AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 13 Octubre 2005
Alarmante recorte de libertades en Cataluña
Cartas al Director 13 Octubre 2005

El lógico e histórico abucheo a ZP
EDITORIAL Libertad Digital  13 Octubre 2005

Los proyectos de ETA y Zapatero
JAIME MAYOR OREJA  ABC 13 Octubre 2005

El chivo expiatorio
EDUARDO SAN MARTÍN  ABC 13 Octubre 2005

La patena y el abucheo
Editorial ABC 13 Octubre 2005

Abucheo al presidente
Pablo Sebastián Estrella Digital13 Octubre 2005

No le sientan bien los desfiles
José Javaloyes Estrella Digital13 Octubre 2005

Mucha calma
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 13 Octubre 2005

Los deberes sobre las lenguas
TOMÀS DELCLÓS - Barcelona El País  13 Octubre 2005

¿Campaña contra el Estatut?
FRANCESC DE CARRERAS  La Vanguardia  13 Octubre 2005

 

Alarmante recorte de libertades en Cataluña
Miguel Martínez García. Sevilla. Cartas al Director 13 Octubre 2005

El tripartito que gobierna Cataluña da una nueva vuelta de tuerca en sus recortes a las libertades. Tal y como se puede leer en la circular remitida a los colegios e institutos de Tarragona, el departamento de Enseñanza de la Generalidad catalana obliga a los profesores a hablar en catalán a sus alumnos, a los demás profesores y, además, a declarar en las fichas de sus horarios personales la lengua en que hablan.

Por si fuera poco policial y coactivo, la misma circular exige a los directores que se nieguen a ratificar los horarios de los profesores que no se ajusten al modelo lingüístico catalán, es decir, a los que no hablen catalán en sus clases. Para que nadie se llame a engaño, además establece cuáles son las clases en las que se puede hablar en español o cualquier otra lengua que no sea el catalán: cuando dicha lengua sea el objeto específico de enseñanza. Asimismo obliga a que las unidades de integración de inmigrantes utilicen el catalán y no el español, lo que limita sus posibilidades reales de encontrar trabajo en España.

La justificación de tal coacción es que el catalán es una lengua oprimida como si las lenguas fuesen entidades con existencia propia y con capacidad para tener derechos. El victimismo catalanista justifica el atropello de los derechos individuales de los ciudadanos que viven en Cataluña. El comunicado termina alertando contra el escaso uso que los profesores hacen del catalán en los centros, especialmente en los de enseñanzas medias, por lo que es previsible que la «caza de brujas» arrecie en dichos centros.

El lógico e histórico abucheo a ZP
EDITORIAL Libertad Digital  13 Octubre 2005

Por primera vez en la Historia, un presidente del Gobierno ha sido abucheado el día de la Fiesta Nacional. Aunque en los corros con los periodistas, Zapatero lo haya considerado "absolutamente normal", la clamorosa pitada que ha sufrido el jefe del Ejecutivo es algo que no tiene antecedente, ni en España, ni en ningún otro país de nuestro entorno. Por mucho malestar ciudadano que provoque un Gobierno, no es, en principio, ni normal ni lógico que, en un día destinado a celebrar nuestra historia y nuestra convivencia en común y a conmemorar lo que a los españoles nos une por encima de lo que nos separa, la persona que, después del Rey, ostenta la máxima representatividad de la nación española, sea tan clamorosamente abucheado como lo ha sido Zapatero este 12 de Octubre, Día de la Hispanidad.

Claro que, tampoco tiene precedente en nuestra Historia, ni en la de ningún otro país de nuestro entorno, que un presidente establezca sus alianzas de Gobierno con formaciones separatistas, que, como ERC, consideran que España no es su nación y su bandera, "la bandera del enemigo". Ningún otro presidente español anterior, ni el de ningún otro país democrático del mundo, ha llegado a dudar, tal y como ha hecho públicamente ZP con tal de satisfacer a sus socios separatistas, de si el país que gobierna es o no una nación. Ningún presidente español, ni ningún otro en el extranjero, ha tenido como socio de Gobierno a quien, como Carod Rovira, acordó previamente su estrategia política con una organización terrorista para colaborar juntos en la tarea de "desestabilización del Estado español".

Por triste que sea, ¿cómo no se va abuchear el Día de la Fiesta Nacional a quien, como Zapatero, es el máximo responsable de que una comunidad autonómica haya sacado adelante un estatuto que pulveriza la Constitución y la nación española en la que nuestra Carta Magna se sustenta?

Si los responsables de la organización han querido estérilmente silenciar los abucheos del público elevando el volumen de la música ambiental, Zapatero desea hacer lo mismo con sus engaños. Así, ZP no ha tenido empacho en decir que hay “una mayoría de catalanes que sienten Cataluña como nación y una mayoría de españoles que siente que la única nación es España” y que la solución pasa por "encontrar una fórmula compatible con todos".

Al margen de equiparar una verdad con una falsedad, que, como la "nación catalana", no tiene amparo ni en nuestra Historia ni en nuestro marco constitucional, Zapatero se permite mentir descaradamente a cerca de lo que "siente" la "mayoría de los catalanes". Si por los sondeos sabemos que una mayoría de españoles rechaza para Cataluña el concepto de "nación", también por los sondeos sabemos que ese mismo rechazo sigue siendo, todavía, mayoritario entre los ciudadanos catalanes. Y eso que las elites políticas y mediáticas de Cataluña llevan treinta años tratando de inculcar ese sentimiento que, de forma tan frontal, choca, tanto con la verdad histórica de Cataluña, como contra todo eso que, ayer 12 de Octubre, se supone que conmemoramos como Día de nuestra Fiesta Nacional

Por otra parte, ¿qué grado de indigencia intelectual o, mejor dicho, a qué grado de tomadura de pelo quiere llegar ZP presentando como compatible algo tan mutuamente excluyente como que Cataluña sea una nación, siéndolo al mismo tiempo España?

En cualquier caso, este miércoles no se celebraba ni el día de la "Alianza de las civilizaciones ibéricas", ni el día de los "Pueblos del Estado Español", ni ninguna otra "fórmula" con la que ZP pretenda idiotizar a los ciudadanos. Celebramos el día de la Fiesta Nacional de España. Si este presidente ha recibido unos abucheos; en otro país habría tenido que dimitir.

Los proyectos de ETA y Zapatero
POR JAIME MAYOR OREJA VICEPRESIDENTE DEL GRUPO POPULAR EUROPEO ABC 13 Octubre 2005

... Esta letal e irresponsable segunda transición, que consiste básicamente en sustituir la reforma por la ruptura, es la solución opuesta al consenso reformista de 1976 y exige la legalización de ETA y su legitimación parcial...

CUANDO parecía que el borrador del nuevo Estatuto catalán iba a descarrilar gracias a las divisiones entre los partidos nacionalistas, surgió el presidente del Gobierno de España, terció en la polémica, respaldó sustancialmente las reivindicaciones nacionalistas y confirmó el carácter y la gravedad del proyecto político en que ha embarcado a todos los españoles de una manera absolutamente irresponsable.

Todo lo que está sucediendo en España en torno a los fenómenos nacionalistas, en el País Vasco, Galicia y Cataluña, tiene un hilo conductor, es producto de una estrategia, de un planteamiento previo, no es una improvisación, forma parte de un todo.

Constituye, en mi opinión, un craso error de análisis segmentar y aislar los acontecimientos que estamos viviendo; las coincidencias no son casuales; antes al contrario, existe una profunda relación de causalidad entre acontecimientos políticos, como lo ocurrido con el proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña, el cambio radical que el presidente ha introducido en la lucha contra el terrorismo o la proliferación de pactos de los socialistas con los nacionalistas como norma política de actuación sin reparar en el precio de los citados pactos. El Estatuto de Cataluña constituye un jalón muy importante, pero se inscribe en una estrategia de conjunto y tiene, por tanto, en mi opinión, un marcado carácter instrumental. Así hay que analizarlo. Es la segunda transición.

Esta letal e irresponsable segunda transición, que consiste básicamente en sustituir la reforma por la ruptura, es la solución opuesta al consenso reformista de 1976 y exige la legalización de ETA y su legitimación parcial sobre la base de la coincidencia en un proyecto de ruptura constitucional.

El papel político de ETA en este diseño, su protagonismo y peso políticos, marcaría la diferencia entre la primera y esta segunda transición.

De la misma forma que la primera transición democrática tuvo en la legalización del Partido Comunista su símbolo más emblemático, la segunda transición -la ruptura que no pudo triunfar en 1978- tiene en esta mezcla de legalización y legitimación parcial de ETA su símbolo más relevante.

ETA ha estado siempre presente en este proceso, en esta ofensiva nacionalista, con dos impulsos decisivos: el del pacto de Estella y el del acuerdo de Perpiñán. En virtud del primero el PNV se rindió a las tesis de ETA y aceptó el proyecto de ruptura de España, y en virtud del segundo ERC se sumó a este esfuerzo de fractura coordinado o impulsado por ETA.

Tras los acontecimientos de Ermua de julio de 1997 y tras la negativa de negociación del Gobierno anterior, ETA decidió que solos no podían alcanzar sus objetivos, y forzaron el Pacto de Estella, incorporando al PNV a su proyecto de ruptura. Pero el Pacto de Estella fue derrotado en las urnas vascas en 1998 y 1999, y ETA decidió entonces que el territorio y las fuerzas nacionalistas vascas habían devenido también insuficientes e ineficientes para un proyecto, como el suyo, de la envergadura de la ruptura de España.

Y así llegó Perpiñán, la expresión catalana de Estella, y posteriormente la tregua para Cataluña, y por fin el proyecto de Estatuto, que ha sido el gran éxito de los firmantes de Perpiñán.

En definitiva, hasta la fecha el resultado de la ofensiva ha sido, por un lado, en su dimensión vasca, el plan Ibarretxe, que está en hibernación, y por otro lado, en su dimensión catalana, el nuevo Estatuto, que por el contrario está en la primera línea de actualidad.

No estamos ante especulaciones o conjeturas apocalípticas, como insisten en señalar algunos dirigentes socialistas cuando relacionamos Estella con Perpiñán. La verdad es que los socialistas que ahora respaldan la operación de Zapatero repiten prácticamente lo mismo que ya decían los nacionalistas vascos de los constitucionalistas tras el pacto de Estella.

Pero revisemos las acciones que ha impulsado el presidente Rodríguez Zapatero, que es el primer gran protagonista de este proyecto: la inacción del Gobierno ante la presentación en las elecciones vascas del Partido Comunista de las Tierras Vascas; la aprobación por parte del Congreso de una moción instando al Gobierno a negociar con ETA; el silencio y la parálisis de un Gobierno ante la multiplicación de actos organizados por Batasuna en los últimos meses pese a su carácter ilegal; la aprobación de los Presupuestos Generales precisamente con el apoyo de los firmantes de Estella y Perpiñán; la crisis provocada de los movimientos constitucionalistas; el intento de aislamiento de la asociación de víctimas del terrorismo. Y, como broche de oro de esta primera fase, la aprobación en el Parlamento Catalán del Estatuto (muy similar en sus contenidos al plan Ibarretxe), con un papel protagonista del presidente del Gobierno de España.

Repasemos las actuaciones de ETA, el otro gran protagonista del proyecto de ruptura: la tregua trampa tras el acuerdo de Estella; la tregua en Cataluña tras el acuerdo de Perpiñán; el anuncio de la tregua parcial (por afectar sólo a representantes políticos) de ETA justo el día de reflexión de las elecciones gallegas, valorando, en un comunicado posterior, la estrategia de Gobierno que culminaría horas después en un acuerdo entre socialistas y el bloque.

ETA mantiene y recuerda su presencia, de tiempo en tiempo, pero evita el crimen, porque la actual situación política, y especialmente el impulso de Rodríguez Zapatero, le ha devuelto la esperanza de poder alcanzar sus objetivos políticos de siempre.

Lo diré con claridad: hay dos protagonistas principales de este proyecto global, ETA y el presidente del Gobierno. Y uno y otro se necesitan en este momento mutuamente. Los demás desempeñan un papel instrumental.

Rodríguez Zapatero necesita a ETA para llevar adelante su proyecto, para que el Estatuto de Cataluña tenga la explicación política que hoy no tiene en la sociedad española. Zapatero necesita que ETA confirme la bondad del Estatuto mediante una tregua que, a su vez, legitime al presidente para abrir esa segunda transición.

ETA necesita a un presidente como Rodríguez Zapatero, para alcanzar sus objetivos, el primero de ellos su legalización y vuelta a todos los ayuntamientos vascos en 2007.

El juego es macabro y sencillo al mismo tiempo: Rodríguez Zapatero cambia la estructura de España, rompe la Constitución, y ETA y el Gobierno abren un mal llamado proceso de paz.

En apariencia no hay una relación política entre ambos, pero cuando se cambia el Estatuto de Cataluña se anuncia simultáneamente el nuevo Estatuto vasco, y se está pensando esencialmente en la satisfacción y conformidad de ETA.

Una vez consumado el disparatado texto del Estatuto de Cataluña, lo que sin duda pretende Rodríguez Zapatero es que el Partido Popular participe, de un modo u otro, en la discusión del articulado del texto en las Cortes Generales. Todo lo contrario de lo que debemos hacer.

La urgencia ahora, para Zapatero, es implicar al Partido Popular en el desaguisado, y por ello el Partido Socialista utiliza las voces que reclaman un consenso entre los dos grandes partidos nacionales para acordar un texto en el Congreso.

Esas voces, que no se oyeron cuando el tripartito catalán aceptó la cláusula por la que se imposibilitaba el acuerdo político con el Partido Popular, o cuando Pasqual Maragall decidió pactar con ERC, pese al profundo significado del acuerdo de Perpiñán; esas voces socialistas que hoy se alzan, cuya intencionalidad no voy a enjuiciar, en la práctica benefician y favorecen la estrategia de Rodríguez Zapatero: le dan cobertura.

Pactemos con el Partido Popular, muchos, bastantes o pocos artículos del texto, y mantengamos lo nuclear del instrumento del Estatuto catalán para mantener vivo el proyecto global, que tiene como objetivo final la legalización de ETA y como objetivos intermedios la ruptura constitucional con la configuración de tres nuevas naciones: País Vasco, Cataluña y Galicia.

Lo lógico es que el siguiente movimiento político de este terrible plan provenga de ETA, que va a decidir el momento más adecuado, entre la fecha de hoy y el final de la tramitación del Estatuto de Cataluña, que hoy tanto aprecia y valora la organización terrorista, para marcar su posición y respaldar la estrategia de Rodríguez Zapatero. Escogerá el peor momento para la defensa de la Constitución Española, el peor escenario para que podamos alzar la voz quienes consideremos un disparate histórico esta iniciativa, propia de un aprendiz de brujo e impropia de un presidente de Gobierno, del país que fuera.

Lo lógico es que ETA repita la misma cadencia que en Estella, esto es, una tregua, una falsa expectativa de paz que actúe como preámbulo de unas elecciones. ETA buscará dar cobertura al proceso, que Rodríguez Zapatero intentará legitimar presentándose a unas elecciones con la baza engañosa de la tregua.

La estrategia de anestesiar a la sociedad respecto al disparatado proyecto de Rodríguez Zapatero constituye el aliado principal del Gobierno y de la ruptura. Frente a ello sólo queda la voz, queda la razón política, la razón histórica y la razón moral, queda tomar la palabra, abrir los ojos a la realidad y llevar a cabo la movilización más democrática y del mayor número de los españoles que se haya realizado en España desde aquella primera transición que ahora quieren derribar. Todos tenemos algo que decir, algo que hacer, algo que aportar. Que cada cual asuma su propia cuota-parte de responsabilidad.

El chivo expiatorio
Por EDUARDO SAN MARTÍN  ABC 13 Octubre 2005

HAY una fecha clave en el calendario político reciente que deberían recordar quienes, en estas horas posteriores al gran desaguisado, comienzan a preparar la máquina de echar balones fuera, más conocida por el nombre familiar de «la culpa de todo la tiene el PP». Cuando aún no se han disipado los ecos de la visible consternación que el pretencioso texto alumbrado por el Parlamento catalán ha suscitado en cualificados representantes de la izquierda política, en medios empresariales y sindicatos, así con en mayorías cualificadas de ciudadanos encuestados, hay sedicentes analistas que, desde la esfera mediática catalana, señalan ya al PP como responsable último de lo que el trámite parlamentario en el Congreso pueda deparar a la criatura.

«Pudiendo haber elegido entre la serenidad y la crispación, los populares se han decidido por esto último», sentencian. Pero, si reprochan al PP la crispación, ¿a quién atribuyen la serenidad? ¿Constituye un ejercicio de serenidad política alumbrar un documento clarísimamente inconstitucional, a sabiendas de que lo es, para pasarle a los diputados de la carrera de san Jerónimo, a «los españoles», la patata caliente de enderezar lo que ellos no han sido capaces de negociar adecuadamente? Tampoco parece una manifestación de esa tan reclamada serenidad colocar a las Cortes ante un dilema envenenado: darle al Estatut la vuelta como un calcetín, frente al voto del 90 por ciento del Parlament, provocando así un conflicto de legitimidades completamente innecesario; o, por evitarlo, transigir con lo fundamental de un proyecto cuya aprobación marcaría el comienzo de una almoneda autonómica que haría inviable el propio Estado.

El 14 de enero, después de una reunión en Moncloa del presidente del Gobierno con el jefe de la oposición, tanto Mariano Rajoy como la vicepresidenta Fernández de la Vega anunciaron la constitución de una comisión de los dos grandes partidos nacionales para tratar conjunta y lealmente los asuntos territoriales. Eran los malos tiempos de la aprobación en Vitoria del plan Ibarretxe, y Zapatero necesitaba aire. Pero el acuerdo, recibido con alivio por el moderantismo español, ese que según los expertos decide las elecciones, duró lo que ERC tardó en recordar al PSOE los términos de sus acuerdos en Cataluña: al PP, ni agua. Y entre pactar asuntos de estado de esa naturaleza con la otra mitad de España o con quienes se niegan a pronunciar siquiera su nombre en público, Zapatero optó por lo segundo. ¿Tiene la culpa el PP de esa pésima elección? No importa. Los oráculos del pensamiento dominante ya han dictado sentencia: un partido que representa apenas el 8 por ciento del Parlament, que ejerce de minoría apestada en el Congreso y que ha sido sistemáticamente proscrito habrá sido el culpable de que, llegado el caso, ninguna de las dos cámaras haya sido capaz de aprobar un estatuto presentable. Ejemplar.

La patena y el abucheo
Editorial ABC 13 Octubre 2005

MAL harían Rodríguez Zapatero y sus ministros en trivializar el abucheo con el que fueron recibidos ayer por una parte sustancial de los ciudadanos que se congregaban en torno a la tribuna central del desfile del Día de la Fiesta Nacional. Esas protestas son un síntoma del descontento con que, como también reflejan las encuestas, la ciudadanía responde a la manera en la que el presidente del Gobierno ha afrontado el debate territorial, que ha facilitado la difícil tesitura que atraviesa el modelo de Estado tras la llegada a las Cortes de la reforma del Estatuto catalán. Al parecer, y tras percibir quizás ese descontento social, Zapatero afirma que tiene hasta ocho fórmulas para definir Cataluña y que alguna de ellas «contentará a todos». Si la hubiera sugerido antes habría ahorrado a la sociedad, y a su propio partido, el desconcierto que tan eficazmente él ha contribuido a generar. «El Estatut quedará en el Congreso limpio como una patena». Trabajo extra, porque quizás hagan falta otras ocho fórmulas para financiación, para la organización judicial y para tanto despropósito como contiene un texto que pone contra las cuerdas todo el sistema constitucional.

Abucheo al presidente
Pablo Sebastián Estrella Digital13 Octubre 2005

No había ocurrido antes, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue abucheado ayer en el paseo de la Castellana de Madrid a su llegada y en su despedida al desfile militar de la Fiesta Nacional española. Todo un símbolo de lo que está ocurriendo en España por causa del rompedor proyecto de Estatuto catalán que el propio Zapatero ha apoyado y traído a Madrid, inconsciente de la gravedad del desafío nacionalista y aún empeñado en sacarlo adelante, en vez de rechazarlo en el proceso de la admisión a trámite igual que ocurrió con el Plan Ibarretxe, meses atrás, como lo reclama la inmensa mayoría de la sociedad española e incluso numerosos dirigentes de su propio partido, a los que Zapatero desoye o desprecia.

Cada día que pasa resulta más asombrosa la incapacidad política de este gobernante que no sabe lo que es España ni quiénes son y cómo se comportan los españoles, que carece de sentido común y no ha entendido todavía qué es el presidente de todos los españoles y no sólo de los que apoyan al Gobierno tripartito de Maragall, que ignora la Historia y que ya ha olvidado cómo llegó al palacio de la Moncloa, tras una carambola de suerte a dos bandas, en el Congreso del PSOE y tras los atentados en Madrid del 11M.

Y si el presidente exhibe estas carencias o tiene una idea extraña de la España que quiere o que desea construir, sorprende aún más que en su Gobierno y en su partido consientan lo que está pasando, y todos juntos y tan contentos caminen hacia la debacle política, de la que ya se anuncian nubarrones de enfrentamientos sociales y políticos como los ocurridos ayer en Barcelona o en Galicia, donde el alcalde de La Coruña, Paco Vázquez, izó una gran bandera española en respuesta a los disparates de Zapatero.

No sabemos a qué espera la dirección del PSOE y los dirigentes y barones del partido para plantar cara a Zapatero antes de que provoque en España un problema mayor y que a la vez lleve a los socialistas a la ruptura —ya en ciernes en Cataluña— y a la pérdida imparable del poder que empiezan a anunciar las encuestas. El cierre de filas del PSOE —y en sus medios afines de comunicación— es señal de un suicidio político colectivo o preámbulo de una monumental bronca interna, mientras en los pasillos del Congreso de los Diputados se está hablando de una rebelión abierta contra Zapatero que le obligaría a dimitir y a dejar el Gobierno y la dirección del partido en manos de otro dirigente.

Otro como el ministro de Defensa, José Bono, que está jugando a eso, por más que en los últimos días se dedique a hacer grandes elogios sobre la capacidad política y a la vez constitucional de Zapatero para solucionar el problema, como si fuera necesario decir en estos momentos que Zapatero es capaz, cosa que no cree mucha gente, ni siquiera en el PSOE.

Hasta dónde piensa llegar el presidente con el Estatuto? Si no corta en seco la sangría política y se empeña en buscar soluciones que no existen, Zapatero acelerará su final y no concluirá la legislatura, por muchos apoyos que reciba de Saura, Carod y Maragall, coautores con el presidente del vigente desvarío estatutario. De manera que, o esto se corta en seco diciendo que no a la admisión a trámite del nuevo Estatuto catalán, o la crisis nacional y la crispación social están cantadas y precederán la bronca interna del PSOE antes del hoy previsible breve mandato del presidente del Gobierno.

Dice Zapatero, sin rubor, que tiene ocho fórmulas distintas para solucionar la cuestión de la nación catalana dentro del Estatuto y de la Constitución. ¿Y por qué no las dice? Resulta grotesco e infantil lo de las ocho fórmulas cuando sólo hay una: no cabe en un texto estatutario más nación que la española. Y añade el presidente que lo que dice el presidente extremeño sobre lo que se puede hacer en este caso es “relativo”; pues bien, relativo empieza a ser su mandato y su ya deteriorado prestigio. Los abucheos de ayer sólo son un síntoma, un primer aviso de una catástrofe política anunciada que por el momento el sonriente presidente ni siquiera ve.

No le sientan bien los desfiles
José Javaloyes Estrella Digital13 Octubre 2005

No le sientan bien a Rodríguez los desfiles militares. Tiene al del Pilar, Fiesta Nacional y Día de las Fuerzas Armadas, atascado en la garganta como una bola de carne sin masticar. Le ocurrió siendo aún jefe de la oposición y se quedó, prieto de nalgas, pegado al asiento cuando pasaba la bandera norteamericana, poniendo así la primera piedra para la deconstrucción de las relaciones con Estados Unidos. Y le ha ocurrido ayer, al acogérsele con pitos a su llegada a la tribuna en el Paseo de la Castellana. Ni una golondrina hace verano ni una pitada derriba un Gobierno, pero pueden ayudar, vehementemente incluso, a que una cosa se haga y la otra sobrevenga.

Una de las liturgias mayores para afirmar la unidad nacional, esa de ayer con el desfile de los Ejércitos, por ejemplo, aporta el marco público y expreso para que se manifieste el estado de inquietud y malestar establecido por las iniciativas, las audacias y las omisiones de este presidente surgido de la nada, a través de las urnas, por la taumaturgia oscura del 11M.

La acelerada evolución de la impaciencia colectiva —en la que participan los más relevantes notables de su propio partido— parece directamente proporcional al espesor del secretismo en que se pretende cocer el cambio, junto al peso de los regates y los embustes y al ancho de las contradicciones en que se encuentra sumida esta Moncloa. A la tensión acumulada no la rebaja un gramo la miniaturización de lo militar, como poder fáctico o como referencia constitucional a los instrumentos de garantía y defensa de la integridad territorial y de la unidad nacional. Ahí estaba ayer el titular de la correspondiente cartera no sabiendo qué hacer ni qué decir en el trance ritual de las voces, los vítores y las arengas.

Entre los acuerdos socialistas de Santillana y las promesas presidenciales sobre la integridad literal y final del proyecto de Estatuto para Cataluña que se aprobara en Barcelona se ha levantado como un arco de íntima disociación socialista, del que saltan continuas chispas y esporádicos fogonazos verbales. El atasco político es tan manifiesto como explosivo. El cambio de régimen al que se apunta a largo plazo con Rodríguez y el tripartito pudiera quedarse en un cambio de Gobierno a corto plazo. Piqué ha puesto el dedo en la llaga: quieren —Rodríguez a la cabeza— cambiar la legitimidad constitucional del 78 por una transición al revés, retroactiva al 39, que desemboque en la inversión del resultado de la Guerra Civil. Sería cosa de locos y enorme riesgo nacional.

A propósito de su Estatuto, Maragall, a la cabeza de los nacionalistas catalanes y no catalanes, identifica diversidad nacional con pluralismo nacionalista; traduce este pluralismo como federalismo (o confederalismo), que lleva abiertamente, con la motorización de ERC, al separatismo. Es la semántica escalera de color por la que se descendería a la desaparición de España como realidad política unitaria, de rango histórico más que multisecular.

Ese planteamiento maragalliano no obsta para que el Honorable acuda a los desfiles y se acerque a la Zarzuela, cosa que no hace el lehendakari Ibarretxe (en cuanto al desfile de ayer) para agotar, según dice, la “coherencia”. No vino ayer, en la Fiesta Nacional española, mientras seguramente se dedicaba con los suyos a celebrar la tajada adicional obtenida con el Cupo. ¡Qué no dará Rodríguez mientras lo pidan desde el otro lado de la raya nacional!

Visto el punto al que han llegado las cosas, nacionalmente comienza a movilizarse la reflexión de que convendría repensar el Estado Autonómico, considerando los términos prácticos en que se ha traducido, y estableciendo la hipótesis de que desde la propia Constitución del 78, o modificándola por referéndum si fuera menester, se suspendieran o anularan determinadas transferencias, especialmente las referidas a la Enseñanza.

Es esta materia desde la que se ha vaciado, en las sabidas Autonomías, el sentimiento colectivo y la visión real de la patria española. Más de una centuria de ininterrumpida y meritísima labor de los maestros nacionales se ha perdido desgraciadamente, como botín para el nacionalismo, en el cuarto de siglo que ocupa el tiempo de la Transición. Se ha perdido como si los progresos en libertad deban traducirse en pérdida de identidad nacional.

Cada vez es más acendrado el sentimiento colectivo de que no cabe gobernar, desde el equívoco sistemático, en complicidad contra la Historia verdadera y el sentir de las mayorías nacionales.

Benach
Mucha calma
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 13 Octubre 2005

Entre su camisa granate y sus melifluas llamadas a la serenidad, he confundido a Benach con un hipnotizador televisivo. Me parece que todos estaríamos más serenos si, para empezar, él no se hubiera estrenado en la presidencia del Parlamento de Cataluña advirtiendo del nacimiento de un proceso que no tenía vuelta atrás, si un alto cargo de su partido no se hubiera referido a la rojigualda como “la bandera del enemigo”, si Bargalló no les hubiera recordado a los Ciudadanos por Cataluña el Manifiesto de los 2.300 y si otro conmilitón suyo, el conseller Huguet, no hubiera amenazado con una guerra civil entre comillas. Pero de acuerdo, calma y serenidad.

Sumido ya en una tranquilidad absoluta (tanta que me voy a tener que echar una cabezadilla en cuanto acabe esta columna; no hay que menospreciar el valor soporífero que tiene el asunto estatutario) habrá que recordar que el toro que vamos a lidiar entre bostezos lo han servido las ganaderías Zapatero. Si los independentistas no vieran sus intereses perfectamente representados por el peor jefe de gobierno de la historia de España, en dura lid con Casares Quiroga, ¿a cuento de qué iba a lamentar esa gente que se abuchee a un presidente español durante la fiesta nacional española desluciendo un desfile del Ejército español?

Se ha puesto de moda repetir que los contrarios al estatuto están muy nerviosos. Es, sin ir más lejos, el leit motif de los medios de comunicación catalanes. Algunos aprovechan para relacionar la supuesta agitación con negras amenazas. Pero no hay que engañarse, los expuestos a la irracionalidad ajena son básicamente los discrepantes locales. No sé si esta prensa tan assenyada se da cuenta de lo que está haciendo. Ahora que el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona presenta una muestra de Günter Brus, podrían aprovechar para conocer algunas de las más sonadas “acciones” artísticas del vienés. Algunos quizá se identifiquen con él. Este creador se dio a conocer revolcándose en sus propios excrementos y masturbándose en público mientras cantaba el himno de Austria. Tan gallarda actitud le costó un proceso judicial y una condena. No sé por qué; aquí el onanismo patriótico resulta de lo más habitual. Y lo otro también.

LA REFORMA DEL ESTATUTO CATALÁN El articulado del proyecto de ley (2)
Los deberes sobre las lenguas
Las consecuencias de la obligación de conocer el catalán y el castellano suscitan polémica
TOMÀS DELCLÓS - Barcelona El País  13 Octubre 2005

El derecho y el deber de conocer las dos lenguas oficiales y sus consecuencias son la clave de bóveda del trato a las lenguas en la reforma del Estatuto catalán. La propuesta es prolija y detallista. A partir del concepto del catalán como lengua propia, el proyecto da preeminencia a su uso en las Administraciones públicas catalanas. Al tiempo, introduce más garantías para el empleo del castellano ante todas las Administraciones. Pero las Administraciones catalanas y sus empresas concesionarias "deben utilizar el catalán en sus actuaciones internas" y en las comunicaciones con residentes en Cataluña, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a recibirlas en castellano "si lo piden". PSC y PP postularon un redactado distinto -los ciudadanos tienen derecho a usar la lengua que elijan- para evitar que sólo el castellanohablante deba pedirlo en estos casos. No prosperó.

El capítulo de la lengua fue uno de los más pacíficos en su paso por el Consejo Consultivo de la Generalitat, que sí puso un severo reproche de inconstitucionalidad al artículo que exigía a jueces y magistrados "acreditar un conocimiento adecuado y suficiente del catalán". El Consultivo alertaba de que jueces y magistrados constituyen un cuerpo único en todo el Estado y que los temas referentes a su movilidad corresponden a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). El redactado final mantiene el requisito pero remite su perfil definitivo a "la forma y con el alcance que la ley determine". Es decir, este punto estatutario no entrará en vigor si no se modifica la LOPJ. En 2004, el Parlamento catalán envió a las Cortes un proyecto de reforma de esta ley más moderado. El texto proponía que cuando se tratara de un traslado forzoso, el conocimiento de la lengua cooficial fuera un mérito, y sólo se exigía como requisito en las peticiones de traslado voluntario. En la Administración de Justicia, el uso del catalán resulta dificultoso. Apenas el 21% de las sentencias de 2004 fueron redactadas en esa lengua.

La definición del catalán como "lengua propia" ya figura en el Estatuto vigente. En el preámbulo de la reforma se define el catalán "como lengua propia y común de toda la ciudadanía con independencia de su lengua de origen y de uso habitual". Se trata de una apelación histórica sobre la que se fundamenta, en el artículo 6, la preeminencia institucional que la reforma otorga al catalán ("el catalán es la lengua de uso normal y preferente de todas las Administraciones públicas"). La misma frase del preámbulo, sin embargo, reconoce una realidad lingüística más compleja.

Lídia Santos, ponente socialista en la redacción de la reforma, considera que hay algunas "malas técnicas" redaccionales en el texto, producto de haber reforzado tanto la protección del catalán como la no discriminación por motivos de lengua. Según una encuesta de la Generalitat de 2003, el 50,1% considera el catalán como lengua propia; el 48,8%, el castellano, y hay un resto que contempla ambas como lenguas propias. Según las estadísticas, la mayoría entiende el catalán y lo sabe hablar -entre los jóvenes, más del 90%-, aunque su uso social es menor. La reforma da al aranés, la lengua occitana hablada en la Vall d'Arán, carácter de propia en su territorio.

Para el ponente del PP, Francesc Vendrell, el Estatuto "confunde territorio y ciudadanos. Es lógico y justo que se potencie el catalán, pero se ha de tener presente una realidad que no es la que dibuja el Estatuto, una realidad de convivencia sin conflictos. Con todo, la reforma refuerza la protección de los derechos de los castellanohablantes ante las Administraciones al garantizar la opción lingüística".

En el artículo 6.2 se establece que "todas las personas en Cataluña" tienen el derecho y el deber de conocer las dos lenguas oficiales. La Constitución establece la obligación de conocer el castellano y el derecho de conocer la otra lengua oficial de la comunidad donde la haya. El proyecto de Estatuto introduce el deber de conocer el catalán. No es descartable que el Congreso debata una corrección sobre el sujeto de este deber -"todas las personas en Cataluña"- para sustituirlo por "los ciudadanos de Cataluña" para que este deber recaiga sobre los residentes y no sobre los transeúntes. El PP propuso acotar este deber a las personas que hubieran finalizado la enseñanza obligatoria en Cataluña. El Instituto de Estudios Autonómicos consideró en su último informe, durante la tramitación de la reforma, que no era preciso establecer excepciones, como tampoco lo hace la Constitución con el castellano, porque cuando "el desconocimiento pueda comportar lesión de un derecho (...), este deber cede". En un primer informe, afirmaba que este deber es "una consecuencia natural" del carácter cooficial del catalán.

En el terreno de la educación, el nuevo texto aporta pocas novedades y consagra las leyes ya existentes. La trasposición de la vigente ley del catalán al Estatuto es, a juicio de Vendrell, un error porque un Estatuto ha de diseñar un marco y no aplicar una ley sectorial. La lengua vehicular en la enseñanza no universitaria es el catalán mientras que en la universidad, alumnos y profesores tienen derecho a escoger entre las dos oficiales. Con todo, en 2004, un 40% de las clases en las escuelas catalanas se impartían en castellano.

El artículo 33 establece el derecho de opción lingüística de los ciudadanos ante la Administración ("todas las personas tienen derecho a utilizar la lengua oficial que elijan"). Para poder ejercerla, las Administraciones -también la central- y los aparatos judiciales y notariales deben estar en condiciones de garantizarla. El texto estatutario ampliaba esta disponibilidad lingüística a los "órganos constitucionales y jurisdiccionales de ámbito estatal". El Consultivo forzó a que no dependa de que se consagre en el Estatuto, sino de que lo haga una ley del Estado.

Para garantizar el derecho de opción lingüística, la Administración del Estado en Cataluña debe acreditar que su personal tiene un "nivel de conocimiento adecuado" de las dos lenguas. Aunque en ocasiones un Ayuntamiento ha exigido a un barrendero el nivel C de catalán, este punto no fue motivo de gran debate en la ponencia al considerar que el nivel de conocimiento "adecuado" es administrable discrecionalmente sin litigios.

Hay que atender al cliente en su idioma

En el ámbito del consumo, el artículo 34 establece que "todas las personas tienen derecho a ser atendidas oralmente y por escrito en la lengua oficial que elijan". Las empresas abiertas al público en Cataluña quedan sujetas al deber de "disponibilidad lingüística en los términos establecidos por ley". El alcance del concepto "ser atendidas" fue objeto de polémica en la reforma de la ley del catalán de 1997. Según Lídia Santos, la obligación de atender en el idioma que escoja el cliente supone entenderlo, pero no obliga a responder en el mismo idioma. El PP da la misma interpretación aunque subraya que algunos pueden hacer una lectura más radical.

El proyecto insta a promover el etiquetado en catalán de los productos distribuidos en su territorio. En los debates preliminares se barajaron fórmulas más imperativas. CiU intervino para evitar un daño competitivo para las empresas radicadas en Cataluña, que eran las obligadas al etiquetaje en catalán. La ley del catalán ya prevé que un reglamento ha de regular el etiquetado pero nunca se ha redactado.

¿Campaña contra el Estatut?
HAGAN POR FAVOR un esfuerzo en aceptar ser criticados sin ver en el crítico a un instrumento de una campaña anticatalana
FRANCESC DE CARRERAS  La Vanguardia  13 Octubre 2005

Aprobado el nuevo Estatut en su primera fase parlamentaria, los medios de comunicación catalanes rebosan de opiniones en las que se sostiene que en España se ha iniciado una campaña en su contra, y se añade en general que se trata, en definitiva, de una nueva campaña contra Catalunya, una más de una tradición secular. ¿Es esto así?

Obviamente, no se trata de lo segundo. Sólo desde prejuicios ideológicos bien conocidos que intentan siempre confundir gobiernos y partidos, incluso personas, con países enteros, puede mantenerse que la campaña es contra Catalunya. Como sabemos, esta fácil manera de descalificar las críticas y reforzar posiciones propias ha sido utilizada con mucha frecuencia en el pasado.

Cuando a principios de los años sesenta el cardenal Montini, entonces arzobispo de Milán y más tarde Papa Pablo VI, intercedió ante Franco para que indultara a presos políticos españoles condenados a muerte, la prensa española del momento invocó el fantasma de una campaña antiespañola instigada por los comunistas, a los cuales obedecía ciegamente, por lo visto, el futuro Papa. Ello se repitió con frecuencia en los años siguientes: recuerden el contubernio de Munich en 1962, la expulsión de Aranguren y Tierno Galván de la universidad española en 1965, el juicio de Burgos en 1970.

En democracia, también ha habido pretendidas campañas de este tipo que se manipularon siempre a favor de quienes se las inventaban. La más sonada fue la de Banca Catalana, a raíz de las acciones que ejercitó la fiscalía para procesar a diversos responsables de esta entidad financiera, entre los que figuraba el entonces president Jordi Pujol. En uno de los momentos más tristes de la democracia en este país, Pujol convirtió su problema personal en un ataque contra Catalunya y así lo proclamó, entre aclamaciones enfervorizadas, desde el balcón de la Generalitat tras ser investido presidente en 1984. Por tanto, inventarse campañas en contra de un país suele ser siempre una manera, sin duda eficaz, pero democráticamente ilegítima, de actuación política, a menos que se pruebe, naturalmente, que tales campañas existen.

En las circunstancias actuales, sin embargo, tampoco creo en una campaña contra el nuevo Estatut. Porque, vamos a ver, ¿qué es una cam-paña? Tras consultar algunos diccionarios llego a la conclusión de que una campaña, en el contexto desde el cual hablamos, es un conjunto de actividades debidamente coordinadas para alcanzar un determinado objetivo. ¿Se puede llamar campaña a las críticas que el nuevo Estatut de Catalunya suscita en estos momentos? Sinceramente, no creo que pueda afirmarse tal cosa. Se trata, simplemente, de opiniones críticas coincidentes de carácter individual. Veamos.

Si ojeo La Vanguardia de este martes pasado, puedo leer duras críticas al nuevo Estatut formuladas por personalidades públicas de muy diverso signo, condición, ideología, procedencia geográfica y especialidad profesional. En concreto, en ese día aparecían las opiniones negativas acerca del texto estatutario, expresadas por Jaime Caruana, gobernador del Banco de España; José María Fidalgo, secretario general de Comisiones Obreras; Cándido Méndez, secretario general de UGT, y Maria Eugènia Alegret, presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Se trata, como puede verse, de un plantel cualificado y suficientemente variado. Además, ninguno de ellos se pronunciaba sobre si Catalunya era o no era una nación. Sus opiniones - algunas de ellas formuladas por escrito y, por tanto, presumiblemente meditadas- trataban sobre materias relativas a los cargos que ocupan: unidad de mercado, financiación, política económica, seguridad social, legislación laboral y gobierno de los jueces. Sus declaraciones, por tanto, no se hacían desde la

España eterna, tan invocada estos días por los nacionalistas catalanes, esta España que, según ellos, ni comprende ni comprenderá nunca a Catalunya. No. Eran opiniones sobre materias que, por su especialidad, conocen bien estas destacadas personalidades, sin carga metafísica alguna de por medio.

Pues bien, ¿están todos ellos coordinados con el objetivo de lanzar una campaña de desprestigio del nuevo Estatut y, de paso, contra Catalunya?, ¿están coordinados también algunos ministros del Gobierno Zapatero con Mariano Rajoy y la cúpula del PP? Por último, y definitivo, ¿se han coordinado Juan Luis Cebrián y Pedro J. Ramírez, ambos críticos con el proyecto? Por favor, dejémonos de supuestas campañas. No sigamos cultivando en Catalunya esta eterna manía persecutoria. Dejemos de fabricar falsos mitos anticatalanes: no son únicamente la Cope y Federico Jiménez Losantos quienes discrepan del Estatut, sino otra mucha gente, muy diversa y distante, con razón o no, tanto de Catalunya como de fuera de Catalunya.

Por tanto, señores de la política y de los medios de información catalanes, hagan por favor un esfuerzo en aceptar ser criticados sin despreciar al crítico, sin ver en él a un instrumento de una campaña anticatalana. Incluso, haciendo un esfuerzo, podrían llegar a pensar que, a pesar de ser unos incomprendidos catalanes, quizás alguna cosa se ha hecho mal, quizás se han equivocado.

Discutamos, pues, tranquila y libremente en los próximos meses sobre el nuevo Estatut sin hacer constantemente un previo juicio de intenciones acerca del que lo critica.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

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