AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 26 Octubre 2005
Estado de excepción
MIKEL BUESA  ABC 26 Octubre 2005

Los mensajes de ETA
Editorial ABC 26 Octubre 2005

La nación es una Cataluña
ANTONIO BURGOS ABC 26 Octubre 2005

Los empresarios, ¿muertos civiles?
Alberto Recarte Libertad Digital 26 Octubre 2005

ZP va a salir caro
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 26 Octubre 2005

El preámbulo y sus querencias
BENIGNO PENDÁS ABC 26 Octubre 2005

Los engaños de Zapatero
M. MARTÍN FERRAND ABC 26 Octubre 2005

Sin novedad
Editorial El Correo 26 Octubre 2005

La dimensión teorética
José Javier Esparza elsemanaldigital 26 Octubre 2005

El incendio territorial y sus bomberos
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 26 Octubre 2005

El valor de la ley
JUAN PABLO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
El Correo 26 Octubre 2005

Traición a Cataluña
Pablo Sebastián Estrella Digital26 Octubre 2005

Todo el mundo va a “lo suyo”
Lorenzo Contreras Estrella Digital26 Octubre 2005

El Estatuto y La Caixa, la España del Minotauro
José Javaloyes Estrella Digital26 Octubre 2005

Pío Moa: «Franco respetó más la legalidad democrática que muchos republicanos»
J. Ors La Razón 26 Octubre 2005

15. Un ejercicio de escapismo
Luis del Pino Libertad Digital 26 Octubre 2005

«No pienso abandonar el País Vasco, se tendrán que ir ellos»
J. Arias Borque La Razón  26 Octubre 2005

El TC admite el recurso de La Rioja contra el PHN por el control catalán sobre el Ebro
SONIA BARRADO ABC 26 Octubre 2005

El TSJ del País Vasco anula las «vacaciones fiscales» también en Álava y Vizcaya
M. L. G. F. ABC 26 Octubre 2005

La CMT inicia una "difícil" mudanza de Madrid a Barcelona
Elsemanaldigital.com  26 Octubre 2005

Carta a Rajoy y Acebes. Catalunya (y III)
Eduardo De Prado 26 Octubre 2005

Estado de excepción
POR MIKEL BUESA CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID ABC 26 Octubre 2005

... No es aceptable la tesis que sostiene que la actuación gubernamental con respecto a un supuesto final de la violencia terrorista puede soslayar el derecho; ni tampoco que la defensa del ordenamiento sea una excusa inmovilista...

EL proceso que nos ha conducido a la actual situación del País Vasco, en la que una vez más el nacionalismo plantea la realización inmediata de su programa máximo de independencia y secesión, ha estado plagado de transgresiones al derecho, de ataques a las libertades de los ciudadanos reconocidas dentro del marco constitucional. Pueden recordarse, a este respecto, algunos de los hechos más destacados. Así, desde que tuviera lugar la formación del actual gobierno, ETA ha cometido más de cincuenta atentados con un saldo considerable de personas heridas -por encima del centenar- y un nada despreciable balance de estragos materiales. Se han producido asimismo más de trescientos ataques de terrorismo urbano, siguiendo una tendencia ascendente en cuanto a su número e intensidad con el paso del tiempo, y dejando una senda destructiva valorada en no menos de diez millones de euros. Además, el saldo de la campaña emprendida por ETA-Batasuna para amedrentar a unos cuatrocientos concejales, a los que tacha de «electos ladrones», se ha saldado ya con la retirada de un centenar de ellos, propiciando de esta manera la recomposición del poder municipal de la organización terrorista.

Por otra parte, el terrorismo hace estragos en el estado anímico de los agentes que tienen que asegurar el orden público, de manera que, en la Ertzaintza, más del veinte por ciento de sus efectivos reciben asistencia médica por problemas mentales, y los expedientes de baja causados por ellos afectan a casi el seis por ciento, duplicándose así las tasas que registran otros cuerpos policiales españoles. Y es precisamente la transgresión del orden público lo que más resalta en la cotidianeidad de la vida política y ciudadana vasca: miles de votantes se acreditaron en las últimas elecciones con un documento ilegal -el llamado «DNI vasco»- ante la pasividad de las autoridades gubernativas; Batasuna ha realizado centenares de actos públicos soslayando su estatus de ilegalización, pues al parecer nadie es capaz de hacer que se cumplan dentro del territorio vasco las sentencias y resoluciones del Tribunal Supremo de España; tampoco se persiguen los delitos de enaltecimiento del terrorismo que se han cometido en los múltiples homenajes a etarras que se han venido celebrando en diversos ayuntamientos; y, además, desde el Gobierno vasco o desde las instituciones gobernadas por nacionalistas se anima el cotarro terrorista enviando observadores a los juicios en la Audiencia Nacional, recibiendo en audiencia oficial a los responsables de la violencia callejera, admitiendo a Batasuna como interlocutor político, subvencionando a las familias de etarras presos y haciendo campañas a favor de éstos.

Digámoslo con pocas palabras: en todo lo que rodea al terrorismo, en el País Vasco, el Estado de derecho se revela débil y las más de las veces inexistente. Ello es así no sólo porque diariamente se transgreden las normas, sino también porque el Gobierno, en aras de una eventual negociación con ETA, ha decidido no actuar para restablecer el derecho y restaurar los bienes jurídicos dañados. El Gobierno se comporta como si, de hecho, se hubiese declarado un estado de excepción encubierto, aunque efectivo, que justificara la elusión de las leyes y de su defensa mediante el empleo del poder coercitivo del Estado.

El estado de excepción es, como ha destacado Giorgio Agamben, «un espacio vacío de derecho, una zona de anomia en la que todas las determinaciones jurídicas son desactivadas». Heredero del iustitium contemplado por el viejo derecho romano, su finalidad básica ha sido siempre la de preservar la existencia misma del ordenamiento que se suspende, pues se concibe como la respuesta extrema del poder estatal a los conflictos que ponen en cuestión la supervivencia del Estado. En efecto, remontándonos a la tradición antigua, se puede señalar que, cuando advertía una situación de peligro para la República, el Senado de Roma solicitaba a los cónsules la adopción de las medidas necesarias para salvarla. Los senadores -investidos de la auctoritas, de la prerrogativa de suspender las leyes- declaraban así el tumultus, constatando la situación de emergencia que justificaba la proclamación del iustitium edicere que interrumpía la vigencia del derecho.

Esa finalidad defensiva de las instituciones establecidas es la que inspira también la regulación del estado de excepción en España. La Constitución alude a esta figura señalando que su declaración compete al Gobierno una vez autorizado para ella por el Congreso de los Diputados; e indica también que el decreto correspondiente ha de especificar sus efectos, ámbito territorial y plazo, limitando su duración máxima a treinta días. A su vez, la ley orgánica del primero de junio de 1981 reserva la aplicación del estado de excepción a las situaciones de alteración del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos o del funcionamiento de las instituciones democráticas, siempre que la perturbación del orden sea de una gravedad tal que, con el ejercicio de las potestades ordinarias del Estado, no fuera posible restablecerlo.

Pero lo que ni la tradición histórica ni el ordenamiento constitucional contemplan es que el Gobierno suspenda el derecho mediante el simple expediente de no aplicarlo, dejando que su negligencia sirva de soporte a la creciente alteración del orden público. Cuando se actúa de esta manera, cuando la dejación de las funciones de defensa del ordenamiento encubre la disolución práctica de éste, cuando, como acertadamente recuerda Agamben, «el estado de excepción... se convierte en regla, el sistema jurídico-político se transforma en una máquina letal». Tal es el riesgo al que puede conducirnos la deriva emprendida, con relación al País Vasco, por la Administración que lidera el presidente Rodríguez Zapatero, pues su pretensión de poner fin al terrorismo sin combatirlo políticamente está permitiendo la recomposición acelerada de las bases del poder de ETA-Batasuna para volver a imponer el miedo y el silencio entre los ciudadanos.

Por ello, no es aceptable la tesis que sostiene que la actuación gubernamental con respecto a un supuesto final de la violencia terrorista puede soslayar el derecho; ni tampoco que la defensa del ordenamiento sea una excusa inmovilista; ni menos aún que la elusión del derecho -el estado de excepción encubierto- se justifique moralmente por la evitación de unas futuras víctimas del terrorismo. Una tesis que se enuncia con nitidez en el párrafo final de la carta que prologa el reciente informe semestral que el Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo ha presentado en el Congreso, cuando se señala que, en la lucha por la paz, «la política (no) debe dejar de actuar so pretexto de un respeto al Derecho que en ocasiones puede no ser más que una coartada para que todo siga igual, es decir, para que las víctimas potenciales... no dejen nunca de serlo». Una tesis que se construye para justificar las acciones arbitrarias del Gobierno y para evitar su control institucional, pues lo propio de ese estado de excepción furtivo es que no se dé cuenta de él a nadie y que nadie ajeno a quien lo aplica deba autorizarlo o refrendarlo. Una tesis, en fin, que preludia el deterioro de nuestro sistema político, pues, si como señaló Maquiavelo en El Príncipe son dos las formas de gobernar, «la una con las leyes, la otra con la fuerza», la que ahora se propugna se aparta de la primera y se acerca peligrosamente a la segunda.

Los mensajes de ETA
Editorial ABC 26 Octubre 2005

ETA ha echado un jarro de agua fría a las expectativas de un inmediato proceso de final dialogado de su violencia. El comunicado difundido ayer por el diario «Gara» no sólo no habla de tregua, sino que advierte de que no está dispuesta a aceptar un nuevo pacto estatutario, porque, según dicen los etarras, «la clave del largo conflicto» es, como siempre, «el reconocimiento del derecho de autodeterminación» del pueblo vasco. Además, avisa que los mandatarios que den pasos contrarios a sus objetivos «acarrearán sobre sus espaldas una responsabilidad ineludible de cara al futuro».

La elección del momento en que ETA difunde este mensaje, acompañado de cuatro bombas en otros tantos juzgados de Paz en el País Vasco y Navarra, no es, ni mucho menos, gratuita. Coincide con el aniversario del Estatuto de Guernica y se da a conocer al día siguiente de que el PSOE anunciara su decisión de reformar el proyecto de Estatuto para Cataluña en todos los aspectos que imprimen al texto un carácter soberanista. Aunque está por ver que las enmiendas del PSOE realmente constitucionalicen el proyecto estatutario catalán, para ETA el cambio de criterio socialista se traduce en un rechazo a la vía catalana, en la medida en que los terroristas no se conforman con «unas insustanciales competencias», sino en el ejercicio de la autodeterminación. Por eso también advierten al PNV de que sus aproximaciones al PSOE no deben consistir en una revisión de lo que los etarras llaman el «Estatuto de Moncloa», expresión que sintetiza su desprecio a la legitimación democrática del régimen estatutario vigente. Hay avisos para todos, especialmente para aquellos que andan propagando la existencia de un cambio y de una oportunidad para alcanzar una paz cuya existencia sólo depende de que ETA sea derrotada, desarmada y disuelta.

Por supuesto, ETA reitera su disposición a negociar. Lleva treinta años haciéndolo, porque lo que quiere es doblegar y sentar al Estado a discutir los objetivos que de antemano sabe que no alcanzará con el terrorismo. La autodeterminación, la territorialidad y la consulta popular son sus pretensiones desde el origen de su actividad terrorista. El último comunicado reduce aún más el crédito de las interpretaciones optimistas sobre el cese definitivo de la violencia. Por tanto, además de ser un aviso a navegantes para Batasuna y sus mesas de diálogo, esta estrategia etarra afecta directamente a las expectativas que Zapatero lleva alentando desde hace meses sobre datos confidenciales sistemáticamente desmentidos por la continuidad terrorista, tanto con tareas de «abastecimiento» de explosivos, coches y materiales para falsificación de documentos como en la ejecución de atentados con explosivos. Los últimos se perpetraron esta madrugada en las tres provincias vascas y en Navarra, con cuatro bombas en juzgados de Paz, lo que constituye una prueba de que ETA, al mismo tiempo que «indulta» a determinados colectivos (cargos electos) o territorios (Cataluña), mantiene vivos otros frentes, como las amenazas a los jueces. También es significativo el aumento de actos de intimidación contra representantes del PP vasco, cuyo último ejemplo es Santiago Abascal. ETA siempre procura eliminar obstáculos: la Justicia sigue actuando contra los entramados de Batasuna y el Partido Comunista de las Tierras Vascas y los populares siguen movilizando con su discurso constitucionalista.

Los últimos movimientos de ETA son la manera que tiene la banda terrorista de presionar al Gobierno aprovechando el actual clima político. Más aún ahora que el Estatuto catalán entra en una nueva dimensión, porque hay que recordar que la combinación de ambos procesos -el de reforma estatutaria y el del final dialogado de la violencia- ha sido argumento no sólo de Carod-Rovira, fiel a sus conversaciones de Perpiñán, sino de destacados dirigentes socialistas. La responsabilidad del Gobierno por el deterioro general de la situación política se acrecienta y lo peor de todo es que sigue perseverando en los mismos errores que han puesto en precario los grandes asuntos de Estado, como el antiterrorismo y la unidad nacional, a cambio de una estrategia de alianzas con quienes nunca han aspirado a derrotar a ETA ni a consolidar el proyecto nacional de España. Es en este escenario donde ETA juega sus bazas y tensa lo necesario para mantener, a base de bombas, la estrategia en la que mejor se desenvuelve: la política del palo y la zanahoria, sabedora del valor que para el Gobierno tendría una tregua que utiliza como instrumento de presión.

La nación es una Cataluña
Por ANTONIO BURGOS ABC 26 Octubre 2005

NO, no he cogido la tajada de cava. Es como he puesto en el título. Al revés te lo digo, para que me entiendas. Ibarreche lo ha dicho bien clarito: España será lo que los separatistas quieran, o no será. Les pagamos para que se separen de España, pero quedamos obligados a que nos tutelen, con derecho de veto sobre nuestra voluntad soberana. España es un protectorado de Cataluña. Larache y Tetuán dependían menos de España cuando Marruecos era nuestro que como pretenden que quede España con respecto al imperialismo catalán. Carod y Maragall van a La Moncloa en revista de comisario. (Carod, con la misma camisa negra que el Imperio de Mussolini.) Los altos comisarios comprueban si en el protectorado se cumplen los planes de ruptura constitucional para cambiar de régimen. No se hacen fotos para que no podamos advertir que el presidente del Gobierno está en primer tiempo de saludo, recibiendo órdenes de los que no quieren que el Reino de España sea España y mucho menos Reino.

La nación es una Cataluña porque estamos en el ojo de un huracán innecesario e inventado. ZP le hizo la respiración artificial a un Estatuto en fase terminal. Con tanta estulticia como perversidad han convertido a España entera en un problema llamado Cataluña. Lo de España entera es un decir: lo que que-da de España; lo que queda de Constitución. La del perjurio colectivo. Aquí todo el que está en un puesto público juró o prometió guardar y hacer guardar la Constitución. Los que deben guardarla, ya ven: pichichis de los goles en propia puerta. En cuanto a hacerla guardar, nadie tuvo co...raje para hacerla cumplir en Cataluña en materias tan elementales como la presencia de la bandera nacional o la enseñanza del español como lengua oficial.

Y demos gracias a Dios de que se conformen con que, hocicando todos, incumpliendo la Constitución y derogándola virtualmente, se reconozca que Cataluña es «una» nación. El siguiente paso será decir que Cataluña es «la» nación. La riada de la marea nacional de Cataluña llega ya a las Baleares y al antiguo Reino de Valencia. Ni Carod ni Maragall pararán hasta que le pongan la barretina a los moros y cristianos de Alicante y conviertan en butifarra la sobrasada mallorquina. Esto es lo que hay. Esto es lo que suele haber cuando alguien se cree más que nadie, pisoteando derechos ajenos. Van para Imperio. ¿Cómo era aquello de la Alemania de Hitler? Pues vayan aprendiendo a decir en catalán el «Über Alles». Porque lengua catalana por descontado que vamos a tener que terminar aprendiendo. No solamente multarán, como ahora, a quien ose poner un rótulo comercial en español en Las Ramblas. Se le va a caer el pelo a quien en una ventanilla de Madrid no sepa responder en perfecto catalán al ciudadano de la nación que tan generosamente nos protege que acuda allí para un trámite. Lo del «cives romanus sum» de la Roma clásica será nada al lado del «soc de la nació catalana». Cuando Tarradellas dijo el «ja soc aquí» famoso, no podíamos sospechar que este «aquí» iba a llegar a Soria, a Badajoz, a Sevilla. Ya los tenemos aquí. Reclamarán hasta la Siberia extremeña como parte de los mal llamados Países Catalanes. Un Conde Don Julián les ha abierto las puertas en La Moncloa y nos van a correr a gorrazos hasta donde le plazca a aquél cuya permanencia en el poder depende de esta locura absolutamente inventada e innecesaria.

¿Boicot al cava? No existe peligro alguno. Pero que cada cual rece lo que sepa para que Cataluña no ordene el boicot en toda España a la sidra del gaitero asturiano, que es lo que puede ocurrir. Faltan sólo meses para que declaren obligatorio coger una cogorza de cava a la semana. Así nos costará menos trabajo proclamar que no sólo Cataluña es una nación, sino que la única nación que existe desde hace 500 años nos la han dejado como una sucursal de Cataluña.

El futuro de España
Los empresarios, ¿muertos civiles?
Alberto Recarte Libertad Digital 26 Octubre 2005

I. El silencio
Siempre me ha sorprendido la capacidad de muchos de nuestros empresarios más representativos para no comprometerse con los valores que encarna nuestra Constitución y, en cualquier caso, por su renuencia a opinar sobre temas políticos, económicos, o sociales de importancia.

La primera línea de no participación de los empresarios cuando se les pregunta es acogerse a "la defensa de los intereses de la empresa". "Tú comprenderás, no puedo arriesgarme a perder un buen cliente". "No puedo decir nada que pueda molestar a la administración". Esta es la posición, aparentemente neutral, de muchos consejeros, consejeros delegados y presidentes de empresas, inversores y dueños de medianas y grandes fortunas.

II. La algarabía de PRISA
Pero no todos callan. Hay un grupo, aglutinado en torno a PRISA, donde hablan todos, el presidente, los principales consejeros y, por supuesto, los directivos. Ellos no tienen empacho en proclamar su izquierdismo, su actitud anti-PP, su defensa de los que –como ellos mismos– rompen la Constitución. En su grupo coinciden los intereses políticos y económicos. Los potenciales compradores de sus servicios son un sector –bien amplio, por cierto– ideologizado de la sociedad española y un grupo timorato de bienpensantes y de "gente de orden"; sobre todo, empresarios, intelectuales y profesionales, que temen dejar de ser considerados "progresistas" si critican al actual gobierno, o si dejan de comprar El País o si confiesan, a hurtadillas, que incluso escuchan –como ellos dicen– a ese fundamentalista Federico Jiménez Losantos, "que nos pone a todos en riesgo con sus exageraciones".

III. Los empresarios del nuevo estatuto catalán
Hay otro conjunto de empresarios, el que representa al de mayor poder económico, que, a veces, también emite opiniones. Recientemente, un grupo de los mismos, antes de la aprobación del Estatuto catalán, encabezados por Lara, y en el que figuran personalidades como J. Canals, el director general del IESE, Isidro Fainé, director general de La Caixa y hasta Juan Rosell, que quiere ser presidente de la CEOE con una etiqueta autoadjudicada de liberal de toda la vida, publicaron una carta abierta en La Vanguardia en la que, ellos también, pedían un “nuevo estatuto” para Cataluña. Que fuera o no constitucional, aparentemente, no importaba. Que rompiera la unidad de España, o no, no importaba. Que rompiera el mercado único español, o no, no importaba. Antes de que Rodríguez Zapatero, el dinamitero de la convivencia entre los españoles, forzara la aprobación del Estatuto, esos empresarios te decían –en privado, por supuesto– que su intervención pública "era una estratagema", porque con su activismo iban a lograr romper la unidad entre los casposos de ERC y ese partido serio –sus palabras– que es el PSC-PSOE, para que pudiera volver a coaligarse con ese otro partido nacionalista moderado –en su consideración–, que es CIU.

Por supuesto prefirieron ignorar lo que representaban y representa Rodríguez Zapatero, Maragall y Jordi Pujol. Lo que en verdad defendían era congraciarse con el poder –quizá sin saberlo. Una situación típica de sociedades acobardadas, en las que los empresarios, y el resto de los ciudadanos, viven sometidos al poder político de turno y hacen lo imposible para lograr disfrutar de sus patrimonios y sus empresas sin interferencias. Sin tener que defender activamente los principios constitucionales que, eso sí, les han permitido –entre otras cosas– su éxito económico. Especialmente llamativa era la firma de un representante del IESE, una de las más prestigiosas escuelas de negocios del mundo, donde se imparten habitualmente las clases en inglés, en Barcelona, Madrid o Shangai pero, para los que no pueden pagarse uno de esos cursos la receta es, ya se sabe, "sólo catalán".

IV. La participación del Instituto de Empresa Familiar
Entre los firmantes de la carta había también un grupo numeroso al que unía su pertenencia al Instituto de Empresa Familiar, el lobby que agrupa a las grandes fortunas españolas, aunque con mayoría cualificada catalana, y del que son miembros desde la familia de Polanco, la de su compañero en Cataluña, Leopoldo Rodés, y otras muchas, dueñas de grandes negocios que, por supuesto, venden una parte considerable de su producción en el resto de España. El Instituto de Empresa Familiar, que inicialmente batalló por lograr menores impuestos para todas las empresas españolas, ha terminado por ser una organización sólo de grandes fortunas que ya han logrado lo que pretendían: no pagar impuestos ni sobre el patrimonio y ni sobre sucesiones; y, por supuesto, se ha desentendido –en mi opinión– del interés general, de buscar la eliminación de esos impuestos para todos, grandes o pequeños, empresarios, trabajadores o funcionarios. Ocurre que esos impuestos, el de patrimonio y sucesiones, se pagan a las autonomías en las que tiene su sede social la empresa familiar de que se trate. Y el temor a tener que volver a pagar, "si no se comportan", quizás ha influido a la hora de pedir, ellos también, un nuevo estatuto. Una situación verdaderamente chusca, porque en Madrid, El País, el periódico de la familia Polanco, que no paga patrimonio ni sucesiones, no para de publicar artículos contra el Gobierno de Esperanza Aguirre por anunciar que quiere eliminar esos impuestos para todos. No para ahí el activismo del Instituto de Empresa Familia. Su director, Fernando Casado, en pleno uso de su libertad, pedía, en 2002, en una intervención recogida en La Vanguardia, que La Caixa modificara su actividad crediticia; que no debía ir a remolque de las grandes instituciones financieras españolas y que tenía que ser "un centro de poder". A los pocos meses, tras ganar el tripartito el gobierno, La Caixa instrumenta y dirige la Opa de Gas Natural sobre Endesa. También opinaba que Barcelona, como centro de decisión, había visto menguar su papel, porque los políticos catalanes "no profundizaron seriamente en la cuestión económica".

Los empresarios agrupados en defensa de gobiernos extremistas, como los que comentamos, entienden bien lo que es el poder. Y, sin embargo, muchos de ellos no fueron sumisos al poder de los sucesivos gobiernos del PP, quizás porque esos gobiernos se declaraban liberales y, por tanto, respetuosos con actitudes y posicionamientos contrarios a sus tesis. Pero sí fueron sumisos ante un poder ejercido arbitrariamente para aprobar y tramitar en Cortes un proyecto anticonstitucional. Sumisos, quizá, porque están convencidos de que la sociedad española, que es mucho más liberal que ellos, no les va a castigar económicamente en sus actividades empresariales por su apoyo al nacionalismo antiespañol. El nuevo presidente del IEF, el valenciano Roig, tras el escándalo inconstitucional del nuevo estatuto, ha recogido las velas desplegadas por los más colaboradores con el PSOE-nacionalistas del IEF, diciendo que "todos los miembros del IEF mantiene la misma línea sobre el Estatuto catalán, cuya reforma –dijo– tiene que llevarse a cabo con el mayor consenso posible de las fuerzas políticas". Lo que no dice, y es lo más importante, es que hay que respetar la Constitución y sobre el consenso me pregunto, ¿incluye al PP? Y, cuando habla de que todos están por la reforma del Estatuto, ¿incluye a Polanco y a sus colaboradores en Cataluña?

V. Otras asociaciones familiares
Yo he sido presidente de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar, una institución que agrupa a empresas que tiene esa consideración jurídica y cuyos propietarios tampoco pagan los impuestos sobre patrimonio y sucesiones. Lo fui con una declaración programática en la que expusimos que esos impuestos eran letales para la supervivencia de los patrimonios familiares y que había que eliminarlos para todos, para todos los accionistas, para todas las familias, para todo su patrimonio. Y, afortunadamente, en Madrid, y al menos para los impuestos sobre sucesiones y donaciones, ese objetivo se está logrando. No es, pues, imposible, ser empresario y defender los intereses generales. Sólo hace falta proponérselo.

VI. La muerte civil de los grandes empresarios
En esa clase social privilegiada, rica y sofisticada que forman los consejeros, consejeros delegados, presidentes, accionistas y dueños de empresas, se considera que hablar de política es un mal negocio. Y que conste que, en general, suele ser así. Posicionarse políticamente puede hacer daño a los intereses de la empresa, si esos planteamientos difieren de las opiniones o intereses de la mayoría de los compradores de los bienes y servicios que ellos producen. ¿Cómo se resuelve el nudo gordiano? Desgraciadamente, mal pues, en general, una vez que alguien consigue el estatus de consejero, de persona de referencia en el mundo empresarial, fallece para la vida civil. No hacen falta condenas ni destierros. Simplemente, el consejero desaparece, con sus dietas y participaciones en beneficios, de la sociedad española. Y eso se considera normal. Lo anormal es tener opinión. No hace mucho en una de las informaciones de El Confidencial de Jesús Cacho, se consideraba que yo, por ejemplo, por mi actividad en los medios de comunicación, era "un agitador político", lo que era, supuestamente, negativo para la reputación personal del que esto suscribe.

¿Cómo es posible que la mayoría de ese conjunto de españoles, teóricamente mejor preparado, con mayor poder económico, con mayor independencia, permanezcan, permanentemente, en silencio? Me refiero al silencio en público, por supuesto; porque en privado cuentan todo y de todo, y les preocupa, como a todos, el futuro de España. En una situación de normalidad constitucional mis apreciaciones sobre la participación política o social de los empresarios pueden ser contestadas con argumentos sólidos. En una situación como la que vivimos, todos, pero sobre todo los más poderosos, están obligados a manifestarse.

VII. Todos debemos defender la Constitución
Vivimos una situación revolucionaria. Porque Rodríguez Zapatero, su Gobierno, el comité ejecutivo del PSOE, el PSOE de Cataluña, los nacionalistas secesionistas de CIU y los de ERC, los pactistas con ETA, han decidido aprobar un estatuto inconstitucional y llevarlo al Congreso de los Diputados para que sea discutido por un procedimiento anticonstitucional. Allí se modificarán, para la galería, sólo algunos de sus aspectos más llamativamente rupturistas pues confían después en que un Tribunal Constitucional politizado y controlado por la izquierda y los nacionalistas avalará lo que resulte; digan lo que digan el espíritu y la letra de la Constitución.

Sólo un partido, el PP, protesta. Y sólo algunos medios de comunicación informan de esta situación. Es cierto que muchos empresarios, individualmente, lo hacen y que organizaciones significativas también lo hacen. Con prudencia y con rigor. Pero ¿y el resto de las instituciones españolas? ¿Dónde están las cámaras de comercio, las cajas de ahorros, los bancos, las empresas, las instituciones sociales, políticas, benéficas y económicas de todo tipo? ¿No van a opinar nunca? ¿No van a manifestar, nunca, públicamente, lo que tanto desazón les causa cuando se manifiestan en privado? ¿Qué ha pasado con el resto de la sociedad civil española?

Nos jugamos demasiado para no debatir públicamente lo que está ocurriendo. Es tremendo que la única vez que se han manifestado en lo últimos años los empresarios de mayor peso social en Cataluña, y que representan a las grandes fortunas catalanas y del resto de España, que no pagan impuestos sobre patrimonio y sucesiones, haya sido para decir que querían un nuevo estatuto. Afortunadamente, la CEOE ha opinado en contra del nuevo Estatuto. Pero, ¿recuerdan las lindezas que tuvo que aguantar el gobernador del Banco de España cuando dijo, públicamente, en el Congreso, que le preocupaban el estatuto catalán y la actuación de las cajas de ahorros por su repercusión en el futuro económico de España? Ese probo funcionario que es Solbes le llamó al orden y le dijo que un gobernador del Banco de España sólo podía hablar de temas técnicos.

¿Y el resto? ¿Aceptamos, sin más, que Rodríguez Zapatero y sus ministros de turno, el PSOE y sus acólitos, nos digan sobre lo que podemos y no podemos hablar? ¿Existe, en España, eso que se llama sociedad civil?

Yo creo que sí; y que a la mayoría de los empresarios les gustaría encontrar un cauce para manifestar su preocupación por la ruptura de España. La CEOE ha hecho un esfuerzo, pero debe multiplicar su actividad en defensa de la Constitución, para a que todos, empresarios individuales, agrupaciones, y asociaciones de todo tipo dejen oír su voz en este momento crucial para la nación española.

ZP va a salir caro
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 26 Octubre 2005

Por dos vías se le puede ir de las manos el proceso a ZP: por los votos y por el mercado.

Las ilusiones que habían puesto algunos en una posible ruptura del PSOE estaban basadas en un desconocimiento total de la naturaleza leninista de este partido y en la debilidad de las convicciones españolas de sus dirigentes. Ya he escrito en numerosas ocasiones que los Bono y los Ibarra prefieren la unidad del partido a la de España y que para ellos la verdadera nación es el PSOE.

El partido aceptará el Estatuto y el proceso que éste conlleva, y que es la sustitución del Estado autonómico por una Confederación, «la nacionalidad de nacionalidades» que llamaba el muy simple de Anselmo Carretero. (Por cierto, ¿sabe ZP de qué Carretero habla cuando dice que lo conoció su padre, y lo saben los ignorantes periodistas que no han leído ni visto los libros del padre ni los del hijo?).

Así pues, el partido no será problema, no habrá desistimientos, si acaso desgarramientos interiores, muy interiores, vergonzosamente interiores.

Los costes de la victoria institucional van a venirle a ZP (y a los nacionalistas) por la doble venganza del votante y del comprador. A muchos centenares de miles de ciudadanos el proyecto de ZP les obligará a utilizar el voto como castigo. ¿Hasta el punto de que ZP no pueda formar gobierno con los nacionalistas, incluida Convergencia y Unión, Coalición Canaria y Labordeta?

Ésa es una de las dos vías a las que lleva el desafío nacional de ZP y su marcha sobre Madrid.

La otra vía es la del mercado. ZP está acorralando al ciudadano en su condición de sujeto libre a la hora de comprar. Su apuesta por los intereses patrióticos y económicos de Cataluña en detrimento de los de las otras regiones induce al ciudadano a reaccionar en contra.

De este modo el «seny» de los catalanes está siendo desbordado por la «rauxa» de ZP.

ZP y los nacionalistas no han valorado este riesgo. Han ido sobrados al proceso político. No han caído en la cuenta de que el abuso de los recursos democráticos puede ser sofocante; que la maquinaria institucional del PSOE y el tripartito está implicando al mercado en batallas que deberían serle ajenas.

Históricamente el proteccionismo tuvo una contrapartida política. Ahora ZP y Carod lo quieren todo.

El preámbulo y sus querencias
Por BENIGNO PENDÁS ABC 26 Octubre 2005

HABLEMOS hoy de las formas, que tiempo habrá para desmenuzar el contenido. La lectura del Preámbulo resulta muy ilustrativa. El texto es breve: apenas folio y medio, una minucia en comparación con los 227 artículos, diez disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y cinco finales. Está plagado de afirmaciones apodícticas, incluido un singular decálogo. No escatima elogios: «Tenacidad de nuestro pueblo», «fidelidad de sus dirigentes», «tradición democrática»... Me quedo con un dato objetivo: si no he contado mal, el término «Cataluña» aparece ¡24 veces! Dirán que se trata de un texto más literario que jurídico. Pero no parece sólo cuestión de retórica. El artículo 1.1 empieza con «Cataluña es...» y el 1.2, con «Cataluña ejerce...», y así hasta el infinito. La obsesión identitaria es parte de la mentalidad nacionalista. Las referencias podrían multiplicarse, pero me limito ahora a dos autores muy gratos a la izquierda: Eric Hobsbawn y Benedict Anderson. La nación, real o imaginaria, desplaza a la ideología. Esta regla no es (no debería ser) acorde con la lógica doctrinal del socialismo. Pero ahí está. No vale la pena seguir contando palabras, aunque no me resisto a anotar el número de referencias de corte historicista, tales como derechos históricos, tradición, memoria, generaciones, incluso paisaje... A veces son directamente románticas: «El sueño de una Cataluña...», por ejemplo. Me salen una docena, y creo que me quedo corto.

¿Qué dice de nosotros? Si hemos de ser justos, el Preámbulo catalán se muestra menos alérgico a utilizar «España» que su equivalente del Plan Ibarretxe. Menciona dos veces a «los pueblos de España» y entre los principios irrefutables incluye la definición como «Estado plurinacional». El proyecto vasco era más explícito: el Estado español resultaba ser «compuesto» y «asimétrico», además de plurinacional. También son similares las referencias al derecho de autodeterminación y sus variantes («decidir su propio futuro», «derecho ineludible al autogobierno»...) , pero la propuesta que ahora se discute elude, con buen criterio, la apelación a convenios aprobados en Naciones Unidas (que afectan a situaciones de naturaleza colonial). Ultima reflexión. En términos de historia de las ideas, el nacionalismo tiene difícil encaje con el punto de vista liberal. No son incompatibles por esencia, pero está claro que se miran con desconfianza. Admite el Preámbulo, en su párrafo más atinado, que «la libertad política que se alcance como país nunca debe ir en contra de las libertades individuales». Es un consuelo. Pero no logra reprimir la vieja querencia identitaria y proclama el «deber cívico de implicarse en el proyecto colectivo». ¿Qué hacer con los discrepantes? Rousseau lo tenía muy claro: será preciso «obligarles a ser libres». Me temo que no se trata sólo de una cuestión «teorética».

Los engaños de Zapatero
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 26 Octubre 2005

CUANDO José Luis Rodríguez Zapatero llegó a La Moncloa, parece que hace mil años, uno de mis mejores amigos en el ámbito socialista trató de convencerme con la peregrina teoría según la cual el nuevo presidente era la versión ibérica de Tony Blair. No creo en la intención engañosa de mi amigo; pero, a juzgar por los hechos, Zapatero se parece a Blair, según su propia confesión, como un «rojo» a un laborista: poca cosa. Cuando, por ejemplo, el primer ministro británico se asoma a la realidad es para postular una «reforma crucial» en la degradada educación del Reino Unido para que las escuelas públicas, venidas a menos, resurjan de sus cenizas con la elección privada de su propio modelo de gestión. Quiere recobrar la autoridad de los maestros y llevar al límite el aprovechamiento de los alumnos porque entiende que el futuro ha de cimentarse en la mejor formación de quienes mañana serán ciudadanos.

Zapatero, si es que piensa, no lo hace con el futuro como objetivo. De ahí el fundamento de sus actos de gobierno. Además de ser y decirse «rojo», que es posición tan antigua y desfasada como ser y decirse «azul», se pierde por los laberintos de la nostalgia e, instalado en el peor guerracivilismo frentista, no acorta la distancia entre los españoles opuestos entre sí, sino que la incrementa con golpes de torpeza e improvisaciones electoreras. Como ahora le recuerdan sus socios de ERC, todavía no hace un año desde que dijo, con tanto énfasis como irresponsabilidad: «Aceptaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña». Lo aceptó, disfrazado de Pasqual Maragall, en Barcelona; pero, aunque con disimulo, lo está negando en Madrid haciéndole vivir al socialismo español un síndrome esquizofrénico y sometiéndonos a los demás a una ducha escocesa que lleva a la Nación, la única que tenemos, de la congelación a la escaldadura.

En el fraccionamiento de sus juicios y criterios, según sea el escenario de su actuación, lleva el PSOE una espoleta de tiempo que puede hacerlo saltar por los aires. ¿Cómo van a poder compadecer lo que han venido afirmando en el Parlamento de Cataluña con lo que ahora se proponen negar en el Congreso de los Diputados? El truco de los expertos que, ahora son constitucionalistas, ha vuelto a sacarse de la manga Zapatero para escamotear su propia responsabilidad, primero, en el impulso al nou Estatut y, después, en su profunda recomposición para que pueda adaptarse a la Constitución resulta tan absurdo y pueril que, independientemente de lo que puede afectar al tripartito catalán, cimentado sobre un acuerdo incumplido, sirve para ir enfriando con chorros de incoherencia e irresponsabilidad, el calor socialista alcanzado el 14-M. Hasta sus más entregados votantes empiezan a descubrir que Zapatero no es una apuesta de futuro y aquí estamos hartos de pasado.

Sin novedad
Editorial El Correo 26 Octubre 2005

La doble irrupción de ETA ayer, colocando cuatro bombas y emitiendo un comunicado, muestra, una vez más, el sentido restrictivo y criminal que tiene la banda terrorista de conceptos tan manoseados en su ideario como la libertad, la convivencia o el respeto a la voluntad popular. Interpretar su violencia permanente, buscar lógicas en sus actuaciones o encuadrarlas en procesos globales son ejercicios estériles, porque todas sus acciones tienen como exclusivo objetivo acabar con las estructuras democráticas, romper el entramado institucional, enfrentar a la clase política y dividir a la ciudadanía, perturbar el normal funcionamiento de los poderes en un Estado de Derecho y trastocar la vida económica y social para convertir al País Vasco presente en una realidad inviable. Y en este delirio, el Estatuto de Gernika, del que ayer se cumplieron 26 años, es la materialización de todos sus demonios, el mayor obstáculo con que ETA se ha encontrado en su camino hacia una Euskal Herria etnicista y totalitaria. Porque lo que entonces aprobó libremente el pueblo vasco, en virtud de su capacidad de elección -renovada comicio tras comicio- fue un modelo de convivencia plural, una estructura de autogobierno única en su historia y una fórmula de anclaje dentro de España singular y provechosa.

En este largo cuarto de siglo de maduración institucional y crecimiento social, ETA no ha dejado de matar, de extorsionar y de amenazar con la pérdida de lo más preciado, la vida, a quienes desde la legitimidad o la resistencia se le han opuesto. Con las cuatro explosiones de ayer en sedes judiciales de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra, redobla su presión sobre la Justicia, un enemigo tan poderoso como implacable porque en ella se sustenta la garantía de la ley; como con el coche bomba de Ávila intentaba apuntalar el chantaje empresarial y presionar a los medios de comunicación, o con los lanzagranadas de Zaragoza pretendía sembrar el miedo o alternar la normalidad ciudadana. ETA necesita que la sociedad vasca y el conjunto de la española sientan su sombra criminal, porque el terror es su sustento y su único 'argumento', y más ahora que la acción conjunta política, judicial, policial y social la ha debilitado hasta resaltar sus esencias mafiosas.

Si la fuerza de la democracia es el gran poder de nuestra sociedad contra ETA, es poco comprensible que el nacionalismo, que durante estos veintiséis años ha gobernado amparado en el Estatuto, haya despreciado su poder aglutinante, su capacidad de unir en un mismo proyecto a la gran mayoría de los vascos. Y por eso ETA atentó ayer, el día de su conmemoración, y avisó contra él y contra cualquier remota reforma. Pero el Gobierno vasco prefirió, un año más, ignorar su celebración. Como si la ciudadanía de Euskadi no tuviera derecho a una fiesta propia, a un referente en el calendario que, más allá de tradiciones patrióticas o partidistas, aunara en un mismo deseo de convivencia y futuro común a la pluralidad de todos los vascos: el Estatuto de Gernika. Un gran capital, cívico e institucional, al que nunca le han dado la oportunidad de convertirse en símbolo.

La dimensión teorética
José Javier Esparza elsemanaldigital 26 Octubre 2005

El zapaterismo, que no sabe cómo salir del apuro catalán, ha encargado a un "grupo de expertos" un informe sobre la constitucionalidad del Estatut. Nuestras instituciones disponen ya de expertos para eso: el Consejo de Estado. Pero es que el zapaterismo no busca el auxilio intelectual de los especialistas, sino el aval retórico de los ideólogos. Por eso quien ha hecho la consulta no ha sido el Gobierno, sino el PSOE, y la instancia consultada no ha sido el Consejo de Estado, sino un comité de doctos simpatizantes.

Como el Estatut es inconstitucional hasta en las tapas, los "expertos" socialistas no han tenido más remedio que señalarlo; pero lo han hecho entonando las consabidas loas al diálogo y demás inflorescencias del talante zapateril, que es exactamente lo que ZP buscaba: ya que el naufragio es inevitable, salvemos por lo menos el "talante". Con todo, el informe de los "expertos" ha aportado un nuevo elemento revelador. Y es que, para eludir el espinoso asunto de la definición de Cataluña como "nación", los doctos socialistas han dictaminado que la nación tiene una "dimensión teorética". La opinión pública ha reaccionado con jocoso estupor.

¿Qué quiere decir eso de "teorético"? Para andar por casa, podemos quedarnos con la definición del Diccionario: "Dícese de lo que se dirige al conocimiento, no a la acción o a la práctica". En el campo de las ciencias sociales, el término "teorético" suele atribuirse a aquello que no posee una definición única, universalmente válida y que pueda traducirse en la práctica, sino que más bien pertenece al andamiaje conceptual de un sistema determinado. Y en el enfoque del relativismo intelectual y moral, esa etiqueta de "teorético" se ha convertido en un salvoconducto para rebajar el vigor de los conceptos. Así, cuando se dice que "el concepto de nación tiene una dimensión teorética", se está queriendo señalar que, en el fondo, todo eso de la nación es algo demasiado opinable.

El problema es que, en ciencia política, la dimensión teorética de los conceptos se extingue cuando aparece una verificación práctica: la que marca la ley –por ejemplo, un texto constitucional. Y así el término "nación", en la política española, es muy poco teorético, porque nuestra Constitución lo incorpora con precisión suficiente. Si habláramos en el contexto de la historia universal de las ideas políticas, cabría relativizar el concepto de nación. Pero los expertos del PSOE, por muy estupendos que se pongan, hablan en el contexto jurídico-político de la España de 2005, que tiene unos mimbres muy definidos. En esas condiciones, recurrir a tales trucos no es más que prestidigitación epistemológica –o sea, magia potagia con ínfulas académicas- para salvar las posaderas de ZP y su floja formación política.

Y ahí esos señores, tan doctos, contorsionándose para brindar al poder un clavo ardiendo. Qué lástima de país…

El incendio territorial y sus bomberos
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 26 Octubre 2005

DURANTE el último período de Gobierno del PP se extendió por España como reguero de pólvora una teoría que pronto adquirió los caracteres de un prejuicio popular: la de que la tremenda tensión territorial que alteraba la vida política y social era el efecto del talante de Aznar y sus ministros. Tal teoría tenía, claro, un corolario: la presunción de que la derrota del PP funcionaría como un aliviadero de aquella tensión territorial, que desaparecería, como el agua de un cedazo, en cuanto se esfumara su impulsor.

Nadando contra corriente, y asumiendo el riesgo cierto de ser vilipendiados por aquéllos de quienes nos sentimos más cercanos, algunos nos atrevimos entonces a romper con lo que la corrección política progresista parecía exigir de modo inexcusable. Así, los discrepantes sostuvimos que el gran follón autonómico español no había sido provocado por Aznar, por más que fuera fácil reconocer su responsabilidad en un incendio que, pensando en su beneficio electoral, el PP simulaba apagar echando gasolina.

Nuestra posición tenía también su propio corolario: si la tensión territorial era la directa consecuencia de la presión centrífuga de los nacionalismos periféricos y no de la centrípeta de quien, con menos sentido del Estado del que las circunstancias exigían, intentaba hacerles frente, lo más probable es que la derrota del PP no fuese, al fin, el aliviadero de la tensión territorial que muchos daban por supuesto.

Pues bien, transcurrido un año y medio desde el cambio de Gobierno, los discrepantes con la línea oficial podemos decir, con gran tristeza, que el tiempo nos ha dado la razón. De hecho, hoy es ya evidente para la inmensa mayoría que el conflicto territorial no sólo no ha mejorado, sino que tiende a empeorar a paso de gigante.

El presidente Rodríguez Zapatero creyó que el secreto del asunto era hacer lo contrario de lo que José María Aznar había hecho en su momento: no poner límites, ni fijar su propia posición, sino dejar que el debate fluyese libre como el viento, en la absoluta confianza de que el acuerdo se instalaría por la fuerza imparable del diálogo. Los funestos resultados de esa política son hoy, por desgracia, bien visibles: el PNV vuelve por sus fueros con la autodeterminación y la consulta popular; el texto del Estatuto catalán es sencillamente inmanejable como punto de partida para un acuerdo razonable entre el Estado central y Cataluña; y la convicción de que ahora en España, territorialmente, cabe todo, se ha instalado entre los nacionalistas con la intensidad de un prejuicio popular. La misma con la que antes se consideraba que, desalojado Aznar, el follón territorial se esfumaría.

El valor de la ley
JUAN PABLO GONZÁLEZ GONZÁLEZ /VOCAL PARA EUSKADI DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
El Correo 26 Octubre 2005

La cuestión relativa a la eficacia del principio de legalidad en el País Vasco, desde la época de la Transición hasta nuestros días, ha sido siempre motivo de reflexión y de preocupación. La existencia de un grupo terrorista y de una cultura que justifica el exterminio del disidente y, en definitiva, la inexistencia de un mínimo consenso ético sobre valores y derechos fundamentales como la vida, o la libertad, han condicionado el devenir social, político e institucional en el País Vasco en los últimos años.

Los espacios que las políticas desarrolladas por el poder establecido han concedido a la ilegalidad o a la impunidad son espacios sustraídos de hecho a la democracia. Efectivamente, determinadas políticas gubernamentales pueden adormecer la legalidad para ventaja de los poderes o grupos que se sitúan al margen del derecho o que pretenden destruir el orden constitucional.

A partir de la Transición han sido numerosos los espacios concedidos a la ilegalidad desde diferentes esferas y ámbitos institucionales y políticos del País Vasco.

En general, las instituciones coincidieron en impulsar políticas de apaciguamiento que provocaron que la aplicación de la ley se volviera de hecho negociable en las confrontaciones con cada individuo o grupo. La legalidad fue objeto de transacciones políticas. En muchos supuestos el Gobierno toleró y alentó la ilegalidad de los poderes de hecho, excluyendo a la oposición democrática de la vida política, consintiendo la justificación e, incluso, el enaltecimiento de la violencia, la intimidación de importantes sectores sociales, las manipulaciones y todos sus equivalentes funcionales.

Como ejemplo de lo anterior basta recordar los homenajes a terroristas en los ayuntamientos, la concesión de nombres de calles a terroristas muertos, la cesión de espacios públicos a grupos proetarras en fiestas y celebraciones públicas, el otorgamiento de privilegios a los presos terroristas y en general la tolerancia y pasividad ante manifestaciones y contramanifestaciones en las que los ciudadanos demócratas eran víctimas de insultos y vejaciones.

Una política de ilegalidad, que por lo común se manifiesta por la omisión, por la inhibición en el ejercicio de los mecanismos de control y por el clientelismo, ciertamente puede conseguir un estado de máxima estabilidad para el sistema, garantizando la gobernabilidad y respetando los procedimientos democráticos formales, pero esa política de tolerancia con la ilegalidad genera a la larga costumbres, desaliento, resignación y destruye la democracia, por ser una política sustancialmente antidemocrática.

En 1996, con la llegada al Gobierno de la nación del Partido Popular, se produce un giro en la actuación gubernamental a partir del convencimiento de que la política de apaciguamiento había fracasado y de que era preciso defender las instituciones del Estado a partir de una política de la legalidad que permitiera recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y acabar con una generalizada sensación de impunidad.

No podemos olvidar la puesta en marcha de decisivas reformas legislativas que supusieron un cambio radical en el panorama legal del País Vasco. De forma muy relevante, la Ley de Partidos Políticos, aprobada por Ley Orgánica 6/2002, ha permitido el aislamiento económico, político e institucional del sector que prestaba y facilitaba cobertura social y política a la organización terrorista, así como otras importantes reformas, entre las cuales cabe destacar la ley para el cumplimiento íntegro de las penas que puso fin a una situación insostenible que permitía que terroristas condenados por múltiples asesinatos sólo cumplieran parte de la pena con el límite máximo que se cifraba en 30 años, y que terroristas disfrutaran del tercer grado al día siguiente de entrar en prisión, y la ley de modificación del Código Penal y la ley reguladora de la responsabilidad penal de menores, en relación con delitos de terrorismo, que ha constituido un instrumento muy eficaz contra la violencia callejera.

La situación, por lo tanto, mejoró sustancialmente en los últimos años y, lo más importante, se quebró la corriente que conducía al desaliento, a la resignación, a la apatía, a que buena parte de la ciudadanía se acostumbrase, y se puso fin a una extendida sensación de impunidad.

De ahí la ofensiva del nacionalismo para que esa situación no se consolide, es decir, para que no se afiance un clima en el que la ley sea objeto de revalorización. Pues bien, ante dicha ofensiva se está produciendo un preocupante retroceso a políticas que fracasaron en el pasado. La tolerancia ante las manifestaciones convocadas por Batasuna este último verano, la retirada de los recursos interpuestos por el anterior Gobierno en defensa de competencias del Estado, la pasividad de la Fiscalía General del Estado en el procedimiento seguido en la Audiencia Nacional contra dirigentes del PCTV, su inexplicable inhibición a la hora de instar la ilegalización de dicho partido, pese a las numerosas evidencias de conexión con el entramado Batasuna-ETA puestas de manifiesto por el juez Grande-Marlaska en sus autos, o las inaceptables manifestaciones de dirigentes políticos socialistas y nacionalistas afirmando que los jueces deberían adecuar su actividad a la situación política no interfiriendo el desarrollo de un supuesto proceso de paz, que ignoran algo tan evidente como que los miembros del poder judicial no actúan por cálculo o conveniencia política, sino sometidos estrictamente al principio de legalidad, son hechos a los que no puede restarse importancia.

Si algo hemos aprendido en los últimos tiempos es que la aplicación de la ley ha dado siempre buenos resultados, y que la convivencia no se defiende relativizando la eficacia de valores y principios comunes, sino siendo vigilante con el respeto y el cumplimiento de la Constitución y las leyes.

En este contexto, el papel a desempeñar por el Poder Judicial es trascendental. En un territorio donde existe una cultura de insumisión, de desobediencia, de desvalorización de la legalidad, es fundamental la existencia de un poder judicial fuerte e independiente que vigile y defienda el cumplimiento de la ley. Por eso no podemos minusvalorar la trascendencia de propuestas del Gobierno tales como la creación de consejos de justicia autonómicos, o la puesta en marcha de una justicia paralela a partir del reclutamiento de jueces afines a los poderes locales.

Estas propuestas, que pueden debilitar seriamente al poder judicial, sólo contribuyen a generar confusión y revelan la incapacidad del Gobierno para desarrollar una política autónoma respecto de los nacionalistas, cuyas aspiraciones de modelar una justicia a su medida son por otro lado evidentes.

Sorprende por esa razón el afán de muchos en no dar trascendencia a hechos como los anteriormente descritos. Esperemos que el Gobierno de la nación y la Fiscalía General del Estado rectifiquen y actúen en los asuntos mencionados en defensa de la legalidad, pues la aplicación de la ley no puede devenir de hecho negociable ni se puede transigir con quienes desprecian el orden constitucional.

Para finalizar esta reflexión, quisiera reiterar la necesidad de no poner en cuestión el modelo constitucional de justicia y de profundizar en el camino del fortalecimiento del Estado como sistema de imperio de derecho y de la ley. De ello dependen la estabilidad y el prestigio de nuestra democracia y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Traición a Cataluña
Pablo Sebastián Estrella Digital26 Octubre 2005

Sería sorprendente e inaceptable por el pueblo catalán que los líderes políticos que allí han aprobado el Estatuto de Cataluña, Maragall, Mas, Carod y Saura, llegaran ahora a Madrid y renunciaran a lo esencial del Estatuto en aras de una negociación o pragmática posición según la cual más vale un Estatuto recortado que el fracaso. Si estos cuatro dirigentes políticos aceptan, como lo dice el presidente Zapatero, eliminar el artículo primero del Estatuto donde se señala que Cataluña es una nación y sustituyen la palabra nación por entidad nacional o cualquier otra interpretación, los líderes del PSC, Convergencia, la Esquerra, ICV, estarían traicionando a sus militantes, a sus votantes y a la propia decisión política que ellos han aprobado en Cataluña y que han concluido cantando Els Segadors puestos en pie y con rostro trascendental.

Es Cataluña una nación? Si los dirigentes del nacionalismo y catalanismo no creen en ello y después de haberlo aprobado en Cataluña renuncian a ello en Madrid estaremos ante un acto de indignidad política y ante una farsa de grandes proporciones que deja al Estatuto y a la clase política catalana en pésima situación. Y todo esto no quiere decir que el resto de los Españoles estemos de acuerdo en que Cataluña sea una nación, que no lo estamos; el resto de los españoles, lo que sí creemos es que España es una sola nación, y lo mantenemos hasta el final, y no como al parecer piensan hacer algunos dirigentes de los ya citados que están dispuestos a renunciar a ese enunciado y primer artículo de su Estatuto, que dicho sea de paso, enmarca y condiciona el espíritu y el contenido de todo lo demás. Porque el Estatuto es la Constitución encubierta de un presunto Estado catalán.

Sólo por esto, y no vamos a entrar en todo el articulado que el PSOE quiere revisar, el Estatuto catalán debe fracasar en Madrid como fracasó el Plan Ibarretxe. Porque no es de recibo que estos señores que han abierto una crisis en toda España y que se han peleado entre sí a lo largo de los últimos meses, por causa del Estatuto, de la corrupción, del Carmel, de la continuidad o no del actual Gobierno de Maragall, etcétera, vengan la semana próxima a Madrid a decirnos que lo de su Estatuto era una broma y que todo es negociable y que todo se puede cambiar y que la bronca nacional, de la única nación española, que han fomentado era un juego y que están dispuestos a renunciar a todo aquello que votaron con solemnidad y que cerraron con su “himno nacional”.

Como cabe imaginar que al menos a alguno de los cuatro, quizás Artur Mas por la cuenta que le trae a CiU, no le va a encajar el intento de reforma del Estatuto que le quiere endosar ahora Zapatero (como ayer tarde lo intentó en la Moncloa); lo normal es que el Estatuto fracase, porque de lo contrario los líderes catalanes serían responsables de traición a Cataluña, a sus votantes y a sus militantes. Y estaría muy bien que así lo subrayara Mariano Rajoy el próximo día 2 en el Congreso de los Diputados cuando responda a los portavoces catalanes que han de presentar el texto del nuevo Estatuto en las Cortes: Carod, Mas y De Madre.

Porque lo que no tiene sentido es que nos encontremos ante un anunciado choque de trenes en la misma vía: por un lado, el tren nacionalista de la nación catalana, y por el otro, la reforma del Estatuto aprobada en la Ejecutiva del PSOE. No cabe entre una y otra cosa la menor posibilidad de pacto o negociación. Por todo ello, no entendemos todavía de qué se ríe Zapatero, aunque para poderlo explicar sólo hay una razón: Zapatero se ríe porque cree que va a engañar a IU y a la Esquerra admitiendo a trámite el proyecto de Estatuto para que ahora les aprueben los Presupuestos Generales del Estado y luego, en la primavera, si te he visto no me acuerdo: choque de trenes, final del Estatuto y que se hunda el Gobierno de Maragall, que bien merecido se lo tiene en unas elecciones anticipadas que tendrían que ser convocadas en Barcelona. Y Zapatero entonces, tan campante, tendría capacidad para concluir la legislatura, renovando los Presupuestos del 2007 de manera automática y ganando tiempo para intentar recuperar su imagen dañada como líder nacional español y presidente del Gobierno de España, a ver si consigue recuperar el tiempo perdido y el espacio electoral.

Pero puede que todavía las cosas se tuerzan. Que Carod y Mas descubran la trampa de los Presupuestos que les han tendido en la Moncloa y exijan al presidente un pronunciamiento claro y firme el próximo día 2 sobre el término nación y los capítulos esenciales del Estatuto que el PSOE quiere enmendar. Y entonces será Zapatero quien se sitúe entre los dos trenes: si le dice no a los nacionalistas, éstos no le votarán los Presupuestos, y si les dice a todo que sí, como suele hacer en el sofá de la Moncloa, entonces se le romperá el PSOE. Ésta es la situación y a ella vamos si de verdad el día 2 se quiere clarificar de una vez por todas la mascarada en cuestión. Pero si lo que quieren unos y otros es ganar tiempo, los nacionalistas catalanes habrán iniciado el camino de la traición.

Todo el mundo va a “lo suyo”
Lorenzo Contreras Estrella Digital26 Octubre 2005

La situación sigue complicándose. ETA ha vuelto a atentar bajo la modalidad de la llamada “baja intensidad” del terrorismo, aprovechando además el significado de la fecha en que ha perpetrado estas nuevas acciones contra juzgados del País Vasco y de Navarra, entre otros objetivos. Esa fecha coincide con el 26 aniversario de la aprobación del Estatuto de Guernica. Pero es que además, como desde esta misma colaboración especificaba ayer, la banda y sus adláteres han rechazado el sentido y la oportunidad del documento que Josu Jon Imaz, presidente del PNV, expuso solemnemente en la sede del partido nacionalista ante altos dirigentes y cargos electos. La sensación de que las relaciones entre PNV y ETA han empeorado resulta patente. La coyuntura política, enrarecida más que nunca tras la crisis del Estatuto de Cataluña y las expectativas vascas al acecho, favorece la búsqueda de posiciones ventajosas ante el futuro inmediato, o no tan inmediato, por parte de las dos principales fuerzas en presencia: el nacionalismo, encabezado por el PNV, y ETA con sus adjuntos de Batasuna y compañía. Y la rivalidad aumenta.

ETA ha amenazado simbólicamente a un político del PP en el norte y, por supuesto, no plantea ni por asomo la posibilidad de que vaya a abandonar la violencia. Esta actitud forma parte de la respuesta que dirige no sólo al Gobierno central, sino también al de Vitoria y a su partido, cuyos mensajes respectivos coinciden en exigir para cualquier diálogo el abandono explícito de las armas y de su utilización por parte de la banda.

De manera simultánea se observa que el PSOE va modificando su postura de rechazo del Estatuto catalán para indroducir en ella matices de suavización en la crítica y en la estrategia de cambios. Se adquiere constancia de que las discrepancias internas en los órganos del partido se van matizando, si es que no disipándose. Los críticos, caracterizados principalmente por Rodríguez Ibarra, están perdiendo terreno. Alfonso Guerra va retirándose a los planos de la discreción y, desde el punto de vista de las opiniones expresas, Felipe González sigue en paradero desconocido. Habrá que estar atentos, como siempre que surgen tensiones internas en el PSOE, a los gestos y actitudes de José Bono, el político de todo el mundo gobernante o no gobernante que mejor nada y guarda la ropa, según las convivencias del momento.

Maragall, mientras tanto, vuelve a la carga sobre sus intenciones de remodelar el Govern de la Generalitat, pero se observa, o lo parece así, que Carod-Rovira y los otros socios del Ejecutivo catalán se muestran más moderados en sus resistencias a los cambios que el presidente desea o propone.

Por otra parte, ahora resulta justificada la tentación de sospechar que Maragall exigió el ciento cincuenta por ciento de desnaturalizaciones en los contenidos de la Constitución a través del Estatuto anterior, y todavía vigente, para que, acometida por fin la “reforma” que el Estatut pretende, se logre el setenta y cinco por ciento de los objetivos, digamos a modo de hipótesis, si no más. Lo que parece de entrada una broma o un sarcasmo es que la palabra “nación” aplicada a Cataluña como definición frontal y esencial acabe concretándose en la expresión “entidad nacional” o algo parecido para definir políticamente al territorio. Claro que de “nacionalidad”, concepto establecido en la Constitución, a “entidad nacional” va muy poca distancia.

El mensaje que el PSOE procura trasladar a la opinión, en último término, es que las enmiendas al Estatut van a ser profundas. Para perfilarlas ha “contratado” a cuatro catedráticos de Derecho constitucional, es decir, a expertos de su cuerda, perfectamente seleccionados para que los planteamientos no se compliquen y las aproximaciones, a ser posible, resplandezcan.

El Estatuto y La Caixa, la España del Minotauro
José Javaloyes Estrella Digital26 Octubre 2005

Lleva la congénita debilidad del Gobierno de Rodríguez a que los nacionalismos salten de su puja interna por la radicalidad, como ha ocurrido entre los de Cataluña a propósito del cambio de Estatuto, a la emulación interregional entre ellos, tal como pone de manifiesto el comunicado de ETA —cortando una vez más la mar para el PNV—, en el que rechaza la comparación de Euskal Herria con el Principado, al apelar a la autodeterminación “sin límites”. Además, el comunicado etarra se adorna con la sintaxis que le resulta más querida: el plomo, la Goma-2 y la cloratita. Ahora, sendos artefactos en cuatro juzgados de Navarra y Vascongadas.

El entierro del Pacto Antiterrorista y la hibernación gubernamental de la legalidad sobre los partidos políticos rinde así, de tan significativa manera, sus frutos más ubérrimos. Todo abre, sin embargo, a la autocomplacencia de esta Moncloa y, por lo que se ha visto ahora, del partido que la abandera.

Por lo supuestamente concluido en la última sesión de la Ejecutiva del PSOE, no todo es conforme al propósito de Rodríguez, sino que este mismo propósito es conforme a la Constitución. Lo cual estaría bien si los procedimientos seguidos de la cruz a la fecha fueran conformes con el honesto respeto de las reglas de juego por las que se rigen las viejas democracias de Occidente.

Por ejemplo, ¿quiénes son los sabios de encargo utilizados por la Moncloa para inferir, sin haberse mojado en los puntos conflictivos del proyecto catalán, que éste “no puede calificarse en modo alguno como reforma encubierta de la Constitución”? Carecen de legitimación —funcional, institucional y política— tales dómines (parejos a los de los papeles de Salamanca) para constituir un criterio de referencia sobre el procedimiento seguido al respecto por la Mesa de las Cortes.

Pese a que José Montilla, el ministro de Industria y comisario político del tripartito en el Gobierno, diga que el informe de los expertos “desmonta la falacia del PP” sobre el alcance del proyecto estatutario, lo incuestionable es que la consulta así practicada con los constitucionalistas sintónicos supone una relegación y una suplantación de las instituciones del Estado que se encuentran concernidas en el problema por razón de la materia estatutaria: Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado y Tribunal de Cuentas. ¿Quien incurre realmente en falacia?

Si se prescinde del dictamen de los órganos independientes y, por añadidura, se politiza la composición de los órganos judiciales, incluido el Tribunal Constitucional, se pierden la tutela y la garantía efectivas de libertades y derechos. Todo desemboca finalmente en el totalitarismo de la política, que es el principio de cualquier política totalitaria.

La perversión y la trampa no vienen de ahora. Proceden del empeño de la izquierda, aceptado después —gustosamente— por la derecha, de establecer un régimen de promiscuidad entre el poder político de los partidos y el poder económico de las cajas de ahorro, embolsadas a su vez en una placenta de privilegios y preferencias frente a los bancos. Esta manipulación política de las instituciones económicas estuvo acompañada, a su vez, por el anegamiento partidista del Estado y el bloqueo efectivo de la división de poderes, sometido el judicial al legislativo.

Por el laberinto así creado circula ahora ese minotauro, mitad izquierdista y mitad nacionalista, que lo mismo cornea estatutariamnente la igualdad constitucional de los españoles y la unidad de España, que organiza una OPA, con La Caixa y sobre Endesa, que transfiera al nacionalismo el control estratégico del más estratégico de los sectores de la economía nacional.

Cuando se salga de esta en la que Rodríguez nos ha metido a todos, si queda Estado y permanece España, será cosa de arremangarse y aplicarse a un programa nacional de devolver las cosas a su sitio: sacar a los partidos de las Cajas para aplicar a éstas una liberalización a la japonesa, y liberar del partidismo a las instituciones de control y garantía de derechos y libertades. Principalmente al Gobierno de los jueces y al Tribunal Constitucional.

jose@javaloyes.net

Pío Moa: «Franco respetó más la legalidad democrática que muchos republicanos»
El autor presenta una biografía sobre el dictador y dice que la Transición se hizo con moderación política
J. Ors La Razón 26 Octubre 2005

Madrid- Pío Moa no se «cayó del caballo» en un momento de iluminación, como Pablo de Tarso. Lo suyo, dice él, fue muy lento, porque, como admite, «yo soy testarudo». Cuando despertó del viejo sueño marxista-leninista estaba ya en la otra orilla del río. Desde ese renovado andamiaje de ideas y convicciones ha entrado, sino en la historiografía, sí desde luego en la polémica. Ayer presentó su nuevo trabajo «Franco. Un balance histórico» (Planeta). El libro reunía dos nombres que parecía inevitable que se encontraran más tarde o temprano, para algarabía de unos y pavor de muchos otros. Un silencio breve, casi efímero, pero elocuente, entre el autor y los periodistas, daba idea de la zanja que dividía la habitación a pesar de que estábamos todos juntos. Como nadie habló, lo hizo él y con decisión, sin que le temblara la voz un ápice. «¿Quieren que cuente las tesis principales que defiendo?» Y las expuso de manera sintética y clara. Algunos movían la cabeza mientras carraspeaban en silencio y tomaban nota. Muchos imaginaban de antemano por dónde podían salir los tiros, y por allí fueron casi todos. «Lo peor del franquismo fue la dictadura en sí, la represión y, desde luego, que durante todos esos años no hubiera ninguna alternativa al franquismo», zanjó.

Guerra y democracia.
Pero no todo quedó así. Los argumentos de Moa parten de cimientos madurados y asentados en anteriores publicaciones. «Primero –apuntó nada más comenzar–, Franco no se rebeló contra la República, sino contra un proceso revolucionario amparado por Azaña y Casares. La guerra no destruyó la democracia, sino que la democracia fue destruida por la izquierda». Segundo: «Si hay una democracia es por la herencia de Franco. Y si la democracia está amenazada ahora es por los nacionalistas y esos antifranquistas retrospectivos». Las preguntas surgieron de inmediato en este punto, y Moa no vaciló en sus contestaciones: «Estamos viendo como los nacionalistas y el PSOE se han aliado como antes, y están creando la crisis más grave a la democracia».

Tras esta pincelada a la actualidad, las preguntas giraron, de nuevo, hacia el libro y resaltó que «al final del franquismo quedó un país políticamente moderado y eso fue lo que permitió el paso hacia la democracia. Y nuestra democracia actual es mucho mejor que la de la II República, y ojalá siga así». Resaltó que, con Franco y el final de la Guerra Civil, «se inauguró el periodo de paz más largo de los dos últimos siglos y que continúa ahora, y que sea por mucho tiempo». Un comentario al que Bennassar pondría algún pero –el francés sostiene que la Guerra Civil continuó latente durante la represión–. «Fueron 25.000 muertos –dijo Moa–. No fueron tantos si comparamos con lo que ocurrió en otros países de Europa y, aquí, casi todos ellos tuvieron juicios, aunque es verdad que eran juicios con muy pocas garantías. Gran parte de ellos eran seguidores de izquierdas que fueron abandonados por sus jefes cuando salieron al exilio. Aunque entre ellos también había auténticos criminales». En su repaso no olvidó a Paul Preston: «Hay historiadores que quieren imponer un punto de vista cuando los hechos son otros. Preston dice que Franco era un mal militar, pero ganó la guerra; dice que quería entrar en la Segunda Guerra Mundial, pero no entró, y que empobreció el país, cuando, al final del franquismo España era más rica de lo que nunca había sido». No eludió en la discusión las cifras de muertos que causaron uno y otro bando durante la contienda. «Me repugna esta pelea que parece que sólo quiere sembrar de nuevo rencores, sobre todo entre los jóvenes que no lo han vivido».

Tendencias.
El papel del franquismo en la Transición fue uno de los puntos más discutidos. «La mayoría de la población era moderada y quería la libertad, pero no a partir de hacer tabla rasa del franquismo, como querían algunos», comentó Moa, quien también afirmó que «las guerras civiles las causan cuando la ley se hunde. Franco defendió la legalidad de la República en 1934. Él respetó más la legalidad democrática que muchos repu- blicanos. Sólo se levantó al final, en una situación de caos social». A continuación, defendió que «la Transición la hizo el franquismo, no la oposición al franquismo». Entonces, explicó, que durante esos años exis- tían dos tendencias: «Una reformista y otra rupturista. La de la reforma enlaza con la democracia. El Rey está decidido por Franco y Suárez también procede del franquismo. Todo esto está en el franquismo. La alternativa era ruptura con todo esto, que es lo querían algunos». La trifulca por la concesión del Doctor Honoris Causa a Santiago Carrillo también mereció un comentario de Moa: «Siembra lo que recoge. Me parece que hizo un destacado papel en la Transición. Más que muchos. Pero ahora vuelve a las andadas y encima me acusa de confidente, sin darse cuenta de que me pone a mí frente a los terroristas».

LOS ENIGMAS DEL 11-M
15. Un ejercicio de escapismo
por Luis del Pino Libertad Digital 26 Octubre 2005

Houdini es, posiblemente, uno de los magos más famosos de la Historia. Su verdadero nombre era Erich Weiss y nació en Hungría en 1874, aunque su familia emigró a Estados Unidos cuando Houdini tenía cuatro años. Aunque también realizaba trucos de magia convencionales, su verdadera especialidad, y la que le daría fama mundial, era el escapismo. El primero de los trucos de este estilo lo realizó en 1896, al escapar de una camisa de fuerza mientras colgaba boca abajo, atado por los tobillos con una cuerda.

A partir de ahí, efectuó todo tipo de trucos de escapismo, creciendo su fama a medida que lo hacía la dificultad de los desafíos: escapar de una jaula, de un baúl de madera arrojado a un río, de una saca de correos cerrada o incluso de una inmensa bolsa de papel, de la que logró salir sin que el papel sufriera un rasguño.

Pero Houdini era un vulgar aficionado comparado con los supuestos terroristas del 11-M. Como veremos en este capítulo, las personas que (según la versión oficial) idearon, planificaron, prepararon y cometieron la masacre lo hicieron a pesar de que la Policía conocía sus nombres, tenía sus fotografías, conocía sus domicilios, sabía cuáles eran sus vehículos, estaba al tanto de sus tendencias radicales, había intervenido sus teléfonos y les tenía sometidos a un intenso control.

Analizando los hechos anteriores al 11-M que vamos a exponer en estas líneas, la lógica nos dice que esos presuntos terroristas no hubieran debido poder escapar del abrazo mortal de la Policía. Era imposible que pudieran llegar a cometer los atentados. Aunque, por supuesto, los trucos de escapismo son siempre mucho más fáciles si algún ayudante abre disimuladamente los candados antes de que comience el espectáculo.

Los hermanos Almallah
Como decíamos en el artículo anterior, estos dos hermanos de origen sirio son el punto central, el nexo de unión entre los distintos componentes del núcleo duro del 11-M. En palabras de los propios informes policiales, "sin la base doctrinal, el reclutamiento, adoctrinamiento y dirección de los hermanos Almallah, los atentados del 11-M, posiblemente, no se hubieran producido".

Según las investigaciones policiales, en su local de la C/ Virgen del Coro se celebraban reuniones de personas vinculadas al entorno radical islámico y a la comunidad siria, en las que se visualizaban vídeos de la Jihad con escenas de combates de milicias musulmanas o de atrocidades cometidas contra musulmanes. Jóvenes sin recursos, llegados principalmente de países del Magreb, eran acogidos en ese local y en los domicilios de Mouhannad Almallah y de El Tunecino, ejerciéndose sobre esos jóvenes una labor de proselitismo y de captación de adeptos, con el fin de reclutar combatientes para posteriormente enviarlos a Chechenia o Afganistán.

Los asistentes a esas reuniones, incluidos los hermanos Almallah, adoptaban numerosas precauciones, además de tener un gran cuidado en lo que a las conexiones telefónicas se refiere. Durante las vigilancias policiales y las investigaciones, pudo detectarse cómo los miembros del comando salían a la calle para llamar desde cabinas (con el fin de no dejar rastro en las facturas telefónicas), utilizaban los sistemas de desvío de llamadas entre unos teléfonos y otros y empleaban un lenguaje deliberadamente críptico en sus conversaciones.

De nuevo según la Policía, Mouhannad Almallah utilizaba como tapadera una supuesta actividad de reparación de electrodomésticos, pero en realidad los dos hermanos se dedicaban a la colecta de las limosnas destinadas a la Jihad, así como a algunas otras actividades ilícitas como el tráfico de coches robados.

Los informes policiales nos cuentan que, tras su llegada a España, los hermanos Almallah comienzan a moverse en el entorno de Abu Dahdah, la persona a la que se considera como contacto de Al Qaeda en España. Los hermanos Almallah comienzan a acudir a sus reuniones, ayudan a captar y enviar muyahidines a los frentes de combate e inician la labor de reclutamiento en el local de Virgen del Coro. De los dos hermanos, es Moutaz el que ejerce el liderazgo ideológico.

Tras la detención de Abu Dahdah por su vinculación con los atentados de Nueva York, Moutaz Almallah se traslada a vivir a Londres, aunque sigue haciendo frecuentes viajes a Madrid, donde su hermano Mouhannad continúa dirigiendo las actividades del comando. En torno a él comienza a formarse el grupo de personas que luego aparecerán implicadas en los atentados del 11-M: El Tunecino, Basel Galyoun, Fouad El Morabit o Mohamed El Egipcio.

Las conclusiones de la Policía, elaboradas meses después de los atentados, afirman que los hermanos Almallah aportaron su ideología, sus contactos y su apoyo logístico en el proceso de radicalización de las personas de su entorno, proceso que culminaría en la masacre de Madrid.

Pero, como todo en el 11-M, la historia real es mucho más tenebrosa que la oficial.

Con la Policía en los talones
La Policía conocía bien a los hermanos Almallah, demasiado bien. Porque lo cierto es que tanto ellos como todos sus conocidos estaban sometidos a una estrecha vigilancia que hubiera debido hacer imposibles los atentados.

Según la declaración ante la propia Policía del Jefe del Grupo de Terrorismo Internacional de la Brigada Provincial de Información de Madrid, el primer dato sobre las posibles actividades radicales de los hermanos Almallah es de 17 de enero de 2003, pudiendo constatarse ya entonces su relación con las tramas periféricas de Al Qaeda a través de Abu Dahdah, y también su relación con el batasuno convertido al Islam Yusuf Galán. A partir de ahí, y durante todo el año 2003 y principios de 2004, la BPI sometería a una estrecha vigilancia tanto a los hermanos Almallah como al círculo de personas relacionadas con ellos.

Como parte de esa vigilancia, se realizan numerosos seguimientos y se redacta una multitud de notas informativas sobre los miembros de ese "comando de Virgen del Coro", sobre sus reuniones, sobre los pisos que habitan o a los que acuden, sobre sus vehículos, sobre su medio de vida... En el curso de esas investigaciones se localizarían numerosos inmuebles que luego aparecerán en el transcurso de las investigaciones del 11-M, incluyendo el local de Virgen del Coro, el piso de Mouhannad Almallah en la C/ Químicos y el piso de El Tunecino en la C/ Francisco Remiro.

En un informe de 3 de marzo de 2003 se identifica ya a Serhane Farket (El Tunecino) y a diversas personas que residían en su casa de la C/ Francisco Remiro y que luego aparecerán como implicados en la trama del 11-M; tal es el caso de Basel Galyoun o Adnan Waki. También se obtienen en esa misma fecha los listados de llamadas telefónicas del local de Virgen del Coro.

El 14 de marzo de 2003 se establece un dispositivo de vigilancia en torno a Mouhannad Almallah. En abril de 2003 constan un total de seis seguimientos a los hermanos Almallah y a los visitantes del local de Virgen del Coro, concretamente los días 11, 23, 24, 25, 28 y 29 de abril. En mayo (los días 6, 7, 8, 12, 19, 26 y 27) se realizan nuevos seguimientos y vigilancias de los pisos de Virgen del Coro y de la C/ Químicos, identificándose diversos vehículos y personas.

El sumario del 11-M recoge cómo "durante todo el mes de junio [de 2003] se realizan vigilancias y seguimientos más constantes sobre Mouhannad Almallah". Nos constan, a ese respecto, nuevos informes de fechas 5, 23, 25, 26 y 27 de junio.

En julio de 2003 continúa la vigilancia en torno a los pisos de la C/ Químicos (domicilio de Mouhannad Almallah) y de Francisco Remiro (domicilio de El Tunecino), así como en torno al local de Virgen del Coro. Los informes tienen fecha de 3, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22 y 30 de julio. Hay que destacar que el día 10 se localiza la inmobiliaria en la que trabajaba El Tunecino (denominada Arconsa), que jugaría posteriormente un papel en el alquiler de la casa de Morata de Tajuña. En las fechas posteriores se investigaría todo el entramado empresarial relacionado con Arconsa, que es propiedad de otros dos hermanos de origen sirio, apellidados Rostom.

Es también en este mes cuando se oficializan estas investigaciones, a través del Juzgado Central de Instrucción número 4, con el fin de proceder a las correspondientes intervenciones telefónicas.

En agosto, se realizan nuevos seguimientos los días 11 y 25. En septiembre, los días 1, 3, 8, 15, 18, 22 y 23. Ya en este mes se conoce que en el piso de El Tunecino había estado residiendo Mustafá Maimouni, cuñado de El Tunecino que en la actualidad está preso en Marruecos por su posible relación con los atentados de Casablanca y que fue el primer inquilino de la casa de Morata.

En octubre de 2003, los informes de seguimientos corresponden a los días 1, 7, 9, 13, 15, 27, 29 y 30, centrándose dichos seguimientos en El Tunecino, los hermanos Almallah y las empresas relacionadas con Arconsa. Como novedad, se identifican dos nuevos coches en las proximidades del domicilio de El Tunecino, que resultan estar vinculados al entorno de Jamal Ahmidan, El Chino.

Los seguimientos constatados en noviembre corresponden a los días 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 y 28 (dieciséis de los treinta días del mes), localizándose a nuevas personas que luego aparecerán vinculadas al 11-M, entre ellas a otro de los presuntos suicidas de Leganés: Anuar Asrih Rifaat.

En diciembre, se somete a vigilancia al comando los días 4, 12, 17 y 19, realizándose asimismo indagaciones acerca de Abdelilah El Fadual (el lugarteniente de El Chino), cuyo coche había sido detectado en octubre.

El escape y el 17 de febrero de 2004
En enero de 2004, la vigilancia continúa sobre El Tunecino, los hermanos Rostom y los hermanos Almallah, teniendo los informes de seguimiento fecha de 7, 13, 14, 20, 22 y 26 de enero. En la primera mitad de febrero, la actividad de seguimiento por parte de la Policía sigue siendo frenética, constando los informes de los días 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13 y 16 (nueve de los dieciséis días), localizándose en aquellas fechas, en las proximidades de uno de los inmuebles vigilados, un vehículo propiedad de Hicham Ahmidan (primo de El Chino dedicado también al tráfico de drogas).

Y de repente, el día 17 de febrero de 2004, los seguimientos se interrumpen. A partir de esa fecha ya no consta ningún seguimiento policial, como si alguien hubiera dado la orden de levantar el operativo. El día 17 de febrero, cesan esos constantes seguimientos al comando de Virgen del Coro, a pesar de que se había constatado la conexión de ese comando de Virgen del Coro con las tramas periféricas de Al Qaeda. El día 17 de febrero, se interrumpe la vigilancia de los numerosos pisos, locales y empresas de ese comando, a pesar de que se había constatado la implicación de los miembros del comando con varias personas relacionadas con el terrorismo islámico, como Abu Dahdah, el batasuno Yusuf Galán o Mustafá Maimouni. El día 17 de febrero se rompe el cerco tendido en torno a los presuntos organizadores del 11-M, a muchos de los cuales (incluyendo a tres de los suicidas de Leganés) se había identificado en el curso de las investigaciones: El Tunecino, El Chino, los hermanos Almallah, Basel Galyoun, Adnan Waki, Anuar Asrih Rifaat, ...
El 17 de febrero de 2004: las vigilancias se interrumpen exactamente 24 días antes de que estallen los trenes de Madrid, matando a 192 personas.
El 17 de febrero de 2004: el operativo de control del comando se levanta sólo 11 días antes de que se realice el transporte de los explosivos desde Asturias.
El 17 de febrero de 2004: el comando de Virgen del Coro se libra del cerco policial exactamente el mismo día en que ETA declara su tregua parcial en Cataluña.
El 17 de febrero de 2004. ¿Quién dio la orden, aquel 17 de febrero, de interrumpir el seguimiento al comando que, según nos dicen, iba a cometer pocos días después la mayor masacre terrorista de la Historia de España?
¿Por qué se dio la orden de abrir el candado, librando a ese comando del mortal abrazo policial?

En el próximo capítulo: El rayo que fulmina

«No pienso abandonar el País Vasco, se tendrán que ir ellos»
Los proetarras dejan una pistola de goma y un trozo de plomo en la librería del político del PP
J. Arias Borque La Razón  26 Octubre 2005

Vitoria- Hombre alegre y de trato afable, Santiago Abascal Escuza es uno de los más destacados dirigentes del Partido Popular alavés. Con una dilatada trayectoria política, que le ha llevado desde el ayuntamiento de su localidad natal, Amurrio, hasta el Congreso de los Diputados, es, actualmente, el portavoz del Partido Popular en las Juntas Generales de Álava. Ayer, y como sucede cada cierto tiempo, volvió a sufrir la visita no deseada de los simpatizantes de la organización terrorista ETA, que lo han convertido en uno de los «mártires» más acosados.

Como muchas días, se dirigía a abrir el comercio que la familia tiene en Amurrio cuando los escoltas del político alavés encontraron en la puerta una pistola negra de imitación y un trozo de plomo. Ambos «regalos» del entramado terrorista fueron llevados hasta el Cuartel de la Guardia Civil, donde se presentó la pertinente denuncia.

Un nuevo caso de violencia de persecución apenas una semana después de que apareciese un artefacto simulado junto a la casa familiar de la edil del PP en Sondica Nerea Alzola y el mismo día en que la banda hacía público un comunicado acompañado de cuatro pequeños artefactos explosivos. Un claro mensaje para todos aquellos que consideran que la banda terrorista pensaba dar tregua a los políticos no nacionalista que le hacen frente en el País Vasco.

- ¿Qué es lo primero que se le pasa a una persona por la cabeza ante estos hechos?
- Uno nunca se acostumbra a estas cosas, porque nadie se acostumbra a la violencia, pero lo primero que piensas es que ya están éstos otra vez aquí. No quiero dar importancia a este asunto para no preocupar más a la familia.

- ¿Ha pensado, en algún momento, en abandonar la comunidad vasca?
No, en absoluto, no pienso abandonar el País Vasco. Eso está muy lejos de mi forma de ser, en todo caso se tendrían que ir ellos. Yo he nacido aquí y vivo aquí, y llevo defendiendo en este pueblo la lucha por las libertades desde 1977, y aquí seguiré porque esta es mi tierra.

- ¿Ha recibido algún tipo de llamada desde las instituciones públicas?
- He recibo varias llamadas. Se ha interesado el Delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, y también la directora de la oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, Maixabel Lasa. Además, como no puede ser de otro modo, de toda la gente del partido.

- ¿Cómo afecta la política del Gobierno Zapatero en el aumento de este tipo de acciones?
- Hay una debilidad y una indefinición por parte del Gobierno central, y con esa indefinición pasa lo que pasa. No están vendiendo que esto está tranquilo y que no pasa nada, pero no es cierto, porque aquí siguen pasando cosas. Están empeñados en deshacer todos los logros que se consiguieron con las políticas de Aznar y el Gobierno Zapatero les está dando alas, pero no sólo Zapatero, también el Gobierno vasco. Aquí en Amurrio se nombró por el alcalde de EA y un concejal del PNV como reina y dama de las fiestas a dos etarras encarcelados. Ahora se habla de reducir las penas de los terroristas, de que saldrán a la calle no sé cuántos presos este año y otros tantos el próximo, por eso empiezan a pasear de nuevo su chulería por las calles.

El TC admite el recurso de La Rioja contra el PHN por el control catalán sobre el Ebro
En el recurso presentado en septiembre, se apelaba al «sistema unitario e indivisible de gestión de cuencas establecido en la Constitución y en la legislación de aguas»
SONIA BARRADO ABC 26 Octubre 2005

LOGROÑO. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno de La Rioja contra algunos apartados de la Ley 11/2005 que modifica el Plan Hidrológico Nacional para otorgar a Cataluña la posibilidad de regular el cauce del delta del Ebro. En concreto, el recurso se interpone contra el apartado 1 del artículo 26 y contra la disposición adicional décima (apartado 1, letras a, b y c, y apartados 3 y 5) de la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, en la redacción dada a dichos preceptos en la Ley 11/2005, de 22 de junio, según comunicó ayer el ejecutivo regional.

El Consejo de Gobierno de La Rioja acordó el pasado 15 de julio interponer este recurso al considerar que los preceptos mencionados contienen disposiciones «que afectan a la cuenca hidrográfica del Ebro y que postergan a la comunidad autónoma a la hora de decidir sobre el futuro de esa cuenca hidrográfica nacional». El gobierno autonómico entiende que se priva a la región, integrada en la Confederación Hidrográfica del Ebro, «de participar de modo directo en la determinación de los caudales ambientales mínimos que condicionan la gestión de toda la cuenca» y, en particular, de los bienes jurídicos cuya tutela directa compete a la comunidad de La Rioja, como la pesca fluvial o los regadíos.

El ejecutivo riojano también argumenta en su recurso que el Estado «no puede convenir de manera bilateral con una comunidad, en este caso Cataluña, el régimen hídrico de un tramo del río Ebro, puesto que esto implica desconocer el sistema unitario e indivisible de gestión de cuencas establecido en la Constitución y en la legislación de aguas». El gobierno regional presentó el recurso de inconstitucionalidad ante el Pleno del Tribunal Constitucional el pasado 1 de septiembre.

El TSJ del País Vasco anula las «vacaciones fiscales» también en Álava y Vizcaya
El tribunal vasco recuerda que «estamos ante la impugnación de unos preceptos idénticos a otros que ya fueron jurisdiccionalmente anulados»
M. L. G. F. ABC 26 Octubre 2005

BILBAO. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha suspendido los impuestos de sociedades de Vizcaya y Álava, al igual que hiciera la semana pasada con el de Guipúzcoa, todos ellos con un tipo impositivo del 32,5 por ciento, frente al 35 por ciento del resto de España.

El tribunal vasco acepta la petición de la Junta de Castilla y León de que se suspenda cautelarmente el Impuesto de Sociedades en lo que respecta a la reducción del tipo impositivo y a la deducción de la cuota.

Los autos hechos públicos ayer están firmados por los mismos magistrados y tienen acuerdos similares a los adoptados la semana pasada respecto al territorio de Guipúzcoa. En ellos se afirma que «estamos ante la impugnación de unos preceptos idénticos a otros que ya fueron jurisdiccionalmente anulados».

Los autos hablan de «poner en primer plano» la circunstancia de que esta misma sala y sección ya se ha pronunciado recientísimamente respecto de solicitudes de medida cautelar fundada en similares argumentos promovida por la Comunidad autónoma de La Rioja y la misma Comunidad ahora solicitante, la de Castilla y León, por lo que entiende que «concurre un imperativo de natural acomodación del tribunal a precedentes tan próximos en el tiempo».

El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, manifestó, sin embargo, la semana pasada que la suspensión cautelar no podía afectar a Vizcaya que, en su opinión, había seguido una metodología diferente que Guipúzcoa.

El pasado 17 de mayo las diputaciones vascas acordaron la redacción de un nuevo texto legal que volvió a fijar en el 32,5 el tipo de Impuesto de Sociedades, a pesar de que el Tribunal Supremo anuló ese tipo impositivo implantado por las instituciones vascas, frente al 35 por ciento vigente en el resto de España.

SE CUMPLE LA PROMESA DE ZP A MARAGALL
La CMT inicia una "difícil" mudanza de Madrid a Barcelona

Elsemanaldigital.com  26 Octubre 2005

Más de la mitad de los integrantes del equipo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha rechazado trasladarse a la Ciudad Condal y son recolocados en otras empresas públicas.

26 de octubre de 2005. El proceso de descentralización administrativa tuvo como primera agraciada a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y va a comenzar su traslado a Barcelona en los próximos días, con la llegada del mes de noviembre, según confirman fuentes del organismo a Elsemanaldigital.com. La entidad ocupará cuatro plantas de la Torre Mapfre en la Villa Olímpica de la Ciudad Condal, con un contrato de alquiler por dos años con opción a un tercero. El objetivo es comprar un inmueble para que se convierta en sede social permanente y, por lo tanto, vender el de la calle de Alcalá de Madrid en un plazo máximo de cuatro años.

Esta decisión era un compromiso asumido por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en respuesta, según aseguran fuentes ministeriales, a "una demanda muy concreta de Cataluña". La solicitud efectuada en su día por el venido a menos presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, reclamando para su comunidad la sede de algún organismo de control, queda así satisfecha con este traslado. El propio presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, acudió a principios de este mes a Barcelona para reunirse con Maragall y con distintos consejeros para ir preparando el terreno del cambio.

Como consecuencia de la mudanza, el organismo tardará al menos dos meses en ponerse al día. Las fuentes consultadas no ocultan a este diario las "dificultades" del traslado. No en vano, más de la mitad del sólido equipo profesional de la CMT ha rechazado la marcha. Un hecho que, según reconocen, "influirá en el ritmo de los trabajos de la entidad".

La plantilla del regulador está formada por 110 personas, a las que se suman otros 40 entre directivos y consejeros. Una vez descartado el mantenimiento de una delegación en Madrid, aquellos trabajadores que han rechazado "viajar" a Barcelona han sido recolocados en otras empresas públicas. Para cubrir el personal vacante, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones ya ha abierto una primera convocatoria de 28 plazas a la que previsiblemente seguirán una segunda, una tercera y hasta una cuarta.

El único traslado a Cataluña de organismos reguladores será, por el momento, el de la CMT. Y es que, a pesar de la existencia de otras peticiones expresas de Maragall al presidente Zapatero, en La Moncloa no desean ningún revuelo más.

Carta a Rajoy y Acebes. Catalunya (y III)
Eduardo De Prado 26 Octubre 2005

Sr. Don Ángel Acebes.
Secretario General del PP. Madrid.

Los escritos anteriores, la carta de 24 de octubre y el añadido de presentación del 25, si bien no son un "Testamento Político", si que son un "Breve Resumen" (y consecuente Propuesta) desde el año 1977 hasta hoy mismo, de determinadas vivencias políticas en Cataluña, que los sectores más concienciados aquí conocen a grandes rasgos. No soy nadie -tal vez-, para darle consejos a Ud. Pero si yo fuese el Secretario General del PP nacional y/o el presidente el PP nacional o en Cataluña, haría una cosa: Convocaría una Gran Conferencia Abierta de personas, entidades, sindicalistas, líderes históricos y líderes sociales actuales Afines o No pero susceptibles de llegar a serlo, en Cataluña (GCAAFCAT) , que sin ser hasta ahora del PP son susceptibles de unirse al Proyecto Nacional español del Partido Popular en Catalunya.

Espero que, tanto esta Nota como la Carta de 24 y el escrito del 25 sean de su interés.
La opinión pública conoce el contenido de ambos escritos, ya que fueron enviados a distintos medios y entidades cívicas y sociales de España.

Un cordial saludo. Barcelona.

A lo largo de los años, desde Cataluña se ha intentado vertebrar una fuerza política de izquierdas y centro-izquierda, sensible al sentimiento español de muchos ciudadanos, trabajadoras y trabajadores en Cataluña, oriundos del resto de España o autóctonos de aquí. Todos los intentos han fracasado históricamente.

Primero, extinta y enterrada ya la Federación Catalana del PSOE , y dominado el PSC --¡el PSC-(PSC-PSC)!, se decía con ironía en sectores españolistas en Cataluña--, se vio la imposibilidad de dominar a los catalanistas pequeño-burgueses, o no tan pequeños, dentro del PSC y a los 'institucionalistas' encabezados por Maragall, que han llegado a donde han llegado.

Más tarde, tres ejecutivas desde la UGT-Cataluña, –dirigidas sucesivamente por Luis Fuertes, Valentín Antón, y Justo Domínguez–, antes de su actual radicalización nacional-catalanista y pro ERC de UGT-Cataluña -con "el asturiano" en el llamado SNC-UGT-, vieron frustrados los intentos de españolizar el PSC.

Luego, fracasadas las Casas Regionales, y sin salida alguna por estar mal planificada la "operación Obregón", unipersonal, de poner en marcha el Partido Andaluz de Cataluña (PAC), e incluso los escarceos de Rojas Marcos con el Partido Socialista Andaluz (PSA), los Comuneros Castellanos de los Concejos, se vieron también incapaces en los años 70/80.

Más tarde, grupos de AC Miguel de Cervantes, -la "Cervantina"-, y luego de Asociacion por la Tolerancia (AT), fracasan igualmente en el intento o intentos varios de vertebrar una fuerza política de centroizquierda española. Aunque haya varias siglas registradas en el Registro de Asociaciones y Partidos políticos.

Algunos progresistas, y sindicalista de UGT y funcionarios CSIF, intentaron más tarde fortalecer el socialista PASOC de Alonso Puerta y Pablo Castellano en Cataluña sin lograrlo, como se fracasó también en el intento de crear una Izquierda Unida (española) en Cataluña o una Federación Catalana de IU.

Es ésta una historia inmisericorde de fracasos pro-españoles en Cataluña.

(Es como si nos hallásemos ante lo que podríamos denominar "la maldición del PSUC", el que históricamente hizo desaparecer las organizaciones nacionales comunista y socialista españolas y las siglas PCE y PSOE en Cataluña, para formar el "Partit Socialista Unificat de Catalunya" (P.S.U.C.) )

Más tarde, Paco Caja y la gente de Convivencia Cívica Catalana (CCC) y el propio Vidal-Quadras, no han sido capaces de poner en marcha nada político alternativo.

Escarceos del Partido Nacional Republicano (PNR), de Izquierda Republicana (IR), y otros, no han tenido éxito en Cataluña y su cinturón "rojo".

Ahora, desde hace meses, desde 'Ciutadans de Catalunya', gente de prestigio intelectual y mediático, catalanes de generaciones, algunos, Francesc de Carreras, Albert Boadella y otros intelectuales y escritores, lanzan la idea en un Manifiesto desde Ciutadans de Catalunya, pero ponen por delante el que es para que otros la lleven a cabo, porque ellos mismos "no son las personas adecuadas", para liderar y dirigir un partido político ni concurrir a las elecciones, etc.

O mucho me equivoco o Ciutadans de Catalunya no va a vertebrar una fuerza política de centro-izquierda en Cataluña, con tiempo suficiente y con la fortaleza adecuada. Que se presente a las Elecciones; que de eso se trata.

Al final, resulta que únicamente el Partido Popular (PP) queda como el único partido nacional de todo el territorio del Estado, con una idea coherente y lógica de España y defendiendo el Pacto Constitucional y las libertades en España, se nos dice.

(Y que me perdonen José Bono, Rodríguez Ibarra, Vázquez, alcalde de La Coruña…y ...pocos más, a nivel de los dirigentes… aunque no a nivel del pueblo votante del PSOE…..

Pero sectores de izquierdas en Cataluña, que coinciden en todo, al cien por cien, con el PP en los asuntos fundamentales para la Nación y la Constitución y España, se siguen negando a votar al PP.

Es este un misterio político, que pareciera que nunca habría de tener solución aquí.

¿Qué hacer?
La España inclusiva, -de la que en otro lugar escribí-, que aceptase gustosa las minorías discrepantes, las minorías periféricas, corre hoy el riesgo de irse al garete por la radicalización independentista y el pulso al Estado de todas ellas. Y la ingenuidad de los inclusivos españolistas, engañados.

Una hipótesis realista, factible, seguramente viable, vistos los fracasos de los últimos 25 años, y que acabo de someramente describir más arriba, es la de apoyar al único partido Nacional y constitucionalista que nos queda ahora ya en Cataluña, apoyar activamente y sin complejos, individual y colectivamente, al PP para transformarlo en una fuerza plural, acogedora, fuerte, y sumar todos los esfuerzos; transversalmente, como se suele decir.

Incluso adscribiendo y confederando grupos plurales, incluso y principalmente progresistas, al PP en Cataluña. Y por supuesto trabajando activamente y militando en dicho PP desde el pluralismo ideológico.


Mi idea, la he plasmado el 24 de octubre 05 en una Carta a la Dirección nacional del PP, y se la he mandado.

Es esta:

De: DE PRADO ÁLVAREZ,Eduardo
Enviado el: lunes, 24 de octubre de 2005 16:07
Para: 'fundacionfaes@fundacionfaes.org'
CC: 'presidentppc@pp.es'; 'oipp@pp.es'; 'ngc@pp.es'
Asunto: RE: De lengua y naciones en España.

Sr. Don:Fundación FAES
Sr. Don:PP, Secretario General.
Sr. Don:PP, Presidente.
Sr. Don:Directiva Nacional del PP.
Madrid

Muy señores(as) míos,

España es de centro-izquierda. Quiero decir que los españoles se perciben a sí mismos como de centroizquierda, en unas proporciones que llegan al 70% de los ciudadanos por lo menos en algunas regiones y en el total nacional.

Contra esa 'moda', contra esa 'manía', contra esa percepción, contra esa decisión, o como se le quiera llamar, no hay nada que hacer.

Por eso, siempre, (desde hace unos lustros), he dicho y sostenido que es un error identificar al PP sólo con la derecha.

Igual que es un error seguir identificando al PP sólo como de derechas, es peor todavía lo que hoy hizo Federico Jiménez Losantos en 'La Mañana' de la COPE, identificando católicos con derecha.

Eso no es así. De ninguna manera.

No se puede identificar a la Iglesia con la Derecha. Nunca.

Hay millones de españoles católicos que no se consideran de derechas, y que votan a la izquierda.
No se puede identificar la Iglesia con la derecha. De ninguna manara. Nunca.

Hacer como si toda la Iglesia y los católicos españoles fueran de derechas es un gran error.
Se mire como se mire, es un profundo error y que hace daño.

Si el PP quiere solucionar su minoría social en Cataluña tiene que reflexionar acerca del por qué aquí más de la mitad de la ciudadanía piensa como dicen los lideres nacionales del PP y dice el PP nacional (como piensa oficialmente el PP en asuntos de España) pero nunca votan al PP en Cataluña.

Y hacerlo con mucha humildad. Siempre.

-Se necesita un/una (o varios/varias) líder "liberal" para los liberales españoles en Cataluña, dentro del PP.

-Se necesita un/una líder "centrista" para los centristas españoles en Cataluña, dentro del PP.

-Se necesitaría también un/una líder "democratacristiano" para los democratacristianos españoles en Cataluña, dentro del PP.

-Se necesita igualmente un/una líder confeso "católico" para que atraiga a muchos de los católicos españoles en Cataluña, dentro del PP, que hoy votan PSC, IC, CiU....etc.

-Se necesita un/una líder "socialdemócrata" para los socialdemócratas españoles en Cataluña, dentro del PP.

-Se necesita un/una (o varios) líder "sindicalista" para los sindicalista y trabajadores españoles en Cataluña, dentro del PP.

Porque un sabio catedrático sabe o puede saber más que cien obreros juntos, mucho más incultos, pero los cien obreros votan cien veces más que el sabio catedrático.

¿Lo entenderemos? ¿Cuándo?

La unidad no está reñida con el pluralismo.

El PP necesita crecer mucho, multiplicar sus resultados electorales y su militancia por cuatro o por cinco en Cataluña.

Puede hacerlo. Debe hacerlo. España lo necesita. El ¿cómo? Lo acabo de explicar.

Un saludo muy cordial a todos y todas.
Gracias. E. de Prado.


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