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Recortes de Prensa     Miércoles 12 Octubre 2005
Zapatero y el nacionalismo ausente
Editorial ABC 12 Octubre 2005

Lo que viene tras el nuevo Estatuto
Luis Miguez Macho elsemanaldigital 12 Octubre 2005

El barroco del Estado de las Autonomías
Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN ABC 12 Octubre 2005

Estatut sin sosiego
Por VALENTÍ PUIG  12 Octubre 2005

El alcalde de Móstoles
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 12 Octubre 2005

La Nación Española
José Luis Manzanares Estrella Digital 12 Octubre 2005

¿Quién maleduca a nuestros hijos?
Agapito Maestre Libertad Digital 12 Octubre 2005

Nuestra Hispanidad
Serafín Fanjul Libertad Digital 12 Octubre 2005

Polémica interna en el PNV
Lorenzo Contreras Estrella Digital 12 Octubre 2005

Pelillos a la mar
TONIA ETXARRI El Correo 12 Octubre 2005

Estatuto: se les entiende todo
Juan Francisco Martín Seco Estrella Digital 12 Octubre 2005

Zapatero engaña a Ibarra
Pablo Sebastián Estrella Digital 12 Octubre 2005

¿Por qué no?
Fernando Prieto Libertad Digital 12 Octubre 2005

Timo a ERC
LAS PESQUISAS DE MARCELLO Estrella Digital 12 Octubre 2005

13. La casa de Morata
Luis del Pino Libertad Digital 12 Octubre 200

El Tribunal Superior de Cataluña se suma a las críticas al Estatut y duda de que sea constitucional
R. N. / F. Velasco La Razón 12 Octubre 2005

El no-nacionalismo
"Copiado de la excelente bitácora de Bye Bye Spain" 12 Octubre 2005

Tal vez Zapatero no tenga la solvencia intelectual necesaria para acometer ciertas reformas
El Confidencial  12 Octubre 2005

Zapatero y el nacionalismo ausente
Editorial ABC 12 Octubre 2005

LA celebración del 12 de Octubre va a ser nuevamente la ocasión preferida de los nacionalismos para expresar su rechazo a toda manifestación del sentimiento nacional español. Nacionalistas vascos, catalanes, gallegos y aragoneses han decidido no asistir hoy al desfile de las Fuerzas Armadas, ni a los demás actos oficiales de la jornada. Incluso el dirigente de Esquerra Republicana Joan Puigcercós se ha permitido la ofensa gratuita de pedir a Maragall que aproveche su asistencia al desfile para aplacar a «la bestia», categoría en la que se deben de integrar todas las instituciones, partidos, entidades y, por supuesto, millones de ciudadanos que no quieren que se apruebe el proyecto de Estatuto catalán.

La reacción nacionalista no es, por desgracia, novedosa, porque expresa la profunda frustración de una ideología que se justifica en la provocación de un conflicto permanente de identidades y divisiones entre territorios y ciudadanos. La política de concesiones a los nacionalismos empezó con el reconocimiento de su superioridad «patriótica» en comunidades como el País Vasco y Cataluña, y siguió con la aceptación de toda su simbología partidista como señas de identidad colectiva. Poco ha servido este flujo unívoco de concesiones para enterrar definitivamente la obsesiva tensión territorial, porque el resultado ha sido la instauración de una situación de hecho y de derecho indiscutible, en la que los nacionalistas exigen y obtienen respeto para sus efemérides y símbolos -sin discusión posible sobre su veracidad histórica, aunque sean acreedores de ofrendas florales y reconocimientos oficiales- pero se esmeran en despreciar puntualmente todo cuanto implique la existencia de España como nación, a secas, sin adjetivos ni posesivos.

Además, cualquier intento de reconducción del problema se enfrenta al hecho de que a los nacionalismos les ha sido rentable su deslealtad histórica y la falta de reciprocidad en el respeto institucional. Incluso han conseguido que una parte de la izquierda española asuma sus idearios con más entusiasmo, a veces, que los propios nacionalistas. En este sentido, el proyecto de Estatuto para Cataluña es un manual de máximos nacionalistas y, sin embargo, viene avalado por el presidente de la Generalitat, con el apoyo decisivo del presidente del Gobierno de la Nación. Por eso, los nacionalistas no sienten ninguna motivación especial para abandonar su aversión a cuanto implique el reconocimiento de España, menos aún si, en la actualidad, son los socios preferentes del PSOE y están decidiendo el contenido y los ritmos de la política nacional sin coste alguno para su ortodoxia soberanista.

Evidentemente, esta política de alianzas está produciendo unos resultados desestabilizadores y sin visos de rectificación. Rodríguez Zapatero ha elegido libremente a sus aliados y éstos le han dado la espalda cada vez que se han planteado cuestiones de interés nacional, como el Plan Ibarretxe o el referéndum por la Constitución Europea. Y con estos socios pretende el Gobierno socialista hacer un proceso de reformas institucionales que haría que España, al final de esta legislatura, «esté más cohesionada», según palabras de Rodríguez Zapatero. Pero, sencillamente, no es posible hacer una política de interés nacional con quienes no creen en España, ni en su Constitución, ni en su proyecto común para todos los españoles. Y lo están demostrando con los proyectos de reformas que han enviado al Congreso de los Diputados.

La ausencia de los nacionalistas hoy en Madrid es un desaire más en la nómina del victimismo irreductible de unos partidos que, a pesar de haber gobernado o seguir haciéndolo con todos los medios políticos y financieros que nunca antes habían tenido, y en un régimen de autogobierno que es materialmente federal, no han sido capaces de articular políticas de estabilidad y convivencia pacíficas, sin tensiones ni agravios, en sus propias comunidades y en las relaciones con el resto de España. Pero, en esta ocasión, la sonora ausencia nacionalista señala al presidente del Gobierno y a su decisión de ponerse en manos de unos aliados para los que la idea de España es insoportable. Zapatero tiene otra oportunidad de calibrar hoy sobre el terreno dónde están unos y otros en esta hora de incertidumbres.

Lo que viene tras el nuevo Estatuto
Luis Miguez Macho elsemanaldigital 12 Octubre 2005

Me escribía una lectora sobre mi artículo de la semana pasada para animarme a seguir adelante, lo cual le agradezco; en una crisis como la presente es un deber patriótico el que todos contribuyamos a defender la unidad nacional y el orden constitucional desde el puesto y de acuerdo con las posibilidades de cada uno. Además, me pedía que desarrollase más la frase con la que acababa ese artículo, y que aludía a que el fracaso del nuevo Estatuto catalán anticonstitucional arrastraría muchas cosas detrás.

Con ello no pretendía ser innecesariamente misterioso. Es sólo que el periodismo electrónico impone una concisión que a veces obliga a envainar la pluma antes de tiempo. Lo que quería decir es algo que ya he advertido con anterioridad: cuando una parte rompe un pacto, el pacto se rompe para todos. Así sucede también con el pacto político y social del que nace una Constitución.

Si las Cortes aceptan el nuevo Estatuto, volveremos al siglo XIX, en el que las Constituciones eran un producto de partido. En efecto, frente a semejante atentado contra el orden constitucional vigente no quedará otra salida que, cuando cambie la mayoría parlamentaria, reformar la Constitución para neutralizarlo. Y si las Cortes lo frenan, habrá que reformar igualmente la Constitución, porque no podemos continuar expuestos a este desfile de planes ibarreches, zapatero-maragalleches y el que venga después.

En la actualidad, las competencias autonómicas son fijadas por los Estatutos de Autonomía y no directamente por la Constitución, que se limita a establecer en su artículo 149.1 una lista de facultades estatales que en teoría aquéllos no pueden tocar. De aquí proceden los intentos de arañar competencias de la lista del 149.1 por vía estatutaria mediante todo tipo de triquiñuelas, o a la brava. Encima, la propia Constitución permite en su artículo 150.2 la transferencia adicional de competencias estatales a las Comunidades autónomas, sin excluir las del 149.1.

Esto tiene una solución técnicamente muy sencilla, que ha propuesto Mariano Rajoy y que se aplica en todos los Estados federales desde la Constitución de los Estados Unidos de 1787: se incluye en la Constitución una lista cerrada de competencias estatales, y todas las demás se atribuyen automáticamente a las Comunidades autónomas. Si se quiere cambiar el reparto de competencias, hay que reformar la Constitución.

Salga adelante o no el nuevo Estatuto catalán anticonstitucional, el consenso constituyente de 1978 ha pasado a la historia, roto unilateralmente por los nacionalistas o por éstos y la izquierda entera, y todo lo que se acordó entonces queda sujeto a revisión. Esto vale para la configuración del sistema autonómico y, asimismo, para todas las instituciones que no hagan nada por evitar este golpe de Estado. Empezando por la Corona.

El barroco del Estado de las Autonomías
Por Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN ABC 12 Octubre 2005

BARROQUISMO y fragmentación: éstos son los conceptos que, en el mejor de los casos, servirían para describir un Estado de las autonomías que se contagiara de las tendencias en que se inspira el proyecto de Estatuto para Cataluña. Comencemos por las prendas, que ciertamente no nos duelen: se trata de un texto cuidado, bien redactado, con una sistemática correcta y clara. Pero es a la vez un texto que fragmenta el ordenamiento jurídico español y los tribunales llamados a aplicarlo; y que presenta características a veces celebradas en arte y literatura, pero que en política y en Derecho siempre causan grave distorsión: claroscuro, falta de sentido de la mesura, profusión ornamental.

Según la definición académica, claroscuro es la «conveniente distribución de la luz y de las sombras en un cuadro». En el caso del proyecto de Estatuto, las conveniencias de esta distribución son marcadamente nacionalistas. En su preámbulo, la historia de Cataluña se evoca sólo en términos de lucha, rebeldía y marginalidad. Se ignora la decisiva participación de Cataluña en la implantación del Estado moderno en España, a manos de aquel rey a quien, al final de su vida, sus cortesanos castellanos llamaban, con admiración y respeto, «el viejo catalán»; se ignora que la irrupción de España en la escena europea tuvo lugar cuando el ejército castellano se puso al servicio de la política catalana en Italia, sabiamente dirigida por el mismo Rey Católico; se ignora la continua presencia de dirigentes catalanes en las más importantes tareas comunes españolas, como es el caso, limitándose al último siglo y medio, de Prim, Cambó, Landelino Lavilla, o Miguel Roca; también queda en sombra la Transición, matriz histórica que, por primera vez en la edad contemporánea, todos los españoles comparten, y no hay mención alguna de la Constitución de 1978. Pero 1978 es la única base posible del proyecto de Estatuto, el cual no puede apoyarse en 1714 ni en 1931, años que, sin embargo, son los que brillan en el interesado dualismo de luz y oscuridad del preámbulo.

Con ser esto lo más importante, no termina aquí el oficio de tinieblas. Desde el punto de vista jurídico, quizá el eclipse más espectacular sea el de la provincia, que no aparece por ningún lado en el proyecto de Estatuto, una vez más atendiendo a la conveniencia nacionalista. Por decirlo con la terminología acuñada por el más ilustre ensayista catalán del siglo XX, no deja de ser notable que, en un texto de doscientos veintisiete artículos que contiene más de una anécdota, no tenga cabida una categoría constitucionalmente necesaria como es la provincia en su calidad de corporación local.

Acabamos de aludir a la gran extensión del texto del proyecto. El vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979, que inauguró la fase clásica del Estado de las Autonomías, tiene cincuenta y siete artículos, casi cuatro veces menos. Comparando el proyecto con el Estatuto de 1979, y utilizando las palabras de un personaje borgiano, se diría que ese noble y austero texto fundacional ha sido corregido siguiendo un depravado principio de ostentación verbal. Miguel Herrero habló hace muchos años de la «sed constitucional de los nacionalistas», refiriéndose a los entonces nuevos Estados de África y de Asia. La frase resulta aplicable al presente caso, en el que la sed parece haber sido ciertamente abrasadora. Todos los anhelos, todos los quehaceres de una sociedad desfilan innumerables por el proyecto de Estatuto, expresados muchas veces con conceptos de moda en las ciencias sociales contemporáneas: las diversas modalidades de familia, la responsabilidad social de la empresa, el desarrollo sostenible, la cultura de la paz, la sociedad de la información, los corredores biológicos, las políticas de género, la policía integral... Esta lista de regalos deriva sin duda de un aplicado proceso de shopping around, de compras en las mejores tiendas de cada disciplina, proceso que, por lo demás, es también característico de las aproximaciones adolescentes a la elaboración de los grandes textos legislativos.

Pero el Estatuto de Autonomía no es un compendio de tesis doctorales juveniles, sino una norma jurídica de alto rango que representa un importante papel en nuestro ordenamiento como imprescindible complemento de la Constitución para el debido funcionamiento del sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Ocurre que el Estatuto proyectado se rebela contra su misión institucional de colaborar con la Constitución, y se dedica a establecer, con el aludido lujo ornamental, largas y detalladas listas de competencias de la Generalidad que equivalen a intrincadas redes de fortificaciones para impedir o dificultar el ejercicio de competencias estatales en Cataluña.Por otro lado, el desarrollo de ese enjambre de normas sobre competencias aumentaría de forma notable la complejidad del derecho autonómico catalán, y no sólo la de sus normas sustantivas, sino también la de sus procedimientos de aplicación. Piénsese, por ejemplo, en el nuevo procedimiento de tutela de derechos estatutarios, especie de recurso de amparo autonómico que difícilmente podría evitar convertirse en causa de interferencias y perturbaciones de los procesos ordinarios. Finalmente, los impulsos barrocos del proyecto de Estatuto se manifiestan también en la generosa creación de órganos, que parece ser el resultado de largas miradas narcisistas en el espejo del Estado. Así, la sala de garantías estatutarias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que se inspira parcialmente en el Tribunal Constitucional; o el Consejo de Justicia de Cataluña, cuyo modelo es el Consejo General del Poder Judicial.

A todo lo anterior -claroscuro histórico, infracción del sistema constitucional de competencias, complejidad perturbadora del derecho catalán- se viene a unir el ya indicado efecto de fragmentación del ordenamiento jurídico español, cuestión que merecería al menos otro artículo, pero que básicamente consiste en dos acciones complementarias: crear las condiciones para que el poder judicial en Cataluña vaya adquiriendo gradualmente un color local que lo acabe distinguiendo de su tronco de origen; y reducir las vías de acceso desde Cataluña al Tribunal Supremo hasta dejarlas en un hilo casi irrelevante.

¿Cómo saldremos de esta coyuntura? De momento, sólo me atrevo a una predicción: es tantísimo lo que hay que corregir en el proyecto de Estatuto, que en los próximos meses tendremos ocasión de acordarnos de lo que Kissinger decía al negociador de Vietnam del Norte, Le Duc Tho: admiro la capacidad que usted tiene de pasar de lo imposible a lo simplemente inaceptable y luego decir que ese paso constituye un gran progreso.

Estatut sin sosiego
Por VALENTÍ PUIG  12 Octubre 2005

| LA ESPUMA DE LOS DÍAS |
DE la ardua polifonía desencadenada por la llegada del nuevo Estatut catalán a Madrid puede decirse que sus fracciones más estridentes eran tan previsibles como inevitables. Entramos en un prolongado período de confrontación, en ocasiones más abundante en mensajes negativos que en valoraciones aspirantes a la ecuanimidad. No es nada nuevo: eso nutre los instintos atávicos que dan contorno expresivo al centro emisor del Estatut como la capacidad reactiva que connota a sectores del núcleo receptor. De poco sirve aventurar que tales choques retóricos pudieran apaciguarse y encarnarse en formas más racionales de argumentación política sin renuncia a convicción alguna: la verdad es que, en ese trayecto tan breve entre Barcelona y Madrid, un Estatut surgido de una suma de veleidades políticas y aprobado con cesiones inexplicables está generando en el conjunto de España la misma unanimidad en contra que los mayores cotas de audiencia televisiva en las noches del «reality show». Hace falta poco más para constatar que lo que aparentemente quiso expeditarse en el Parlamento autonómico catalán como un consenso casi universal sea en realidad un elemento rupturista.

Dick Morris, el mejor estratega de Hill Clinton, en su libro «El nuevo príncipe» recalca que hoy en día un político no tan sólo necesita apoyo público para ganar las elecciones: también lo necesita para gobernar. Es por eso que, en el mejor de los casos, el liderato es una «tensión dinámica entre la meta a la que un político cree que su país debe aspirar y la meta a la que sus electores desean llegar». Para Zapatero, esa tensión dinámica ha alcanzado un punto de extrema intensidad: instante a instante, es muy difícil saber quién le sigue y quién le está perdiendo de vista.

Como acción moral, como contribución al bien común, gobernar significa tener a buen recaudo los viejos demonios de la Historia. Zapatero dijo un buen día que iba a unir a España mejor de lo que estaba unida, más allá del consenso de 1978. Eso es más fácil de decir que de hacer ante quienes, más allá de las estrategias propias de partido, recelan de cambios significativos en el marco constitucional o de experimentos estatutarios que rebasan el logro autonomista y se trasladan al desencaje soberanista. Maragall tiene el incierto mérito de haber alumbrado un Estatut que al mismo tiempo es nacionalista y es de izquierdas. Lo más patente es que no contenta a la izquierda ni, como pronto se verá al derretirse el maquillaje de unidad de los partidos que lo votaron en Cataluña, a los nacionalistas. En estas circunstancias, apelar al sosiego de la moderación es casi como lavarse los pies con los calcetines puestos.

vpuig@abc.es

El alcalde de Móstoles
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 12 Octubre 2005

| AD LIBITUM |
SIGUIENDO las enseñanzas de su predecesor en el cargo, Andrés Torrejón, el actual alcalde de Móstoles, Esteban Parro, militante del PP, ha dictado un bando municipal en el que encarece a diputados y senadores que mantengan «con determinación y firmeza el principio constitucional en el que se consagra la indisoluble unidad de España». No se puede dudar de la buena intención del titular de la vara mostoleña; pero, aunque inquietante, la situación actual no se parece en nada a la del 2 de mayo de 1808 cuando el mensaje de Torrejón -«La Patria está en peligro, Madrid parece víctima de la perfidia francesa...»- galopó hasta Navalcarnero y así, de pueblo en pueblo, hasta conseguir que, antes de acabar el mes, España entera estuviera en armas.

Parro tiene complejo de antecedente, algo parecido a lo que le ocurre a José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que sucede es que el presidente, lejos de sentirse continuador de Felipe González, se ha saltado unos cuantos eslabones de la cadena socialista y está más o menos, mejor que en la de Maragall & Cía., en la Cataluña de Companys. Si hay enemigo que ponga en peligro la Nación, que yo no me atrevería a decir tanto, ese enemigo está dentro y es víctima de su propia inconsistencia y de su ya acreditada irresponsabilidad, dos enfermedades que sólo tienen cura democrática y obligan a los electores, cuando se abran las urnas, a votar en consecuencia.

En ese ambiente ha estado tan diáfano como oportuno el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, al advertirnos, con la solemnidad de quien habla en el Congreso de los Diputados, que la propuesta de Estatuto de Autonomía que lanza Cataluña puede ser demoledora del Estado de bienestar y, tras romper la unidad de mercado, rebajar en mucho el grado de eficiencia de la economía nacional. Dado que, como bien centra la caricatura catalana más frecuente, «la pela es la pela», el aviso de Caruana puede resultar más eficaz que otros de los muchos sermones en curso.

Aunque con retraso, Caruana aprovechó ayer su visita al Congreso para comparecer ante la Comisión de Presupuestos para criticar, en la línea tradicional del BE, la toma de posiciones de las Cajas en el sector industrial. Cuando, en los setenta, los bancos incurrieron en ese pecado estuvieron a punto, por acumulación de riesgos, de saltar por los aires y ahora las Cajas, aprovechando la insólita circunstancia de carecer de propietario, quieren repetir el nefasto fenómeno. En los últimos 25 años, recordó el gobernador, el balance de las Cajas se ha multiplicado por 10 y sus inversiones industriales por 40. Parece esto último algo distinto a lo de más arriba, pero es, incluida la opa de Gas Natural sobre Endesa, la misma película, la del soberanismo en que degeneran los nacionalismos.

La Nación Española
José Luis Manzanares Estrella Digital 12 Octubre 2005

El artículo 1º de nuestra primera Constitución, la de Cádiz de 1812, “La Pepa”, aprobada el día 19 de marzo, declara que “La Nación española es la reunión de todos los Españoles de ambos Hemisferios”. Esa referencia a la Nación única con mayúscula pasa después de un texto a otro hasta encabezar el Preámbulo de nuestra vigente Carta Magna, que a continuación, en su artículo 2, declara basarse en “la indisoluble unidad de la Nación Española”. Nos encontramos así ante un concepto jurídico —o constitucional, si se prefiere— que identifica la nación española con el pueblo español como suma de todos los españoles. Y españoles eran a principios del siglo XIX los guaraníes paraguayos, los indios del Altiplano y los araucanos chilenos, por ejemplo. Un concepto que coincide sustancialmente con la primera acepción de la palabra en el Diccionario de la Real Academia: “conjunto de los habitantes de un país regido por un mismo gobierno”.

Ocurre, no obstante, que algunas fuerzas políticas prefieren moverse en sentido contrario. Definen primero la nación como “conjunto de personas de un mismo origen” —tercera acepción en el DRAE— y luego verán hasta dónde se llega con su reconocimiento constitucional. Habría entonces una Nación con mayúscula, pero ficticia, frente a unas naciones con minúsculas, pero titulares de una soberanía innata que bien pudiera sustentar el derecho a la autodeterminación sin injerencias ajenas, o sea, a la creación de Estados independientes. Son dos concepciones que no caben en una misma Constitución. Bien entendido, además, que no le corresponde a ésta pronunciarse en términos de sociología, historia o raza, sino hacerlo en el dilema de si la soberanía de la nación reside en el conjunto del pueblo español o si, por el contrario, aquélla es sólo la suma coyuntural de la voluntad de varias naciones asentadas desde hace siglos en España. Lo de nación de naciones es una simple columna de humo para ocultar el problema de fondo.

La Constitución de la II República, consciente de los riesgos que el sistema autonómico podría suscitar, sólo previó Estatutos regionales. La Constitución de 1978, fruto de un amplio consenso, fue más lejos y aceptó también la existencia de nacionalidades, aunque sin privilegiarlas en cuanto a la asunción de competencias derivadas siempre de la única soberanía nacional. Dentro de una atmósfera de consenso absoluto sobre la unidad de España, quizá hubiera sido posible imaginar alguna reforma de la Constitución en aras de las pretendidas particularidades identificativas, pero hay sobradas razones para que una gran parte de la población española desconfíe de determinados nacionalismos que proclaman —unos a voces y otros con susurros— su ideal separatista.

Han postulado la diferenciación a ultranza, sea en las matrículas de los automóviles, sea en las selecciones deportivas. Han reducido al mínimo el uso del idioma común. Han considerado una provocación el tamaño de la bandera española en la madrileña Plaza de Colón. Han prescindido de la enseña patria en los edificios públicos. Se han negado a pronunciar siquiera la palabra España. Continúan rechazando toda participación en la Fiesta Nacional junto al Rey, símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Y ahora se sorprenden por las reacciones que ha producido un proyecto de Estatuto que rompe el equilibrio constitucional y amenaza con la balcanización del país.

Día de la Hispanidad
¿Quién maleduca a nuestros hijos?
Agapito Maestre Libertad Digital 12 Octubre 2005

Me formulan esta pregunta sin previo aviso y contesto teniendo a la vista lo inmediato. Sí, lo más próximo es la rabiosa actualidad, la celebración, mañana, del día de la Hispanidad. Y digo: los culpables de la mala educación son quienes ocultan, o simplemente no enseñan, a nuestros hijos qué significado tiene la fiesta del 12 de octubre. Malo sería que el ministro de Defensa no engalanase con la bandera de España las calles de Madrid por donde discurrirá el desfile militar, pero peor es que no haya contribuido con una campaña educativa a decirnos qué celebramos el día 12 de octubre.

¿Qué esfuerzos ha hecho el gobierno de la nación, y concretamente su ministro de Defensa, por enseñarle a nuestros hijos el significado histórico, político y cultural de este día? Poco, seguramente, su labor ha sido tan deficiente como todos los que han contribuido a desnacionalizar España desde que se aprobó la Constitución de 1978 hasta hoy. Donde una comunidad autónoma, Cataluña, ha conseguido aprobar un Estatuto con pretensiones de legalidad, que refleja la apoteosis de la incultura nacional al emitir una “opinión” en un texto oficial, ¡ay qué ser ridículos!, como la siguiente: “Cataluña considera que España es un Estado plurinacional”.

Quienes han reducido la historia de España a manipulación de acontecimientos locales y autonómicos son, pues, los principales responsables de nuestra mala educación histórica y nacional. Todos ellos son firmes partidarios de la educación reducida a mero proceso de socialización para adaptarse a las perversidades de la realidad. Son los mismos que defienden la dictadura del pedagogismo infantilista de leyes como la LOGSE, que trivializa los conocimientos, suprime la cultura del esfuerzo hasta hacer desaparecer los exámenes y relativizar el valor de la norma y el estudio.

Quien reduce la educación, y con ella la curiosidad y los deseos de aprender de los individuos a mero presupuesto y reivindicación sindical, sin duda alguna, también está maleducando a nuestros hijos. Una “educación” que no es un saber para el alma, para la salvación, para amar la verdad es un engaño de baratas pedagogías.

Quien cuestione que la educación es sobre todo enseñanza, basada en contenidos que se adquieren, como se decía tradicionalmente, poniendo en juego la memoria, el entendimiento y la voluntad, habrá que pedirle responsabilidades por la mala educación de nuestros hijos.

En fin, quien no se atreva a decir: “Toma el Quijote, muchacho, y prepárate para poder leerlo competentemente” es culpable de nuestra mala educación. Gente que desconoce el valor de las humanidades para nuestra educación sentimental, pero que no se le cae de la boca la palabra cultura, o peor, “educación en valores” (olvidando que es la educación el principal valor), para ocultar sus carencia absoluta de cultura. De Ilustración

Río Cabe
Nuestra Hispanidad
Serafín Fanjul Libertad Digital 12 Octubre 2005

Otra vez Doce de Octubre. A lo largo del año permanece latente la frustración por cuanto no se hace con aquel continente, el enojo aburrido por la prolongación ad infinitum de la retórica hueca, la percepción inexorable de que nuestra América está cada vez más lejos, pero cuando llega el día del Descubrimiento todos los actos fallidos o erróneos se condensan y petrifican y comprobamos que un año más tarde los intercambios comerciales siguen siendo entre escasos y nulos, la cooperación técnica, cultural y educativa brilla por su exigüidad y las cortapisas a la entrada en España de inmigrantes de por allá se mantienen con tozudez suicida (los trabajos que podrían desempeñar son ocupados por gentes de otras procedencias que, objetivamente, nos interesan menos). Hace mucho que perdimos la ingenuidad –o eso creemos– y huelga hacerse ilusiones sobre la capacidad de España para atender a toda Iberoamérica en los numerosos aspectos que requiere; ni pensamos que esas cosas se hagan gratis; ni pretendemos una reedición, por atenuada que fuese, de las fantasías de reconstrucción imperial del falangismo; ni ignoramos lo mal que cae la actitud española por aquellas tierras (y con razón), siempre viajando de Guatemala a Guatepeor, del paternalismo bobo a la indiferencia y el desconocimiento supino, en el fondo dos cabezas de una misma Hidra. Pero la España de ahora –con todas sus insuficiencias y mandangas– no es la que, cruelmente, despreciaba José Martí en el famoso artículo “Nuestra América”, acusándola de no poder ofrecer sino “pasas e higos secos”.

Un servidor no recata su profunda antipatía por esta celebración, no por lo que representa, ni por ser nuestra fiesta nacional, ni por estar siendo vituperada por populistas demagogos que la aprovechan para denigrarnos, sino porque esa fecha nos recuerda lo mucho que no hacemos, lo mal que lo hacemos y cuán interminable es la ringlera de nuestros fallos, ignorancias, oportunidades perdidas. Otros hablan de flujos financieros, inversión en telefónicas y eléctricas, en petróleos, compra de líneas aéreas (por lo general ruinosas) y un etcétera en realidad no muy largo que, si se concretara en resultados productivos, contribuiría a mejorar las economías y –por tanto, la vida– de aquellos reinos, según la expresión del tiempo virreinal. No es mi terreno y felicito a quienes puedan aportar algo por tales rumbos, tan necesarios; más bien sugerimos una Hispanidad asequible y cotidiana, pero entrañable y cercana, tomar unas seguidillas o un bolero del XVIII y compararlos con una cueca chilena, o cotejar coplas y letrillas que aprendí de niño y que en el norte argentino se reputan como autóctonas sin remedio (si alguien pide ejemplos los daré, pero de momento prefiero no aburrir ni abrumar), o superponer, como en un calco, las letras y argumentos de nuestros romances a los de los corridos mexicanos; o, incluso, fijar la atención en los cantes de ida y vuelta, ya sean variantes flamencas o décimas antillanas, retornadas a Canarias o Dalías (Almería). La Hispanidad que proponemos es fácil de alcanzar: leer la inmensa literatura hispanoamericana y las crónicas de Indias, visitar –e identificarnos con ellas, a nada de sensibilidad que conservemos– las iglesias barrocas de los pueblitos de Michoacán, subir a la torre de San Francisco en La Habana Vieja y pensar que nuestro abuelo anduvo exactamente en tal lugar. No son meras nostalgias líricas para uso personal e intransferible (y, por supuesto, dignísimo), porque alrededor de esas piedras hay personas con las que hablamos de modo espontáneo y sin estudiar idiomas, personas que nos cuentan de su antepasado –el que los vincula a la Historia y al pasado del mundo– que vino de Molina de Aragón, de Pontecesures, de Badajoz. No estoy inventando: son gentes reales. Como lo fue la increíble aventura de Cabeza de Vaca; la no menos prodigiosa de Pedro Serrano, náufrago superviviente en solitario durante ocho años en un cayo arenoso del Caribe a principios del XVI (¿Les suena la historia? ¿Dónde la han oído?); o el espantoso cruce de los Andes por Almagro y su no menos horripilante regreso por Atacama. Nostalgia lírica…también tenemos derecho a ella si no nos quedamos ahí y observamos que las Cumbres iberoamericanas estarían muy bien si, por fin, pasaran al terreno de lo práctico, por encima de los intereses políticos de corto vuelo de un Salinas de Gortari o un Felipe González, creadores del artefacto; si Portugal, sólo interesado por Brasil –no nos engañemos– fuera capaz de participar de modo más sincero superando sus eternas suspicacias hacia España (“…os espanhois sâo assim, querem logo tomar conta de tudo, é preciso estar sempre de olho neles”, ironiza José Saramago en la mejor de sus novelas); si los esfuerzos en inversión educativa crecieran y no se diluyesen en la enormidad de las necesidades, o en subvencionar la venta de libros de las editoriales adictas al gobierno; o si la Agencia de Cooperación y la Fundación Carolina no estuvieran en estos momentos en manos incompetentes y sectarias más atentas a desprestigiar cualquier cosa que lleve el adjetivo o la vitola de español –por imperialista, claro– que a ayudar en América, difundiendo a la par nuestra cultura.

Claro que para difundir algo primero hay que poseerlo y ser conscientes de su valor. Y mal puede favorecer la extensión de la idea de Nación Española y de la huella de nuestro paso por la Historia, así como de la importancia de lo que podamos aportar en el presente, quien las ignora, las desprecia, las odia. El ya mencionado José Saramago –nada sospechoso de facha, digo– afirma “Somos lo que somos, pero también lo que han sido otros” y tal vez bastara que tanto desgarrahuertos como anda colocado en las alturas asumiera tan elemental principio. Pero, por el contrario, los catalanes y vascos amigos y cómplices de Rodríguez aprovecharán la efeméride para insultar otro poquito al país que les da de comer montando alguna cencerrada de las suyas y en Madrid no faltarán necios que les rían la gracia. Garantizado.

Polémica interna en el PNV
Lorenzo Contreras Estrella Digital 12 Octubre 2005

A fuerza de evidentes datos de una actualidad cruel, desde las catástrofes naturales a las barbaridades de Marruecos con los subsaharianos convertidos en ganado de desecho, nos hemos olvidado de Euskadi, de sus nacionalistas y de lo que entre ellos se ventila desde un punto de vista conflictivo. Arzalluz se fue, quizá no del todo, a su casa, pero se fue del poder aparente, dejando en su rastro y en su trayectoria a Joseba Egibar, un alter ego carente de su habilidad, pero no de su radicalidad frente a Madrid. Por eso, de manera más o menos ruidosa, ha estallado allí una polémica de bastante calado que se refiere al modo de entender las relaciones con “el Estado”, como si una Autonomía correctamente entendida a la luz de la Constitución no fuera en realidad Estado, es decir, parte de España concretada en eso mismo.

El caso es que el pasado 31 de julio, Josu Jon Imaz, sucesor de Arzalluz, con Egibar pisándole los talones en el terreno de las votaciones internas, ha tenido o tuvo la idea de que las relaciones con España tendrían que materializarse en términos de “cosoberanía” o, como sugirió en su momento el propio Ibarretxe, de soberanía compartida. A ese “pronunciamiento” de Imaz se le conoce en los ambientes nacionalistas vascos como el “discurso de San Ignacio”, por haber sido lanzado en la festividad del fundador de la Compañía de Jesús.

El concepto de “cosoberanía” se da de bofetadas, según los ortodoxos del PNV en la línea doctrinaria de Arzalluz, con el de “independencia”. Es lo que vino a recordar y subrayar Egibar, presidente del PNV de Guipúzcoa (GBB), casi simultáneamente a la intervención de Imaz en la sede del PNV, desde una tribuna de Motrico.

La fermentación de la polémica no ha cesado, aunque recientemente ambos personajes, Imaz y Egibar, se hayan dado un falso abrazo de la concordia en Elgoibar, durante un acto del partido y ante numerosos militantes. Lo que no pudo evitarse fue que Arzalluz. al acecho, dijera públicamente en otro momento que “Imaz y algunos otros se han salido del discurso oficial del partido”.

Podía esto significar que Arzalluz buscaba nuevas posiciones de poder interno, o de influencia suficiente? No parece que su excesiva veteranía le permita reconquistar terrenos ya perdidos. La voz de la ortodoxia, sin embargo, fue replicada por el propio Imaz, no sólo recordando que Ibaretxe ya había planteado la idea de la soberanía compartida, sino anunciando despectivamente desde la Cadena Ser que no estaba ni está dispuesto a “discutir con un afiliado del PNV en un medio de comunicación”, o sea, al aire libre de la opinión, sino, en todo caso, “a través de los órganos de mi partido”.

La conceptuación de Arzalluz como un “militante de base” ya indicaba por parte de Imaz dónde se encuentra el poder nacionalista en el marco del partido, por más que Arzalluz plantee la conveniencia de llevar la cuestión doctrinal a las bases del partido mediante la correspondiente consulta.

Todo esto no significa que Imaz, actual presidente del PNV y, por tanto, líder oficial, se haya moderado hasta términos prometedores para una mentalidad española. No hay más que tener en cuenta su defensa del Estatut catalán frente a lo que ha llamado “pronunciamientos jacobinos resistentes a la modernización necesaria en el Estado” y partidarios de reabrir “los fantasmas uniformizadores”. Sólo faltaría, ha llegado a manifestar, que “salga el brazo incorrupto de Santa Teresa de Ávila representando la concepción más rancia del Estado y el uniformismo”.

Pelillos a la mar
TONIA ETXARRI El Correo 12 Octubre 2005

Así empezó Zapatero su relación con la Generalitat catalana. Sin dar importancia al debate que, a su alrededor, se estaba suscitando en torno al concepto de 'nación'o 'nacionalidad' viniendo a decir, sencillamente, que no le daba importancia. Pelillos a la mar. No lo expresó en ese tono displicente que empleara el actor Clark Gable cuando le dijo a Vivien Leigh: «francamente, querida; me importa un bledo», pero sonaba cercano al guión cinematográfico de 'Lo que el viento se llevó'.

Patxi López se muestra ahora en el mismo plan. Una vez ha quedado demostrado que el Parlamento catalán, con su mayoría del 88 por ciento, ha dejado sobre el despacho del presidente un caramelo envenenado de imposible digestión, el dirigente socialista asegura que a él no le preocupa que una nacionalidad como Cataluña diga de sí misma que es una nación. Es más, parece que no está dispuesto a cuestionarlo ya que prefiere dejar esa responsabilidad política en manos de lo que quiera la ciudadanía.

Un concepto populista que más bien responde al perfil del lehendakari nacionalista (y aun así, Ibarretxe ha ido por delante de sus votantes, por si acaso), pero de un dirigente socialista como López se espera que defienda por lo menos su apuesta por la comunidad nacional, que ése es su proyecto. Tal como está el debate autonómico -que sin duda habrá influido en el estado de ánimo de los encuestados en los sondeos que le han dado un serio toque de atención al gobierno socialista- la Carta constitucional se utiliza según convenga.

Para López, por ejemplo, se puede hablar de una «nación de naciones», entre otras cosas, porque es un término aceptado por el catedrático Peces Barba (y aquí no se busca la comparación con la Constitución en su artículo dos) y, sin embargo, no se puede hablar de soberanía (y aquí sí que sirve la definición de la Carta Magna que establece la soberanía como única para el pueblo español).

Tan inquietante resulta, en este magma de definiciones, la actitud de quienes se instalan en la dramatización (y, desde luego Rajoy no se encuentra entre ellos) como la de quienes aseguran que aquí no pasa nada. Porque si se trata de adecuar la polìtica a los nuevos tiempos, habrá que decirlo sin complejos. Los socialistas quieren reformas. Tan sólo eso, aseguran. Bien, pues tendrán que decírselo a sus socios en la Generalitat, por ejemplo, que sueñan con el Estado catalán. Y salvo que acabemos hablando de la perogrullada de un 'Estado de Estados', los socios quieren romper con España.

Lo que parece una frivolidad es decir a cada uno lo que quiere escuchar porque al final, la Presidencia de gobierno se va a convertir en una coordinadora de autonomías. Es decir, lo más parecido a una asamblea transpirenaica, pero sin Ceuta y Melilla. No pasa nada.

Estatuto: se les entiende todo
Juan Francisco Martín Seco Estrella Digital 12 Octubre 2005

Con la presentación en el Congreso del Estatuto catalán se ha producido también, simultáneamente, una invasión de políticos catalanes en todos los foros de opinión y medios de comunicación nacionales, dispuestos a realizar, tal como dicen, una función pedagógica. Me temo que tales actuaciones no sólo pueden ser inútiles sino incluso contraproducentes. La gran mayoría de los ciudadanos españoles, aun cuando no sean técnicos en materia jurídica y constitucional, intuyen perfectamente lo que el Estatuto pretende y de ahí que, sin necesidad de grandes análisis, lo rechacen y no estén dispuestos a que se apruebe, al menos en los términos en los que se ha presentado. Y ¡ay! del partido nacional que pretenda forzar esa voluntad, única soberanía legítima. El PSOE, con sentido realista, debería ser consciente de que en España —y creo que en otros muchos países— hace ya tiempo que no se ganan las elecciones, sino que las pierde el contrario. Zapatero no ganó los comicios del 2004, los perdió Aznar. Y Aznar no ganó los del 96, los perdió González. El Estatuto catalán puede convertirse en la tumba de Zapatero.

A los políticos catalanes, cuanto más hablan, más se les entiende todo. Maragall inició su misión profética el mismo día 2 de octubre en el diario El País. En una larga entrevista nos espetó eso de que el centro estaba encantado de haberse conocido. Me temo que predicó de Madrid lo que en realidad es propio de la clase ilustrada catalana: se siente encantada de haberse conocido. Es Cataluña, al menos la Cataluña de los maragalls, la que orgullosa y soberbia mira por encima del hombro al resto de España, se proclama diferente, superior, y quiere marcar distancias —federalismo asimétrico—. ¿Les puede extrañar acaso que su intento de tibetanización provoque reacciones de rechazo en el resto del país? Bush ha logrado incrementar el antiamericanismo en el mundo, y Pujol, Maragall, Rovira y algunos otros están consiguiendo que aumente el anticatalanismo.

El centro de Maragall —quizás habla de centro para evitar referirse directamente a Madrid— jamás ha establecido barreras ni fronteras. Ha recibido a todo el mundo sin exigencia de bautismo, ni conversiones a lo Montilla. Ha elegido a los presidentes de su Comunidad o a sus alcaldes sin pedirles certificado de nacimiento ni de pureza de sangre. No está obsesionado por definirse. Es lo que es, posada, segunda patria y punto de encuentro de ciudadanos de todas las procedencias y de todas las regiones, a los que para integrarse no se les pide que apostaten de sus orígenes. Tampoco precisa mirarse continuamente el ombligo para hallar su identidad. Su solidaridad con el resto de España radica precisamente en que no habla de solidaridad ni de generosidad. Y aunque es la Comunidad en la que la hacienda pública recauda más, sabe que ello no le concede más derechos; por el contrario, si se quiere, más deberes, ya que obedece tan sólo a que su nivel de riqueza es superior.

En la prepotencia, orgullo y soberbia de determinados discursos nacionalistas, lo que en el fondo subyace es cierto complejo de inferioridad, el de aquellos que sólo pueden encontrarse creando hechos diferenciales con los demás. Su ensimismamiento tiene en realidad mucho de envidia y de resentimiento. Maragall, en la entrevista citada, mentía al afirmar que para ellos Cataluña es parte de España. Su discurso y, sobre todo, sus propuestas lo desmienten. Si no, ¿a qué vienen ese intento de diálogo bilateral con el Estado y su continua referencia al pacto con España? Maragall señalaba que tenían derecho a indicar cómo debe ser España; por supuesto, pero me temo que el discurso del presidente de la Generalitat va más allá, quiere indicar cómo deben ser el resto de las Autonomías. Sobre todo les reprochaba su pobreza, fruto según él de la mala administración y de la incuria de sus habitantes. Discurso que recuerda al de los neoliberales cuando se oponen a la ayuda al desarrollo e intentan dar razón de la mala situación económica de los países del Tercer Mundo. Los culpables son los propios países pobres. Las culpables son las propias Autonomías económicamente menos afortunadas. Unos y otros se resisten a aceptar que pobreza y riqueza son la cara y la cruz de la misma moneda.

A los políticos catalanes se les entiende todo. El otro día en Onda Cero, Carlos Herrera puso a Artur Mas entre la espada y la pared a la hora de justificar el nuevo —más bien viejo, pues no es otro que el del País Vasco— sistema de financiación que el Estatuto propone. Para salir del atolladero, utilizó el ejemplo de la Unión Europea. Los que tributan son los estados y no los ciudadanos, y los estados ricos como Alemania se quejan también de que han llegado demasiado lejos en la solidaridad. O sea, que el modelo de integración que proponen entre las distintas regiones de España es el de la Unión Europea, modelo de integración que aun para Europa muchos hemos criticado por contradictorio e ineficaz, incapaz de compensar los desequilibrios que genera un mercado único. Para Mas, los vínculos y las relaciones entre Andalucía y Cataluña deben ser similares a los que se establecen entre Alemania y Grecia. Se le entiende todo.

www.telefonica.net/web2/martin-seco

Zapatero engaña a Ibarra
Pablo Sebastián Estrella Digital 12 Octubre 2005

Continúa implacable este patético culebrón político del Palacio de la Moncloa que ha convertido el nombre de España en una pelota de ping pong con la que juegan a diario los imaginarios jugadores de una enloquecida mesa de juego en la que se sitúan, por un lado, Zapatero y Maragall y, por el otro, Bono e Ibarra, en torno al debate del Estatuto catalán que está provocando la inquietud general de los ciudadanos españoles y graves tensiones económicas y comerciales, como las que ya han aflorado en la tienda de un comerciante de tejidos de Valladolid.

No parece serio que en estas circunstancias el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sea incapaz de decir a los españoles y a su partido qué piensa hacer con el término nación aplicado a Cataluña tal y como figura en el artículo primero del proyecto de Estatuto de Cataluña. El presidente no lo dice porque teme lo que pueda ocurrir en España y en Cataluña si toma una decisión y pretende buscar una fórmula mixta que de ninguna de las maneras va a satisfacer a una de las partes. Y es muy grave que Zapatero no sepa a estas alturas del debate y de su carrera política que España es una sola nación, como lo dice la Constitución, y que no valen enjuagues ni trucos semánticos para decir otra cosa en ningún texto que aprueben las Cortes españolas.

Lo ocurrido ayer en la Moncloa tras la entrevista entre el presidente del Gobierno y el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, da una idea del miedo y la incapacidad política que atenazan al jefe de Gobierno español. Ibarra, al término de su entrevista con Zapatero, afirmó que el término nación no figurará en el Estatuto de Cataluña y añadió que no hay presidente del Gobierno que pueda aceptar otra cosa ni partido político que lo consienta. Pues bien, a los pocos minutos de hacer esta declaración, el portavoz del Gobierno, Fernando Moraleda, se vio en la necesidad de precisar por orden de Zapatero que el presidente no ha dicho que el término nación no aparecerá en el Estatuto, sino que se adecuará a la Constitución. Luego Zapatero ha engañado a Ibarra, como sigue engañando a su partido y al conjunto de los españoles sin desvelar cuál es la fórmula mágica que puede hacer compatible en un Estatuto de Autonomía dos naciones.

Todo indica que, tras las declaraciones de Ibarra, Carod o Maragall han llamado a la Moncloa alarmados y Zapatero ha tenido que rectificar después de haberle dado la razón al presidente Extremeño, con ese caos y debilidad que adorna su presidencia y que hace que el presidente le diga a todo el mundo que sí para llegar en este caso a la crisis que estamos viviendo.

Una crisis en la que el ministro de Defensa, José Bono, que está jugando por libre en el Gobierno y que corre el riesgo de ser relevado del cargo, parece que ha empezado a recoger velas de su presunto patriotismo para llenarse la boca de elogios a su presidente y a sus cualidades (excusatio non petita), y en vez de mantener firme su posición de defensa de la Constitución y de España como única nación, Bono prefiere hablar ahora de cuestiones económicas, escurre el bulto, esconde la mano después de haber tirado la piedra.

Y por si algo faltara en todo esto, hemos asistido al escándalo intolerable de un comerciante de Valladolid que ha recibido insultos y amenazas de empresarios catalanes por haber rescindido el contrato de un proveedor de telas de Cataluña de acuerdo con sus intereses comerciales y su derecho indiscutible a buscar los proveedores donde él considere oportuno. Es un caso aislado pero sintomático de la crisis que se está abriendo en España, como ya ocurrió con el cava en la pasada Navidad y de la que son responsables por partes iguales Zapatero y Maragall.

Cataluña nación
¿Por qué no?
Fernando Prieto Libertad Digital 12 Octubre 2005

Doy por supuesto que hay un por qué sí, aunque casi nadie lo explica. Lo ha explicado Carod Rovira: es el primer paso para que Cataluña llegue a ser Estado. Es un paso perfectamente consecuente. Por el contrario no es consecuente afirmar que Cataluña es una nación y hacer profesión de fe de que no se piensa ni se quiere la independencia respecto de la nación española, porque Cataluña es una nación cultural y no política. Para expresar esta idea ya tenemos una palabra en nuestro ordenamiento jurídico: nacionalidad. Nunca nos han explicado los nacionalistas catalanes por qué no les sirve el término nacionalidad. Tampoco conozco a nadie con peso en el mundo político o cultural que se lo haya preguntado. Necesitamos esta explicación, es absolutamente clave porque las palabras no son inocentes. Ahí tenemos muy cercana —todavía políticamente abierta por el recurso de inconstitucionalidad del PP— la polémica sobre el matrimonio. Necesitamos oír de sus propios labios saber por qué no se conforman con nacionalidad.

El artículo 2 de la Constitución es bien claro: «Nación = España»; «nacionalidades y regiones = territorios que están dentro de España». «Nación» tiene el sentido político de «entidad soberana» o Estado con la referencia a la calidad de la población de ese Estado. «Nacionalidades y regiones» tiene el sentido político de «entidades con administración autónoma dentro del Estado». ¿Por qué dos palabras? Porque hay identidades territoriales «fuertes», es decir, que tienen una cultura bien diferenciada, siendo la lengua el principal –no el único– elemento diferenciador.

Dentro de la Constitución esto es lo que hay. Y no puede haber más porque la Constitución es una realidad jurídica y dentro del Derecho rige el principio de la seguridad jurídica. Es verdad que el valor supremo del Derecho es la justicia, pero el Derecho queda desarmado si sus normas no llevan consigo el principio de la seguridad. Los juristas alemanes del siglo XIX trabajaron muy bien en este principio construyendo lo que se llama la dogmática jurídica, es decir, el método para llegar a un sistema jurídico sin contradicciones.

Por eso es tan importante defender la coherencia de la Constitución y de todo el ordenamiento jurídico. Es esencial para que el Derecho español ofrezca seguridad.

La defensa de esta coherencia no implica la irreformabilidad de la Constitución. Si se quiere introducir el término nación dentro del ordenamiento jurídico español –un estatuto de autonomía forma parte de dicho ordenamiento– con otro sentido distinto al de «nación española», de modo que «nación española» signifique «nación de naciones», el camino es la reforma del artículo 2. No hacerlo así es un ataque solapado contra la seguridad jurídica de los españoles. Esta insidia es lo que creo que nadie debe tolerar.

No me opongo por principio a que Cataluña se defina jurídicamente como nación. Me opongo a que se haga con trampa. Los catalanes juegan muy fuerte. Los que creemos en la convivencia reglada por el Derecho debemos jugar más fuerte. ¿No queréis ceder en el término «nación» y no queréis explicarnos por qué no os sirve «nacionalidad»? Muy bien. Nosotros no queremos ceder en la defensa de la seguridad jurídica y decimos: vamos a la reforma constitucional, con todas sus consecuencias: aprobación de la reforma por dos tercios de las Cámaras y a continuación elecciones. ¿Quién tiene miedo? Eso sí, una condición. Si no explican o la explicación no convence a la opinión de la mayoría de los españoles, conocida por lo que piensan sus representantes y por los sondeos, que se haga el referéndum por darle gusto a los políticos catalanes, pero que con la condición de que los gastos vayan a cargo de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Fernando Prieto es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid.

Timo a ERC
LAS PESQUISAS DE MARCELLO Estrella Digital 12 Octubre 2005

Le están preparando una trampa de elefantes al Gobierno tripartito de Maragall con el deseo de cazar en ella a Carod-Rovira y salvar la estabilidad del Gobierno de Zapatero de aquí al año 2008. Los autores del nuevo tocomocho de la política no están en el PP, sino en el Estado mayor del PSOE que se ha constituido en la sombra a espaldas de Zapatero y de Blanco, porque consideran que el presidente del Gobierno no está en condiciones de pilotar la situación y que Blanco no tiene autoridad en el partido.

Destacados barones del PSOE y dirigentes socialistas con presencia en el grupo parlamentario han diseñado una estrategia que consiste en admitir a trámite el Estatuto catalán el día 2 de noviembre para que el tripartito apruebe los Presupuestos y posteriormente dinamitar el Estatuto en los debates de la comisión del Congreso cuando ya estén los Presupuestos aprobados y el presidente del Gobierno los pueda renovar automáticamente en el 2007, y llegar así, aunque sea hecho unos zorros, a las elecciones del 2008. Ésta es la estrategia del mal menor que apoyan varios dirigentes socialistas, que sobre todo no quieren que se rompa el PSOE, que se pierda el poder central sin haber concluido la legislatura. Si hay que perder algo, dicen, que sea el Gobierno catalán, que ante la ruptura del Estatuto en la comisión del Congreso entraría en una crisis sin solución.

El único peligro que tiene toda esta estrategia está en el riesgo de que la Esquerra le exija a Zapatero públicamente, antes de aprobar los Presupuestos, que aceptará incluir en el Estatuto el término nación, el predominio de la lengua catalana en Cataluña, la nueva financiación, el traspaso de aeropuertos y puertos, y el control de la Seguridad Social y de la Justicia, entre otras cosas. Y si piden que Zapatero se comprometa a todo ello en su declaración ante el Congreso del próximo día 2, entonces la crisis volverá adonde estaba porque el Partido Socialista no admitiría semejante compromiso público antes de la negociación.

Una vez más, el presidente Zapatero, que está al margen de las negociaciones secretas de los barones de su partido, aparece perdido al fondo de la ratonera en la que él mismo se ha metido. Y todo depende, a juicio de los conspiradores internos del PSOE, de que el tripartito y sobre todo la Esquerra dejen pasar los días, aprueben los Presupuestos y no obtengan ninguna garantía pública del presidente del Gobierno ni del PSOE. ¿Pasará Carod por este aro de fuego?

Hasta ahora, los dirigentes de ERC son los que han llevado la iniciativa, pero de un tiempo a esta parte la crisis del Estatuto ha dejado de estar en manos de Zapatero y ha quedado bajo el control del núcleo duro de los barones del PSOE, que son los que están tramando y articulando su estrategia y su calendario a la vista de la debacle electoral que anuncian las encuestas y del riesgo de que el presidente no acabe la legislatura si se tiene que enfrentar abiertamente al tripartito catalán, y de especial manera a Carod.

En cuanto a Maragall, el núcleo duro del PSOE lo considera perdido y sin solución, a la vez que lo culpa de haber sido el mayor responsable del problema nacional creado desde la Generalitat y de la crisis latente y de difícil solución que está abierta en el seno del PSOE. En estas circunstancias todo depende de que los estrategas del PSOE consigan no engañar al tripartito, y de manera especial a los jefes de ERC que controla Carod.

LOS ENIGMAS DEL 11-M
13. La casa de Morata
por Luis del Pino Libertad Digital 12 Octubre 2005

Hace escasas semanas, los españoles teníamos ocasión de conocer la sentencia contra la célula española de Al Qaeda acusada colaborar en la organización de los atentados de Nueva York. Una de las personas condenadas era Mohamed Needl Acaid, alias Abu Nidal.

Abu Nidal nació el 1 de marzo de 1967 y era sirio, como muchos de los otros procesados en ese mismo juicio contra Al Qaeda. Al igual también que muchos de los otros procesados, estaba casado con una española, la ceutí Nayat Fadal Mohamed. El matrimonio formado por Abu Nidal y Nayat juega, como tendremos ocasión de ver, un papel fundamental en los acontecimientos que rodean a los atentados del 11 de marzo.

La compra de la casa
En el año 1997, Abu Nidal compra una finca situada en la carretera que une Morata con Titulcia, dentro del término municipal madrileño de Chinchón, poniendo esa finca a nombre de su mujer Nayat, con la que se había casado en régimen de separación de bienes. Se trata de la famosa casa en la que nos cuentan que se prepararon las bombas del 11-M. En aquella finca, Abu Nidal construiría una casita de una planta y algunos chiscones auxiliares. Cuatro años después de la compra, en noviembre de 2001, la Policía detenía a Abu Nidal por su presunta relación con una célula española de Al Qaeda.

El primer alquiler
Según la declaración de la dueña de la casa ante la Policía, a principios de 2002 le encargó al hermano de Abu Nidal, llamado Mohamed, y a su amigo Walid Altarakji que buscaran inquilino para la finca, ya que tenía pocos recursos económicos.

En octubre de ese mismo año 2002 se presentó ante la puerta de la finca una mujer con la intención de alquilarla, llegando finalmente a un acuerdo. La dueña de la casa de Morata dice que supone que esa mujer apareció como consecuencia de las gestiones de los dos intermediarios sirios, Walid y Mohamed, porque en la puerta de finca no había ningún cartel que indicara que se alquilaba.

Esa mujer que alquiló la finca a finales de 2002 resultó ser la esposa de Mustafá Maimouni, que era cuñado de El Tunecino y que resultaría detenido en 2003 por su posible relación con los atentados de Casablanca. En la actualidad está en la cárcel en Marruecos.

El segundo alquiler
Como consecuencia de la detención de Maimouni, aquella finca quedaría vacía de nuevo a mediados de 2003, por lo que la dueña de la casa decide volver a encargar a los dos intermediarios sirios, Walid y Mohamed, que la alquilen.

Según las declaraciones ante la Policía y el juez, éstos ponen anuncios en el Segunda Mano y acuden también a una inmobiliaria, Arconsa, que es propiedad de los hermanos Rostom (de origen también sirio) y en la que trabajaba El Tunecino.

El 28 de enero de 2004, gracias a la intermediación de Mohamed, de Walid y de El Tunecino, la finca era vuelta a alquilar, esta vez a Jamal Ahmidan, alias El Chino, presunto terrorista del 11-M que moriría posteriormente en Leganés.

El mundo es un pañuelo
Hasta aquí, la historia oficial. Analizándola, uno no puede menos que maravillarse de lo pequeño que es el mundo y de cómo la vida está llena de casualidades.

Tenemos una casa perteneciente a un terrorista ligado a Al Qaeda que sólo es alquilada dos veces: la primera a un presunto terrorista (Mustafá Maimouni) que está preso por su presunta participación en los atentados de Casablanca y la segunda a Jamal Ahmidan, presuntamente implicado en los atentados de Madrid.

Además, la primera vez se alquila a una persona (Mustafá Maimouni) que resulta ser cuñado del empleado de la inmobiliaria que intermedia en el segundo alquiler.

Evidentemente, ese encadenamiento de circunstancias puede ser cualquier cosa menos casual:

 o la dueña de la casa de Morata actuaba al dictado de su marido Abu Nidal, que estaba preso en aquellas fechas por colaboración con Al Qaeda,
 o los dos intermediarios sirios (Walid y Mohamed, el hermano de Abu Nidal) se dedicaban a ofrecer la casa a presuntos terroristas a espaldas de la dueña de la casa,
 o El Tunecino tropezó por casualidad con estos dos intermediarios sirios y aprovechó para "colocar" la casa, primero a su cuñado y luego a El Chino.

Aunque también cabría la posibilidad de que las tres cosas fueran ciertas a la vez.

El mejor de los culpables
Teniendo en cuenta que El Tunecino murió en Leganés, se trata del culpable más cómodo para todo el mundo. Al fin y al cabo, no va a tener ocasión de contradecirnos si decidimos que era él la única "mano negra" responsable de aquella cadena de alquileres. De hecho, es lo que ha sucedido en el sumario.

La dueña de la casa (que contaba con una buena abogada, Yamila Pardo) ni siquiera llegó a estar detenida en ningún momento. En cuanto a los dos intermediarios sirios, fueron detenidos el 29 de marzo de 2004 y liberados tres días después. En su declaración ante la Policía, realizada en perfecto castellano, Mohamed (el hermano del terrorista Abu Nidal) saca hábilmente a colación a Jadicha Candela, cuñada de Joaquín Almunia y madre de Yamila Pardo. A diferencia de lo sucedido con la inmensa mayoría de los detenidos por el 11-M, la Policía ni siquiera solicita la prórroga de la incomunicación para los dos sirios, por lo que ambos (Walid y Mohamed) declaran ante el juez el día 1 de abril de 2004.

Mohamed, que había declarado ante la Policía que no necesitaba traductor (por hablar perfecto castellano), declara el día 1 de abril en árabe ante el juez Del Olmo, asistido por el correspondiente intérprete. En esa declaración, le dice al juez que él "siente como los españoles, está casado con una chica española y tiene un hijo; incluso ha tratado de entrar en un partido político en España para sentirse muy español". En cuanto al otro intermediario, Walid, declara (al igual que Mohamed) que él no sabe nada de cómo es posible que se alquilara por dos veces sucesivas aquella casa a sendos terroristas. Los dos intermediarios quedarían en libertad al día siguiente, por decisión del juez Del Olmo.

Ante todo, amabilidad
La exquisita corrección con la que la dueña de la casa y los dos intermediarios fueron tratados por la Policía resulta sorprendente, por contraste con el trato dispensado a otros detenidos. Pero esa sorpresa es aún mayor al leer en el sumario las extrañas circunstancias acaecidas durante el registro del piso de Mohamed, el hermano de Abu Nidal.

A las 6 de la tarde del día 30 de marzo, el día siguiente a la detención de Walid y Mohamed, miembros de la UCIE (Unidad Central de Información Exterior de la Policía) se presentan en casa del hermano de Abu Nidal para proceder a un registro. Transcribo literalmente el comienzo del acta de registro, porque resulta memorable: "A la entrada, los funcionarios de la UCIE se encontraron con dificultades, no siendo factible la apertura de la puerta a pesar de haberlo intentado en repetidas ocasiones, debido a que se encontraban introducidas unas llaves en el interior de la vivienda. A posteriori, y tras llamar al timbre en reiteradas ocasiones, tras un lapso de tiempo de entre cinco y diez minutos, abrió la puerta de la vivienda la esposa del detenido, percibiéndose al entrar por los miembros de la Comisión un fuerte olor a quemado. Por la esposa del detenido se manifiesta que acaba de quemar un libro, que tenía miedo pero que carecía de importancia y que estaba escrito en árabe, haciendo entrega en ese acto de una mochila conteniendo papeles quemados".

¿Verdad que es enternecedor? La Policía va a registrar el domicilio de una persona detenida por su presunta implicación en los atentados del 11-M, de una persona que ha intermediado en el alquiler sucesivo de la casa de Morata a dos presuntos terroristas... y, como hay unas llaves puestas en el interior, en lugar de echar la puerta abajo se dedica educadamente a llamar durante cinco o diez minutos, mientras la mujer del detenido quema papeles en el interior. ¡Admirable y civilizado comportamiento policial! Es el único caso, en todo el sumario del 11-M, de quema de documentos antes de un registro. ¿Conocía el juez Del Olmo esa circunstancia antes de tomar declaración a los dos intermediarios sirios el 1 de abril y decretar su puesta en libertad?

He de admitir que estoy confundido. Decía Churchill que "la democracia es ese régimen en el que, si alguien llama a tu puerta a las seis de la mañana, puedes estar seguro de que es el lechero". Pero entonces, si eso es la democracia, ¿cómo llamamos a ese otro régimen en el que, si la Policía llama a tu puerta a las seis de la tarde, tienes cinco o diez minutos para quemar los papeles comprometedores, aunque seas un presunto terrorista,... siempre que conozcas a las personas adecuadas?

En el próximo capítulo: Amistades peligrosas

El Tribunal Superior de Cataluña se suma a las críticas al Estatut y duda de que sea constitucional
R. N. / F. Velasco La Razón 12 Octubre 2005

Barcelona / Madrid- La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), María Eugenia Alegret, ha remitido un informe al Consell de Justicia de Cataluña en el que se muestra contraria a algunas reformas del poder judicial que recoge el Estatut y que se reflejan en el borrador del libro verde de la justicia que está elaborando la Generalitat. En su informe, Alegret manifiesta que la Constitución «no hace ninguna referencia» a la posibilidad de un órgano de gobierno del Poder Judicial propio de las comunidades autónomas, «ni siquiera descentralizado» del CGPJ, un «diseño constitucional» que consideró «dudosamente compatible» con la creación de órganos descentralizados en que participen miembros de las autonomías, como sería el Consell de Justicia de Cataluña.

En su opinión, las salas de gobierno de los diferentes tribunales superiores «han llevado hasta ahora con discreción, independencia y criterios profesionales» las cuestiones gobernativas internas y que «ninguna razón explica la pretensión de modificar la composición de este órgano para introducir miembros designados por los gobiernos autonómicos» en gestiones como los nombramientos o las designaciones de jueces o magistrados.

En declaraciones a los periodistas, Alegret indicó que «los jueces y el Poder Judicial deberían estar lo más alejados posible de la lucha partidista» porque «no le conviene», ya que «ya hay una división de poderes» establecida por la Constitución «y esto es en lo que nos basamos».

La presidenta del TSJC, informa Ep, cree que el modelo propuesto por el libro verde «incide en los mismos defectos que se pueden advertir hoy en el CGPJ con la designación parlamentaria de sus componentes», con lo que asegura que afectaría a la independencia del tribunal en «la toma de decisiones» a causa de la «lucha de partidos» en los órganos de gobierno judicial y que haría disminuir «su eficacia».

Críticas de Aguilar. Por otro lado, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, reconoció ayer que muchas de las propuestas que recoge el proyecto de Estatut en materia de Justicia «no coinciden con las posiciones del Gobierno, aunque especificó que el fortalecimiento de los tribunales superiores de Justicia, al igual que los consejos de Justicia autonómicos, es plenamente constitucional. «Los tribunales superiores de Justicia no son tribunales de ninguna organización extranjera, sino poder judicial del Estado», destacó al respecto el titular de Justicia, quien, añadió que ese incremento de competencias para los tribunales superiores «no comporta ningún peligro para la unidad del poder judicial».

Además, acusó al PP de incitar «a la confrontación, cuando no a algo peor, entre los pueblos y territorios de España» por la «demagogia y fariseísmo» con que están actuando algunos de sus dirigentes. En concreto, López Aguilar dijo que era «lamentable» escuchar «tanta demagogia y palabras altisonantes que no buscan más que agitar la bandera de la confrontación y la crispación entre los españoles por parte de los portavoces que, con su habitual fariseismo, dicen defender la bandera de la unidad de España».

Por todo ello, consideró que se está produciendo un «exceso de ruido» en lo relacionado con el nuevo proyecto de Estatut, cuando después de 26 años desde que se promulgó el vigente es «legítimo» que el Parlament plantee una reforma del mismo.

El no-nacionalismo
"Copiado de la excelente bitácora de Bye Bye Spain" 12 Octubre 2005

"El no-nacionalismo no es antinacionalismo. Ni siquiera se define por la negatividad. Es, a su manera, un sentimiento de pertenencia a una comunidad, un modo de instalarse en ésta, una manifestación incluso de identidad comunitaria."

"Más aún, el no-nacionalismo no rechaza necesariamente los hechos nacionalistas. Las más de las veces asume incluso los sentimientos de pertenencia e identidad que alientan en aquéllos. Pero, en contraste con el nacionalismo, el no-nacionalismo pone el énfasis en la dimensión no esencialista de la nacionalidad, concibe la identidad nacional como una identidad cuando menos compleja y definida no por unos determinados elementos distintivos (lengua, religión, etnicidad...), sino forjada en todo caso por la interacción de muchos factores en la historia, y en interdependencia con otras culturas, otras lenguas y otras comunidades.

"Entiende así que naciones, nacionalidades y sociedades nacionalistas podrán o no poseer características culturales, e historia, distintas y específicas; pero subraya que cultura e historia nacionales, nacionalidad e identidad son conceptos y realidades complejas, evolutivas y múltiples.


"El no-nacionalismo es, ante todo, un hecho sociológico (que puede o no tener dimensión política y plasmarse además, si así sucede, en ideologías diferentes: liberales, comunistas, autoritarias...). Existe por una simple razón: porque los hombres no necesitan politizar su identidad (o su etnicidad) ni para explicarse su dimensión social ni para instalarse en su propia circunstancia.

"El hombre, en otras palabras, no es necesariamente nacionalista: no vive su identidad, como hace el nacionalismo, como una emoción irracional, exclusivista y mitificada. Vive, desde luego, instalado en una determinada sociedad y, por lo general, identificado con ella y con buena parte de sus tradiciones y de su pasado: su nación es la circunstancia que mejor conoce.

"Vasco-españoles, anglo-quebequeses, anglo-irlandeses, liberales surafricanos, anglo-escoceses, los otros catalanes, los judíos no sionistas, por volver a los ejemplos anteriores, se reconocen de esa forma en la historia y en la realidad comunitaria de sus respectivas regiones y nacionalidades. Comparten con el nacionalismo el sentimiento de pertenencia a las mismas.

"No comparten, en cambio, los mitos -históricos, lingüísticos, etnosimbólicos- del nacionalismo, la patrimonialización por éste de la identidad común, la pasión nacionalista: discrepan o en torno a la idea de nacionalidad o en la forma como el nacionalismo interpreta y define ésta.

"En suma, el nacionalismo enfatiza, como valores políticos, los derechos colectivos, la construcción nacional, la etnicidad (o el particularismo cultural), la afirmación y defensa de la nación y la nacionalidad como entidades homogéneas, propias y distintas; el no-nacionalismo afirma, por el contrario, los derechos individuales y ciudadanos, las libertades civiles, los valores cívicos (no étnicos), la ausencia de coerción nacional o nacionalista, la afirmación y defensa de la sociedad como una sociedad abierta, plural y libre." Juan Pablo Fusi, El no-nacionalismo (El País, 27 de diciembre de 2003)

Tal vez Zapatero no tenga la solvencia intelectual necesaria para acometer ciertas reformas
El Confidencial  12 Octubre 2005

Periodista, profesor y escritor, Arcadi Espada se ha convertido en un referente para los miles de internautas que visitan a diario su blog personal y participan con sus opiniones en un debate abierto. Con todos ellos, Espada ha publicado ya el segundo volumen de Diarios, un libro donde se recogen los artículos que ha publicado en Internet. El primer volumen obtuvo el Premio Espasa de Ensayo en 2002.

Además de su vocación periodística, Espada es miembro fundador de ‘Ciutadans per Catalunya’, una plataforma política que está dando mucho que hablar y cuyo objetivo es convertirse en voz y voto de quienes no se sienten representados en el Parlamento Catalán y desean una Cataluña sin nacionalismos.

Pregunta.- ¿Qué le parece la política del presidente del Gobierno en la polémica reforma del ‘Estatut’?
Respuesta: Para mí, Rodríguez Zapatero es una persona que ha puesto en marcha una serie de reformas sin tener la solvencia parlamentaria y, quisiera matizar, tal vez tampoco la solvencia intelectual necesaria para llevarlas a cabo.

P.- ¿Cómo ve el papel que está teniendo el PP?
R.- Se trata de un partido que no acaba de liberarse de su estigma premoderno.

P.- ¿Y los nacionalistas?
R.- A mi entender están teniendo un papel irresponsable, obstinados en seguir haciendo de España el mejor negocio en común.

P.- ¿Cree que todo el tema del ‘Estatut’ estaba pactado de antemano por Zapatero y Maragall?
R.- No creo en absoluto en esta posibilidad. Pero me hace mucha gracia pensar en visitas secretas entre los dos. No, no creo que hayan pactado.

P.- ¿Qué le parece el ‘personaje’ Carod Rovira?
R.- La verdad es que le oigo muy poco. Me parece un hombre muy primitivo. Es un hombre que desea volver a la Edad de Piedra. Todo lo que dice es una barbaridad, pero por lo menos es una barbaridad clara. Se le entiende.

P.- ¿Qué política necesita Cataluña?
R.- Desde mi punto de vista, Cataluña necesita una política que acabe con los nacionalismos como apriorismo para hacer política. Se puede imaginar una Cataluña sin nacionalismos.

P.- La plataforma política ‘Ciutadans per Catalunya’, de la que es miembro fundador, anuncia nuevas movilizaciones. ¿Cuál es su filosofía?
R.- Nosotros somos quince ciudadanos que nos comprometimos a tres cosas: la primera era hacer un diagnóstico de la sociedad catalana porque creíamos que estaba marcada por una anomalía, ya que nosotros no nos sentimos representados en el Parlamento. Después queríamos hacer un llamamiento a la sociedad catalana para que examinara su situación. Por eso, necesitábamos un nuevo partido político que corrigiera este desequilibrio. Y la tercera de las premisas era organizar un debate para enmendar esta situación y ver si es necesario este partido político.

P.- Acaba de publicar un nuevo volumen de ‘Diarios’, que recoge los escritos aparecidos en su blog personal durante todo el año 2004 y que supone una nueva forma de concebir la escritura...
R.- Se trata de una aventura intelectual intensa. La obra que más me ha marcado. Todo es valorado al instante. Escribir en Internet es muy distinto a hacerlo en otros medios y todos los que nos dedicamos a esto deberíamos tenerlo en cuenta.

P.- ¿Cómo tiene que ser la conciencia de un periodista?
R.- El periodista es la única garantía de libertad que tenemos. Por lo tanto, este profesional tiene una gran capacidad para engañar, para manipular... pero, al final, así y con todo, es la única garantía solvente que nos queda.

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