AGLI

Recortes de Prensa     Martes 18 Octubre 2005
Gobernar para dividir
José María Aznar Libertad Digital 18 Octubre 2005

La importancia de llamarse Ernest
Ignacio Villa Libertad Digital 18 Octubre 2005

El desafío de Maragall
M. MARTÍN FERRAND ABC 18 Octubre 2005

El nombre de la cosa
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 18 Octubre 2005

¿Reconstruimos España?
VÍCTOR PÉREZ-DÍAZ El País 18 Octubre 2005

Ortega y Gasset y el problema de España
DANIEL REBOREDO /HISTORIADOR El Correo 18 Octubre 2005

El PSOE no tiene sencillo salir del atolladero catalán
Editorial Elsemanaldigital.com  18 Octubre 2005

El espectáculo catalán
Pablo Sebastián Estrella Digital18 Octubre 2005

Gobernar para dividir
José María Aznar Libertad Digital 18 Octubre 2005

Por su interés, reproducimos íntegramente el artículo publicado por el ex presidente del Gobierno español, José María Aznar, en el diario italiano Il Messaggero.

El pasado viernes 30 de septiembre el Parlamento regional de Cataluña aprobó, con la única oposición del Partido Popular, un proyecto de nuevo Estatuto de autonomía. En él se define a Cataluña como una nación, distinta de la española. Se diseña una especie de relación confederal entre Cataluña y el resto de España. Prácticamente se vacían las competencias de la Administración del Estado en la región. También se define un modelo de financiación según el cual el gobierno regional recaudaría la totalidad de los impuestos, así como un sistema judicial independiente.

Para alguien que no esté informado en detalle de la vida política española, semejante golpe a la misma base de la Constitución española –es decir, la soberanía– sólo podría explicarse por una intensa y reiterada demanda de los ciudadanos de Cataluña. No parece que tal demanda haya existido. Cada vez que han sido consultados, los ciudadanos catalanes han manifestado un notorio desinterés por la reforma del Estatuto, y han soportado una enorme presión del gobierno regional y de los partidos que lo sustentan. Más bien parece que las decisiones se han tomado de espaldas a los ciudadanos, sin mandato ni consentimiento

Un observador italiano podría creer que la demanda independentista proviene de algún tipo de avance electoral de los partidos nacionalistas catalanes. Sin embargo, ésta es una impresión engañosa. La proporción entre partidos de implantación nacional y partidos locales en Cataluña no ha cambiado sustancialmente en los últimos diez años. Y en el Congreso de los Diputados del Parlamento español la suma de los dos grandes partidos (PSOE y PP) es la mayor desde las primeras elecciones democráticas de 1977. ¿Qué ha cambiado entonces para que se cuestione de manera tan brutal tanto la realidad nacional española como el propio Estado? Sólo ha cambiado una cosa: la actitud de la izquierda.

Es evidente que la izquierda europea lleva años en búsqueda de referentes ideológicos tras el fracaso tanto del socialismo real como de las líneas básicas de la socialdemocracia. Perdidas las bases que han guiado sus políticas durante un siglo, distintos partidos en distintos países han seguido líneas diferentes. En algunos países han sido partidos socialistas quienes han capitaneado reformas drásticas del estado del bienestar, precisamente para salvarlo y hacerlo viable. Algunos partidos socialdemócratas han sido los campeones del atlantismo. En otros casos, partidos de izquierda han impulsado reformas educativas basadas en el mérito y esfuerzo individual tras las fracasadas experiencias de los sistemas igualitaristas.

Lamentablemente en mi país la izquierda ha seguido otros derroteros. Tras su llegada al gobierno el pasado año se marcaron una línea en primer lugar destructiva. Fue el caso de la paralización de la reforma de la educación, de la anulación de un plan vital para España como era el Plan Hidrológico Nacional o de la retirada de las tropas de Irak. La siguiente fase fue más allá. Consistió en poner sobre la mesa proyectos divisivos. Se trataba de dibujar una franja lo más gruesa posible que separara lo supuestamente progresista de lo supuestamente anticuado. Daba igual que una mayoría social no compartiera esos proyectos divisivos. El objetivo era dejar fuera del sistema a todos aquellos que no compartieran las alteraciones introducidas por el Gobierno. Así se explican los ataques gratuitos e innecesarios a la Iglesia católica. Así se explican leyes como la que incluye en el concepto de matrimonio a la unión entre personas del mismo sexo, incluida la posibilidad de adopción. Así, en parte también, puede explicarse la propuesta presentada por el Gobierno en el Parlamento, que suponía una oferta de negociación a los terroristas de ETA.

Pero lo que sin duda debe de resultar más incomprensible para un observador no familiarizado con la vida política española es que el gobierno de una de las naciones más antiguas de Europa promueva su autodisolución.

Cuando el actual Presidente del Gobierno de España era líder de la oposición, afirmó en un mitin electoral, que apoyaría cualquier proyecto de nuevo estatuto de autonomía que aprobara el Parlamento de Cataluña. Si los nacionalistas presentes en el Parlamento regional necesitaban algún estímulo para enviar a Madrid un estatuto de reivindicaciones máximas, lo encontraron aquella noche.

De esta manera, el texto que ya ha entrado en el Congreso de los Diputados supone una derogación de facto de la Constitución. No sólo porque altera de modo sustancial el nivel de competencias del propio Estado y la relación de éste con las instituciones regionales, sino sobre todo porque suprime el mismo sujeto constituyente, titular de la soberanía, la nación española formada por todos los ciudadanos y que es, por definición, indivisible. La idea de una nación de ciudadanos libres e iguales ante la ley sencillamente desaparece.

Una reforma constitucional es algo que afecta a todos los ciudadanos del país. Todos los españoles deberían tener derecho a opinar y votar sobre un nuevo régimen que quiere implantarse. Pero la coalición de la izquierda y los nacionalistas no quieren permitirlo. En lugar de llevar a la Cámara un proyecto de reforma constitucional, que requiere una mayoría parlamentaria muy amplia y un referéndum nacional, han presentado un proyecto de reforma de un Estatuto regional, que puede ser aprobado por una mayoría parlamentaria ordinaria y en el que sólo los ciudadanos catalanes son consultados. Es un fraude muy grave, que elimina el derecho de todos los españoles a opinar sobre su futuro común.

El Gobierno podría impugnar ya el texto aprobado por el Parlamento de Cataluña y suspender su tramitación hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional. No hemos recibido hasta ahora la menor señal de que vaya a hacerlo. Igualmente, la mesa del Congreso de los Diputados podría devolverlo a Barcelona por no ajustarse su contenido a lo que debe ser un proyecto de estatuto y pedir a la Cámara regional que lo tramite como proyecto de reforma constitucional. El partido socialista ya ha anunciado que desea su trámite en el Congreso para eliminar los rasgos anticonstitucionales. Esa es una táctica engañosa. El problema no es que en el texto haya algunos rasgos inconstitucionales. El problema es que la anticonstitucionalidad viene de raíz e impregna la totalidad de su articulado.

En 1977, con las primeras elecciones democráticas tras el fin de la dictadura franquista, y en 1978, con la aprobación de la primera Constitución española fruto del más amplio consenso de las fuerzas políticas, los españoles decidimos avanzar hacia la libertad, la prosperidad y el progreso. Aquel proceso histórico pudo tener sus fallos, pero nacía de la firme y clara voluntad de aprender de nuestro pasado para no volver a cometer los mismos errores. La izquierda de aquel momento, y también el nacionalismo catalán, se implicaron, de manera correcta, en la transición democrática.

Siempre he creído en las posibilidades de España para ser uno de los mejores países del mundo. Siempre he creído que bastaba con trabajar duro y permanecer unidos en lo esencial, en la estabilidad institucional y democrática. Hoy, con la más honda preocupación, sólo puedo esperar que la voz de la mayoría obligue al Gobierno a retirar un proyecto que significa la división irreversible de España.

La importancia de llamarse Ernest
Ignacio Villa Libertad Digital 18 Octubre 2005

La última jugada de Pascual Maragall, este fin de semana, ha sido una más de una larga lista de gestos poco presentables en una actitud de servicio al ciudadano. Estarán conmigo que es mucho pedir que todavía los ciudadanos catalanes sigan confiando en sus políticos. Después del acuerdo con ETA en Perpiñán de Carod Rovira, después de la pésima gestión de la crisis del barrio del Carmelo, después del silencio informativo impuesto a los medios de comunicación en aquella polémica y después de las denuncias del 3%, ahora esta nueva batalla de Maragall coloca a la clase política catalana en su sitio: una casta cerrada, muy alejada de las necesidades ciudadanas y exclusivamente pendiente de sus propios intereses.

La polémica surgida el pasado sábado ante el intento de Maragall de colocar a su hermano Ernest en una consejería ha sido lo que ha provocado toda la revuelta. Es verdad que la polémica ha derivado hacia la capacidad del presidente del gobierno catalán por afrontar una remodelación. En este contexto hay que afirmar que efectivamente el jefe de un Ejecutivo es el único que tiene potestad para los cambios. Lo que ocurre es que en esta ocasión Pascual Margall se ha olvidado de tres detalles:

Primero. Maragall es presidente de un Gobierno muy endeble en su constitución; muy débil en su gestión; muy complicado en su funcionamiento. Dicho de otra forma, Maragall hace que manda donde no decide nada. Su situación políticamente es precaria y no puede enterrar su incapacidad de hacer y deshacer.

Segundo. El error que supone dar un golpe de mano en un Gobierno de estas características en el momento clave de la legislatura cuando la reforma del Estatuto está en Madrid y en vísperas del Debate de política general en Cataluña.

Tercero. Toda esta movida tiene un objetivo final que no es otro que colocar a su hermano Ernest en una Consejería. Aunque, todo hay que decirlo, no es la primera vez que esas "fidelidades familiares" surgen como el motor de la forma de hacer política en Cataluña.

En fin, la situación, la crisis surgida en Cataluña es tan poco explicable que quedan muchos interrogantes por responder. ¿Ha hecho esto Maragall para enfrentarse a Montilla? ¿Lo ha provocado para que Zapatero se moje? ¿Quiere provocar una situación de crisis ante el futuro de la reforma del Estatuto catalán? ¿Quiere Maragall romper con su partido? Sinceramente, la última del presidente catalán es muy poco explicable, a no que ser que sea la confirmación definitiva de que la política catalana forma parte de otro planeta. Un planeta donde los ciudadanos no tienen ni voz, ni voto. Por cierto: ¿qué dice Ernest de todo esto?

El desafío de Maragall
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 18 Octubre 2005

¿CUÁL de las tres patas del taburete que sostiene a Pasqual Maragall al frente del Govern será la primera en romperse? No es ésa una previsión sencilla porque el president, en sus ansias de remodelar el equipo que le asiste al frente de la Generalitat, ha irritado por igual a los suyos, los sufridos y confusos militantes del PSC, que a los ajenos, las gentes de ERC e ICV. Sin duda un jefe de Gobierno tiene entre sus prerrogativas la designación y el cese de quienes, con el máximo rango, complementan su trabajo político; pero, especialmente cuando se parte de una minoría, la prudencia aconseja convenir con los socios las grandes decisiones para que no opere el elemental mecanismo de repulsa que les asiste.

Incluso José Montilla evidencia su irritación ante los cambios que perpetra Maragall. Su, hasta ahora, fidelísimo segundo en el PSC y, en los ratos libres, ministro en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha puesto pies en pared ante la «maragallada» que pretende reducir el número de consejeros y renovar las nóminas de los restantes, introduciendo en el Govern a su propio hermano. No debe de ser fácil la convivencia política de tres formaciones tan dispares, y hasta contradictorias, como las que integran el tripartito, y el president busca el calor de la familia, el consuelo del cariño fraternal. Algo muy humano que, a poco que se radicalice la situación, puede desencadenar unas elecciones anticipadas en Cataluña que, fuese cual fuere su resultado, no será benéfico para unos socialistas que, en alarde de fervor nacionalista, incluso soberanista, se han puesto enfrente del segmento social que tradicionalmente ve en la rama catalana del PSOE su mejor representación política.

Lo que se le ha olvidado a Maragall es que ni Josep Lluís Carod-Rovira ni Joan Saura le prestaron su apoyo, definitivo para quien había perdido las elecciones, por simpatía o caridad. Lo hicieron por el más concreto de los intereses políticos, el del reparto del poder, y ello está tasado en el acuerdo, cuasi milagroso, que convirtió a Maragall en president cuando una derrota y su condición sexagenaria le mandaban a casa. El acuerdo del Tinell, que así se bautizó el pacto que le hurtó la posibilidad de gobierno a Artur Mas, fijó, incluso con decimales, las cuotas de poder para cada uno de sus firmantes. Romperlo ahora, cuando el pretendido Estatut, piedra angular del acuerdo, espera turno en el Congreso de los Diputados es temerario y, puede, como primer efecto secundario, crearle a Zapatero una situación irrespirable en La Moncloa. ¿A quién estará desafiando el imprevisible Maragall? Sería bueno para todos que él mismo lo supiera porque, si se le contempla desde que relevó a Narcís Serra en la Alcaldía de Barcelona, no son muchos los datos de coherencia que se pueden subrayar en su biografía.

El nombre de la cosa
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 18 Octubre 2005

Me ha dejado perplejo, mi admirado presidente, la noticia de que tiene usted ocho alternativas al término 'nación' para la cosa catalana. Así se explica que Ibarretxe esté tan calmado últimamente. Al fin ha creado escuela; ha devenido en clásico. Jáuregui se apuntaba la semana anterior a su consigna «dialogar hasta el amanecer» y usted le ha copiado la respuesta a la publicación de su famoso plan por los periódicos de esta casa el 23 de julio de 2003: «La filtración es uno de los ocho trabajos-borradores con los que el lehendakari viene trabajando y seguirá trabajando a lo largo del mes de agosto »

Nadie es capaz de desarrollar ocho borradores a un tiempo, salvo que padezca esquizofrenia múltiple. Nadie tiene ocho alternativas al término 'nación'. Usted mismo afirma que sólo una es la buena. Entonces, ¿a qué vienen las otras siete?¿son para enredar? ¿para despistar a la prensa? ¿para demostrar que va usted sobrado?

Mucho me temo, mi señor Zapatero, que «la buena» sea la «comunidad nacional», porque son ustedes, amén de recurrentes, muy dados a la fe en la autoridad y ésta es una propuesta de Rubio Llorente, hecha por el presidente del Consejo de Estado en un día juguetón.

A veces la autoridad no lo es todo. El concepto lo acuñaron los austromarxistas (Adler, Bauer, Renner, Hilferding), socialistas vieneses que a comienzos del siglo XX trataron de redimir al marxismo de sí mismo, toma ripio. Otto Bauer publicó en 1907 'La cuestión nacional y la socialdemocracia', donde definía el término 'nación' como «colectividad de los hombres unidos por una comunidad de destino en una comunidad de carácter». De aquí copió Primo de Rivera su definición de España como «una unidad de destino en lo universal», en el acto fundacional de la Falange, no le digo más.

Verá mi señor Zapatero, mejor que busquemos otra. Será un concepto austrohúngaro, no digo que no, pero ha sido sobajado por todos los fascismos del siglo XX: fue el alma del Movimiento Nacional, una mesa de tres patas, que eran familia, municipio y sindicato. La comunidad nacional fue piedra angular de cinco de las siete Leyes Fundamentales del franquismo, (Fuero del Trabajo, Fuero de los Españoles, Ley Constitutiva de las Cortes, Ley de Principios del Movimiento Nacional y Ley Orgánica del Estado); del programa del Partido Obrero Alemán (DAP) de 1920, antecedente inmediato del Partido Nazi (NSDAP); del pensamiento o así de Goebbels y Hitler (en 'Mein Kampf', cinco veces) y de la Constitución de Chile bajo la dictadura de Pinochet, entre otros.

Permítame que me ponga constructivo y le ofrezca una alternativa más precisa y menos contaminada para la definición de la cosa en el texto del Estatut, habida cuenta de que todo este lío ha salido de las cabezas de Maragall y Carod-Rovira, tan coronadas de espinas: «Artículo 1º.-Catalunya es una trepanación».

¿Reconstruimos España?
VÍCTOR PÉREZ-DÍAZ El País 18 Octubre 2005
 
Se supone que elegimos, y pagamos, a los políticos para resolver nuestros problemas, no para crearlos. Los políticos del momento han organizado ahora en España un drama mayor, al intentar una reforma constitucional por la puerta falsa. Proponen un Estatuto con el término "nación" y juegan con la confusión entre un concepto político que denota un agente soberano y un concepto sociológico que se refiere a un sentimiento de identidad; pero ellos mismos deshacen la confusión con un texto cuyo articulado, largo y meticuloso, expresa una voluntad soberana. El blindaje de competencias y la financiación por un sistema de concierto ponen en cuestión el equilibrio entre los diferentes territorios del país, y no pueden decidirse como un asunto bilateral entre el poder central y el poder local en cuestión. El conjunto altera sustancialmente el espíritu y la letra de los acuerdos constitucionales sobre los que se basa la democracia española desde hace más de veinticinco años. Puede aceptarse sólo si hay un nuevo pacto constitucional.

Se entiende que los nacionalistas den un paso así, dados sus objetivos; pero que les animen a darlo quienes dependen del voto del resto de los españoles sugiere en éstos un sentido deficiente de la realidad. No es que nuestros gobernantes sean incomprensibles. Son fáciles de comprender. Entienden el poder en términos de reparto y, habiendo ganado unas elecciones, tienen la sensación de que llegó el momento de volver a repartir las cartas. Repartir el poder político es normal, pero ya no lo es imaginar que da patente de corso para repartir el poder económico. Esto es una corruptela a la que nos tiene mal acostumbrados la clase política de todos los colores, y ya que se habla de ansias infinitas de paz y benevolencia, no estaría de más añadir un ansia infinita de decencia en respetar las reglas de juego de las instituciones económicas. Tampoco es normal creer que ganar el poder permite cambios en las reglas del juego político. No debería olvidarse que alterar las instituciones aprovechando la relación de fuerzas es pésimo a largo plazo para un país, para su funcionamiento y su reputación, y también, con frecuencia, para quienes lo intentan.

En este caso, estos políticos y sus aliados parecen creer que el mundo termina donde acaba el espacio de sus conciliábulos. Deberían tentarse la ropa y tener la sangre fría para ver que ellos están jugando en una mesa pero que la sala está atiborrada de público. Están ensimismados y no ven que hay otras quince Comunidades Autónomas (aparte de la vasca), con su orgullo y sus intereses propios. No ven que hay un país de españoles que se sienten españoles, probablemente un noventa por ciento del conjunto de la población; un detalle, sólo nueve décimas partes. Y acaban creyendo que a los españoles se les puede pastorear hacia los prados y praderas de su versión de lo correcto. Pero no conviene ser tan ciego. Este país, el de verdad, es un poco más arisco. Y aún tiene sentimientos sobre la unidad y la integridad territorial de España, y sobre la Constitución de 1978 como expresión y garante de esa unidad, que ya van aflorando desde el fondo, lo seguirán haciendo, e irán a más. Todavía no ha sido anestesiado a estos efectos por un sistema educativo sin rumbo y un espacio público contaminado por demasiado ruido. Al público, de repente se le han encendido las alertas, y empieza a enviar el mensaje de que no quiere una reforma constitucional subrepticia, aprovechando el reparto de las cartas. No quiere un adelantamiento en una curva, que puede terminar en desastre para todos. No quiere una salida negociada a empellones. No quiere ilusionados con la idea fija de resolver los problemas de España a su manera, que, mirando a las estrellas, se precipiten, y nos precipiten, en un pozo.

Si con las cosas de comer no se juega, para un partido político las cosas de comer son perder las elecciones y, peor aún, verse fuera del poder una generación. Esto puede convertirse en la pesadilla de un partido socialista que ve acortarse las distancias con su oponente, y cuyos propios votantes dan por supuesto que pagará un grave precio político por la deriva de los acontecimientos. Sí, se comprende que le hubiera gustado sacar a su oponente del espacio político, empujarle a cometer una imprudencia y convertirle en chivo expiatorio de todos los males del país. Pero no es por ahí por donde van las cosas. ¿Podrá nadar y guardar la ropa? Cuanto más tiempo pase, más oportunidades tiene el país de pararse a pensar y darse cuenta de la situación. No le convence un sistema por el que los nacionalistas catalanes y el segmento soberanista de los socialistas catalanes, al alimón, pretenden controlar Cataluña sin interferencia, y al tiempo ser la llave que decide quién gobierna en España. Es una asimetría indigerible por muchos españoles, y amañarla con frases de doble sentido no va a funcionar. Se quiere que lo que allí, en Barcelona, parezca enorme, aquí, en Madrid, parezca nimio. Es demasiado obvio.

¿Cabe forzar el ritmo y hacer los arreglos con premura mientras se arremete contra los adversarios? Cabe, pero el intento puede ser contraproducente. Forzar el ritmo es temerario cuando los sentimientos corren en la otra dirección y el público se está fijando ya en la letra pequeña. La rutina de descalificar al oponente y atribuirle intenciones nefastas se gasta por exceso de uso; une al partido y calienta su ánimo cuando se enfrenta a su rival, pero le sirve de poco para ganarse el electorado cuando éste le hace las preguntas difíciles. ¿Se podrá convertir a los españoles en perdices y marearles indefinidamente con palabras usadas como fórmulas mágicas o señuelos de caza? ¿Será eficaz la apelación a una España nación de naciones, confederal, plurinacional, multi-identitaria, supernovedosa, que medita en silencio la ausencia de su nombre y se funde en abrazos consigo misma? El empeño parece metafísico, cursi y un poco artero, porque mientras España desaparece como una nube en el cielo, las nuevas naciones y nacionalidades, arraigadas en la tierra, pretenden nutrirse con toda la energía cívica de sus miembros.

Hay algo muy razonable en querer reconstruir el país con los catalanes en el lugar de coprotagonismo que, como he repetido muchas veces, les corresponde y está proporcionado con su dinamismo y con su ejemplo; pero está claro quedesde arriba no saben hacerlo porque cuando no se demoran se precipitan, y distorsionan los problemas. Una larga conversación sobre la España plural y diversa no es un debate dominado por los líderes políticos y los agentes mediáticos con la urgencia de ganar la mano en la partida de turno, ni el de unos intelectuales haciendo florilegios. Así nunca se ha construido un país, y menos éste. Desgraciadamente, el tiempo ha demostrado que una parte de nuestras élites políticas y culturales es demasiado localista y está obsesa por el corto plazo, empeñada en ver los conflictos como juegos de suma cero en los que si uno gana es porque el otro pierde, y demasiado enconada para tener magnanimidad y paciencia, unos con otros. Se tratan mal. Quizá es que aman a sus adversarios como a sí mismos, y porque a sí mismos se aman poco, odian mucho. Transmiten estos sentimientos a la ciudadanía, amplifican sus desconfianzas y ofuscan su juicio. Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Para evitar males mayores, los ciudadanos de a pie podemos hacer dos cosas, una con los políticos y otra entre nosotros. A los políticos, hay que enviarles el mensaje rotundo, alto y claro de que no queremos que se rompa el país, ni la trama de sus intereses ni la de sus sentimientos, y recordarles que no somos sus súbditos sino sus iguales y que les podemos echar y les echaremos de sus cargos si se empeñan. Esto lo entienden; y quizá algunos se vuelvan más prudentes, y se impliquen en un proceso de convergencia de expectativas hacia una solución minimalista.

Entre nosotros, hay que hacerse a la idea de que la España que queramos tener, si queremos alguna, la haremos en la economía, la sociedad, la vida cotidiana y las conversaciones entre millones de voces, multiplicando los tratos y los encuentros. No estará de más que en éstos nos dejemos guiar por la razón y nos hagamos muchas preguntas con un poco de calma. (Por ejemplo: ¿hasta qué punto nos hace falta tener un Estado español operativo en los tiempos que corren?, ¿nos interesa impulsar la desmembración interna de la Unión Europea con la primera fragmentación de uno de sus Estados miembros? ¿Cómo podemos convertir nuestra diversidad en motivo de estímulo para todos, y no de inquietud?) Estas cosas llevarán su tiempo, pero no tenemos alternativa. No hay atajos para ese camino. A lo mejor, al final, descubrimos que no tenemos que cambiar mucho nuestras instituciones; y en cambio sí tenemos que cambiar, y mucho, la forma de usarlas.

Víctor Pérez-Díaz es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

Ortega y Gasset y el problema de España
DANIEL REBOREDO /HISTORIADOR El Correo 18 Octubre 2005

España o lo que actualmente se denomina, 'para no ofender', Estado español, se encuentra en una fase histórica destructiva, en medio de la indiferencia, el hastío y, en muchas ocasiones, el odio de sus diversos vecinos, algo por otra parte muy característico de su historia y de la identidad de sus habitantes. Vivimos unos tiempos en los que no pocos desaprensivos se están esforzando por resucitar viejos fantasmas, horrores, odios y venganzas de pasadas guerras civiles. Lo curioso de este fenómeno radica en que se está desarrollando después de treinta prósperos años de innegable progreso económico, convivencia civil y desarrollo ciudadano, únicamente alterado por la miseria terrorista. Nuestra época está inmersa en una niebla conceptual en la que los nacionalismos caducos, trasnochados y destructores de inspiración 'herderiana', y las identidades agresivas se mezclan con razonables demandas de autonomía que no encarnan unos derechos históricos, sino unas manifiestas ansias de poder, modernas y egoístas, enemigas de la convivencia y retrógradas en su espíritu y concepción. En este convulso contexto nos encontramos con la figura de José Ortega y Gasset, con su proyecto filosófico y con su participación en la radicalizada vida política española de los primeros años del pasado siglo XX. Hoy se cumplen cincuenta años de la muerte del filósofo y ensayista, del político, del 'agitador' cultural, del escritor, del articulista conciso y claro, de quien utilizó las palabras más por lo que sugieren que por lo que definen, del intelectual que quiso divulgar la filosofía entre los españoles, del heredero del 'ideal europeísta' de la llamada generación del 98 y de la Institución Libre de Enseñanza que se remontaba al krausismo, de quien puede ser considerado una de las principales aportaciones de la España del siglo pasado a la cultura universal.

Ortega nació en Madrid (9 de mayo de 1883) en el seno de una familia perteneciente a la burguesía liberal e ilustrada de finales del siglo XIX. En 1897, terminado su bachillerato en Málaga, inició sus estudios universitarios (Deusto y Madrid) y fue testigo de un acontecimiento histórico de primer orden que hizo plantearse el problema de España a toda una generación de españoles (Unamuno, Baroja, Machado, Ortega). La pérdida de los últimos restos del imperio colonial español, Cuba, Puerto Rico y Filipinas (Paz de París en 1898) le hizo tomar conciencia de un problema que radicaba en el individualismo de los españoles y en la insolidaridad de unas regiones desligadas de los asuntos nacionales. De ahí que propusiera que su regeneración sólo podía realizarse tomando conciencia de una 'misión nacional' dirigida por una elite intelectual. Aunque sus ideas y las de los krausistas difieran notablemente en la aplicación política y cultural, coinciden en varios puntos clave como que España debía superar esta época nefasta, que para ello debía 'insertarse' en el pensamiento europeo y que todo el proceso demandaba la existencia de grupos dirigentes que actualizasen la cultura española.

Después de doctorarse en Filosofía, amplió estudios en las universidades de Leipzig, Berlín y Marburgo. En esta última conoció a los neokantianos H. Cohen y P. Natorp, a cuyas influencias se sumarían Nietzsche, Husserl, Dilthey, Scheler y, al final de su vida, Heidegger. En 1910 consiguió el cargo de catedrático de Metafísica en la Universidad de Madrid, desde la cual escribió múltiples artículos, dio conferencias y configuró ensayos sobre temas filosóficos y políticos que contribuyeron al renacer intelectual español de las primeras décadas del siglo XX. A comienzos de los años veinte del pasado siglo, orientó sus escritos hacia el análisis de los comportamientos sociales de las masas que conforman la sociedad contemporánea (perspectivismo) ('España invertebrada', 1921; 'El tema de nuestro tiempo', 1923; y 'La rebelión de las masas', 1930). A finales de esta década inició la etapa raciovitalista, que se plasmó en obras como 'Kant. Reflexiones en torno a un centenario' (1929), 'En torno a Galileo' (1933), 'Ideas y creencias' (1940) e 'Historia como sistema' (1941). Fecundo articulista en periódicos a los que se sintió muy vinculado, 'El Imparcial', creado por su abuelo, y 'El Sol', que creó él mismo, fundó también la revista 'España' (1915) y 'La Revista de Occidente' (1923).

En la crisis política que precedió al advenimiento de la República (1931) se manifestó, como otros muchos intelectuales, partidario de la abolición del régimen imperante ('¿Delenda est monarchia!'). Con este fin creó la Agrupación al Servicio de la República, grupo político en el que participaron otros intelectuales como Gregorio Marañón o Ramón Pérez de Ayala, y en nombre del cual fue elegido diputado a las Cortes constituyentes de 1931. Inicialmente entusiasmado con su participación política, poco a poco la radicalización de la Constitución de 1931, el descontento que ello le produjo, los enfrentamientos extremos de la vida política y social española de la época y el hecho de que en las Cortes se 'le oía pero no se le escuchaba ni se le consideraba' le llevaron a abandonar su cargo de diputado («¿No es eso, no es eso!», 'Rectificación de la República'). Volvió a la vida académica y publicó 'En torno a Galileo" (1934) e 'Historia como sistema' (1935). La labor filosófica llevada a cabo por Ortega durante el primer tercio de nuestro siglo se vio truncada por la tragedia física y moral que fue la Guerra Civil. Hacia 1936, el panorama de la filosofía española no podía ser más halagüeño y a ello contribuyó, quizás más que nadie, Ortega (García Morente, Zubiri, Marías, Zambrano, Granell, Imaz, Recaséns). El inicio de la guerra le llevó al autoexilio por países como Francia, Holanda, Argentina y Portugal, hasta que regresó en 1945 una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Los diez años que transcurrieron hasta su muerte fueron de ostracismo, aunque en 1948, ayudado por colaboradores y discípulos, fundó el Instituto de Humanidades. A pesar del oscurantismo franquista vieron la luz obras tan importantes como '¿Qué es filosofía?' (1950) y, después de su muerte, 'Meditaciones sobre Europa' (1957) y 'El hombre y la gente' (1958).

El recuerdo de Ortega y el reconocimiento de su gran aportación intelectual y moral, innegables ambos, relacionan la política española republicana, de la que formó parte, y el momento actual que vive España. Si en 'La rebelión de las masas' pronosticaba una crisis social en todo el mundo occidental que tuvo su expresión en los hechos ocurridos en torno a la Segunda Guerra Mundial, Ortega también se opuso al Estatuto de Cataluña (que consideraba un suicidio colectivo) y así lo expresó en las Cortes frente a Manuel Azaña en 1932. Pero Ortega fue mucho más que su experiencia política y por ello debemos recordar a quien trabajó, acertada o equivocadamente, desde una perspectiva más o menos elitista, por un proyecto común en un país cateto y cainita. Cuando Ortega escribió, en 1910, «España es una posibilidad europea (...) sólo mirada desde Europa es posible España» ('España como posibilidad'), expresaba, sin él saberlo, que lo único que puede evitar la balcanización española es lo que entonces era Europa y hoy la Unión Europea. Cuando manifestó que «sólo cabe progresar cuando se piensa en grande», expresaba el deseo de regeneración krausista del país. Cuando dijo que a la República sólo la salvaría «pensar en grande, sacudirse de lo pequeño y proyectar hacia lo porvenir», estaba preconizando soluciones globales a problemas concretos. Imbuidos de su estela intelectual, los ciudadanos del siglo XXI haríamos bien en no menospreciar la locura que incita a los hombres a matarse en nombre de etnias, lenguas y religiones, y que aplasta los derechos de la dignidad del ser humano. En el problema de España hay mucho de esto.

El PSOE no tiene sencillo salir del atolladero catalán
Editorial Elsemanaldigital.com  18 Octubre 2005

Maragall recuerda las dos promesas que atan hoy a Zapatero: aprobar la reforma del Estatuto "como salga del Parlament" y en ningún caso pactar con el Partido Popular.

18 de octubre de 2005. La sucesión de acontecimientos políticos, entre Barcelona y Madrid, es un híbrido de culebrón y drama. El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, ha sembrado el desconcierto entre los suyos –sus aliados, su partido y el mismo PSOE nacional- con su intento de reformar el Gobierno autónomo precisamente en plena discusión del Estatuto, y precisamente incluyendo a su propio hermano Ernest Maragall. Pero no es cosa que pueda tomarse a la ligera.

Maragall actúa con plena libertad porque sabe que José Luis Rodríguez Zapatero le debe su carrera política, y que sigue dependiendo de él para conservar La Moncloa. Y Maragall recuerda a cada paso las dos promesas que atan hoy al líder del PSOE y presidente del Gobierno de España: aprobar la reforma del Estatuto "como salga del Parlament de Cataluña", y nunca, en ningún caso, pactar con el Partido Popular. Recordando esos dos compromisos, vigentes, se entiende mejor la ligereza de Maragall y la vida disipada del PSC.

El PSOE no tiene sencillo salir del atolladero catalán, básicamente, porque sus máximos líderes no quieren salir. Al menos los que hoy son dirigentes en Ferraz se encuentran a sus anchas con el Tripartito en Barcelona y en Madrid. No sólo porque les ha permitido llegar donde están, sino porque su proyecto de Gobierno sólo es posible en estas circunstancias, y porque el nuevo Estatuto catalán hace viable la gran apuesta de la legislatura: la paz a cualquier precio en el País Vasco.

Hay voces en el PSOE que se preguntan por las consecuencias de todo esto, pero son voces minoritarias y acalladas. Prevalece por ahora, aunque se discrepe, la desconfianza frente a PP. Como dijo ayer certeramente Alberto Ruiz Gallardón, es una situación sin precedentes cercanos en nuestra democracia: los dos Tripartitos, el de Maragall y el de Zapatero, han basado su renovación "más bien en un olvido deliberado de la memoria histórica de la Transición" y desde el poder han "desatado un proceso de ruptura que nadie hubiera sospechado". Efectivamente, el PSOE ha dejado de garantizar la España constitucional nacida del acuerdo histórico de 1978, y está dando a los españoles -con la actitud de Maragall y de Zapatero, y con la insistencia de ambos- una imagen de radicalidad insólita. No salen del atolladero porque no quieren salir.

El espectáculo catalán
Pablo Sebastián Estrella Digital18 Octubre 2005

La crisis abierta en torno al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, empeñado en hacer una crisis de Gobierno y criticado por todos los partidos que integran su Gobierno tripartito, incluido el PSC, constituye el colmo del desbarajuste político que impera en Cataluña desde el primer día que Maragall llegó al poder, porque no pasó mucho tiempo, apenas unas semanas, para que tuviera que hacer su primera crisis de Gobierno por el cese de Carod-Rovira tras su encuentro clandestino con ETA ocupando en ese momento el cargo de presidente en funciones de la citada Generalitat de Cataluña.

Los primeros en alegrarse de la nueva crisis catalana con la esperanza de que en ella desparezca el nuevo Estatuto de Cataluña son seguramente la mayoría de los dirigentes políticos del PSOE, con la sola excepción del presidente Zapatero, que hará lo posible por arreglarlo, pues el jefe del Gobierno español está empeñado en que ese toro cornilargo y astifino llegue a Madrid porque él se considera un lidiador de primera que está dispuesto a triunfar como sea y con quien sea. Zapatero ha dado pruebas, ayer, tras su entrevista con Villepin (a la que fue acompañado de otros presidentes autonómicos, dando una imagen grotesca y plural de la democracia española), de que no quiere problemas en Cataluña ni tampoco interferir en los asuntos internos del Ejecutivo de Maragall, mientras que sus compañeros de Madrid, algunos dirigentes del PSOE y otros miembros del Gobierno rezan a la virgen de Montserrat para que estalle el tripartito y se ponga en Barcelona punto final a la locura del Estatuto catalán.

Ésta es la primera reflexión que muchos se hacen en Madrid, y no sólo los dirigentes y ministros del PSOE que temen la gran crisis del Estatuto. Pero más allá de este asunto conviene analizar lo que está pasando en Cataluña, que no es otra cosa que la desautorización pública por el PSC, ERC e ICV del presidente de la Generalitat, que ha anunciado su deseo de remodelar su Gobierno y que ha sido públicamente criticado por todos sus socios, incluido su propio partido. A lo que ha respondido Maragall diciendo que la formación o remodelación de su gabinete es de su exclusiva competencia y no de los partidos que lo sustentan, lo que es cierto y muy justo, pero el presidente catalán se olvida de que si esos partidos dejan de apoyarle él no seguirá como presidente de la Generalitat. Porque él no preside un Gobierno mayoritario sino una coalición y además con el agravante de que es su propio partido el que se ha puesto al frente de la rebelión. Sobre la que Zapatero ha dicho, por cierto, con la confusión que le caracteriza, que el presidente Maragall tienen "la responsabilidad parlamentaria", lo que no es verdad. Maragall lo que tiene es algo que no ejerce: la responsabilidad de gobernar.

Además de esta apreciación, que es muy notable, tenemos que preguntarnos por qué Maragall quiere hacer un cambio de Gobierno cuando está en curso el debate del Estatuto. ¿Qué problemas internos tiene en su Gobierno, de gestión o políticos, para verse en la necesidad de semejante ajuste de gabinete, en el que además pretende colocar a su hermano, Ernest Maragall, ante el escándalo de la clase política catalana y nacional?

Y si Maragall no ha explicado los motivos de esta crisis, que él considera imprescindible y con la que todavía amenaza a tirios y troyanos, sería justo que los partidos del tripartito catalán explicaran los motivos por los que impiden a su presidente tomar las decisiones que le corresponden como jefe supremo de la Generalitat y gobernante de todos los catalanes.

Presidente, tripartito y sus respectivos partidos están todos unidos en la crisis y en el misterio ante el asombro de Zapatero y el regocijo de la inmensa mayoría de los españoles que rechaza el desafiante Estatuto de Maragall y que está asistiendo atónita al permanente espectáculo de la clase política catalana.

Tiene gracia recordar ahora cómo desde el PSC o desde la Esquerra se ha dicho públicamente los últimos días y semanas que en Madrid se estaba fomentando la crispación política y el enfrentamiento con Cataluña. No es verdad. Los políticos catalanes antes, durante y después del debate y de la aprobación del nuevo proyecto de Estatuto no han parado de pelearse entre sí, de amenazarse y de advertirse mutuamente, como ahora lo hacen desde Convergència i Unió pidiéndole a Maragall que se someta a una moción de confianza, y que si no lo hace correrá el riesgo de sufrir una moción de censura. Y en ésas estamos en Cataluña después de haber depositado en la Secretaría del Congreso de los Diputados un proyecto de Estatuto que es inaceptable de la A a la Z, como gustan decir en la Moncloa, y al que ya han empezado a hacerle contraofertas y rectificaciones desde la vicepresidencia económica del Gobierno, empeñado como está Zapatero de que ese proceso continúe en vez de frenarlo antes de que las cosas vayan a peor, que es lo que deberían hacer Zapatero y Maragall.

Siempre quedará la esperanza de que esos cuatro partidos catalanes, PSC, CiU, ERC e ICV que andan a palos entre ellos en Cataluña alcancen tal nivel de desacuerdo en sus asuntos internos y autonómicos como para que no estén en condiciones de presentar en Madrid dentro de 15 días su proyecto de Estatut. En todo caso, y después de esta bronca, ¿con qué credibilidad van a venir a la capital de España Maragall, Carod, Mas y Saura a pedir la comprensión y el apoyo de los españoles sobre un texto que, entre otras cosas, rompe la unidad nacional, y que es traído a las Cortes españolas por cuatro dirigentes políticos que están a la gresca y que son incapaces de conseguir un acuerdo de Gobierno a la vez que tienen maniatado a su presidente para poder decidir cuántos y qué consejeros deben en estos momentos cruciales formar parte del Ejecutivo de la Generalitat.

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