AGLI

Recortes de Prensa     Lunes 24 Octubre 2005
El nacionalismo vasco toma posiciones
Editorial ABC 24 Octubre 2005

La triste mirada de Cambó (a vueltas con el Estatut)
PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO ABC 24 Octubre 2005

Zapatero, entre la espada y la pared
EDITORIAL Libertad Digital  24 Octubre 2005

Los Negociadores
GERMÁN YANKE ABC 24 Octubre 2005

Intervencionismo nacionalista
Francisco CABRILLO La Razón 24 Octubre 2005

Apunte del natural
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 24 Octubre 2005

Toma en consideración
Agapito Maestre Libertad Digital 24 Octubre 2005

El heredero
Isabel Durán Libertad Digital 24 Octubre 2005

Cuestiones semánticas
Fernando R. Genovés Libertad Digital 24 Octubre 2005

La democracia según Maragall
ALFONSO DE LA VEGA La Voz 24 Octubre 2005

El PNV toma posiciones
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 24 Octubre 2005

Cátedra catalana
Editorial ABC 24 Octubre 2005

Los productos catalanes y el Estatuto
Santi Lucas elsemanaldigital  24 Octubre 2005

Los amigos de Zapatero
Pablo Sebastián Estrella Digital 24 Octubre 2005

Ni un duro en La Caixa
LAS PESQUISAS DE MARCELLO Estrella Digital 24 Octubre 2005

Orto y ocaso de Maragall
José Javaloyes Estrella Digital 24 Octubre 2005

Estalinismo de cretinos
José Javier Esparza elsemanaldigital  24 Octubre 2005

Ahora Maragall: ZP traiciona a todos
Santiago Abascal elsemanaldigital 24 Octubre 2005

Zapatero cuenta para todo con la tregua de ETA
Pascual Tamburri elsemanaldigital  24 Octubre 2005

A escondidas
Cartas al Director ABC 24 Octubre 2005

San Gil: «El PNV llama normalización a la rendición ante ETA y la independencia»
R. N. La Razón 24 Octubre 2005

Cataluña convoca más plazas para consolidar su cuerpo propio de catedráticos universitarios
JUAN FERNÁNCEZ-CUESTA ABC 24 Octubre 2005

El nacionalismo vasco toma posiciones
Editorial ABC 24 Octubre 2005

EL Partido Nacionalista Vasco y Batasuna han dado a conocer en los últimos días, cada uno por separado y en función de sus circunstancias, sus planteamientos para participar en los diversos procesos de negociación -paz y normalización- que se abrirían con el Gobierno para resolver el «conflicto» vasco. Las cuestiones de fondo siguen siendo las mismas y respetan la ortodoxia soberanista, porque el documento aprobado por la dirección del PNV el pasado sábado se ratifica en sus tres objetivos tradicionales, con los que coinciden ETA y Batasuna: derecho de autodeterminación, integración territorial y consulta popular. Son las mismas bases del Pacto de Lizarra y del Plan Ibarretxe, es decir, los principios que, desde 1998, han venido facilitando los acuerdos del PNV con ETA, directamente o a través del entramado batasuno. La última demostración de esta coincidencia de planteamientos ha sido el apoyo de los nueve parlamentarios del Partido Comunista de las Tierras Vascas a la investidura de Juan José Ibarretxe como lendakari. Si de verdad Imaz representa algo nuevo dentro del PNV debería avanzar en direcciones distintas al ya clásico e inmovilista discurso del nacionalismo vasco, porque nada de lo dicho este fin de semana supone, ni siquiera desde el punto de vista formal, un cambio de posiciones.

Es cierto que el documento del PNV contiene unas duras críticas a ETA. Pero esta subida de tono sobre los terroristas suena a táctica oportunista -justo ahora que la organización terrorista está muy debilitada y necesitada de cobertura política- para hacerse un hueco entre ETA y el Gobierno y no quedarse al margen de lo que los dirigentes del PNV temen que podría acabar siendo, a medio plazo, una pinza a la catalana contra el partido de Sabino Arana. En definitiva, lo que busca el PNV es un espacio intermedio para no quedar emparedado en un eventual proceso de negociación del Gobierno con Batasuna. En su afán por ir siempre al límite del independentismo, al PNV se le plantea el problema de que una legalizada Batasuna, en su regreso a la arena la política, podría arrebatarle un espacio sustancial del electorado, fundamentalmente en Guipúzcoa. Por eso, los «caminos de paz» y la «normalización política» que propone el PNV se basan en una amnesia colectiva de la responsabilidad exclusiva de ETA y en la aceptación irreversible de que el orden constitucional y estatutario está superado. A partir de ahí, la propuesta de integración y consenso que hace el PNV de Imaz tiene predeterminados los resultados. Lógicamente, su benévola disposición a ofrecer un acuerdo político parte de la condición de que los demás acepten sus postulados mínimos.

Batasuna no ha tomado una estrategia distinta a la del PNV: dar cuerda a un Gobierno central que demuestra ser maleable en la negociación de cuestiones que hasta ahora eran básicas. Por eso, Otegi aplaude que el PSE acepte que el País Vasco se denomine nación, si lo quieren los vascos, porque se trata de un paso significativo en la relativización de posiciones socialistas que habían contenido la presión nacionalista durante los últimos años.

Sea cierto o no que la mesa de partidos ya tiene «interlocutores y proceso», como dice el sindicalista batasuno Rafael Díez Usabiaga, lo que resulta notorio es el protagonismo de la izquierda proetarra, consciente de que, después de treinta años de terrorismo, ha conseguido la ansiada doble vía de mantener la actividad terrorista y forzar al Estado a negociar o, al menos, a decir que está dispuesto a negociar. Mientras dure esta situación, no serán el PNV ni Batasuna -es decir, ETA- quienes pongan pegas a un proceso político que premia su perseverancia contra el Estatuto y la Constitución, proceso abierto gracias, entre otras cosas y como dice el documento presentado por Imaz el pasado sábado, al «cambio de gobierno en Madrid, que supone el final de una etapa de enfrentamiento y la perspectiva de una política basada en el diálogo y en el respeto a la pluralidad».

Las aspiraciones de los nacionalistas vascos siguen siendo las mismas, lo que excluye por parte del PNV cualquier compromiso de lealtad con la Constitución y, por supuesto, en lo que atañe a ETA, el abandono de las armas. Las disputas entre ellos tienen, por tanto, un valor táctico. Lo que les une ahora es la convicción de que tienen enfrente a un Gobierno dispuesto a la cesión y de que Rodríguez Zapatero representa la ocasión que unos y otros estaban esperando.

La triste mirada de Cambó (a vueltas con el Estatut)
POR PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS ABC 24 Octubre 2005

... Lo que importa a la ciudadanía son las mejoras en política educativa, sanitaria, de vivienda, etc. La clase política no debe auspiciar problemas que sólo a ellos interesan y, además, de muy complicado encauzamiento...

EL actualmente debatidísimo Proyecto de reforma del Estatut de Catalunya está plagado, qué le vamos a hacer, de insubsanables vicios, tanto políticos como jurídicos, que habrían recomendado, sin duda, su no aprobación, en los presentes términos, por el Parlamento catalán. Y menos aún, su irrazonable remisión a las Cortes Generales.

Estamos, en lo atinente a sus disfuncionalidades políticas, ante un Proyecto innecesario, toda vez que el desarrollo de autogobierno y el ámbito competencial asumido por la Generalitat ha llegado hasta donde puede hacerlo razonablemente un modelo de descentralización, que hay que seguir entroncando, si no se quiere que las fuerzas centrífugas lo diluyan, dentro del marco de la Nación española y su correlativo Estado constitucional. Queda poco, de entidad sustancial, susceptible de transferirse del Estado a las Comunidades Autónomas. Hoy el desafío debería de ser, lejos de iluminadas reclamaciones, la mejora de los mecanismos de colaboración, integración y participación de tales Comunidades en la política nacional y comunitaria del Estado, y no, como acontece, el manifiesto desbordamiento del régimen constitucional. Sobre todo cuando lo que importa a la ciudadanía son las mejoras en política educativa, sanitaria, de vivienda, etc. La clase política no debe auspiciar problemas que sólo a ellos interesan y, además, de muy complicado encauzamiento.

Pero el Proyecto es asimismo inoportuno, pues habiéndose anunciado por el Gobierno un proceso de reforma constitucional, y estando a la espera de conocerse el Informe encomendado al Consejo de Estado, lo más acertado habría sido, tanto por razones de lógica como de metodología, instar primero la revisión de la Constitución, para cerrada ésta, proceder, en su caso, a las modificaciones estatutarias pertinentes. La sensatez aconseja no iniciar la casa por el tejado, de suerte que sea la Constitución y no un Estatuto, la que predetermine la senda a seguir. Incomprensiblemente no acontece de esta suerte. Pero hay más. Estamos ante un Proyecto políticamente improcedente, ya que, aunque disfrute de un significativo respaldo por parte de las fuerzas políticas catalanas, no goza del refrendo del principal partido de la oposición. No hay consenso sobre su manera de tramitarse ni sobre sus principios definidores y rasgos particulares. Es verdad que para su aprobación en el Congreso, no se requiere, dada la correlación de fuerzas, de su voto, pues la mayoría absoluta estaría garantizada, pero dejarlo fuera del consenso constitucional -lo que nunca ha ocurrido con anterioridad- sería una insensatez de graves consecuencias para la estabilidad del sistema constitucional.

Ahora bien, tampoco finalizan aquí sus insatisfacciones. Nos hallamos, por si fuera poco, ante un Proyecto inmaduro. La pléyade de relevantes objeciones denunciadas por el mismísimo Consejo Consultivo catalán -¡su discusión no se ha centrado, sorprendentemente, sobre su conveniencia política, como sería esperable, sino sobre su constitucionalidad!- así lo atestigua. Y qué decir, por otra parte, de un Proyecto también irreflexivo, pues tensa imprudentemente, dados sus inasumibles contenidos -otros «ines» más-, las relaciones entre el Parlamento catalán y el Congreso de los Diputados.

Dicho todo ello, no son menores sus rasgos de obvia inconstitucionalidad. De entrada, más que ante un Proyecto de reforma, nos situamos ante un nuevo marco estatutario. La mejor prueba de esto es la incorporación de un Preámbulo y de una prolija enunciación de 227 artículos -bastantes más, por cierto, que los actuales 57 del Estatuto de 1979 y hasta de los 169 de la Constitución española-. Una circunstancia que no suscita problemas de constitucionalidad, pero que sí exterioriza su auténtico perfil.

Donde sí hay tachas de insalvables inconstitucionalidades -y seguimos con los prefijos «ines»- es en la obsesión patológica por presentarse, de iure o de facto, como una constitución alternativa, en todo o en parte, ésta sí con mayúsculas, a la Carta Magna de 1978. La infundada arrogación de un poder constituyente catalán primigenio, paralelo y distinto al español. La invocación de inexistentes derechos históricos vinculados a los lejanos años de 1714 ó 1931. La indebida fragmentación de una ordenación jurídica -también jurisdiccional- y económica común. La inadecuada y fútil enunciación de una lista de derechos y deberes fundamentales diferenciados a los consagrados, para todos los españoles, en el Título I de la Constitución. La inexplicable supresión de toda referencia a la provincia. El incorrecto blindaje de competencias autonómicas. La inconfesable definición de Cataluña como nación, para poder impeler, en su momento, su derecho a la autodeterminación y la conformación como Estado distinto. El irredento ánimo de modificar unilateralmente la organización institucional/legislativa del Estado nacional. Y, por fin, el indecoroso desprecio hacia la soberanía del pueblo español. La única real y entusiásticamente formulada -¡qué diferencia!- por los admirables constituyentes de Cádiz: «La Nación española es -se señalaba- la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios»; y, por ello, se continuaba afirmando, «la soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho a establecer sus leyes fundamentales».

Tras él acecha, tampoco hay duda, la insolidaria búsqueda de un marco privilegiado de relaciones de bilateralidad en lugar de un orden de coparticipación multilateral igualitario. Un modelo de indescifrables rasgos disgregadores confederales, aunque se nos pretenda confundir con una apelación a un más avanzado federalismo. O la exigencia de una financiación injustificable y privilegiada frente a los demás territorios. En suma, un proceso encubierto, en toda regla, de revisión sustancial del régimen constitucional. Quizás, porque como sentenciaba Petrarca, autor de un inigualable Cancionero, «la razón habla y el sentimiento muerde».

Hay, pues, por delante, una tarea ímproba por abordar. La responsabilidad del Gobierno de la Nación tiene que impulsar las prontas e inaplazables acciones, hasta donde haga falta, correctoras. Una labor que debe estar coparticipada con el principal partido de la oposición. Partido Socialista y Partido Popular son los ejes nucleares de la España constitucional que hemos erigido. Nuestro patrimonio constitucional vale, y además mucho, la pena. Corresponde, sin dramatismos, pero con firmeza, su preservación. No vaya a ser que tengamos que rememorar La triste mirada de Francesc Cambó, forjador de la Liga Catalana, cuando en su exilio suizo, y fijando su vista en el Retrato de Michele Marullo Tarcaniota de Sandro Boticelli, exclamaba un lejano día de 6 de agosto de 1938: «Ahora, cuando contemplo el retrato de Marullo, además de una emoción estética por la obra de Boticelli, sentiré una profunda simpatía por el hombre -éste era también un exiliado de su tiempo-. Y al cruzarse mi mirada con la mirada penetrante del retrato de Marullo hallarán que tienen algo en común: las dos miradas de unos patriotas llorando y añorando la patria perdida». La España constitucional es de todos nosotros. Catalunya es parte indisoluble -para suerte de todos- de ella. Cuidémosla con la atención que se pone en lo mejor del republicanismo cívico. En la España constitucional cabemos, desde la lealtad y el reconocimiento de las peculiaridades, todos sus ciudadanos.

Zapatero, entre la espada y la pared
EDITORIAL Libertad Digital  24 Octubre 2005

A menos que una "tregua" de ETA o un inesperado acontecimiento de pareja envergadura lo remedie, el monocultivo de la política nacional de este otoño está siendo el Estatuto catalán. La marejada que ha ido con los días deviniendo en mar gruesa, puede terminar esta misma semana en un inevitable temporal huracanado si Zapatero no decide posicionarse de una vez por todas respecto al texto salido del Parlamento catalán hace un mes.

Si está de acuerdo con la integridad del mismo –incluyendo sus flagrantes inconstitucionalidades–, tal y como se desprende de las declaraciones de Puigcercós y Carod Rovira, debe hacérselo saber a la nación en los próximos días, mayormente para que sepa a que atenerse. Si no lo está, bien haría en tranquilizar a su electorado y a casi todo su partido desmarcándose de los que le acusan de ser corresponsable del engendro. Si, con intención de sortear lo anterior, pretende podar el Estatuto para encajarlo en la legalidad, sería bueno que, a más tardar esta semana, precisase en qué va a consistir la poda y a qué artículos de la "reforma" estatutaria afectaría. La indefinición de la que ha hecho gala hasta el momento, no hace sino abonar las sospechas de los que pensamos que la responsabilidad última de ese texto contrario a la Constitución, recae en el propio presidente de un Gobierno que hace poco más de un año juró solemnemente cumplirla y respetarla.

En el partido al que pertenece y del que es Secretario General el nerviosismo cunde por momentos. Tal y como, hace dos días, apuntábamos aquí, el PSC puede empezar a hacer su propia reforma interna en cualquier momento prescindiendo de su hasta ahora líder y cabeza visible. La operación, sin embargo, sólo cosecharía el éxito esperado si el Estatuto no sale vivo de Madrid. Maragall ha puesto todas las manzanas en el mismo cesto apostando su destino a una sola carta, por lo que sería lógico su salida de la presidencia si su "hijo predilecto" no pasa de las Cortes. Quizá por eso mismo, por miedo a terminar tan calcinado políticamente como su hombre en Cataluña, Zapatero no se ha manifestado públicamente al respecto.

Lo caprichoso de todo esto es que haga lo que haga y diga lo que diga se verá en un aprieto, y de los gordos. Si apoya el Estatuto tal cual habrá de vérselas con los votantes socialistas, renuentes en su gran mayoría a experimentos de este tipo. Tendrá problemas en su propio partido y hasta en el gabinete que preside. Bono sigue ahí y sería de esperar que su ambición le impulse a aprovechar la oportunidad de ponerse, por fin, al frente del socialismo español. Si, por el contrario, se opone abiertamente al Estatuto o lo reforma hasta hacerlo respetuoso con la Constitución, es decir, irreconocible, sus socios en el Gobierno y los nacionalistas catalanes de todo pelaje le estarán esperando con la escopeta cargada. Sin el sostén que los independentistas le prestan en el Congreso, Zapatero tiene muy difícil sacar la legislatura adelante. Por eso les ha dado todo lo que le han pedido. Por eso y porque, en su simpleza y falta de miras, muchas de sus demandas las comparte ciegamente.

Tal es la encrucijada en la que se encuentra el presidente. Él mismo se ha metido en este jardín por oportunismo y por pensar que España es lo que él desearía que fuese y no lo que es en la realidad. Cultivar con dedicación entelequias como la "España plural" o la "Alianza de Civilizaciones" conduce a callejones sin salida de este tipo. No tenía ni la obligación ni la necesidad de jugar a aprendiz de brujo pero lo ha hecho. Ahora le toca retratarse. Esta semana, y hay algo seguro: no podrá contentar a todos.

Los Negociadores
Por GERMÁN YANKE ABC 24 Octubre 2005

En el núcleo del debate político del momento hay un toque estrafalario, empezando por la denominación de «debate territorial», como si discutiéramos de la delimitación de fronteras o de movimientos sísmicos cuando en realidad lo hacemos sobre la soberanía, la nación democrática y la ciudadanía. Cuando se habla del terrorismo se dice, además, que se trata de un «proceso de paz», un eufemismo para, en vez de garantizar la libertad, adentrarnos en una interminable senda de concesiones a unos, a menudo injustificadas y siempre motivadas por la promesa de que cesarán las armas de los otros. Aunque se sigan sosteniendo en pie, como en el Pacto de Estella, para garantizar el «proceso».

Ahora, rizando el rizo de lo estrafalario, parecen querer decirnos que es más fácil negociar la reforma del Estatuto de Cataluña con Carod que con Maragall y que el PNV se suma a la reivindicación del consenso más amplio. Metidos ya en harina, aceptada la búsqueda de una suerte de nueva España («para los próximos 25 años», se dice subrayando lo alejados que están estos proyectos de la libertad y los derechos de los ciudadanos, que no tendrían fecha de caducidad), hay que vestir de moderado y amable al interlocutor elegido.

«Hay que integrar a los nacionalismos», se dice también en este ambiente de verborrea que se sustituye con la fórmula del diálogo o, de modo aún más absurdo, de la «profundización en el diálogo». La arquitectura constitucional, de la que los estatutos de autonomía forman parte, no trataría ya de integrar ciudadanos, o de sumar sus voluntades democráticamente, sino de engarzar identidades. Por eso, Carod termina siendo más importante que Maragall, porque puede ser sustituido el que haya de entenderse con los nacionalistas pero no los nacionalistas. Igualmente se debe a la seducción por las identidades que tengamos ahora que tomar como muestra de moderación que el PNV, que vuelve a las claves del Plan Ibarretxe teóricamente fallecido por la fuerza del talante, quiera ampliar el consenso que tuvo el Estatuto de Guernica, lo que no significa otra cosa que sumar al cambio del marco legal a Batasuna.

La búsqueda de negociadores, siempre en las provincias del nacionalismo, se ha convertido en el gran objetivo de una política acomplejada. Acomplejada ante los mismos nacionalistas hasta el punto de convertir las supuestas identidades, en vez de los derechos de los ciudadanos individuales, en el foco de las reformas. Ni la nación democrática es la suma de las comunidades autónomas, sino la voluntad soberana de los españoles; ni la democracia es el voto -consensuado o no- en una conferencia de presidentes autonómicos, sino el principio elemental de que a cada ciudadano le corresponde un voto; ni la solidaridad se fragua entre regiones, sino entre contribuyentes.

Intervencionismo nacionalista
El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid Francisco Cabrillo analiza las repercusiones económicas del Estatut
Francisco CABRILLO La Razón 24 Octubre 2005

Si hay una frase que puede servir para caracterizar el proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña es la siguiente: «Corresponde a la Generalidad las competencia…». Una y otra vez esta expresión esta cuestión se usa en el texto como encabezamiento de artículos referidos a las cuestiones más diversas que pueda imaginarse. Como, además, no pocos artículos comienzan con frases del estilo de «los poderes públicos ( es decir, la Generalidad) deben promover, velar, fomentar o adoptar las medidas necesarias para…» y, a continuación, se hace referencia a un sinnúmero de actividades, la impresión que de la lectura de este texto largo y prolijo se obtiene es la de que estamos no sólo ante un plan de ruptura de la unidad del país, sino también ante un intento de regular la vida privada de quienes viven en la región hasta unos extremos realmente preocupantes. En el proyecto se ofrece la visión de Cataluña como un organismo vivo, tan característica de cuantos nacionalismos en el mundo han sido; lo que lleva a incluir en el texto ideas tan extrañas como la que se formula en el Preámbulo, donde se llega a afirmar que «Cataluña considera que España es un Estado plurinacional». Sabemos, desde hace mucho tiempo, que estas ideas no son neutrales a la hora de definir el marco económico en el que se desenvuelve la vida de una colectividad. El nacionalismo es, en la mayor parte de los casos, intervencionista en la política económica interna y proteccionista en las relaciones comerciales internacionales. Si el protagonista de la actividad económica no es la persona, sino el colectivo, es éste, y no aquélla, quien debe adoptar las decisiones relevantes para la vida económica de los ciudadanos. Y poca duda cabe de que el proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña responde a estos principios.

El artículo 50, cuyo objetivo es el fomento y la difusión del catalán, establece en su apartado 4 la obligatoriedad de traducir al catalán las etiquetas y las instrucciones de uso de cuantos productos se distribuyan en la región; y en apartado 5 determina que los concesionarios de servicios públicos deben utilizar esta lengua no sólo en sus relaciones con el gobierno y sus clientes, sino también en sus «actuaciones internas». El artículo 121 atribuye a la Generalidad la regulación administrativa del comercio electrónico no sólo si la empresa está domiciliada en Cataluña, sino también si es el consumidor quien tiene domicilio en la región. El 139, por su parte, atribuye a la generalidad competencia exclusiva en la regulación e intervención administrativa en la homologación de los tipos, de las partes y de los componentes de vehículos, lo que parece permitir, por tanto, el rechazo de los criterios regulatorios establecidos por el gobierno español. Y, por fin –y sin ánimo de agotar el tema– el artículo 125 atribuye a la Generalidad, en su apartado 4, la competencia exclusiva en materia de ejercicio de profesiones tituladas; competencia que incluye la determinación de los requisitos y las condiciones de ejercicio de aquéllas, lo que puede significar, por ejemplo, que un licenciado por una universidad situada en otra región española pueda ver dificultado el ejercicio de su profesión en Cataluña y, a lo mejor, tenga que acudir a las normas europeas de reconocimiento de títulos para poder ejercer.

Otro aspecto preocupante de esta visión intervencionista de la vida económica es la formulación de principios que pueden dar origen a condicionamientos de la libertad de los empresarios en la gestión de sus negocios. El artículo 25, por ejemplo, puede, desde luego, terminar por no significar nada en la práctica, si estos derechos no son objeto de un desarrollo legislativo posterior. Pero, en el caso de que, en algún momento, un Gobierno decida que estos principios deben entrar a formar parte realmente de la gestión diaria de las empresas, no cabe duda de que este artículo puede constituir la base para tratar de introducir modelos de cogestión en las empresas desconocidos hasta la fecha en nuestro país.

Se atribuye gran importancia, en el artículo 45, a la denominada responsabilidad social de la empresa. Es éste un concepto muy impreciso que abre la vía a una regulación creciente de la vida económica y a restricciones de todo tipo en la autonomía de los empresarios en el ejercicio de su actividad. Es interesente observar el tratamiento que se da a esta cuestión en el apartado 5 del citado artículo 45, en el que se establece que la Generalidad debe favorecer el desarrollo de la actividad empresarial y el espíritu emprendedor, teniendo en cuenta entre otras cosas, la responsabilidad de la empresa. Y este criterio se menciona en primer lugar, con preferencia a otros como la libre iniciativa o la competencia. Pero, ¿qué significa exactamente el término «responsabilidad social»? En el fondo no es sino la idea de que el beneficio de quienes son propietarios de las empresas no debe ser el criterio principal de su actuación, ya que, por el contrario, la empresa debe hacer partícipe de estos beneficios a determinados colectivos sociales

La forma de conseguir esto, no es sencilla, desde luego. No se plantearía problema alguno si fueran los empresarios mismos los que decidieran libremente reducir sus ganancias netas ofreciendo a sus empleados mayores sueldos o mejores condiciones de trabajo; o dedicaran un aparte de sus ganancias a obras de carácter cultural o a mejorar los servicios sociales en su propio país o en otras naciones de menor nivel de desarrollo. Pero muy distinto es que, además de entregar al Estado una parte de sus beneficios en forma de impuestos, se les obligue a cambiar su forma de actuar y a seguir criterios decididos por el gobierno de turno.

Resulta por ello realmente sorprendente que las organizaciones empresariales de la región no se hayan manifestado de forma abierta y clara contra esta serie de regulaciones que van dirigidas contra sus propios intereses. Mucho me temo que, cuando empiecen a ver los efectos prácticos de todo esto, sea ya demasiado tarde.

También es coherente con la visión nacionalista el objetivo de establecer, en materia fiscal un sistema de recaudación equivalente, en la práctica, a un modelo de cupo, en el que se atribuye al gobierno autonómico «la capacidad normativa y la responsabilidad fiscal sobre todos y cada uno de los impuestos estatales soportados en Cataluña». En teoría el proyecto no excluye la posibilidad de transferencias interregionales.

Sin embargo, se plantea de forma clara la reducción de tales transferencias. Esto puede tener justificación, dado el tipo de proyectos a los que algunas zonas de menor renta del país dedican estos ingresos. Pero el proyecto reclama, además, una compensación financiera por lo que se consideran «insuficiencias» de los sistemas de financiación aplicados hasta la entrada en vigor del nuevo estatuto. Si partimos del hecho de que hoy en España sólo hay tres Comunidades que son contribuyentes netos en las transferencias interregionales – Madrid, Cataluña y Baleares– este proyecto de Estatuto significa el fin del modelo actualmente en vigor. Y es, desde luego, impensable que Madrid y Baleares sean las únicas regiones que transfieran rentas, entre otras cosas porque su reacción normal ante la nueva situación será pedir de inmediato un régimen fiscal igual al de Cataluña.

Autonomía de la sociedad civil. Este proyecto de Estatuto constituye un auténtico ataque a la autonomía de la sociedad civil por parte del poder político. No oponerse a él supone aceptar que sean las instituciones polìticas las que asuman tal liderazgo; y que lo hagan, además, muy diferentes de aquellos que sirven de fundamento a las sociedades más prósperas y dinámicas del mundo de nuestros días.

Por el momento, no estamos ante una ley aprobada por el Parlamento. Cabe la posibilidad, por tanto, de reflexionar un poco e introducir mayor sensatez en este proyecto. Si no lo hacemos, el precio que todos los españoles tendremos que pagar por la reforma será muy elevado.

Cataluña
Apunte del natural
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 24 Octubre 2005

¿Cuántas horas faltan para que Maragall comprenda que no es el jefe de un partido independiente y que su gran plataforma civil y transversal no vale nada? ¿Cuántas para que mire a su partido de frente y vea una delegación regional del PSOE afilando cuchillos? ¿Cuántas para que se explique la razón por la que sus subordinados de la calle Nicaragua se permiten aleccionarlo en público, darle un cachete, peinarlo y devolverlo a Palacio cuando va a emprender una remodelación gubernamental que cae dentro de sus competencias? ¿Cuántas para saberse mera prolongación de una ristra de apellidos muuuy respetables y muuuy catalanes: Raventós, Obiols, Serra, Maragall? ¡Cava, pintura religiosa, vino, poesía…qué maravilla! ¿Cuántas horas faltan para que entienda don Pascual que su drama está servido, que ha sido la pantalla a una organización de masas castellanoparlantes que no comparte nada con él, que quienes siempre han mandado son los capitanes? ¿Cuántas para el tu quoque Montilla, tu quoque Iceta, tu quoque Manuela? ¿Cuántas horas para su dimisión?

Dicen que el PSC hará cualquier cosa para no perder el poder. Ya, pero el PSOE también. El PSC no es el partido de Pasqual Maragall, su hermano Ernest y su amigo independentista Rubert de Ventós, sino la extensión esencial de otra organización, que es enorme y que reacciona orgánicamente. Su principal amenaza a la hora de conservar el gobierno de España es el intento nacionalista de cambiar el sistema político de la Transición a través de un proyecto de reforma estatutaria, caballo de madera que ya ha entrado en Troya. La segunda amenaza para el futuro de los socialistas es el propio presidente accidental que armó el caballito.

El PSOE está llamado a gobernar España la mitad del porvenir, siempre que ese porvenir no se arroje por la ventana. Ni Bono, ni el resto de barones, ni ningún socialista que no dependa de sus privilegios a cortísimo plazo, puede apoyar el vaciado competencial del Estado, ni comprometer el futuro de todos sus sucesores, que habrán de vérselas en comisiones bilaterales con crecidos gobiernillos hasta para ir al lavabo.

Cuando Rodríguez salvó el desahuciado proyecto del tetrapartito, rompió todos los esquemas lógicos. ¿Y qué? Él se agarra a un clavo ardiendo, la esperanza de una pronta tregua etarra. También está su proverbial sectarismo: todo lo que aísle al PP le parece acertado. También está el pacto de Perpiñán, cuyos secretos podría haberle revelado el no menos sectario Carod. También está el puro y simple aventurerismo de un hombre sin bagaje que cree que en política hay que ser muy creativo y generar situaciones nuevas.

Por cierto, la “operación charnego” presenta enormes dificultades en una sociedad como la catalana. La candidata ideal para sustituir a Maragall se llama Montserrat Tura. ¿Cuántas horas?

Estatuto
Toma en consideración
Agapito Maestre Libertad Digital 24 Octubre 2005

La toma en consideración que haga el PP sobre el Estatuto de Cataluña en el pleno del día 2 de noviembre será fundamental para el futuro de la democracia. Mal haríamos si no fuéramos contundentes, o suspendiéramos el juicio, a la hora de valorar la decisiva importancia que tiene la posición del PP en la Comisión Constitucional, que deberá discutir el proyecto de Estatuto de Cataluña. Muchos creadores de opinión, sin embargo, están escondiendo su parecer, o peor, aproximándose de un modo tan indirecto al asunto que uno diría que tienen miedo al ejercicio de la ciudadanía.

Sin embargo, hay que darla y, sobre todo, intentar justificarla, porque de ello depende la calidad de nuestra democracia. Lo peor de todo es acobardarse ante el envite de los totalitarios, de los dogmáticos, que ya están acusando al PP de los peores males, especialmente de la falta de talante dialógico, si éste no participa en el tramposo proceso preparado por Zapatero y los nacionalistas en el Congreso de los Diputados. Tampoco nos pueden asustar los motivos, nunca las razones, de los grandes medios de comunicación sobre el asunto. En cualquier caso, reconozco que de la pericia del PP en general, y de Rajoy en particular, para administrar este asunto dependerá la viabilidad de nuestra democracia en el futuro.

Esperemos que la respuesta, en todo caso, no sea tan interesada y parcial como la ofrecida por buena parte de la prensa española, que ha olvidado que la democracia es antes que nada un método, o mejor, el respeto a unos procedimientos ecuánimes para llegar a consensos. Sí, mil motivos, mil “explicaciones” “justificadoras” de intereses no generales, hallaremos en todos los periódicos que ya han decidido sobre el tipo de debate que debe iniciarse en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados sobre el nuevo Estatuto de Cataluña. La agenda, el tiempo y la manera de actuación del PP en el Congreso parece que ya han sido determinadas por cuatro medios de comunicación. Para El País, ABC, El Mundo y La Vanguardia, para qué citar más, el PP tiene que participar en el debate presentando enmiendas parciales para legitimar el Estatuto de Cataluña.

Lo grave del asunto es que ninguno de estos periódicos tiene dudas sobre este consejo absolutamente antidemocrático. Su voluntad es tan antidemocrática que no quieren entrar en analizar las reglas del debate. No quieren percatarse de que las reglas determinan el fin de la discusión. No quieren ver que aconsejar a alguien que participe en un debate sin que tenga en cuenta las condiciones y los procedimientos del debate es una canallada. A quien no le importa las reglas de la democracia, sin duda, no le importa la democracia.

El déficit democrático de nuestra prensa es alarmante. Comprensibles son las posiciones de El País y La Vanguardia porque son periódicos al servicio del socialismo y el nacionalismo respectivamente. Más difíciles de entender son las posiciones de El Mundo y ABC, aunque si recurrimos a las motivaciones, siempre de carácter particular y, casi siempre, enfrentadas a la racionalidad de los intereses generales, las cosas son meridianamente “explicables”. En efecto, El Mundo tiene su lógica, porque cree que la participación del PP en la Comisión le ayudará a vender más periódicos. También ABC cree, siguiendo la lógica meliflua de llevarse bien con todo el mundo impuesta por la línea editorial, que si el PP participa en la bronca cotidiana de la Comisión Constitucional, venderá unos pocos ejemplares más. ¡Qué pena de prensa! Prefieren lo fácil antes que pensar criterios fuertes y sensatos de defensa de la Constitución y la democracia.

El oportunismo de los medios de comunicación, sin embargo, no debería ofuscarnos para ocultar la realidad: si el PP no hace una enmienda clara y distinta a la totalidad del Estatuto, no sólo estaría en contradicción respecto a su actual forma de proceder, sino que también estaría traicionando a la ciudadanía defensora de la Constitución.

Cuestión real
El heredero
Isabel Durán Libertad Digital 24 Octubre 2005

El nacimiento del hijo de los Príncipes de Asturias es inminente. Si todo resulta como está previsto, el acontecimiento se espera en cualquier momento a partir del próximo día 25, aseguran en el entorno de la clínica Ruber Internacional. El vástago, aunque se sigue manteniendo la incertidumbre sobre su sexo, es el heredero de una dinastía –la monarquía de los Borbones- cuya abuela materna, la Reina, se preguntaba apenas dos semanas antes de su venida al mundo durante la celebración del día de la Fiesta Nacional en el Palacio Real: “¿qué va a ser de nuestros nietos?”.

De forma inesperada, el Príncipe de Asturias ha marcado días antes del feliz evento, la senda de lo que el futuro hubiera deparado a su primogénito de no haberse puesto España patas arriba en los últimos 18 meses, testigos por lo demás de su amor por una periodista convertida en princesa a punto de ser madre del futuro heredero al Trono. La voz de Don Felipe ha retumbado en un país que camina a marchas forzadas hacia el cambio de régimen de la mano de su presidente del Gobierno.

El PSOE ha declarado, sin embargo, su “coincidencia plena” con el discurso de Felipe de Borbón y Grecia. Lo ha hecho al tiempo que se conocía que su jefe de filas almorzaba horas antes en secreto en La Moncloa con sus totalitarios socios aspirantes a reyezuelos de una nación que niega tal condición a España. No se puede estar repicando y en misa. No se puede promover, auspiciar e impulsar el meticuloso torpedo catalán engendrado en Perpiñán para la destrucción por la vía de los hechos consumados de la Constitución española, -que culmina las pretensiones un nacionalismo rancio y obsoleto de siglos pasados- y pretender erigirse en modernos valedores de la Carta Magna.

“La España de la reconciliación”, “los valores de la España unida y solidaria”, “la España de todos y para todos”, “el pacto que está en la base de la convivencia de todos” a los que se ha referido el Príncipe de Asturias son la antítesis de la acción de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Un presidente “rojo” que ha resucitado irresponsablemente las dos Españas, que promueve por intereses electoralistas la desunión y la insolidaridad entre los territorios que conforman España, que acusa de fundamentalistas a los que defienden la nación española mientras alaba como razonable la radicalidad de quienes pretenden erigirse en nación sin haberlo sido nunca. En definitiva, un presidente que dinamita el pacto de la Transición convirtiendo La Moncloa en la sede del pacto del Tinell.

La división, la confrontación, la justificación futura para la reivindicación constante y la ruptura algún día por parte de los nacionalismos irredentos del norte está servida por el propio presidente del Gobierno del todavía reino de España. Por mucho que ahora se pretenda hacer ver que Zapatero echa el freno y mete la marcha atrás, el “¿qué va a ser de nuestros nietos?” es, además de una real pregunta, una inquietante cuestión real.

Cuestiones semánticas
Fernando R. Genovés Libertad Digital 24 Octubre 2005

Nos extrañamos de las cosas cuando no logramos comprenderlas. Pero, no es malo extrañarse, pues constituye un momento necesario en el proceso del saber y del comprender. Quedarse con la boca abierta como expresión de pasmo o maravilla ante lo que acontece y nos impacta, no denota nada alarmante en sí mismo. Lo es permanecer en dicho estado definitivamente o más tiempo del estrictamente necesario, el preciso para recomponer la compostura y recobrar el juicio. De lo contrario, uno podría ser tomado como mínimo por un memo, un papanatas o, dicho todavía más gráficamente, por un papamoscas. Quiero decir: aquel que se queda boquiabierto se traga con facilidad una mosca —se traga cualquier cosa—, a poco que no ande precavido o reaccione oportunamente.

La sorpresa perpetua no representa algo peor que la displicencia, la chanza, la pesadumbre y la más insensata y postiza de las emociones: la indignación. La vía que compendia la justa razón, tal y como la mostró el divino Spinoza, consiste, pues, en no ridiculizar, no lamentar ni detestar las acciones humanas, sino comprenderlas.

El “vocabulario esencial” que reproduce y repica con garbo el actual ocupante del palacio de La Moncloa invita a abandonarse a aquellas pasiones del alma inanes que a nada fructífero conducen. Por lo que a mí respecta, me resisto a admitir a trámite, a discutir o considerar siquiera, sus “aportaciones al debate”, sea la tercermundista “Alianza de civilizaciones”, las “ocho fórmulas” para tragarse el nuevo Estatuto de Cataluña y sus disertaciones marxistas (en lamentable imitación del gran Groucho) acerca de las naciones plurinacionales y los pluralismos lingüísticos que tienen que ver con España. Si no hay nada sensato que decir, mejor es callarse.

Para la actual facción en el poder, todo es relativismo y relativización de problemas, porque, en realidad, en España ya no hay problemas desde el 11-M y el 14-M, y todo está ya bajo control y en sus manos. Lo anteriormente tenido por temas a resolver se convierte ahora en cuestiones a disolver. He aquí en esencia la versión ordinaria de la filosofía del lenguaje que ha sido asumida por el comité central del vigente equipo dirigente.

En rigor ya no hay rigor. La teoría y la verdad son productos del pasado, antiguos. Lo que se lleva hoy, lo más cool, es la Interpretación, la apoteosis de los meta-niveles y la hermenéutica infinita de sensibilidades y lecturas; el multilateralismo, en fin, de la Conciencia caída en desgracia. La Historia y los Grandes Relatos ya no tienen sentido, quedando reciclados en forma de “memoria histórica”, estudios culturales, “políticas de reconocimiento” y corrección política.

A ver si nos enteramos: el prontuario elemental de consignas y declaraciones oficiales que oímos en estos últimos tiempos no son sino frases hechas y lugares comunes manufacturados en las universidades y medios de comunicación de Occidente hace prodigiosas décadas. Lo que pasa ahora en España es que ese lenguaje y ese doctrinario han llegado desde aquellos espacios a las altas esferas del poder político y nos están dando con ellos una clase práctica y un repaso general.
Las cabezas pensantes que dirigen el cotarro, muy peligrosas por su grado de provocación y resentimiento, esos rasputines y esas mataharis de salón, ese gobierno de sabiondos en la sombra, esa república de las letras, esos comités de expertos, todo ese agit-prop es el que está, sin ir más lejos, detrás de la redacción del preámbulo (y algo más) del nuevo Estatuto de Cataluña, de la rompedora política exterior española, del nuevo discurso oficial y tal y tal.

Si esto es la nueva política —o sea, la política posmoderna y deconstruccionista de los catedráticos, los “jueces para la democracia”, los periodistas despeinados, libelistas y quebrantahuesos y la “cultura contra la guerra”— uno casi que añora la vieja política, la de los pactos con espada, el parlamentarismo de los grandes oradores, el turnismo de los partidos, la alternancia en el poder y la temblorosa estabilidad institucional.

Ya nadie habla de verdaderos problemas ontológicos de ser y no ser, ni queda confianza en la razón y el conocimiento. Sólo centellean cuestiones semánticas, polisemia y juegos de lenguaje. No existen tampoco problemas éticos y morales, sino éticas dialógicas, deliberativas y discursivas sin moral. El pragmatismo de cazuela, junto a los rabiosos, iconoclastas y zampatortas ironistas, ya no sólo arrasa en congresos y simposios de profesores, sino que inspira los discursos en las Cámaras, las ruedas de prensa y los consejos de ministros.

El significado del lenguaje reside en su uso. La sociedad es una comunidad de hablantes, que hablan y hablan, y así hablando se entiende la gente. Todo esto ya está dicho y “fundamentado” desde el siglo pasado, y ha sido reconocido con muchos créditos como la indiscutible “filosofía oficial” contemporánea. ¿De qué extrañarse, pues? El que se traga el cuento, o una mosca, luego tiene que pasar el mal trago.

Nada nuevo bajo el sol. Todo está dicho ya y las respuestas, por dadas, son conocidas y automáticas. ¿Cuál es el problema nacional de España, si es que España y nación son un problema y algo más que palabras? Releyendo al último Wittgenstein, a muchos se les antojaría un asunto elemental: mostrar a la mosca el camino para salir de la botella.

La democracia según Maragall
ALFONSO DE LA VEGA La Voz 24 Octubre 2005

SI RECIENTEMENTE hacíamos mérito del catecismo catalanista de Prat de la Riba, hoy podemos rescatar con provecho una reflexión del poeta Maragall: «Para constituir una democracia viable lo primero que se necesita es un pueblo democrático... Casi todos los espíritus escogidos y delicados de los tiempos modernos han notado que en el triunfo político y social ya innegable de las multitudes, en el triunfo de la democracia, había peligros y había males ya presentes para intereses muy caros de la Humanidad... En España menos que en ninguna parte tiene el pueblo aquel indispensable discernimiento (de entregar el poder a los mejores): con igual entusiasmo vota a Salmerón que votaría al Bobo de Coria si se presentara como candidato republicano. En España menos que en ninguna parte hay aquellas indispensables clases directoras en el buen sentido de la palabra; aquí no hay más clase directora que la respetable clase de los caciques; los demás todos somos dirigibles: falta vigor y falta cultura. Falta, ante todo, que los que sienten de veras el ideal democrático y tienen suficiente autoridad para hablar de él digan al pueblo de arriba y al de abajo no '¡a votar!' sino '¡a trabajar!', y ellos los primeros. Entre tanto, ¡fuera los mecanismos democráticos, que ya tenemos mecanismos vacíos, muertos, que hoy no sirven más que de estorbo y confusión, traídos por políticos escépticos e inconsecuentes! Ya estamos hasta la coronilla de parlamentarismo, y de sufragio universal, y de jurado y de palabrería. Hay que arrinconar todo esto hasta que podamos llenarlo decentemente. Sólo cuando llegue este caso (y francamente, para una gran parte del pueblo español no creo que llegue nunca) podremos hablar con algún sentido de democracia».

Y ahí está el nacionalismo dirigiendo la formación del pueblo catalán mientras apuntala el Carmelo. Juan Maragall tenía dotes proféticas. De tal palo, tal corona de espinas.

El PNV toma posiciones
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 24 Octubre 2005

Dos son los procesos políticos destacables que están teniendo lugar en el País Vasco. El primero, del que desconocemos casi todo, son las conversaciones, contactos, guiños o lo que sea que se producen entre el Gobierno socialista y ETA-Batasuna. El otro es un proceso de cohesión nacionalista que se da en el seno del Foro de Debate Nacional. De ambos escenarios está ausente el PNV. El documento presentado el sábado bajo el título 'EAJ-PNVren ekimena' (la iniciativa del PNV), aparte de copiar el título de una publicación etarra ('ETAren ekimena') del año 2000, parece un intento del partido de Imaz de no quedarse descolgado en la etapa que se avecina.

El texto arranca con la relación de factores propiciadores de la paz. Hay en la lista elementos acertados, otros opinables e, incluso, algunos peregrinos, como la influencia que se atribuye al discurso del Kursaal. No aparece, sin embargo, mención al Pacto de Lizarra que en su momento se nos vendió como el camino obligado hacia la paz. Pasado el tiempo se reconoce, por omisión, que no era tal. Tampoco se menciona la persecución legal del terrorismo que ha contribuido a acorralar a ETA. Al contrario, se hace una crítica global de la etapa de Aznar, obviando que si la izquierda abertzale ha evolucionado algo ha sido a causa de medidas como la ilegalización de Batasuna.

El documento incluye también una deslegitimación del terrorismo, sin caer en la tentación de ofrecerle una justificación histórica. Plantea incluso propuestas para evitar que la persistencia de ETA condicione el espacio político. Esto, hay que reconocerlo, supone un cambio con respecto a la postura tradicional del nacionalismo.

En la parte referida a normalización se aprecia con más claridad la superposición, que no la síntesis, de las dos posturas existentes dentro del PNV. Se adivina la mano del presidente de este partido al incorporar conceptos como ciudadanía, pluralismo o pacto, tan caros a Josu Jon Imaz, pero también se aprecia la huella del esencialismo soberanista. El documento reclama la tradición de pacto del PNV en 1936 y 1978, fechas en las que se actuó desde el posibilismo, respetando los marcos constitucionales vigentes. Pero ahora se omite la legalidad actual -la misma que en 1978, por cierto- y se sitúa como última ratio el derecho a decidir de los vascos, como si estos vivieran en el vacío jurídico, fuera del tiempo y de la historia, como si tuvieran que inventarse un país partiendo de cero.

Destaca el documento el afán loable de conseguir un consenso superior al del Estatuto de Gernika, pero a la vez pone encima de la mesa el plan Ibarretxe cuya incapacidad para conseguir el acuerdo plural está acreditada. Es el problema de tener dos almas tan contradictorias en un solo cuerpo.

Cátedra catalana
Editorial ABC 24 Octubre 2005

EN menos de dos años, la Generalitat ha puesto en marcha una medida estratégica consistente en dotarse de un cuerpo propio de catedráticos universitarios. La Ley de Universidades de Cataluña, que está recurrida ante el Tribunal Constitucional, ha sido el instrumento que ha servido para acreditar como catedráticos a profesores contratados como doctores. Ya son 252 los acreditados por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, y acaba de ser abierta una nueva convocatoria de plazas. Política de hechos consumados y a toda prisa para, atajando, llegar al objetivo final: la asimilación total de sus profesores contratados como «catedráticos» con los catedráticos del Estado. Control académico para un proyecto de dudosa legalidad.

Los productos catalanes y el Estatuto
Santi Lucas elsemanaldigital  24 Octubre 2005

Hace un año se montó una campaña muy importante contra el cava catalán, que los bodegueros han evaluado, por lo bajinis, en un 20% menos de consumo, lo cual nos da una idea de su trascendencia. La mengua del espumoso se la debieron, únicamente, al torrencial de antipatía que acumulaba entonces al ínclito Carod-Rovira por toda España y al éxito de una indignada reacción social. La notoriedad del polémico Estatuto ha recrudecido y multiplicado en este momento aquella misma inquina.

Pero lo de hace un año fue una broma de mal gusto comparado con la invitación que circula ahora de correo en correo, de móvil en móvil y de boca en boca, para no consumir productos catalanes. Sabemos, por las encuestas de opinión, que la reforma del Estatuto de Cataluña ha hecho muy poca gracia a la mayoría de los ciudadanos, y alguien ha aprovechado el descrédito de la iniciativa y la polvareda consiguiente para vengarse de la industria nacida o radicada en Cataluña. No han dejado títere con cabeza. Se especifican marcas y servicios y se ofrecen además, en una columna paralela, las alternativas que sí podemos consumir sin riesgo de beneficiar al cuatripartito. El boicot está propuesto a conciencia.

Es un desgraciado asunto que hasta el líder del PP, Mariano Rajoy, se ha apresurado a rechazar públicamente. Dice que él consume productos catalanes habitualmente y piensa seguir haciéndolo con más intensidad todavía. Y es que, si ponderamos el enojo, hay que concluir que la irresponsabilidad de unos políticos catalanes no puede hacerse recaer en empresas y trabajadores "inocentes". Sería una injusticia colosal que castigáramos en la cesta de la compra las pretensiones del Estatuto de Cataluña. La indignación se tiene que ventilar con toda tranquilidad, reflexión y contundencia en las urnas.

Mientras llega el desquite, se pueden ofrecer otras ideas. El 20 de diciembre de 2004, escribí a propósito del "cava sí o cava no" que "una solución intermedia y conciliadora, reconociendo la autonomía y el respeto para los que decidan catarlo o abstenerse, sería que Zapatero ingiriese como ofrenda penitencial todo el cava que los españoles no tomen durante estas fiestas por culpa del entreguismo y debilidad de su gobierno ante la expansión Rovira. Así, nadie saldría perjudicado. La tajada de Zapatero se pasa, lo otro no". Repito hoy el consejo. Esta vez se iba a poner como el Quico.

Los amigos de Zapatero
Pablo Sebastián Estrella Digital 24 Octubre 2005

Para sacar adelante los dos grandes desafíos políticos que Zapatero se ha puesto como objetivo en la presente legislatura, la reforma de los Estatutos y el final de ETA, el hoy presidente del Gobierno cuenta con dos llamativos y a la vez discutidos o repudiados aliados políticos: Carod-Rovira y Arnaldo Otegi. He ahí sus poderes, y sus puntos de apoyo más notorios para alcanzar sus objetivos, lo que da una idea de la dificultad en la que se encuentra el presidente que, dicho sea de paso, mantiene vivo su optimismo y está haciendo un gran esfuerzo para reconducir la situación del Estatuto catalán que él mismo ha creado, intentando convencer a Carod y a Maragall de la necesidad de hacer cambios significativos en el texto depositado en Madrid, para que no se le rompa ni el Gobierno y ni el PSOE, y para que no le huya el electorado que le dio una inesperada oportunidad.

Zapatero sigue sin saber que es el presidente de todos los españoles. Y no parece darse cuenta de lo que ocurre en España y a su alrededor, donde el Rey, el Príncipe, el jefe de las Fuerzas Armadas, el gobernador del Banco de España, el ministro de Defensa —y los de Justicia e Interior— , la CEOE, los sindicatos, González, Guerra, Ibarra, Chaves, Leguina, Vázquez, Barreda, Simancas y un sinfín de dirigentes políticos (además de la oposición del PP), de intelectuales, de medios de comunicación y de entidades se han pronunciado con claridad en contra de lo que incluye y significa el nuevo proyecto de Estatuto catalán.

El presidente lo tiene muy difícil. Este fin de semana ha intentado dos cosas: controlar a Carod y convencer a su partido para que apoye el Estatuto con ligeras reformas. Pero el jefe de ERC ya le ha respondido exigiéndole un “gesto definitivo” de apoyo al Estatuto en el discurso con el que Zapatero responderá el próximo día 2 de noviembre, en la que será presentación oficial en el pleno del Congreso del citado Estatuto por boca de los tres portavoces catalanes, Carod (ERC), Mas (CiU) y De Madre (PSC).

Respuesta que en opinión de Zapatero será “muy didáctica” para el conjunto de los españoles, aunque veremos si es satisfactoria para su partido y sus socios de legislatura. Porque visto lo que acaba de decir Carod, afirmando que hay que respetar lo que decida el Parlamento de Cataluña, despreciando o ignorando que hay una soberanía superior: la española en el Parlamento español, y conocidas las advertencias de Mas en contra de que se reforme en Madrid lo pactado en Cataluña, todo apunta que será imposible o muy difícil encontrar un término medio o equidistante, que no aceptan los nacionalistas y que tampoco va a compartir el ala españolista del PSOE.

Porque es el contenido del discurso del presidente del próximo día 2 la primera y puede que la definitiva ocasión para adivinar el presente y futuro del Estatuto. Y una de las muy escasas oportunidades que le quedan al jefe del Gobierno para intentar justificar y explicar lo que hasta ahora han sido una colección de errores y decisiones personales al margen de la realidad española que ponen en entredicho su compromiso con el interés general y con la Constitución, que presumiblemente quiere cambiar o alterar por la vía de la reforma del Estatuto catalán, convencido como parece de iniciar un nuevo modelo federal español en nuestro país sin someterlo previamente a la opinión general de todos los españoles, como merecería semejante posición.

Zapatero tiene muchas cosas en juego, y entre ellas a España. Además de su Gobierno, su partido y la convivencia nacional. Pero también está en juego su presidencia y su liderazgo en el PSOE. Demasiados riesgos en un terreno tan resbaladizo como el que hoy controlan Mas, Carod y Maragall. Tres políticos que, visto lo que hacen y dicen en Cataluña, son de muy poco fiar. Y si resbaladizo es este terreno, qué podemos decir de ese otro siniestro por el que circula ETA y donde Otegi se presenta como el hombre clave de una presunta negociación. Con semejantes interlocutores, Zapatero corre graves riesgos de caer en un inmenso error. Para el primer test, el catalán, que se aproxima, sólo le quedan diez días, muy poco tiempo para enmendar y recuperar el tiempo perdido y sobre todo para convencer de que rectifiquen lo que han hecho los líderes catalanes, a los que él mismo ha dado alas y no ha dejado de jalear.

Ni un duro en La Caixa
LAS PESQUISAS DE MARCELLO Estrella Digital 24 Octubre 2005

Cuestión previa: Lo dijimos semanas atrás, la familia real estaba muda ante el lío del Estatuto de Cataluña y coqueteando con los nacionalistas. Pero al final, a trancas y a barrancas, el monarca habló de la Constitución en la Academia Militar de Zaragoza, y el Príncipe Felipe —con mayor precisión— en el aniversario de los premios que llevan su título y que fue premeditadamente ocultado, o más bien jibarizado, en la portada de El País, en línea con los graves problemas de manipulación que sufre ese periódico que, sin ver la viga propia, busca la paja ajena en el estatuto para periodistas que, dicho sea de paso, es una fascistada nacional.

La familia real va entrando en razón y ya sólo nos falta que doña Cristina abandone La Caixa, entidad convertida en punta de lanza del nacionalismo catalán de sus medios de propaganda y de los partidos que sustentan el Gobierno del loco Maragall. La misma Caixa que empieza a sufrir en sus carnes y sucursales la reacción de clientes españoles, los que saben a qué se dedica esta entidad, que además es la punta de lanza de la OPA de Gas Natural contra Endesa, operación dedicada a alternar la competencia en el sector de la energía y a reforzar la influencia de los nacionalistas en el ámbito energético y todo el sector empresarial y financiero, donde Fornesa, que se declara español en privado (y que ha salido escopetado del falo azul y Agbar de Barcelona), aparece como el gran felón y a la vez incapaz de decir en público que España es una sola nación.

Las empresas catalanistas se están gastando un pastón en publicidad para intentar así amortiguar los efectos dañinos de sus jefes políticos. De ahí la montaña rusa en la que viajan sin frenos Laly y Fornesa, para subvencionar a sus medios afines y seguir con su política de manipulación política e informativa que ya veremos dónde acaba. Porque si es cierto lo que han contado un dirigente de la AEB, otro del Círculo de Empresarios, otro del IESE y otro de la CEOE, muchos líderes empresariales se van a movilizar para retirar sus fondos y cuentas de La Caixa, sumándose a la iniciativa de ciudadanos que no ha hecho nada más que comenzar.

A ver si así aprenden los políticos y los financieros catalanes la gran mentira del discurso de la balanza fiscal, porque los beneficios catalanes salen del IVA y del bolsillo de los clientes del resto del Estado español, y en el caso de La Caixa, con mayor motivo. Uno de los citados empresarios asegura que “si los españoles le dan la espalda a La Caixa se acabó la broma del Estatuto catalán”. Si se explica bien todo esto, y sobre todo que son Maragall, Carod y Mas los que mandan y deciden en el Consejo de La Caixa —por cierto, y hablando de Cajas, a no olvidar Caja Madrid, monsieur Astorqui, recuérdale a Blesa que nos debe un café y que 400 cañones lo contemplan—, que además debe explicar a todos los ciudadanos cuáles son los créditos que mantiene con los partidos políticos y con los medios de comunicación y su cartera publicitaria de los últimos años.

Porque como los andaluces se pongan las pilas y empiecen a mudar sus cuentas y sus créditos y nóminas a las Cajas del lugar —como Caja Sur, que ahora tiene un santo (don Juan Moreno) al frente de la entidad, una vez que pasó a peor vida el que hacía de don Fermín de Pas— una vez descubierto el cuento chino de la Obra Social (doña Cristina se tiene que marchar), que es la tapadera el inmenso negocio que está haciendo en el sur el nacionalismo catalán, entonces sí que se va a armar. O sea, dineros son calidad, y lo demás son historias para no dormir y preocupar.

Quién está preparando la campaña informativa y empresarial para avisar al conjunto de españoles del peligro político que encierra La Caixa? Eso es un secreto, pero presten a ello mucha atención, porque se puede armar. Sobre todo si aparecen ciertos políticos en su presentación, y ya no cuento mas. Continuará.

Orto y ocaso de Maragall
José Javaloyes Estrella Digital 24 Octubre 2005

Quién hubiera dicho que iba a rematar en esto aquél simpático y eficaz alcalde barcelonés de los Juegos Olímpicos del 92! Capaz fue, incluso, de absorber como papel secante, desde su brillo de entonces, el borrón de deslealtad constitucional con que el pujolismo se empinó, alzándose de puntillas sobre los pactos de Estado y pidiendo con pancartas libertad para Cataluña. No le ha faltado a Maragall una sola cabra que no se le escapara al monte.

El recuento es fácil. Se va de viaje y Carod-Rovira, el Honorable en funciones que deja en la Generalidad catalana, se le escapa a Perpiñán para pactar con ETA la inmunidad de los catalanes ante las bombas: no más hipercores en el Principado.

Se debate en el Parlamento de Bercelona las cosas de la política de por allí y se descuelga con aquello del 3 por ciento como cifra áurea de la mordida sistémica durante el “postarradellismo”. Cosa que después se traga sin mayores aspavientos.

Se va de viaje a Tierra Santa con el dueño de las llaves y entre los dos montan la gracieta blasfema y hortera de la corona de espinas, para que la jerarquía eclesiástica catalana ahonde en sus fervores nacionalistas y los seminarios sigan despoblándose, convirtiendo a Cataluña en tierra de misión para diócesis del Tercer Mundo.

Se está en la bronca nacional por lo del Estatuto y, en la borrachera de poder, tiene la ocurrencia de preparar una remodelación de su equipo de Gobierno para adjudicarle una cartera a su hermano, como si fuera el dueño de la mayoría y no el minoritario mayor.

Y ya desde ahí, en caída libre, le hacen un puente a tres manos para echarlo a la calle en el momento procesal oportuno: cuando lo del Estatuto se encarrile, si es que se llega a encarrilar. Al nieto del poeta le aplican un cohete para ponerlo en órbita, más allá del campo gravitatorio del poder correspondiente a su partido, que era de los socialistas catalanes y que ahora es de los catalanistas socialistas.

Tal es la cuestión en que se ha convertido el tema central para la política del Principado. Estamos, según se ha revelado ahora, a las puertas del Charnegato: confinado Maragall en el vacío político; confinado y consignado en la nada. Dentro de lo que, con coplas de Juanito Valderrama, se llama ya “operación charnego”.

Desde la sociología de guardia se apunta que, al cabo de esta peripecia maragaliana, se habrá cumplido plenamente la transición política y social en Cataluña. El ministro Montilla habrá pasado entonces de la condición de comisario del tripartito catalán en el Gobierno de España, a la de comisario del PSOE en el tripartito (si repitieran). Mientras que la burguesía barcelonesa con ínfulas de izquierdismo habrá cedido los trastos en el partido de los socialistas a un representante genuino de la Cataluña de los emigrantes, de los charnegos. O de los maketos (por los macutos), como decían y dicen en Vascongadas, a los emigrantes, los devotos de Sabino Arana Goiri, cuyos dislates fundacionales se guardan bajo siete llaves en la institución de su nombre.

Trasciende, por otra parte, que el presidente José Luis Rodríguez había pactado unos términos muy precisos y no conflictivos con la Constitución para el proyecto de Estatuto, y que desde ese pacto o convenio se apresuró Rodríguez a manifestar que apoyaría lo que le trajeran de Barcelona. Con posterioridad al acuerdo y a la consiguiente declaración, las gentes del tripartito se encendieron en la subasta de la radicalidad nacionalista, hasta llegar a un enunciado inasumible fuera y dentro de la coalición parlamentaria sobre la que mantiene el responsable de la cándida promesa.

Sería esta historia el justo premio a los despropósitos y las incapacidades del atrabiliario y asimétrico personaje, al que le han preparado el viaje al Aventino. Para que allí pueda libar, sin sobresaltos y con unos cubitos de hielo, la añoranza de lo que pudo haber sido y no fue. Montilla viene con coplas de Valderrama y Maragall se va con un bolero de Machín.

jose@javaloyes.net

Estalinismo de cretinos
José Javier Esparza elsemanaldigital  24 Octubre 2005

Es difícil reflexionar sobre la estupidez: uno se arriesga a mimetizarse con el objeto de estudio. Pero es preciso hacerlo si la estupidez proyecta la sombra de la maldad. Y eso es lo que ocurre con esta resurrección gubernamental (estúpida, malvada) de los tópicos estalinistas. Desde la glorificación de Carrillo hasta el derribo de estatuas, pasando por el nuevo vestuario de "rojo" prêt-à-porter, todo apunta a una desconcertante apología de la peor izquierda de todos los tiempos: la que mataba. Lo cual añade una nota inquietante al mapa político: la derecha española hace mucho tiempo que superó la guerra civil; la izquierda retorna a ella.

Este intempestivo revival guerracivilista, con el propio ZP apuntándose a "rojo" como en un juego de rol, es ante todo una operación propagandística: el PSOE busca una legitimidad nueva que pase por encima de los GAL, la corrupción e incluso el 11-M, y al mismo tiempo aspira a destruir la legitimidad democrática de la derecha identificándola con el "franquismo". Tan radical estrategia ha conducido, como en una huida hacia atrás, a poner entre paréntesis el marco político de 1978 y devolver el debate público a 1931. Esto es grave, porque significa demoler el edificio de la reconciliación nacional. Y aún es peor cuando el "giro hacia el pasado" consiste en levantar estatuas a los capítulos más horribles de la historia de la izquierda española, aquellos que se escribieron al dictado de Stalin; esos mismos capítulos que unos y otros, hasta hoy, habían apartado en nombre de la paz.

Conviene dejar las cosas claras. Stalin mató mucho más que Hitler. Los agentes soviéticos mataron en toda Europa. La II República cayó víctima de esa estrategia, después de caer víctima de sí misma. En un plano más general, el comunismo ha matado mucho más que el fascismo. El comunismo mató antes y después de Stalin, en Rusia y en otras muchas naciones. No es preciso leer a Moa o a Vidal; pueden leer a Elorza o a Courtois. Del mismo modo que hoy todo el mundo reconoce el carácter criminógeno del fascismo, así nadie puede negar el carácter criminógeno del comunismo, y exactamente por las mismas razones: por sus rasgos revolucionarios, modernos, son movimientos que generan una dinámica de exclusión y que propenden a la eliminación física del adversario.

Asombro sobre asombro: esta página parecía ya cerrada. No hace mucho que las izquierdas europeas, comunistas incluidos, renunciaron a Stalin y sus obras. ¿A cuento de qué, entonces, este retorno de los fantasmas, esa rehabilitación descabellada de viejos estalinistas como Carrillo, ese flamear pueril de nuevas banderas rojas? Quizá sería estimulante reflexionar sobre la crisis ideológica de la izquierda, pero las cosas son mucho más pedestres: lo que tenemos enfrente es la simple mentecatez de unos irresponsables que, por una frivolidad sin límites, agitan las fosas donde duermen los muertos de una guerra fratricida. Estupidez. Maldad.

Ahora Maragall: ZP traiciona a todos
Santiago Abascal elsemanaldigital 24 Octubre 2005

La psicología y la catadura moral del presidente del gobierno están al desnudo. La reunión secreta con los dirigentes de ERC y con Montilla, su ministro charnego, es la guinda de la historia de traiciones de ZP desde que forzó la puerta del poder.

Las primeras en ser traicionadas por ZP fueron las víctimas del terrorismo, con la decisión de mandar emisarios a poner el termómetro a la ETA para después administrar oxígeno y viagra –en forma de ofertas, descuentos, y promesas- a la moribunda e impotente organización asesina.

Después les tocó el turno al Partido Popular y a Rajoy, que recibieron la puñalada traicionera de ZP, quien se reunió en la Moncloa en riguroso secreto con dos declarados enemigos de la unidad de España (Carod e Imaz) después de que Rajoy le ofreciera un pacto para preservar tal unidad prestándole a fondo perdido los escaños del PP para evitar los habituales chantajes de las minorías nacionalistas que hacen temblar los cimientos de la nación.

Me irrita sobremanera esa maldita manía de algunos políticos de reunirse al margen de los focos y pregonar, además, que se trata de una exigencia de la democracia para resolver los conflictos de toda índole. ¡Al diablo! Esa infame costumbre es el colmo del oscurantismo. Se llamen contactos discretos, trabajo de cocina, o como quiera que los disfracen, representan la antítesis de la democracia y de su expresión más visible: el sistema parlamentario, donde la deliberación y el debate de ideas se hace con las luces bien encendidas.

Por eso, cuando me dicen que los contactos, tratos y encuentros han de ser discretos y con las luces apagadas, yo creo que me quieren traicionar como ciudadano y sospecho que alguien –con nocturnidad de delincuente- me quiere robar la cartera.
Como se la han robado a Maragall, parece –por cierto- que en el sentido literal de la palabra. La reunión de ZP y Montilla, con Carod, y Puigcercós, a espaldas de Maragall, es quizá la mayor de las traiciones cometidas por ZP.

Traición a su valedor en el congreso socialista que, contra todo pronóstico, ganó. Y traición, también, al compañero y líder catalán al que hace meses dejó preñado con la ilusión de un Estatut aún no nacido y que amenaza con arrastrar a la madre a la tumba.
Pobre Maragall. Primero le encandilan. Y Ahora no sólo no le organizan por la espalda reuniones de su incumbencia sino que en esos tejemanejes se utiliza cual cromo lo que más importa a Maragall: el sillón.
Justo lo único que parece importar, también, a Zapatero y por lo que se ha comportado como un auténtico felón con las víctimas, con la nación, con la oposición ....y con sus valedores.

Zapatero cuenta para todo con la tregua de ETA
Pascual Tamburri elsemanaldigital  24 Octubre 2005

Son ya bastante más que rumores pero aún algo menos que un anuncio oficial: José Luis Rodríguez Zapatero cuenta con una tregua de ETA en dos meses, tal vez en torno a Navidad. La información al respecto es confusa, porque las mismas fuentes que coinciden en afirmar el hecho difieren en los plazos, en la intensidad y en las circunstancias de la tregua. Pero lo que sí parece seguro es que el presidente del Gobierno cuenta políticamente con esa carta.

Sólo así –o desde una inconsciencia que no puede suponerse de una persona en esa posición- se explicaría la relativa serenidad de Zapatero en el debate estatutario catalán, y su insistencia en que el Estatuto de Pasqual Maragall y de Josep-Lluís Carod Rovira, inspirado por él mismo, llegase a las Cortes en estas condiciones. ¿Por qué crearse tantos problemas con ese proyecto encubierto de reforma constitucional? Porque, por una parte, Zapatero estaba y sigue estando seguro de que en el momento decisivo el ambiente en el Parlamento y en la calle "será otro" y podrá aprobarse sin cambios esenciales. Y porque, por otra, el nuevo Estatuto catalán, que crearía un nuevo marco constitucional, legitimaría tanto una reedición del "plan Ibarretxe" como una tregua de ETA.

Una tregua de ETA se convertiría así en eje de la legislatura iniciada tras los atentados del 11 M. El cálculo de Zapatero –que no es necesariamente el de todo el PSOE- cuenta con los deseos de paz del pueblo español. Un Gobierno que llegase a las urnas con una tregua ganaría unas elecciones generales, porque la potencia mediática del PSOE ocultaría la trampa terrorista y la ruptura política inherente a tal tregua. Con esas bazas en las manos Zapatero podría soñar con la mayoría que ahora no tiene.

En el seno del PSOE una tregua sería devastadora para toda la oposición interna a Zapatero. Los "barones" y todos los disidentes con el Estatuto catalán tendrían que volver a callar, y las tesis de Zapatero, Maragall y Patxi López se impondrían: habría comenzado una "nueva Transición", incluyendo a todos los nacionalismos y todas sus peticiones, y excluyendo al PP.

El PP tiene ante sí, mientras prosiga la aproximación de Zapatero a ETA, una cuestión espinosa. Las consecuencias a medio plazo para el país, para la convivencia y para la verdadera paz serían incalculables; pero a corto plazo el deseo de paz puede arrollar al PP si no sabe hacer llegar a los españoles la idea clara de que se trata de una trampa en la que Zapatero estaría cayendo.

Los españoles, sin embargo, tienen más sensatez y realismo de los que Zapatero supone. El presidente del Gobierno maneja la idea de una tregua de ETA sin pensar en el precio, pensando sólo en su beneficio personal y de partido. No obstante, la gente de la calle es perfectamente capaz de ver en qué atolladero está metiendo Zapatero al país. Y si el PP lo explica, aún más.

A escondidas
Cartas al Director ABC 24 Octubre 2005

Carod-Rovira y Joan Puigcercós, de ERC, se han reunido en La Moncloa con Zapatero. Reunión secreta, pero no discreta, porque al final ha terminado sabiéndose. Por parte del Gobierno acudieron Rubalcaba y el ministro de Industria y secretario general del PSC, José Montilla. El presidente del Gobierno ejerció como anfitrión. ¿Dónde está, por cierto, la transparencia informativa que prometía? ZP gobierna de la mano de los independentistas catalanes; y lo hace a escondidas, puesto que es consciente de que está plenamente entregado a las exigencias de los republicanos catalanes. La causa principal de la reunión está relacionada con la tramitación en el Congreso de los Diputados del proyecto de nuevo Estatuto catalán. Zapatero quiere contentar a sus promotores, quiere acercar posturas dada la negativa de ERC a cambiar aspectos del texto aprobado por el Parlamento catalán.

Esta reforma del Estatuto (auténtica reforma constitucional) está provocando una grave crisis en el Gobierno catalán. A Pasqual Maragall lo han ninguneado. ¿Se han reunido, por tanto, para «cargárselo»? Pronto lo comprobaremos. La tramitación del proyecto de Estatuto en el Congreso tendrá lugar el próximo 2 de noviembre. El propio Zapatero se ocupará de exponer la posición del Gobierno y los cambios pactados que pretende introducir en el texto.

Parece que ERC ya conoce el alcance de las propuestas del presidente del Gobierno. ZP pacta todo, incluido el futuro de España. Hay que recordar que estos socios son independentistas radicales y buscan la desaparición de los actuales principios constitucionales. Pero a Zapatero le da igual: quiere mantenerse en el poder a toda costa.

Julio Benítez López. Sevilla.

San Gil: «El PNV llama normalización a la rendición ante ETA y la independencia»
Advierte de que el nuevo proyecto nacionalista «asume íntegramente los planteamientos de Batasuna»
R. N. La Razón 24 Octubre 2005

Vitoria- La presidenta del PP vasco, María San Gil, aseguró ayer en Vitoria que el documento presentado el sábado por el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, no aboga por la «pacificación y la normalización», sino por la «rendición ante ETA y por la independencia». Asimismo, advirtió de que este texto «asume íntegramente los planteamientos de Batasuna» y pidió al presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, que «hable clarito», ya que, en los últimos 15 meses, ha pasado «de querer derrotar a ETA con toda la fuerza del Estado de Derecho» a «querer sentarse con ETA en una mesa».

La presidenta de los populares vascos dijo que uno de los engaños del texto presentado el sábado en Bilbao es que no aboga por la pacificación y normalización, sino que es «rendición e independencia». «Pacificar es derrotar al terrorismo, no ceder ante el terrorismo. Y les pido a los nacionalistas que, en vez de pacificación, hablen de rendición, porque es una palabra que se ajusta mucho más a lo que de verdad dice este documento», apuntó.

En este sentido, lamentó que se hable de «rendición, 30 años después, ante una banda terrorista que ha llenado los días de dolor y de lágrimas» y dijo que «lo que ellos llaman normalización es independencia, tan sencillo como eso». «Vamos a ver si llamamos a las cosas por su nombre», pidió San Gil, antes de aclarar que «normalización es consolidar el estatus y el Estatuto que tenemos», mientras que, para los nacionalistas, es «el Plan Ibarretxe, que lo que dice es que tenemos que ser independientes».

Encantos ante ETA-Batasuna. La representante popular agregó que «luego, están las mesas, que fueron una exigencia del señor Otegi», y dijo que el PNV pretende que Zapatero no sea el protagonista en las negociaciones con ETA y por eso «asume íntegramente los planteamientos de Batasuna, para que vean que son mejores que Zapatero».

San Gil aseguró que «el PNV, en esta pelea que hay para ver quién es más amable con Batasuna, ha hecho un documento en el que tiene dos objetivos: dejar muy claro que a la hora de exigencias nacionalistas somos igual que los catalanes, y que quieren ser protagonistas a la hora de desplegar todos sus encantos ante ETA-Batasuna».

San Gil advirtió de que «desde Lizarra, ETA-Batasuna ha hecho una OPA al PNV» e indicó que con un lenguaje «críptico y enrevesado», el texto habla de nueve documentos distintos y en la página 9 contiene «un párrafo entero con la declaración de Lizarra».

Las víctimas también se pronunciaron ayer ante el documento presentado por el PNV. El Foro de Ermua opinó que constituye un «insulto a las víctimas del terrorismo» que el PNV hable en el documento sobre la pacificación de que el final de la violencia acabará con el sufrimiento de las víctimas, pero también con el que afecta «a muchas personas del propio mundo de ETA». Su presidente, Mikel Buesa, aseguró que el partido que lidera Imaz sitúa al mismo nivel el sufrimiento de las víctimas con las dificultades que dice que atraviesan los presos etarras o sus familias.

Cataluña convoca más plazas para consolidar su cuerpo propio de catedráticos universitarios
La Ley de Universidades de Cataluña, que está recurrida ante el Constitucional, ha sido la vía para acreditar como catedráticos a profesores contratados doctores
JUAN FERNÁNCEZ-CUESTA ABC 24 Octubre 2005

MADRID. La Ley de Universidades de Cataluña, que entró en vigor en marzo de 2003 y contra la que se interpuso por parte del Gobierno un recurso de inconstitucionalidad dos meses después, ha permitido a la Generalitat perfilar un cuerpo propio de catedráticos en menos de dos años. Ya son más de doscientos cincuenta catedráticos acreditados por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, y acaba de ser abierta una nueva convocatoria de plazas.

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, encargada de la evaluación del profesorado previa a su contratación por una universidad, no puede hacer nada porque la figura del catedrático contratado no aparece en ninguna ley estatal. Además, en Cataluña, la Agencia nacional queda en cualquier caso sometida al criterio de la Agencia autonómica de acreditación del profesorado, según figura en la Ley de Universidades de Cataluña. Y así fue constatado por el Tribunal Constitucional en un auto de octubre de 2003.

La figura del catedrático contratado no existe en el conjunto de España. Según la Ley de Universidades, «el personal docente e investigador de las universidades públicas estará compuesto de funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y de personal contratado». El personal docente e investigador contratado incluye las figuras de ayudante, profesor ayudante doctor, profesor colaborador, profesor contratado doctor, profesor asociado y profesor visitante. Y el profesorado universitario funcionario pertenecerá a los cuerpos docentes de catedráticos de universidad, profesores titulares de universidad, catedráticos de escuelas universitarias y profesores titulares de escuelas universitarias.

Lo que hizo el Gobierno catalán a través de su Ley de Universidades fue dividir en dos categorías la figura del profesor contratado doctor: «El acceso a la universidad en la figura contractual de profesorado contratado doctor, con carácter pemanente, puede hacerse en una de las categorías siguientes: catedrático o catedrática, que supone una carrera docente e investigadora consolidada, y profesor o profesora agregada, que supone una probada capacidad docente e investigadora». Además, esta ley autonómica dice que las universidades «deben garantizar la identidad de los derechos del profesorado contratado permanente con los del profesorado de los cuerpos docentes universitarios», lo que supone, en fin, la asimilación total de los catedráticos contratados con el cuerpo de catedráticos de universidad. Y en este caso ya no es que la Agencia nacional quede sometida al dictado de la autonómica, sino que ésta es la encargada de acreditar al profesorado para poder ser contratado como catedrático.

Petición no correspondida
Lo que subyace es «la pretensión del Gobierno catalán, desde hace muchos años, de que se procediera a la extinción del profesorado universitario funcionario, del cuerpo docente de catedráticos de universidad y que todo el profesorado fuera contratado». Según fuentes consultadas por ABC, «así se demandó desde CiU al Gobierno del PP» en distintas conversaciones mantenidas en la década de los noventa: «Cataluña siempre lo quiso así».

Y así se ha llegado a la situación actual. «Para promover las nuevas figuras contractuales permanentes de profesorado, la Generalidad debe elaborar y dotar presupuestariamente un plan que establezca en doce años la creación de 400 contratos de catedrático contratado y 800 de profesorado agregado, a razón aproximada de 100 contratos de catedrático o profesor agregado por año, contratos que debe cofinanciar en el 50%», reza la disposición final segunda de la Ley de Universidades de Cataluña. Y en estos dos primeros años, el camino está ya más que trazado, como demuestran las cuatro convocatorias de acreditación de catedráticos y profesores agregados.

Convocatorias anteriores
Según ha confirmado a este periódico la Consejería de Universidades de la Generalitat de Cataluña, en la primera convocatoria (13 de diciembre de 2003), se acreditó como catedráticos a 125 aspirantes y como profesor agregado a 312. Desde esa fecha se han sucedido otras tres convocatorias, con menos solicitudes, pero que han permitido que a fecha de hoy la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña haya acreditado como catedráticos a 252 profesores. Ahora, hasta el 28 de octubre hay una nueva oportunidad, «y las universidades están sugiriendo a los profesores que cumplen los requisitos que presenten su solicitud, que es bueno para ambos», según conversaciones mantenidas por ABC con el profesorado catalán. Lo que no es lógico, al menos económicamente, para las universidades «porque la plaza de un catedrático contratado supone más costes laborales para el centro que la de un catedrático funcionario». Pero tiene la cofinanciación de la Generalidad de Cataluña.

El Tribunal Constitucional se pronunció sobre la Ley de Universidades de Cataluña en un auto de 29 de octubre de 2003, después de que hubiera admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad promovido por la Presidencia del Gobierno, y por tanto acordando la suspensión de los preceptos recurridos. Posteriormente, la Generalitat de Cataluña solicitó el inmediato levantamiento de la suspensión.

Sin efectos automáticos
En ese auto, el TC estableció que la aplicación efectiva de la Ley de Universidades de Cataluña «podría suponer perjuicios irreparables o de difícil reparación para el profesorado acreditado por la Agencia nacional, pues las acreditaciones de dicha agencia (...) no producen efectos automáticos en Cataluña, sino que se condiciona a una ulterior intervención de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña». Y añadía: «Ello podría suponer que quedara en entredicho la movilidad del personal docente en el conjunto del sistema universitario nacional». Sin embargo, el fondo del asunto aún no ha llegado a ser contemplado por el Tribunal Constitucional y podría ser una cuestión de años.

Recortes de Prensa   Página Inicial