AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 16 Octubre 2005
El problema de España
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS ABC 16 Octubre 2005

Ni Estatut ni London
Por ANTONIO BURGOS ABC 16 Octubre 2005

Claqué bajo la tormenta
IGNACIO CAMACHO ABC 16 Octubre 2005

LOS TILOS DEL PARQUE
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC  16 Octubre 2005

Sansueña
JON JUARISTI ABC 16 Octubre 2005

Zapatero no engaña
M. MARTÍN FERRAND ABC 16 Octubre 2005

Maragall y los que saben latín
LUIS IGNACIO PARADA ABC  16 Octubre 2005

La hoja de ruta de Zapatero
PEDRO ARIAS VEIRA La Voz 16 Octubre 2005

Transición, reforma y ruptura
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 16 Octubre 2005

El modelo del Estatuto catalán
JOSÉ M. DE AREILZA CARVAJAL La Voz 16 Octubre 2005

Las ocho fórmulas de la Nación española
PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO La Voz 16 Octubre 2005

La desembocadura de ETA
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ El Correo 16 Octubre 2005

Covite pide al Gobierno que no apoye ninguna negociación política que beneficie a un partido nacionalista
Europa Press Libertad Digital 16 Octubre 2005

La AVT obtiene en Madrid el dinero que no logra del Gobierno
Ismael del Prado La Razón 16 Octubre 2005

Aznar acusa a Zapatero de promover la «división irreversible de España»
ABC 16 Octubre 2005

El problema de España
POR JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS ABC 16 Octubre 2005

... La cuestión que se dilucida es más profunda y concierne a la disposición anímica y a la voluntad colectiva de mantener el impulso nacionalizador que es «inclusivista» frente al nacionalismo como «manía» o «como pretexto para eludir el deber de invención y de grandes empresas» como escribió Ortega...

LA búsqueda de hasta ocho sinónimos del concepto de nación para incrustar uno de ellos en el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, tratando de evitar así un conflicto con el artículo segundo de la Constitución, es uno de los episodios más frustrantes del devenir histórico de nuestra convivencia. En la práctica, la localización de una semántica tramposa para eludir la vigencia de los grandes principios en los que se asienta nuestro proyecto común -y, por ello, nacional- demuestra una grave falta de fe y de convicción en nuestras posibilidades de integración y en nuestra capacidad para, juntos, acometer grandes empresas.

La nación, como escribió primero Renan y luego reformuló Ortega y Gasset, es, sobre todo un «plebiscito diario» que mira al futuro porque, según interpretó el filósofo madrileño, «una nación no está nunca hecha». Podrán aducirse cuantas singularidades históricas, culturales y territoriales se quiera para justificar la existencia de una nación, pero si falta el factor volitivo, el querer estar unidos, la construcción teórica se resiente de forma inevitable.

Vuelvo a Ortega: «la nación se entiende como un excelente programa para mañana» porque «al defender la nación defendemos nuestro mañana, no nuestro ayer». Estas frases, tan lúcidas, están recogidas en el libro más insigne de Ortega, «La rebelión de las masas», publicado ahora hace setenta y cinco años. Cobra el gran pensador español del siglo XX una vigencia rigurosa en nuestro momento histórico justo cuando se cumplen -el próximo martes- los cincuenta años de su fallecimiento. Su obra y su pensamiento, como ha apuntado Francisco José Martín, «nace en un contexto histórico intelectual bien preciso: el del problema de España». Transcurridas tantas décadas, volvemos a situarnos en el epicentro del mismo o muy parecido «problema de España».

Le ocurre a nuestro país como George Steiner piensa le sucede a la propia Europa: que tiene un sentimiento crepuscular y de trágico final permanente, que, acaso, no se cree su propia entidad, su misma existencia y, por ello, entra en crisis de manera cíclica. Estamos ahora en uno de esos momentos en los que la doble proyección nacional -la interna y la externa- entra en quiebra. Desde dentro, porque se han distendido los esfuerzos constantes de cohesión que son los que hacen fuertes a las naciones y eficaces a los Estados; desde fuera, porque España vuelve a no saber dónde y cómo estar en la escena internacional. En realidad, lo segundo es consecuencia del primero de los males.

¿Por qué resurge con toda su virulencia el «problema de España» que tanto conmovió a los intelectuales de la generación del 98? Porque los nuevos gobernantes han orillado el derecho a la continuidad de que son titulares todas las sociedades bien articuladas; probablemente porque, con cierto grado de iluminación, han descubierto no se sabe qué legitimidades preteridas en el pacto constitucional de 1978 y, con toda seguridad, porque desprecian las enseñanzas del pasado. Dice Ortega que el pasado «si se le echa, vuelve, vuelve irremediablemente. Por eso su auténtica separación es no echarlo. Contar con él. Comportarse en vista de él para sortearlo, para evitarlo. En suma, vivir a «la altura de los tiempos» con hiperestésica conciencia de la coyuntura histórica».

Las advertencias de Ortega, pese a sus muchos críticos y detractores, se han convertido de nuevo en auténticas reflexiones para la contemporaneidad española. El pensador español -para algunos sólo un «gran escritor», para otros un pésimo político y extraordinario inventor de metáforas- es el más actual de los de su generación porque diseccionó filosóficamente, sin oportunismos, la naturaleza inhóspita de nuestra habitual forma de convivir, frecuentemente reñida y habitualmente yerma de las referencias intelectuales. Y aquí, en la ausencia de intérpretes de lo que nos sucede, puede estar otra de las graves causas de los males que nos aquejan. Tenemos políticos mediocres e intelectuales sectarios, de vuelo bajo, adjuntos a las pedanías del poder, alineados en editoriales y medios con estrategias que nada tienen que ver con la independencia propia del que discurre desde la competencia académica y empírica. No se dan esos intelectuales que «se oponen y seducen» -de nuevo, Ortega-, ni elites que carguen con «la responsabilidad del conocimiento y la conservación de las ideas y valores más importantes» según términos del ya citado -igualmente lúcido- George Steiner.

La política -en su sentido menos elevado- ha invadido el debate y ha reducido las grandes cuestiones que afectan a la arquitectura constitucional a meras piezas de un ajedrez de tactismos y ensoñaciones irresponsables. No se trata, en consecuencia, de encontrar fórmulas transaccionales en un texto jurídico; ni de probar con historia, lengua o cultura la existencia o no de una entidad nacional. La cuestión que se dilucida es más profunda y concierne a la disposición anímica y a la voluntad colectiva de mantener el impulso nacionalizador que es «inclusivista» frente al nacionalismo como «manía» o «como pretexto que se ofrece para eludir el deber de invención y de grandes empresas», todo ello, siguiendo a un Ortega que en «La rebelión de las masas» y en «España invertebrada» proporciona una auténtica cantera de argumentos para ir enhebrando teorías persuasivas para un debate que supere el bajo vuelo del que se plantea ahora en España.

Es el momento, parece, de convocar a los intelectuales que quieran serlo de verdad a la «plazuela pública» que son los periódicos -de nuevo, Ortega dixit-para rehabilitar el debate del ínfimo nivel que registra éste. Hay intelectuales en España, algunos, pocos, que, sin embargo, entienden su función de manera endogámica creyendo que su concurrencia en los diarios trivializa su misión. Nada menos cierto. Ortega fue, no sólo un filósofo, sino, además y de manera eximia, un periodista. Ignacio Blanco Alonso, autor de un definitivo libro («El periodismo de Ortega y Gasset»), recorre al filósofo que fue editorialista, articulista, viajero, autor de obituarios y, a la postre, un escritor cuyas obras más singulares se fraguaron en las páginas de los periódicos al hilo de lo que sucedía.

Porque, y no han de doler prendas, ¿son los medios de comunicación ajenos a esta borrasca sectaria que amenaza con banalizar esta innecesaria revisión de los fundamentos del pacto constitucional? No lo son porque, inmersos como estamos en un régimen de opinión pública, los periódicos de manera primordial, se convierten en un circuito privilegiado para un recorrido fluido y amplio de las ideas y reflexiones más cualificadas que vayan empapando de raciocinio, sentido común e histórico el reiterado problema de España que reaparece cuando Ortega y Gasset se perfila en el horizonte de su doble aniversario -de su obra más celebrada y de su fallecimiento- con renovada e insistente actualidad.

Que el autor de «España invertebrada» vuelva a ser una referencia inevitable en la discusión que nos traemos tiene, además de los méritos del filósofo sagaz, un regusto de anacronismo verdaderamente decepcionante. Como lo es -decepcionante- la irresponsabilidad, el desprecio histórico y la ignorancia de los que, desde el Gobierno y desde los intereses particularistas, han desatado de nuevo «el problema de España», como escribió Ortega.

Ni Estatut ni London
Por ANTONIO BURGOS ABC 16 Octubre 2005

EL profesor don Guillermo Jiménez Sánchez aún no era vicepresidente del Tribunal Constitucional. Preparaba oposiciones a cátedra de Derecho Mercantil. Cuando las cátedras se ganaban por concursos que garantizaban la calidad de cinco jotas de los discentes y no como ahora, que te las dan en el Todo a 100 de los amiguetes del partido. Daba sus últimos coletazos la dictadura, que creíamos que íbamos a derribar leyendo «Cuadernos para el Diálogo» y escribiendo en «Triunfo». Éramos compañeros de la recova de querer traer las gallinas de la libertad para nuestra patria. E íbamos a alguna inútil reunión para derribar la dictadura, en mi Seiscientos de segunda mano. Me detuve ante un semáforo en rojo. Y con la maestría de su gracia, Guillermo Jiménez Sánchez me dijo:

-Si no les haces caso a las Leyes Fundamentales del Movimiento, ¿vas a respetar un semáforo? Anda, tira para adelante, que vamos a llegar tarde para salvar a España...

Y nos saltamos el semáforo. Al excelentísimo y muy constitucional señor doctor don Guillermo Jiménez Sánchez pongo por testigo de que me parece que estamos como entonces. Sólo que ahora la gente respeta los semáforos. Y hasta el carril bus-VAO. Es un milagro. Si no le hacemos caso a la Constitución, virtualmente derogada, y los que tenían que hacerla cumplir no abren la boca, y los que tenían que defender la integridad territorial de la nación callan, ¿cómo es que respetamos los semáforos? Le hacemos mucho más caso al Código de la Circulación que a la Constitución. En Cataluña y en las Vascongadas se le hace más caso a la norma de no hablar por teléfono mientras se conduce que al artículo 2 de la Constitución. Observo el incumplimiento de las normas de la Dirección General de Tráfico sólo en un lema. Aquel que dice: «Si bebes, no conduzcas la reforma del Estatuto».

Estatuto, ojo: e, ese, te, a, te, u, te, o; Es-ta-tu-to. No Estatut. Habremos de perder muchas otras guerras en materia de la integridad nacional para que nos demos ya por derrotados en la batalla de la lengua española. Suele ocurrir. En materia de terrorismo, el marcador de la lengua señala un resultado a lo San Marino: ETA, 6; Telediario, 0. Los locutores hablan como los etarras: lucha armada, comando, liberado, acción militar. Y en materia de separatismo, aunque la Constitución está aún en vigor, por más que muchos se la salten sin que el guardia de la porra les multe, y aunque el Estatuto de Autonomía está aún en vigor, es como si Cataluña hubiera ya alcanzado, al modo de los Entes Preautonómicos de la transición, la pretendida condición de «ente pre-estatal». Ya hemos aceptado y aprobado sin necesidad del pasemisí de las Cortes lo que pone en materia de lenguas esa papela que nos quieren meter doblada con la complicidad y el empujoncito del de la sonrisa de sesión continua. El catalán parece ya lengua oficial en toda España. De ahí que hayamos roto todos a naquerar en catalán, llamando Estatut, en una lengua ajena, a lo que debe ser Estatuto.

Si en Lérida me insultan porque me niego a escribir «Lleida» en la hermosa lengua española y si en Gerona me acusan de catalanofobia porque no cometo la cursilada de decir «Girona», imagínense lo que pueden llamarnos si nos negamos a decirle al Estatuto ese mote de «Estatut». Eso será allí. Aquí es Estatuto de todas, todas. Ni el Estatuto ha sido aprobado ni la Constitución, por más que lo disimulen algunos, ha sido derogada. Por tanto, el catalán no es lengua oficial en todo el Reino de España, sino sólo en una parte, la que no quiere ser España. Y si yo escribo en español tengo que decir Estatuto y no esa puñalada trapera de Estatut. Como digo Londres y no London.

Claqué bajo la tormenta
Por IGNACIO CAMACHO ABC 16 Octubre 2005

CARTA DEL DIRECTOR
EN la última reunión de la ejecutiva del PSOE, el pasado lunes, en plena tormenta política generada por la crisis catalana, algunos dirigentes socialistas ironizaban con que la lluvia real, al fin caída sobre el suelo sediento de una España reseca, era la única buena noticia con la que consolarse tras la unánime oleada de encuestas negativas que se ha desplomado sobre el Gobierno a raíz de la delirante deriva de Maragall y sus amigos. El temporal meteorológico ha comenzado a remitir este fin de semana -tras golpear, por cierto, con dureza el territorio de Cataluña-, pero el mapa político español continúa zarandeado por una empecinada borrasca que descarga chuzos de punta sobre un Partido Socialista dividido y un Ejecutivo calado hasta los huesos por la intensidad del aguacero. Y lo peor es que, en vez de irse a buscar el impermeable y abrir el paraguas más grande que encuentre en el armario de La Moncloa, el presidente Zapatero se ha calzado unas botas de agua y ha comenzado a bailar claqué entre los charcos ante el estupor de buena parte de su equipo y, desde luego, de la mayoría de la sociedad española.

No de otro modo puede entenderse que, en medio de la intensa inquietud generada por el Estatuto de Cataluña, con la crisis de la inmigración sacudiendo las frágiles alambradas de Ceuta y Melilla, con los datos de la inflación y el déficit exterior situados por primera vez en un horizonte de desequilibrio que compromete el ritmo de crecimiento y con una amenaza real de huelga de transportistas que podría colapsar el abastecimiento del país, el Gobierno haya optado por minimizar con cuestiones semánticas el debate sobre la presunta identidad nacional catalana, enredarse en una confusa polémica con la mismísima Corona a cuenta de la mediación con Marruecos en la crisis de las vallas y, no contento con todo ello, abrir de nuevo el frente más conflictivo de la política exterior por el sencillo procedimiento de irritar a los Estados Unidos mediante una amistosa gestualidad hacia los regímenes de Cuba y Venezuela en la Cumbre Iberoamericana.

En circunstancias como las presentes, no pocos responsables socialistas empiezan a preguntarse si el presidente es un hombre de pasmosa autoconfianza o si se trata de un caso inédito de determinación irreductible, rayana en la inconsciencia política. Porque los indicadores apuntan a un momento crítico sin paliativos. Los sintomáticos abucheos registrados en el desfile del 12 de Octubre y en la Cumbre de Salamanca pueden achacarse al descontento de ciertos sectores radicalizados, pero las encuestas de opinión pública apuntan con tozuda unanimidad al descenso de las expectativas socialistas, al descrédito de la inmensa mayoría del Gabinete y a una marea de zozobra general ante el dislate provocado por el delirio soberanista catalán.

Por mucho que la vicepresidenta Fernández de la Vega se multiplique en su tarea de bombera para achicar el agua que se filtra por los muros de Moncloa y que el flamante secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, despliegue su buen oficio para minimizar la importancia de los chaparrones, lo cierto es que el Gobierno está ante su desafío más crítico, por encima aún del que generó el plan Ibarretxe, que al fin y al cabo estaba condenado de antemano a naufragar en la orilla misma de su tramitación parlamentaria. Y lo sorprendente del asunto es la suficiencia con que el presidente parece afrontar la gravedad del momento, por más que en las fotografías más recientes su rostro de natural sonriente empiece a reflejar un rictus de cierta perplejidad meditabunda.

Una suficiencia que, por lo demás, ha resultado muy poco tranquilizadora, como demuestra el escepticismo generado por la arrogante declaración de que posee «ocho fórmulas» para solucionar el crispado debate sobre la reclamación identitaria catalana. Incluso sus aliados en la aventura, ERC y CiU, se han apresurado a aclarar que no están dispuestos a permitir que les rebajen la graduación del brebaje que han destilado con entusiasmo en el Parlament, gracias sobre todo al estímulo que el presidente proporcionó en septiembre a un Artur Mas ya resignado al fracaso del Estatuto.

Cada uno de estos episodios -a los que habría que añadir las bofetadas diplomáticas asestadas por Marruecos y Estados Unidos, pasando sin compasión por encima de los azacaneados desvelos del pobre Moratinos- supone una vuelta de tuerca en el proceso de erosión de la credibilidad de un Gobierno asediado que, lejos de solucionar alguno de los problemas que tiene sobre la mesa, se empeña en buscar más por su cuenta. Curioso empeño autista que, desde luego, beneficia la recomposición de un PP que le puede poner en serios aprietos a poco que Rajoy sea capaz de combinar pronto su eficaz oposición con el levantamiento de un proyecto convincente y concreto de alternativa de poder. A este respecto, las peligrosas cifras inflacionarias registradas esta semana empiezan a poner en duda la solidez de lo que hasta ahora ha venido siendo el colchón más cómodo de que dispone el Ejecutivo, confiado en que una sociedad instalada en el confort económico puede aguantar con relativa tranquilidad cierto grado de inestabilidad política.

Por eso no son pocos los dirigentes del PSOE que, más allá de la estrategia de «discrepancia tolerada» auspiciada por «Pepiño» Blanco para mantener la crítica dentro de los diques de la propia organización socialista, asisten preocupados a la deriva de los acontecimientos y tratan de buscar sus propias salidas ante un eventual batacazo. Es el caso de algunos barones territoriales, como Ibarra, Simancas, Barreda, Iglesias o el propio Chaves -siempre atrapado en las contradicciones de su doble presidencia de Andalucía y del partido-, y desde luego de un José Bono que contempla con indisimulada satisfacción cómo los sondeos le proyectan una y otra vez por encima de Zapatero en la estima de los ciudadanos. La desconfianza en que el presidente pueda sujetar el debate territorial es manifiesta incluso entre muchos de los suyos, y desde luego resulta ya pavorosa entre los españoles que le apoyaron circunstancialmente bajo el shock emocional provocado por los atentados del 11 de marzo.

Empero, las pocas personas que creen conocer la temperatura del círculo presidencial -reducido a un núcleo muy estrecho de colaboradores- transmiten que, pese a todo, Zapatero mantiene la apuesta. Y que esta confianza procede no sólo de su indescriptible autoestima visionaria, sino de la presunción de que no está lejos el momento en que ETA le proporcione, a través de una declaración de tregua, el oxígeno necesario para darle la vuelta a las encuestas y presentarse impertérrito como el líder capaz de ahuyentar los peores nubarrones. De ser cierta esta hipótesis, quizá no anden errados quienes sostienen, como Jaime Mayor Oreja, que el Estatuto de Cataluña y el conflicto vasco son dos procesos unidos por un hilo invisible que acaso parta de cierta cita en Perpiñán para trazar una misteriosa madeja subterránea, cuyos secretos sólo podría conocer el hombre que, ante el desconcierto general, salta con entusiasmo en todos los charcos bajo una tormenta sobrecogedora con enorme aparato de truenos.

director@abc.es

El mapa político español continúa zarandeado por una empecinada borrasca que descarga chuzos de punta sobre un PSOE dividido y un Ejecutivo calado hasta los huesos por la intensidad del aguacero. Y lo peor es que el presidente Zapatero se ha calzado unas botas de agua y ha comenzado a bailar claqué entre los charcos

LOS TILOS DEL PARQUE
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC  16 Octubre 2005

En los tiempos de Maricastaña, cuando España era todavía pobre y las cosas se hacían como Dios daba a entender, el Ayuntamiento de un pueblo cuyo nombre no viene al caso convocó a un vecino para que podara los tilos del parque, y se cobrara en leña en vez de dinero. ¿Imaginan lo que ocurrió? Sí, creo que pueden imaginarlo. Amanecieron los tilos con los brazos cortados a cercén. El tiempo allí es húmedo y el clima benigno, y los tilos sobrevivieron a la disminución prodigiosa a que los había sometido el vecino arboricida. Pero hubieron de pasar dos o tres primaveras, y quizá más, antes de que salieran del pasmo y volvieran a dar sombra.

Viene esto a cuento de lo sucedido en Cataluña. Zapatero ha hecho lo que el concejal del pueblo: invitar a los partidos a que saquen el máximo rendimiento a la reforma del Estatuto. El resultado ha sido una puja hacia lo alto, alimentada por los cálculos en que suele entretenerse el que lo pide todo con la esperanza de obtener al menos una parte. Y no sólo eso. Han intervenido, de propina, dos factores absolutamente letales. El primero nos remite a la sicología política. Usted no se jugará el alma y el honor si es tratante de ganado y termina por vender una ternera por un precio mucho más bajo del que solicitó al comienzo. En Cataluña, sin embargo, se está hablando de principios irrenunciables, ontológicos, intrínsecos a la esencia nacional de aquella tierra. Las rebajas, por consiguiente, sólo se percibirán en el registro en que se han formulado las alzas. O sea, como atentados contra la esencia de Cataluña. En semejantes condiciones, la negociación será difícil, máxime si se tiene en cuenta que CiU está muy interesada en apretar al PSC, dejar sin sitio a ERC y provocar la ruina, si hay suerte, del tripartito. El desenlace es para que se le pongan los pelos de punta al más templado. Hay trances, no obstante, en que las estrategias impulsadas por los distintos agentes cobran un movimiento incontrolable, y se llevan por los pies a la compañía entera. En esas estamos, y nadie sabe hasta dónde vamos a llegar.

El segundo factor no es sicológico. Es lógico. Las negociaciones orientadas a conciliar lo que pide A con lo que ofrece B suelen verificarse por referencia a cantidades continuas. El mejor ejemplo, de nuevo, son los precios. Usted reclama por su ternera un millón de pesetas. Yo respondo que estoy dispuesto a pagar quinientas mil. Entre mi cifra y la suya se extiende un espacio saturado de posiciones que están por encima del extremo menor y por debajo del mayor. Pero esto no puede pasar con el Estatuto y el conjunto de reglas que todavía rigen la convivencia de los españoles. ¿Por qué? Porque la carta elaborada por el cuatripartito integra un complejo de ideas que no tiene ya nada que ver con el que asociamos a la Constitución. Expresado alternativamente: comparar el Estatuto con el orden constitucional no es como comparar dos cantidades desiguales y concurrentes en un justo medio. Equivale más bien a comparar la geometría euclidiana con, qué sé yo, la de Lobatchevsky, la cual reemplaza el axioma euclidiano de las paralelas por otro según el cual es posible trazar, por un punto exterior a una recta, una infinidad de paralelas a esa recta. Estamos, en fin, ante sistemas incompatibles, no ante un más y un menos y su posible encuentro a mitad de recorrido.

Por ello resultan patéticos, amén de intelectualmente indecorosos, los arbitrismos que se están adelantando para avenir la propuesta catalana con el marco vigente. ¿Qué importa que desaparezca el término «nación» del preámbulo del Estatut, o incluso del articulado, si permanecen los conceptos que aniquilan al Estado en Cataluña? ¿Cómo armonizar el sistema actual de financiación, en que son los ciudadanos individuales los que contribuyen y el Estado central el que reparte, con un sistema en que contribuyen los territorios, y el Estado no reparte, sino que debe negociar con las CC.AA -Cataluña primero, y luego otras- lo que aporta cada una?

No, no hay adaptación posible. La ficción de que puede haberla revela o ignorancia o mala fe. Iremos descubriendo, con alarma creciente, y más bien deprisa que despacio, a qué nos aboca una constitución que no osa decir su nombre y que supera en número de artículos a todas las constituciones de la UE, excepción hecha de la portuguesa.

Sansueña
JON JUARISTI ABC 16 Octubre 2005

LOS más grandes filósofos políticos de la Historia -es decir, los pensadores británicos de los siglos XVII y XVIII- consideraban que imaginación y memoria eran una misma facultad del espíritu con dos nombres distintos. La forma más elemental de la imaginación es el recuerdo: imaginamos cuando somos capaces de representarnos mentalmente cómo fuimos en otro tiempo. Esta idea surgió de la práctica de la poesía, pero fue decisiva para la aparición de la novela, que amplió al infinito el territorio de lo memorable. Gracias a la novela, podemos imaginar (recordar) cómo fueron los demás, y no sólo los que conocimos, sino aquéllos que vivieron antes que nosotros e incluso otros muchos que jamás existieron. Algunos pensadores actuales, también británicos, afirman que el incremento de la capacidad de imaginar producido por la lectura masiva de novelas hizo posible el advenimiento de la nación como nueva modalidad de vida en común. Mientras la mayoría de la gente no pudo imaginar mundos humanos diferentes al de su existencia cotidiana confinada dentro de los límites de la comarca, el concepto de nación fue sencillamente impensable.

La nación es una comunidad imaginada y, como tal, aparece en las buenas novelas antes que en la imaginación popular. La de los primeros lectores de Cervantes estaba poblada de bosques y castillos, caballeros andantes y princesas, magos y gigantes, en ínsulas extrañas que se llamaban Gaula, Sansueña o Trapisonda. El Quijote abre la posibilidad de imaginar una comunidad formada por murcianos, yangüeses, manchegos, sevillanos, extremeños, catalanes o vizcaínos que ocupa un territorio donde los bosques no abundan, es más fácil dar con ventas que con castillos en una red de caminos polvorientos y no hay gigantes, pero sí molinos y ruedas hidráulicas en las soledades que se extienden entre ciudades con nombres como Toledo, Zaragoza o Barcelona. En vez de princesas y caballeros, uno se encuentra mercaderes, arrieros, guardias, labradores, curas y frailes, barberos, pastores, hidalgos, algún aristócrata aburrido, y salteadores de caminos, cuerdas de presos y corrillos de rabizas, cada cual contando la feria como le va en ella. La nación de Cervantes no es plurilingüe, aunque se hablen en ella lenguas distintas (todos los personajes -catalanes y vizcaínos incluidos- recurren al español, porque es el único idioma que les permite intercambiar cortesías o insultos comprensibles por todos), pero sí polifónica. Son muy diversas las maneras en que se expresan las gentes del Quijote, según sus intereses, su origen geográfico, su profesión, su estamento, su sexo, pero todos terminan entendiéndose (hasta don Quijote y Sancho, cuyos lenguajes y mundos respectivos son los más distantes entre sí). La experiencia desmiente esa supuesta facilidad de comprensión mutua, incluso entre iguales. No es cierto que hablando se entienda la gente. Pero Cervantes, mucho antes que Habermas, esbozó la utopía de la comunidad ideal de diálogo, que consistía, para él, en una extensión del modelo convivencial de los humanistas -el convivium o el simposio platónico, la conversación- a la nación en su conjunto.

Por eso Cervantes nunca llegó a ser un gran poeta lírico, como Lope de Vega. Nada más extraño a su imaginación que la monodia, la clausura del poeta clásico en una sola voz reconocible, propia. Cervantes busca salir de su lenguaje y de su visión del mundo, necesita compulsivamente ponerse en el lugar del otro, recordar sus recuerdos, sentir sus emociones, hablar sus discursos, los innumerables discursos de sus vidas. Si no lo hubiese hecho así, se habría quedado en el muy mediocre poeta del Viaje del Parnaso, no se habría escrito el Quijote y a todos nos habría costado mucho más descubrir el valor, que ahora se va olvidando, de la nación como ámbito de construcción dialéctica de la libertad y del individuo. El liberalismo, no como idea sino como proceso histórico, surgió de la chispa, del arco voltaico que saltó entre la filosofía política del empirismo británico y el Quijote, a cuya luz fueron escritas -por ingleses y escoceses- las primeras novelas modernas. El declive de la imaginación, visible tanto en la monodia estúpida de la corrección política como en la devaluación de los vínculos nacionales, anuncia tiempos amargos para la libertad. No hablo sólo de España, pero también de España, antes Sansueña.

Zapatero no engaña
M. MARTÍN FERRAND ABC 16 Octubre 2005

NADIE, ni el menos avisado, puede sentirse desengañado por José Luis Rodríguez Zapatero. Es lícito aplaudirle y resulta lógico abuchearle, pero en ningún caso cabe la sorpresa. Zapatero, como Don Juan Tenorio en el primer acto de la obra de José Zorrilla, tras pavonearse de sus muchos excesos, podría decir con justeza: «Como quien somos cumplimos». Si alguien esperaba más de él, si le tenía valorado en mayor altura o capaz de servir mejor los intereses generales de España, el error reside en ese alguien y en su incapacidad para verlas venir, porque Zapatero no engaña. Es fácil encontrar en su conducta pasada algún antecedente que hoy, engrandecido por la aplicación del poder, sea definidor de sus fobias. De ahí, carente de ideas y principios, proceden sus tremendos errores en la gobernación del Estado.

Quien, por ejemplo, recuerde la impresentable grosería del actual presidente del Gobierno cuando todavía no lo era y, ostentosamente, permaneció sentado al paso de la bandera norteamericana durante su último desfile en la oposición no puede sorprenderse ahora con las maniobras desplegadas en la Cumbre Iberoamericana de Salamanca para, en beneficio de Fidel Castro, un dictador sanguinario y represor, perjudicar el prestigio de los EE.UU., una nación con la que, gústenos o no, tenemos deudas de gratitud impagadas todos cuantos creemos que la libertad es el primer principio activo de la democracia y, simultáneamente, su última meta: su razón de ser.

A Zapatero le gustan más Fidel Castro y Hugo Chávez que Goerge Bush. En el pecado lleva una penitencia que, eso es lo malo, afecta a las relaciones entre Madrid y Washington, evidentemente peores que, por solo apuntar una de las caras del prisma, las de Marruecos con los EE.UU. Es el sino de la política exterior de esta etapa socialista que, encarnada por un personaje grotesco, Miguel Ángel Moratinos, es la síntesis de un progresismo barato y un complejo de inferioridad -o una inferioridad sin complejos- que arranca de la ignorancia de la Historia y del desprecio a los intereses que, residuos ideológicos al margen, nos afectan a los cuarenta y tantos millones de vecinos que aquí, en España, nos hartamos de pagar impuestos para financiar la política, interior y exterior, que menos nos conviene.

El hecho de que no nos engañe, de que obre en razón de su más auténtica condición, no salva a Zapatero y, por el contrario, incrementa la responsabilidad de sus próximos en el PSOE. Casos como el del pretendido nuevo Estatut, perverso en su contenido y lamentable en cualquiera de sus posibilidades de enmienda, arrancan de la confesada incredulidad del líder socialista en los valores de la nación española y en el espíritu de la Transición plasmado en la Constitución del 78. Algo muy diferente a lo que, con la excepción del PSC, se observa en el socialismo español.

Maragall y los que saben latín
LUIS IGNACIO PARADA ABC  16 Octubre 2005

CICERÓN era de origen plebeyo, lo que le ocasionaba disgustos por el elitismo de los políticos de su tiempo. Un día en el Senado estaba escuchando un discurso del rico y noble Nepote que se refería a él diciendo continuamente: «Porque, después de todo, ¿quién es tu padre, Marco Tulio?». Tras soportar una y otra vez la misma cantinela, Cicerón interrumpió el discurso de Nepote y le contestó: «Tu madre, noble Nepote, tiene la culpa de que esa pregunta sea, para ti, muy difícil de contestar». La malicia del orador causó tanto impacto que la sesión terminó con un serio debate sobre los familiares que el noble había alzado al poder. Pese a lo cual, el término nepotismo no procede de esa anécdota.

Nepotismo viene del latín «nepos» que quiere decir sobrino. En plural, «nepotes», tiene el significado más amplio de familiares. Y «nepotem» se utilizaba para designar al pródigo de bienes. En algún momento la palabra se empezó a utilizar para designar a los que transfieren los patrimonios institucionales a los parientes. Con ese nombre se conoció la práctica de algunos dignatarios eclesiásticos de nombrar altos cargos a sus parientes. Hoy conocemos por nepotismo la «desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos».

¿Qué culpa tiene Ernest Maragall de ser hermano del presidente de la Generalidad de Cataluña? ¿Qué culpa tienen Apeles y Dolors Carod-Rovira de que su hermano José Luis les haya colocado de secretario general de Asuntos Interdepartamentales y de subdirectora del mismo negociado? ¿Qué culpa tienen Manel y Carme Nadal de que su hermano Joaquín les haya designado secretario general y vicesecretaria general de Movilidad? Ahora Pasqual Maragall quiere ascender a su hermanísimo a consejero de Universidades e Investigación. Y se le ha olvidado consultarlo a sus socios de Gobierno e incluso al primer secretario de su partido, José Montilla. ¿Qué culpa tienen los gobernantes catalanes de saber latín?

La hoja de ruta de Zapatero
PEDRO ARIAS VEIRA La Voz 16 Octubre 2005

LA NOCHE del 14 de marzo del 2004, Zapatero y su núcleo duro recontaron los escaños: a pesar de ser el primer partido, no lograran la mayoría absoluta; y descontando los resultados de Cataluña y el País Vasco, el PP lo superaba en el cómputo del resto de España: 138 diputados frente a 136. Supuso que asentar la primacía pasaba por concesiones electoralistas a vascos y catalanes. El PP se alzaba como gran incordio, había resistido a la oleada de movilizaciones intensivas. Ni la huelga general del 2002, ni la movilización del Prestige , ni las manifestaciones sobre Irak, le afectaran sensiblemente en las locales del 2003. Incluso con Irak ensangrentado por los terroristas, la repetición de las autonómicas de Madrid dieron el triunfo a Esperanza Aguirre.

Las jornadas de marzo del 2004 ya fueron otra cosa. Las bombas sustituyeron a las pancartas, se dosificaron los señuelos y se canalizó políticamente el miedo. Algunos pensaron que teníamos que salir corriendo o de lo contrario España se convertiría en una nueva Irak; pero no por televisión, sino en sus propias calles. Y hubo giro electoral, aunque tan sólo parcial. Entonces comenzó el cambio, la vía hacia los pactos independentistas para la reconfiguración de España. Primero se permitió, por sigla interpuesta, la comparecencia de Batasuna en las elecciones vascas. Al Gobierno se le fue de las manos, porque salió reforzada, y Paxti López no alcanzó la presidencia. Después prometió a los interlocutores catalanes que asumiría cualquier estatuto. Lógicamente acordaron pedir la luna en un aquelarre inconstitucional. Ahora el presidente habrá de retractarse o proceder a un peligroso juego de maquillaje ilegal. Pero intentará llegar al máximo de concesiones porque, aunque sean independientes de hecho, deben ser formalmente españoles para tener diputados que voten en Madrid. Es lo que quiere, le conviene, está en su hoja de ruta, son imprescindibles para su modelo de mayoría estable y reforzada en España. Aprobará un nuevo Estatuto para Cataluña al precio que sea.

Otra de sus claves es la política de concesiones a Batasuna para lograr una declaración formal de abandono de armas de ETA. Culminaría así el clímax político-emocional del 11-14 de marzo. El tercer objetivo estriba en lograr el respaldo político del amplio sector de los electores alternantes, los que no son incondicionales a las siglas. Debe retener a todos los suyos del 14-M y restar un buen puñado al PP. Para ello el apoyo mediático es decisivo, los medios de comunicación afines deberán echar el resto. No es tarea fácil, Zapatero cae en picado en las encuestas, la opinión de la gente amenaza con echar a perder toda la operación; hay muchos frentes de la política gubernamental que hacen agua y la hoja de ruta puede convertirse en el cuento de la lechera. Debería rectificar, pero es de temer que se empecine y termine convertido en aprendiz de brujo. Entonces todos acabaremos pagando los platos rotos.

Estatuto
Transición, reforma y ruptura
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 16 Octubre 2005

En el interesante artículo de e-noticies "Ens farem mal amb l’Estatut" (Nos haremos daño con en el Estatuto), Emiliano Jiménez pone el dedo en una llaga que había escapado a la vista de casi todos. Se trata de la posibilidad de que el proceso desencadenado pueda provocar un resultado opuesto al deseado por sus promotores: “Es posible que todos, y no sólo los nacionalistas catalanes, se pongan a hacer propuestas sobre la ordenación constitucional de España. Abrir este debate podría tener como consecuencia una reacción en dirección contraria (…) Y entonces los 120 diputados del Parlamento de Cataluña habrían de explicar al pueblo de Cataluña por qué razón nos han llevado a una situación sin salida, en la cuál no tenemos nada que ganar y sí mucho que perder.”

El tetrapartito parece haber olvidado que el bloque constitucional, el entramado de instituciones, las reglas de su relación, el alcance de sus atribuciones y hasta los mismísimos nombres escogidos (nacionalidad es el ejemplo más ilustrativo) son fruto de un acuerdo histórico entre fuerzas políticas que estaban a años luz y cuya confluencia en la Constitución del 78 cobra con el tiempo tintes milagrosos. El hijo de Adolfo Suárez ha recordado en La Linterna de la COPE cuán de derechas era la derecha y cuán de izquierdas la izquierda por aquel entonces.

Ni las innovaciones jurídico-políticas de la Carta Magna, ni el lenguaje, ni el contenido de los listados competenciales son azarosos. Cuando se reservó el término “nación” para España y se escogió los de “nacionalidades y regiones” para sus partes, sin especificar cuáles eran las primeras y cuáles las segundas, no se establecieron verdades metafísicas; se acercaron posturas aparentemente irreconciliables para bien de los españoles, como lo demuestran estas décadas de prosperidad que han asombrado al mundo.

Si alguien se empeña en revisarlo todo, es muy libre de hacerlo por los cauces legales. Sin embargo, el hecho de que el proyecto de reforma del estatuto observe la formalidad legal de lo que dice ser no significa que respete los cauces previstos de lo que realmente es, una reforma constitucional. Por otra parte, los promotores, que representan, como se empeñan en recordarnos cada día, a casi el noventa por ciento del Parlament, no pueden pretender que se repartan de nuevo las cartas de una baraja que no se toca desde hace veintisiete años para ser los únicos jugadores que apuestan, farolean, ven y deciden la parte que se quedan de los demás, mientras estos restan calladitos, inmóviles y sonrientes.

De ahí las posibles pérdidas que puede acabar ocasionándole a Cataluña la renuncia al espíritu de la Transición. Lo más increíble es que Maragall y Mas ni siquiera están convencidos de la eficacia de su movimiento. Se ven arrastrados por una oleada de demagogia prevista para un escenario diferente al actual (el gobierno de Rajoy). Para colmo, los ha alentado un presidente de gobierno oportunista, imprudente e improvisador que al final va a ser, junto con los separatistas, el único que en el fondo cree en la ruptura.

El modelo del Estatuto catalán
JOSÉ M. DE AREILZA CARVAJAL La Voz 16 Octubre 2005

LO PEOR del nuevo Estatuto catalán es el modelo de Estado confederal que propugna y por ello es un texto muy difícil de enmendar, como ahora quiere hacer el PSOE en las Cortes Generales despues de haberlo promovido en el Parlamento catalán. La proclamación de Cataluña como nación en el preámbulo y en su artículo 1 no es nada retórica: esta afirmación sienta las bases para la construcción sistemática de Cataluña como un Estado confederado, sin este nombre, a través de 226 artículos más.

Conforme al Estatuto, el Estado desaparecería de Cataluña y sería sustituido por la Generalidad en toda competencia territorializable. En las demás materias, la futura relación Cataluña-Estado sería casi por completo bilateral, es decir, entre partes iguales, sólo que el Estado apenas podría intervenir en los asuntos catalanes y los representantes catalanes sí podrían condicionar bastantes decisiones del Estado. En el fondo, el Estatuto trata de eliminar cualquier relación con un poder vertical sustantivo, por encima de Cataluña, salvando la inserción en la Unión Europea a través de lo que sería la cáscara del Estado español. De este modo, Cataluña lograría la aplicación en su territorio de los tratados europeos, un extremo importante para los políticos del tripartito que lógicamente no quieren quedarse fuera de la Unión.

Esta nueva configuración que se propone de la comunidad política catalana requiría que a medio plazo España se transformase en un Estado plurinacional, radicalmente distinto del Estado autonómico que diseñó la Constitución de 1978. De acuerdo con el texto aprobado en su Parlamento, Cataluña ya no formaría parte de la nación española sino de dicho Estado plurinacional. Al negarse que la soberanía radica en el pueblo español, ésta tendería a disgregarse en distintas naciones, todavía por definir, una de las cuales sería desde luego la catalana.

De este modo, si se aprueba el Estatuto con sólo rebajas parciales y se consagra este modelo confederal, a las comunidades autónomas gobernadas por nacionalistas, y también a las autonomías que contribuyen de forma neta al Estado, les puede cegar la idea de obtener beneficios a corto plazo. Seguirían de este modo el ejemplo del Estatuto catalán y evolucionarían hacia una relación confederal parecida. A cambio, para las autonomías que reciben fondos del Estado, la autodeterminación y la autofinanciación no tiene sentido y con el debilitamiento del Estado pueden verse a medio plazo muy perjudicadas en el nivel de servicios públicos en sus territorios, justo en los años en los que empezarán a disminuir de modo muy significativo los fondos europeos.

Así que el problema no es tanto las palabras como el modelo, no muy distinto de lo que contenía el rechazado Plan Ibarreche. Es cierto que nuestras palabras son nuestros mundos, como explica el filósofo británico Philip Allot, y que por muchos juegos semánticos que hagamos, al final en política nuestros vocablos significan cosas muy importantes. Pero ojalá nuestros representantes no pierdan de vista el estéril modelo que se propone. Sólo a una minoría de ciudadanos le interesa que España pase a ser un ente compuesto por un número indetermindado de unidades «nacionales», cada una con intereses propios y con frecuencia contradictorios y sin el arbitraje claro de un gobierno y un parlamento de ámbito nacional con capacidad decisoria. Es una perspectiva política en la casi todos perderíamos y que no ofrecería estabilidad. Por eso una reforma del proyecto de Estatuto catalán en las Cortes Generales sólo puede ser muy profunda y debe afectar a casi todo su artículado. Lo mejor sin duda es que se retirara y que empezasen los dos grandes partidos a hablar en serio de cómo mejorar la Constitución de 1978, para evitar este tipo de reformas peligrosas y por la puerta de atrás de las reglas básicas que aseguran nuestra convivencia política.

Las ocho fórmulas de la Nación española
PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO La Voz 16 Octubre 2005

LA RECIENTE celebración de la Fiesta de la Hispanidad ha servido, en plena y agria discusión sobre la pertenencia y constitucionalidad del Estatut catalán, para que el presidente del Gobierno haya adelantado que dispone de la solución, o mejor de las soluciones, para encajar la nación catalana en la Nación española. Y decimos soluciones, ya que nada menos que ocho fórmulas parece haber pergeñado el jefe del Ejecutivo.

Nosotros, desde luego, no disfrutamos de tan encomiables facultades de previsión y arbitraje, pero sí queremos aprovechar para explicitar, en número semejante, las ocho proposiciones que definen los rasgos político-constitucionales de la Nación española en la Constitución de 1978. Todos ellos, a nuestro juicio, de contrastada veracidad histórica, política y constitucional. A saber:

Primera. Es la Nación española la que proclama, y además, en el mismísimo preámbulo de nuestra Carta Magna, su voluntad de aprobar/ratificar nuestra actual Ley Fundamental.

Segunda. La Nación española es, por tanto, la única titular del poder constituyente. Esto es, la habilitada para darse una Constitución: el texto constitucional de 1978.

Tercera. Es la Nación española la que, por ello, sirve de elemento nuclear al régimen constitucional. Un basamento que alcanza tanto a los poderes del Estado central, como a los poderes autonómicos, y asimismo a los frecuentemente postergados poderes locales.

Cuarta. La Nación española es, en consecuencia, un prius histórico, sociológico y político a la realidad constitucional sancionada en 1978, por muy ejemplar que ésta, y lo es, pueda ser.

Quinta. La soberanía nacional, es decir la propia condición política derivada de la Nación española, corresponde al pueblo español, del que emanan, recurrentemente aparece la misma idea fuerza, los poderes del Estado. Una Nación española que resuelve conformarse, acto seguido, en un único Estado social y democrático de Derecho.

Sexta. La Constitución se fundamenta, otra vez semejante postulado, en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles; siendo, expresamente ésta, la que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía -que no soberanía- de las nacionalidades y regiones que la integran y de la solidaridad entre todas ellas.

Séptima. Los españoles, por propia concepción igualitaria y democrática de la Nación española, que abraza a todos sin diferencia, son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna.

Y octava. Y, por fin, un recordatorio: los ciudadanos, pero especialmente los poderes públicos, se hallan sujetos a la Constitución. No en vano juran o prometen, aunque algunos lo hagan por imperativo legal, guardar y hacerla guardar.

Así son las cosas. Así están de sencillas o complicadas. Esto es lo que dispone la Constitución. Aunque para hacer este camino no se precisan tantas alforjas. Véase, por ejemplo, lo claro que lo tenían, hace cerca de doscientos años, nuestros constituyentes de Cádiz: «La Nación española es la reunión de todos los españoles¿ La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho a establecer sus leyes fundamentales». Todos estamos impelidos a realizar un exigible y generoso esfuerzo de conciliación en beneficio de la España constitucional; pero, eso sí, desde su previo conocimiento.

La desembocadura de ETA
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ /PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA DE LA VIOLENCIA
El Correo 16 Octubre 2005

En estos meses se especula, también se argumenta a veces, sobre los causantes centrales del declive de ETA. Que si la descompensación perceptiva y comparativa con el terrorismo islamista, que si la firmeza del Estado de Derecho, que si la actitud valiente de la ciudadanía, que si el desgaste en las bases de la izquierda abertzale, que si el anacronismo de un terrorismo de los setenta europeos o que si el efecto irlandés por mimetismo. A mí incluso me hierve la tentación de buscarle una disquisición psicosocial. Todas las explicaciones son parte de la explicación, todas ellas, presumo, están teniendo una influencia en el momento de decantar ese declive, esa desnaturalización, esa descomposición que, en fin, es apreciable en ETA.

Es razonable pensar, por otra parte, que algunos de esos ingredientes causales han ejercido una influencia más poderosa en el desgaste de ETA. No puede ignorarse, ni por los más cerriles, que las iniciativas legislativas que ilegalizaron a Batasuna, las judiciales que cercaron su estructura económica o las policiales que han desfondado a los comandos asesinos tanto en España como en Francia constituyen la santísima trinidad de entre las iniciativas del Estado de Derecho determinantes para desactivar el terrorismo etarra. El despertar de la sociedad civil frente a ETA ha sido incidente, pero su efecto está mutilado por la instrumentación de unos y de otros. También es minusválido el movimiento ciudadano sin políticos a su altura. Con un colectivo político unido haciendo de correa de transmisión de la repulsa de la ciudadanía, ETA ya sería historia. En cambio, ahí está, por el momento.

Cómo trazar el cauce de un río de peces asesinos, que nadan en la sangre de cientos de ciudadanos, para que desemboque en el mar de nuestra convivencia. Ésa es la cuestión. Pueden dibujarse múltiples escenarios, varios deltas de desembocadura en función de planteamientos alternativos. Ninguno, empero, será capaz de evitar algunas condiciones que estarán presentes y que es conveniente que las partes involucradas comiencen a asimilar para facilitar futuras digestiones. Habrá ingredientes, en la receta de una Euskadi sin violencia terrorista, que todos tendremos que tragar, con mayor o menor desagrado.

La desactivación del terrorismo etarra se alcanzará con dolor de las víctimas. Tal es el primer axioma de la receta. Las víctimas lo barruntan y nosotros lo sabemos. ETA desaparecerá escociendo en las heridas. Y escocerá en cualquier circunstancia, puesto que el único supuesto en que las víctimas serían completamente resarcidas, la desarticulación policial total de la banda terrorista, no se producirá, porque los partidos políticos, vascos y nacionales, jamás encontrarán un cauce común hacia ese mar. De manera que queda un final de ETA a costa del dolor de las víctimas. Aceptada esa realidad, lo que resta es hacer todos los esfuerzos para que el sufrimiento sea digno, mínimo y de pronóstico positivo. A ese fin, las asociaciones de víctimas del terrorismo deberían tener claro que algunos de sus asesinos se pasearán, y serán homenajeados como libertadores, en ciertos pueblos de Euskadi. Ya se ha hecho y el horizonte es que, desaparecida ETA, vuelva a hacerse. La parte positiva es que el estómago de las víctimas está habituado a encontrarse en el menú del día platos envenados como el acta de diputado de José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, 'Josu Ternera'.

El siguiente axioma, estrechamente relacionado con el anterior, es que muchos presos de ETA serán liberados en una secuencia escalonada. Las contrapartidas políticas son imposibles. El Gobierno lo sabe y ETA también. No se dejen engañar por los comunicados etarras, escritos en el cartón piedra recuperado del desván de sus paranoias, y más destinados a continuar con el engaño a sus activistas y grupos de asesinos que a comunicar nada de nada. Los jefes de ETA, entre los que está el propio 'Ternera', que han pisado y mancillado el Parlamento vasco, son perfectamente conscientes de los límites de sus posiciones en la España de hoy. Dicho de otra manera, Euskadi se aproximará a su pseudoindependencia por la vía de un estatuto modificado dentro de veinte años sobre la base del que puedan consensuar en esta legislatura los nacionalistas, a rebufo del catalán. Ese horizonte prospectivo está conformado por una autoafirmación nacionalista ante la nueva aldea global y en ella ETA ha influido lo mínimo, por no decir nada. Otra cuestión es cómo PNV-EA hayan instrumentalizado y manipulado al pueblo vasco manejando durante el proceso un política de gestión del miedo.

La tercera píldora o axioma lo tendrá que digerir ETA. No pueden quejarse demasiado, porque es el más sencillo de todos. Si han logrado que personas adultas, aparentemente desprovistas de patología mental, se hayan creído durante más de treinta años que asesinar a seres humanos era una vía para materializar una causa totalmente inventada de liberación nacional, consiguiendo además que cientos de esas personas asesinaran y mutilaran con pistolas y bombas empuñadas entre sus propias manos, pueden alcanzar ahora el objetivo de convencer a esos mismos de que la mayor autonomía de Euskadi es debida a la izquierda abertzale. Es evidente. ETA cuenta para ello, además, con la disposición mental favorable de sus asesinos encarcelados, que ante la zanahoria de la reinserción progresiva y con la necesidad incluso física de sentir que sus crímenes han servido para algo, masticarán cualquier argumento que sea administrado con el adecuado condimento. Estoy convencido de que los ideólogos de la izquierda abertzale, ésos que conocen perfectamente desde hace décadas que lo único que se ventila en su lucha es cuota de poder nacionalista y dinero, estarán muy dispuestos a tejer los argumentos necesarios para su base social. No me extrañaría que fuera el mismo 'Ternera' el que esté ahora aplicándose en el cocinado de tales argumentos, entre comunicado y comunicado.

El cuarto axioma o ingrediente es para el Gobierno de España. Reza que nunca deben acceder a la legalización de Batasuna hasta que los abertzales hayan renunciado a la violencia. La 'nomenklatura' de la izquierda abertzale entendió de verdad cuál era el camino de la desembocadura del terrorismo cuando se quedó sin empresas pantalla, sin subvenciones oficiales, sin entrar en el Parlamento, sin gestionar presupuestos municipales. Ahí, la causa de la liberación nacional comenzó a tomar otro color. El terrorismo es un instrumento de poder, de poder de unos individuos que desean conseguir por la violencia, por la imposición, unas prebendas totalitarias que desde la Edad Media son inadmisibles en el mundo, salvo en la extinta URSS, Cuba, Corea del Norte o en algunas monarquías de Golfo. Cuando Batasuna ha interiorizado que el grifo del terrorismo hacía aguas, porque el Estado de Derecho recuperó la visión, la lucidez y el coraje, ha visto de repente que se quedaba con una mano sobre otra. El vértigo más grande para Otegi o el resto de ideólogos abertzales es acabar en la cárcel, sin un puesto subvencionado, sin cuota de poder y sin acceso a fuentes de financiación. En esa imagen sí que miran lo bien que le va a Gerry Adams.

El quinto axioma es la fórmula de renuncia a la violencia y comparten su digestión Batasuna y ETA. También es bastante elemental. De hecho, será otro plato del menú que se servirá de entrante obsceno en la mesa de las víctimas como parte de la receta de la desactivación del terrorismo. En el caso de Batasuna, no es necesario ni siquiera que renuncie, 'sensu estricto', a la violencia. El mensaje será, sencillamente, que 'una vez alcanzada una cuota de autonomía considerable para Euskal Herria, como consecuencia de la lucha de cientos de patriotas vascos, Batasuna entiende que la independencia debe promoverse por vías estrictamente políticas, sin recurrir a la violencia'. Ya está, cumplido. En cuanto a ETA, aproximadamente un año después de Batasuna y sin cometer atentados, emitirá un comunicado expresando que 'desde las tantas horas del día tal y tras décadas de lucha armada, en la que los gudaris vascos han contribuido a liberar a Euskal Herria de la opresión española, ETA decreta un cese indefinido de sus acciones militares, sumando sus activos en todos sus frentes a la izquierda abertzale para promover la independencia del país estrictamente por vías políticas'. Así será, más o menos.

"NO QUEREMOS SER TAMBIÉN VÍCTIMAS DE LA PAZ"
Covite pide al Gobierno que no apoye ninguna negociación política que beneficie a un partido nacionalista
El colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, Covite, exigió este sábado al Gobierno del PSOE que garantice que "no apoyará ninguna negociación política, incluidas las reformas de la Constitución y del Estatuto, que signifique de hecho un aprovechamiento del terrorismo en beneficio del proyecto político de un partido nacionalista" porque "no queremos ser también víctimas de la paz".
Europa Press Libertad Digital 16 Octubre 2005

La portavoz de Covite, Irene Cuesta, ofreció en San Sebastián una valoración de la situación política actual, acompañada de numerosos miembros de Covite y familiares de víctimas del terrorismo como Cristina Cuesta, Consuelo Ordóñez y Pilar Ruiz, entre otros. Cuesta aseguró que "el único diálogo que las víctimas" aceptan "es en torno al fin definitivo de la práctica del terrorismo y a la disolución de la banda". Asimismo, exigió al Gobierno central que, "en un supuesto fin del terrorismo de ETA, no se apliquen medidas de gracia o beneficios penitenciarios injustificables a los terroristas que puedan dejar desvirtuada la reclamación de justicia que las víctimas exigen".

"La aplicación de la Justicia debe basarse en la sanción debida y en su carácter fundamentalmente retributivo y restaurador para las víctimas", insistió. En ese sentido, afirmó que "el actual gobierno del Estado y cualquier otro que siga esta línea de actuación nos tendrá siempre de su lado". No obstante, Covite denunció que "algunas" declaraciones del presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, "son crípticas, ambiguas o confusas respecto a otros responsables de su propio gobierno". "Se habla de paz, diálogo, proceso, en vez de final, derrota o disolución", dijo. Además, criticó que "se especula con la generosidad del Estado en el final del terrorismo para los terroristas sin contar con la opinión de las propias víctimas y de la sociedad española". En ese sentido, recordó a Rodríguez Zapatero que seguirán "trabajando por un final digno para las víctimas" porque "no queremos ser también víctimas de la paz".

La vuelta del pacto
Además, lamentó que "el consenso político en la lucha contraterrorista está roto" y añadió que la "desunión" del PSOE y del PP en "la derrota definitiva del terrorismo causa inquietud entre las víctimas". Por ello, reclamó a estas formaciones la "reactivación" del Pacto Antiterrorista. A su juicio, "el diagnóstico y el camino de resolución que con excelentes logros marcaba el Pacto por las Libertades se han reemplazado por la incertidumbre, la falta de concreción y el menor consenso de la Declaración parlamentaria del Congreso de los Diputados de mayo último".

Covite señaló que "las continuas especulaciones sobre este final, la falta de contenido en los límites del supuesto diálogo con ETA , la expansión de la creencia de que la paz necesita cambios en la política penal, penitenciaria y contraterrorista" le "preocupan por la frivolidad, la legitimación o la relativización". De esa manera, Irene Cuesta constató que "ETA lleva más de dos años sin conseguir aumentar el número de víctimas mortales", pero añadió que, "si bien es cierto que el terrorismo islamista es una amenaza en expansión, el terrorismo nacionalista de ETA lo es en reducción criminal".

La impunidad de ETA
Además, denunció que "el nivel de impunidad en el que se mueve el mundo de ETA en el País Vasco es desalentador". Según dijo, "este nivel de impunidad es tolerado, consentido, permitido o autorizado por el Gobierno Vasco, más proclive a apoyar, comprender o relativizar las supuestas motivaciones de los asesinos que a tomar firme partido por las víctimas y sus legítimas y razonadas reivindicaciones". En ese sentido, denunció que las declaraciones del Consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, "pasarán a formar parte de la historia de la infamia" ya que "su reiterada preocupación por los derechos de los víctimarios, se evidencia por sí misma".

Covite indicó que "poco o nada esperamos ya de los gobiernos nacionalistas y a pesar de ellos seguimos creyendo y defendiendo nuestras instituciones autonómicas, por la defensa de las cuales muchos de nuestros familiares fueron asesinados". Por todo ello, exigió al Estado de derecho que les "defienda hasta el final, hasta la definitiva derrota del terrorismo", al tiempo que recordó que "no se puede construir sobre la impunidad ni el olvido".
Por último, tanto Irene como Cristina Cuesta aseguraron que la inmensa mayoría de las víctimas "representadas en sus asociaciones están unidas en lo fundamental", por lo que enviarán el documento que recoge este análisis a todas las asociaciones de víctimas y a todas víctimas que no forman parte de ningún colectivo. Cuesta afirmó que a pesar de las diferencias "puntuales por estrategia, oportunidad o tiempo" que pueden tener las asociaciones de víctimas, entre "la mayoría o la totalidad de las víctimas" se produce "una unidad a la hora de defender principios de convivencia pluralidad y libertad y la defensa de la democracia".

La AVT obtiene en Madrid el dinero que no logra del Gobierno
La Comunidad dona 165.000 euros a esta asociación y a la FVT en la última etapa de la «Caravana del olvido»
Ismael del Prado La Razón 16 Octubre 2005

Madrid- El ruido de excavadoras, taladradoras y demás máquinas que trabajan en la ampliación del metro en la puerta del Sol quedó ayer silenciado por unos instantes. Sólo faltaban un puñado de minutos para el mediodía y la «Caravana del olvido» hacía su entrada en la plaza madrileña. El autobús con el que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha recorrido toda España visitando los cementerios llegaba a su destino acompañado de una firme ovación de acogida. La firmeza de las más de 200 personas presentes para recordar a las víctimas del terrorismo.

Todos ellos fueron testigos de la posterior rúbrica del convenio, por el que la Comunidad de Madrid aportará 165.830 euros a la AVT y a la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), unos fondos que se destinarán a proyectos de apoyo escolar a niños, formación e inserción laboral y talleres terapéuticos.

Durante el acto, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, –acompañada de los presidentes de ambas organizaciones– enfatizó que «el olvido de las víctimas sería el triunfo de los asesinos». Por tanto, prosiguió, «nuestro apoyo es la expresión más palpable de la entereza de la sociedad».

Por su parte, Maite Pagazaurtundúa, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, agradeció una ayuda que financiará proyectos para «la asistencia y dignidad de las víctimas».
Mientras, Francisco José Alcaraz, responsable de la AVT, valoró positivamente «el compromiso que siempre ha mostrado la Comunidad por encima de unas siglas». Alcaraz afirmó entender que «seamos una organización molesta, porque no queremos negociar con ETA. Por esta razón, sufrimos una constante política de acoso y derribo desde el Gobierno». No obstante, «vamos a seguir adelante: gracias a la ayuda popular recaudada por toda España, hemos logrado el dinero» –en torno a los 600.000 euros– «que a día de hoy se nos ha negado por parte del Ejecutivo español». Asimismo, en la Real Casa de Correos, también estuvo presente la ex ministra Loyola de Palacio, que tildó de «impresentable», la actitud del Gobierno por «hacer discriminaciones políticas ante un problema como el del terrorismo» al tiempo que lamentó la «sesgada y sectaria» posición de Peces Barba.

La «Caravana», con Gallardón. Tras visitar la sede de la Comunidad en la Casa de Correos, los miembros de la «Caravana del olvido» fueron recibidos en el Ayuntamiento por Alberto Ruiz Gallardón. El alcalde destacó que la capital, que «cierra el paso a toda tentativa de disculpa», mantiene «intacta» su sensibilidad al terrorismo. Según Gallardón, la elección de Madrid como meta del convoy se debe a que en esta ciudad «habita el sentimiento de dolor y es el gran espejo donde se reflejan los sentimientos y esperanzas de los españoles». También aseguró que Madrid se siente víctima del terrorismo, algo a lo que «no nos hemos acostumbrado» pues «los golpes no nos han hacen perder la sensibilidad».

Por otro lado, Gallardón destacó que nadie debe ignorar el propósito legítimamente político» de la AVT, que consiste en «impedir que las instituciones del Estado, también establecidas en esta ciudad, hagan concesiones que pongan en riesgo el derecho de los afectados a que se haga justicia». La «caravana» concluyó sus actos con una misa en la catedral de La Almudena en recuerdo de las vícitmas.

Aznar acusa a Zapatero de promover la «división irreversible de España»
En un artículo publicado en el diario italiano «Il Messaggero», el ex presidente del Gobierno ve incomprensible que Zapatero impulse «la autodisolución» de la nación
ABC 16 Octubre 2005

ROMA. El ex presidente del Gobierno y del PP, José María Aznar, ha acusado al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y al PSOE de promover «la división irreversible de España» al permitir el debate y la futura aprobación del Estatuto de Cataluña, en lugar de devolverlo al Parlamento de esa Comunidad por su evidente inconstitucionalidad.

En un artículo publicado ayer en el diario italiano «Il Messaggero», Aznar califica el Estatuto catalán de «golpe a la misma base de la Constitución española» por erigir a Cataluña en una «nación», y de «fraude muy grave» por eliminar el derecho de todos los españoles a «opinar sobre su futuro común». «El problema no es que en el texto haya algunos rasgos inconstitucionales. El problema es que la anticonstitucionalidad viene de raíz e impregna la totalidad de su articulado», concluye Aznar.

Y ello, además, sin la existencia de una «intensa y reiterada demanda de los ciudadanos de Cataluña», a quienes Aznar, basándose en distintas encuestas, atribuye un «notorio desinterés» por la reforma del Estatuto. Para Aznar, el fracaso del socialismo real en la Europa de final del siglo pasado ha movido a los partidos socialdemócratas a buscar vías de supervivencia, con éxito en algunos países que no han tenido inconveniente en convertirse en «campeones del atlantismo» o que han promovido reformas educativas muy alejadas de «las fracasadas experiencias de los sistemas igualitaristas». Pero no ha sido el caso de España, donde «lamentablemente la izquierda ha seguido otros derroteros» y, en concreto, una línea «destructiva»: retirada de las tropas de Irak, paralización de la reforma educativa, anulación de «un plan vital para España» con el PHN... «En España sólo ha cambiado una cosa: la actitud de la izquierda», con su empeño por «dejar fuera del sistema a todos aquellos que no compartieran las alteraciones introducidas por el Gobierno».

Ataques del PSOE a la Iglesia
Aznar censura los «ataques gratuitos e innecesarios» a la Iglesia católica, la ley de matrimonios homosexuales, «incluida la posibilidad de adopción», o la propuesta del Parlamento «que suponía una oferta de negociación a los terroristas de ETA». En esta estrategia del Gobierno de Zapatero -a quien Aznar no cita en su artículo-, inscribe el ex jefe del Ejecutivo el impulso a una reforma estatutaria que «supone una derogación de facto de la Constitución».

«Es incomprensible que el Gobierno de una de las naciones más antiguas de Europa promueva su autodisolución», añade Aznar, para quien el Estatuto encubre en sí mismo una reforma constitucional. «Y una reforma constitucional es algo que afecta a todos los ciudadanos del país. Todos los españoles deberían tener derecho a opinar y votar sobre un nuevo régimen que quiere implantarse». La tesis del PSOE de tramitar como una reforma estatutaria lo que, según Aznar, constituye una modificación encubierta del modelo de Estado vigente, no es sino «un fraude muy grave». «En lugar de llevar a la Cámara un proyecto de reforma constitucional, que requiere una mayoría parlamentaria muy amplia y un referéndum nacional, han presentado un proyecto de reforma de un Estatuto regional», que exige una mayoría absoluta y no de las dos terceras partes del Congreso, y que sólo demanda una consulta popular en Cataluña. Por eso juzga que es un «fraude».

Además, Aznar censura al Gobierno su anuncio de votar «sí» a la tramitación del Estatuto ya que, como alternativa, podría «impugnar ya el texto aprobado por el Parlamento de Cataluña y suspender su tramitación hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional». Pero «no hemos recibido hasta ahora la menor señal de que vaya a hacerlo», concluye el ex jefe del Ejecutivo.
 

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