AGLI

Recortes de Prensa     Lunes 10 Octubre 2005
El espinoso proyecto de la ley de Lenguas
ABC 10 Octubre 2005

Por buen camino
EDITORIAL Libertad Digital 10 Octubre 2005

A la espera del mago del constitucionalismo
MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA ABC 10 Octubre 2005

La tontuna española
Por JUAN MANUEL DE PRADA ABC 10 Octubre 2005

El aprendiz de brujo
Pío Moa Libertad Digital 10 Octubre 2005

El Estatuto de Zapatero
JORGE TRIAS SAGNIER  ABC 10 Octubre 2005

Todo es posible
Agapito Maestre Libertad Digital 10 Octubre 2005

Justicia dividida
Editorial El Correo 10 Octubre 2005

Torpe Blanco, absurdo Carod
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 10 Octubre 2005

El trágico dilema del presidente
Pablo Sebastián Estrella Digital 10 Octubre 2005

El malabarista
GERMÁN YANKE ABC 10 Octubre 2005

El Iraq de Rodríguez
José Javaloyes Estrella Digital10 Octubre 2005

El catecismo catalanista
ALFONSO DE LA VEGA La Voz 10 Octubre 2005

El laberinto del presidente
CHARO ZARZALEJOS ABC 10 Octubre 2005

Aznar, el 11-M y las "erres"
Santi Lucas elsemanaldigital  10 Octubre 2005

ZP en el país de las maravillas
Enrique de Diego elsemanaldigital 10 Octubre 2005

El español renace en San Millán
SONIA BARRADO ABC 10 Octubre 2005

Estatuto de Cataluña: La otra constitución
MANUEL MARÍN, YOLANDA GÓMEZ, PALOMA CERVILLA ABC 10 Octubre 2005

Un informe del Consejo de Europa liga parte del territorio aragonés a Cataluña
ROBERTO PÉREZ ZARAGOZA ABC  10 Octubre 2005

Enrique Múgica cierra el "círculo de hierro" contra el Estatut
 elsemanaldigital  10 Octubre 2005

Zapatuto
Javier Orrico, periodistadigital 10 Octubre 2005

El espinoso proyecto de la ley de Lenguas
ABC 10 Octubre 2005

Casualidad o no, el caso es que el informe del Consejo de Europa que recomienda potenciar el catalán en las comarcas limítrofes de Aragón coincide con el reciente anuncio del presidente regional Marcelino Iglesias de promover definitivamente la aprobación de la ley de Lenguas de la Comunidad. Una espinosa cuestión que se ha ido posponiendo durante los últimos años y sobre las que las Cortes aragonesas se han pronunciado en varias ocasiones. A principios del año pasado saltó la polémica tras revelar ABC unas declaraciones de Iglesias -que, por cierto, habla con soltura el catalán-. Las hizo a una revista catalana editada en Aragón, «Temps de Franja». Afirmaba que iba a retomar la cuestión lingüística, pero cuando pasaran las elecciones generales que se celebraron en marzo de 2004, lo que supondría declarar al catalán lengua cooficial en Aragón. Se apoyaba para ello en un dictamen de las Cortes regionales emitido en 1997. Pero desde 2001 el Gobierno aragonés sabe que sería inconstitucional. La Comisión Jurídica Asesora del Ejecutivo regional advirtió que «no es posible, desde el punto de vista de la adecuación a la constitucionalidad, regular mediante una ley de Cortes de Aragón la oficialidad de unas lenguas distintas al castellano». La razón radica en que esas otras lenguas no están recogidas en el Estatuto de Autonomía de Aragón que, por cierto, ahora está en proceso de reforma

Por buen camino
EDITORIAL Libertad Digital 10 Octubre 2005

En sólo dos semanas el Partido Socialista se ha dejado dos puntos en intención de voto según un sondeo realizado por el Instituto Opina para el diario El País. En ese mismo periodo de tiempo, y siguiendo el mismo estudio, el Partido Popular los ha ganado. Como resultado, PP y PSOE se encuentran, a estas alturas de la legislatura, a sólo dos puntos porcentuales; un 40% para los populares y un 42% para los socialistas, es decir, prácticamente un empate. Sorteando las naturales reservas con las que hay que tomar cualquier sondeo hecho público por el emporio mediático de Polanco, el hecho innegable es que los dos temas que han monopolizado la actualidad en las últimas dos semanas, esto es, la polémica del Estatuto y la crisis en Ceuta y Melilla, han causado estragos en un equilibrio electoral que pintaba muy favorable a Zapatero hasta el mes pasado.

Lo del Estatuto era perfectamente previsible. A pesar de que el Gobierno esté convencido de lo contrario, la realidad es que el nacionalismo en el conjunto de España no goza de muy buena prensa. Y no es para menos. Los nacionalistas vascos y catalanes llevan 30 años manteniendo vivo un conflicto ficticio que sólo existe para ellos y sometiendo a la nación a un continuo chantaje. El Estatuto es la gota que ha colmado el vaso de muchas paciencias. Los terminales mediáticos del Gobierno han tratado infructuosamente de aplacar la ira ciudadana, harta de tanto irredentismo, adornando el pastel, pero no ha sido suficiente. La parte templada del electorado socialista se ha olido la tostada y ha visto que tras el engendro parido a cuatro por Maragall, Carod, Mas y Zapatero no hay más que el vulgar pero perfectamente planificado asalto a la Constitución. Eso, para muchos votantes socialistas es demasiado, por lo que es del todo lógico que una parte de la clientela natural del PSOE se esté planteando si le interesa seguir dando su voto a quienes no tienen el menor respeto por la legalidad vigente. En el otro extremo de la actualidad, en la pésima gestión de la crisis de los inmigrantes, los vaivenes del Ejecutivo, las mentiras y la incapacidad manifiesta para hacer frente a las sucesivas avalanchas han persuadido a muchos de que quizá no sea Zapatero el presidente más indicado para semejante desafío.

El Partido Popular, por su parte, ha empezado –tímidamente, eso sí– a tomarse en serio su labor opositora y a tener presente que se encuentra a solas en este y otros muchos lances del acontecer político. Y a la vista está que su electorado lo agradece. La leal y numerosísima base social del PP llevaba tiempo pidiendo a sus líderes que abandonasen los complejos y los perfiles bajos para saltar a la arena a defender con vigor los puntos esenciales de su programa. Mariano Rajoy estuvo a la altura de lo esperado en el debate parlamentario y su grupo no ha desperdiciado ni una sola ocasión de poner contra las cuerdas a un Gobierno ya noqueado por la gravedad de lo que ha sucedido en los últimos quince días. Ahí tiene la recompensa en forma de un renovado apoyo y unas extraordinarias perspectivas electorales. Porque, aunque parezca mentira, no nos encontramos ni siquiera a mitad de legislatura y a Zapatero no le quedan manos para tapar las vías de agua que se ha ido abriendo a lo largo del año y medio que lleva en el poder. Son demasiados los frentes que el Gobierno tiene activos y sería suicida por parte del PP no aprovechar la situación para consolidarse seriamente como una alternativa en firme al actual desorden. No necesita, además, travestirse de nada, el PP dispone, en líneas generales, de un programa sólido y repleto de soluciones que el país necesita con urgencia. Lo único que le hace falta es mantener lo suficientemente alto el volumen para que se le oiga.

Las próximas semanas el Gobierno recapitulará y tratará de obtener oxígeno después de esta quincena de furia. Ocasiones no le van a faltar. La Cumbre Iberoamericana puede transformarse en una gigantesca sesión fotográfica que sirva de maquillaje a los desmanes de los últimos días. El desfile de la Hispanidad, por su parte, tiene visos de convertirse en una fotogénica plataforma donde el patrioterismo del ministro de Defensa haga su agosto a costa de los militares. El PSOE siempre ha sido un consumado maestro en el arte del transformismo, la palabrería hueca y los golpes en el pecho. Lo que queda de mes será tiempo de lavar y remendar una colada que está hecha jirones. Y sino al tiempo.

A la espera del mago del constitucionalismo
POR MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS
ABC 10 Octubre 2005

... Los que se muevan por intereses inconfesables tampoco conseguirán convencernos de que lo que se presenta como una reforma de Estatuto no es, en realidad, una Constitución nueva y distinta, levantada sobre las ruinas de la Española de 1978...

A estas alturas del debate en los medios de comunicación no hay que descubrir que la reciente propuesta de Estatuto de Cataluña es radicalmente inconstitucional, o, como prefiere decir el profesor Vera, «anticonstitucional». Dado que la violación del ordenamiento jurídico está en la raíz, en los fundamentos del texto elaborado por el Parlament, no resultará fácil matizar algunos preceptos o recortar el alcance de ciertas normas con el propósito de que el resultado encaje en la Constitución. Cualquier bienintencionado fracasará probablemente en este empeño. Los que se muevan por intereses inconfesables tampoco conseguirán convencernos de que lo que se presenta como una reforma de Estatuto no es, en realidad, una Constitución nueva y distinta, levantada sobre las ruinas de la Española de 1978.

Hay que leer con atención el documento aprobado por el Parlamento catalán. En su preámbulo se concentran las ideas y principios que inspiran los 227 artículos, 11 disposiciones adicionales, dos transitorias y cinco finales. No es, se mire por donde se mire, un Estatuto de Comunidad Autónoma. Se trata, sin duda, de algo que quiere ser más.

Con el fin de que nadie se desoriente en los análisis y en las interpretaciones se hace una advertencia preliminar en forma rotunda: «Cataluña es una nación». He aquí la primera piedra del edificio.

Espero con curiosidad la hermenéutica de quienes nos anuncian que es posible leer ese precepto pórtico sin menospreciar el artículo 2 de la Constitución. ¿No es, por ventura, «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», lo que proporciona fundamento a la Constitución de 1978? ¿Cómo se admitirá la existencia de otras naciones dentro de la única Nación?

Es cierto que la palabra «Nación» se ha interpretado con varios significados a lo largo de la historia. Pero cada uno de esos modos de entender la Nación adquiere su sentido propio en una estructura diferente. Repito algo que en estas mismas páginas tengo escrito: «La Nación en el texto constitucional español, como componente básico del Ordenamiento, tiene en esa estructura un significado distinto del que posee en una oda literaria o en un discurso de propaganda política». Y agrego ahora: un significado propio en el texto constitucional y en las leyes que componen el «bloque de constitucionalidad», como son los Estatutos de Autonomía. «No es lícito utilizar la idea constitucional de Nación para aplicarla a realidades que han sido generadas por decisión soberana de ella. La autonomía no es soberanía, sino un fruto o producto de ella», advertí el 15 de junio de 2005, dándome cuenta de lo que se venía encima.

Pero no perdamos la fe política y confiemos en lo que hoy es inaccesible para nuestra razón: que alguien nos convenza de que el artículo I.1 del proyecto de Estatuto («Cataluña es una nación») tiene encaje en el artículo 2 de la Constitución («la indisoluble unidad de la Nación española ...»). A este mago del constitucionalismo, personaje singularmente capacitado para el éxito, le reconoceremos sus méritos.

El Título I (arts. 15 a 54) se dedica a los derechos, deberes y principios rectores que han de tener en cuenta los poderes públicos de Cataluña. Nos encontramos ante una enumeración tan prolija como improcedente en un texto estatutario. Las Comunidades no poseen atribuciones para decidir por su cuenta la tabla de los derechos y deberes que cada una reconoce y ampara.

Es un desviación constitucionalista que ya advertíamos en la proposición de ley orgánica para la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana. Se olvidó allí, y se vuelve a olvidar aquí, en el caso de Cataluña, que el artículo 139.1 de la Constitución dice: «Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado». Y se olvidó en Valencia, y se olvida en Cataluña, que el artículo 149.1.1ª, de la Constitución, atribuye al Estado la competencia exclusiva para «la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales». La igualdad de derechos entre los españoles, vivan donde vivan, pertenezcan a una Comunidad o a otra, es asunto incuestionable.

Dentro de «las condiciones básicas» para el ejercicio de un derecho se encuentran las leyes que lo reconocen, regulan y tutelan, de forma que si una Comunidad acuerda insertar en su Estatuto una tabla amplia de nuevos derechos, ha invadido la competencia que, por mandato del artículo 149.1.1ª, corresponde al Estado.

Quienes tenemos la familia dividida, con unos hijos y nietos en Barcelona y otros en Madrid, sentimos de forma especial la diversidad de tratamiento jurídico dentro de España. ¿Es que, acaso, mis tres hijas y nueve nietos que residen en Cataluña han de ser titulares de unos derechos que no tienen amparo jurídico para mis cuatro hijos y doce nietos de Madrid? ¿Puede guardarse silencio a la espera del mago que solucione lo que, para los ciudadanos normales y corrientes, no tiene solución?

La propuesta de Estatuto para Cataluña incluye una curiosa disposición adicional, la novena, que destapa el secreto de la operación. En esta norma se reconoce que unos veinte preceptos estatutarios exigen la modificación de varias leyes orgánicas y otras ordinarias del vigente ordenamiento jurídico español; concretamente, la Ley Orgánica del poder judicial, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la Ley del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, la Ley Orgánica del régimen electoral general, la Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, la Ley Orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum, la Ley Orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad, así como «las leyes de carácter general o sectorial que regulen un organismo o ente en los casos en los que este Estatuto otorgue a la Generalidad la potestad para designar representantes en los órganos directivos de dicho organismo o ente».

El secreto revelado -una vez leída la novena disposición adicional- es que, además de imponer la reforma de la Constitución para que en ella tenga cabida el Estatuto de Cataluña, se obliga a todos los españoles a cambiar piezas esenciales de su Ordenamiento, como son las leyes antes mencionadas.

Esta operación de obligar al Estado, por medio de una disposición adicional del Estatuto, a que modifique esencialmente el Ordenamiento jurídico, ha de ser explicada por el mago del constitucionalismo que estamos aguardando.

Yo no me desasosiego en estos días de espera. Me entristecería que mis nietos madrileños fuesen de segunda categoría respecto a sus primos catalanes. Los magos, cuando éramos niños, nos convencían con sus trucos. Pero ahora sólo nos asombran y divierten.

La tontuna española
Por JUAN MANUEL DE PRADA ABC 10 Octubre 2005

EVOCABA Gregorio Salvador, en una memorable Tercera publicada el pasado sábado, la figura del primer ministro británico Chamberlain, aquel «tonto histórico», contemporizador y risueño, que fortaleció con su estolidez los delirios expansionistas de Hitler. Aunque el propósito de Salvador en su artículo era «señalar males, no indicar nombres», a ningún lector mínimamente avisado le pasaba inadvertida la diana de sus saetas, cuando afirmaba que también hoy se están profiriendo «expeditas necedades, presuntuosas sandeces, candorosas bobadas, reiteradas simplezas, imbecilidades sin cuento, alegres despropósitos y, por descontado, vaciedades, muchas vaciedades». Explicaba el autor de tan brillante y feroz diatriba la mediocridad de las clases gobernantes aduciendo que los más dotados prefieren escoger dedicaciones más sosegadas y gratificantes que la política. Pero le faltó añadir una precisión acaso más dolorosa aún, sin la cual la floración de estos gobernantes que disfrazan su inepcia claudicante y zascandil con sonrisitas complacientes no resulta del todo inteligible. Y es que, por muy desgarrador que nos resulte, dichos gobernantes no son especímenes surgidos por generación espontánea, sino producto natural de la sociedad que los aúpa al poder.

La mitificación histórica pretende presentar a Churchill como símbolo resistente de una Europa estragada por el totalitarismo. Pero lo cierto es que Churchill surge como reacción agónica, cuando ya los Panzer del Ejército alemán se disponen a asolar el continente; una reacción, por lo demás, tardía, pues a la postre la victoria contra el nazismo se logrará a cambio de entregar media Europa a las garras de otra tiranía igual de cruel. El verdadero espíritu de aquella época lo encarnaba Chamberlain, cuya blandenguería representaba a la perfección el aguachirle de banalidad en el que navegaba la sociedad europea. Leo en estos días un sobrecogedor y amenísimo ensayo de Herbert Lottman, «La caída de París», que retrata con pavorosa minuciosidad el clima de inoperante placidez que se respiraba en Francia en 1940, mientras el enemigo asaltaba la línea Maginot y avanzaba sin descanso hacia la capital, donde aún permanecían abiertos los teatros de vodevil. Cuando Chamberlain, apenas unos pocos años antes, transige con Hitler y firma una acuerdo que alienta su quimera anexionista, no está actuando como un memo por libre, sino representando a una Europa que ha decidido suicidarse, hastiada de sí misma, descreída de los valores que fundaron su civilización, fascinada (porque en el horror, cuando es pasivo, también subyace cierta forma de fascinación) ante su propio fin.

Pecaríamos de simpleza si pensáramos que los gobernantes que auspician con su sonrisa negligente el desastre son una mera floración espontánea. Por el contrario, representan de forma quintaesenciada la tontuna colectiva de quienes los han encumbrado. Cuando ciertos analistas políticos, ante las risueñas y erráticas travesuras de Zapatero, se llevan las manos a la cabeza, suelen olvidar que tales actitudes se explican mejor si atendemos a la España tarambana que hace cola ante los cines donde se proyectan las películas más mentecatas, la España que se regocija con los entretenimientos más plebeyos, encantada de regalarse los oídos con cantos de sirena. Esta España que chapotea en la tontuna, instalada en lo que Jiménez Lozano denominaba ayer «deliciosa estancia de lo banal», ha hallado en Zapatero al médium más fiel de su idiosincrasia.

Escribía Chesterton que prefería un malvado a un tonto. Y es que los malvados, exhaustos de tanta maquinación, necesitan descansar; los incansables tontos, en cambio, profieren y perpetran tonterías con la naturalidad de quien respira.

Rodríguez Zapatero
El aprendiz de brujo
Pío Moa Libertad Digital 10 Octubre 2005

“Sonsoles, no puedes imaginar la cantidad de cientos de miles de españoles que podrían gobernar”, ilustraba el Iluminado de la Moncloa a su cónyuge, en conversación en El País. Si hubiera añadido “mejor que yo”, la frase habría tenido sentido, pero tal como quedó expuesta sólo revela la insondable frivolidad de un politiquillo habilidoso y necio, y su no menor desdén por España. Un mal tradicional de la izquierda, esa idea de que España la puede mangonear cualquiera. Portela, hombre progresista y masón, describe en un par de anécdotas el calibre de aquella clase política “progresista” que llevó a España a la ruina en los años 30, y que tanto alaban sus imitadores de hoy:

“El Gobierno provisional (de la República) había acordado almorzar en el aristocrático Lhardy. Faltaba un ministro, y después de esperarle, sentáronse a la mesa. Llegó, por fin, y desde la puerta prorrumpió en enormes carcajadas que le sacudían el poderoso vientre. “Ríome –pudo por fin explicar— de que estéis aquí y de que seamos nosotros quienes gobernemos a España” Y comenta Portela: “Eran los tiempos de júbilo por los goces no esperados”. El carcajeante debía de ser Prieto.

La segunda anécdota: “En un consejo, el siempre almibarado Fernando de los Ríos dijo incidentalmente que un futuro ministro técnico “era un veterinario capaz de poner unas herraduras de plata a un santo Cristo” “¿Qué blasfemia tan magnífica!”, gritó uno de los consejeros, apretándose los ijares, y entre blasfemias cada vez más resonantes hubo de suspenderse el consejo”.

Azaña lo expresó con mayor contundencia: “Rodeado de imbéciles, gobierne usted si puede”. Pese a sus graves errores, nunca se le habría ocurrido expresar una sandez como la del actual presidente. Sin embargo hay algo en común entre éste y aquél: los dos comparten la idea de llevar a cabo una “empresa de demoliciones” de todo lo que ha representado históricamente España, con la ayuda de los elementos más demagógicos y exaltados del panorama político. Azaña, que se sentía “la inteligencia republicana”, y ciertamente era inteligente, aunque quizá no tanto como él suponía, creyó poder despertar y controlar en provecho de sus ideas unas fuerzas que le desbordaron muy pronto, como ocurre con todos aprendices de brujo. No pretendía establecer, claro está, una democracia liberal, como han creído numerosos historiadores algo duros de oído, sino un régimen parecido al PRI mejicano, que es también a lo que aspira el partido hoy en el gobierno, empeñado desde su anterior etapa en enterrar a Montesquieu mediante un tenaz socavamiento de las bases de la democracia.

Y tal como Azaña buscó la alianza con los revolucionarios, causando la guerra civil, nuestro iluminado ha buscado el pacto con los separatistas y los terroristas. Desde antes de llegar al poder impulsó campañas extremistas, de auténtica histeria colectiva acompañadas de kale boroka, siempre en alianza con los separatistas, y a menudo bajo banderas totalitarias o anticonstitucionales; y desde el poder ha premiado tanto a los terroristas islámicos como a los de la ETA. El proceso de demolición de la Constitución, que es lo mismo que decir de la democracia, se ha acelerado en los últimos tiempos a través de hechos consumados, como revelan los sucesos en las Vascongadas y en Cataluña. Van a una “segunda transición”. La primera fue de la dictadura a la democracia. Ésta, debe insistirse en ello, sólo puede ir de la democracia a la demagogia y la balcanización de España.

Como penúltima chifladura, este personaje ha declarado que su patria no es España, sino “la libertad”. La libertad que sus aliados Mohamed VI, Fidel Castro o Chávez han implantado en sus respectivos países. La libertad que él, Ibarreche, Maragall, Carod y Otegui, todos a una, quieren implantar en España. Y dice Rajoy que se siente satisfecho. Esta lamentable clase política parece no querer ver que la convivencia democrática instaurada en España en 1978 no puede retarse ni socavarse indefinidamente sin un riesgo serio de traer la catástrofe sobre España. Con su mezcla de frivolidad y sandez están amontonando sobre sí una inmensa responsabilidad. Pero los españoles, al menos gran parte de ellos, son ciudadanos, no súbditos deslumbrables por los trucos sobados de unos ilusionistas políticos.

El Estatuto de Zapatero
Por JORGE TRIAS SAGNIER  ABC 10 Octubre 2005

JORGE Fernández Díaz, diputado por Barcelona, acertó de lleno al invertir los términos de la cuestión. Este no es el Estatuto de Maragall, de Mas o de Carod, sino el de Zapatero. Y es Zapatero, pues, quien debe desandar los pasos tan mal caminados para propiciar una solución al problema que hoy tiene planteado España. Corta vida va a tener, en todo caso, esta farragosa y vergonzante declaración de independencia proclamada por una buena parte de la clase dirigente catalana: políticos, intelectuales, obispos y empresarios, todos intentando inventarse una nación por la puerta de atrás. ¿De qué virus estarán infectados esos catalanes que nunca se atreven a plantear las cuestiones de frente y por derecho? ¿No será que en el fondo -y en la forma- lo que quieren es repicar e ir en la procesión?

El Estatuto de Cataluña tiene los días contados. Felipe González ha dicho ya lo que tenía que decir. Y ayer, en la misma línea, el editorial del diario gubernamental «El País» apuntilló «el sueño de una Constitución» catalana. Aznar, a quien tanto critican -y temen- desde el gobierno y desde sus medios de comunicación afines -casi todos-, ya advirtió, hace unas semanas, del peligro que podía suponer un cambio de régimen. Zapatero ahora tiene que dar la talla, demostrarnos que no es un chisgarabís, arriesgar en suma, como arriesgó Felipe González cuando dijo «sí» a la OTAN. Es el momento de decir «no» a una clase dirigente catalana que parece desnortada por más buena voluntad que le pongan los Pujol (Jordi y Jaume).

El oasis catalán resulta que era un lodazal. Hasta sus obispos se han colocado al mismo nivel que los empresarios, tratando de nadar y guardar la ropa, como los tibios del Evangelio. De alguno de ellos no podíamos esperar otra cosa, pues en el fondo de sus corazones ya conocemos que prima más la nación -catalana, por supuesto- que la devoción. Pero, de otros... ¿Han leído estos otros lo que dice, artículo por artículo, este Estatuto? ¿Creen que así se potencia la solidaridad entre los pueblos, la familia, el respeto a la vida o el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos? ¿Piensan sinceramente que los políticos catalanes persiguen con este Estatuto el Bien y la Verdad? Otros obispos demostraron valor y claridad cuando publicaron la Instrucción pastoral sobre terrorismo, pero de eso parece que nos hemos olvidado. Coincido con quienes recomiendan que Mariano Rajoy no termine convirtiéndose en mister no. Tiene que decir «¡no!» y, al mismo tiempo, como ya está haciendo con pericia y prudencia, tiene, también, que tender la mano al Gobierno. Pero Zapatero sí tendría que asumir de una vez su papel de presidente y dejar de parecerse tanto a mister Bean. En cualquier caso, está el Rey, cuya presencia inequívoca constituye el símbolo de la unidad de la Nación española.

Estatuto catalán
Todo es posible
Agapito Maestre Libertad Digital 10 Octubre 2005

Pocas veces el espacio editorial de El País lo dedica a un sólo tema. Algo grave sucede, cuando el periódico editorializa centrándose en una única cuestión. Algo dramático está pasando en España. Algo comparable al intento de un golpe de Estado, por ejemplo, el asalto llevado a cabo por Tejero del Congreso de los Diputados, o el atentado terrorista del 11-M en España o el 11-S en EEUU, etc., tiene que ocurrir para que El País dedique el editorial del domingo al único y exclusivo tema de “El Estatuto de Cataluña, a debate”. Los peligros de la nación alcanzan ya a Prisa y, por supuesto, a nombres propios de esta empresa.

Lo leo detenidamente y mi primera impresión es que están asustados, tienen pavor, ante la provocación de los nacionalistas catalanes a la nación española. No obstante, los editorialistas -es fácil notar que está escrito por más de una mano y un cerebro- tratan de centrarse en los argumentos del Estatuto para eludir las emociones, miedos, frustraciones y recelos que rodean la discusión de este Estatuto una vez salido del Parlamento Catalán. Imposible. No lo consiguen. El miedo los atenaza. Es como si estuvieran impedidos a reconocer algunas sencillas verdades. Ellos quieren sobrevolar. Situarse por encima de la batalla política, pero no lo consiguen.

Porque el proyecto de Estatuto simple y llanamente rompe el marco de convivencia de todos los españoles, la Constitución, es imposible verlo como algo que nada tiene que ver con cada uno de nosotros, con nuestras emociones y sentimientos. Esto sería tanto como intentar escribir de nuevo el famoso cuento de Borges: “La busca de Averroes”, que pretendía demostrar, en su libro “Destrucción de la destrucción”, contra el asceta persa Ghazali, que la divinidad sólo conoces las leyes generales del universo, lo concerniente a las especies, no al individuo. Eso es imposible. El País demuestra su españolidad o muere. La cuestión es demasiado importante para bordearla sin dejarse algunos jirones de su dura piel. Todo ha ido demasiado lejos por culpa de la voracidad de unos políticos nacionalistas y la impericia de un presidente del Gobierno, que más parece un suicida que un hombre de Estado. Nadie culpe, pues, a dos nacionalismos, el español y el catalán, enfrentados. Eso sólo está en la mente perversa de quien es incapaz de comprender que el nacionalismo español no existe. Por cierto, hasta que esta verdad no entre en las entendederas de la gente de El País, y no parece aún clara en el editorial que comento, difícilmente se podrá dar alojamiento democrático al nacionalismo independentista catalán.

En cualquier caso, los lectores del editorial lo barruntan: Si España cae… El País caerá en una crisis sin precedente. Los editorialistas, sin embargo, quieren eludir la expresión de este temor, o mejor, de este vértigo, con cuestiones de formas, pero al final tienen que reconocer abiertamente lo que barruntan sus lectores y hasta su dueño. Corren muchas teorías sobre las motivaciones tácticas en la redacción del Estatuto, pero pedir el máximo imaginable para garantizar el mínimo necesario, posiblemente, puede llevarnos a una crisis que sólo puede superarse en unas elecciones generales anticipadas.

Algo importante, sin embargo, olvida el editorial de El País a propósito de los políticos catalanes que han olvidado todo lo que les da legitimidad, España. Sí, cuando en una nación todo es posible, incluida la mayor de las arbitrariedades, podemos decir que estamos al borde de su destrucción. Cuando un Parlamento regional legisla como si se tratara de un Parlamento nacional, estamos ante el camino de su propia destrucción. Cuando el Parlamento de Cataluña legisla sin tener en cuenta que es una región, nacionalidad o comunidad autónoma, entonces está situándose al margen de la ley y el poder legalmente constituidos. Un proyecto de Estatuto al margen de la ley de Leyes no puede ser admitido a trámite.

Justicia dividida
Editorial El Correo 10 Octubre 2005

El Consejo General del Poder Judicial ha emitido su informe, preceptivo pero no vinculante, sobre la reforma judicial prevista por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. En él, por 10 votos a 9, se rechazan dos de los pilares de la iniciativa gubernamental, la creación de consejos de justicia autonómicos y la implantación de jueces de proximidad, lo que ha puesto de manifiesto el alto grado de polarización -o politización- que también se vive en la alta magistratura española. Así, mientras la iniciativa de la llamada 'justicia de proximidad' -propugnada en su día por Pasqual Maragall- implicaría para la mayoría conservadora la consagración de una justicia paralela y en manos de jueces no profesionales, temporales y designados por conveniencias políticas, para los progresistas sería la piedra angular para la resolución de los pleitos de menor entidad. Y respecto a la creación de los consejos autonómicos, lo que para unos no tiene mayor explicación que la de satisfacer el interés de los nacionalistas por entrar en el gobierno de la justicia, para los otros pasa por ser una herramienta para descongestionar su administración.

Es cierto que las pretensiones del Ejecutivo de Zapatero encajan en el proceso de reformas estatutarias en marcha -con el que está directamente relacionada la iniciativa-, y que, con distintos matices, se contemplan tanto en el plan Ibarretxe como en las propuestas catalana y valenciana. Y también lo es que los consejos autonómicos podrían abrir la puerta a la territorialización de la Justicia en el mismo instante en el que pasasen de tener carácter consultivo a decisorio. Por su parte, la sugerente idea de acercamiento de la justicia a los ciudadanos mediante un segundo 'circuito' judicial -que por su configuración como parte del Poder Judicial afronta un mayoritario rechazo de las corporaciones jurídicas y de las asociaciones judiciales- podría entrar en conflicto directo con el artículo 122.1 de la Constitución, que prevé su administración por jueces y magistrados «de carrera y formando un Cuerpo único».

Las valoraciones del CGPJ deberían servir, en cualquier caso, para reflexionar sobre si la reforma da respuesta a las grandes cuestiones que la explican: hacer una Justicia más ágil y eficaz, que responda a los requerimiento de los ciudadanos en tiempo y contenido; que mejore sus estructuras y la propia carrera judicial; y que extreme la profesionalidad, independencia y capacidad de sus miembros. Una Justicia que se ajuste a la estructura del Estado, pero sin que en la descentralización se resquebraje una institución fundamental para la igualdad en derechos de todos los ciudadanos.

Estatuto
Torpe Blanco, absurdo Carod
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 10 Octubre 2005

No sé si el famoso cambalache del tango se ha refugiado en España al cambiar el siglo o si a la progresía se le ha girado la cabeza 180 grados, como a los posesos. El pobre José Blanco, amigo de imágenes facilonas, ha urdido una parábola de todo a cien en la presentación de la campaña del Plan de Vivienda: estamos en un bloque de pisos con diecisiete vecinos; uno de los pisos, Cataluña, pide permiso a la comunidad para emprender reformas, que serán posibles si no afectan a la estructura del edificio. Curiosamente otro vecino es el PP, con lo que la alegoría empieza a hacer aguas: ¿no eran los vecinos del cuento las diecisiete autonomías? El PP sería el típico grosero que no saluda, desea enfrentar a los vecinos y, mucha atención, no paga los gastos de comunidad.

Supongo, Blanco, majo, que otro vecino será el PSOE. Pues déjame que te cuente: a ese lo temen hasta los delincuentes del barrio desde que montó una patrulla vecinal que secuestró a un viajante de comercio y liquidó a treinta personas. El temor se convierte en miedo cerval si el puño con la rosa llama a tu puerta para pedirte sal. Tiene tantos antecedentes de corrupción que no te atreves a entrar en la cocina dejándolo solo en el recibidor: al volver te pueden faltar las alhajas de la abuela, la plata, el televisor de plasma, la cadena de sonido, los cuadros y hasta los regalos de la comunión del niño.

Otro que ve el mundo al revés es el héroe de Perpiñán y campeón de Jerusalén. Ya no luce la corona de espinas de la que se mofaron Maragall y su corte de los milagros junto al Santo Sepulcro, y no sé si se habrá lavado la mano después de estrechársela al humanitario Ternera, pero en la cosa retórica está que se sale: “¿Dónde está la voz de los liberales españoles?” –clama. Por lo visto, en su lógica inversa, los liberales españoles deberían apoyar sus explícitos planes secesionistas. Ya sabemos que desde 1812 los liberales españoles se caracterizan por negar la nación española. ¿Qué juego manicomial es éste?

El trágico dilema del presidente
Pablo Sebastián Estrella Digital 10 Octubre 2005

El presidente Zapatero y su Gobierno están bajo mínimos por su falta de compromiso con España —el presidente dijo el jueves que había que desarmar el patriotismo español para buscarle sitio al patriotismo catalán— y sus muchos errores, en especial sobre el proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña, que lo convierte en el protagonista de un clásico dilema: “o abandonaste la guardia o dejaste pasar al enemigo, en ambos casos mereces la muerte”. Y en este que nos ocupa Zapatero está ascendiendo, por méritos propios, a su “cadalso político”, salvo un milagro que sólo puede venir de Cataluña: la voluntaria inmolación de Maragall, padre de la catástrofe en la que con tanto entusiasmo colaboró Zapatero, mientras que Carod empujaba la nave del desconcierto por los rápidos de un caudaloso río sin retorno hacia la catarata final, a cuyo precipicio nos acercamos.

El deterioro del presidente es incesante. Lo afirman los ciudadanos en las encuestas (el 49% frente al 23% cree que gestionó mal el Estatuto catalán, el PP está a sólo 2 puntos del PSOE y sube mas de 3 en Cataluña, según El País), y también lo reconocen algunos de sus ministros, como Bono, quien, paternal, intenta que el presidente rectifique
—“confío en su capacidad política”—, y destacados dirigentes del PSOE, González, Guerra, Chaves, Ibarra, Barreda, Simancas. Los mismos que, temerosos por el riesgo real de perder el poder, le piden, paradójicamente, a Rajoy y al PP que se inmolen negociado el Estatuto catalán para salvar de la crisis a Zapatero y a su Gobierno (sic).

La crisis ha llegado tan lejos que Zapatero no tiene salida porque las distintas vías del cruce de caminos en el que se encuentra no conducen a ninguna parte. Si no admite a trámite el Estatuto catalán, o lo rectifica a fondo, romperá su relación con el Gobierno tripartito de Cataluña, que entrará en crisis, y correrá el riesgo de sufrir una ruptura en el seno del PSC-PSOE, donde Maragall y Montilla aparecen como los principales autores del disparate que han traído a Madrid. Asimismo, Zapatero perdería en el Congreso el apoyo de los nacionalistas (no aprobarían los nuevos Presupuestos del 2006) y se vería obligado a convocar elecciones anticipadas en una difícil situación política y personal.

Si, por el contrario, el presidente se empeña en aprobar, a solas con los nacionalistas, el Estatuto de Carod, Mas y Maragall después de unas moderadas rectificaciones, se abrirá una gran bronca nacional, la rebelión de otras Autonomías y una crisis en el PSOE que al final obligarían al presidente del Gobierno a dimitir en el Comité Federal de su partido, para dar paso a otro líder, e incluso a otro presidente del Gobierno, si es que se resisten a unas elecciones anticipadas.

Pretender, como pretenden algunos ministros y dirigentes del PSOE, que en las actuales circunstancias el PP salve a Zapatero y que Rajoy se sacrifique en la operación, prueba que el desvarío ha invadido las filas del PSOE, donde, salvo muy pocas excepciones, como las de Bono, Guerra e Ibarra, nadie supo reaccionar a tiempo sino todo lo contrario: le dieron alas a Zapatero y Maragall, sin analizar las consecuencias del desvarío. Y aquí incluido su portaestandarte mediático El País, que avaló el Estatuto, apoyó un Estado Federal (Cebrián dixit), y que ahora se suma a las plañideras que piden el socorro del PP, sin dejar, al mismo tiempo, de insultarlo con la misma sinrazón con la que denigran a los otros medios que han defendido y defienden la unidad de España y el interés general.

Sólo la dimisión de Maragall —el que ahora confiesa que se ha equivocado, a la vez que reconoce que la pésima situación de Zapatero “no es envidiable”— y la convocatoria de elecciones en Cataluña podría darle un respiro al presidente español. De lo contrario, es Zapatero el que deberá pensar en su pronta retirada si no cuenta con el apoyo de los nacionalistas o de su partido, en un intento desesperado por mantener el poder en las manos del PSOE y de reconducir la situación hasta las elecciones del 2008.

Aunque, a corto plazo, Zapatero va a intentar ganar un tiempo precioso mediante la admisión a trámite en el Congreso del nuevo Estatuto el próximo 2 de noviembre. Lo que le permitiría aprobar los Presupuestos del 2006, renovables automáticamente en el 2007, y llegar a las elecciones de marzo del 2008, incluso aunque fracase el Estatuto en la Comisión y en el 2006 se rompa la relación del Gobierno con los nacionalistas. Ésta y no otra es la táctica a la desesperada del Gobierno y del PSOE, a pesar de que en ella se incluye el riesgo de la conflictiva negociación estatutaria durante el 2006 en beneficio del PP y de su electorado. Y todo esto contando con que antes, durante la admisión a trámite de semejante Estatuto, no se produzca ninguna deserción de diputados del PSOE.

En cuanto al PP, hay que reconocer que ahora tiene ante sí una oportunidad de volver a conectar con una mayoría de los españoles, pero siempre que Rajoy y su equipo hagan bien las cosas que tienen que hacer. Pero si, paralelamente a esta denuncia nacional, el PP abre otros frentes que producen rechazo del centro —la guerra de Iraq, el 11M, los homosexuales, las procesiones políticas de la Iglesia, etcétera— y se sitúa en la extrema derecha al ritmo que marcan sus predicadores mediáticos y los responsables de los graves errores del pasado
—Aznar, Acebes y Zaplana—, entonces el candente debate de la unidad nacional se transformara en el eterno de las dos Españas. Y Rajoy —como lo pretenden algunos de su partido— perderá su gran oportunidad de consolidarse como alternativa nacional.

Zapatero está inmerso en un trágico dilema, y Rajoy también, por más que el suyo no sea tan trascendente para los españoles, entre otras cosas porque no está en el poder. El caso de Rajoy es menor y más sencillo: debe escoger sus prioridades entre defender el interés nacional o las políticas partidarias y personales de su entorno actual. Todo a la vez lo llevaría a una confusa situación política y personal. Aunque la de Zapatero y la del Estatuto son las primeras incógnitas que habrá que despejar.

El malabarista
Por GERMÁN YANKE ABC 10 Octubre 2005

Ahora resulta que aquella oferta de Rajoy a Zapatero era para salvar al presidente. Ya sé que se trataba de salvar, en definitiva, lo que el líder de la oposición llamaba la «arquitectura constitucional», pero los políticos se vienen abajo o se sostienen con proyectos. Y algo de eso debió barruntar el Gobierno cuando la vicepresidenta (entonces intérprete del presidente, ahora su bombero) dijo aquello de que era «necesaria» la cooperación para la reforma constitucional y «conveniente» para la de los Estatutos.

Pero parece que el impulso visionario de una Nueva Patria -suma de comunidades, con una suerte de estrafalario consenso sustituyendo al Derecho y despegada de la soberanía propia de una nación democrática- pudo más que la salvación razonable. Ahora vemos que la otra salvación ensayada, la del acuerdo con los nacionalistas para dar la vuelta a España como a un calcetín, ha convertido un cierto peligro en un peligro cierto y se puede llevar consigo la tramoya y los personajes principales, hasta la relativa mayoría del PSOE, que amenaza quiebra.

Si Zapatero trataba de salvarse solo, es decir, sin el PP, es porque su ideario ha resultado ser todo aquello que negara de un modo u otro a los conservadores y la circunstancia deseada aquella en la que la éstos quedaran arrumbados. Y se puede decir que lo ha intentado con ahínco, como un malabarista que levanta con arrojo inusitado todos los platos a la vez: negociación con ETA, amoríos con Marruecos, displicencia con la Iglesia, revisión de la Historia, la Nueva Patria, etc. Es una estrategia que no sólo es imposible, también interminable.

Si el platillo de Cataluña empieza ahora a temblar peligrosamente no es, desde luego, por casualidad o por una sobrevenida mala suerte. Los avisos se han venido repitiendo desde la promesa electoral de aceptarlo tal y como se construyera en un Parlamento gobernado con un pacto de exclusión del PP y con el mayor grupo nacionalista, necesario para ello, presionando desde la oposición. No son, ciertamente, las mejores circunstancias para intentar el arreglo y mucho menos para que el presidente bajara a la arena personalmente. Pero lo hizo, quizá convencido todavía de que podía con los palos, los platillos y quién sabe si, al mimo tiempo, iniciar una danza trepidante.

Zapatero vislumbra ahora que la opinión pública, tan zalamera con el talante, se vuelve circunspecta ante las cosas serias. El reverso de aquella oferta de Rajoy, que para algunos de los suyos era de una generosidad excesiva, lo hace ahora el Gobierno: déjennos que admitamos a trámite el Estatuto (para asegurarnos la aprobación de los Presupuestos) y, después, negociemos artículo a artículo, hasta el amanecer, hasta que lleguemos a un acuerdo entre todos. «Entre todos», porque aún el PSOE no está en condiciones, al parecer, de desquitarse de otras hipotecas políticas y necesita al PP, más que para dotar de fortaleza a la arquitectura constitucional, para evitar su rompimiento tras tanto juego visionario. Y así, me temo, Zapatero no se salva.

El Iraq de Rodríguez
José Javaloyes Estrella Digital10 Octubre 2005

El Iraq de José Luis Rodríguez, esa guerra contra la legalidad constitucional —más relevante, ceñida y primaria para los españoles que la legalidad internacional—, ha traído esa rebelión a bordo, precisamente en el marco de la histórica Jaca prerrepublicana de Galán y García Hernández; una rebelión dentro del Gobierno, con el titular de Defensa fumándose además una sesión del Consejo de Ministros, y otra dentro PSOE, con el alegato de Felipe González: en demanda nada menos que del consenso constitucional de 1978, con el Partido Popular. Consenso perdido, desistido y abandonado por Rodríguez.

O, lo que es lo mismo, lo de FG ha sido estricta denuncia del cambio de juego. Ése es el pacto que le vale respecto de la Constitución, y no el acuerdo con nacionalistas y comunistas para encalomar a la nación española un proceso constituyente que ni está en la demandas colectivas ni figura en el programa electoral que Rodríguez propuso a los electores pensando en que no ganaría las elecciones del 2004.

Traduce la disertación de Jaca —subsiguiente a las manifestaciones del presidente del PP sobre contactos de los populares con los socialistas para hacer descarrilar el engendro catalanista y la contumacia zapaterista—, esa manifestación invisible y audible, sin gentes en la calle ni pancartas presidiéndolas, que protestan contra la desnacionalización de España. Desnacionalización implícita en el propósito abominable de reducirla a ectoplasma erigido sobre un Estado residual, descarnado de competencias y desmedulado de toda referencia liberal y democrática. Lo traído a Madrid por la colla nacional-socialista de Barcelona es, además de una OPA hostil contra el Título Octavo de la Constitución, tanto como una arquitectura de poder de corte austracista, premoderna y gremial, donde el absolutismo es sustituido por el totalitarismo de unas izquierdas regimentistas, intervencionistas, reconvertidas al nacionalismo pequeño-burgués de “botiguetas” y fielatos.

La guerra ilícita e ilegítima del presidente Rodríguez contra el régimen nacido de la Constitución de 1978, paradójicamente, no es guerra contra una construcción que pudiera considerarse “españolista”. Mucho más españolista fue la Constitución de 1932, igual que los Estatutos arbitrados para catalanes y vascos. El Estado de las Autonomías se construyó sobre la reserva mental de los nacionalistas y la ingenuidad estructural de los “españolistas”. Y sin embargo es contra eso contra lo que se alza la desigualdad constituyente de los nacionalistas maragallianos, que pasan de la reserva mental a la exigencia expresa del federalismo asimétrico, preñado a su vez de confederalismo y últimos propósitos de desagregación nacional. En cualquier caso, la propuesta desigualdad entre españoles se llama ahora asimetría.

Si el error capital de José María Aznar fue apostar por la ilegal guerra de Iraq que quería Bush, descapitalizando políticamente así al Partido Popular, el error de José Luis Rodríguez, su propio Iraq, ha sido apostar por la ilegítima guerra nacionalista abanderada por Maragall contra la legalidad constitucional. Algo que nada descapitaliza porque no había nada capitalizado, pues el balance de errores está ahí, desde la política exterior que resume la fractura con Estados Unidos, el naufragio europeo y el padecido descontrol de la relación con Marruecos, al abandono de la política antiterrorista. Abandono para ir a la política de negociar con los terroristas una paz sin precio confesado, aunque siempre en la onda de quienes lleva Maragall como compañeros de viaje.

En principio, la suerte para el PSOE es que las elecciones, por calendario, quedan lejos; pero no tanto como para que el partido —que debe estar para algo más que para cálculos electorales— cruja internamente y se le abra, por Jaca, una rebelión de consecuencias avizorables. Todo pacto de principios, sobre la idea de nación, como ese en que insiste Rodríguez a la hora de recular de su compromiso de incondicionalidad para el Estatuto de Maragall, es un pacto imposible, por ilegal e inconstitucional (o anticonstitucional e ilegal). Ni lo acepta el PP ni parte del PSOE. También fue un pacto imposible el que ofreció Aznar sobre la ilegal guerra de Iraq, que sólo endosaba.

La Historia se repite, pero en niveles de complejidad siempre más altos. Y a veces, como ahora, más conflictivos y peligrosos. El Iraq de Rodríguez tiene mayor carga de fondo. No cuestiona un Gobierno sino un régimen, un Estado y una nación.

jose@javaloyes.net

El catecismo catalanista
ALFONSO DE LA VEGA La Voz 10 Octubre 2005

IGUAL que los narcos blanquean el dinero, la mayoría de los dirigentes catalanistas suelen blanquear sus verdaderas ideas, y suelen sostener con el desparpajo que les da la impunidad lo contrario de lo que piensan. Así no es de extrañar que hagan curiosas embajadas para prometer el oro y el moro, si consiguen salirse con la suya y logran meternos mano en la cartera. Otro ejemplo, disfrazados de progres y de filántropos, un grupo de catalanistas ha visitado el Congreso y le ha dado un supositorio informático al señor presidente del Congreso con el texto del Estatuto, y el bizarro señor Marín los ha recibido con gran amabilidad que algunos maliciosos pudieran confundir con miedo, subordinación o servilismo.

Pero lo del nacionalismo catalán, de progre nada. Y de ser republicano, sería bananero. Su origen es tan cavernícola como el del colega y cómplice vasco. Y el profeta Prat de la Riba no tiene nada que envidiar al beato racista Sabino Arana. Así cuando el abogado catalán atufa en su conocido catecismo catalanista con perlas como la que hace de la patria catalana no « obra de los hombres» sino « fruto de las leyes a que Dios ha sujeto la vida de las generaciones humanas. Y cuyo enemigo es el Estado español. Pues degenera el carácter catalán con sus vicios: el espíritu de la rutina, el utilitarismo más desenfrenado, el individualismo y el flamenquismo». Racismo y clericalismo facha.

El texto sedicioso que ZP y sus socios catalanistas pretenden aprobar tiene su precedente, casi un calco, en las llamadas Bases de Manresa de 1892. La diferencia es que entonces a Prat de la Riba y sus monaguillos nadie les hacia caso. Y ahora es un falso socialista y un falso republicano, ambos renegados de la Razón y de la Ilustración, quienes abanderan el integrismo catalán.

El laberinto del presidente
A pesar de las críticas recibidas, Piqué no ha salido desgastado. El presidente, dicen, ha optado por las tijeras de manicura, no por las de jardinero. Y mientras, Rajoy quiere ver hasta donde llegan los enfados socialistas...
CHARO ZARZALEJOS ABC 10 Octubre 2005

MADRID. No una, hasta «tres o cuatro» fórmulas tiene el presidente para intentar salvar el artículo uno del proyecto de Estatuto catalán con el dos de la Constitución y, cuenta un muy próximo suyo, que «Pasqual con alguna de ellas parece que ha tragado». En el último encuentro en La Moncloa, Rodríguez Zapatero podría haber mostrado a Maragall por dónde van a ir las cosas y, aunque «todos hablan de pacto y eso ha tranquilizado un poco al partido», son los más altos responsables socialistas los que reconocen que la situación «es muy compleja». Todos los demás, a día de hoy y no se sabe por cuanto tiempo, «están esperanzados en que el presidente pueda manejar la situación».

Y es que la situación es endiablada. No tiene parangón con ningún conflicto que pueda darse en una comunidad de vecinos, por mucho que Pepe Blanco trate de explicar con ejemplos simplistas que aquí el vecino incómodo es el PP y no quienes han puesto en la picota a la legislatura misma. Haya o no acuerdo en Madrid, la apuesta catalana supone en sí misma un antes y un después en el mandato de Zapatero. El laberinto del presidente ha comenzado.

Fuera del laberinto, pero concernido por él, se siente Mariano Rajoy. Sabe que la aritmética parlamentaria está en su contra y sabe, sobre todo, que es el momento de «no cometer un solo error». Por ello, y aunque hay gente que toca la puerta de Génova para «dar más caña», Rajoy y, con él, Acebes saben que no es hora, que no toca sacar gente a la calle. «Es lo que están deseando, pero es justo lo que no vamos a hacer. Es la hora del debate y de la claridad de ideas». Por eso, si Rodríguez Zapatero afirma que su patria es la libertad, Mariano Rajoy afirma que él cree en la nación y «la mía es España», algo siempre obvio en el PSOE que todos hemos conocido.

«Pasión por España» fue el lema socialista y Zapatero, de León de toda la vida, probablemente, la sienta, pero desde que llegó a La Moncloa su estrategia ha sido acariciar la espalda de unos, y sólo de unos, para llegar a algo tan insólito como que precisamente de la mano de un gobierno de izquierdas el debate abierto sea el debate sobre las identidades, y no claramente a favor del Estado, que es lo suyo. Cuando los nacionalistas vascos escucharon en boca del presidente del Gobierno de España lo de «españolistas» no dieron crédito. Ese término era, hasta ahora, de su exclusiva. «Como verás, las cosas se mueven», señaló a esta periodista un destacado dirigente nacionalista. Hay que añadir que lo hizo con guasa indisimulada.

Zapatero, por un lado y Rubalcaba, por otro, van a tratar de arreglar el desaguisado que sobre todo el primero no ha querido o no ha podido parar a tiempo. Y ahora le miran y le dicen que «ya le empiezan a temblar las piernas» o que tenga bien claro que «el pacto con el PP es incompatible con el Estatuto que deseamos», aseguran en ERC.

En los próximos días María Teresa Fernández de la Vega -se está ganando el cielo- llamará a Rajoy y Rajoy hablará, pero no es de esperar que el encuentro tenga mucho recorrido. «Si Zapatero no quiere pactar conmigo ¿cómo voy a pactar con quien no quiere hacerlo?», se pregunta Rajoy. En Cataluña, Josep Piqué espera acontecimientos. Pese a las críticas se siente satisfecho de su tarea, amparada tanto por Rajoy como por Acebes. Las encuestas no le han castigado. ¿Por qué tanto mirar al PP si en Cataluña le han tenido a mano y todos le han ignorado?. Ignoraron al PP en Cataluña y Zapatero le ignoró en Madrid.

«El PP -augura algún socialista con tanta responsabilidad como optimismo- lo tiene muy difícil, porque si hay acuerdo corre el riesgo de quedarse fuera». El PP está dispuesto a asumir ese riesgo porque aunque, efectivamente, más de un socialista se ha dirigido al propio Rajoy, en Génova han optado por la estrategia Maragall, esa que suena tan solidaria y amable de «si te ayudas, te ayudo». En esas y no en otras está el PP. Si en el PSOE hay parlamentarios dispuestos a decir «no», ellos sumarán fuerzas, «pero primero tienen que ser ellos, que son los concernidos. Nosotros ni hemos propuesto ni hemos alentado la reforma».

Tendrá que acudir el presidente a la magia, salvo que todo sea un juego de pillos y los que hoy reclaman nación y práctica soberanía sin pararse en pasos intermedios, se traguen sus palabras y se avengan a lo que en el PSOE, según una persona ya de antiguo muy próxima al presidente, se augura «va a ser una auténtica poda. La cuestión es enseñar tijeras de manicura o de jardinero y nosotros creemos que es más inteligente la táctica de la manicura». Para que no falte de nada Patxi López ha dicho que si el término «nación» es el que más consenso suscita en el País Vasco, ¿por qué no?.

Palabra de González
Hoy se celebra Ejecutiva socialista. No hay nada extraordinario en el orden del día. Más adelante, con las conclusiones de expertos constitucionalistas, volverá a reunirse para marcar estrategia y Rubalcaba es probable que haga lo propio con el grupo parlamentario. Felipe González ha dicho que con las cosas de comer no se juega. Lo ha dicho a mucha distancia de La Moncloa, porque en los últimos tiempos su comunicación con Zapatero es perfectamente descriptible; o sea, no existe. Los «mayores» del PSOE ven con asombro «lo poco concernidos que estos nuevos se sienten con lo que supuso la Transición».

Pero, en fin, lo de Cataluña es casi un juego de niños al lado del drama que se vive en el desierto marroquí. Lo que ocurre en la valla ni es nuevo ni es fácil y se impone un Plan Marshall para Ceuta y Melilla. Llenarlas de desaladoras, porque son españolas, pero en el agua dependen de Marruecos. No puede ser que el Gobierno de manera bien tajante y pública no denuncie la actitud del país amigo y lo haga con la misma naturalidad con la que se marcan distancias con Bush, Blair o Berlusconi sin que eso suponga riesgo alguno. Decir las cosas no es ofender.

Aznar, el 11-M y las "erres"
Santi Lucas elsemanaldigital  10 Octubre 2005

Vuelve a decir Aznar estos días en la prensa que el 11-M fue decisivo para cambiar el resultado de las elecciones generales del día 14, creó un peligroso precedente internacional y fue el peor ejemplo de reacción política por parte de la oposición ante la matanza.

Cree el ex presidente del Gobierno que España, a través de Rodríguez Zapatero, transmitió al mundo el anuncio de capitulación más nefasto que pudiera concebirse en esas graves circunstancias. Añado yo, por mi cuenta, que en el mundo se desenvuelve y opera, desgraciadamente, una amplia panoplia de terrorismo tomando nota de esas señales.

Ninguna novedad sustancial hay en la declaración de Aznar, salvo la de servirnos de recordatorio sobre unos hechos, conductas y consecuencias, que tienen ya muy poca discusión en torno a la trascendencia que adquirieron en aquellos días.

Las palabras de Aznar se cubren rápidamente con el velo de la indiferencia. ¿Qué va a decir Aznar, cada vez que pueda y le pregunten?, manifiestan sus adversarios. ¿Qué se puede esperar de un hombre afectado y enojado por la tragedia ysu corolario?

Es lógico que su opinión respire por la herida del dolor inmenso de las casi doscientas víctimas y por la secuela de perder el gobierno de una forma inopinada, decimos los demás.

Pero lo cierto es que no sólo Aznar piensa y dice que el 14-M es la expresión de una conmoción general mal digerida y pésimamente orientada. En las páginas del suplemento El Cultural, Ian McEwan, escritor inglés, en una entrevista a propósito de la publicación de su novela Sábado, dice: "Es lamentable que después de los atentados de Madrid el gobierno anunciase la retirada de las tropas de Irak. Creo que es posiblemente la primera vez que Al Qaeda gana unas elecciones en Europa y hace cambiar la política exterior de un gobierno. Fue una señal poco esperanzadora. Lanzaron un mensaje inadecuado".

No necesito para nada que los escritores ingleses, por muy importantes que sean, me digan lo que ya sé. Sobre la conclusión del 11-M me quedan, a estas alturas, muchas cosas, sin embargo, por despejar. Creo que hay un periódico que está a punto, si no le dan otra cosa (o muchas cosas) antes para callarlo, de desvelar una explicación detallada, con la "r" como protagonista, sobre aquellas fechas fatídicas. Nos vamos a llevar muy pocas sorpresas.

ZP en el país de las maravillas
Enrique de Diego elsemanaldigital 10 Octubre 2005

Dicen que Santiago Segura es un monstruo de la promoción. Ningún mérito. Siendo progre o yendo de ello, puede hacerse una bazofia de película, zafia hasta decir basta, y pasará por cultura. Nadie dirá lo obvio, ni denunciará la cutrez. Mérito tiene lo mío, arrastrando el silencio de propios y extraños, de los santos y los pecadores, de los católicos y los protestantes. Para combatir eso sí se precisa fuerza de voluntad, ingenio y maestría.

Merced a ello, y al creciente favor del público, mi trilogía (Días de infamia, Los nuevos clérigos y El suicidio de España) ha roto todas las expectativas –al menos las mías- como intento de establecer un cuerpo de doctrina para ilustrar mentes y despertar conciencias frente a la banalización del riesgo totalitario que vive España y que amenaza su supervivencia como sociedad abierta, para fragmentarla en un cúmulo yuxtapuesto de sociedades cerradas.

ZP en el país de las maravillas (Editorial LibrosLibres) es un divertimento y una llamada a la movilización, al rearme de la sociedad civil, de las amplias clases medias. Humor corrosivo para desentrañar las estúpidas beaterías de la cosmogonía progre, la ignorancia de la secta y su compulsiva tendencia a vivir de los demás. Llamada a la movilización general porque estamos ante una quiebra del sistema, que desborda a los partidos existentes y reclama una nueva agenda regeneracionista. Hay que dar gracias por vivir tiempos históricos agitados. Para divertirse y luchar: ZP en el país de las maravillas. Pásalo.

El español renace en San Millán
El lugar donde aparecieron las primeras palabras en castellano acoge el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española, uno de los proyectos científicos para el estudio del idioma más ambiciosos
SONIA BARRADO ABC 10 Octubre 2005

LOGROÑO. La lengua castellana, que hoy hablan más de 500 millones de personas en todo el mundo, echó a andar hace más de mil años en los monasterios riojanos de San Millán de la Cogolla, donde se encontraron los primeros escritos en romance español, germen del idioma.

Sin que hayan perdido en todos estos siglos su carácter de sede cultural de primer orden en la divulgación y el estudio de la lengua castellana, entre los muros emilianenses está forjándose el proyecto más ambicioso e ingente en torno al español: el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (CIILE).

Constituido formalmente el pasado mes de abril, el CIILE es un centro de estudios superiores y de investigación estrictamente profesionalizado, único en el dominio hispánico por su envergadura y por su proyección científica. Un referente del español en la propia cuna de la lengua castellana, que dispone de investigadores propios y está respaldado y nutrido científicamente por departamentos universitarios nacionales y extranjeros, además de por las academias de España y de los países de habla española.

Cuenta con un consejo científico, formado por expertos de reconocido prestigio en los ámbitos de la historia de la lengua, de la literatura y la edición de textos, entre otras disciplinas.

El presidente de este órgano es el director de la Real Academia Española, Víctor García de la Concha. Lo integran personalidades como el profesor Michel Banniard, catedrático de la Universidad de Toulouse; Alan Deyermond, del Westfield College de Londres; Carlo Ossola, del Colegio de Francia; María Luisa López-Vidriero, directora de la Real Biblioteca; o José Ángel García de Cortázar, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria.

Apoyo de la Real Academia
La gran entidad y trascendencia del Centro Internacional de la Lengua ha sido ya reconocida por la Real Academia Española de la Lengua, al encargarle la redacción de parte del Diccionario Histórico, uno de sus proyectos más ambiciosos.

El CIILE tiene entre sus objetivos la investigación interdisciplinar y la edición crítica de los textos hispánicos correspondientes a cualquier época, lugar y temática. También se ocupará de la elaboración de obras lexicográficas distintas por su amplitud, contenido y objetivos; y del desarrollo de los estudios de la lengua española, particularmente los que se orientan al conocimiento de sus orígenes, así como los que atienden a los aspectos históricos, literarios y culturales comprendidos entre el periodo visigótico y la época de florecimiento del Mester de Clerecía. Para llevar a cabo estos objetivos, se ha vertebrado en tres institutos: Los orígenes del español, que dirigirá el catedrático de Lengua Española de la Universidad de La Rioja Claudio García Turza; Historia de la Lengua, con el catedrático de Historia de la Lengua de la Universidad Carlos III, José Antonio Pascual, al frente; y el instituto Biblioteca Hispánica, dirigido por el catedrático de Literatura Española de la Universidad de Salamanca, Pedro Cátedra.

El CIILE estará ubicado en el edificio del «Ala del Cura» (antigua aula de la Lengua) del monasterio de Yuso, cuyas obras de remodelación y ampliación -presupuestadas en un millón de euros-, se encuentran en ejecución. Constará de planta baja más dos alturas, en las que se crearán despachos, salas de reuniones, de investigación, de informática, de usos múltiples, biblioteca y un área administrativa, entre otras instalaciones.

La sede principal del CIILE se encontrará en San Millán de la Cogolla, aunque, dada la necesidad de más espacios, se dispondrá también del Palacio de los Manso de Zúñiga, en la localidad de Canillas de Río Tuerto, como complemento residencial para los investigadores del Centro, donde contarán con salas de estudio. Con los futuros proyectos que nazcan del Centro, La Rioja pretende llenar los vacíos que presenta en la actualidad la historia de la lengua española.

Estatuto de Cataluña: La otra constitución
El proyecto de nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña que ha de sustituir al vigente de 1979 ya está en el Congreso. Su trabada gestación, con la incertidumbre de CiU hasta el final, ha permitido que vea la luz un texto concebido más como una «constitución autonómica» sustituta de la Carta Magna de 1978 para Cataluña que como un Estatuto. Es la otra constitución
MANUEL MARÍN, YOLANDA GÓMEZ, PALOMA CERVILLA ABC 10 Octubre 2005

MADRID. El año 2005 se abrió con la sorpresa del repentino envío al Congreso de un proyecto de reforma de un Estatuto de autonomía que encerraba en sí mismo, y sin disimulo, un golpe inmisericorde a la Constitución; y se va a cerrar con la polémica llegada a las Cortes de otra reforma estatutaria salvada literalmente en el último segundo, pero que circula con luces de emergencia por avería. El primero, impulsado por el lendakari, Juan José Ibarretxe, albergaba un imposible proyecto de transformación del País Vasco en un estado libre asociado a España. Sin más. Ni siquiera superó el primer filtro y murió, víctima de sí mismo, sin haber podido gozar de una sola bocanada de aire. En su propio título llevaba inscrito el epitafio.

El segundo proyecto, amartillado sin descanso durante casi dos años en las fontanerías del Parlamento catalán mientras sus tuberías sufrían fugas permanentes, acaba de entrar en el Congreso para triunfo parcial de una Cámara autonómica ahogada en su propio descrédito; para consuelo de un tripartito tan nacionalista como republicano; para que la cabizbaja CiU recupere el punto de protagonismo que imploraba; y para inquietud de un Gobierno cuyo responsable, José Luis Rodríguez Zapatero, es quien a fin de cuentas asumió como una obligación redefinir el modelo de Estado y quien, en última instancia, ha evitado el golpe de gracia del texto catalán para promover su «re-encauzamiento» en Madrid.
Entre medias de ambos, sin ser ni de lejos el dislate jurídico-legislativo planteado desde el País Vasco ni el sibilino engranaje pseudo-constitucional gestado en Cataluña, emergió la reforma estatutaria de la Comunidad Valenciana como modelo y «línea roja» que marque los límites. Límites que el Estatuto catalán, concebido como una constitución paralela a la vigente pero exclusiva para Cataluña, parece rebasar en muchos aspectos. Esta es la base de este texto.
Nación

El preámbulo y el artículo 1 definen a Cataluña como nación
«Cataluña está en un proceso de construcción nacional»
Todo el proyecto gira en torno a la consideración de que Cataluña es una nación. Sin esta base, «el resto del Estatuto no tendría sentido», ha admitido Carod. Por ello, no resulta extraño que las primeras palabras del preámbulo —carente de eficacia jurídica, pero con una enorme carga simbólica— no sean otras que: «La nación catalana ha venido construyéndose en el curso del tiempo con las aportaciones de energías de muchas generaciones, de muchas tradiciones y culturas, que han encontrado en ella una tierra de acogida (...)». Incluso, alude a España en tono de sumisión con expresiones como: «Cataluña considera que España es un Estado plurinacional»; «hoy Cataluña, en su proceso de construcción nacional (...)»; o «el presente Estatuto define las instituciones de la nación catalana y sus relaciones con los pueblos de España en un marco de libre solidaridad (sic) con las nacionalidades y regiones que la conforman». Y es que Cataluña deja de ser «nacionalidad» para definirse como «nación» y, por tanto, se atribuye un estatus diferenciado del resto de Comunidades. Pero más allá del preámbulo, esta consideración queda regulada formalmente en el artículo 1 —«Cataluña es una nación»—, algo incompatible con el artículo 2 de la Carta Magna, que concede al concepto «nación» una musculatura jurídico-constitucional asociada a la idea de soberanía y, por tanto, a la idea de España. El artículo 1 del Estatuto no podrá ser aprobado en su actual redacción sin una reforma previa de la Constitución.

Lengua
Se instaura el derecho de conocer el castellano y el «deber» del catalán
«Se establecerán las medidas necesarias para cumplir este deber»
El conocimiento de la lengua catalana ya no será un mérito añadido para los residentes en Cataluña a la hora de acceder, por ejemplo, a un empleo público. Será una obligación, un «deber» impuesto por ley. «El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español», reza el texto, que añade que «todas las personas en Cataluña tienen el derecho de utilizar» las dos lenguas oficiales, pero además tienen «el derecho y el deber» de conocerlas. Para asegurarse, los poderes públicos de Cataluña «deben establecer las medidas necesarias» para facilitar esos derechos y «el cumplimiento de este deber». Ningún profesor de enseñanza obligatoria, ningún juez o ningún funcionario del Estado en Cataluña podrán desempeñar su labor en esta Comunidad autónoma si no acreditan ante las instituciones un conocimiento «adecuado y suficiente» del catalán. Además, «debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria y no universitaria». Sin saber catalán con soltura, difícilmente podrá sobrevivirse en Cataluña, donde se garantiza el empleo del castellano, pero donde se prioriza, en todos los niveles sociales, la exigencia del catalán.

Derechos históricos
Preponderancia de la «posición singular» de Cataluña ante leyes básicas del Estado
Puerta abierta a una Cataluña independiente en virtud de su historia
La Generalitat reivindica la «posición singular» de Cataluña en virtud de sus derechos históricos para reafirmar su autogobierno y para ejercerlo en relación con materias que, como la educación, son competencia exclusiva del Estado, según la Carta Magna. Se trata de otorgar preponderancia a esos derechos históricos para relegar a un segundo plano de subordinación la legislación básica del Estado. Incluso, la primera de las disposiciones adicionales del Estatuto matiza que «la aceptación del régimen de autonomía establecido por el presente Estatuto no implica la renuncia del pueblo catalán a los derechos que, como tal, le correspondan en virtud de su historia (...)». Una puerta abierta a una hipotética declaración futura de independencia, deseo expresado en reiteradas ocasiones por ERC, por ejemplo.

Régimen electoral
Establecimiento de igual número de hombres y mujeres en las listas electorales
«La ley electoral de Cataluña debe establecer criterios de paridad»
El título del proyecto de Estatuto que regula las instituciones —el Parlamento, el presidente, el Gobierno o el llamado «Consejo de Garantías Estatutarias», creado como filtro previo para la adecuación de las normas propias al Estatuto y la Constitución— incorpora como novedad el deber de regular en la ley electoral catalana «criterios de paridad entre mujeres y hombres para la elaboración de las listas electorales». Una obligación que, a expensas de su regulación, se impondrá a todos los partidos, con lo que una hipotética formación política que quisiera concurrir a las elecciones sólo con varones tendría vetado su acceso a las urnas.

Poder Judicial propio
El Tribunal Superior se erige en última instancia con funciones del Supremo
Creación de un Consejo de Justicia con capacidad decisoria sobre el CGPJ
Será sin duda uno de los aspectos más polémicos del Estatuto durante su tramitación parlamentaria. Todo el Título tercero está concebido para la regulación de un poder judicial —poder independiente del Estado— descentralizado que se atribuye competencias exclusivas y propias del Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de los jueces; del Tribunal Supremo como última instancia jurisdiccional; o del propio Gobierno de la nación creando la figura del «fiscal superior» de Cataluña —no se habla de fiscal general—, que se regirá por una ley del Parlamento autonómico. El propio Consejo General del Poder Judicial ha advertido del riesgo que supone una concepción de la justicia descentralizada para la independencia de los jueces en su toma de decisiones. De hecho, se potencia el control político en la elección de jueces y magistrados, según denuncia el órgano de gobierno de los jueces.

Para empezar, el Tribunal Superior asume la función de casación en materia de Derecho del Estado. Es decir, revisará las sentencias del ámbito catalán que ahora se encarga de revisar el Tribunal Supremo, cuya misión queda reducida a la de órgano unificador de doctrina en el supuesto de que existan discrepancias entre distintos Tribunales Superiores ante un caso semejante y sobre el que recaigan sentencias contradictorias. Además, su presidente no podrá ser nombrado por propia iniciativa por el CGPJ, sino que tendrá que optar «a partir de una terna presentada por el Consejo de Justicia de Cataluña».
La creación de este Consejo también es polémica ya que además de estar configurado como órgano «desconcentrado» del CGPJ, propondrá designaciones cerradas de jueces, asumirá funciones disciplinarias para imponer sanciones a los magistrados y controlará la legalidad de los acuerdos de las salas de gobierno y de los distintos Tribunales y Juzgados. Al punto resultará polémica, que los vocales del CGPJ delegados para Cataluña, los llamados «vocales territoriales», podrán asistir a reuniones del Consejo de Justicia catalán «con voz, pero sin voto». Además, la Generalitat quiere intervenir en la confección de la llamada planta judicial, esto es, en la distribución de los Juzgados, algo que compete en exclusiva del Estado.
En cuanto a la Fiscalía, el «fiscal superior de Cataluña» será designado por el Gobierno del Estado, pero sobre la base de una «terna» visada y cerrada por la Generalitat.

Autonomía municipal
Organización territorial básica en municipios y veguerías
La Generalitat controlará la legalidad de los actos de los Ayuntamientos
Al regular los gobiernos locales, el Estatuto establece una «organización territorial básica» de Cataluña en municipios y veguerías, junto a un tercer ámbito «supramunicipal» constituido por comarcas. Cataluña asume así su propia distribución territorial. El municipio es el «ente local básico» que goza de autonomía para ejercer las competencias que tiene encomendadas. Es cierto que el Estatuto prevé que los acuerdos adoptados por los municipios «no pueden ser objeto de control de oportunidad por ninguna otra administración», pero a renglón seguido establece que «corresponde a la Generalitat el control de la adecuación al ordenamiento jurídico de los actos y acuerdos adoptados» y, en su caso, su impugnación ante los Tribunales. También se regula un «régimen especial» del municipio de Barcelona, según el cual «debe participar» en la elaboración de leyes que afecten a ese régimen y «ser consultado» antes de cualquier modificación.
Las veguerías quedan reguladas como órganos para coordinar la cooperación entre municipios y para la «organización territorial» de los servicios de la Generalitat. Los «consejos de veguería» sustituirán a las Diputaciones.

Competencias exclusivas
Reducción a meras «condiciones básicas» de diversas competencias del Estado
Técnica del «blindaje» y límites a leyes básicas del Estado
Tanto el Consejo Consultivo al que el Parlamento catalán trasladó su propuesta de Estatuto como expertos constitucionalistas de diversas tendencias ideológicas han coincidido en la vulneración que supone la asunción por la Generalitat de una técnica de «blindaje» de competencias para asumir el control de algunas de ellas que, por previsión de la Constitución, corresponden en exclusiva al Gobierno de la nación. El Estatuto viene a establecer un sistema de competencias exclusivas y y compartidas que, en román paladino, suponen una vuelta de la tortilla. No es el Estado quien decide qué competencias asume Cataluña, sino Cataluña quien decide qué competencias quedan en manos del Estado. De nuevo, la supremacía de la norma catalana sobre la estatal.

«Corresponden a la Generalitat, en el ámbito de sus competencias exclusivas, de forma íntegra y excluyente, con el único límite que el de respetar las condiciones básicas a que se refiere el artículo 149.1 de la Constitución, la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva», asegura el artículo 110. El artículo 149.1 de la carta Magna es el que regulalas competencias exclusivas del Estado (nacionalidad, inmigración, política exterior, defensa, Justicia, legislación básica y común, hacienda, régimen jurídico de las administraciones públicas...). Así, las «potestades» legislativas y ejecutivas que se otorga Cataluña en relación a sus competencias exclusivas «de forma íntegra y excluyente» dejan en una posición subordinada a la Constitución, de la que sólo tendrá que «respetar las condiciones básicas». La legislación básica del Estado queda de esta manera no como un principio rector al que atenerse como límite infranqueable, sino como una suerte de regla orientadora de doctrina general porque la Generalitat podrá «establecer políticas propias». Ya lo dice el Estatuto: «de forma íntegra y excluyente».

Entre las competencias que asume la Generalitat figura la gestión de las subvenciones estatales y europeas, la gestión de la agricultura y la ganadería o del agua; la convocatoria de referendos; el control «en todo caso» de la cultura y su patrimonio, del cine o del archivo real de Barcelona y los «fondos propios» de Cataluña en el Archivo de la Corona de Aragón, «que deben reintegrarse»; o la competencia exclusiva sobre denominaciones de origen.

Control del sistema educativo
Enseñanza laica, con un modelo de educación propio
Cataluña «debe establecer un modelo educativo de interés público»
El Estatuto regula con amplitud un «modelo educativo» propio y desmarcado de las directrices generales que, en relación a los planes de estudio, a la estructura escolar y universitaria, a la formación docente... corresponden al Gobierno del Estado. «Todas las personas tienen derecho a una educación de calidad y a acceder a la misma en condiciones de igualdad. La Generalitat debe establecer un modelo educativo de interés público que garantice esos derechos». La enseñanza, por ley, será «laica» aunque, por exigencia de CiU admitida a última hora, se garantiza el derecho a que los alumnos reciban formación «religiosa y moral». Todas las enseñanzas —obligatorias y no obligatorias, conduzcan o no a la obtención de un título académico y profesional estatal—, la «programación» de la enseñanza o la inspección del sistema educativo serán «competencia exclusiva» del Gobierno catalán.

Seguridad pública
La Generalitat controla la actividad de los Cuerpos y Fuerzas del Estado en Cataluña
Asume la regulación de un sistema de seguridad pública «propio» <MC>
El artículo 164 del Estatuto atribuye a la Generalitat «en materia de seguridad pública» la competencia exclusiva para la «definición y regulación de un sistema de seguridad pública propio de Cataluña». El mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado radica en el Ministerio del Interior, independientemente de las atribuciones propias de la Consejería catalana corre<CS8.1>spondiente respecto a los Mossos o Policía autonómica. El matiz que invoca el Estatuto es que la Generalitat «participa, mediante una junta de seguridad de composición paritaria entre la Generalitat y el Estado y presidida por la Generalitat, en la coordinación de las políticas de seguridad y de la actividad de los cuerpos policiales del Estado». Es decir, se limita el papel decisorio del Gobierno en favor de la Generalitat respecto a la Policía o la Guardia Civil. Respecto al sistema penitenciario, está previsto que la Generalitat emita informes y participe en el procedimiento de otorgamiento de indultos, una medida que corresponde en exclusiva al Gobierno de la nación y no a las Comunidades autónomas.

Relaciones con el Estado y exteriores
Ninguna Comunidad influye en Cataluña, pero Cataluña sí influye en el resto
Vulneración de la reserva del Estado en relaciones internacionales
El Estatuto viene a establecer una relación de igual a igual entre la Generalitat y el Estado. Así, el Gobierno catalán tendrá plena capacidad para decidir con carácter «exclusivo y excluyente» sobre los asuntos que afecten a los catalanes. Eso sí, sin perder la potestad de codecidir con el resto de España los asuntos que afecten a las demás Comunidades. Es un juego con dos barajas. Prácticamente cualquier actuación de la Administración General del Estado requerirá de su asentimiento en una comisión bilateral. Por ejemplo, el Estado necesitará el permiso de la Generalitat para trazar en Cataluña carreteras, para trasvases de agua, en bienes culturales, infraestructuras... Además, impone su derecho a intervenir y designar representantes en organismos estatales reguladores como el Banco de España, la CNMV, el CMT, el Tribunal de Cuentas... Incluso, en el Tribunal Constitucional. En política exterior, la Generalitat asume un protagonismo propio al margen del Gobierno de la nación reservándose el derecho a participar en la toma de decisiones en órganos de la UE, a tener representaciones en otros países o a la suscripción de tratados internacionales.

«Captura» del 150.2 de la Constitución
Se impone al Estado la cesión de competencias que le son propias
Exigencia de reforma de leyes del Estado para que se acomoden al Estatuto
El artículo 150.2 de la Constitución regula una serie de materias competencia exclusiva del Estado cuya gestión, en casos extraordinarios o por criterios de oportunidad, puede cederla a las Comunidades. Pero no deja de ser una potestad unilateral del Estado y, en cualquier caso, revocable. Sin embargo, el Estatuto se atribuye una serie de competencias «capturándolas» unilateralmente por la vía de ese artículo. Es decir, quiera o no el Estado. Ocurre con la gestión de puertos y aeropuertos, el dominio público radioeléctrico, la red viaria, la extranjería, aspectos del tráfico, las consultas populares o la fijación de la planta judicial.

Por otro lado, el Estatuto exige la reforma de varias leyes del Estado para que el Estatuto goce de «plena efectividad»: es el caso de la ley del Tribunal Constitucional, de Estatuto del Ministerio Fiscal, de la Ley del Poder Judicial, de la Ley Electoral, de la Ley de la Administración General del Estado... La columna vertebral del Estado, en pocas palabras.

Agencia Tributaria catalana
Quitará a la Agencia estatal su potestad de recaudar e inspeccionar los tributos
Vía abierta al fraude fiscal y más obligaciones para los contribuyentes
Mientras los veinticinco países que componen la Unión Europea se plantean crear una Agencia Tributaria común, que permita una lucha más eficaz contra el fraude fiscal en un mundo cada vez más globalizado, el Estatuto catalán prevé la creación de una Agencia que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña, ya sean autonómicos o estatales, e incluso los locales, si así se lo requirieran los Ayuntamientos. De este modo, no sólo se roban competencias a la Agencia estatal, sino que, como coinciden en señalar economistas, inspectores de Hacienda e incluso como se ha advertido desde el Ministerio de Economía en numerosas ocasiones «fraccionar la Agencia Tributaria estatal supondría pérdida de información, incremento de obligaciones para los contribuyentes y una merma de la eficacia en la lucha contra el fraude». Además, se produciría una merma de la recaudación de impuestos tanto en el conjunto de España como en la Comunidad catalana.

Comisión mixta de asuntos fiscales
Cataluña negociaría de forma bilateral con el Estado sus intereses económicos
Al estilo del «plan Ibarretxe», propone una relación de igual a igual
Frente al actual sistema de relaciones fiscales multilaterales, donde todas las autonomías deciden conjuntamente con el Estado el modelo de financiación, los objetivos de estabilidad presupuestaria, y el resto de temas que afectan a las relaciones entre el Estado y las Comunidades, el Estatuto establece un sistema de negociación bilateral, a través de «la Comisión Mixta para Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalidad». Esta comisión tiene una presidencia rotatoria y su modelo de funcionamiento pone en pie de igualdad al Estado y a la Comunidad autónoma de Cataluña, como si se tratase no ya de un modelo federal, sino de una confederación de Estados soberanos. En este aspecto recuerda al «plan Ibarretxe».

Haciendas Locales
El Gobierno autonómico se atribuye competencias en los tributos locales
Los Municipios catalanes verían mermada su autonomía
La Constitución deja en manos del Estado la regulación de las Haciendas Locales, pero el Estatuto aprobado por el Parlamento catalán atribuye al Gobierno autonómico la capacidad legislativa para establecer y regular los tributos propios de los gobiernos locales. Esta referencia a la regulación de las haciendas locales tiene, por tanto, visos de inconstitucionalidad, según fiscalistas consultados. Éstos denuncian, además, que el Estatuto supone «un atentado a la autonomía financiera de los municipios catalanes», dado el «excesivo carácter regulatorio e intervencionista» que destila toda la propuesta.

Inversiones del Estado en Cataluña
Deben equipararse al peso del PIB regional en el conjunto de la economía española
La Generalitat condiciona el Presupuesto estatal
El Estatuto establece condiciones a las inversiones estatales en Cataluña. Asegura que éstas «deben tender a equipararse progresivamente a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado», y va más allá e incluso asegura que deben tenerse en cuenta los déficit acumulados en años anteriores. El texto establece que se debe constituir una comisión, integrada por las administraciones estatal, autonómica y local, eso sí, presidida por la Generalitat, que debe programar las inversiones estatales en infraestructuras, al menos un mes antes de la presentación en las Cortes Generales de los presupuestos del Estado. De este modo, la Generalitat limita la capacidad de decisión del Gobierno español sobre los Presupuestos del Estado. Es decir, si no se invierte lo que pide el Ejecutivo catalán se crea un conflicto para aprobar el Presupuesto estatal. Además, vuelve a ser una propuesta insolidaria con el resto de las autonomías. La única forma de que los territorios más pobres converjan con los más ricos es invertir más en ellos, de modo que puedan mejorar sus infraestructuras y crecer más. Si el Estado, en lugar de jugar un papel de redistribución invierte en función del PIB, las diferencias entre las regiones más ricas y las más pobres será cada vez mayor. Lo que propone Cataluña es lo contrario de lo que se exige en Europa.

Fondos europeos
Considera como propios los ingresos que provienen de la UE
Cataluña decidiría con el Estado qué fondos se destinan a la Comunidad
Cataluña considera como propios los ingresos que el Estado le aporta y que provienen de la Unión Europea. Según la regulación comunitaria es España, como Estado miembro, quien recibe estos ingresos, y quien después hace el reparto entre las distintas Comunidades autónomas. El Estatuto pretende que el porcentaje de participación de Cataluña en la distribución territorial de los fondos estructurales se negocie en la citada Comisión mixta de asuntos económicos y fiscales Estado-Generalitat. Por lo tanto, algo que ahora es competencia del Estado pasaría al ámbito bilateral. Este punto, advierten algunos economistas, debería ser inadmisible ya que supondría favorecer la aplicación de los fondos comunitarios en Cataluña en detrimento de otros territorios.

Cajas de ahorros
El Estatuto establece quién forma parte de los consejos de administración
Decisión sobre si una Caja es totalmente pública o privada
Los negros presagios que lanzó el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, y el de la Confederación Española de Cajas de Ahoros, Juan Ramón Quintás, en relación a las Cajas de Ahorro, se han cumplido. La Generalitat quiere tener «competencias exclusivas» sobre estas entidades de ahorro, que ahora son sólo de la Administración central. ¿Qué supone esta situación? La ruptura del sistema financiero español, ya que pueden decidir sobre la constitución del consejo de administración y convertir las cajas en entidades privadas o públicas, a su antojo. En la actualidad, existe una Ley Financiera, de ámbito estatal, que es un principio básico que rige sobre todas las cajas de ahorro. En ella se indica quiénes forman parte del consejo de administración y en qué porcentajes. Si la Generalitat decidiera aumentar la presencia pública en las Cajas, éstas quedarían en manos de las instituciones. Este artículo va en contra de la Constitución, que en su artículo 149 recoge que es ley básica y que no cabe en el sistema legislativo español. Este es uno de los artículos del Estatuto que se podrían enmendar en su tramitación en el Congreso de los Diputados. La patronal de Cajas ya ha anunciado la creación de una comisión en el seno de la organización, para hacer oír su voz ante una circunstancia que puede provocar una situación financiera donde unas Cajas sean totalmente privadas y otras completamente públicas.

Horarios comerciales
Hacia la ruptura del mercado nacional y la creación de uno catalán
Regula, sin límite, cuándo y cómo abren los comercios
Con el articulado relativo al comercio, el Estatuto catalán quiere ya asumir completamente las competencias en esta materia, que le darían plena libertad para decidir sobre el horario de apertura del comercio y de las grandes superficies comerciales. Un asunto sobre el que, en la actualidad, debe someterse a la ley estatal, que establece un mínimo de aperturas en domingos y festivos, que se ven obligados a cumplir. Si llegara el caso de que la Generalitat no estuviera sometida a ninguna norma estatal, el caos normativo en el conjunto del territorio supondría la ruptura de la unidad del mercado nacional. En la actualidad, Cataluña ha apostado por una política restrictiva contra las grandes superficies, en favor del pequeño comercio. Además, sería la Administración la que regulara, sin ningún límite, cómo, cuándo y dónde se pueden instalar las grandes superficies, ya que sería competente en «la clasificación y la planificación territorial de los equipamientos comerciales y la regulación de los requisitos y del régimen de instalación, ampliación y cambio de actividad». Otro de los aspectos claves relativos al comercio es la obligatoriedad del etiquetado en catalán de los productos.

Relaciones laborales
Apuesta por un marco de relaciones laborales propio
Adiós a la unidad de negociación en los convenios colectivos
Los convenios colectivos se negociarán en Cataluña al margen del resto de España, ya que el artículo 170 afirma que la Generalitat «tendrá competencia ejecutiva en materia de trabajo y relaciones laborales», incluyendo un «marco de relaciones laborales propio». Por lo tanto, se pierde la unidad de negociación en las relaciones laborales.
El Ejecutivo catalán quiere tener, además, competencias ejecutivas en el control de las agencias de colocación con sede en Cataluña, en las políticas activas de ocupación, que incluyen la formación de los demandantes de ocupación y de los trabajadores en activo y el control de la legalidad. También se reserva la Generalitat la competencia exclusiva sobre inspección de trabajo en la función pública.

Transporte
Los trenes, también bajo su competencia
Dueños de puertos, aeropuertos, carreteras y red ferroviaria
La Generalitat quiere ser dueño y señor de todas las infraestructuras situadas en Cataluña, sean estatales o autonómicas, siempre y cuando no tengan calificación de interés general por ley del Estado. Esta calificación requerirá el informe previo de la comisión bilateral Generalitat-Estado. Pero, además, en su articulado, asegura que su competencia es exclusiva en materia de red viaria en toda Cataluña, con independencia de su titularidad y calificación. Además, la Generalitat quiere emitir un informe si hay una modificación del régimen económico y financiero de los elementos que integran la red viaria de Cataluña, siendo su posición determinante para el Estado. En materia ferroviaria quieren la exclusividad sobre todas las infraestructuras de titularidad estatal situadas en Cataluña. El intervencionismo del Gobierno autonómico se extiende también al ámbito de la industria, donde se reserva la competencia exclusiva, y la de la energía.

Turismo
Creación de oficinas de turismo catalán en el extranjero
Certifican el final de la Red de Paradores Nacionales
El Estatuto catalán certifica el fin de la red de Paradores Nacionales, ya que la Generalitat quiere las competencias exclusivas en materia de turismo, incluyendo la regulación y clasificación de estos establecimientos ubicados en Cataluña. En esta línea, van más allá y llegan a adjudicarse la promoción del turismo, incluyendo la suscripción de acuerdos con entes extranjeros y la creación de oficinas en el extranjero.

Medio Ambiente
Vuelta de tuerca en la protección del medio ambiente
Mayor control medioambiental en la emisión de olores
La regulación en materia de medio ambiente supone una vuelta de tuerca más a la presión que ya existía en la comunidad autónoma. En el Estatuto, se atribuye la competencia para el establecimiento de normas adicionales de protección. El mayor control medioambiental puede derivar en la fuga de empresarios, ante la obligatoriedad de realizar inversiones para cumplir con estos controles. Además, se fijan competencias en la aprobación del estudio de impacto ambiental en las actividades que se desarrollen en su territorio, con independencia de la administración competente; y competencias exclusivas en materia de espacios naturales, declarando las figuras de protección y gestionando los espacios naturales.
Actualmente, la declaración de parque natural es competencia estatal. Llegado el caso, no descartan participar de forma autónoma en las entidades internacionales que ejercen funciones meteorológicas.

Un informe del Consejo de Europa liga parte del territorio aragonés a Cataluña
El documento ha sido utilizado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa para recomendar que se impulse la enseñanza del catalán en estos municipios
ROBERTO PÉREZ ZARAGOZA ABC  10 Octubre 2005

 Un informe del Consejo de Europa, relativo a las lenguas minoritarias existentes en distintos países europeos, ha incluido parte de Aragón como territorio vinculado con Cataluña, propone que en la Comunidad aragonesa se regule la enseñanza del catalán y habla de «dinastía catalana» y de «unión catalano-aragonesa», en lugar del Condado de Barcelona y del Reino de Aragón. El documento fue aprobado por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa el pasado 21 de septiembre, a partir del «Informe del Comité de Expertos sobre la Carta de las Lenguas Regionales o Minoritarias en España», que había sido emitido el 8 de abril. El Comité de Ministros cuenta con la presencia del Gobierno español, que de esta forma ha hecho suyo también el contenido del citado informe.

En él se incluyen curiosas interpretaciones históricas, cuando no abiertos errores. Por ejemplo, elude hablar de Reino de Aragón como corona que englobó lo que hoy son las comunidades Valenciana, de Aragón y de Cataluña. En uno de sus párrafos, el comité de expertos afirma que «en los siglos XIII y XIV, los condes catalanes lanzaron una política de expansión en el Mediterráneo» y que «tras el fin de la dominación árabe en el siglo XIII, las Islas Baleares se integraron en la unión aragonesa-catalana».

En otra parte de este informe, considerado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, se incide en la existencia de una «dinastía catalana de Aragón». Y dice textualmente, «tras la extinción de la dinastía catalana de Aragón en 1410 y la elección del rey de Castilla, Fernando I el Justo, Cataluña, al igual que el Reino de Aragón ampliado, se unieron a Castilla a finales del siglo XV».

La cuestión territorial
El informe también vincula indirectamente parte de Aragón como territorio natural de Cataluña. Es un asunto polémico desde hace tiempo y que enlaza con las aspiraciones del nacionalismo catalán para ampliar su influencia a esta parte de la Comunidad aragonesa, las comarcas del Aragón oriental. Se trata de los municipios pertenecientes a comarcas que limitan con Cataluña y en las que está extendida el uso de unas variedades dialécticas que unos consideran propias y que otros prefieren identificar, lisa y llanamente, con el catalán. En el informe del Consejo de Europa se denomina a estas comarcas «Franja de Poniente». El poniente geográfico lo es para Cataluña en exclusiva, no para Aragón, que es su oriente. La definición coincide con la que se ha extendido desde hace tiempo entre el nacionalismo catalán, con el fin de identificar esta parte de Aragón como un área de expansión natural de Cataluña.

Enseñar el catalán en Aragón
El comité de expertos del Consejo de Europa indica que es necesario «elaborar una estrategia encaminada a proteger esta lengua (el catalán), que debería incluir medidas específicas para la enseñanza del catalán en Aragón en el marco del programa escolar normal». Y subraya: «el comité de expertos alienta a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias para incluir la enseñanza del aragonés y el catalán en el programa escolar normal en los ámbitos en que estas lenguas se emplean tradicionalmente».

A partir de este pronunciamiento, el Consejo de Europa emitió sus recomendaciones a las autoridades españolas a finales de septiembre. En ellas se pide que «refuercen la protección del aragonés, fabla, y del catalán en Aragón, incluido el establecimiento de un marco jurídico apropiado».

Cinco comarcas, 75.000 habitantes
Quienes se oponen a que se identifique como catalán lo que se habla en estas comarcas lo hacen en un doble sentido. Por una parte, porque consideran que es una incorrección lingüística, ya que defienden que se trata de una variedad idiomática propia, labrada a lo largo de la historia de esta parte de Aragón. Y, de otra, porque entienden que tras esa intención hay otra de mayor calado, las aspiraciones del nacionalismo catalán por considerar parte de su idea de «Países Catalanes» esta parte de la Comunidad aragonesa. Las cinco comarcas del Aragón Oriental que limitan con Cataluña son La Ribagorza, La Litera, el Bajo Cinca, Bajo Aragón-Caspe y Matarraña. Entre todas ellas suman alrededor de 75.000 habitantes, el 6 por ciento de la población de toda la Comunidad autónoma. En superficie, entre estas cinco comarcas abarcan 6.543 kilómetros cuadrados, el 14 por ciento de la región.

El informe que ha dado a conocer el Consejo de Europa coincide en el tiempo con el último anuncio realizado por el presidente aragonés, el socialista Marcelino Iglesias, para impulsar la Ley de Lenguas en la Comunidad autónoma. Una posibilidad que se ha manejado en firme es que el catalán se declare cooficial en Aragón.

Enrique Múgica cierra el "círculo de hierro" contra el Estatut
EN LA SEMANA NEGRA DE ZAPATERO
La vicepresidenta del Gobierno, los presidentes del Congreso y el Senado y los grupos parlamentarios han recibido una comunicación suya contra la reforma catalana.
 elsemanaldigital  10 Octubre 2005

Dentro del maremagnum de reacciones que el Estatuto de Cataluña está provocando en la vida política nacional, destaca este lunes la iniciativa del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en la que advierte de que la reforma catalana vulnera la Constitución Española y se reserva el derecho de interponer contra el texto un recurso de inconstitucionalidad.

En concreto, Múgica señaña que, en lo relativo al Defensor del Puebló, el Estatuto catalán "conculca abiertamente" el artículo 54 de la Constitución al definir las competencias del Sindic de Greuges, que es la figura del Defensor del Pueblo de Cataluña.

Múgica ha enviado una comunicación sobre el Estatut a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega; a los presidentes del Congreso y el Senado, Manuel Marín y Javier Rojo; y a los grupos parlamentarios de ambas cámaras. El texto de Múgica advierte con claridad frente al Estatuto: "Además de señalar su legitimación para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Defensor acompaña a todos los destinatarios una nota sobre los contenidos que afectan a la Institución en la reforma que se pretende".

En su nota, Múgica subraya la vulneración del citado artículo 54 y asegura que el Estatuto catalán "recorta claramente la efectividad de los derechos de los ciudadanos, catalanes o no, al impedir que prosperen las quejas formuladas ante el Defensor del Pueblo de España". El Defensor recuerda que la Constitución le da poder de supervisión sobre todas las Administraciones Públicas, incluida la catalana.

Una nueva advertencia desde una de las más altas instituciones del Estado.

Zapatuto
Javier Orrico, periodistadigital 10 Octubre 2005

Vienen los nacionalistas catalanes con la mano tendida a ver lo que se pueden llevar dentro. De momento ya se han llevado el doble de adelanto que las demás regiones para su sanidad, un aumento del anticipo de 35.000 millones de /pelas /. Porque, como en uno de los subgéneros de la serie negra, tienen un cómplice dentro: el director, nuestro mismísimo Presidente del Gobierno, el único que ya puede ser llamado el mismísimo en ‘ /Espainya' /, el que ha hecho la auténtica labor de *Zapa *, ese lagarto frío de ojos gélidos que miraba a *Rajoy *el otro día en el
Congreso como un diamante corta el cristal.

A mí me recuerda cada día más a la serie ‘ */V' /*, aquella en la que unos extraterrestres reptilianos se apoderaban de la Tierra cubriéndose de piel humana. Pero luego se les veía comiendo bichos y enseñando su boca lagartija y su lengua de látigo, y daba mucho asco y era genial para los zagales de entonces. A mí ya no me cabe duda de que el enigma *Zapatero *encierra un ‘ */V' /*. Esta criatura pierde toda su impostura y la boca de ‘netol' en cuanto se le aparece la malvada derecha, opresores tiránicos del tipo de don Mariano fumando puros, hombres del saco como el notario gallego asustando a los niños con que les van a quitar la leche en polvo por culpa de los catalanes, según la versión que nos presentaba el otro día *José Luis *‘ /el Magnánimo' /. Sólo en esos momentos da rienda *ZP *al sectario universal del que nos ha dado ya tantas muestras. Sólo ahí aparece el lagarto.

Hay que reconocer que el /Estatut /de los cojones no da miedo, sino otra cosa: hartura. ¿Miedo? Les fueran dando mucho por donde amargan los pepinos a ellos y a sus limosnas (las llaman ‘ /cuota de solidaridad' /, y la fijarán a su avío después de quedarse con los impuestos fruto del mercado de todos, con lo que han calculado que les saldrán limpios unos 6.000 millones de euros más que ahora: un billón cada año, para que me entiendan), si no fuera porque no podemos dejar en sus manos el destino de tantas gentes que allí viven y que no tienen, por cierto, ni zorra idea de lo que se les viene encima. Y a los que la tienen, y se oponen, se les amenaza con unos tiritos en las piernas o con la muerte civil, y arreglado.

No sé si se me nota una leve irritación, debe de ser el otoño. Un español, o sea, y para que */Zapita /*se entere, un hombre que sólo aspira a moverse en libertad y a gozar de igualdad de derechos en todo el territorio de un Estado que se dice democrático (a esto es a lo que él llama ‘ /españolismo' /), no debe sentir más que desprecio hacia el nacionalismo de los carlistas feudalizantes. Pero ¿miedo? Jamás.

Sabe la oligarquía catalana, sin embargo, que el ‘ /Estatut' /jamás hubiera llegado a Madrid sin la actuación decisiva del propio ‘ /Zapagarto' /, como saben que únicamente las garantías ofrecidas de un maquillaje suave hizo posible el pacto entre los buenos amigos del 3%. Después de pasar por el Congreso, Cataluña ya no será una nación, será una ‘ /nació' /. Ya empiezan a leerse montones de artículos sobre la escasa trascendencia de que se llamen nación, como si eso no supusiera, sencillamente, que dejan de ser connacionales del resto. O sea, que son de otra nación y, por consiguiente, tienen derecho si no a un Estado completo (que es caro), sí a un Semiestado (mucho más barato), que les permita seguir accediendo a nuestro mercado y a las decisiones comunes, sin que nosotros podamos rechistar sobre las cosas de ellos, que para eso son otros. Y si la Nación moderna no es más que la unión de los iguales, entonces el reconocimiento de esa nación otra no será sino la carta de naturaleza de la desigualdad.

Es tan importante el término que todo el /estatut /está hecho para su consagración: la presencia internacional, las competencias exclusivas, la Hacienda y la Justicia separadas, los ríos, la imposición del catalán como lengua ‘ /común' /, las selecciones deportivas que vendrán... una verdadera Constitución que les permitirá convertirse en la nación soberana que nunca fueron. Por eso, porque son ellos los que mejor saben que no hay naciones sin Estado, que las naciones son políticas y lo son por estar articuladas y reconocidas como tales, es por lo que se lanzan desbocados hacia ese estatuto que les permita, y este es el corolario más desdichado, nacionalizar a los disidentes, ‘ /catalanizarlos' /, de grado o por la fuerza, como han venido haciendo.

De ahí que la educación se la queden entera y que en el futuro los niños, según *Maragall *, habrán de iniciar el día con el recitado de “ /Catalunya es una nació...”. /El /Estatuto /es así tan intervencionista porque su misión es ponerlo todo al servicio de esta nueva ‘Nació'. Un proyecto, en fin, nacional y socialista, que a todos obliga. Sólo que, como nazismo de guante blanco, en vez de freír a los impuros, los inmersionan. Entran españoles y salen renacionalizados catalanes. Ya hay niños que se rebelan contra los padres por no saber catalán. Y abuelas hispanohablantes a las que no les llevan a los nietos para que no se contaminen de castellano.

La oportunidad era, en efecto, histórica. Nunca iban a encontrar *Carod *a otro *Maragall *, ni ambos a otro *Zapatero *. Cada día parece más obvio que la ‘ /hoja de ruta' /trazada por *Carod *y *Ternera *en Perpiñán consistía en la transformación de España en un Estado plurinacional a cambio de la entrega de las armas, que se haría una vez conseguido el estatuto nacional para Cataluña y Euskadi. Un régimen en el que la alianza eterna *PSOE-PSC-PNV-HB-ERC-BNG *, con *Zapatero *de mascarón alegre, expulsara para siempre al *PP *y a los no nacionalistas de la posibilidad de la alternancia. Es decir, de la democracia. No sería la independencia, sino algo mucho mejor: la conversión de España en nación subsidiaria y sometida a las poderosas torres euskocatalanas. La revancha final. Un viejo proyecto imposible. Hasta que *Maragall* vio al lagarto.

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