AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 5 Octubre 2005
La otra reforma constitucional
Editorial ABC 5 Octubre 2005

ZP esconde la mano tras tirar la piedra
EDITORIAL Libertad Digital 5 Octubre 2005

Con pulpo y Albariño no se arreglan los problemas
Ignacio Villa Libertad Digital 5 Octubre 2005

ETA y el proceso de confusión
CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN ABC 5 Octubre 2005

Las desarmadas Fuerzas Armadas
ANTONIO BURGOS ABC 5 Octubre 2005

Ínsulas y encrucijadas
BENIGNO PENDÁS ABC 5 Octubre 2005

Nación de naciones
Agapito Maestre Libertad Digital 5 Octubre 2005

1936-2005
Pío Moa Libertad Digital 5 Octubre 2005

En el limbo jurídico
TONIA ETXARRI El Correo 5 Octubre 2005

12. El cuento de El Chino
Por Luis del Pino Libertad Digital 5 Octubre 2005

Los federales
LAS PESQUISAS DE MARCELLO  Estrella Digital5 Octubre 2005

Estatuto, nacionalismo y neoliberalismo
Juan Francisco Martín Seco Estrella Digital 5 Octubre 2005

¿Quién va a parar el nuevo Estatuto catalán anticonstitucional?
Luis Miguez Macho elsemanaldigital 5 Octubre 2005

Reflexiones sobre el proyecto de Estatuto catalán
ÁNGEL DE LA FUENTE El País 5 Octubre 2005

La nación de Maragall
ANTONIO ELORZA El Correo  5 Octubre 2005

César A. Molina defiende el español como idioma oficial de la UE
JORGE SÁINZ ABC 5 Octubre 2005

"Trece entre mil"
Iñaki Arteta  5 Octubre 2005

La otra reforma constitucional
Editorial ABC 5 Octubre 2005

LA propuesta de reforma del Estatuto catalán es un envite al sistema constitucional, y así lo reconocen sus promotores, empezando por Pasqual Maragall, quien ha repetido, por activa y pasiva, que su propuesta estatutaria abriría una segunda transición. Esta intención neoconstituyente del tripartito y de Convergencia i Unió coincide con la letra del texto que han remitido al Congreso de los Diputados, aunque la Mesa de esta Cámara lo tramite como reforma estatutaria y no como reforma constitucional. El precedente del Plan Ibarretxe, también admitido a trámite en su día como reforma estatutaria, cobra ahora todo su valor político.

Entra dentro de la lógica que ahora se suscite el debate sobre una eventual reforma de la Carta Magna para «blindar» competencias del Estado. Hasta ahora, el modelo territorial había venido funcionando aceptablemente gracias a un pacto de responsabilidad y lealtad entre el Estado y las Autonomías, roto en primera instancia por el nacionalismo vasco. Pero tras la nueva vuelta de tuerca del Parlamento catalán se abre un nuevo escenario de imprevisibles consecuencias sobre el que conviene reflexionar. El desarrollo del Estado de las Autonomías se ha producido con el sobreentendido de que cada paso que se daba era irreversible, de forma que cada competencia que el Estado transfería a las Comunidades Autónomas no tenía en ningún caso billete de vuelta. También algunas decisiones interpretativas del Tribunal Constitucional han contribuido a encarrilar en un solo sentido centrífugo la relación del Estado con las autonomías.

La suma de estos factores ha hecho que esté proscrito del debate político, incluso de la opinión publicada, cualquier propuesta de reversión de competencias -aunque esté prevista en el artículo 155 de la Constitución-, incluso en casos flagrantes de deslealtad constitucional, como los que podrían constatarse en materia de educación o seguridad, por ejemplo, en el País Vasco. Paradójicamente, quienes apelan a la Constitución para defender sólo el viaje de ida de las competencias hacia las autonomías son los que ahora más tenaces se muestran en romper las amarras constitucionales de sus respectivas comunidades, una vez que éstas se han aprovisionado convenientemente para actuar como entes casi soberanos y paraestatales.

En este sentido, el debate sobre el modelo de Estado se sitúa en unas nuevas coordenadas, que requieren respuestas mucho más realistas y, por tanto, más eficaces para resolver la encrucijada en que la Constitución ha sido puesta por la tolerancia del Gobierno socialista ante el órdago secesionistas de sus aliados. Se ha llegado al punto crítico de la tensión territorial provocada por la alianza de socialismo y nacionalismos, que ha roto las reglas del juego establecidas en 1978. Por tanto, el problema no es principalmente proteger las competencias del Estado para evitar nuevas fugas o facilitar su recuperación. Se trata de aprender la lección y plantearse seriamente la necesidad de incorporar a la Constitución un principio de intangibilidad que ampare la unidad territorial, la soberanía nacional y la capacidad cohesiva del Estado. Las constituciones admiten reformas, evidentemente, pero nada impide sentar unas bases, inmodificables, que aseguren la convivencia social no sólo para una generación, como se pretende ahora, sino indefinidamente, como sucede en Francia o en Italia, con la forma republicana, o en Alemania, con la organización federal. No hay que resignarse, como si fuera un designio fatal del destino, a que España sea un objeto de discusión permanente a disposición de los nacionalismos, quienes, sin embargo, se reservan para sí legitimidades históricas que se pierden en la noche de los tiempos.

Las competencias del Estado son, sí, importantes, porque sin ellas el Estado es una marca vacía. Pero es preciso plantear simultáneamente un sistema de inmunidad constitucional, no susceptible de reformas, que cubra los mínimos políticos irrenunciables de lo que la gran mayoría de los ciudadanos entiende por España como realidad histórica, nacional y unitaria. Nada de esto es incompatible con la organización autonómica del Estado, tal y como estaba resuelta en la Constitución. Son los nacionalismos soberanistas -con adición del socialismo federalista- los que han pretendido instaurar esa incompatibilidad entre la idea nacional de España y el Estado autonómico.

ZP esconde la mano tras tirar la piedra
EDITORIAL Libertad Digital 5 Octubre 2005

Si ya ha resultado llamativo que Zapatero, después de haber reanimado las esperanzas de ETA con una oferta de negociación, no haya dicho “esta boca es mía”, ni para condenar el ultimo atentado de ETA ni para celebrar la ultima detención de los terroristas llevada a cabo por la policía francesa, más elocuente resulta, con todo, su silencio de estos últimos y dramáticos días, en los que avalanchas de inmigrantes saltan ilegalmente nuestras fronteras, o en los que los nacionalistas e independentistas catalanes acaban de poner en jaque la continuidad nacional y constitucional de España.

Si en estos dos asuntos, el presidente ha llegado a negarse a responder a las preguntas de los periodistas, su intención de refugiarse en la sombra ha llegado al extremo de negarse también a acudir al Parlamento y dar allí explicaciones sobre su renuencia a salir en defensa de la soberanía española de Ceuta y Melilla o sobre su política para hacer frente a las avalanchas.

El presidente del gobierno no podrá, sin embargo, prolongar por mucho tiempo su silencio. Si el acoso a las fronteras de Ceuta y Melilla, lejos de atenuarse, no hace otra cosa que agravarse, el plan de ruptura catalán será hoy mismo trasladado por el independentista que preside el parlamento autonómico para registrarlo en el que, todavía, es nuestro Parlamento nacional. Eso, por no hablar de la entrevista que, también hoy, mantendrá ZP con Maragall.

Como la del niño que tira la piedra y esconde la mano, esta insostenible actitud de ZP obedece, sin duda, al deseo de no verse implicado en el entuerto que su propia irresponsabilidad ha generado. Pero también hay en la actitud de Zapatero el cálculo, propio de todo nihilista, de esperar a ver cómo se asientan en la opinión pública los acontecimientos para ver con qué energía se sigue comprometiéndose con ellos. Por eso los nacionalistas no han dejado un solo momento, tras aprobar el plan, de seguir presionando, política y mediáticamente para que Zapatero no los frene después de haberlos animado en esta deriva soberanista. Por eso, el PP, y cuantos defienden el marco constitucional del 78, deben acentuar la denuncia de este golpista fraude de ley que se quiere perpetrar escondido en una supuesta reforma estatutaria.

Si su responsabilidad directa en el entuerto catalán -que ZP aspira a convertir en éxito- es patente desde que basó las alianzas de su gobierno con unos separatistas que, a su vez, habían consensuado estrategias con ETA en Perpiñán, -por no hablar de las posteriores declaraciones del presidente cuestionando la condición de “nación” del país que gobierna-, la responsabilidad de Zapatero no es menor en el caos con el que se está acosando a Ceuta y Melilla.

Evidentemente, ni ZP ni su Gobierno son responsables del delirio ideológico –y en algunos casos, criminal- de los nacionalistas, como tampoco lo son del hecho de que haya multitud de personas que aspiren a una vida mejor saltándose la ley y las fronteras.Pero, desde luego, lo que sí es culpa del Gobierno del 14-M es haber alentado y agravado, de forma decisiva, ambos problemas.

En lugar de exigir con firmeza a Marruecos que cumpla sus compromisos de colaboración contra la inmigración ilegal, la actitud del gobierno de ZP ha sido tan permisiva y condescendiente, que ha animado a Rabat, por el contrario, a utilizar a los inmigrantes como medio de presión para aproximarse a su vieja aspiración de reclamar la soberanía de Ceuta y Melilla. En la misma dirección ha empujado la irresponsable “regularización” de inmigrantes ilegales llevada a cabo por el gobierno de ZP, que, tal y como se le advirtió, no ha hecho otra cosa que agravar el “efecto llamada”. Que Moratinos salga ahora pidiendo ayuda a la UE para contener las avalanchas, después de haber hecho oídos sordos a las reiteradas protestas de nuestro socios europeos ante aquella demencial política, muestra hasta qué punto este gobierno no sólo no soluciona los problemas, sino que los agrava.

Qué punto de incompetencia no habrá alcanzado el Gobierno de ZP que hasta ha convencido a no pocos medios de la derecha de que no es conveniente que el Ejército colabore con la policía y la Guardia Civil en las tareas de contención de la avalancha. Claro que, si esas labores se van a llevar a cabo con el desarme material y moral con el que se han improvisadamente diseñado, no es que sobren los militares, es que también sobra la policía y la Guardia Civil.

Si, al menos, la “alianza de civilizaciones” sirviera para combatir esas tiranías y esos incivilizados regímenes, fabricantes de miseria, de las que huyen los emigrantes ...Pero ¡que vá! A lo que aspira ZP es a perpetuarlas en una “dialogante” coexistencia.

Con pulpo y Albariño no se arreglan los problemas
Ignacio Villa Libertad Digital 5 Octubre 2005

¿Qué tendrá este hombre en la cabeza? Con los problemas que se le acumulan encima de la mesa, inmerso como está en un auténtico laberinto al que ha llegado gracias a su debilidad de carácter, el presidente del Gobierno se ha pasado toda la jornada del martes tan contento en Lugo –tierra de Pepiño Blanco– celebrando las fiestas de San Froilán entre pulpo y Albariño. Tan ricamente, tan campante Zapatero se ha dejado llevar por la gastronomía gallega, suponemos como bálsamo para tanto moratón político que se está encontrando en estos últimos meses.

Qué lejos queda la demagogia del talante y de la sonrisa. Lo cierto es que desde el mes de julio no levanta cabeza. Ha perdido la frescura que –decían– tenía y desde luego ha perdido el estado de gracia con que trataban al presidente del Gobierno toda su prensa "amiga". Ahora las cosas son mucho más complicadas, y en Moncloa nos encontramos actitudes rocosas, miradas huidizas y nervios electorales. En fin, un ambiente de final de legislatura.

Precisamente en este contexto de claro decaimiento político, Rodríguez Zapatero se ha topado con el "monstruo" de la reforma del Estatuto catalán; un "monstruo" que él ha alimentado, ha azuzado y ha abanderado como símbolo de un cambio ficticio a la hora de hacer política. El presidente del Gobierno, una vez más, se ha dejado llevar por unos asombrosos ataques de "olvido". Pero es difícil olvidar que estamos donde estamos gracias a él. Hemos llegado a esta situación gracias a su negligencia y como resultado de su irresponsabilidad.

Zapatero dice tener una fórmula mágica para solucionar la crisis constitucional provocada por la reforma del Estatuto. Es de risa. Para empezar, la única fórmula que nos encontramos es que el silencio informativo ha sido aplicado a la entrevista que este miércoles va a mantener en Moncloa con Pasqual Maragall. Es evidente que para evitar cualquier discrepancia pública a Maragall no le han puesto el micrófono en la sala de prensa . Han optado por este silencio institucional que significa hurtar a la opinión pública los datos de una negociación que es clave para el futuro de la Constitución.

¿Es esa la claridad que decía Zapatero iba a traer a la política española? Con tanto silencio, con tanto secreto, con tantas tinieblas poco podemos creer al personaje. Eso sí, que siga comiendo pulpo y bebiendo Albariño, mientras los soldados españoles enviados por él a las fronteras de Ceuta y Melilla se encuentran impotentes porque no tienen los medios necesarios para parar las invasiones de inmigrantes. Al final, vale lo que vale.

ETA y el proceso de confusión
Por CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN ABC 5 Octubre 2005

HACE poco más de dos años, pocos dudaban de que ETA estaba al borde del fin, gracias sobre todo a la eficacia del Pacto por las Libertades; francamente, no acabo de comprender por qué tantas de esas opiniones han girado 180 grados, hasta sostener que ahora estamos peor que nunca, con la banda a punto de triunfar gracias a la traición. No hemos sufrido ningún asesinato etarra desde mayo de 2003. ¿Es el cambio de gobierno el que ha precipitado ese vuelco?; ¿la sustitución del PP por el PSOE es una prueba irrefutable de la victoria de ETA?; ¿es Gregorio Peces Barba peor que Josu Ternera? Cierto es que ese giro de la opinión complementa al de quienes sostienen que negociar con los terroristas no sólo es el colmo de la virtud política, sino un mero asunto de talante e ingenio desinhibido: Otegi es un pacifista; Batasuna, un posible aliado; LAB, un socio a cortejar.

Lo que sí muestra este cambio de opinión es que el Pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista fue más bien la consecuencia extraordinaria y provisional de la presión ciudadana. El sistema democrático empuja a los partidos -y a la prensa que les apoya, las empresas beneficiarias y las distintas clientelas- a la colisión y al enfrentamiento. Hay poquísimos pactos, si los hay, resistentes a la tentación de explotar las desgracias del rival. Dejemos ahora las circunstancias que dieron la victoria a José Luis Rodríguez Zapatero en detrimento de Mariano Rajoy; lo que importa es que, de paso, volaron por los aires el quebradizo consenso entre el PSOE y el PP. La voladura ha dejado paso franco a una impresión inquietante: para algunos, demasiados, la derrota o la victoria de ETA no son otra cosa que un dato coyuntural, útil para atizar al contrario. El terrorismo y sus consecuencias dan más o menos lo mismo. Importa otra cosa: ¿puede aprovecharse para atacar al Gobierno o acosar a la oposición? Igual parece exagerado, pero ¿cómo entender que algunos consideren peor que no haya asesinatos, o que reclamen ese avance durísimo, elemental y colectivo, como un éxito partidista?

España es un país tendente a los bandazos cainitas y admirador de la picaresca. Los que ayer eran héroes hoy son traidores, y los últimos de la clase aspiran con naturalidad a la matrícula de honor. La ecuanimidad, el rigor y la coherencia crítica tienen aquí poca prensa, pero se aplaude el sectarismo más paranoide. Los mismos que el domingo afirman que el terrorismo nacionalista es un fantasma despreciable proclaman el martes su victoria. Ha pasado con los últimos bombazos etarras, que han dejado en evidencia tanto a quienes proclamaban -y siguen igual- que ETA no atenta porque el gobierno traidor se ha rendido como a los diseñadores de inútiles e indecentes mesas para una negociación imposible. La bomba y el último anónimo etarra dejan todo donde estaba: no hay mucha base para creer que la banda haya optado por la eutanasia.

Es cierto que el gobierno Zapatero ha levantado el pie del acelerador que el gobierno Aznar pisaba hasta el fondo. ¿Hay alguna explicación aceptable de esta actitud, o sólo cabía exigir la continuidad con la política de Aznar? Lo cierto es que la propia debilidad de la banda, fruto de esa política, anima la conjetura de un final pactado a cambio de la renuncia definitiva al terrorismo. Además, el terrorismo islamista pone contra las cuerdas a una ETA incapaz de emular a Bin Laden sin afrontar una destrucción definitiva, como parece haber entendido el IRA. Así las cosas, no es ningún disparate tratar de convencer a los etarras de que la única alternativa al desestimiento voluntario es el acoso y exterminio. El mayor peligro es un unilateralismo que los ataques incondicionales al Gobierno, al que algunos le niegan el deber y el derecho a gobernar, amortizan por adelantado.

Imaginar el fin de ETA como una reedición del duelo en O.K. Corral no es sólo una puerilidad que regala a los terroristas un estatus rival que no les corresponde, sino que en la práctica demora hasta el infinito su derrota. A falta de un Gary Cooper que liquide en perfecta soledad a todos los pistoleros, nos quedamos esperando eternamente una noticia que quizá nunca se produzca. Lo más probable es que el terrorismo etarra acabe deshaciéndose en su propia salsa. Un pacto realmente duradero no sólo entre los partidos, sino entre todos los agentes sociales implicados, aceleraría ese desenlace: ¿y si la desaparición de ETA no es otra cosa que la falta de noticias sobre ETA, sin rendición, sin acta notarial, sin mesa de paz, una extinción entre el desprecio general?

Si la confianza socialista en cerrar acuerdos con los nacionalistas es irracional y temeraria, sabotear toda posibilidad de reencuentro de la derecha y la izquierda democráticas no ayuda a derrotar a ETA. Al contrario: la salud terrorista mejora cuando empeora la del Estado democrático. Y tampoco ayudan nada, me temo, movilizaciones tan apocalípticas, partidistas y llenas de prejuicios como las anunciadas por la AVT, más orientadas a desgastar al Gobierno e irritar a sus votantes que a combatir a los terroristas, a instituir la tutela delegada de sus muertos sobre la voluntad de los vivos.

ETA no quiere aceptar todavía que carece de futuro. Ahora le frenan su debilidad, el temor a reactivar el Pacto Antiterrorista y la respuesta general. Por eso estimula con gestos ambiguos la confusión que enfrenta a sus enemigos, única esperanza de perduración que le resta. Siento no ser original y aburrirles con obviedades que no interesan a nadie. Estamos mucho mejor ahora que en 1998 y 1980. Pero me pregunto si el triunfo del cainismo y el instinto sectario sobre la sensatez no volverá a retrotraernos a los peores años.

Las desarmadas Fuerzas Armadas
Por ANTONIO BURGOS ABC 5 Octubre 2005

LAS vueltas que da el mundo, con tanto eclipse. ¿Quién nos iba a decir hace diez años que la esperanza de la permanencia de España como nación y Constitución iba a tener el nombre de Alfonso Guerra? Si ZP pensara con respecto a España como Guerra, iban a faltar cantos en el sequerón cauce del Segura con los que darnos en los dientes. Guerra dijo que iban a dejar España que no la iba a conocer ni la madre que la parió. Se pasó. No tres pueblos, sino tres gobiernos. Pasaron los gobiernos felipistas del PSOE y España seguía siendo perfectamente reconocible. Pasaron dos gobiernos sucesivos del PP e igualmente era perfectamente identificada por su señora madre. Mas llegó ZP, y como «El emigrante» de Juanito Valderrama: «Adiós, mi España querida». Ahora, ahora es cuando a España no la conoce ni la madre que la parió. Habrá que decir como de Juan Belmonte cuando empezó de novillero a destacar temerariamente:

-Date prisa en ver a España, antes que ZP acabe con ella.

Si hay un fuerte incremento en el número de turistas que nos visitan es por eso: vienen a ver España antes que la destruyan los separatistas con la complicidad de la mayoría del Congreso de los Diputados y del Gobierno que sustenta. Reino en manos de los republicanos separatistas y de su rehén monclovita donde se dan contradicciones que serían para hartarse de reír si no hubiera que comprar sábanas para llorar. España tiene las únicas Fuerzas Armadas desarmadas del mundo. Mi abuela con dos ruedas y un manillar no es mi abuela, sino una bicicleta; en cambio una compañía de Caballería y otra de Regulares sin armas, sólo con un casco y una porra, no son los títeres de cachiporra, sino las Fuerzas Armadas, si están desplegadas para ¿defender? nuestras fronteras allá por la tierra mora, allá por tierra africana, un soldadito español de esta manera etcétera.

Si tú tomas a la Policía Nacional y le quitas la pistola, la defensa, los grilletes y el póquet y le pones una camiseta a rayas verdes y blancas no es la Policía, es el equipo del Betis. Si tomas los buques de la Armada y les quitas los cañones, acabas de inventar la flota de Pescanova ganando barlovento. Y si coges al Ejército y le quitas las armas, y le dices que ni se les ocurra abrir fuego, que el fuego hay que dejarlo para los bosques de Guadalajara, y que se pongan un casco de motorista y tomen un vergajo de guardia de la porra, acabas de inventar los seguratas de Prosegur. Yo que presidente de Prosegur, iba que me las pelaba al juzgado de guardia, a denunciar a Bono por intrusismo profesional y competencia desleal. ¿Por qué en Ceuta hemos convertido al soldadito español, soldadito valiente, en segurata? La frontera marroquina de Ceuta está guardada igual que una caja de Zara: por un segurata. De Regulares con el fez colorado o de Caballería con las gloriosas lanzas de Taxdirt, pero, vamos, segurata de todas, todas. El Ejército es Prosegur con siglas del JEMAD o una ONG haciendo pozos en Afganistán, que ésa es otra, con la faltita que está haciendo abrir pozos en Murcia...

No sé por qué en los ministerios, en las consejerías autonómicas, en los juzgados, hay seguratas privados y por qué en cambio en la frontera de Ceuta tienen que estar en este deshonroso plan las desarmadas Fuerzas Armadas. ¿Cómo se llama al glorioso servicio de armas cuando se hace con casco y bate? Béisbol, creo. Me preocupa, me preocupa esta España contradictoria que ya no conoce ni el ZP que la parió, porque habrá que cambiar medio cancionero patrio, y perdón por lo de patrio. De momento a mí me van a hacer trizas la letra de la «Habanera de Cádiz». La Habana ya no será Cádiz con más negritos. De negritos, a este paso, va a haber en Cádiz, a cuyo Obispado pertenece Ceuta, algo así como siete mil millones de veces más que en La Habana.

Ínsulas y encrucijadas
Por BENIGNO PENDÁS ABC 5 Octubre 2005

HABLÓ el Rey en tiempo y forma. Habla el pueblo en las encuestas cada vez que le preguntan. Palabras sensatas, plenamente acordes con la Constitución, proceden de altas instancias judiciales y militares. Sin embargo, se echan en falta ciertas voces desde los cuerpos intermedios que vertebran la sociedad civil. Callan algunos por prudencia convencional, aunque murmuran en círculos restringidos. También en Cataluña: las gentes del PP catalán cuentan que, en privado, casi todo el mundo les da la razón. ¿Acaso sirve eso de algo? Se impone cierta actitud de refugio en los intereses particulares, a veces disfrazada de escepticismo y desencanto. Pero es hora de pronunciarse en público y de forma inequívoca. Deben ser conscientes de ello los intelectuales y académicos, el mundo empresarial, los líderes sociales en el sentido más amplio. No hace falta gritar ni perder las buenas formas. Basta con leer y releer la norma fundamental: «La nación española, en uso de su soberanía...». Ni el bienestar ni el egoísmo justifican el silencio ante un texto con alma de Constitución en cuerpo de Estatuto, aunque se envuelva en la falsa retórica de la nación de naciones o el desarrollo del pluralismo territorial. La única respuesta posible es «no». Pero todo apunta hacia un maquillaje formal, que mantenga lo sustancial y, para colmo de males, alimente el victimismo. Nos dirigimos sin remedio hacia la peor de las opciones: habrá nueva rapiña de competencias estatales, pero Madrid será culpable, como siempre. Supongo que algunos estrategas socialistas estarán satisfechos después de tan brillante operación.

Entre perpleja e indignada, la mayoría social no sabe reaccionar. Todos los males derivados de la falta de vertebración moral pasan factura al mismo tiempo. El secreto, sin embargo, es muy sencillo. Se llama firmeza. Estamos ante algo más que un problema de poder. No es cuestión de ínsulas, sino de encrucijadas, amonesta Don Quijote a Sancho, cuando -ante una aventura de singular trascendencia- el buen escudero se limita al cálculo de las ventajas que le reporta la situación. El argumento de que «no hay problema, porque la Bolsa sube» expresa todas las paradojas. La vieja izquierda revolucionaria y cosmopolita ha llegado al país de las maravillas: adora al capitalismo y suplanta al nacionalismo burgués. Queda alguna opinión sensata, como la de Francesc de Carreras, voz discrepante autorizada (en el doble sentido de la palabra): «Mientras el mundo gira a gran velocidad, nosotros seguimos mirándonos nuestro histórico ombligo». Pero la posición común se identifica con X. Rubert de Ventós. Mi memoria se niega a conservar antiguallas absurdas y no consigo recordar la fuente concreta. Pero puedo asegurar que aprendí a sentir vergüenza ajena en un texto del «padre» literario del preámbulo. Narraba allí con alegría juvenil su primer viaje al «extranjero». Destino: Salamanca. ¿Es posible caer en un ridículo mayor?
Anselmo Carretero y Bosch-Gimpera

Nación de naciones
Agapito Maestre Libertad Digital 5 Octubre 2005

Lo grave de la historia del Estatuto catalán es que Rodríguez Zapatero cree a pies juntillas a Maragall. Más aún, se animan mutuamente para destrozar la nación española, aunque ellos piensan, y esto es lo terrorífico, que están contribuyendo al nacimiento de algo nuevo a través de la destrucción de la nación española. Más aún, el abrazo entre Carod Rovira y Maragall el día de la aprobación del Estatuto en el parlamento regional, expresión de cierre de un grupo de catalanes contra el resto de España, también ha sido compartido por el presidente del Gobierno de España. Más aún, Rodríguez Zapatero, en su delirio permanente, se cree portador de un nuevo discurso político basado en un par de ideologemas, expresiones bastardas, capaces incluso de convencer a todos los miembros de su partido. Sí, sin duda, las expresiones “España plural” y “España, nación de naciones” no tienen otra pretensión que servir de lanzadera ideológica para acabar con la nación democrática.

En efecto, el Estatuto catalán, que tiene como base ideológica, o sea de engaño a toda España, la expresión tan tópica como huidiza de “España plural”, no conseguirá convencer intelectualmente a nadie de que “España es nación de naciones”. Esta expresión carece de sentido y significado. Es sólo un arma ideológica y propagandística para destruir la idea de España como nación democrática. Ayer revisé algunos textos de su “inventor”, en realidad, de sus inventores. Sí, perdí la tarde revisando textos de Bosch-Gimpera, historiador y nacionalista catalán, y de Anselmo Carretero Jiménez, oceanógrafo, militante socialista e inventor del engendro intelectual que lleva al disparate a Rodríguez Zapatero y a Maragall. Con la expresión “nación de naciones” de Carretero, avalada por Bosch-Gimpera, estos dos frívolos políticos quieren acabar con la idea de España constitucional.

La palabrería resentida y nacionalista de Bosch-Gimpera y su discípulo, en el ámbito de la erudición histórica, Carretero Jiménez es propia de dos indocumentados que viven al margen de la realidad histórica de España. Dos indocumentados, metidos a intelectuales en el exilio, que han dicho las mayores barbaridades sobre el pasado y el presente de España. Para que se hagan cargo de quién hablamos, o mejor, a qué tipo de intelectual responde la figura de Carretero, lean el comienzo de uno de sus ensayos sobre “Castilla”: “La España, una, católica e imperial, es antiespañola y extranjera; de godos; Austrias, Borbones y falangistas.” La vacuidad “España, nación de naciones”, por no hablar de la “idea” de “Las Españas” de Carretero y Bosch, es todo el arsenal “teórico” con el que Maragall y Rodríguez Zapatero alientan a los secesionistas catalanes. Sospecho que esta palabrería es demasiado trivial para que la gente trague.
De Carretero, autor de cabecera de Rodríguez Zapatero, lo mejor que puede decirse ya lo dijo el más grande historiador de la España medieval, y último presidente de la Segunda República en el exilio, don Claudio Sánchez Albornoz: Carretero es irrelevante porque no está “muy adentrado en las sutilezas de la historia medieval”. Si las palabras de Sánchez Albornoz son aplicadas al engendro de “España, nación de naciones”, que halla en la Edad Media su principal punto de partida, ya me dirán en lo que queda el intelectual de referencia de Zapatero. Nada.

La situación
1936-2005
Pío Moa Libertad Digital 5 Octubre 2005

Mucha gente encuentra paralelos entre la crisis actual de España y la del 36. Y, en efecto, venimos oyendo desde hace tiempo alusiones, en particular por parte de Maragall y otros políticos separatistas, a “volver al 36”, amenazas de que “el drama está servido”, o de “guerra civil entre comillas”, y similares. Desde otros ámbitos se resucitan sistemáticamente las propagandas y los odios de aquella época. No son políticas ni palabras inocentes. Responden a la conciencia de sus autores de estar destruyendo las bases de la convivencia democrática, cuyas consecuencias sólo pueden ser funestas, como lo fueron entonces. Por eso mezclan la intimidación con la prédica de la pasividad: “Total, no pasa nada”, “España no se va a romper”, “es simplemente el reconocimiento de un hecho”, “no hay que crispar” etc. Algo muy parejo a lo ocurrido en el 36, cuando quienes destrozaban la ley y amenazaban a medio país afirmaban que no pasaba nada anormal, y que eso era la democracia, y resistirles una prueba de “fascismo” e “intolerancia”.

Hay una diferencia importante en relación con el 36, y es la violencia desatada de los meses posteriores a las elecciones de febrero, algo que por ahora no se da. Pero, como he intentado explicar en mi libro último sobre aquellos meses de hace 70 años, esa violencia, con toda su crueldad y espectacularidad, venía a ser solo la espuma de un proceso más profundo: la destrucción sistemática de la legalidad y el cambio de régimen mediante hechos consumados. Ese proceso de fondo fue el que en definitiva acabó con la relativa democracia de entonces y abrió paso a la guerra civil. En tal sentido no cabe duda de que las situaciones se parecen mucho: diversos partidos y políticos más o menos iluminados, más o menos corruptos o frívolos, están minando y tratando de echar abajo, mediante hechos consumados, al régimen democrático que sucedió al franquismo. Y por ello la situación vuelve a ser extremadamente grave.

Conviene recordar que en 1978 España se dotó de la primera Constitución de su historia hecha por amplio consenso entre partidos muy diversos. Eso no había ocurrido con la Constitución de la República, enfocada directamente contra los sentimientos y las creencias de más de la mitad del país, a cuyo fin se vulneraban libertades democráticas elementales, como las de conciencia, asociación y expresión. Otro contraste interesante puede establecerse entre la vigencia de las libertades. En la república quedaron en buena medida eliminadas por la Ley de Defensa de la República, que permitía al gobierno detener, deportar o cerrar la prensa arbitrariamente. En la actual democracia no ha ocurrido nada semejante, y las libertades han sido mucho más reales. Con la excepción de las Vascongadas y, en menor grado, Cataluña, debido al peso de los separatismos en ambas regiones. Esta democracia es la que pretenden echar por tierra los grupos separatistas –siempre en relación estrecha, directa o indirecta, con el terrorismo– y el propio gobierno actual de España. Ya veremos el próximo día de dónde vienen estas actitudes.

Hay otra similitud entre aquella época y la actual: en 1936 las izquierdas revolucionarias, las jacobinas y los partidos separatistas formaban un frente común. Aunque se detestaban entre sí, odiaban más a las derechas y al cristianismo, a quienes estaban resueltos a extirpar de la sociedad española, así como a la Constitución impuesta por ellos mismos en 1931. Hoy vemos reconstituido en la práctica aquel Frente Popular, por los mismos partidos, y con el mismo objetivo: destruir la Constitución actual, mucho más democrática que la del 31, liquidar los consensos que han permitido la convivencia en libertad en España durante casi 30 años, e imponer sus objetivos en el fondo totalitarios. Hoy ya no existen los partidos republicanos, pero su radicalismo jacobino lo ha heredado el PSOE después de haber abandonado a Marx. Incluso la posición respectiva es casi idéntica: entonces los republicanos en el poder vulneraban la ley por su cuenta y amparaban el proceso revolucionario. Hoy, los socialistas vulneran la ley y amparan el proceso de balcanización del país.

Y una nueva diferencia: en 1936 la amenaza fundamental era la revolucionaria, flanqueada en segundo término por la separatista. Hoy las posiciones se han invertido: el peso de los grupos abiertamente antisistema (antidemocráticos) es mucho menor, y la amenaza balcanizante ha pasado al primer plano.

En suma, salvo la violencia desatada y la posición respectiva del separatismo y la revolución en la crisis de entonces y la de ahora, la situación tiene muchos rasgos en común: el intento de acabar con la ley y la democracia por parte de grupos mesiánicos. Pero incluso en la cuestión de la violencia debemos matizar: el terrorismo nacionalista vasco ha asesinado en estos años a cientos de personas, y su violencia está presente de modo constante como una amenaza y un chantaje, para forzar la evolución en el sentido deseado por los totalitarios.

Decía Toynbee que las sociedades evolucionan respondiendo a los retos que les presenta la historia. El peligro del actual reto no debe subestimarse, y de cómo responda la sociedad va a depender el futuro de la España democrática.

En el limbo jurídico
TONIA ETXARRI El Correo 5 Octubre 2005

Después de la oscilación de la Bolsa política, en la que sube cada vez más enteros el intransigente Carod-Rovira mientras baja en credibilidad el presidente Zapatero, va cuajando la sensación de que se está dejando pasar, en pro de un talante que sigue sin definirse, el cumplimiento del Estado de Derecho. Como si el respeto al juego democrático empezara ya a no estar en boga. Como si la Justicia se debiera aplicar en función de quién gobierne. Como si el juez que se atreve a interrogar a miembros de la ilegalizada Batasuna sobre su presunta complicidad con ETA procediera del mundo de las cavernas.

Ha cambiado tanto la tabla de prioridades desde que Zapatero llegó al poder, que el mismo presidente se permite frivolizar en sus comparaciones equiparando el Estatut catalán con la boda de los homosexuales para argumentar que, en este país, ya nadie se escandaliza por nada. Seguramente se tratará de una proyección personal porque el hecho de que vayan saliendo activistas de ETA a la calle con una más que discutida reducción de penas, que la ilegal Batasuna sea el perejil de todas las salsas del debate político, que las manifestaciones de los familiares de presos de ETA sean consideradas como una reivindicación de colectivos de reclusos políticos, mientras a las víctimas del terrorismo se les mire como a los 'crispadores' de la sociedad, por ejemplo, genera cierta alarma, aunque desde el entorno de La Moncloa se mire para otro lado.

Tal está el ambiente, que el hecho de que Atutxa haya renunciado a su condición de parlamentario, una semanas antes de su proceso judicial, da que pensar que el PNV ha dejado de temer por las posibles consecuencias de un proceso en el que al ex presidente del Parlamento se le acusa de haber desobedecido a la Justicia cuando le exigía disolver al grupo de Otegi en la Cámara vasca, por ser la tapadera parlamentaria de ETA. Después de todos los balones que ha echado fuera el fiscal general, Conde Pumpido, con todo lo relacionado al entorno terrorista, suena a cuestión superada.

No es que llegue tarde la renuncia de Atutxa a su escaño sino que, seguramente y «dado el contexto político», como le suele gustar decir a algún dirigente socialista, su causa esté ya amortizada. El concepto que se contempla en la Constitución, y del que suele hacer referencia el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Ruiz Piñeiro, -«el imperio de la ley»- a muchos les rechina.

Parece imponerse lo que llamaban en el Convenio de Schengen «el derecho blando»: un derecho en el que ni se obliga, ni se prohíbe; simplemente, se encauza. Esto es Jauja, o el limbo jurídico. Los nacionalistas han dejado atrás la reforma porque preparan ya la mutación de la Carta Magna. Pero a Zapatero nada le escandaliza.

LOS ENIGMAS DEL 11-M
12. El cuento de El Chino
Por Luis del Pino Libertad Digital 5 Octubre 2005

Todos sabemos, gracias a las sucesivas revelaciones periodísticas y a los autos del juez, muchas cosas sobre El Chino, uno de los personajes clave del 11-M. Sabemos, o creemos saber, que se llamaba Jamal Ahmidan; que dirigía una pequeña red de narcotraficantes; que alquiló la casa de Morata de Tajuña a personas pertenecientes al círculo de los hermanos Almallah; que compró los explosivos al confidente policial Suárez Trashorras; que transportó esos explosivos a Madrid desde Asturias en un accidentado viaje en el que la Guardia Civil le puso tres multas; que sus conversaciones estaban siendo grabadas, junto con las de uno de sus hombres, llamado Otman El Gnaoui; que una huella de El Chino apareció en Morata en el envoltorio de una tarjeta telefónica relacionada con la tarjeta encontrada en la famosa mochila de Vallecas; que terminó muriendo en Leganés, junto con otros seis terroristas, ... Sin embargo, en éste, como en muchos otros temas del 11-M, puede que las cosas no sean exactamente lo que parecen.

¿Se sorprendería el lector si le digo que las huellas dactilares de ese terrorista muerto en Leganés a quien se identifica como El Chino no corresponden, según los archivos policiales, a un marroquí llamado Jamal Ahmidan, sino a un argelino llamado Ahmed Ajon? No quiero decir con eso que nos hayan engañado también en este aspecto y que El Chino no muriera en Leganés; sólo pretendo que el lector acepte que las cosas pueden ser mucho menos claras de lo que creemos.

El hombre de los mil nombres
Cuando la Policía halló en la casa de Morata el soporte de una tarjeta telefónica relacionada con la que había aparecido en la mochila de Vallecas, encontró sobre ese soporte una huella dactilar. Al realizar el cotejo con las bases de datos policiales, se detectó que esa huella correspondía a una persona llamada Ahmed Ajon, de nacionalidad argelina. El tal Ahmed Ajon había sido detenido por primera vez en Algeciras el 15 de enero de 1992 y a esa primera le seguiría una larga cadena de detenciones, facilitando el individuo en cuestión numerosas identidades distintas a la Policía. Así, en los archivos policiales, Ahmed Ajon figuraba también con los nombres de Jamal Abu Zaid, Jamal Said Mounir, Yousef Nabil, Yousef Dolmi y Said Tlidni. Pero no figuraba la identidad de Jamal Ahmidan asociada a esas huellas.

Según los archivos policiales, el tal Ahmed Ajon fue detenido (después de otras varias ocasiones) en marzo de 2000 por falsificación de documentos e ingresó el 25/3/2000 en un Centro de Internamiento para Extranjeros, como paso previo a su expulsión. En esa ocasión, se le detuvo bajo la identidad de Said Tlidni e ingresó en el centro de internamiento en compañía de su lugarteniente, Abdelilah El Fadual, que en la actualidad está también procesado por los atentados del 11-M. El 16 de abril se fuga del centro con otros tres reclusos, tras atacar a un funcionario con un spray. Este episodio resulta especialmente confuso, porque se da la circunstancia de que Said Tlidni es una persona real, que también ha sido detenida por su posible relación con los atentados del 11-M. Con lo cual, si hemos de creer lo que los informes policiales nos dicen, tendríamos que pensar que Jamal Ahmidan estuvo encerrado en aquel Centro de Internamiento para Extranjeros con la identidad de otro de los imputados del 11-M.

La ceremonia de la confusión no acaba aquí. Nada más producirse el 11-M, la Policía comenzó a detener sospechosos y a entrevistar testigos, y a esos sospechosos y testigos se les hacía visualizar una serie de fotografías de personas que pudieran estar presuntamente relacionadas con los atentados. Pues bien, en aquellos primeros reconocimientos fotográficos aparece una instantánea del supuesto Jamal Ahmidan (o Ahmed Ajon, o Said Tlidni, o comoquiera que se llame), pero el nombre asociado a esa fotografía es... Jamal Hammadi. Resulta curioso este nombre, porque no coincide ni con el de Jamal Ahmidan, ni con ninguna de las identidades con las que ese individuo constaba en los archivos policiales. ¿De dónde sacó la Policía ese nuevo nombre? Para terminar de confundir las cosas, Hammadi es el apellido de otro de los imputados por la masacre, relacionado con un testigo protegido que supuestamente avisó tres meses antes del 11-M sobre posibles atentados en los trenes.

¿Le parece todo esto al lector un galimatías? Pues añadámosle unos cuantos ingredientes más: en el famoso viaje desde Asturias a Madrid en el que se transportaron, presuntamente, los explosivos, El Chino fue detenido y multado por la Guardia Civil, enseñando un pasaporte belga a nombre de Yousef Ben Salah, la misma identidad que luego usaría al firmar el contrato de alquiler de la casa de Morata. Curiosamente, Ben Salah es el apellido de una de las personas que visitaron a Said Tlidni en el Centro de Internamiento de Extranjeros en marzo de 2000.

Más datos: entre los efectos encontrados en Leganés apareció un pasaporte con la fotografía de Jamal Ahmidan, pero a nombre de Otman El Gnaoui, que es otro de los encausados por el 11-M por su presunta participación en el transporte de los explosivos.

Como remate del tomate, sabemos que los asturianos, según consta en sus declaraciones, conocían a Jamal Ahmidan por un alias, pero ese alias no era "El Chino", sino "Mowgli". Además, sabemos que ese mismo alias de "El Chino" era utilizado por Abdelilah Ahmidan (uno de los supuestos hermanos de Jamal Ahmidan) y por Abdelilah El Fadual (el supuesto lugarteniente de Jamal Ahmidan). ¿Se imagina el lector lo complicado que es tratar de discernir de quién se está hablando en las transcripciones telefónicas? Cuando aparece mencionado "El Chino" en una de esas conversaciones, ¿cómo saber a quién hace referencia la frase? ¿A Jamal Ahmidan? ¿A su hermano Abdelilah? ¿A su lugarteniente Abdelilah?

Para finalizar, cuando el supuesto Jamal Ahmidan (o Ahmed Ajon, o Said Tlidni, o Yousef Ben Salah) muere en Leganés, estaba utilizando otra identidad falsa más: la de Redouan Abdelkader Layasi. Cuando la supuesta madre de Jamal Ahmidan llama al teléfono móvil de su hijo, poco antes de que vuele el piso de Leganés, quien cogió el teléfono fue uno de sus hombres. Éste le preguntó a la madre: "¿Quieres hablar con Redouan?". ¿Por qué hace esa pregunta el hombre de Jamal, si todos sus hombres le llamaban Jamal? ¿O es que no era Jamal Ahmidan quien estaba en el piso de Leganés?

Realmente, no envidio la tarea del juez Del Olmo, porque tratar de orientarse en ese mare magnum de identidades falsas y de alias duplicados es tarea casi titánica. Más que nada, porque después de revisar el sumario, uno acaba con la sensación de que resulta perfectamente posible que nunca existiera nadie llamado Jamal Ahmidan. ¿Estamos ante un delincuente habitual con la manía de cambiarse de identidad cada dos minutos? ¿O estamos ante un personaje fabricado? Las informaciones facilitadas por la policía marroquí, las declaraciones de los supuestos hermanos de ese terrorista y el testimonio de su supuesta compañera sentimental apuntan a que Jamal Ahmidan se llamaba realmente Jamal Ahmidan, pero ¿podría alguien explicarnos quién era realmente ese individuo?

Un terrorista hacendoso. Una granja, placas solares, un año de alquiler...

Para tratar de no perder el norte, vamos a centrarnos en esa persona con gafas, ojos achinados y dientes delanteros prominentes que aparece en las fotografías policiales, y vamos a convenir en que se llamaba Jamal Ahmidan.

Sabemos que Jamal Ahmidan alquiló el 28 de enero de 2004 una casa en Morata de Tajuña y la historia oficial nos cuenta que Jamal Ahmidan era un islamista peligroso y que en esa casa es donde se montaron las bombas que mataron a 192 personas el 11-M. Bien, como historia no está mal. El problema es que hay numerosas declaraciones de testigos que no cuadran con esa imagen tan simple.

Para empezar, resulta extraño que un islamista peligroso tenga a su hijo estudiando en un colegio católico. Resulta extraño también que conviva con una mujer que fuma, que lleva pantalones de cuero y un piercing en la boca y que no es musulmana. Resulta extraño que en ninguna de las conversaciones telefónicas grabadas a Jamal Ahmidan se mencione ningún tema relacionado con la religión o la política y que sólo se hable de hachís, de deudas de droga y de ajustes de cuentas. Pero es que, además, el comportamiento de ese supuesto terrorista antes y después del 11-M resulta completamente inexplicable de acuerdo con la versión policial.

En primer lugar, Jamal Ahmidan alquila la casa por un año completo, abonando el año de alquiler por adelantado. Después de alquilar la casa, lo primero que hace es visitar a sus vecinos y adquirir a éstos diversos enseres de segunda mano para su finca: un frigorífico, una estufa, una placa solar, ... En las primeras semanas de febrero, Jamal Ahmidan lleva un grupo de albañiles marroquíes a la casa de Morata para construir una segunda planta sobre la que ya existía, además de un corral y de una especie de sótano. Finalmente, en los primeros días de marzo, Jamal Ahmidan compra un rebaño de seis cabras, varias gallinas y un perro y lo lleva a la finca.

Estamos hablando de un presunto terrorista islámico que, según la versión oficial, piensa cometer un espantoso atentado seis semanas después de comenzar a habitar la casa de Morata. Evidentemente, hace falta estar descerebrado para ser terrorista, pero por muy descerebrado que Jamal Ahmidan estuviera, supongo que sus escasas luces le darían para comprender que una vez cometida la masacre sólo habría tres salidas: morir, huir o ser detenido. En consecuencia, ¿para qué abona un año de alquiler? ¿Por qué se presenta a todos sus vecinos? ¿Para qué compra en marzo una placa solar que de poco le iba a servir antes del verano? ¿Para qué construye una segunda planta a esa casa que no iba a poder habitar después del 11 de marzo? Pero he de confesar que lo que más perplejo me tiene es lo del rebaño de cabras. ¿Se le ocurre a alguien qué motivo podría tener un terrorista para montar una pequeña granja a escasos días de un importante atentado?

Evidentemente, Jamal Ahmidan no compró esa casa para preparar ningún atentado, y su intención era habitarla durante mucho tiempo. Por tanto, si es cierto (como afirma la versión oficial) que Jamal Ahmidan era un peligroso terrorista islámico, no queda más remedio que concluir que no recibió las órdenes de atentar hasta pocos días antes de la masacre del 11-M.

El Chino y la cabra
Pero si extraño es el comportamiento de Jamal Ahmidan los días previos al atentado, su comportamiento en las fechas posteriores es directamente esperpéntico.

Sabemos, por la declaración de su supuesta compañera sentimental, que Jamal Ahmidan le dice a su hijo el día 11 (refiriéndose a los atentados): "Los de ETA se han pasado". Sabemos que entre los días 13 y 14 de marzo hizo un viaje relámpago a Pamplona, quizá por sus asuntos de droga. Sabemos que Jamal continuó yendo tranquilamente a su casa de Morata después de los atentados del 11-M, sin que intentara huir. Sabemos, en fin, que el día 19 de marzo Jamal celebra tranquilamente el Día del Padre (recordemos: la fiesta de San José) en aquella finca.

A la celebración familiar del Día del Padre acudieron su compañera sentimental, su hijo, su suegra y el compañero sentimental de ésta, que es un ex-guardia civil peruano. Mientras las Fuerzas de Seguridad españolas buscaban frenéticamente una casa en el entorno de Morata, ese peligroso islamista llamado Jamal Ahmidan celebraba tranquilamente con su familia una fiesta católica.

¿Tiene algún sentido todo esto? Porque yo no se lo encuentro. Un fanático islamista (según la versión oficial) que en lugar de enorgullecerse ante su hijo de su hazaña, lo que le dice es que "los de ETA se han pasado". Un sanguinario terrorista (según la versión oficial) que celebra tranquilamente una fiesta familiar ocho días después del atentado. Incluso para un terrorista descerebrado, el comportamiento resulta de lo más chocante.

Pero, de nuevo, es otro detalle el que más desconcertado me deja. Aquel mismo día 19 de marzo, Jamal Ahmidan se dirige muy enfadado a casa de uno de sus vecinos y, de muy malos modos, le dice que alguien le ha robado una de sus seis cabras y que si él ha visto algo.

Estamos hablando de un supuesto terrorista que acaba de asesinar a 192 personas hace menos de diez días. Estamos hablando de un supuesto terrorista que le ha comprado los explosivos a un sujeto (Suárez Trashorras) que acaba de ser detenido el día anterior. Estamos hablando, por tanto, de alguien que lo menos que podría esperar es que la Policía se presente en su casa a detenerle de un momento a otro. ¿Y de qué se preocupa nuestro sanguinario terrorista en esas circunstancias? ¡Pues de que la han robado la cabra, naturalmente! ¿Qué cosa hay más importante para un terrorista que su cabra?

En el próximo capítulo: La casa de Morata

Los federales
LAS PESQUISAS DE MARCELLO  Estrella Digital5 Octubre 2005

Tres importantes editores, Lara, de Planeta; Godó, de La Vanguardia, y Cebrián, de El País, han salido en socorro y en apoyo del Estatuto de Cataluña aprobado en el Parlamento catalán y del presidente Zapatero, que es coautor de este desafío. Los editores catalanes lo hacen en defensa de su propio negocio y víctimas de la escasez de libertad y de democracia que impera en Cataluña, lugar donde el poder político y financiero son la misma cosa y ejercen una constante presión sobre el resto de empresas y el mundo editorial y cultural. Sólo una minoría, liderada por Albert Boadella, se ha atrevido a discrepar, y así les va. Y no deja de sorprender que estos dos editores, que en su día fueron tan aliados del franquismo, estén ahora del lado de la España confederal y de la ruptura del Pacto Constitucional de la transición. Pero “la pela es la pela” y se impone sobre todo lo demás.

Más llamativa es la aparición de Prisa del lado de los federales, que son más bien confederados, liderados en este caso por Juan Luis Cebrián, antiguo colaborador de la televisión franquista de Arias Navarro y que ya lleva publicados dos ensayos a favor de la España federal y de la reforma de la Constitución sin haber explicado previamente cuál es la masiva demanda social que avala ambas reformas, tanto en Cataluña como en el resto de España. No existe esa demanda social: en Cataluña sólo un 4 por ciento ha declarado el Estatuto una prioridad, y en el resto de España ni eso. De la misma manera que no existe motivo ni demanda social para una reforma de la Constitución.

Solamente en la clase política nacionalista se ha detectado ese interés por motivos ajenos a los ciudadanos tanto catalanes como del resto de España, y ese debate ha surgido en Cataluña por las guerras fratricidas entre Maragall y Pujol y ha llegado a Madrid por los temerarios apoyos que Zapatero ha ofrecido a Maragall en justa correspondencia por el apoyo que Maragall le dio a él para ser elegido secretario general del PSOE y con los votos que Maragall y Carod le ofrecen en el Parlamento español para que siga en el poder.

La locura federal o confederal del grupo Planeta y del Conde de Godó es sorprendente, pero económicamente explicable. Mientras que el discurso federal de Cebrián en El País tiene una explicación más compleja, que también incluye las ventajas económicas y políticas que recibe de este Gobierno (véase la descodificación de Canal Plus). No en vano Cebrián, con su artículo pro federal, lo primero que hace es marcar el territorio de su periódico y sus cadenas de radio y televisión para que nadie se desmande desde dentro y ponga en evidencia la causa de todo esto, que es el desgobierno de la nación española, porque de lo que se trata sobre todo es de salvar el poder a cualquier precio, y aunque son conscientes de que Zapatero lo ha hecho rematadamente mal intentan reconducir la situación, no vaya a ser que por causa de este huracán político el PSOE pierda las elecciones y el Grupo Prisa y su entorno económico y financiero sufra las inclemencias viscerales de una derecha autoritaria como la que tuvieron que soportar bajo el mandato de José María Aznar.

Lara (traicionando a España) quiere mantener su hegemonía cultural en Cataluña y sus buenos negocios, al igual que Godó y Cebrián quieren mantener la misma hegemonía e influencia en el conjunto de España, y unos y otros, con el apoyo de sus gobiernos respectivos, la Generalitat para los catalanes y el de Zapatero para España. Y además, como trasfondo de todo esto y de ese gran cuento de la lechera que alguien le ha contado a Zapatero en la Moncloa, los guardianes mediáticos del poder del PSOE intentan que el PSOE no sólo resista el embate del huracán catalán sino que además se perpetúe en el poder.

Porque el cuento que había sido dibujado le hacía imaginar a Zapatero un gran acuerdo con Cataluña, otro gran acuerdo con el País Vasco y el PNV, el fin de ETA, el aislamiento definitivo del PP y Gobierno que cien años dure. Es decir, si todo salía bien estaríamos ante la eterna mayoría de socialistas y nacionalistas, que además incluiría una pax romana entre el Estado central y las dos nacionalidades, ya convertidas en naciones, Cataluña y el País Vasco, por lo menos durante 20 o 25 años.

Cebrián dice que se tenía que haber cambiado la Constitución antes que los Estatutos y es así, pero sin el PP es imposible. Y da por buena la vía de la reforma estatutaria para provocar de facto el cambio de la Constitución, por más que le duelan los recortes democráticos y la insolidaridad que todo ello conlleva, y aquí incluido el riesgo de ruptura en el Partido Socialista. Pero el Consejero Delegado de Prisa permanece en su ensoñación de mantener el poder de su lado y de salvar a Zapatero como sea y al precio que sea. Aunque una vez más el autor y promotor de la España federal se olvida de algo tan importante como son la gran mayoría de los ciudadanos y de la existencia de 17 Autonomías que no se van a callar. El cuento de la lechera acabará con el mismo final, se romperá el cántaro y luego ya veremos lo que puede pasar.

Estatuto, nacionalismo y neoliberalismo
Juan Francisco Martín Seco Estrella Digital 5 Octubre 2005

Tengo que reconocer que durante todo este tiempo no he conseguido hacerme un juicio exacto acerca de Zapatero. Me debatía entre considerarlo un excelente profesional de la política —digno seguidor de las enseñanzas del secretario de Estado de Florencia— que, a pesar de su apariencia de “bambi”, manejaba perfectamente los innobles recursos de tan innoble profesión; o un frívolo al que varios golpes de suerte habían hecho creer que portaba la estrella de David, y que era capaz de resolver cualquier problema que se le presentase a base exclusivamente de talante. Por supuesto que la disyuntiva no implicaba ninguna valoración ética o ideológica. Mi interrogante se desarrollaba más bien en un plano meramente pragmático.

La piedra de toque que podía responder a mi pregunta estaba en el desenlace que se produjese con respecto al Estatuto catalán y a cómo torease el difícil reto que esta encrucijada representaba. Es cierto que aún no se ha llegado al final, pero todo apunta a que el problema se le complica más y más y que él solo se ha ido liando e introduciéndose en un atolladero de difícil solución. El Estatuto que han aprobado con gran algarabía los políticos catalanes es inasumible. Su extrapolación al resto de las Autonomías nos conduciría al desastre más absoluto, y su mantenimiento exclusivamente para Cataluña sería sancionar una situación de privilegio incompatible con un Estado moderno. Ya tenemos bastante con el del País Vasco inscrito en la Constitución.

El Estatuto, al igual que las pretensiones de todos los nacionalismos españoles, se inscribe en una concepción del Estado predemocrática. No de derechos ciudadanos sino de fueros y privilegios (individuales o colectivos) arrancados a un poder despótico. Lo que resultaba aceptable frente a un monarca absoluto deja de serlo frente a un Estado democrático. No me detendré en si Cataluña es o no una nación, realidad etérea e indefinible donde las haya. Por lo visto, estamos abocados a seguir discutiendo del sexo de los ángeles. Sólo diré que no creo que Cataluña presente más diferencias con el resto de España que las que existen entre Andalucía y Aragón o entre Valencia y Asturias. Tampoco me detendré en los derechos históricos —los únicos derechos son los que da la condición de hombre y de ciudadano— ni en otras imposiciones y abusos que se plantean en materia de idioma, emigración, justicia, agua, puertos, aeropuertos, etcétera.

A lo que sí me referiré es al tema de la financiación y a la usurpación de impuestos que pretende hacer la Generalitat. Aquí sin duda radica el punto crucial, “la pela es la pela”. Maragall afirma que Cataluña ha agotado el margen de maniobra para poder ser generosa. Pero ¿quién le ha pedido a Cataluña que sea generosa? En un Estado moderno, y sobre todo social, no hablamos ni de generosidad ni de solidaridad, sino de justicia. No es a las Comunidades a las que corresponde ser generosas sino al Estado ser social, y ello implica asumir una función correctora sobre la redistribución de la renta que realiza el mercado, en el supuesto de que ésta no es la adecuada, tanto en el ámbito personal como en el territorial. La Hacienda Pública en un Estado social —no en el liberal— realiza esta función desde las dos vertientes presupuestarias a través de un sistema fiscal progresivo, quien más gana más paga, incluso más que proporcionalmente, y a través de los gastos, primando a las regiones y a los ciudadanos de menores renta. Sería absurdo hablar de que los banqueros son generosos porque contribuyen al presupuesto del Estado en mayor medida de lo que de él reciben.

Si los catalanes o los madrileños contribuyen, por término medio, más que el resto al erario público no es porque sean catalanes o madrileños, sino porque, también por término medio, tienen una renta per cápita mayor. Y precisamente por tener una renta per cápita mayor también deben recibir, siempre por término medio, menores prestaciones del erario público. Por lo menos hasta ahora, y si Estatutos como el catalán no lo impiden, los ciudadanos de igual renta tienen el mismo gravamen sea cual sea su domicilio social. Entonces, ¿a qué viene hablar de la generosidad de Cataluña?

Además, no es verdad que todo lo que se recauda en Cataluña provenga de impuestos soportados por contribuyentes catalanes. Por poner algunos ejemplos: La Caixa ingresa en la delegación de la Agencia Tributaria de Barcelona las retenciones de sus empleados en cualquier parte del territorio español, así como las retenciones sobre las rentas de capital de todos sus clientes, también de los miles y miles que están fuera de Cataluña, y Gas Natural ingresa en la misma delegación de Barcelona el IVA soportado por todos los consumidores de gas se encuentren donde se encuentren. Sólo así se puede explicar que la Agencia Tributaria recaude en Madrid y Barcelona el 50% del total.

Es mentira que el nuevo Estatuto plantee un Estado federal. Es mucho más que eso. En un Estado federal como EEUU, donde los diferentes Estados gozan de una gran autonomía, tanta como para establecer o no la pena de muerte, los impuestos sobre la renta personal, el de sociedades y el de sucesiones, es decir, todos aquellos que tienen un carácter redistributivo, permanecen en manos de la Administración federal.

Cataluña pretende expoliar al resto de España. Sólo una visión rabiosamente neoliberal que ningún país se ha atrevido a implantar puede mantener que la distribución que hace el mercado es la justa y que, por tanto, cualquier transferencia entre ricos y pobres son dádivas de generosidad que admiten o no admiten margen.

Dos cosas resultan claramente chocantes. La primera, que tal doctrina sea defendida por partidos catalanes que se llaman de izquierdas. La segunda, que una aventura tal como la que ha iniciado el Gobierno de la Generalitat haya contado con el padrinazgo del Gobierno central. Retornando al principio del artículo, es difícil no inclinarse por la segunda opinión acerca de Zapatero, la de la frivolidad. Pero que tenga cuidado porque en este envite no sólo puede perder las próximas elecciones, sino también el liderazgo del PSOE que tan sorprendentemente conquistó.

www.mundofree.com/martinse

¿Quién va a parar el nuevo Estatuto catalán anticonstitucional?
Luis Miguez Macho elsemanaldigital 5 Octubre 2005

No el presidente del Gobierno, pues es su principal impulsor y algún día tendrá que responder por ello. Tampoco las Cortes Generales, ya que los diputados y senadores socialistas acabarán aceptándolo tras algunos retoques, a pesar del patriotismo de boquilla de demagogos como José Bono.

Del Tribunal Constitucional, con mayoría progre-nacionalista y una presidenta que ha manifestado que no vería mal la reforma del artículo 2 de la Constitución, nada se puede esperar. En cuanto al Rey, parece querer salir del paso con unas cuantas invocaciones solemnes a la unidad nacional, sin reparar en que, si consiente esta quiebra de los principios más sagrados de la Constitución, nada protegerá ya a la monarquía.

De las Fuerzas Armadas no hablaré, después de que a uno de sus máximos exponentes se le haya ocurrido decir que los militares tienen un "gran interés" en que España siga unida. Yo creía que los funcionarios habíamos jurado fidelidad a la Constitución y, ellos en particular, defender a España con la vida.

Finalmente, poca esperanza cabe depositar en una reacción del pueblo español, al que sus legítimos representantes planean imponerle la ilegítima ruptura del orden constitucional que él mismo se había dado, urdida por una minoría del cuerpo electoral. Hoy nadie se alzaría por la unidad nacional y la igualdad y solidaridad entre todos los españoles, que es lo mismo y lo que nos estamos jugando.

Si alguien puede parar el nuevo Estatuto catalán anticonstitucional son las demás Comunidades autónomas. Cuesta entenderlo desde una perspectiva madrileñocéntrica, pero nada que se conceda a una región de España se le puede negar a otras, porque, por mucho que nos hayan querido convencer de que los catalanes son distintos y, por supuesto, superiores al resto de los españoles, eso jamás se aceptará a cien kilómetros de Madrid.

Todo esto ya había sucedido antes. Sucedió en la Transición, cuando se pretendió "resolver el problema vasco y catalán" otorgando autonomía a esas regiones y, al final, España entera fue autonómica. Es más, cuando se vio que era inevitable el "café para todos", se intentaron hacer autonomías de primera y de segunda, y tampoco funcionó. No es casualidad que esta nueva huida hacia delante se haya planteado desde que todas las Comunidades autónomas han igualado sustancialmente sus competencias.

El problema es que el modelo del nuevo Estatuto catalán no es generalizable; el Estado no podría funcionar, de hecho dejaría de existir, si se generalizase a todas las Comunidades autónomas. Eso es lo que hará fracasar este golpe de Estado del Parlamento de Cataluña (y no merece otro nombre el aprobar una reforma estatutaria premeditadamente inconstitucional para forzar que la Constitución se adapte a ella) y, con su fracaso, arrastrará muchas cosas detrás.

Reflexiones sobre el proyecto de Estatuto catalán
ÁNGEL DE LA FUENTE El País 5 Octubre 2005
 
El proyecto de Estatuto de autonomía aprobado hace unos días por el Parlamento de Cataluña es un documento francamente inquietante. En clave interna, se trata de un Estatuto de parte que impone valores y objetivos nacionalistas a un segmento muy importante de la población que no lo es. Mirando hacia afuera, el proyecto supone un cambio cualitativo en la ordenación del Estado autonómico que no apunta precisamente en la buena dirección. No se trata de establecer un esquema razonable de división de competencias y recursos entre distintos niveles de gobierno, sino de alterar de forma muy notable el reparto de poder y de dinero en favor de un territorio determinado. Se sienta así, además, un peligroso precedente cuya generalización nos llevaría hacia un sistema confederal muy poco práctico y a la ruptura de los principales mecanismos de cohesión territorial.

El artículo primero del proyecto proclama que Cataluña es una nación. A juzgar por las encuestas, no es ésta ni mucho menos la opinión de la mayoría de la población del Principado, pero poco importa. Se ve que las naciones tienen una existencia independiente de los ciudadanos que las integran (en ocasiones muy a su pesar), y que sus designios sólo pueden ser interpretados por un puñado de elegidos que se dedican a ello profesionalmente. La nación catalana tiene, además, preferencias lingüísticas muy claras que tampoco coinciden con las que expresan cada día sus integrantes cuando los dejan tranquilos. Se ha dicho muchas veces en los últimos días que uno de los grandes logros del nuevo Estatuto es que garantiza la plena igualdad del catalán con el castellano. Pero no hay tal igualdad. La oficialidad del castellano se admite a regañadientes por ser la lengua oficial del Estado, y su uso poco menos que se proscribe en el sistema educativo y en las administraciones públicas. Pese a ser la lengua materna y habitual de aproximadamente la mitad de la población, resulta que el castellano no es una lengua "propia" del país.

Es cierto que ambas lenguas pasan a ser de conocimiento obligatorio, con lo que se corrige una asimetría legal en favor del castellano. Pero mientras la obligatoriedad constitucional del castellano ha sido siempre una cosa perfectamente inocua, la del catalán da un cierto miedo en manos de una institución que desde su refundación se ha dedicado con ahínco a endurecer gradualmente una política de "normalización" lingüística que va bastante más allá de la indiscutida necesidad de tomar medidas que ayuden a preservar la más débil de las dos lenguas que, gracias a Dios y hasta que los políticos consigan impedirlo, coexisten pacíficamente en nuestra vida cotidiana. La cosa es especialmente preocupante cuando hablamos de un Gobierno que ha llegado a extremos tan ridículos como exigir un examen avanzado de catalán (el llamado nivel C) a los forenses (¿para garantizar los derechos lingüísticos de los cadáveres que examinan?) y tan preocupantes como establecer oficinas de delación lingüística para que los ciudadanos puedan ayudar a disciplinar a los tenderos rebeldes, o exigir el dichoso nivel C para presentarse a oposiciones de titular universitario, sin duda con el loable objetivo de garantizar que nunca más sangre extraña ni ideas nuevas puedan venir a perturbar desde las aulas nuestra feliz transformación en una sociedad cada vez más cerrada y más pueblerina.

Por lo demás, el objetivo central del nuevo Estatuto está muy claro. Se trata, y nadie lo esconde, de conseguir más dinero y más poder político. Hasta cierto punto, la demanda está justificada. Con casi cualquier criterio razonable, la inversión pública en Cataluña debería ser mayor de lo que es y la Generalitat debería estar mejor financiada (lo que por cierto habría que extender también a Baleares, Valencia y Madrid entre otras regiones). Y es verdad que hay áreas, aunque ya no tantas, en las que una ampliación de las competencias autonómicas podría ser una buena idea. Pero en mi opinión el nuevo Estatuto va, en ambos aspectos, mucho más allá de lo que sería razonable. Con el riesgo de caer en la caricatura que la brevedad a menudo implica, el núcleo del proyecto se puede resumir en dos afirmaciones. Primera, que con el nuevo Estatut en la mano la Generalitat podrá hacer en su casa lo que le dé la gana sin interferencia alguna por parte del Estado, mientras que este último habrá de pedirle permiso a aquélla cada vez que quiera mover un dedo, incluso en temas que constitucionalmente son de su exclusiva competencia. Y segunda, que la Generalitat se queda con las llaves de la caja y tiene el firme propósito de reducir gradualmente su aportación a la solidaridad interterritorial (excepto en lo que concierne a la Seguridad Social) hasta eliminarla en un plazo máximo de 15 años, que es el que se fija para alcanzar la equiparación de recursos por habitante con el sistema foral vasco y navarro donde tal aportación es prácticamente nula o incluso negativa.

Los problemas que esto plantea son obvios y se agravan considerablemente en un país en el que, por no ser menos, todos estamos dispuestos a tirarnos por la ventana si el vecino lo hace. Una primera consecuencia de la generalización del sistema esbozado en el nuevo Estatuto catalán sería la reducción a la inoperancia de una Administración central privada de recursos propios y de competencias y maniatada por múltiples vetos autonómicos. Esto no puede ser bueno para nadie, salvo que lo que se persiga sea la destrucción del Estado casi a cualquier coste. La segunda sería la puesta en marcha de un proceso de desintegración fiscal que nos llevaría a una España de compartimentos estancos en lo social en la que la redistribución de la renta se limitaría al interior de cada comunidad autónoma y la calidad de los servicios públicos dependería crucialmente del nivel de riqueza de cada región.

Aunque la situación política actual no es la más favorable para ello, este peligro ha de evitarse a toda costa. De lo que estamos hablando en última instancia es de si queremos una España en la que las oportunidades educativas de los extremeños y andaluces y la calidad de la atención sanitaria que reciben tendrán que ser mucho menores que las de los madrileños o catalanes. Estoy convencido de que una gran mayoría de los ciudadanos vería con gran desagrado tal situación y no perdonaría con facilidad a los grandes partidos nacionales que la representan que no se hayan puesto de acuerdo para conjurarla.

Una última consideración es que la necesaria rectificación tendrá un coste político muy considerable, pues cada coma que se toque del proyecto se aprovechará en Cataluña para seguir excitando sentimientos de agravio ya muy larga y cuidadosamente alimentados por los nacionalistas locales. Lo más frustrante es que todo esto podría haberse evitado fácilmente por el sencillo procedimiento de no meterse en tal berenjenal o salir a tiempo de él. El PSC, con Maragall al frente, ha incurrido en una enorme irresponsabilidad y en una doble deslealtad. Irresponsabilidad al plantear la reforma del Estatuto en un momento en el que parecía claramente inviable con el único objetivo de fastidiar al Gobierno del PP, y al no parar el proceso tras el cambio de Gobierno en Madrid -sabiendo como tenía que saber que el fruto del necesario acuerdo con CiU y ERC no podía ser un proyecto razonable-. Deslealtad con su tan querido partido hermano, que a ver cómo sale de ésta, y con aquellos de sus electores, y son muchos, que no le confiaron su voto para que se pusiera al frente de la procesión nacionalista.

Ángel de la Fuente es vicedirector del Instituto de Análisis Económico del CSIC en Barcelona.

La nación de Maragall
ANTONIO ELORZA /CATEDRÁTICO DE PENSAMIENTO POLÍTICO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
El Correo  5 Octubre 2005

La aprobación del texto de un nuevo Estatut por el Parlamento catalán ha estado rodeada de una serie de circunstancias inéditas en la historia política europea. Una vez más, como decía el eslogan de los viejos tiempos, y confirmando lo sucedido con el plan Ibarretxe, 'Spain is different'. Para empezar, un presidente de Gobierno español proclama de antemano eufóricamente que apoyará todo lo que le venga de Cataluña por consenso en lo que se refiere a la reforma estatutaria. Pequeños olvidos al hacer José Luis Rodríguez Zapatero semejante declaración: primero, que entre los promotores de la reforma figura un partido independentista; segundo, que una Constitución no es sólo una suma de artículos sino una norma de normas que posee una lógica interna, y, en fin, que una mala gestión del tema podía provocar un grave deterioro para el sistema democrático. A continuación entra en escena el fracaso o la ineficacia del eje en torno al cual hubiese debido girar la reforma: la coordinación implícita entre su impulsor, el president Maragall, y su correligionario y amigo Zapatero. De modo que con Gobierno socialista en Barcelona y Gobierno socialista en Madrid, quienes han llevado la iniciativa en cuanto a la definición de los puntos esenciales del proyecto, y por ende en cuanto a su radicalización, han sido los partidos nacionalistas catalanes, Esquerra y CiU. Literalmente, la elaboración del nou Estatut, que no reforma del Estatut, se les ha escapado de las manos a quienes tenían en principio un planteamiento constitucionalista. La práctica del surf político por parte de Maragall a lo largo del proceso impide saber si ello sucede con plena aprobación suya o se limitó a secundar la puja de los nacionalistas. Cuenta, en fin, el resultado: un larguísimo texto cuyo contenido entraña, desde el preámbulo, y más allá de las infracciones a 'recortar', una alternativa al orden constitucional vigente. Las razones que abonan semejante vuelco, a juicio de Maragall, no van más allá de una sucesión de tópicos: la Constitución y el Estatuto no están a la altura de los tiempos, hay que sentirse 'cómodos', Cataluña quiere ponerse al frente del cambio en España o en 'las Españas', etcétera, etcétera. De los costes de la operación y de su necesidad efectiva, ni palabra. Entretanto, Zapatero y su Gobierno, con el apoyo de la artillería de sus medios, ocultan su perplejidad invocando la reflexión y prometiendo 'recortes'. Una vez más en cuestiones de política de Estado, la indefinición como norma.

Apenas aprobado el proyecto en el Parlament, Maragall se dirigió a la opinión pública del resto de España, no con el propósito de informar acerca de la radicalidad del esquema de autogobierno ofrecido, sino para encubrir sus aristas. Paralelamente, la Generalitat anuncia la puesta en marcha de una importante campaña de explicación, que, por lo que apunta su presidente, va a convertirse en una acción de propaganda escasamente fiable. En principio, el eje consistirá, de acuerdo con sus primeras declaraciones, en atraer los debates al trapo de la definición de Cataluña como nación. Y tiene buenas razones para esperar que nuestra derecha vaya directa al engaño, ya que en principio, ciertamente, el artículo 2 de la Constitución veta tal planteamiento referido a una comunidad autónoma. No obstante, como el mismo Maragall advierte, la aceptación constitucional de una plurinacionalidad se encuentra implícita en el reconocimiento de las 'nacionalidades', y luego el significado de 'nacionalidad' se ha difuminado. ¿Qué cuesta clarificar las cosas, ascendiendo a Cataluña al nivel que reivindican mayoritariamente sus ciudadanos? Lo que ocurre es que en el texto del Estatut, en el mismo preámbulo, el esquema diseñado en la Constitución salta por los aires. Nación sólo hay una, Cataluña, sin la más mínima presencia de factores históricos o culturales españoles, y tampoco existe mención alguna relativa a su inserción en un conjunto nacional, o como quiera llamársele, de nombre España. Ésta es simplemente el Estado con el cual la proyección estatal de la nación catalana, la Generalitat, entra en relaciones definidas por un criterio de bilateralidad, debiendo constituirse una comisión Generalitat-Estado. 'Cataluña tiende su mano a España' era el titulares de un periódico barcelonés comentando la aprobación del día 30. Es una expresión perfecta de la relación de alteridad entre la Nación Catalana y el Estado español que constituye el núcleo del nou Estatut, su razón de ser y la base del entramado de competencias reivindicado. Confirma el enfoque del consejero de Economía, el socialista Castells, recogido en junio por 'Avui': «La dificultad objetiva no está en Cataluña, sino en Madrid. Y para negociar con el Estado (sic), hay que ir unidos; si no, hemos perdido antes de empezar».

El 'blindaje' de decenas de esas competencias, 'excluyentes' de toda intervención estatal en lo sucesivo, prueba que tal idea de la nación no es mera retórica, según advertía Artur Mas. No es una nación que se integra en una pluralidad, en España como nación de naciones, sino la nación catalana que afirma de modo tajante su poder político. Asume un poder constituyente y, sin eliminar la pertenencia al Estado, vacía a éste de contenido en lo que Bodino hubiera considerado sus 'notas de soberanía'. Con más sofisticación que en el caso vasco, pero no menos vocación de definir un único sujeto político, la tradición histórica de una Cataluña siempre progresiva y fiel a sí misma, y la apelación a los 'derechos históricos', de raíz abertzale, sirven para proporcionar un fundamento nacionalista de gran rigidez y escasa racionalidad a un proyecto de autogobierno que, con los eufemismos del caso, acoge el derecho de autodeterminación («el dret de determinar lliurement el seu futur com a poble», con la capacidad de la Generalitat para convocar el oportuno referéndum).

El ajuste formal a la Constitución, recortes mediante, a duras penas podrá lograr un auténtico encaje entre ambas normativas. Hay en el pasado suficientes ejemplos de destrucción de regímenes constitucionales sin molestarse en cambiar ni en sustituir las leyes fundamentales vigentes: casos de Italia años 20 y de Alemania 1933. Creo que fue Carod quien señaló muy pronto que lo importante era el Estatut, no reformar la Constitución. Con la capacidad para transferir competencias estatales que abre el artículo 150.2 resulta posible vaciar de contenido aspectos esenciales, sin tocar el texto constitucional. Por otra parte, la aceptación de exigencias ineludibles -ejemplo, el reconocimiento del castellano como lengua oficial, después del catalán- no impide que en los artículos donde tal aspecto se desarrolla prevalezca una clara intención discriminatoria al fijar por norma el uso ineludible del catalán.

Y a pesar de lo que anuncia Maragall, en el Estatut no hay ni nación de naciones -que desde el exterior se prescribe para España, sin inclusión formal de Cataluña en el concepto- y menos aún federalismo. Nación de naciones implica reconocimiento de la identidad dual dominante hasta hoy y de una pluralidad de procesos de construcción nacional en torno al eje central de la nación española, y todo en el Estatuto lo niega. La aparición de un sujeto político, Cataluña, cuasi-soberano, que establece una relación de bilateralidad con el Estado, puede servir de base a la experiencia inédita de un Estado dual asimétrico, con especial calado en la soberanía fiscal catalana, en absoluto susceptible de generalización a favor de esas otras autonomías. A ellas Maragall les recomienda que 'vuelen solas' y sean tan eficaces como la suya, dado que la 'solidaridad' inevitablemente va a disminuir de modo drástico. Bilateralidad es todo lo contrario de federación. Y arruina en términos políticos la aceptación de la plurinacionalidad de España, que es algo muy distinto de proponer la existencia de varias naciones en el marco de un Estado, único al que convendría la calificación de español. Los antecedentes de Austria-Hungría y de Yugoslavia no son como para mostrarse optimista.

En suma, el márketing resulta inevitable en la política de nuestros días. El engaño es otra cosa. Del mismo modo que muy pocos cuestionaban el derecho de Cataluña a ampliar su autogobierno y a exigir una reforma general del sistema de relación financiera entre las autonomías. Lo que ahora tenemos ante nosotros, con Zapatero hasta hoy en las nubes, es también otra cosa.

César A. Molina defiende el español como idioma oficial de la UE
El director del Instituto Cervantes inauguró ayer con la conferencia «El español en el mundo» el Aula de Cultura de ABC, organizada por la Fundación Vocento
JORGE SÁINZ ABC 5 Octubre 2005

MADRID. El director del Instituto Cervantes, César Antonio Molina, defendió ayer el español como «idioma oficial» en las instituciones de la Unión Europea y aseguró que sería «un grave error» apartar a la «única lengua -junto con el inglés- dentro de la UE, que está en disposición de crecer en los próximos años».

Esta fue una de las reflexiones más destacadas de Molina durante su intervención en la conferencia inaugural del Aula de Cultura de ABC, organizada por la Fundación Vocento. Tanto su presidente, Enrique de Ybarra, como su director, Fernando García de Cortázar, se felicitaron por el arranque de la cuarta edición de esta actividad.

En su alocución «El español en el mundo», Molina esbozó una amplia panorámica de nuestro idioma y señaló que su avance es «imparable, sobre todo en Estados Unidos, Brasil e incluso Asia, el continente del futuro». El máximo responsable del Cervantes dijo además que las «perspectivas son favorables» y que a lo largo de la próxima década se «podrían superar los 600 millones de hispanohablantes» en todo el globo.

Pero César Antonio Molina quiso recordar que el crecimiento del castellano no sólo es cuantitativo, sino también «cualitativo», ya que, insistió, se está empezando a identificar «nuestro idioma con la cultura, con Velázquez, Goya y, por supuesto, Cervantes».

Un idioma «americano»
En cualquier caso, Molina rompió una lanza a favor del papel de Iberoamérica en toda esta evolución y aseguró que, hoy en día, «el español es una lengua esencialmente americana», ya que «nueve de cada diez» hispanoparlantes proceden de ese continente. Molina consideró este hecho muy favorable, ya que su «expansión a Estados Unidos» ha convertido al español en un «instrumento útil para los negocios, la empresa y la economía».

La próxima cita con el Aula de Cultura de ABC será el próximo jueves 20 de octubre. La conferencia correrá a cargo del catedrático de la Universidad de Siena Francisco José Martín y será un tributo al pensador José Ortega y Gasset, ahora que se cumple el cincuentenario de su muerte. Con «Ortega y Gasset: Razón y pasión de España», Martín tratará de interpretar las claves del genial filósofo.
 

El próximo día 28 de octubre se estrena en 20 salas de toda España del documental titulado "Trece entre mil", del director Iñaki Arteta. Previamente, el filme se proyectará en el Festival de cine de Valladolid. A través de los testimonios directos de los allegados a trece de las mil víctimas causadas por el terrorismo, la película plasma el abandono social al que se les ha venido sometiendo en los casi 40 años de existencia de esta lacra.
"Trece entre mil"
Iñaki Arteta  5 Octubre 2005

Con el objetivo de mantener viva la memoria y el reclamo de justicia, este documental recopila distintas historias de víctimas que fueron asesinadas por la ETA, en los últimos 30 años.

Sinopsis
Para miles de ciudadanos españoles el terrorismo de ETA ha sido determinante en su vida, pero debido al silencio al que también fueron condenados, muy poco es lo que se sabe de lo complejo o lo sorprendente de los acontecimientos vividos por ellos, de las peripecias de su experiencia vital posterior.

Hombres, mujeres y niños asesinados, unos indiscriminadamente, otros tras sufrir una cruel persecución al más puro estilo nazi, componen las trece historias de este trabajo documental que constituyen una mera representación del gran colectivo de afectados por terrorismo en nuestro país, pero sobre todo son la encarnación física del dolor sin límite que producen la injusticia del asesinato y la falta de solidaridad social.

Una pregunta queda suspendida de la película: ¿cómo es posible que en una sociedad del siglo XX, culta y en democracia, el terrorismo haya sembrado tantas dudas sobre su legitimidad y las víctimas hayan sido sometidas durante tanto tiempo al abandono por parte de sus conciudadanos?

"Trece entre mil" es una película perturbadora. Pero una obra necesaria, porque es patente que la ciudadanía sólo muy recientemente ha empezado a sentir como suya la verdadera tragedia que el terrorismo.

"Trece entre mil" quiere ser la respuesta a la alarmante falta de propuestas cinematográficas actuales comprometidas con la cruda realidad social del terrorismo en nuestro país.

Se han elegido unos casos entre los colectivos que han aportado mayor número de víctimas (civiles, policías nacionales, guardias civiles), otros que destacan por las especialmente dramáticas consecuencias del atentado (la muerte de niños, por ejemplo), otros por las extrañas características de la ejecución del asesinato, otros por los azarosos cruces de caminos entre la víctima y el victimario y la mayoría por situarse en un período (los años ochenta) en el que la actividad terrorista era frenéticamente salvaje.

Todos tienen en común el haberse perdido en el tiempo entre el abultado número de afectados que el terrorismo ha causado.

Algunos casos pueden resultar increíbles, como increíble le puede resultar a un espectador medio español haberlos olvidado, como increíble le puede parecer a un observador extranjero que lo que se narra haya sucedido en un lugar de la Europa occidental a finales del siglo XX.

Notas del director
Tal y como hemos hecho en los anteriores trabajos relacionados con el terrorismo, la situación de Euskadi o las víctimas de ETA, tanto la preproducción como la grabación de este documental se han realizado manteniendo un elevado nivel de discreción y prudencia, evitando cualquier tipo de promoción periodística contrariamente a lo que suele ser lo habitual y lo apetecible.

Para poder trabajar sin presiones, los integrantes del reducido equipo, todos ciudadanos vascos, fueron objeto de una minuciosa selección y en ninguna de las fases de la producción participó ninguna empresa del País Vasco con más de tres personas. El equipo lo formaron el director, un periodista, un productor, un operador de cámara y un técnico de sonido.

Varios de los participantes en la película prefirieron no aparecer con sus nombres completos en los títulos de crédito. Un editor y un músico se integraron en las últimas fases de la producción.

El proyecto comenzó a gestarse en 2002 y es a partir de octubre de 2005 cuando será posible su estreno y su comercialización en salas comerciales.

Durante este tiempo, completar los 400.000€ que se estimaban necesarios para su financiación ha sido la principal tarea de la productora.

Las aportaciones de algunos colectivos de víctimas y la sensibilidad y solidaridad de varios gobiernos autonómicos de nuestro país ayudando económicamente con la producción han sido fundamentales para poder finalizar el documental.

Para colaborar en la banda sonora de la película se propuso una participación prácticamente testimonial a varias de las voces más prestigiosas de la música de cámara en España que declinaron la invitación.

Gracias a la colaboración desinteresada de la cantante santanderina Montserrat Obeso y del músico Pat Metheny la extraordinaria creación musical obra de Eduardo Basterra ha adquirido el tono que se merecía el trabajo.

"Trece entre mil" nace de un espíritu de rebeldía contra un estado de indiferencia social que dura ya demasiado tiempo, contra la ambigüedad política y a favor de la memoria y la justicia debida a los que han sufrido en primera persona el desgraciado peso del terrorismo.

Acerca del director
Desde el año 1986 trabaja como fotógrafo, alternando el fotoperiodismo con la publicidad y el cine.

Realizador de spots publicitarios y de documentales de viajes, ha sido guionista, director y productor varios cortometrajes.

Ya en su primer corto, "Material sensible" (1988), quedó reflejada su preocupación por la violencia terrorista.

A principio de los 90 colaboró con grupos pacifistas y realizó en 1996 el primer spot publicitario en contra de la violencia de ETA. Posteriormente su sensibilidad le ha dirigido hacia los colectivos de víctimas, para los que viene realizando proyectos audiovisuales relacionados con su reivindicación de la memoria, como el Archivo histórico de las víctimas del terrorismo.

Ha obtenido varios premios con cada uno de sus trabajos cinematográficos pero los más relevantes han sido los logrados por "Sin libertad" (2001) y "Voces sin libertad"(2004), documentales que constituyen una aportación inédita hasta la fecha que viene a rellenar el vacío que el cine contemporáneo español ha creado alrededor de las víctimas y de las voces más críticas de la sociedad vasca y para la comprensión de lo que ocurre en esa parte de España atravesada por el fanatismo y el miedo.

Esta obra ha sido galardonada, entre otros, con el premio al Mejor Director de Documental en el New York International Independent Film & Video Festival en su edición de 2002, con el Platinum Award en el WorldFest 2005 (Houston-USA) y Finalista en el International Documentary Awards (Los Angeles-USA), en el Hollywood Film Festival y en los Prix Europa 2004.

Editada en España en DVD.

"Agustín Ibarrola. Entre el arte y la libertad" (2004), documental biográfico del conocido artista vasco, ha sido finalista en los premios Doc Amateur 2004 del canal Documanía.

También es autor de varios guiones de largometraje: "Euskadi sur", "Tres" y "Vivir sin miedo".

Ficha técnica
España - 2005
Título original: Trece entre mil
Dirección: Iñaki Arteta
Productora: Nostro Films
Guionista: Iñaki Arteta, Alfonso Galletero
Fotografía: J. L. A.
Música: Eduardo Basterra


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