AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 9 Octubre 2005
De mal en peor
EDITORIAL Libertad Digital 9 Octubre 2005

Estatut: Una «constitución» contra la Constitución
Editorial ABC 9 Octubre 2005

Contra el victimismo
IGNACIO CAMACHO ABC 9 Octubre 2005

LA TRITURADORA
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 9 Octubre 2005

Los bisbes, el Estatut y Rajoy
M. MARTÍN FERRAND  ABC 9 Octubre 2005

Los polos del planeta ZP
Cristina Losada Libertad Digital 9 Octubre 2005

La mayoría española del 83,4%
PEDRO ARIAS VEIRA La Voz 9 Octubre 2005

¿Qué ha cambiado en Euskadi?
ARÍA SAN GIL El Correo 9 Octubre 2005

La caravana de la AVT evitará el País Vasco para proteger a las familias de las víctimas
ABC 9 Octubre 2005

De mal en peor
EDITORIAL Libertad Digital 9 Octubre 2005

Si no fuese por la aprobación del Estatuto catalán en Barcelona y el posterior revuelo que ha armado su llegada a Madrid, el tema de las dos últimas semanas sería, sin género de dudas, el letal combinado de demagogia e incompetencia que el Gobierno ha desplegado en la crisis de los inmigrantes de Ceuta y Melilla. Empezó mal, ignorando un problema que ha terminado por desbordar a la propia policía de frontera. Continuó peor, en un ir y venir de mentidos y desmentidos, improvisaciones y simplezas. Y ha terminado por desembocar en una emergencia humanitaria en mitad del desierto del Sáhara. En todos y cada uno de los compases de la crisis, marcados de principio a fin por Marruecos, el Gobierno no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y se ha limitado a poner parches a destiempo mientras, en todo momento, ejercía de portavoz oficioso del sultán.

Porque, mucho más allá de las derivaciones políticas que pueda tener el asalto a las verjas fronterizas, están las vidas humanas que se han perdido en una tragedia que, por lo que parece, no ha hecho más que empezar. A pesar de que el Gobierno marroquí lo haya negado en una ocasión y lo haya aceptado en otra, todo conduce a pensar que son los propios marroquíes los que, durante varias noches, empujaron a los inmigrantes subsaharianos contra la valla. Informes de balística de la policía española –mucho más de fiar que la gendarmería marroquí- así lo indican, lo que, sumado a los tiroteos de esta semana en la frontera melillense, invitan a concluir que el problema está en el otro lado. Marruecos nunca ha ocultado sus pretensiones sobre las ciudades autónomas y esta podría ser la renovada estrategia de Mohammed VI para presionar al débil Gobierno de Madrid a tomar decisiones en su favor. No sería, además, la primera vez que los marroquíes ganan territorio lanzando a gente indefensa a la “conquista”. Hassan II lo ensayó con notable éxito hace treinta años cuando envió a una masa de desheredados sobre el Sáhara Español. La delicada situación política española de la época, en vísperas de la muerte de Franco y con un jefe de Estado interino, contribuyó decisivamente a ello poniéndole al sultán la ex colonia en bandeja de plata.

Ceuta y Melilla, sin embargo, no son colonias, son ciudades tan españolas como cualquiera de la península y esto ha de tenerlo muy presente Zapatero mientras siga siendo presidente del Gobierno. Cuando no lo sea puede dedicarse tranquilamente a hacer juegos florales con su asesor Máximo Cajal, diplomático socialista partidario de entregar estas dos ciudades a Marruecos. No hay negociación posible porque, sencillamente, la integridad territorial no se negocia. Bastaría con que Zapatero tuviese sólo este punto claro para alejar los fantasmas que se ciernen sobre dos ciudades cuyo futuro se oscurece por momentos. Si Rabat percibe que el asunto es intocable y que el Gobierno español tiene voluntad de defender a sus ciudadanos una buena parte del problema tocaría a su fin.
La otra, la de inmigración ilegal, es de índole diferente. Marruecos no puede enviar a todos los inmigrantes subsaharianos que vagan por su país hacia nuestras fronteras para utilizarlos, además, como fuerza de choque. Si su legislación lo determina, habrá de deportarlos de vuelta a sus países de origen pero ateniéndose al Derecho Internacional y a las normas básicas de humanitarismo. Lo de abandonar a un millar de hombres, mujeres y niños en medio del desierto es de una maldad infrahumana que da fe inequívoca de cómo las gasta el Gobierno marroquí, el mismo que vive desde hace más de un año una luna de miel con Zapatero. Muchos españoles, sin embargo y vista la actitud de los marroquíes, se preguntan a cuento de qué.

Estatut: Una «constitución» contra la Constitución
Editorial ABC 9 Octubre 2005

GOBIERNO y PP han asociado al proyecto estatutario objetivos y estrategias que desbordan por completo los márgenes que ofrecen simples enmiendas a un proyecto articulado. Las diferencias no están fundamentalmente en lo escrito, sino en los principios que cada cual defiende en este debate estatutario. Por eso el PP dice que el proyecto aprobado por el Parlamento de Cataluña es una reforma constitucional encubierta y que, como tal, ha de ser tramitada, lo que haría imprescindibles sus 148 escaños en el Congreso. Por su parte, el Gobierno y el PSOE anuncian retoques y ajustes en un proyecto que consideran plenamente legítimo, para lo que siempre tendrá dispuestos a sus socios minoritarios.

La valoración conjunta y política del proyecto de Estatuto catalán será lo que, en el momento de fijar posiciones parlamentarias, decida la actitud del PSOE y del PP, porque, aparte del masivo rechazo ciudadano que suscita la propuesta del tripartito, cada vez que los defensores del Estatuto lo glosan, se hace más evidente su desencaje en el sistema actual. Sin temor a exagerar, puede decirse que el texto aprobado por el Parlamento catalán es estructuralmente inconstitucional, o «anticonstitucional», como ha matizado el ex presidente del Tribunal Constitucional Manuel Jiménez de Parga. Habría que recordar que la crítica más contundente al proyecto de nuevo Estatuto se contenía en un dictamen emitido por expertos constitucionalistas para el Ministerio de Administraciones Públicas. Según estos juristas, «la ampliación de competencias es masiva, injustificada y claramente contraria a la Constitución por lo que se refiere a muchas de las técnicas que se utilizan y al resultado a que conducen». Desde que este informe se dio a conocer -finales de agosto pasado- hasta ahora, la afirmación de los expertos ha cobrado aún más fuerza.

El texto estatutario representa la voluntad de crear una organización política, sustentada sobre un poder soberano, sin necesidad de reconocimiento estatal, y blindado frente al Estado mediante una aparente relación de bilateralidad entre iguales, que no es tal en la medida en que la mayoría de las intromisiones de la Generalitat en las instituciones del Estado no tienen reciprocidad. Este problema no se resuelve trasladando la palabra «nación» desde el artículo 1º al Preámbulo -trampa leguleya para dificultar el recurso de inconstitucionalidad-, ni retocando un poco las normas sobre Poder Judicial, o blanqueando el sistema de financiación. El problema no es de ornamentación sino de arquitectura, como queda de manifiesto en el análisis del texto estatutario que ABC ofrece hoy a sus lectores en la sección de Nacional.

El propósito soberanista impregna todo el texto del nuevo Estatuto, porque está diseñado para servir a una transformación de mayor calado que la meramente autonómica. En su contenido puramente normativo, la constitucionalización del texto será más fácil si se hace otro nuevo que si se pretende un reajuste interno. El preámbulo y el artículo primero definen a Cataluña como nación, y a España como un Estado federal y plurinacional, e invocan los derechos históricos -previos a toda legitimación democrática, por supuesto- como fuente única de la libre determinación que ejercerían los catalanes a través del nuevo Estatuto. Luego, como preceptos de corte constituyente, el nuevo Estatuto regula para Cataluña el territorio, las instituciones, los derechos y las libertades ciudadanos y las competencias exclusivas; establece por sí y para sí su poder judicial, así como el estatuto singular de jueces y fiscales destinados en territorio catalán; decide que haya en el Estado otra realidad nacional, la del Arán; y somete a órganos constitucionales del Estado a una modificación forzosa que dé cabida a la relación confederal que alumbra el proyecto. Además, la difícil convivencia entre castellano y catalán se rompe y da paso a la conversión del catalán en ariete de la sociedad nacionalista que se refleja en el texto, con efectos en las relaciones públicas y privadas, medios de comunicación y enseñanza. El sistema de financiación, en un marco de intervencionismo obsesivo, secunda el propósito de asentar un nuevo poder capaz de sostener la relación paritaria que se le propone al Estado. La tarea de enmendar este Estatuto es compleja, porque su inconstitucionalidad no está localizada en uno u otro artículo, sino que vertebra un proyecto que apenas deja algo de España en Cataluña.

Contra el victimismo
IGNACIO CAMACHO ABC 9 Octubre 2005

TODO discurso nacionalista parte del victimismo como fundamento que justifica el delirio de sus entramados argumentales identitarios -nada une más a la tribu que la amenaza externa-, pero el nacionalismo catalán ha sido siempre particularmente experto en la construcción de teorías del agravio. Incluso durante épocas en que el proteccionismo de la dictadura amparaba de manera singular ciertos sectores industriales de la burguesía del principado, cuyos niveles de renta eran tan abrumadoramente superiores a los del resto de España que los trabajadores de Andalucía, Extremadura o Galicia emigraban de forma masiva a Cataluña en busca de recursos de supervivencia, la clase dominante catalana fue capaz de levantar símbolos de agravio con particular eficacia.

El victimismo se ha convertido en Cataluña, más que en una idea, en una especie de costumbre extendida por los ámbitos más cotidianos de la existencia colectiva. El mismo FC Barcelona, ese Barça convertido por este argumentario en «ejército simbólico de una nación sin Estado» (Vázquez Montalbán), ha tejido a su alrededor una leyenda victimista de tal éxito que pervive en el imaginario popular incluso cuando, como en el momento presente, goza de los favores del establishment deportivo con una evidencia tan clamorosa que ha provocado la indignación de clubes tan poco sospechosos de impulsos hegemónicos como el Deportivo de la Coruña o el Alavés, en absoluto identificables con la vocación opresora del centralismo madrileño. Para una mentalidad anclada en el agravio como motor de sentimientos de identidad, los favores arbitrales, como antes los beneficios proteccionistas o más recientemente la prioridad inversora del Estado, no son más que episodios de remota justicia que vienen a reparar (sólo parcialmente, por supuesto) la larga secuencia de ofensas y pretericiones sufridas a lo largo de una Historia de perdedores.

Del mismo modo, la clase dirigente catalana pretende ahora trasladar sobre España la culpa de la crisis que ha desatado al colocar en el centro de la escena política un Estatuto de autonomía que rompe la Constitución, violenta la convivencia, reclama privilegios y establece unilateralmente un marco de relaciones desiguales con el resto de los españoles. La idea matriz de esta tesis consiste en la simple y esquemática formulación de que España no comprende a Cataluña, sustituyendo en algunos casos el concepto de España por el mucho más eficaz de Madrid, capital simbólica del centralismo o sede de lo que cierto medio ha llamado sin ambages «la caverna mesetaria». Los españoles, según este guión, somos cerriles nacionalistas incapaces de entender el esfuerzo colectivo de integración que la sociedad catalana ha plasmado en ese texto luminoso que se digna redimirnos de nuestra imperfección constitucional para señalarnos el verdadero camino para convivir sin sobresaltos, y que consiste, como no podía ser de otra manera, en reconocerle a Cataluña su papel de superioridad económica, intelectual, social y política, faro avanzado de la modernidad y oasis de racionalidad en un Estado atávico, crispado y ceñudo.

Para los inspiradores del nuevo Estatuto -entre los que conviene reconocer que se cuenta una gran parte de la burguesía que, en voz baja, empieza a protestar de sus excesos pese a haber firmado manifiestos y respaldado en voz alta sus exigencias-, es España el único problema. España, y no Cataluña, es la responsable de una quiebra de convivencia que está empezando a abrir la puerta a viejos e indeseables demonios de rechazo social. España, y no Cataluña, es la que genera el conflicto sobrevenido por la perplejidad y la irritación con que ha sido acogido ese proyecto destinado, al parecer, a solventar todas nuestras viejas querellas territoriales fruto de una incomprensión visceral de la diferencialidad catalana. España, la España zaragatera y triste que siempre vuelve la espalda a quienes, como Maragall y su gobierno tripartito, como Artur Mas y sus jóvenes cachorros ultranacionalistas, tienen la audacia de proponer soluciones nuevas para las cuestiones ancestrales que atenazan el presente y bloquean el futuro.

Este discurso unilateralista, impregnado de victimismo y autocomplacencia, domina la sociedad catalana con la misma densidad con que ha venido empobreciendo el clima social e intelectual de esa comunidad a lo largo de dos décadas y media de pujolismo. Con la misma alegre autosatisfacción que ha liquidado gran parte del versátil cosmopolitismo catalán -basta visitar periódicamente Barcelona para comprobar su creciente aislacionismo, su decadencia cultural, su progresiva pérdida de dinamismo histórico- para sumirlo en una nube autárquica; la hegemonía nacionalista ha provocado una pérdida de pulso colectivo tan patente que ha sido necesario encontrar en el sempiterno agravio un chivo expiatorio con el que justificar el fracaso de ese proyecto de «construcción nacional». Y ese culpable no es otro, naturalmente, que España, la España que ha permitido que Madrid, Valencia, Baleares e incluso Extremadura crezcan en pujanza y mejoren sus servicios mientras Cataluña decaía en términos relativos bajo la asfixia del éxtasis nacionalista.

En vez de rebelarse contra esa atmósfera ensimismada que ha conducido a la sociedad catalana a una palpable postración de la que sólo la ha rescatado el enorme dinamismo individual de su burguesía, Maragall, que es un nacionalista puro encastrado en el tejido político del socialismo españolista, se ha ido a buscar la raíz del problema en el clásico argumentario miope del victimismo. Y, ayudado por los nacionalistas -que se dividen, retirado el siempre pragmático Pujol, entre radicales y directamente independentistas-, ha propuesto como salida un proyecto desquiciado que no sólo da una vuelta de tuerca a la feroz hegemonía del sector público sobre toda la sociedad civil catalana que ha venido trazando el pujolismo, sino que se lanza directamente a reconstruir el diseño político del conjunto de España, a la que exige un cambio de modelo constitucional para que ellos puedan sentirse más cómodos en su delirio diferencialista.

Si no hubiese encontrado en el presidente Zapatero un incomprensible aliado, empeñado en pasar a la Historia como el autor de una segunda transición hacia no se sabe bien dónde, todo este «monumental desaguisado» (como lo calificó Mariano Rajoy el pasado jueves en su brillante y sonada intervención en el Foro ABC) no tendría mayor peligro de pasar el filtro de cordura que aún anida en la soberanía nacional representada en el Congreso de los Diputados. Lo malo es que Zapatero parece dispuesto a darle carta de naturaleza al dislate, previo maquillaje de ciertos aspectos evidentemente incomestibles incluso para él mismo, ante el estupor de no pocos socialistas que aún quieren seguir creyendo en una España de ciudadanos y no en una desquiciada nación de naciones.

Y eso es lo que hay que impedir. Lo que tienen que impedir los políticos en quienes aún quepa una conciencia moral y social lo bastante lúcida como para no autorizar el suicidio del Estado. Ya es grave que gran parte de la sociedad catalana esté dispuesta a inmolarse en el altar de un nacionalismo que la pretende someter hasta extremos inverosímiles de invasividad, como demuestra el análisis del texto estatutario que el lector de ABC encontrará unas páginas más adelante. Pero la sociedad española no puede aceptar que le impongan una nueva Constitución, un nuevo modelo de convivencia basado en el privilegio y la desigualdad de unos ciudadanos sobre otros. En ese sentido, los victimistas tienen algo de razón: los españoles no los aceptamos. Pero no porque nos cueste trabajo comprenderlos; al contrario, es demasiado fácil comprender lo que quieren. El problema consiste en que de ninguna manera lo vamos a aceptar, precisamente por lo bien que lo entendemos.

director@abc.es

La clase dirigente catalana pretende ahora trasladar sobre España la culpa de la crisis que ha desatado al colocar en el centro de la escena política un Estatuto que rompe la Constitución, violenta la convivencia, reclama privilegios y establece unilateralmente un marco de relaciones desiguales

LA TRITURADORA
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 9 Octubre 2005

La trituradora se ha puesto en marcha, y no habrá quien la detenga de aquí a un tiempo. Vayamos por partes.

Zapatero ha empezado a buscar una «fórmula transaccional» para que el término «nación» sea substituido en el Estatut por otro que alarme menos al personal y no defraude por completo a los partidos catalanes. Son ganas de perder el tiempo. Ha afirmado Maragall que el Estatut no se comprendería si se quita «nación» del artículo número uno. Y está en lo cierto. El texto consiste en una prolija elaboración de lo que cabe llamar ya el «protoestado catalán», con enganches o prolongaciones cuyo propósito manifiesto no es mantener a Cataluña sujeta al resto de España, sino al resto de España tutelada por los intereses catalanes. Es rigurosamente increíble que la clase política de aquella región haya podido perpetrar semejante disparate bajo la mirada ausente, complaciente o insipiente del Gobierno. El Estatuto, en fin, no tiene arreglo. Esto plantea la pregunta elemental de por qué demonios el presidente, a última hora, ha hecho un esfuerzo extraordinario para que el invento saliera adelante.

En mi opinión, la pregunta carece de respuesta. Zapatero ha hecho siempre cosas raras. Por ejemplo, apenas investido, reemplazar al Consejo de Ministros por un plató de televisión, desde el cual sorprendió a los suyos y a los demás anunciando la retirada súbita de la tropa de Irak. Se enajenó luego a Estados Unidos con la soflama tunecina, absolutamente innecesaria. Y así de corrido. Hace unos días convocó a Mas en otro espasmo inexplicable, con el resultado de que su equipo, su partido y él mismo se han colocado en una posición muy delicada. O el documento catalán se aprueba en lo esencial, y entonces se acaba el Estado, o se rechaza con el concurso imprescindible del PP. Lo último supondría no sólo la pérdida del apoyo de ERC en el Congreso, sino una ruptura quizá irreversible con el PSC. Resumiendo: o le entran tercianas al Estado, o le entran tercianas al Gobierno. Un cambio de alianzas radical exigiría, es claro, un relevo a la cabeza del Ejecutivo.

El primero que ha entrado en la trituradora es, en consecuencia, Rodríguez Zapatero. Incluso en el caso de que lograra conservar el equilibrio, su autoridad quedaría muy seriamente dañada. Medio gabinete ha expresado su insatisfacción ante el modo como se ha conducido el proceso. Rodríguez Ibarra ha bramado, Chaves ha enseñado los dientes, y Felipe ha recuperado la locuacidad. Es natural. El Estatuto está específicamente dirigido contra el votante socialista. Aumenta, incontrastable, el sentimiento de que Zapatero es un pirómano que ensaya sus travesuras sin salir de casa.

El segundo candidato a una trituración rápida es el PSC. A estas alturas, podemos ya asegurar con certidumbre que la intención de CiU era que el Estatuto zozobrara. Las reclamaciones maximalistas de los convergentes tenían por objeto que los socialistas dijeran que no. El «sí» no previsto ha dejado a CiU gratamente sorprendida... y en posición dominante. Tras la aprobación del documento, consumada en un ambiente de fervor casi unánime, toda complicidad del PSC con las rebajas que en Madrid se estiman necesarias sería aprovechada por Mas para poner en evidencia a Maragall y sus muchachos. Es complicado que ERC pudiera sostener la tensión. Lo más fácil, es que vuelva a las andadas de julio y se arrime otra vez a CiU. La polarización inducida forzaría al PSC a elegir. Y no podría hacerlo sin desgarrarse.

El tercer elemento fungible será, si Dios no lo remedia, la propia Constitución. A menos que una intriga de palacio desmonte a corto plazo a Zapatero, lo que no parece probable, asistiremos, durante unos meses, a ejercicios hermenéuticos orientados a hacer compatible la Carta Magna con el texto de Barcelona. Un ejército de expertos se dedicará a la casuística a gran escala, buscando un punto medio entre el papel recibido y lo que se acordó en el 78.

Ahora bien, existen dos tipos de casuística: la funcional y la desesperada. La primera consiste en hacer aplicable la ley a situaciones nuevas. La segunda, en demostrar que donde dice «digo», debía decir «Diego». La distancia entre el Estatut y cualquier documento viable es tan abismal, que no podrán por menos de preponderar las casuísticas desesperadas. Pasado un rato, la confusión será total, y nadie sabrá qué significa «constitucional». A decir verdad, nadie sabrá qué significa nada.

Los bisbes, el Estatut y Rajoy
M. MARTÍN FERRAND  ABC 9 Octubre 2005

ONCE obispos, todos los de Cataluña, se han reunido para reflexionar -con serenidad, no faltaba más- sobre la propuesta de Estatut, aprobada en el Parlament por gran mayoría, que ya espera turno en el Congreso de los Diputados. La consecuencia de tan notable pleno de la Conferencia Episcopal tarraconense se concreta en un comunicado en el que los obispos, «sin querer imponer nada en aquello que es opinable para los cristianos», unánime y resueltamente «dan su apoyo a todo lo que aporta crecimiento al país, refuerzo a la lengua y a la cultura propias de Cataluña (...) y proyección de futuro a la sociedad catalana». No es nada nuevo que algunos bisbes, como Martínez Sistach, Pujol o Vives, ya habían anticipado en sus homilías la sustancia de esta doctrina católiconacionalista; pero ahora sorprende la oficialidad de un sermón que, en defensa del Estatut, se opone frontalmente a lo que es doctrina constante en la radio de la Conferencia Episcopal Española, la que preside Ricardo Blázquez.

El apoyo de los obispos catalanes, de uno en uno o en cuadrilla, a los turnantes miembros del Govern no es nada nuevo en una estructura social, cerrada y bloqueada por el idioma, como la que han dispuesto los nacionalistas catalanes. La novedad reside en que ahora los obispos disparan contra el PP y sus cuadros, mucho más cercanos a la doctrina de la Iglesia y defensores de sus intereses y postulados que los integrantes del tripartito catalán. Ya veremos cómo responden los demás porque, en estos momentos y al hilo del Estatut y su peripecia, Mariano Rajoy parece haber comenzado una campaña, incluso con más brío del que le conocemos, para sacar a José Luis Rodríguez Zapatero de la gran competición política nacional.

Cuando reaccione, si lo hace, la Conferencia Episcopal Española -tan desdibujada, tan átona- habrá que ajustar estas apreciaciones; pero lo que sí parece claro es que Rajoy y su equipo pensante se equivocan al centrar su puntería operativa en la figura de Zapatero. Si su campaña fuera un éxito y el presidente del Gobierno tuviera que adoptar medidas de retirada, como la convocatoria de unas elecciones anticipadas, ¿de dónde iba a sacar el PP un oponente con menos enjundia, talento más corto y resolución más flaca? Las victorias se alcanzan, cuando se puede, por dos caminos principales: los méritos propios, que desgraciadamente no abundan en la calle Génova, o por deméritos ajenos. En estos últimos, visto lo ya visto, no será fácil que aparezca en nuestro horizonte político un personaje más fofo y menos nutrido de ideas sólidas que Zapatero. En consecuencia, el PP debiera mimarlo amorosamente e incluso destacar alguna de sus almas cándidas, tal que Ángel Acebes, para que cada noche, en La Moncloa, arrope a Zapatero en su camita. No vaya a ser que coja frío.

La cuestión nacional
Los polos del planeta ZP
Cristina Losada Libertad Digital 9 Octubre 2005

¿Tiene algún plan Zetapé o le va la improvisación pero no es John Coltrane? Las ambigüedades que manifiesta hacia ETA y hacia la reforma de los Estatutos, ¿ocultan algún norte que ignoramos o sufre su brújula el baile de San Vito? ¿Quiere llevarnos a alguna parte y se está liando por el camino o va haciendo camino al andar, como decía el poeta? En el último supuesto, el andar se lo irían haciendo los imprevistos con los que se topa. Se mete por aquí y se abre un precipicio de narices; vuelta atrás y rodeo; se interna por allá y asoma una pandilla de bandoleros…en fin, cosas de viajar al tuntún, sin rumbo ni previsión. El aventurerismo político existe, y este presidente hace méritos para erigirse en modelo.

Se hace difícil encontrar los puntos cardinales de la política de ZP. Siempre que no tomemos por tales sus proclamas buenistas. Ni la retórica cursi con la que envuelve incoherencias. Como la canción del pirata que nos acaba de propinar: La patria es la libertad, la de convivir, la de las oportunidades, la de abrir las fronteras, cualquier cosa. Aunque en lo de las fronteras acertó. Se las están abriendo a balazos. Y cerrando a golpes de Estatuto. Y es que a un gobierno débil, todo son pulgas. Los que saben lo que quieren, se lanzan sobre él con avidez. Es la ocasión para conseguir lo que ambicionan, llámese Ceuta y Melilla o la autodeterminación.

Como hilo conductor de esta errática andadura, se encuentra a la postre uno, coherente con la tradición de quienes siempre se han llevado el gato al agua en el PSOE: liquidar políticamente a la oposición que pueda disputarle el poder. Asegurarse de que no haya alternancia posible. Destruir o domesticar a los partidos rivales. Y como las reglas de la democracia lo impiden, se han de cambiar las reglas. Lo intentó el felipismo, tomando como modelo el priismo, y éste es el segundo lanzamiento a puerta. Como hipótesis puede sostenerse que ahora, para acabar con la oposición, el socialismo gobernante no ve mejor camino que acabar con la nación.

Son conjeturas. Pero tenga o no tenga hoja de ruta este camino, allá vamos, a saltar la valla de la Constitución, si no hay sirga tridimensional que lo impida. Y es significativo que Zetapé haya reavivado los sentimientos que primaban en la izquierda española, y en los incipientes brotes nacionalistas, en los albores de la Transición. Sentimientos que pueden resumirse de esta guisa: con ETA y contra España. Pues por mucho que deploráramos los que entonces estábamos a la gauche, los métodos de la banda, había hacia ella una corriente de simpatía y comprensión. Y esa complicidad moral no podría entenderse sin la otra parte: la aversión a España, como si ésta fuera una creación del franquismo y sus antepasados. No sólo se toleraba a ETA porque golpeara a la dictadura, sino también porque se proponía acabar con la nación.

Así, los pasos de Zetapé, guiados por la pulsión de poder, han buscado el magnetismo de aquellos dos polos de la vieja izquierda, que se sintió aliada de los separatistas. No es extraño que el son de su flauta entrecortada haya sacado de sus cómodas madrigueras a quienes se quedaron con las ganas de hacer la ruptura. Ruptura que era también la de España. O a los que desarrollaron luego esas ganas, que son muchos más, como los antifranquistas retrospectivos. Y es que el planeta ZP es un planeta que retrocede en el tiempo. Un planeta retrógrado, pero poblado. A rebosar de especies oportunistas.

La mayoría española del 83,4%
PEDRO ARIAS VEIRA La Voz 9 Octubre 2005

CONTEMOS nuestras fuerzas, hagamos los números de nuestro potencial de solidaridad comunitaria. En España, el número de diputados en el Congreso que sostendrían el Estatuto catalán sería de un máximo de 41. Podríamos añadirles 15 diputados que en el País Vasco defienden el Plan Ibarretxe o el documento Guevara, de equivalencia independentista. Y sumarles los 2 del BNG que sostienen programas homologables. En total serían 58 los escaños que estarían por una ruptura fáctica de España. Se trata sólo de una minoría, de un grupo comparativamente pequeño en el foro central de la soberanía nacional que cuenta con 350 diputados, el colectivo que tiene el deber de representarnos con valentía y dignidad en los momentos cruciales. Los independentistas sólo son el 16,6% de nuestra sede política decisiva; los que representan la voluntad de permanencia de la comunidad española alcanza el 83,4% del total. Esa es la verdadera mayoría, la expresión de nuestra voluntad colectiva. Deben estar a la altura y ser coherentes con lo esperable de una conciencia democrática desarrollada. Ahora no pueden fallarnos.

El nacionalismo está sobrevalorado en nuestras preocupaciones políticas, incluso en nuestra vida social e intelectual. Han sido el terrorismo y otras formas de violencia, unas simbólicas y otras no tan sutiles, las que lo situaron en el primer plano de nuestra agenda política. Pensamos que con la amnistía concedida en la Transición y el amplio diseño autonómico de la Constitución de 1978 habíamos resuelto el problema con racionalidad y buena voluntad. Pero la generosidad fue interpretada como debilidad y siguió adelante con nuevas ambiciones. Estuvo en decadencia durante un tiempo, pero hoy ha renacido al amparo de un cambio político traumático. Su carácter minoritario se agranda por su papel de fuerzas bisagra imprescindibles para la mayoría de gobierno del PSOE. Los socialistas tienen ahora la gran responsabilidad de frenarlo y ser fieles a la mayoría social española; no deben hipotecar nuestro futuro por la rigidez de una estrategia política, electoral y mediática, que roza la ceguera histórica. Hoy el mayor desafío para el PSOE no es cambiar la sociedad ni las instituciones, sino cambiarse a sí mismo, romper las alianzas anticonstitucionales, aparcar la hipocresía del talante, reconducir la vergonzosa política internacional y fomentar -no quebrar-, la cohesión social y territorial. No le faltarán apoyos parlamentarios para un reconducción política; la gran mayoría electoral en España es seria y responsable, penalizaría severamente a los que no arrimasen el hombro ante una situación tan grave. En esta hora en la que se juegan los principios básicos de la convivencia sería imperdonable e incluso trágico -todo al tiempo- que nuestros representantes olvidaran el origen y fundamentos de su razón de ser y que, deslumbrados por la fugacidad del poder, arriesgaran el porvenir de todo un pueblo, centenario y generoso.

¿Qué ha cambiado en Euskadi?
ARÍA SAN GIL /PRESIDENTA DEL PP DEL PAÍS VASCO El Correo 9 Octubre 2005

En los últimos meses, algunos están empeñados en transmitirnos la sensación de que las cosas están cambiando en Euskadi, que estamos viviendo tiempos de esperanza, de ilusión. Oyéndoles parecería que la situación política ha dado un vuelco espectacular y que, por fin, nuestro país está en vías de convertirse en un lugar normal.

Siento tener que ser yo la que desmienta esta visión porque nada me gustaría más que compartir con ellos esa esperanzadora sensación. ¿Qué más quisiéramos los miembros del Partido Popular vasco que pensar que vamos a poder vivir al fin con normalidad! Sin embargo, como creo que el primer deber de los que nos dedicamos a la política es ser honestos con los ciudadanos, tengo que hacer una descripción radicalmente opuesta de lo que está pasando en el País Vasco y en el resto de España.

No sabemos a ciencia cierta si el Gobierno de España negocia o no en estos momentos con la banda terrorista, pero lo que sabemos con seguridad es que la política antiterrorista de este Gobierno (suponiendo que haya una) es una política turbia y oscura. Lo contrario de lo que había venido ocurriendo durante las dos últimas legislaturas, presididas por José María Aznar. En esa época, la política antiterrorista era algo sobre lo que no cabían dudas. Se compartiese o no el modo de hacer del Gobierno en ese terreno, lo que quedaba claro era que su objetivo era acabar con ETA y que el modo de hacerlo era la utilización de todas las herramientas del Estado de Derecho. Firmeza y transparencia para derrotar a los terroristas.

Hoy, sin embargo, no vemos ni firmeza ni transparencia. La firmeza se ha convertido en talante y sonrisas, como si con los terroristas, esos asesinos que nos llevan amargando voluntariamente la vida 30 años, las sonrisas y el talante sirviesen de algo. Y de la transparencia mejor ni hablar: los miembros del Gobierno y los del Partido Socialista se pasan el día desmintiéndose unos a otros.

De esa confusión surge, sin embargo, la sensación muy generalizada de que algo está cambiando en Euskadi. Y yo me pregunto: ¿Qué ha cambiado en Euskadi en los últimos meses?

Vayamos por partes y empecemos por los nacionalistas del PNV. ¿Se ha movido el señor Ibarretxe? ¿Y el señor Imaz? ¿Acaso el señor. Egibar asume con naturalidad la pluralidad del país? ¿El Gobierno vasco ha abandonado sus delirios soberanistas y ha empezado por fin a preocuparse de los problemas reales de los ciudadanos vascos? Los nacionalistas del PNV, desde el Gobierno que gestionan desde hace más de 25 años, no se han movido ni un ápice de sus posiciones. Siguen tratando de hacer un país cada día más nacionalista, siguen despreciando a España y siguen por tanto queriendo alejarse de ella. Aspiran, como siempre, a un Estado soberano, fuera de España y, aunque no les guste reconocerlo en público, fuera también de Europa.

En la construcción de esa Albania vasca tan sugerente van de la mano, como es natural, de ETA-Batasuna. Siguen queriendo incorporar a los terroristas a la vida política vasca, seguramente porque, no hay que olvidarlo, el lehendakari Ibarretxe es lehendakari gracias a los votos de ese partido, el PCTV, heredero directo de Batasuna y por tanto de ETA.

Veamos ahora la postura de los terroristas. ¿Se ha movido Otegi? ¿Ha pedido Otegi a ETA que deje de matar? ¿Ha pedido Otegi perdón a las víctimas de ETA? ¿Se han movido las comunistas de las Tierras Vascas? ¿Han condenado los atentados de ETA? ¿Han condenado el terrorismo callejero? ¿Han asumido por fin las reglas del juego democrático?

Lamentablemente no. Nada ha cambiado, nadie se ha movido. Nadie, salvo el Partido Socialista Obrero Español. Éste sí que se ha movido desde que ocupó el 14 de marzo de 2004 el Gobierno de España. Pero lo ha hecho en la dirección equivocada.

El señor Rodríguez Zapatero y el señor. López han pasado del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, firmado entre demócratas, al pacto con los nacionalistas radicales. En lugar de buscar el consenso y el acuerdo con aquéllos que, como el Partido Popular, creen en una España plural, diversa y fuerte en Europa, han buscado los apoyos de los que desprecian a España y sólo buscan réditos partidistas y localistas a cambio de ese apoyo.

El señor Rodríguez Zapatero y el señor López han pasado de creer y trabajar por la derrota de ETA a la negociación con ETA. Mientras estaban en la oposición, apoyaron sin reservas la política antiterrorista del Partido Popular. Creían que a ETA hay que derrotarla y jamás plantearon una mesa de negociación con los terroristas. En cambio, desde el Gobierno, llevaron al Congreso de los Diputados una resolución de apoyo a la mesa de diálogo con ETA que, como es lógico, sólo recibió el apoyo de los nacionalistas y de IU, grupos que nunca compartieron la anterior lucha antiterrorista y que se dedicaron por el contrario siempre a ponerle palos en las ruedas.

El señor Rodríguez Zapatero y el señor. López han pasado de preocuparse por las víctimas a preocuparse por sus verdugos. La AVT anuncia movilizaciones en contra de la política del Gobierno y a favor de las reivindicaciones tradicionales de estos colectivos: Memoria, verdad y justicia. ¿Quién nos iba a decir hace unos años que las víctimas iban a tener que volver a salir a la calle a pedir justicia? ¿Quién nos iba a decir hace unos años que las víctimas iban a denunciar falta de recursos económicos?

El señor Rodríguez Zapatero y el señor López han pasado de impulsar la salida de la vida democrática de Batasuna a integrarla de nuevo en la vida política y hacerla protagonista. Junto con el PSOE logramos desmantelar la trama civil de la banda terrorista y llevar tranquilidad, sosiego y libertad a las instituciones vascas. El señor Rodríguez Zapatero ha permitido la vuelta de los cómplices de ETA al Parlamento vasco y, a este paso, veremos de nuevo a ETA en los ayuntamientos y en las diputaciones vascos.

En definitiva, el señor Rodríguez Zapatero y el señor López han puesto patas arriba la política antiterrorista que tan buenos frutos nos había dado.

La pregunta que surge ahora es: ¿Cuál es el precio que el presidente del Gobierno está dispuesto a que paguemos todos a ETA? ¿En cuánto ha valorado Zapatero nuestra vida y nuestra libertad? ¿Y nuestra dignidad?

Desde el corazón de Euskadi, muchos miles de vascos le decimos que no estamos dispuestos a poner precio, ni caro ni barato, a la libertad. Que después de 30 años de colocar la dignidad un paso por delante del miedo no estamos dispuestos a ceder ni un milímetro ante los terroristas. Que hemos perdido mucho, y a muchos, en estos años de resistencia cívica y política y que creemos sólo en el Estado de Derecho para alcanzar la libertad en nuestra tierra.

Señor Rodríguez Zapatero, créame, la libertad, la dignidad, la convivencia, la justicia, la democracia, todas esas palabras que tanto le gustan a usted y de las que usted se llena la boca tan a menudo, en Euskadi tienen nombre y apellido y se llaman derrota de ETA. No juegue con ellas porque no son suyas, son de todos.

La caravana de la AVT evitará el País Vasco para proteger a las familias de las víctimas
Directivos de la asociación tuvieron que arropar al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien fue abucheado por un grupo de vecinos que asistían al acto
ABC 9 Octubre 2005

SANTANDER. La «Caravana contra el olvido» de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que empezó su periplo ayer en Santander, no pasará por el País Vasco para proteger a las víctimas de ETA que residen allí, que con frecuencia han de ocultar esa condición a sus vecinos, según afirmó el presidente de este colectivo, Francisco José Alcaraz. Alcaraz deseó que las otras siete ciudades que va a visitar el autobús dispensen la misma acogida que ha recibido en Santander en su primera parada.

Un millar de personas arropó en la plaza del Ayuntamiento a la treintena de miembros de la AVT que ha emprendido este recorrido por España para mantener vivo el recuerdo de las víctimas de ETA, porque, según el presidente de la asociación, no sólo se sienten «olvidadas» en estos momentos, sino que perciben que a algunos les resulta «molesta» su presencia. «Se intenta desde distintos medios que no se nos escuche, que no se oiga nuestra voz para no interrumpir ese proceso de negociación con los beneficios políticos que pueda conllevar para unos o para otros», denunció Alcaraz.

El presidente de la AVT criticó al Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, por haberles pedido «algún tipo de benevolencia con los que no tienen delitos de sangre». Alcaraz describió a Peces-Barba como el «Comisionado para el Gobierno», no para las víctimas, y defendió que no puede hablar en nombre de éstas.

Luego leyó un breve comunicado de recuerdo a las víctimas, pidió un minuto de silencio en su memoria y cedió la palabra al presidente del Gobierno de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, que había seguido hasta entonces el acto junto a otras autoridades, como el presidente del Parlamento autonómico, Miguel Ángel Palacio (PSOE), o el alcalde de Santander, Gonzalo Piñeiro (PP). Revilla fue recibido con abucheos, insultos y silbidos por un sector de los asistentes, a lo que los miembros de la AVT replicaron situándose a su lado y aplaudiéndole cuando más arreciaban las protestas.

«Murieron por la libertad»
El presidente autonómico dijo que respetaba a quienes le silbaban y que comprendía que este tema «es duro», pero también explicó que se sentía obligado «moralmente» a apoyar con sus palabras a las víctimas y a expresar el compromiso «inequívoco» que siempre ha tenido en la lucha contra ETA. «Los asesinos estarían contentos de vernos desunidos. Ellos quieren que olvidemos a las víctimas, que los muertos se queden en el dolor de las familias. Pues no. Tenemos que tener siempre presentes a las víctimas del terrorismo para recordar por qué murieron: por la libertad, por la democracia, por la Constitución, por defender a España», aseguró.

Tras el acto en la plaza, la caravana se desplazó hasta el barrio de La Albericia, donde se depositó una corona de laurel ante el monolito que recuerda a las tres personas que ETA asesinó allí el 19 de febrero de 1992 al hacer estallar un coche bomba. Pedro Ricondo, el padre de uno de los fallecidos, el joven Antonio Ricondo, se mostró agradecido por el respaldo que la ciudadanía de Cantabria ha dado al acto. Ricondo reconoció que, aunque ya han transcurrido 13 años, su mujer y él lo pasan mal cada vez que regresan al lugar del atentado.

«Si dan la cara no pueden hacer una vida normal»
SANTANDER. «Muchas víctimas tienen que llevar una vida en el anonimato, incluso ocultando a sus vecinos por qué fue asesinado su padre. Imagínense en qué situación vivimos en España cuando ni siquiera las víctimas podemos realizar homenajes en el País Vasco para evitar que esas familias estén el objetivo de quienes cada día son más fuertes y apoyan a los violentos», señaló Francisco Alcaraz. «No podemos garantizar que esas personas puedan hacer su vida con toda normalidad si dan la cara en este tipo de actos», recalcó.

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