AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 2 Octubre 2005
«No es esto, no es esto»
José Antonio ZARZALEJOS ABC 2 Octubre 2005

El pueblo y la Nación
Editorial ABC 2 Octubre 2005

El triple desafío del Estatuto
Ignacio Cosidó Libertad Digital 2 Octubre 2005

El desagüe
Ignacio CAMACHO ABC 2 Octubre 2005

Arán
JON JUARISTI ABC 2 Octubre 2005

Los creadores de problemas
M. MARTÍN FERRAND ABC 2 Octubre 2005

LA ESPAÑA PERDURABLE
BENIGNO PENDÁS ABC 2 Octubre 2005

SALTO EN EL VACÍO
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 2 Octubre 2005

Rafting, puenting, estatuting
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 2 Octubre 2005

El esperpento que no cesa
PEDRO ARIAS VEIRA La Voz 2 Octubre 2005

La hija de una víctima de la etarra Galdós se queja de "que un asesinato cueste poco más de un año de cárcel"
Libertad Digital 2 Octubre 2005

CANALLADAS
XAVIER PERICAY ABC Cataluña  2 Octubre 2005

Esfuerzo y melancolía (II)
Blog Arcadi Espada 5074  2 Octubre 2005

«No es esto, no es esto»
POR José Antonio ZARZALEJOS ABC 2 Octubre 2005

... La única alternativa al planteamiento del Parlamento catalán consiste en la decisión de iniciar un proceso exactamente contrario al que pretenden los nacionalistas y asimilados: el progresivo fortalecimiento del Estado...

EL grupo de intelectuales catalanes que en mayo pasado lanzó un manifiesto contra la situación política de Cataluña supo interpretar con gran perspicacia las razones que han conducido a la clase política de aquella comunidad a perpetrar la frívola excentricidad de aprobar un proyecto de Estatuto que rompe el pacto constitucional de 1978. Razones que se resumen en la comprobación de que la introspección identitaria del nacionalismo catalán, practicada durante más de dos décadas, ha llevado a Cataluña a la postración. Decían aquellos intelectuales a los que Oriol Malló invitaba a boicotear, a marcarles «al rojo vivo» y a hacerles «la vida imposible», que «la decadencia política en que ha sumido el nacionalismo a Cataluña tiene un correlato económico. Desde hace tiempo la riqueza crece en una proporción inferior a la de otras regiones españolas y europeas comparables. Un buen número de indicadores cruciales, como la inversión productiva extranjera o las cifras de usuarios en Internet ofrece una imagen de Cataluña muy lejana del papel de locomotora de España que el nacionalismo se había autopropuesto».

La pérdida de vigor político, económico, social y cultural de Cataluña, lejos de ser asumida con autocrítica por la clase dirigente catalana se ha presentado, según los esquemas de la más tradicional lógica victimista de los nacionalismos, como una responsabilidad exterior, es decir, como un corolario de su inadecuada inserción en España en los términos pactados en la Constitución de 1978. La ruptura de ese marco jurídico-constitucional se venía perfilando como el taumatúrgico remedio a una frustración de la clase dirigente catalana a la que se le ha ido la mano porque el proyecto estatutario aprobado, al abundar en el nacionalismo, no consigue otro efecto que provocar a muy corto plazo todavía más frustración. La inviabilidad del proyecto aprobado nace de una frustración, pero genera otras que alimentarán, para mal, la cuestión territorial en España, que no por casualidad ha tenido en Cataluña sus más dramáticos escenarios: en 1934 la República se dio de bruces con una declaración de independencia desde la plaza de San Jaime, y ahora, la Monarquía constitucional y parlamentaria encara una pretensión segregacionista envuelta en eufemismos y circunloquios que no pueden obviar la más dura realidad: la ruptura de la estructura del Estado desde un Parlamento autonómico que llega a definirlo de manera contradictoria con la Carta Magna. Allí donde la Constitución diseña un Estado unitario y autonómico, el proyecto estatutario catalán se permite calificarlo de plurinacional y federal. Por fuerza, este dislate jurídico no es fruto del error, sino de una estrategia tentativa para abrir una nueva fase constituyente por la puerta de atrás, o más exactamente, en fraude de Constitución. Al plantear este desafío -que lo es también al propio presidente del Gobierno, al margen de su responsabilidad al haberlo alentado- las fuerzas políticas catalanas ponen en riesgo demasiados logros. Entre otros, la misma Constitución de 1978 y el Estatuto de Sau todavía vigente; y, al fin, propician un choque con el Parlamento nacional, que es el depositario de la soberanía popular, cuya titularidad «reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado». No acaban ahí los riesgos porque este proyecto, además de incomodar a la singularidad foral vasca y navarra, fomenta un estéril espíritu de emulación y favorece la propensión a las endogamias territoriales.

La metodología atropellada con la que se ha elaborado el proyecto estatutario; las intenciones liquidacionistas del actual régimen constitucional explicitadas por los socios del PSC y el propósito manifiesto de los socialistas catalanes de comandar el cambio radical del modelo de Estado -Maragall ha dejado un rastro doctrinal indubitable al respecto- componen un cuadro de situación que resulta de muy difícil manejo para el Gobierno y su partido, enfangados en una operación que les ha rebasado definitivamente. Si ambos no detienen en el Congreso el proyecto de Estatuto aprobado el viernes en el Parlamento catalán y afrontan la crisis que han querido evitarle ahora al tripartito de la Generalidad, no sólo habrá entrado en dilución la Nación -que ya lo ha hecho-, sino también el Estado y con él todos los valores de modernidad que el historicismo que invocan los estatuyentes catalanes parece despreciar. Es urgente conocer con nitidez las intenciones del Gobierno sobre el envite catalán, porque si lo relativiza en su trascendencia, si lo minimiza en su capacidad destructiva del actual régimen constitucional o trata de paliarlo mediante perífrasis y circunloquios, como pareció ayer hacer Rodríguez Zapatero, los compromisos y convenciones a que todos se sometieron en 1978 pueden saltar por los aires y nos adentraríamos en el peor terreno de la confusión y el enfrentamiento.

La única alternativa al planteamiento del Parlamento catalán consiste en la decisión de iniciar un proceso exactamente contrario al que pretenden los nacionalistas y asimilados: el progresivo fortalecimiento del Estado, la rehabilitación de la ciudadanía como condición de igualdad, la reintegración a los poderes centrales de la capacidad de decisión, que por dejación se ha ido dispersando en otras instancias, y la vigencia efectiva de los grandes y esenciales principios del constitucionalismo moderno que tan magistralmente ha sistematizado el catedrático e historiador Miguel Artola en su reciente y última obra «El constitucionalismo en la historia».

La defensa del Estado a través del revolucionario legado de la libertad, la igualdad y la fraternidad es un logro de la edad moderna y de Montesquieu, de Rousseau y de Voltaire, cuyas herencias son patrimonio ya de las democracias occidentales. Citar a estos autores e invocar el hecho histórico con el que comienza la edad moderna -la Revolución Francesa (1789-1799)- no es un recurso ni retórico ni academicista, sino un llamamiento a recuperar los mejores argumentos para la convivencia. La progresión siempre tiende a la unidad, y la regresión a la separación. Lo mismo que la división debilita, la unión fortalece. Esa es la razón por la que el Estado -todos los Estados democráticos- dispone de «vis atractiva», es decir, de una fuerza inercial que concita adhesiones insospechadas cuando su integridad se encuentra amenazada. La fuerza atractiva de los Estados dimana de su esencial racionalidad, de la cristalización que procuran del ansia de igualdad, de la satisfacción que prestan a la natural aspiración solidaria entre territorios y de su capacidad para prestar asistencia y servicio a los ciudadanos.

Por primera vez en la historia del constitucionalismo español, la Carta Magna de 1978 había conseguido los propósitos de estabilidad y conciliación. Las debilidades técnicas de la Constitución eran, en realidad, recursos transaccionales para conseguir no sólo conllevarnos, sino también para convencernos de que debíamos convivir sin belicismo, con sensatez y ponderación. Si sus adversarios logran herir de muerte la Constitución, España regresará a la frustración noventayochista y alguien volverá a declamar, como hizo el Ortega primero muñidor de la República y después detractor implacable de sus excesos, el sempiterno «no es esto, no es esto».

El pueblo y la Nación
Editorial ABC 2 Octubre 2005

LOS partidos catalanes que han votado a favor de la propuesta de nuevo Estatuto para Cataluña están insistiendo en que representan el 90 por ciento del electorado de esta comunidad autónoma. El mensaje implícito es doble: por un lado, las dudas sobre la constitucionalidad del texto serían antidemocráticas, porque se opondrían a la decisión de la Cámara catalana; por otro lado, la voluntad soberanista que anima la reforma estatutaria obligaría a las Cortes a actuar como mero transmisor hacia el BOE de un texto intocable. En definitiva, el principio de constitucionalidad y la superioridad del Parlamento nacional habrían de ceder ante el referéndum popular en el que los diputados catalanes han transformado la votación del pasado viernes. Sucede, sin embargo, que el procedimiento constitucional pone en manos del Congreso la aprobación o el rechazo de la reforma estatutaria y, en este trance, la mayoría parlamentaria que traiga de origen es un factor relevante, pero no decisivo para quienes representan a todos los ciudadanos españoles y, por tanto, a los intereses nacionales. Eso vale para cualquier propuesta de reforma, pero en ésta además se hace imprescindible por su calado, que afecta a los principios fundamentales sobre los que se basa el Estado. Por tanto, sólo cabe esperar que los parlamentarios que se sientan en el Congreso sean tan conscientes de su mandato y estén dispuestos a representar y escuchar a la soberanía española, la única reconocida en nuestro marco legal.

La base de la actuación política exigible al Congreso es la que Su Majestad el Rey formuló ayer con meridiana claridad, al recordar que la Constitución establece «la indisoluble unidad de la Nación española». Afirmación que Don Juan Carlos expone con toda legitimidad en el ejercicio de su magistratura, acrisolada en la Constitución y en la Historia por los principios de unidad nacional y soberanía del pueblo español y como símbolo de la unidad y permanencia del Estado, según proclama la Carta Magna de 1978.

Al inicio de esta etapa política compleja que ha abierto el Parlamento catalán, con el beneplácito del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la opinión de los españoles no es favorable a que Cataluña se defina como Nación. Según la encuesta que hoy publica ABC, dos de cada tres españoles consideran que el término «nación» debe utilizarse exclusivamente para España. El porcentaje de los que tienen esta opinión es más alto entre los votantes del PP (86 por ciento) que entre los del PSOE (63 por ciento). Y son éstos los que se expresan más a favor de la definición nacional de las comunidades autónomas, con un 30 por ciento frente al 10 por ciento de los votantes del PP. Ambos porcentajes reflejan que la llamada «cuestión nacional» empieza a dividir al electorado socialista. En todo caso, es muy significativo que sólo un 26 por ciento consideren que la reforma del Estatuto catalán beneficia a Rodríguez Zapatero.

El debate se está planteando como una encrucijada histórica para la continuidad constitucional de España, aunque la propuesta de reforma del Estatuto sólo mereciera ayer de Rodríguez Zapatero la pasmosa obviedad de que el texto «necesita alguna reflexión», lenguaje propio de la falsa neutralidad que el jefe del Ejecutivo ha dicho observar en este proceso estatutario y que todavía ayer ejercía públicamente al decir que ni rechaza ni asume la propuesta de la Cámara catalana. Pero sí fue más claro a la hora de evitar dudas e inquietudes a sus socios, recalcando que el nuevo Estatuto «es una gran oportunidad y no un gran riesgo» y abogando por «la fuerte identidad de Cataluña».

El presidente del Gobierno dio ayer pistas, por tanto, de cuál va a ser su actitud ante la propuesta de reforma del Estatuto catalán. Beligerancia cero, tolerancia máxima. Sin mandato electoral para emprender una reforma constitucional clandestina -como ayer le recordada firmemente el líder del PP, Mariano Rajoy- y sin sentido de la responsabilidad suficiente para frenar una propuesta radicalmente inconstitucional, Rodríguez Zapatero sigue empeñado en que todos compartan sus frivolidades conceptuales sobre la nación y parece estar confundido sobre su papel institucional en este momento. Pero, por más que esa confusión crezca cada día, seguirá obligado a defender la Constitución. Porque fue elegido para presidir el Gobierno de España, no la Generalitat de Cataluña.

El brindis del perjurio
Por Antonio BURGOS ABC  2 Octubre 2005

HAY muchas formas de asaltar el Congreso de los Diputados para derribar la Constitución. A caballo, como Pavía, modalidad cuyo rigor histórico cargo en la cuenta de Alfonso Guerra, presidente por cierto de la Comisión Constitucional. Puede asaltarse a pie, con un tricornio y una pistola. Y puede asaltarse a distancia. Con el mando a distancia de los botones de voto del Parlamento Catalán. Como la Telepizza, existe el Telegolpe de Estado contra la Constitución. La telepizza la entrega un chaval con una motillo, que a la solterona que la recibe le parece siempre el guapo de los Gavilanes. El Telegolpe lo entregará el miércoles uno con la raya en medio y la camisa negra, en nombre de algo que no teníamos el gusto de conocer: la nación catalana. Y cuando entre por las puertas, de hecho gritará como el del tricornio: «¡Todos al suelo!». Pero en catalán. Y absolutamente todos al suelo. No sólo los diputados, sino usted, yo, el vecino, el perro del vecino, ¡guau!, la Extremadura de Ibarra, la Andalucía de Chaves, la banderita tú eres roja con la que Bono se envuelve en plan Marujita Díaz. Se sienten, coño.

En aquella ocasión, Suárez y Gutiérrez Mellado se quedaron en pie con toda dignidad, mientras había quien daba cien duros por un agujero. Parece que todos han encontrado ahora el agujero verbal y léxico donde esconderse para ir tirando y no perder ni el escaño, ni el banco azul, ni la piscina climatizada de su señora esposa ni la subvención a su empresa. Resumo: un tío con un bigote y una pistola o un tío con una camisa negra y una papela que llegan al Congreso y dicen «buenas, aquí estoy yo con esto y esto es lo que hay», aunque con fines distintos, quieren lo mismo: derribar la Constitución y el régimen. Tricornio o barretina, poco importa la prenda de cabeza.

Hemos asistido, una vez más, a la historia de un perjurio. La más reciente Historia de España está construida sobre perjurios. Gracias al posibilismo de un perjurio colectivo e institucional de la dictadura pudimos tener democracia sin sangre y sin ruptura. Ahora, otro perjurio colectivo se carga el sistema de libertades que nos dimos. Sí, son perjuros todos los que virtualmente han derribado la Constitución con el Estatut y Força en el Canut. Aunque fuese por imperativo legal, juraron o prometieron cumplir y hacer cumplir la Constitución a la que le han metido una estocada hasta la bola, tras saltársela a la torera. Si la hubieran querido cambiar, habrían usado sus propios procedimientos garantistas. No. Querían derribarla. Como el del tricornio, mas en nombre del pueblo catalán. Por eso brindaban con cava. Habían tomado Madrid sin moverse de Barcelona. En España, todos al suelo; ellos, copa en alto. Para celebrar un Estatuto y un perjurio. Solamente Piqué se acordó de que había jurado la Constitución y fue de abstemio de la borrachera colectiva de cava. En la que volveremos a las andadas: seremos españoles únicamente los que no podamos ser otra cosa; catalanes, vascos, gallegos... o araneses, ¡marchando otra de nación en el Valle de Arán!

Han conseguido con mucho cuidadito que España entera empiece a odiar un pueblo que nos caía simpático por trabajador y emprendedor, europeo y avanzado, a cuyo esplendor contribuyó por cierto el esfuerzo de muchos emigrantes andaluces, murcianos, extremeños. Qué mal tino han tenido a la hora del brindis del perjurio. Con los vinos tan buenos que hay en el Penedés o en el Priorato, eligieron cava. Podían haber brindado con el magnífico blanco de aguja del Penedés, que casi, casi tiene burbujitas. Pero no, ¡hala!, cava. La soga del boicot de Nochevieja en casa del ahorcado de San Sadurní de Noya. Qué manera más torpe, malvada y desleal de enturbiar la realidad catalana, el vaso de agua clara de Pemán. ¿Es que nadie para esto y dice hasta aquí hemos llegado? Espero que los que lo hicieron solemnemente se acuerden de su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Amenaza a la unidad
El triple desafío del Estatuto
Ignacio Cosidó Libertad Digital 2 Octubre 2005

El proyecto de Estatuto aprobado en el Parlamento catalán supone un desafío a los tres principios fundamentales que orientan el sistema político que alumbró nuestra transición democrática: la unidad de España, la libertad y la igualdad. La coalición de la izquierda y el nacionalismo catalán, que simboliza ERC, y engloba al PSC y CiU, ha alumbrado un Estatuto que enlaza los principales errores históricos del socialismo con las peores manifestaciones del nacionalismo excluyente. Todos ellos espoleados por un presidente del Gobierno español que ha encontrado en esa mezcla explosiva el único modo de alcanzar y mantener el Gobierno y que carece de ningún otro principio que no sea la mera permanencia en el poder.

El Estatuto es una clara amenaza a la unidad de España porque ya en su preámbulo define a Cataluña como "nación", en contra de lo establecido por nuestra Constitución, que no reconoce otra nación que no sea la española. Con esta premisa como guía, el Estatuto establece un sistema de relación entre Cataluña y España basado en la igualdad entre las partes, las cuáles cooperaran en diferentes ámbitos sobre una base de bilateralidad. Se establece además una plena soberanía financiera, un poder judicial independiente, una acción diplomática propia y se blindan competencias para evitar toda interferencia del Estado en las competencias de la Generalitat. En definitiva, pasamos de un Estado de las Autonomías a un Estado Confederal, que en palabras de Esquerra Republicana de Catalunya, y en la mente de muchos nacionalistas, no es más que la antesala de la plena independencia a la que aspiran.

El Estatuto es una amenaza a la libertad porque sus 218 artículos rezuman un rancio afán intervencionista en lo económico y controlador en lo social. El texto sacraliza así un sistema político en el que los derechos individuales se sacrifican a favor de la construcción nacional, en el que el poder político mantiene sometida al conjunto de la sociedad civil y en el que la libertad económica queda condicionada a favor de una fracasada política social. Es triste observar cómo buena parte de las clases liberales catalanas se pliegan por un ciego patriotismo trasnochado a los deseos de una elite política que sólo busca su propio interés. Los enemigos de España son hoy en Cataluña los mismos que amenazan la libertad, porque lo que buscan ambos es eliminar cualquier límite al ejercicio absoluto de su poder, justificados por una causa nacional falsa, artificial y estéril.

El Estatuto aprobado es, en tercer lugar, un claro atentado contra la igualdad de los españoles y contra el más elemental principio de solidaridad. Una buena parte del discurso nacionalista se sustenta en la negativa a compartir parte de su riqueza con las regiones menos prósperas de España. El nacionalismo excluyente azuza así el egoísmo de los ciudadanos como elemento primario de su pretendida nación. Con su nuevo Estatuto, los catalanes darán aquello que quieran a quienes quieran y del modo que quieran, pero se niegan a pertenecer a un sistema que obliga a los más ricos a ayudar al desarrollo de los más pobres. Es este egoísmo el que tanto solivianta a esa parte del socialismo español que sigue creyendo en España aunque sólo sea por su propio interés. Gente que defiende que quebrar este principio de solidaridad es traicionar la propia esencia de su ideología.

¿Triunfará finalmente este triple desafío a la Unidad, a la Libertad y a la Igualdad? Es obvio que aquellos que creemos en España como proyecto de futuro y que defendemos la libertad como principio esencial de toda nuestra concepción política haremos cuanto esté en nuestras manos para parar esta agresión a nuestras creencias más fundamentales. El problema es que no será fácil hacerlo si quién debería ejercer el liderazgo en el Gobierno ya anunció su rendición de antemano ante este y otros desafíos no menores, como el del terrorismo de ETA.

Muchos socialistas se encuentran hoy ante un dilema difícil. Deben optar entre mantener su fidelidad a principios en los que creen la mayoría de los españoles y de sus votantes, como la unidad de la nación y la vigencia de la igualdad y la solidaridad entre todos, o mantener la alocada huida hacia adelante a la que les arrastra un líder que no tiene más objetivo que mantenerse en el poder a cualquier precio. El futuro de España y de nuestra libertad depende hoy en buena medida de lo que ellos decidan.

[1] Ignacio Cosidó es senador del PP por Palencia.

El desagüe
Por Ignacio CAMACHO ABC 2 Octubre 2005

DE una manera cíclica, casi recurrente al cabo de determinados ciclos de tiempo, el río de la Historia de España se empantana en los meandros de la cuestión nacional. Siempre hay entre nosotros alguien -un gobernante iluminado u oportunista, unos ciudadanos ansiosos de privilegios colectivos, una generación disconforme- dispuesto a plantearse con carácter mesiánico y redentor el debate sobre quiénes somos y adónde vamos, por lo general con el desalentador resultado de una quiebra del ritmo de progreso o, en los peores casos, de un enfrentamiento civil. En el último siglo y medio, ese honor ha correspondido casi siempre a los nacionalistas, expertos buscadores de diferencias sobre las que oponer eficaces problemas desestabilizadores de cada intento de solución para nuestra precaria convivencia.

Ahora, después de veinticinco años de estabilidad constitucional, caracterizados por un dinamismo social y una prosperidad económica inéditos en nuestro recorrido histórico, el nacionalismo catalán -encabezado esta vez por un teórico socialista desquiciado- ha decidido desenterrar los demonios del desencuentro y plantear de nuevo su exigencia de privilegiado particularismo. Lo más sorprendente de su pliego de condiciones estatutarias para perdonarnos la vida al resto de los españoles -culpables, al parecer, de no entender su profunda diferencialidad- no es la catarata de franquicias, regalías y concesiones que los reclamantes exigen como derechos invocando extrañas naturalezas colectivas, sino el desparpajo con que se sienten respaldados por su unilateral consideración de ser distintos. Y el insolente descaro con que se muestran dispuestos a arreglarnos a los demás el problema de un modelo de Estado que viene funcionando a nuestra entera satisfacción y sin mayores desajustes que los que ellos y otros colegas se empeñan en plantear con molesta insistencia.

Para ello han encontrado el amparo de una oportunidad coyuntural favorable. La incompetencia del Gobierno actual y su manifiesto empeño en provocar artificialmente una ruptura del statu quo establecido en la Constitución han abierto una grieta considerable en la fachada hasta ahora razonablemente sólida de la cohesión del Estado, dejando al descubierto algunas de las estructuras maestras del edificio nacional. El horizonte del conflicto vasco, los incidentes de fragilidad fronteriza en Ceuta y Melilla -surgidos de la lenidad aperturista de la ley de Extranjería- y el órdago catalán han cambiado la óptica del debate. Desde ahora, la cuestión esencial no reside en discernir si Cataluña es o no una nación, sino en saber si España va a poder seguir siéndolo.

En el momento en que se admita la premisa, solemnemente declarada en el preámbulo del Estatuto, de que España es una nación de naciones, no solamente se reforma de hecho la Constitución a través de una norma de inferior rango, sino que queda abolida la consideración liminal de todo Estado democrático, que es el de establecerse en una nación de ciudadanos. En una democracia moderna sólo cuentan los derechos de los ciudadanos, que son los que fundan la soberanía nacional. España es una nación de ciudadanos que han venido conviviendo con mayor o menor fortuna desde los tiempos de los Reyes Católicos, tratando de establecer marcos de justicia e igualdad en el seno de un Estado zarandeado por los desequilibrios históricos y políticos. Pero nunca, salvo en los peores momentos de delirio y sinrazón, ha dudado nadie de que un español de Badajoz o de Almería tenga derechos diferentes a los de uno de Hospitalet o de Amorebieta.

Este principio de igualdad es el que quiebra de un plumazo el concepto de nación de naciones recogido por el Estatuto catalán, y que de ser aceptado se trasladará inexorablemente al País Vasco y quizá a Galicia, levantando la viga constituyente de un Estado confederal -no federal, como sostiene la trampa semántica del Estatuto- y asimétrico. Es decir, una España de dos velocidades en la que los ciudadanos de la nación española viajarán en un vagón de menor rango -y menos derechos- que los de las nuevas «naciones» confederadas. Justo el modelo que consiguió quebrar, gracias a la rebelión andaluza del 28 de febrero de 1980, el llamado estado de las autonomías. Las razones por las que un socialista llamado Maragall quiere volcar ese orden responden a la lógica del nacionalismo. Pero las que pueda tener para respaldarlo otro socialista llamado Rodríguez Zapatero sólo cabe entenderlas desde la lógica descarnada de una agenda rupturista planeada para cifrar una alianza de poder: una coalición de hecho capaz de marginar al Partido Popular como solitario proyecto de la España unitaria.

Ocurre, sin embargo, que muchos socialistas comparten aún el concepto de la España de los ciudadanos, base igualitaria del progreso y la solidaridad. El debate del Estatuto catalán les va a colocar en una tesitura esencial: la de responder al mandato soberano de sus electores y al imperio moral de su conciencia o la de obedecer a la consigna sectaria y partidista del poder. Hasta ahora han podido mantenerse en la comodidad de su libertad expresiva, pero llegará el momento en que tendrán que retratarse respaldando con su voto una cosa u otra. Lo previsible es que se conformen con algún retoque cosmético para salvaguardar su responsabilidad política, pero la responsabilidad moral va a ser juzgada por millones de ciudadanos que se pronuncian inequívocamente en las encuestas: sólo España es una nación. Aunque sea una nación afligida.

Y esa nación se encuentra en un momento extremadamente débil. El gravísimo episodio de Ceuta y Melilla lo ha puesto de manifiesto esta semana con toda crudeza. Al mismo tiempo que el Parlamento catalán ponía en entredicho la cohesión del Estado, la «marcha negra» consentida por Mohamed VI sobre las vallas de las ciudades africanas ha mostrado la imagen palmaria de una nación incapaz de defender adecuadamente sus fronteras. Sólo desde la ingenuidad podría aceptarse la coincidencia casual de ambas crisis, que en cualquier caso arrojan una visión francamente desesperanzada: la de un Estado sometido a la presión chantajista de fuerzas externas e internas que ejercen la presión sobre su integridad territorial de una manera combinada. Con la complicidad pasiva de una ciudadanía desarmada por una moral elástica de relativismo confortable. Mientras las hipotecas bajan y el consumo sube, mientras la gente sigue el desenlace de Operación Triunfo y acude en masa a ver las casposas andanzas de Torrente, la vieja nación se nos escapa por el desagüe del lavabo. Nada nuevo bajo el sol: ya Unamuno advirtió que, cuando el desastre de Cuba, las masas celebraban por la calle de Alcalá una estocada del «Pavito». Pero este nuevo desafío no tiene siquiera un grupo de intelectuales dispuestos a denunciarlo desde el dolor de la conciencia.

director@abc.es

La cuestión esencial no reside en discernir si Cataluña es o no una nación, sino en saber si España va a poder seguir siéndolo. En el momento en que se admita la premisa de que España es una nación de naciones, queda abolida la consideración liminal de todo Estado democrático, que es el de establecerse en una nación de ciudadanos

Arán
Por JON JUARISTI ABC 2 Octubre 2005

| PROVERBIOS MORALES |

EN la ofensiva contra la Constitución, el nacionalismo vasco ha cumplido una función análoga a la de los subsaharianos asaltando la frontera española en Ceuta. Han despejado el camino para otros, ni vascos ni subsaharianos. Lo que el PNV ha hecho siempre con ETA -utilizarla como espantajo para amedrentar al Gobierno de turno y ofrecerse como interlocutor razonable- lo ha hecho el frente nacionalista catalán con Ibarreche y lo está haciendo Marruecos con los subsaharianos. Digo yo que los subsaharianos, además de subsaharianos serán otra cosa. La más evidente: negros de África. Y añado, para que no quepan dudas: gente magnífica. Personalmente, me caen mucho mejor que los marroquíes, que los nacionalistas vascos, que los nacionalistas catalanes, que los socialistas y que los de Izquierda Unida. Puede que haya en esto algo de racismo invertido, pero tienen toda mi simpatía. Son valientes, con la valentía de la desesperación. Me enorgullecería tener por compatriotas -y así espero que sea- a esos «seiscientos o setecientos tíos», en gráfica expresión de un policía español, que se lanzaron sobre la valla entre el humo, las pelotas de goma y las balas plateadas de los asesinos con uniforme que los ametrallaban por la espalda.

Pero están sirviendo a designios ajenos. Por cierto, vieja tradición del Islam árabe la de utilizar a los Zangi (o sea, a los negros de África) como fuerzas de choque. En la Edad Media los encadenaban a postes, para que les resultase imposible retroceder ante el embate de los cristianos. Hoy los azuzan con balas de plata, como a los hombres lobo. Nuestros amigos marroquíes los usan para perforar la frontera de alambre o la frontera líquida, con escalas improvisadas o con balsas neumáticas cosidas a navajazos, y luego tienen el morro de decir que representan para Marruecos un problema mucho más grave que para España. Ya lo suponíamos. Por eso nos los echan encima, para quitarse el problema, no te digo. Y si de paso les comen la moral a los ceutíes y a los melillenses, a los delegados del Gobierno, a los presidentes autonómicos y al propio Rodríguez, miel sobre pastela de pollo magrebí. Escuchando las quejas del pobre Driss Yetú, uno admiraba su contención, porque lo único que le faltó fue llamarles salvajes, y no lo hizo. Oye tú, oh, Yetú: aquí decimos que es de bien nacidos ser agradecidos y en vez de amargas lamentaciones por la situación de la economía marroquí, habría quedado bien una lágrima, aunque fuera una sola y furtiva lágrima, por los cinco subsaharianos intrépidos caídos en el campo del honor, tres en un lado y dos en el otro lado de la muralla de tela metálica.

Pero, según Rodríguez, Ceuta no corre peligro de invasión. La avalancha ha sido circunstancial. Cómo se nota que andamos ya metidos en el centenario de Ortega. Claro que sí. Circunstancial. Todo subsahariano es él y su circunstancia. Los marroquíes ya nos van explicando, a su manera, las circunstancias en que cuatro subsaharianos sin otra circunstancia que lo puesto cesaron de ser ellos y sus respectivas circunstancias. Nuestro Hombre sin Atributos deja las explicaciones para luego y pone cara de circunstancias. No es para menos, vistas las circunstancias. Después de que Ibarreche atacara sin éxito la frontera constitucional, los aliados catalanes de Rodríguez se han lanzado en tromba sobre la misma con el refuerzo de CIU. Demasiada circunstancia la de Rodríguez para que cuatro negros de África (además, muertos) y dos ciudades autónomas, antes plazas de soberanía, le quiten el sueño. El género humano, escribió T. S. Eliot, no puede soportar mucha realidad, y si el género humano no puede, Rodríguez mucho menos. El proyecto de constitución catalana aprobado por el Parlament, en cambio, soporta una realidad nacional diferente a la suya propia, la del Val d´Aran, o sea que, para los parlamentarios catalanes (con exclusión del PP, como nos recuerda civilizadamente TVE), Cataluña es una nación de naciones. Por su parte, Arán, nombre vasco que significa «valle», es un valle de valles cuyos habitantes tejen gruesos jerseys de lana cruda, se dedican a la pesca y hablan en gaélico. De no ser así, se sentirían como subpirenaicos arrinconados en un bosque, junto a las frágiles fronteras de España.

Los creadores de problemas
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 2 Octubre 2005

HAY políticos, independientemente de que su talento sea mucho o poco, que están llamados a crear problemas y no a resolverlos. Algunos llegan incluso, en ejercicio de sobrevaloración personal, a crear esos problemas de modo voluntario con la intención final de resolverlos y apuntarse, ante su distinguida clientela, el mérito para una hipotética reelección o, como mínimo, un reconocimiento ciudadano. Esta inquietante fauna política, de abundancia creciente y perturbadora, ocupa todo el espectro ideológico -es un decir- y se mueve en todos los planos del poder.

Un ejemplo por la izquierda, y en el nivel del Gobierno del Estado, lo tenemos en José Luis Rodríguez Zapatero, el hombre que ascendió a las cumbres de La Moncloa contra todo pronóstico y con la ayuda de los efectos secundarios del 11-M. En su tiempo presidencial, todavía corto, ha impregnado la vida pública con su empalagoso talante, pero ni sus abundantes exégetas son capaces todavía de subrayar uno, cualquiera, de sus aciertos. Por el contrario, ahí está la nueva tensión nacional generada por el Estatut que el Parlament propone a las Cortes y que arranca, no lo olvidemos, de su personal promesa de apoyar «la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña». Sin ella, tan gratuita como irresponsable, la situación actual rebajaría en algún punto sus niveles de alarma, pero Zapatero no luciría en los altares socialistas con una palma en la mano, como los mártires de mayor prestigio.

También Pasqual Maragall es víctima de sí mismo y creador de problemas inexistentes. Su pasión presidencial llegó tan lejos que se prestó a ser, desde su derrota electoral, un muñequito en manos de Josep Lluís Carod-Rovira. Algo así como aquel pato gruñón con el que Mari Carmen, la ventrílocua, llegó a triunfar en el espectáculo. ¿Qué el precio se eleva a un nuevo Estatut que, no conforme con ser inconstitucional, trata de enmendar desde una de las partes el reglamento del todo? Pues se paga, no faltaba más. El precio es justo por la resurrección de un cadáver político forzado al retiro tras una derrota tan nítida como compensada con la formación de un tripartito que atenta contra todos los supuestos de la lógica política.

En lo municipal, la estrella máxima en el arte de crear problemas innecesarios es, y con distancia sobre su primer competidor, Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid. Ha conseguido convertir la, en otro tiempo, adorable capital de España en un escenario bélico, cuajado de muros y trincheras, para impedir el paso de los vecinos. Hoy domingo, en que decae la actividad de las obras que nos afligen, ha autorizado una «fiesta de la bicicleta» que colapsará el tráfico por otros procedimientos de los habituales. Cinco millones de vecinos serán víctimas del afán deportivo de unos pocos miles. Tiene su mérito en el palmarés de la actividad.

LA ESPAÑA PERDURABLE
Por BENIGNO PENDÁS ABC 2 Octubre 2005

«Lo que a todos atañe, por todos debe ser aprobado»: es la vieja fórmula del constitucionalismo clásico. El 68 por ciento de los españoles tiene muy claro que -aquí y ahora- España es la única nación.

Muy significativo: casi el mismo porcentaje exige la equiparación de las prestaciones sanitarias en todo el territorio. Es lógico, porque soberanía nacional significa igualdad de derechos y rechazo de privilegios.

Parece increíble que esa izquierda que se dice posmoderna ampare y fomente doctrinas propias del Antiguo Régimen absolutista. Zapatero ha consentido la quiebra del modelo constitucional y la sociedad le exige que sea coherente: si el PSOE no rechaza el proyecto en el Congreso (lo mismo que hizo con el Plan Ibarreche) debe ponerse en marcha el procedimiento de reforma sustancial de la Constitución, incluidos la disolución, las elecciones y el referéndum.

No basta con la retórica absurda de la «nación de naciones» ni con el previsible maquillaje formal de un texto que rechazan más de dos tercios de los ciudadanos. Por simple oportunismo, el presidente debería meditar sobre la percepción social del asunto.

Maragall y Carod resultan ser los grandes vencedores y sus propios votantes reprochan al Gobierno que sea prisionero voluntario de los independentistas. Los datos apuntan a una reacción fuerte del sector constitucionalista del PSOE, cuyos líderes están obligados a dar la talla y a asumir riesgos.

La postura del Partido Popular es inequívoca y viene avalada por la opinión abrumadora de los suyos. Principios y estrategias coinciden en este caso, de manera que no hay motivo alguno para ceder ni un milímetro.

En el horizonte, esa «España perdurable... cuya proyección sobre el futuro nos da fuerzas y alas para mantenernos...». ¿Quién se atreve a decir tal cosa? Mucha calma, sesudos guardianes de la corrección política. Lo dijo Manuel Azaña, en el Congreso de la República, durante el debate sobre el Estatuto catalán de 1932.

SALTO EN EL VACÍO
Por ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 2 Octubre 2005

Ya salió el conejo de la chistera. Tomémosle las medidas a la propuesta estatutaria que anteayer se aprobó en el Parlament y que pronto llegará a Madrid. Primer dato: si el Congreso bendice el documento según ha salido de Cataluña, se habrá procedido a una reforma encubierta de la Constitución. Para conocer el paño, basta una muestra. Sólo la creación de un poder judicial catalán exige la reforma de diez artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Habría que acudir a aumentos exponenciales, para tasar el impacto del «Estatut» sobre el conjunto de la Carta Magna. Esto encierra dos hechos gravísimos. En primer lugar, se quieren cambiar las reglas de juego por la puerta de atrás. En segundo lugar, se acomete la operación dando la espalda al PP, que es casi la mitad del país. Se rompe, en una palabra, el consenso del 78, lo que equivale a decir que se ingresa en un desarrollo literalmente inédito y rigurosamente impredecible. Aznar, el otro día, habló de un cambio de régimen. La expresión es inexacta. Más justo sería decir que nos estamos dirigiendo hacia la liquidación del régimen vigente sin ningún orden alternativo que lo substituya.

Pasemos, de la política, a los números. ¿A qué España nos aboca el «Estatut»? La respuesta es elemental: a un país en que la redistribución recorrería circuitos regionales. El acuerdo sobre financiación contempla que Cataluña recaude y gestione los impuestos, y luego negocie bilateralmente qué cantidad debe trasladar al Estado. Se trata, hablando en plata, de un sistema muy próximo al del concierto económico. En un papel de urgencia que el PSC redactó anteayer, se afirmaba que no hay cupo, porque el «Estatut» prevé que la Generalitat ceda una parte de lo recaudado con arreglo a una serie de coeficientes, que se fijarían entre ambas partes. Pero esto es eludir la cuestión de fondo. Quienquiera que se haya tomado la molestia de examinar qué interpretaciones se hacen en Cataluña de las balanzas fiscales, está en grado de anticipar que la Generalitat establecerá unos coeficientes cortados a la medida de sus reclamaciones, que son infinitas. Contra lo que se asevera en la prensa, el modelo de financiación codificado en el «Estatut» no es federal, sino confederal. Y el propósito transparente, alcanzar los resultados del concierto vasco o el convenio navarro. El desenlace cantado, en el medio plazo, sería una mucho menor contribución catalana a la equidad interterritorial. Súmense otros ingredientes al cóctel, verbigracia, la impotencia del Estado para hacerse valer frente a una Cataluña blindada, o el efecto emulador que el esquema catalán excitará en otras comunidades ricas, y resultará sencillo a gallegos, extremeños o andaluces, apreciar lo que se les viene encima.

¿Qué ocurrirá en el Congreso? No es posible hacer viable el Estatuto sin desnaturalizarlo por completo. Se puede aplicar pintura metalizada a un utilitario, y añadirle unos alerones, y después, si se mira desde muy lejos, hacerse a la idea de que es un deportivo. Pero no sabemos todavía cómo transformar una carroza fúnebre en un triciclo, o al revés. En esencia, habrá que devolver el «Estatut», o si no, tragárselo en lo sustancial, sosteniendo contra toda evidencia que tiene cabida en la Constitución. Recelo que sucederá lo último, por dos razones. Primero, porque devolver el Estatuto obligaría al PSOE a romper con el PSC; segundo, porque es Zapatero quien, a última hora, ha impulsado un trato con CiU.

La actuación de Zapatero ha sido misteriosa. La semana pasada, todo indicaba que el Gobierno, con la anuencia del PSC, estaba dispuesto a tensar la cuerda a fin de que CiU hiciese naufragar el invento. Los costes habrían sido graves, aunque inferiores a los que comporta desquiciar el Estado. El Presidente, sin embargo, rebasó por la retaguardia a su propio partido, y desequilibró irreversiblemente la balanza a favor de un acuerdo. No podrá echarse abajo el Estatuto sin que Zapatero dimita, y se convoquen elecciones generales en circunstancias dramáticas para los socialistas. Es probable, en consecuencia, que la ley catalana pase el portazgo del Congreso, con retoques más que insuficientes. La celebración del referéndum en Cataluña adquiriría, por la fuerza de las cosas, el carácter de un acto de autodeterminación, en el curso del cual los catalanes estarían sentando las condiciones de su permanencia nominal en España. Lo que más tarde dictaminara el TC, carecería de importancia.

Zapatero ha dado un paso histórico, aunque desconocemos hacia dónde. España enfila el siglo XXI envuelta en un caos muy del siglo XIX.

Rafting, puenting, estatuting
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 2 Octubre 2005

ZAPATERO proclamó en la última reunión de la ejecutiva socialista que le gustan los grandes desafíos: debe estar plenamente satisfecho, pues el que, desde anteayer, tiene encima de su mesa es formidable.

Tras diecinueve meses de enredos y política sectaria, que han convertido a Maragall en el hazmerreír de media España, el Parlamento catalán aprobó el viernes un proyecto de Estatuto que, por primera vez en democracia, pone las relaciones de Cataluña con España al borde del abismo.

El problema no es sólo que el proyecto del nacionalismo catalán (pues todos sus autores se ha revelado al fin como lo que son en realidad: nacionalistas) sea frontalmente contrario a la Constitución en muchas de sus partes, partes que constituyen, además, el nervio del proyecto: el concepto de nación, el blindaje competencial, las previsiones judiciales o el sistema de financiación. El problema no es siquiera que se acepte, con toda normalidad, la posibilidad de aprobar el Estatuto en las Cortes sin los votos del PP, lo que rompería la regla del consenso entre los dos grandes partidos nacionales con que se construyó el Estado autonómico español.

El auténtico problema es que el engendro que, con una irresponsabilidad inconcebible, ha aprobado el Parlamento catalán, destruye nuestro sistema autonómico y coloca a Cataluña en la senda de la secesión territorial. La generalización de ese modelo supondría, simplemente, la desaparición de España, tal y como hoy la conocemos.

Ante tal provocación, le quedan ahora a las Cortes sólo dos opciones: el cirio o el fraude. Si la mayoría socialista-nacionalista opta por el fraude -es decir por aprobar el estatuto con esos retoques de los que habla la señora Fernández de la Vega- se habrá consumado la conversión de la Constitución en letra muerta, de lo que tomará buena nota, en primer lugar, el PNV: de hecho, salvo su retórica soberanista, el proyecto catalán a lo que se parece de verdad es al proyecto de Ibarretxe.

Si, por el contrario, la mayoría de las Cortes depura el proyecto de lo que en él es jurídicamente inaceptable o políticamente inasumible, CiU y ERC lanzarán toda su artillería contra el veto de Madrid, y el enfrentamiento político entre las Cortes y el Parlament podría abrir una confrontación civil entre España y Cataluña de imprevisibles consecuencias.

Y todo porque a Zapatero le gustan los grandes desafíos. Es una pena que para colmar esa afición no haga rafting o escale el Everest. Pues los altísimos costes del cisco que su mala cabeza ha terminado provocando los pagaremos todos y no sólo él, un político aventurero en quien, definitivamente, no se puede confiar.

El esperpento que no cesa
PEDRO ARIAS VEIRA La Voz 2 Octubre 2005

LOS VASCOS gozan de una posición privilegiada en España. Disponen de una práctica soberanía fiscal, deciden lo esencial en su territorio y además cuentan con representantes en el Parlamento de Madrid, que suelen influir muy mucho en la vida de los demás. Les hemos sido un gran negocio; les mandamos jóvenes trabajadores en la flor de la productividad, con el coste de crianza a cargo de origen. Y les hemos servido de mercado interior sin fronteras, sobre el que han apuntalado su ventajoso crecimiento. Sus jóvenes terroristas, hijos del marxismo leninismo y de la ceguera ambivalente de la izquierda española, apuntalaron con la violencia selectiva el frío cálculo de sus élites provincianas. Hoy están a punto de lograr todos sus objetivos, el estatus óptimo del gorrón: independencia en casa propia e intromisión en la ajena.

Los catalanes no les van a la zaga. No recurrieron al terrorismo -más que como coartada indirecta-, les bastaba la fuerza numérica de una población con alta cuota electoral; Catalunya pesa tres veces más que Euskadi, siempre será la bisagra de los resortes fácticos. Ahora, con la izquierda en todos los poderes, se han lanzado a la explotación de la coyuntura. Van a por la independencia real, sin excluir su privilegiada posición como caballo de Troya en el Parlamento de España. Y utilizan sus instrumentos financieros como palanca de afianzamiento en la economía española. El suyo es un nacionalismo expansivo de guante ya no tan blanco.

Asistimos inermes a las consecuencias reales del atentado del 11 de marzo, la matanza manipulada que ha cambiado la marcha de este país. Los oportunistas tienen en la Moncloa a su inquilino ideal. Carente de energía y visión, se pasa del llamamiento por la deserción en Irak a la sobreactuación en Afganistán; alardeó de perseguir a los terroristas y con él han salido reforzados en el Parlamento vasco; invoca el revanchismo sobre la Guerra Civil y termina llamando a la Legión para que contenga a los pobres hambrientos de África, a los mismos que había defendido en las Naciones Unidas; dijo que aprobaría todo lo que saliera del Parlamento catalán y ante la evidente anticonstitucionalidad su vicepresidenta áulica se inventa un imposible retocado en las candilejas del Congreso.

Es difícil contener la tristeza. Hemos vuelto a una pesadilla esperpéntica peor que la del pasado, porque presume del aval de las urnas. Hubo un tiempo en que pensamos que sólo teníamos que administrar la libertad desde el dictado de la razón y disciplinar las ambiciones con la balanza del mérito y el esfuerzo. Podríamos ser más que una sociedad amañada, una verdadera comunidad real. Pero todo ha sido una rotación de desencantos. Hoy manda el cinismo asimétrico, la gente dura con sonrisas blanqueadas. Adormecidos por la prosperidad, bloqueados por los fantasmas del miedo y confusos en nuestras propias burbujas, no parecemos capaces de afrontar los nuevos desafíos. Ojalá no sea cierto.

LA TERRORISTA HA CULPLIDO 19 DE LOS 700 AÑOS DE PRISIÓN
La hija de una víctima de la etarra Galdós se queja de "que un asesinato cueste poco más de un año de cárcel"
Este sábado el diario El Mundo recoge el testimonio de Matilde Atarés Ayuso, hija de una de las víctimas de la etarra Mercedes Galdós que ha sido puesta en libertad tras cumplir 19 de los 700 años de prisión a los que había sido condenada. La víctima, en una carta al Director del periódico, expresa su rabia e indignación por lo sucedido y pone de manifiesto su falta de fe en "los legisladores y en la justicia humana, que permiten que un asesinato cueste poco más de un año de cárcel".
Libertad Digital 2 Octubre 2005

“Cuando he sabido que Mercedes Galdós, la asesina de mi padre y de otras 16 personas, está en libertad, he llorado de rabia e impotencia”. De esta manera comienza la carta que Matilde Atarés Ayuso, hija de una de las personas asesinadas por la etarra Mercedes Galdós, ha enviado al Director de El Mundo.

La sanguinaria etarra Mercedes Galdós, que salió el pasado viernes de la prisión de Topas (Salamanca) tras haber cumplido 19 de los 700 años con los que fue penada por su participación en 21 actos terroristas, logró redimir 11 de los 30 años de cumplimiento máximo de su condena gracias a la realización en las diferentes prisiones donde fue ingresada de actividades como estudios de Psicología, aeróbic, mecanografía, actividades deportivas (fútbol-sala) y labores de auxiliar de limpieza.

“Está claro que después de lo sucedido, no puedo tener ninguna fe ni en los legisladores ni en la justicia humana, que permiten que un asesinato cueste poco más de un año de cárcel. Incluso me sentiría avergonzada de ser española, de no ser porque mi padre murió por los valores en los que creía, como son España, la libertad y la democracia, y que renegar de cualquiera de ellas, sería renegar de los motivos por los que mi padre dio la vida”, expresa emocionada Matilde Atarés.

CANALLADAS
XAVIER PERICAY ABC Cataluña  2 Octubre 2005

CUENTA Marita Rodríguez en la primera del número de septiembre del boletín de la Asociación por la Tolerancia la historia de una canallada. La historia es sencilla. Una familia castellanohablante del Baix Llobregat tiene a sus dos hijos, de 10 y 5 años, escolarizados en el colegio público El Barrufet, de Sant Boi. Como es habitual en este predio nacionalista llamado Cataluña, los niños reciben toda la enseñanza en catalán. El problema es que ambas criaturas son sordomudas. Y que la mejor forma de que puedan expresarse verbalmente -la única, en realidad- es que sean educadas, en casa y en la escuela, en una misma lengua, que no puede ser otra que la materna. Por otra parte, la Generalitat dispone para estas coyunturas de un servicio asistencial. Se llama CREDAC y cuenta con unos especialistas, los logopedas. Estos logopedas asisten a los niños en la escuela unas cuatro horas por semana. Y los asisten en catalán. Es decir, en el caso que nos ocupa, no los asisten en absoluto.

Como pueden figurarse, los padres de las criaturas han hecho todo cuanto han podido para que sus hijos fueran escolarizados y asistidos en castellano. Y tanto han hecho que, según la madre, a la que se ha concedido la invalidez permanente debido a su estado de ansiedad, la Administración ha llegado incluso a amenazarles con retirarles la patria potestad de sus hijos si seguían con sus reclamaciones. Pero, además, y por si no bastara con lo anterior, el centro educativo, en consonancia con los criterios emanados del Departamento y con el noble empeño, sin duda, de aligerarle al mayor de los hijos su carga educativa, ha tachado de su lista de libros de texto -la misma que se entrega a los demás alumnos de la clase- el correspondiente a Lengua Castellana. Por supuesto. La verdad es que están en todo: sólo faltaría que encima el niño tuviera que aprender dos idiomas.

Tanta sinrazón no merecería más que la burla o el desprecio si no fuera porque está en juego el futuro de dos criaturas -por no hablar del presente de toda una familia- y porque el causante de estos atropellos no es otro que el Departamento de Educación, empeñado en situarse al margen de la ley y de todo sentido común. En efecto, de no cambiar su situación escolar, esos niños se verán reducidos a expresarse mediante la lengua de signos. Y no sólo eso: incluso en esas circunstancias pueden encontrarse de nuevo con el mismo problema, o con uno parecido, en sus tratos con la Administración autonómica. Como ustedes tal vez recuerden, hace un par de semanas el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley por el que se reconoce legalmente la lengua de signos y el derecho a su aprendizaje y uso en todos los ámbitos de la vida pública. Se calcula que cerca de un millón de sordos y sus respectivas familias podrán beneficiarse de ello, lo cual constituye, sin duda, una excelente noticia.

Pero resulta que este reconocimiento oficial lleva asociada una precisión. No existe un lenguaje de signos universal, un sistema unificado, sino que cada comunidad lingüística ha desarrollado uno propio. Para entendernos: un sordo francés y un sordo japonés a duras penas lograrían comunicarse. De ahí que el anteproyecto ministerial prevea el reconocimiento de «la lengua de signos en castellano y en catalán». Sí, porque hay una lengua de signos para el castellano y otra para el catalán. Y no la hay, en cambio, ni para el gallego, ni para el vascuence. O el anteproyecto, cuando menos, nada dice al respecto.

No vayan a creer, sin embargo, que entre la lengua de signos en castellano y la lengua de signos catalán existan muchas diferencias. Según los expertos, lo que separa a ambos sistemas es bastante parecido a lo que separa el castellano hablado del catalán hablado. Poca cosa, pues. A lo sumo, una cuestión de acento. Nada que dificulte, en definitiva, la mutua comprensión. Pero, claro, no es lo mismo un adulto que un niño. Para un niño en edad escolar, este acento, aunque sea el del gesto, puede representar un idioma nuevo. Sobre todo si se le obliga cargar con él y llevarlo a cuestas durante todo el período de aprendizaje.
Cataluña

Esfuerzo y melancolía (II)
Blog Arcadi Espada 5074  2 Octubre 2005

"El presente Estatuto sigue la tradición de las constituciones y otros derechos de Cataluña, que históricamente habían significado la articulación política y social de los catalanes y las catalanas."

Difícilmente la corrección nacionalcopulativa habrá alcanzado en un texto legal un nivel más ridículo que en este segundo párrafo preambular. La remota articulación política de las catalanas no alcanza ni siquiera al Estatuto republicano, de 1932. Como recuerda algún cartel de la época su papel articulado consistió en convencer a los maridos de que fueran a votar.

"La vocación y el derecho de los ciudadanos de Cataluña de determinar libremente su futuro como pueblo, que el Parlamento de Cataluña ha expresado reiteradamente, se corresponde con la afirmación nacional que históricamente representó la institución de la Generalidad, vigente hasta el siglo XVIII y después recuperada y mantenida sin interrupción como máxima expresión de los derechos históricos de que dispone Cataluña y que el presente Estatuto incorpora y actualiza."

Vuelvo al párrafo seis del Préambulo, libremente, reiteradamente, históricamente. Me conformaría con que el Congreso reformase la gramática del texto. La moral mejoraría imparable. Este es el nivel de la filología política catalana. ¿Lengua de bois? Quiá! Sólo formica. Habrá que bracear. Observénse, profilácticamente aislados, algunos sintagmas. “La vocación de
los ciudadanos de Cataluña de determinar libremente su futuro como pueblo”. “Vocación”, en primer lugar. Y la maravillosa definición del diccionario de la Academia: “Inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de ser y ejercerse como catalán”. Se habrá observado (¿sí...?) la imposibilidad lógica de asociar “vocación” a “determinación libre”, y ya no digamos a otro derecho que no sea el divino. Pero esa contradicción (¿sí...?) no es más que el mapa en superficie de la profunda incapacidad de conjugar Cataluña y la Democracia. Porque los “ciudadanos” sólo pueden ser
libres en tanto que “pueblo”. Se ve claramente (¿sí...?) cuando se lee con machete: “El derecho de los ciudadanos debe corresponderse con la afirmación nacional de los derechos históricos catalanes”. Llegados al claro: no hay derechos ciudadanos al margen del derecho histórico. Firmado: un socialista.

A pesar de todo, y naturalmente sin saberlo, el Estatuto sigue la preceptiva stendhaliana: "Muestre, no declare". Un ejercicio absoluto de autodeterminación, sin que aparezca nunca la palabra.

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