Empieza por afirmar una nación en la que no creemos la mayoría de catalanes. Atónitos ante tal brecha entre el poder político y la sociedad, entre Matrix y el mundo real, no habíamos comprendido el truco: no habría tal brecha porque en el fondo el establishment no considera catalán a quien no cree en la nación catalana. O lo considera un catalán sobre el que hay que trabajar, un catalán a integrar, a cambiar, a programar, un catalán potencial, un catalán de segunda.

Esa decisión de ponerle de una vez el tejado a la construcción nacional de Pujol es la que les permite no ruborizarse cuando pagan anuncios en prensa donde unas entidades demandan vivamente el estatut. Dado el sólido precepto de qui paga, mana (el que paga, manda), la campaña equivale a una petición que Maragall se hace a sí mismo a través de los diarios. Qué monólogos tan aparatosos mantiene este hombre.

Se supone que un Estatuto de Autonomía es un marco legal para que cualquier gobierno, independientemente de su color, pueda aplicar sus políticas. Ergo esto no es un Estatuto. Es un parto de los montes con trampa, porque el ratón alumbrado porta la peste. El PPC ha calculado que, tras diecinueve meses de trabajo, la ponencia ha acabado redactando un texto que responde en un 90 % a las posiciones de ERC, representante del 16 % del electorado catalán. Y del 2’5 % del español, dato interesante teniendo en cuanta que el ratón que han parido Montjuic y el Tibidabo implica una reforma constitucional tan severa que altera todo el sistema político instaurado a finales de los setenta, el que ha permitido una prosperidad y una estabilidad entonces inimaginables.

Esperemos que en las Cortes se imponga la racionalidad, pero devolver esta pieza a sus cauces constitucionales “de la A a la Z”, como quiere la vicepresidenta, va a ser más difícil que convertir al Santiago Segura de Torrente en la Sharon Stone de Instinto Básico. Mucho retoque es ese, venerable señora.

Bien. Inténtenlo, porque esa creativa pieza niega la nación española, liquida el principio de solidaridad y rompe la unidad del poder judicial. Si no, provocarán un precipitado fin de régimen, una crisis política de consecuencias imprevisibles y la deslegitimación de las más altas instancias del país. Ahora entiendo por qué Felipe González jamás quiso al PSC al frente de la Generalitat.

Estatuto catalán
El imprevisible es ZP
Cristina Losada Libertad Digital 1 Octubre 2005

En vísperas de que un parlamento regional se arrogara poderes que no tiene para demoler el edificio constitucional, el presidente del gobierno español sólo tenía una cosa que decir y era ésta: “La democracia es imprevisible”. La democracia versión ZP es como la lotería. Uno no sabe nunca qué número va a salir. Pero hasta la lotería tiene más reglas que la democracia zetapédica. En el bombo no se meten más números que los que han salido a la venta. En la de nuestro hombre, en cambio, cabe de todo. Para ZP la democracia consiste sólo en la ley de las mayorías. Pero no en la ley.

Que el que tenga la mayoría pueda hacer lo que le dé la gana, es la democracia de las repúblicas bananeras, de los Chávez y de cuantos dictadores hay y hubo que hacen que el pueblo vaya a las urnas de vez en cuando para sacar refrendos a la búlgara. Hasta Hitler consintió la democracia mientras le interesó. Pero las democracias de verdad son otra cosa. No son chiringuitos que monten y desmonten sus leyes básicas, su equilibrio de poderes, sus normas de convivencia, según le pete al inquilino, como si fueran las sillas y mesas de una terraza.

Voten laborista o conservador, voten democristiano o socialdemócrata, voten derecha o izquierda; los ingleses, los alemanes y los franceses, saben a qué atenerse. Saben que se respetarán las reglas del juego. Que cualquier modificación de las vigas maestras del edificio está prevista, y por tanto es previsible. En España no tenemos esa seguridad. Aquí, con ZP a los mandos, todo está en el aire. Hasta los cimientos.

Una parte del estado, el Parlamento catalán, ha decido asumir igual rango que el estado, y ZP calla. Se desafía la ley, se abre la subasta de soberanía, y el presidente no despega la boca. Por Quintana sabemos que se mostró receptivo a darle también un cacho. ¿Cómo va a defender ZP la soberanía española de Ceuta y Melilla si no la defiende en el resto de España? A esta situación de incertidumbre e inseguridad, la vicepresidenta la denomina “normalidad democrática”.

Maragall nos ha dado, finalmente, la clave del embrollo. Esta aventura nace de una necesidad profunda: no morirse de aburrimiento. Y es que para matar el tedio de las democracias maduras no hay como ponerles cargas explosivas. El tren, Quintana dixit, está en marcha. Dicen que la estación término es el “estado federal”. Pero no hay un solo estado federal en el que no prime la fuerza centrípeta sobre la centrífuga.

El alambique catalán
Editorial HERALDO DE ARAGÓN  1 Octubre 2005

TRAS LA aprobación del proyecto de Estatuto, la euforia de los líderes catalanistas -los socialistas Maragall y el ministro Montilla, los independentistas de Carod-Rovira, los nacionalistas de CDC, Pujol y Mas, y de la izquierdista IU-EV de Ribó- contrastaba ayer con la honda y fundada preocupación que el texto ha suscitado en el propio PSOE -incluidos sectores del PSC-, en el PP y, en general, en gran parte de la opinión pública. La huida hacia adelante emprendida por Pasqual Maragall, espoleado por sus socios independentistas de ERC y por los líderes de CiU -empeñados como oposición en la irresponsable tarea de ser más nacionalistas que nadie-, ha derivado en una situación de consecuencias preocupantes e imprevisibles. Enmarcados en un preámbulo en el que se proclama que Cataluña "determinará" libremente su futuro, los artículos del Estatuto propuesto son, en varios puntos, un desafío indisimulable a los preceptos de la Constitución.

Tras meses de enrevesadas negociaciones, durante las que pareció que el Estatuto podía frustrarse, la alianza entre CiU y el PSC, auspiciada por La Moncloa, ha cuajado en una proposición de ley orgánica que causa el rechazo explícito de, al menos, tres ministros del Gabinete. El presidente Zapatero se ha puesto en situación harto comprometida, pues prometió respaldar el texto que aprobara el Parlamento catalán. Consenso no ha faltado, pues sólo ha votado en contra el PP de un atribulado Josep Piqué, partícipe en todos los trabajos con lealtad institucional y amplitud de miras, pero que votó en contra, por el cariz final del articulado. Menos acertada parece la pretensión de la directiva del PP de que el texto se tramite en el Congreso de los Diputados como reforma constitucional, de modo que el partido dispusiese de minoría de bloqueo: ocurre que no se trata de una reforma constitucional -legalmente inadmisible por esta vía- y que debe ser el PSOE quien, primero, se decida a enmendar el texto en cualquier punto inconstitucional y, si no lo consigue, a votar en contra. Tras el fiasco del plan Ibarretxe, quizá Zapatero supuso que el Estatuto catalán eludiría la confrontación, abriendo otro camino. Pero, a pesar del rebuscado destilado semántico del alambique catalán, fue una previsión -otra más- del presidente que, evidentemente, no se ha cumplido.

Un Estatuto contra España
Editorial Elsemanaldigital 1 Octubre 2005

El pasado martes el ex presidente Aznar avisó del "cambio de régimen, sin mandato y sin consentimiento de nadie" que supone la reforma del Estatuto aprobada ayer viernes.

1 de octubre de 2005. Pero la cuestión es peor. Un análisis del articulado del nuevo Estatuto catalán evidencia que estamos ante algo más que un intento de cambio de régimen. Este es un desafío en toda regla al orden constitucional vigente en España desde 1978. La presentación de este Estatuto ante las Cortes Generales, después del fallido Plan Ibarretxe, constituye el segundo ataque directo a la nación española, única que tiene cabida en la Constitución.

El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero es el principal responsable del caos institucional que se avecina. ¿Cuál será su postura? Visto lo visto hasta la fecha, no hay demasiadas razones para el optimismo.

Cataluña no es una nación. El País Vasco no es una nación. Cataluña no es por sí misma Estado. Ninguna de las comunidades autónomas que conforman la nación española tiene autoridad ni legitimidad de origen alguna para autodenominarse nación ni equívocamente Estado. Ninguna de las comunidades de la nación española puede alterar a su voluntad la Ley Fundamental que a todas rige. Ninguna autonomía tiene facultades para plantear órdagos constitucionales elevando ilegal, unilateral y arbitrariamente sus atribuciones en perjuicio del resto de España. La parte no puede suplantar al todo.

Catalanes, vascos, quizá pronto los gallegos, podrán aprobar en sus respectivos parlamentos autónomos lo que quieran. Da igual. La nación española es una realidad legal tozuda que sólo podrá cambiarse si todos los españoles así lo decidieran en referéndum constitucional convocado al efecto. Y es que, por si algún despistado no se ha enterado, en la democracia española, al menos por ahora, la soberanía nacional reside en el pueblo español y está representada en las Cortes Generales.

Y es aquí donde radica el gravísimo problema de esta cuestión. Rodríguez Zapatero debe dejar de tratar de contentar a todos, leer el Estatuto catalán y demostrar entonces a la sociedad española cuál es su famoso talante. No tiene más que leer las conclusiones del Consejo Consultivo de la propia Generalitat.

El Estatuto de Cataluña es una reforma constitucional encubierta que debiera ser aprobado por una mayoría cualificada de la Cámara. Cumplir su palabra y respaldar en el Congreso en una votación por mayoría absoluta el Estatuto aprobado por el Parlamento catalán o defender la Constitución española y con ello la unidad de España son las dos alternativas posibles y antitéticas.

Éste es su momento de enmendar el desbarajuste que él mismo ha creado. Ya no Rajoy o el PP, sino sus propios compañeros socialistas encabezados por Alfonso Guerra, Manuel Chaves, Juan Carlos Rodríguez Ibarra o José Bono han dejado meridianamente claro la postura mayoritaria (o sea, opuesta a este Estatuto) en el PSOE. ¿Se atreverán los diputados socialistas, que representan a millones de españoles, a votar en conciencia?

A Zapatero le ha llegado la hora de la verdad. Quizá debiera mirar a su derecha y pactar con el PP la única salida posible a tan enmadejado embrollo.

Fuerzas Armadas
Militares y cambio de régimen
GEES Libertad Digital 1 Octubre 2005

Rodríguez Zapatero volvió reunirse con la Junta de Jefes de Estado Mayor, la cúpula militar española, en esta semana. La excusa para la reunión fue la modernización de los ejércitos, pero el trasfondo político de la misma pudo ser otro muy distinto. Las Fuerzas Armadas españolas han acatado con plenitud el ordenamiento constitucional vigente y han renunciado por tanto a cualquier tipo de posicionamiento político. Pero más allá de su papel institucional, los militares como ciudadanos están particularmente inquietos por el rumbo que está tomando el conjunto del país en los últimos meses. La reunión con el Presidente quizá buscase trasmitir un mensaje de tranquilidad.

Hay que entender en primer lugar que el colectivo militar ha sido uno de los más castigados por el azote del terrorismo. Por eso no es de extraño que en la familia militar pueda causar especial preocupación la voluntad del Gobierno de dialogar con los terroristas, y más aún la posibilidad de que el Gobierno termine por conceder algún tipo de ventaja política a los asesinos.

Por otro lado, pocos colectivos tienen un sentimiento más arraigado del patriotismo que los militares. Por eso tampoco es de extrañar que entre los miembros de los ejércitos cause extrañeza y perplejidad un presidente que afirma que el concepto de Nación es discutible y discutido. Más allá de las palabras la aprobación del nuevo Estatuto catalán, que abre las puertas a una semi independencia de esta Comunidad Autónoma, puede disparar la alarma de muchos militares que consideran cada vez en mayor riesgo la unidad de España.

Finalmente, hay muchos militares a los exaspera el pacifismo radical de nuestro Presidente, el empeño de Rodríguez Zapatero de convertir a los ejércitos españoles en una especie de ONG uniformada cuya única misión sea la ayuda humanitaria allí donde se necesite o, como mucho, realizar tareas de orden público para las que no están adiestratadas, ni aforadas, ni equipadas, como ocurre ahora en la frontera de Ceuta y Melilla.

Todos estos temas pudieron estar encima de la mesa en la reunión de Zaragoza. No obstante, no es seguro que nuestros máximos mandos militares se atrevieran a importunar al Presidente con inquietudes que están a flor de piel entre sus subordinados. A lo mejor fue Bono quién, amparándose en la presencia de los Generales, le planteó a Zapatero algunas de estas cuestiones.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

E-mail del director
Zapatero, cumple en Cataluña también
Antonio Martín Beaumont elsemanaldigital  1 Octubre 2005

Algunos hemos sido injustos en demasiadas ocasiones con José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente del Gobierno cumple lo que promete: prometió sacarnos de la posición internacional que ocupábamos en la etapa Aznar, prometió cambiar el concepto de familia, prometió una nueva política frente al terrorismo, prometió liquidar el Plan Hidrológico Nacional, y en todo esto ha cumplido. ¿O no? No diré que esté de acuerdo con todo esto, ni que crea sea bueno, pero Zapatero cumple.

Y naturalmente Zapatero cumple en Cataluña. Prometió junto a su líder catalán Pasqual Maragall un nuevo Estatuto, y ambos han cumplido. Eso sí, es un Estatuto que divide y no une y que además de ser ilegal y anticonstitucional en la letra -lo dice el propio Consejo Consultivo de Cataluña- lo es en su espíritu además de partir de una premisa falsa: que ser catalán es algo diferente a ser español. Pero es otra promesa cumplida.

El pleno del Parlamento ha aprobado, con los votos del PSC, CiU, ERC e ICV-EUiA, la reforma del Estatuto de Cataluña, que queda de esta forma listo para su tramitación en el Congreso de los Diputados. Sólo el PP de Cataluña del "titubeante" Josep Piqué votó en contra de la desigualdad ante la Ley, del privilegio económico que supone, de las fronteras interiores que crea o de la imposición de un idioma, el catalán, frente a otro, el castellano. Porque, no se debería olvidar, la promesa cumplida esta vez por Zapatero supone todo eso.

El Estatuto de Zapatero y Maragall, tanto monta, monta tanto, es un Estatut a las puertas de la independencia de contenido similar en todo, salvo en matices lingüísticos, al tan atacado Plan Ibarretxe. Y ahora llegará al Congreso la próxima semana para que lo reciba con alfombra roja Manuel Marín. Como antes llegó el del nacionalismo vasco que fue rechazado con cajas destempladas.

¿Qué va a pasar con el Estatu de Maragall? En buena lógica, ya que es como el Plan Ibarretxe debería ser rechazado sin contemplaciones. Pero en este caso la promesa va contra la lógica democrática: porque Zapatero, cuando aún era líder de la oposición, prometió que el PSOE apoyaría en Madrid lo que saliese del Parlamento de Cataluña. Aquí ya no basta el talante: porque si Zapatero cumple su promesa y el PSOE le sigue (dos cosas que no tienen por qué darse) estaremos ante una crisis de trascendencia no previsible. De toda la nación, por cierto.

LA REFORMA DEL ESTATUTO CATALÁN
¿Adónde va Catalunya?
ANTONIO ELORZA El País 1 Octubre 2005
 
El escenario lógico para la reforma del Estatuto consistía en una ampliación de competencias y en un reforzamiento de la personalidad política de Cataluña, en el marco de una estrecha colaboración -implícita, por supuesto- entre la fuerza supuestamente hegemónica del Parlamento catalán, el PSC, titular de la iniciativa, y el Gobierno de Madrid. Para algo ambos corresponden al mismo partido y además se da una excelente relación entre los respectivos líderes, Maragall y Zapatero. La orientación federalista del documento aprobado por el PSOE en Santillana abría las puertas para un cambio en que las inevitables presiones de Esquerra pudieran ser encauzadas. El cheque en blanco otorgado anticipadamente de forma suicida por ZP a cuanto se aprobara en Barcelona responde a esas expectativas optimistas, que los hechos se encargaron de desmentir.

En la práctica, Maragall ha encabezado la conjunción de fuerzas responsable del texto del 30 de septiembre, al margen de cuanto se opinara en La Moncloa, y con una constante puja al alza impulsada por los dos hermanos enemigos del nacionalismo catalán. De nada sirvió la alarma del proyecto de financiación, ahora agravado, y tampoco la llegada a puerto ayer del nou Estatut, de hecho una Constitución catalana clara en su objetivo: dentro del Estado español, que no en España, aparece un sujeto designado para ejercer la soberanía en materias esenciales, la nación catalana, cuyas relaciones con dicho Estado serán regidas ajustándose a un principio de bilateralidad, por medio de la Generalitat.

En nombre del Gobierno, a la vicepresidenta no se le ocurre otra cosa que expresar el apoyo del Ejecutivo al invento, anunciando "retoques" en las Cortes. ¿No han sido capaces de percibir en La Moncloa que en sus fundamentos doctrinales, en la definición del poder y en la organización del mismo, estamos ante una versión más sofisticada pero no menos rotunda del soberanismo antes visto en el caso vasco? Y que el ajuste a la Constitución no se logra con el fraude de cubrir la cascada de competencias "blindadas" mediante el recurso al artículo 150.2 de la Constitución, autorizando las transferencias de competencias estatales a las comunidades, para vaciar al Estado desde su interior. El nuevo Estatuto pone en marcha un poder catalán, asentado en una tradición estrictamente nacionalista, sin mancha de españolidad alguna, y de adoptarse no lleva en modo alguno a un régimen federal, sino a un Estado dual, con un recinto de soberanía propia para Cataluña que no excluye su intervención en las decisiones del Gobierno central, y en cambio coarta de antemano cualquier "ingerencia" de Madrid en el pleno autogobierno catalán.

El problema no reside en la declaración rotunda de que Cataluña es una nación. Para dorar la píldora, Maragall habla ahora de España como "nación de naciones", pero engaña al enlazar tal propuesta con el texto del nuevo Estatuto. Para el documento recién aprobado, nación en Cataluña no hay más que una: la catalana. No hay otra tradición ni debe haber otra memoria histórica, forjada desde el poder catalán como anuncia el Estatuto, que la catalana exenta de toda contaminación. Nación de naciones implica imbricación de procesos de construcción nacional, identidad dual que todavía hoy prevalece en la doble autodefinición de la mayoría de los catalanes, también españoles. Algo que el Estatuto borra en sus artículos, paso previo a forzar su desaparición (véase lo relativo al idioma). Carod triunfa. El paso principal hacia la "interdependencia" (sic) evocada en el preámbulo, está dado.

Lógicamente, la soberanía fiscal, y la aproximación máxima al régimen de privilegio vigente en Euskadi y en Navarra, cierran el círculo, eso sí buscando eufemismos -"solidaridad"- para esconder un objetivo tan impropio de la izquierda. Desde que en abril Castells contó las ventajas económicas del porvenir a los lectores de Avui las cosas están claras. Ahora, gracias a CiU, aún más. Hablar de federalismo en tales condiciones es una auténtica profanación. Del mismo modo, una cosa es reconocer la composición plurinacional de España, y otra ver en ésta un simple Estado cuyo vaciamiento progresivo se impone. La pregunta final al presidente Zapatero resulta inevitable: ¿adónde va España?

Nación de naciones, ¿dónde?
JUAN JOSÉ R. CALAZA La Voz 1 Octubre 2005

¡QUÉ FÁCIL es construirse una honra personal por deshonor de persona interpuesta!: soy bueno porque aquél es malo. Aquí, con los nacionalismos periféricos, sucede lo mismo: somos una nación oprimida porque España es una nación opresora. Y si un escritor moviliza su inventiva, no tanto para la literatura como para la fabulación política, bien pudiera ser que sus desbordantes entendederas lo lleven a columbrar conceptos que jamás los humanos menos imaginativos alcanzamos a ver circulando tranquilamente por la calle. Ni por la Historia. Pero sí por los periódicos cuando los literatos, a tiempo parcial y consejeros áulicos a tiempo completo, se ponen a la tarea de describirlos. Sin embargo, no basta describir una bruja volando en una escoba para constatar su realidad.

Tengo la impresión de que Pérez Touriño, don Emilio, lee la historia con las fatigadas gafas de sol que le regaló De Toro, don Suso. Pero ni las brujas volando en escobas existen ni las naciones de naciones tampoco. Y si sí, quiero un ejemplo. Pues ya me gustaría a mí que don Emilio y don Suso nos indicaran dónde podemos encontrar en nuestro entorno geopolítico una nación de naciones . ¿La Confederación Helvética? Supongo que no se referirán a Suiza, claro está, porque hasta ellos mismos saben que no se trata de una confederación ni nación de naciones sino de cantones. ¿La extinta URSS? Sí, la difunta URSS se asemejaba, efectivamente, a una confederación de naciones (así acabó tan mal) pero en ningún caso a una nación de naciones. Qué ejemplo, por tanto, pueden suministrarnos los susodichos para amparar sus oportunistas y, todo hay que decirlo, peligrosísimas entelequias. ¿Canadá? Apaga y vámonos. Canadá es la unión forzada por Inglaterra de dos colonias europeas. ¿EE. UU.? De ninguna manera. ¿Francia, con Bretagne, Pays Basque, Catalogne, Alsace, Corse y Lorraine en su seno? «Non plus, Monseigneur» . ¿G.B.? Tampoco. ¿Entonces? ¡Ah, los funámbulos de la política columpiándose alegremente en la cuerda floja de la Historia! Hasta nos harían reír... si no fuera porque con esas insostenibles divagaciones están suministrando munición ideológica a los independentistas de toda laya. Y los independentistas reclaman. Y chantajean. Y a veces matan. Y, sobre todo, son desleales dentro del colectivo nacional además de actuar siempre como agentes del extranjero.

Es evidente que algunos confunden reino feudal con nación. Pero en los reinos feudales había súbditos y en las naciones hay ciudadanos. La nación es un concepto político moderno -y no hay nada más político que un estatuto o una constitución- teorizado a partir de la Revolución Francesa. El concepto de nación anterior a esa época se remitía a natio , lugar de nacimiento, nada menos. Pero nada más. De ahí que en los Tercios de Flandes figurara, al lado del nombre del soldado, el origen, referido al lugar de nacimiento. Méndez, de nación gallega; Alcaraz, de nación murciana; Ripoll, de nación catalana; Trujillo, de nación extremeña; Toro, de nación leonesa.

El término nación de naciones sería pertinente, en el caso de España, solamente en el sentido «nación madre (facedora) de naciones» pues de ella surgieron otras veinte en América. Ahora bien, surgieron para independizarse. Porque las naciones, sean hijas o hermanas, buscan la independencia.

La patata caliente de Maragall
Por José Cavero El Ideal Gallego 1 Octubre 2005

Maragall está satisfecho. Hasta el último momento sospechó que los convergentes de Mas se iban a negar a darle la baza del Estatut. Pero las diferencias entre las versiones de Maragall y de Mas eran tan ridículas que el dirigente nacionalista cedía el protagonismo a su adversario. Ésa es la cuestión: que el Estatuto aprobado por el 90% de los parlamentarios catalanes saben que ese texto deberá sufrir correcciones en la siguiente fase de tramitación, en el Congreso. Hay coincidencia en poner relieve ese aspecto de la noticia, y basta leer algunos titulares periodísticos para apreciarlo: Gobierno y PSOE muestran su preocupación por un Estatuto que consideran inadmisible. El texto sufrirá profundos recortes en el Congreso.

Ahí, precisamente, está la cuestión: en que los parlamentarios catalanes envían al Congreso de los Diputados una especie de Constitución de un Estado federal de Cataluña que viene a ser el gran sueño de Maragall. Y eso explica, por ejemplo, las dos cuestiones más conflictivas, la denominación de Nación Catalana y la fórmula de financiación que se propone para Cataluña, al margen de lo que puede interesar a las restantes dieciséis autonomías del Estado, o con mayor precisión, a las catorce restantes, excluidas la vasca y la navarra, que tienen sus propios fueros, conciertos y cupos.

Es decir, Cataluña es tan suya , tan autosuficiente en autogobierno, que no tiene necesidad del Estado salvo en materia de política exterior y Fuerzas Armadas. Y por ello, pretende pagar ese servicio e incluso pagar una especie de tasa de solidaridad con la España más necesitada y con rentas más bajas... Pero, en el resto se basta por sí misma para todo: Justicia, puertos, aeropuertos, recaudación y administración de impuestos y tasas.

Ahora le corresponderá a Zapatero hacer el ajuste fino. Su amigo Pasqual le ha pasado una patata ardiendo con la que cumple un primer propósito: el consenso de casi toda la representación popular de los catalanes: 120 de 135 diputados.

Pero que incumple la otra exigencia: no tiene cabida, no encaja ni apenas tiene nada que ver con la Constitución vigente, a la que desautoriza y pretende rectificar abundantemente. Maragall pretende imponer su idea de España federal a todos los restantes españoles. Pero no era ésa la tarea que se le había encomendado...

Esfuerzo y melancolía (I)
Blog de Arcadi Espada, 5073 1 Octubre 2005

1. “Cataluña ha definido una lengua y una cultura, ha modelado un paisaje, ha acogido también otras lenguas y otras manifestaciones culturales, se ha abierto siempre al intercambio generoso, ha construido un sistema de derechos y libertades, se ha dotado de leyes propias y ha desarrollado un marco de convivencia solidario que aspira a la justicia social.” (Préambulo, párrafo 2).

“Cataluña ha definido...” dice esta segunda oración del preámbulo del Estatuto. Nunca se habrá iluminado de forma pareja el carácter prexistente, prepolítico, el creacionismo nacionalista. Una entidad previa (Cataluña), dotada de inteligencia, poder y voluntad, define una lengua, una cultura y un paisaje. Inútil decir que se trata de la lengua, la cultura y el paisaje
originarios y propios. Debe insistirse en que, incluso ellos, son posteriores a Cataluña, decisión y no formación de ésta. Aunque la única decisión que ha partido de su voluntad y que por lo tanto tiene su sello. Luego han venido “otras lenguas y otras manifestaciones culturales”, que han sido acogidas, es decir, que ya no forman parte de la Decisión. El texto
tiene el acierto de mostrar el sintagma “tierra de acogida” como lo que es: un mero artefacto discriminatorio, la cara amable de la estrella amarilla.

2. “La vocación y el derecho de los ciudadanos de Cataluña de determinar libremente su futuro como pueblo.”

El inicio del sexto párrafo del preámbulo fija el derecho de autodeterminación de Cataluña (todo el Estatuto sólo cabe interpretarlo como un ejercicio de ese presunto derecho) en la manera que les ha parecido posible hacerlo a los redactores. Hay que detenerse en los pares vocación/derecho y ciudadanos/pueblo. O en sus diagonales vocación/pueblo y ciudadanos/derecho. Y en el absurdo lógico y político de que los ciudadanos decidan su futuro como pueblo. O son ciudadanos o son pueblo. O mito o logos. Pero para eso lo ha redactado la izquierda nacionalista. Mito y logos. Necia y lista. Oxímoron en sí misma.

La Asociación por la Tolerancia

organiza :

30 de septiembre y 1 de octubre de 2005

De  Lenguas y Patrias

CICLO HOMENAJE a Juan Ramón Lodares

Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona

(CCCB, c/ Montalegre, 5 – 08001)

                                  ––––––––––––––––––––––   PROGRAMA   ––––––––––––––––––––––––––––

 Viernes, 30 de septiembre (18.00-21.00 horas)––––––––––––––––––––––––––––––––

  • Inauguración. Homenaje a Juan Ramón Lodares

 Gregorio Salvador, catedrático jubilado de Historia de la Lengua. Actual vicedirector de la Real Academia de la lengua Española

 José Polo, catedrático excedente de Lengua Española de la Universidad de Castilla la Mancha. Actualmente en la Universidad Autónoma de Madrid

  • Primera mesa: "Procesos de normalización lingüística y poder político

Presentador y moderador:

José Domingo, vicepresidente de la Asociación por la Tolerancia

Ponentes:

Aurelio Arteta, catedrático de Filosofía moral y política de la Universidad del País Vasco. La dudosa legitimidad de las políticas normalizadoras

Albert Branchadell, profesor de filología catalana de la Universidad de Barcelona. La legitimitat de la normalització lingüística

Xavier Pericay, escritor y profesor de la Universidad Ramón Llull. El castellano en Cataluña, historia de una infamia 

 Sábado, 1 de octubre (10.00-14.00 horas)––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  • Segunda mesa: "Enseñanza y lengua materna"

 Presentador y moderador:

 Antonio Roig, de la Asociación por la Tolerancia

Ponentes:

Ángel López García, catedrático de Lingüística General de la Universidad de Valencia. Bilingüismo de hecho, bilingüismo de derecho

Javier Orrico, periodista y catedrático de Lengua y Literatura Española de enseñanza media. La inmersión lingüística del Dr. Jekyll y Mr. Hide

  • Tercera Mesa: "Falsas suposiciones sobre la expansión del español"

 Presentadora y moderadora:

Marita Rodríguez, presidenta de la Asociación por la Tolerancia

Ponentes:

Francisco Marcos Marín, Catedrático de Lingüística General de la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente en la Universidad de Texas en San Antonio. Qué está pasando con el español en los Estados Unidos de América

Gregorio Salvador, vicedirector de la RAE. Falsas suposiciones sobre la expansión del español

Asistencia: La entrada es libre, pero para poder optar al certificado de asistencia, es precisa la inscripción previa, que puede efectuarse a través  de  toleran@teleline.es o del teléfono 932653200,  dejando: nombre completo, DNI, dirección y teléfono de contacto.

 

Más información: www.tolerancia.org


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