AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 27 Octubre 2005
El Estatuto pone al PSOE de los nervios
Santi Lucas elsemanaldigital 27 Octubre 2005

Conspiración y demagogia
José Javier Esparza elsemanaldigital  27 Octubre 2005

¿Quién incendia, quién atiza el odio?
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 27 Octubre 2005

Soplar y sorber en Cataluña
M. MARTÍN FERRAND ABC 27 Octubre 2005

El clima de las vísperas catalanas
Lorenzo Contreras Estrella Digital27 Octubre 2005

Getafe, La Caixa y la «pela»
JOSÉ M.ª CALLEJA La Voz 27 Octubre 2005

Aragón,"país opresor"
Editorial Heraldo de Aragón 27 Octubre 2005

Gobierno bloqueado, pasivo e ineficaz
Editorial ABC 27 Octubre 2005

El desgobierno
Pablo Sebastián Estrella Digital27 Octubre 2005

Atutxa en el banquillo
Editorial ABC 27 Octubre 2005

PNV, cambio de traje
ANTONIO ELORZA El Correo 27 Octubre 2005

Si nos quieren cambiar la Constitución, tenemos derecho a opinar todos
Luis Miguez Macho elsemanaldigital  27 Octubre 2005

EL FUSTE TORCIDO
IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA ABC 27 Octubre 2005

TODO ESTÁ AFECTADO
JOSÉ CAVERO El Ideal Gallego  27 Octubre 2005

Berriozar, un pueblo para la libertad
Cartas al Director ABC 27 Octubre 2005

El Estatuto pone al PSOE de los nervios
Santi Lucas elsemanaldigital 27 Octubre 2005

El partido socialista ha desplegado todo su velamen defensivo para combatir la efectividad de los ataques que recibe sobre la línea de flotación de la reforma del Estatuto de Cataluña. La munición dialéctica más áspera y gruesa se ha incorporado de lleno al lenguaje de su guardia pretoriana ante cualquier cita y por encima de cualquier otro asunto de interés informativo. Maragall, Zapatero y ERC han abierto un gran boquete en la estimación política de los ciudadanos respecto a la incumbencia de los socialistas en la polémica iniciativa y se ha detectado ya un inmediato y sólido aprovechamiento electoral del mismo en beneficio del PP. Ambas cosas los ponen de los nervios.

En los últimos días, líderes socialistas de distinta graduación han arremetido, metódicos y puntuales, contra el PP. "Frenesí desestabilizador", "crispación", "ruptura del espíritu constitucional", "sólo saben gritar", "mienten", etc…, son algunas lindezas graneadas que se han lanzado para amortiguar la fuga de apoyos. Frente a estas y otras muchas expresiones contundentes, juicios duros de intención, ofensas de impacto variable y menciones toscas, el PP lleva a cabo estos días una campaña pública en toda regla para concentrar la atención de los ciudadanos en unos objetivos fundamentales y rotundos, que van camino de convertirse en piezas decisivas del mayor desgaste que un gobierno pueda sufrir y la Historia tenga noticia tan sólo año y medio después de acceder al poder.

El Partido Popular hace muy bien en explicar, con la viveza que tenga por conveniente y para quien quiera atenderle, los aspectos llamativamente inconstitucionales del proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña. No se habla de cualquier cosa, ni de algo intrascendente ni módico, cuando se pone en entredicho el concepto "nación", se invocan erróneamente los derechos históricos, se quiere instaurar el abuso lingüístico, la creación de un Poder Judicial propio, el blindaje de competencias, la modificación de Leyes generales del Estado, la relación bilateral entre el Estado y la Generalitat, las relaciones exteriores o una financiación que vulnera los principios de igualdad y solidaridad.

Estas cuestiones, que son muy graves y que tienen un calado crucial, no se pueden despachar con cuatro insultos y un intento de soplamocos. El lema que resume la campaña del PP me resulta, por todo ello, especialmente atinado. "Si nos la quieren cambiar [la Constitución], tenemos derecho a volver a decidir". Nos incumbe, nos interesa sobremanera, nos conviene conocer los detalles, nos va mucho en ello, aunque abunden los nervios.

Conspiración y demagogia
José Javier Esparza elsemanaldigital  27 Octubre 2005

"La política española de hoy se sustancia en dos fuerzas: conspiración y demagogia". Me lo dice una lectora –visión caliginosa. La conspiración: reuniones secretas en La Moncloa, pactos bajo cuerda, cacicadas mediáticas, retorsión de la ley, maniobras de lobbies minoritarios, manto de oscuridad sobre el 11-M, silencio sobre "accidentes" militares, reiterados apagones informativos (cosa inédita en la democracia española)… Y la demagogia: resurrección artificial de los frentes de la guerra civil, bombardeo de discursos florales desde los medios adictos, ocultación reiterada de la verdad, reprobación como "rupturistas" de quienes se oponen a la ruptura, reproche de fanatismo a quienes tratan de resistir, hostigamiento a los cristianos y, cuando éstos se defienden, acusación cínica de "falta de caridad"… Es verdad: huele a conspiración, suena a demagogia. ¿Estamos perdidos?

La conspiración y la demagogia son armas convencionales del político desde el principio de los tiempos. Tienen mala fama, sí, pero el juicio de la posteridad rara vez se ha detenido en los medios, sino que suele valorar simplemente los fines. Así el conspirador, si triunfa, puede devenir en ilustre estadista, y el demagogo, si convence, puede transmutarse en electrizante orador. Tomemos un ejemplo tópico de político unánimemente respetado: Winston Churchill. Nadie duda que conspiró, y mucho, para desplazar a los pacifistas del poder y hacerse con la primera magistratura desde su puesto en el Almirantazgo. Sin embargo, la posteridad consideraría que tales maniobras salvaron a Gran Bretaña y a Europa entera, pues al cabo condujeron a la derrota de Hitler. Del mismo modo, las célebres invocaciones de "sangre, sudor y lágrimas", que de producirse hoy serían descalificadas por nuestra prensa como simple demagogia belicista, han pasado a los libros como ejemplo de heroísmo y firmeza patriótica.

En general, la conspiración y la demagogia terminan mereciendo absolución cuando se ponen al servicio de un bien colectivo –y que triunfa. Hay, por supuesto, un reparo moral: ¿es posible poner al servicio del bien unas tácticas que, en sí mismas, son un mal, pues no pocas veces implican traición y mentira? Pero la política es así: su relación con la moral nunca es llana. Y si la conspiración no llega al crimen, y si la demagogia no llega a la estafa, entonces puede darse el caso de que inspiren indulgencia.

Ahora bien, nadie es indulgente con aquel que conspira sin más fin que el puro poder, con aquel que hace demagogia sin otro objeto que el engaño. Cuando la conspiración y la demagogia se agotan en sí mismas, cuando no persiguen un bien colectivo, cuando se convierten en único horizonte del que manda; cuando los demagogos y los conspiradores no contribuyen al bien de un pueblo, sino que lo manipulan, lo degradan o lo venden, entonces la posteridad suele ser despiadada.

"Conspiración y demagogia": parece la divisa de alguna cofradía infame. ¿Ya están aquí?

Rubalcaba
¿Quién incendia, quién atiza el odio?
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 27 Octubre 2005

Es tan plano el debate al que obligan los gobiernos español y catalán; causa tanto hartazgo volver una y otra vez sobre lo mismo; desconcierta tanto que el socialismo español abra una larga etapa de estéril esencialismo; asquea tanto que el país luche a brazo partido contra sí mismo, que había decidido centrar mi atención –siquiera un par de columnas– en el debate europeo sobre la globalización. Pero no es posible. Cuando voy a ponerme a ello, leo que dos ministros, en batería, acusan a la COPE de incitar al odio y al PP de incendiar España. Esta sangrienta hipocresía se tiene que acabar.

Son acusaciones habituales, diarias, machaconas, en los medios de comunicación catalanes, que sin embargo no se dan por enterados cuando un articulista del Avui lanza amenazas de muerte, un político define la bandera española como “bandera del enemigo”, un miembro del gobierno catalán amenaza con una “guerra civil” y la segunda autoridad de Cataluña les recuerda a los firmantes de un manifiesto crítico los nombres de los firmantes de otro manifiesto que acabó en atentado y en diáspora.

En cuanto a que el PP incendia España, la acusación es especialmente malvada porque procede de un incendiario profesional que puso en serio peligro la democracia y que demostró cuánto valora la izquierda la estabilidad y la paz: lo más parecido al incendio de España fue el asedio a centenares de sedes del PP entre amenazas, mentiras, coacciones e insultos. Rubalcaba siempre acusa al contrario de lo que él mismo ha hecho. Doblez tan indignante y peligrosa hay que denunciarla en todos los foros y a todas horas.

Es objetivo prioritario de los gobiernos español y catalán reimplantar la censura, amordazar a los críticos que denuncian sus tropelías y no se prestan a componendas. Aspiran a un falso y sedante “pluralismo” donde la España conservadora estaría representada por un frustrado farfullante y la España liberal por nadie. Van a empezar prohibiendo la COPE en Cataluña. Ya lo han decidido. Es preciso oponerse frontalmente a ese acto, más que arbitrario totalitario. Si lo perpetran, les resultará infinitamente más fácil adormecer a una sociedad que ha sido suplantada por la fantasía de ingenieros sociales, disfrazada y torcida por medios de comunicación obedientes y amenazada por proyectos liberticidas y mesiánicos.

Soplar y sorber en Cataluña
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 27 Octubre 2005

AFORTUNADAMENTE para todos, los estrategas del separatismo catalán carecen de la finura imprescindible para consagrar los grandes proyectos y siempre termina por vérseles el plumero del interés concreto y pequeñito que les anima. Cimentando sus acciones en la triste e infecunda figura del victimismo, con la única intención de cobrarle al resto de España una factura histórica inexistente, acumulan demandas que tienden a neutralizarse entre sí. Ahora lo estamos viendo en la coincidencia temporal de hechos tan diversos como una opa de Gas Natural sobre Endesa o el afán de que el Congreso de los Diputados dé por bueno un nou Estatut que es un engendro legislativo con manías de grandeza que no llegan a compensar su escasez constitucional. Una gran confusión que invita a sospechar la inexistente cohesión entre la sociedad catalana y sus representantes políticos.

Acabamos de ver un caso práctico de lo que digo en el acto en el que la Generalitat, en uno de esos ejercicios de bombos mutuos que se traen los nacionalistas, le entregó su medalla d´Or al presidente de La Caixa, Ricardo Fornesa. En su discurso de agradecimiento, el gran patum de la primera institución financiera de Cataluña quiso, quizás por deformación profesional, soplar y sorber a un mismo tiempo, y así, al tiempo que defendió la reforma del Estatut, gran pregón conjunto de los cuatro partidos más o menos soberanistas que lo alientan, pidió que esa reforma preserve «la armonía entre los pueblos de España». Pero que nadie crea que Fornesa habló en un arrebato platónico de amor a España. El mercado español, aclaró enseguida, es «nuestro espacio natural para crecer».

Debe decirse en defensa de Fornesa y de la mayoría de los empresarios catalanes, séanlo por cuenta propia o ajena, que no es fácil en el enrarecido ambiente en que ha decaído Cataluña con tanto fervor nacionalista alejarse de las presiones que, sutilmente, ejerce un poder en el que coinciden en dirigismo intervencionista y subvencionador los largos tiempos de Jordi Pujol y los previsiblemente breves de Pasqual Maragall. La Generalitat ha conseguido ser, por decirlo amablemente, proveedor y cliente de las empresas catalanas, y ello obliga mucho. Desde una cultura económica, bien reflejada en la caricatura, en la que las pérdidas son de la empresa y los beneficios de su propietario, éste tiene que aproximarse al poder político para que tan raro equilibrio, contradictorio con la razón, siga siendo posible. Por eso España, vista desde su noreste, puede dejar de ser una idea, un sentimiento, para convertirse en un mostrador en el que despachar mercancías y servicios. Así ha sido y puede seguir siendo mientras se respete la identidad de toda la clientela española, que, dicho sea de paso, también tiene su corazoncito.

El clima de las vísperas catalanas
Lorenzo Contreras Estrella Digital27 Octubre 2005

La cuestión del Estatuto catalán amenaza con contaminar todo el proceso político. Su primer gran efecto ha consistido en liquidar políticamente la ejecutoria del presidente Maragall. Va a ser muy difícil, por no decir imposible, que el jefe del Ejecutivo logre superar la catástrofe política que para él significa su derrota frente a los socios del tripartito con la imposición que sufre en el sentido de renunciar a la remodelación del Govern, tan anunciada por él mismo como paso capital en su proyecto de imponerse a las presiones que sufre. Se puede ir sosteniendo ya que Maragall es políticamente hombre muerto.

En segundo lugar, la situación del presidente de la Generalitat es evidente que repercute en la Moncloa en la medida en que debilita al propio Zapatero. La inminente discusión del Estatut en el Congreso de los Diputados acaba de obligar al presidente español a forcejear, más que negociar, con los altos dirigentes de CiU en las personas de Mas y de Duran i Lleida. Los precios están por medio y el Estatut parece ser la caja donde los fondos se depositan. Ya veremos en qué proporción.

En tercer lugar, el PP ha pasado a la ofensiva de un modo abierto y total. Las intervenciones de Rajoy en el Congreso de los Diputados no dejan margen para la duda. El combate es a muerte. Los populares creen haber visto abierta la brecha política por donde practicar el asalto que garantice el decisivo debilitamiento del adversario. A su vez, a Zapatero le aconsejan desde el tripartito catalán que inicie su propia ofensiva frente a “las agresiones del PP”. Así se lo ha manifestado Joan Saura, presidente de Izquierda Catalana-Verdes (ICV). Su mensaje ha sido éste: “Es fundamental que Zapatero explique su modelo de Estado el día 2 de noviembre”, que es la fecha de toma en consideración parlamentaria del Estatuto. Según Saura, ese día debe escenficarse “un pacto de todos los partidos menos el PP para conseguir un buen Estatut”.

A su vez, Carod-Rovira ya anticipó el pasado domingo que Zapatero, frente a la “campaña del PP contra el Estatut”, realice un “gesto taxativo” en defensa y aprobación del texto. Tendremos que permanecer pendientes de lo que resulte de aquella promesa zapateril según la cual el Estatuto quedará “limpio como una patena”.

Aparte de la reunión que Zapatero ha celebrado en la Moncloa con Artur Mas y con Duran i LLeida, Maragall tiene previsto concretar otra con el propio Mas, Carod-Rovira y Manuela de Madre (PSC) en el Parlamento catalán con el propósito de diseñar la estrategia para el debate del 2 de noviembre en Madrid.

ETA, por su parte, además de realizar algunos atentados de advertencia y aviso sobre sus propósitos, ya se ha manifestado completamente hostil a cualquier nuevo pacto autonomico. Lo único que le vale es el independentismo por la vía de la autodeterminación vasca o, en otros términos, “el respeto a los derechos de Euskal Herria y a la decisión de su ciudadanía, sin límites y sin imposiciones”.

La verdad es que no hay motivos para muchas esperanzas. En Cataluña o en el mundo de sus intereses empieza a cundir la alarma. Temen un boicot español a sus productos. El fabricante de Freixenet se ha apresurado a hacer profesión de españolismo. Y Fornesa, presidente de La Caixa, ha pedido a Maragall “que no rompa con España”. Hasta ahí llegan las inquietudes. ¿Será por algo?

Getafe, La Caixa y la «pela»
JOSÉ M.ª CALLEJA La Voz 27 Octubre 2005

GETAFE es una ciudad del sur de Madrid que tiene más de doscientos mil habitantes y un equipo de fútbol que, si se acabara la liga mañana, jugaría la Champions. Bien, en esa localidad viven en su mayoría trabajadores, algunos venidos de fuera de Madrid, gente, en general, modesta, que sale adelante poco a poco y que vota socialista mayoritariamente. En una calle característica de esta ciudad hay varios bares. Uno de ellos daba comidas baratas a unas decenas de trabajadores, de los miles que comen todos los días fuera de casa en la Comunidad de Madrid. El negocio iba razonablemente bien, a base de mucho trabajo. En estas, llegó La Caixa y le puso al propietario una pasta encima de la mesa: quería ese local; justo ese local y no otro. El hombre se lo pensó y decidió cerrar el restaurante, tomar el dinero y dedicar el resto de su vida a administrarlo sin derroches. La Caixa. En Getafe. Al lado de la flamante nueva oficina hay otro bar, con menos suerte, de esos que tienen torreznos de pincho, la tele puesta todo el rato y llaman a los clientes por su nombre. Me imagino que sus propietarios rumian las razones por las que esa entidad financiera no se fijó en ellos.

Ricard Fornesa, el presidente de La Caixa, lo tiene crematísticamente claro: amigos, amigos, pero la vaquiña por lo que vale. Es lo que le ha dicho al turulato Maragall, el todavía presidente de esa máquina de cometer errores conocida también como Gobierno de la Generalitat. Le ha explicado que eso del Estatuto, bien; pero que el resto de España es la madre de todos los negocios de La Caixa y que no está dispuesto a renunciar a un cliente en Getafe, con lo que han pagado por la nueva oficina, por culpa de los delirios de Maragall (perdón por la redundancia: Maragall junto a delirio). Aunque Fornesa habla del resto de España como si fueran las enormes y fértiles praderas que se encontraron los pioneros en la tierra prometida de América, parece evidente el resumen: la pela es la pela .

De manera que Maragall no sólo no es capaz de atender a los más desfavorecidos -al fin y al cabo, gente venida de fuera-; es que con sus disparates está poniendo en riesgo al jefe de La Caixa, al que el propio Maragall le ha dado una medalla en reconocimiento a sus méritos. Sostiene Fornesa: «Nosotros estamos y deseamos seguir estando en toda España». No ha dicho Estado u otros eufemismos.

Resulta muy significativo, aparte de recurrente, que los empresarios catalanes y vascos estén dispuestos a decir que sí a todo, a los dirigentes nacionalistas vascos y catalanes, y que sólo sean capaces de poner el primer pero en cuanto esos delirios amenazan sus bolsillos. Atención, pregunta: ¿cuántas sedes de cajas de ahorro vascas y catalanas están instaladas en el resto de España, sin el menor problema para seguir amasando dinero?, ¿cuántas sedes de entidades de ahorro del resto de España se pueden instalar en la comunidad autónoma vasca y en la catalana? Si quieren ahorrarse el recuento, pregunten directamente en Caja España.

Aragón,"país opresor"
Editorial Heraldo de Aragón 27 Octubre 2005

AYER se hizo público que Aragón es una Comunidad que viola los derechos humanos de algunos de sus habitantes. Lo aseguran temerariamente unos activistas, que llaman "catalanes" a los aragoneses que hablan catalán, y que denunciarán a Aragón ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, por atentar contra los derechos lingüísticos y culturales de las comarcas "bajo administración aragonesa" en que se habla catalán. La acusación se ha presentado al Defensor del Pueblo europeo, identificando a Aragón -su Gobierno y sus Cortes- como culpables de una situación "terrible" contra los aragoneses que viven en lo que los acusadores denominan "Franja de Ponent" de Cataluña, esto es, una parte del Aragón oriental.

La iniciativa tiene el respaldo activo del partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que gobierna Cataluña con el PSC, y acoge la denuncia de la "Institució Cultural de la Franja de Ponent". Ésta fue ayer invitada del diputado europeo de ERC, Bernat Joan, que describió la situación como "grave" y "de las peores de Europa" y consideró poco democrático dejar decidir a los municipios. Joan es el primero de los tres ocupantes sucesivos del escaño logrado con los votos del partido vasco independentista EA y de Chunta Aragonesista, que defiende en sus estatutos la autodeterminación de Aragón, y que ocupará el asiento en el tramo final de la legislatura, según lo pactado con sus socios. Las variadas actividades nacionalistas en el Aragón oriental a menudo incorporan campañas anexionistas en las que se identifica la comunidad de lengua con la "Nació catalana" de los "Països catalans" como Estado separado de España, tesis fundacional de ERC. Las instituciones aragonesas, principales acusadas ayer, deben valorar adecuadamente la reacción que les merezca una iniciativa que, de forma tan hiriente, excesiva y unilateral, quiere enlodar en Europa la imagen de Aragón, donde la convivencia de sus lenguas se caracteriza por su naturalidad y por la visible y creciente atención a las minoritarias.

Gobierno bloqueado, pasivo e ineficaz
Editorial ABC 27 Octubre 2005

EL debate sobre el término «nación» en el proyecto de Estatuto catalán no es ciertamente una cuestión baladí ni simplemente «teorética», como aseguran los expertos socialistas. Se trata, sin duda, de un problema que afecta a la soberanía nacional y al ejercicio del poder. Sin embargo, carece de sentido que la clase política pretenda transmitir sus tensiones particulares en el terreno de la estrategia partidista al conjunto de la sociedad española. La madurez democrática se mide por el consenso en torno a las referencias nucleares, empezando por la propia identidad, pero también por la atención prioritaria hacia la gestión eficaz de los asuntos públicos. Parece que entre nosotros sucede todo lo contrario. Como es notorio, la discusión sobre las cuentas públicas es el momento más importante del año en todo régimen parlamentario: algo falla cuando, a mitad del debate en el pleno del Congreso sobre los Presupuestos Generales del Estado, el presidente del Gobierno abandona la Cámara y se vuelve a su despacho, tal vez a seguir meditando sobre sus famosas ocho fórmulas para remediar un problema que él mismo contribuyó a crear. Crece así la tendencia a convertir la política en cuestión de pura retórica, plagada de optimismos antropológicos y de alianzas de los «buenos» contra los «malos», mientras se deja en segundo plano el despacho diligente de los problemas que importan de verdad a los ciudadanos. Al Ejecutivo que preside Rodríguez Zapatero le cuesta ponerse las pilas a la hora del trabajo cotidiano. Alguién debería recordarle las funciones irrenunciables que le atribuye la Constitución. El Gobierno dirige la Administración pública (artículo 97) y ésta sirve con objetividad a los intereses generales, actuando de acuerdo -entre otros- con los principios de eficacia y eficiencia (artículo 103).

Los ejemplos pueden multiplicarse con facilidad. En los últimos días, hemos padecido las consecuencias de la huelga de transportes y -ahora mismo- del bloqueo de los puertos más importantes por parte de los pescadores, mientras la ministra del ramo se reúne mucho, pero resuelve poco. Fracasan aquí y allá las políticas de prevención de riesgos, ya sea en materia de incendios forestales, de seguridad alimentaria o de accidentes de tráfico. El Ministerio de la Vivienda (un departamento prescindible a la vista de sus reducidas competencias) no consigue enderezar un rumbo errático. Está ya dicho casi todo acerca del fracaso en política de inmigración. La crisis de gestión afecta incluso a los departamentos inversores por excelencia: a estas alturas del ejercicio presupuestario, las cifras de licitación de obras públicas se mueven en niveles muy reducidos. El dato resulta especialmente preocupante porque afecta a un sector puntero en la economía española. Vamos camino de la mitad de la legislatura. No bastan ya las buenas intenciones, ni las declaraciones prometedoras, y quedan lejos los tiempos en que podía apelarse a las improvisaciones y ocurrencias. Estamos en presencia de un Gobierno profundamente ineficaz, cuyo presidente apenas se ocupa del día a día y despacha superficialmente con los ministros «gestores», lo que alimenta la impresión generalizada de que falta una buena coordinación en el seno del Gabinete.

En estas condiciones no se puede dirigir un país que cuenta con un alto nivel de desarrollo y con una sociedad moderna y compleja, que, después de un cuarto de siglo largo de régimen constitucional, sabe muy bien qué es y cómo funciona el Estado social y democrático de Derecho. La clase política, empezando por el propio Rodríguez Zapatero, mantiene en vilo a la opinión pública ante el debate del próximo miércoles. Hay que insistir en que se trata de un problema trascendental, pero la vida no empieza ni acaba con el estatuto de Cataluña, ni con el plan Ibarretxe. Entre los muchos males que trae consigo el nacionalismo identitario figura en primer plano el hecho de que consume una parte sustancial de las energías de una elite dirigente que debería ocupar su tiempo en los problemas reales que preocupan a los ciudadanos, según todas las encuestas de opinión: educación, sanidad, inmigración, bienestar y tantos otros. Por su parte, la oposición debe mostrarse exigente al máximo en el ejercicio del control parlamentario que le corresponde sobre las políticas sectoriales. De lo contrario, la vida parlamentaria se degrada al convertir a las Cámaras en un simple foro para la escenificación ruidosa de las discrepancias entre los partidos.

El desgobierno
Pablo Sebastián Estrella Digital27 Octubre 2005

El desgobierno de la nación española empieza a parecerse y mucho al desgobierno de la comunidad catalana. El nuevo Estatuto de Cataluña aparece al fondo de ambas situaciones como la causa principal de la tensión y el desastre político que nos invade, pero no es el único argumento que podría explicar esta lamentable situación, sino que hay otros hechos políticos, y sobre todo el mal gobierno de los primeros responsables, lo que está fomentando una crisis institucional, política, económica y social de grandes envergaduras.

Ahí está el presidente Maragall, promotor del Estatuto, desautorizado por su partido, por la coalición que lo sostiene al frente de la Generalitat y por su propio Gobierno, que se ha rebelado contra el intento fallido de Maragall de hacer una crisis en su Ejecutivo. Y este presidente desahuciado por los suyos es el líder del Estatuto que el próximo miércoles será debatido en Madrid.

Al presidente Zapatero le están pasando muchas cosas, y aunque todavía no está en los patéticos niveles de Maragall, corre el riesgo de seguir la misma suerte si no reacciona pronto y bien ante la crisis que se le escapa de las manos y en la que tiene una clara y personal responsabilidad.

La última aventura de Maragall, además de su fracasada crisis de Gobierno, ha sido la de pelarse en público y en privado con el ministro de Defensa, José Bono, primero ante el Rey y luego ante la opinión pública, dando otra prueba de las enormes diferencias que hay entre los gobiernos de Madrid y Barcelona, o por lo menos entre algunos ministros de dichos gabinetes, y explicando con esto y otras andanzas del tripartito catalán por qué en España crece la inquietud, la crispación y el desasosiego por causa del nuevo Estatuto catalán, que sin lugar a dudas es inconstitucional, rompe la solidaridad entre los españoles y provoca enfrentamientos entre las distintas comunidades autónomas.

El Rey Juan Carlos lo ha vuelto a decir ante los nuevos jueces catalanes: hay que respetar la Constitución española. Y van tres veces que el Rey se pronuncia sobre lo mismo en las últimas semanas, como lo hizo el Príncipe hace pocos días o como lo han hecho otros altos representantes de instituciones del Estatuto y numerosos dirigentes del PSOE y por supuesto de la oposición. Pero Zapatero ni ve ni oye ni parece entender lo que está ocurriendo, y lejos de buscar un punto y aparte para analizar la situación que le lleva por la senda de Maragall, el presidente ha decidido apretar el acelerador y, de la misma manera que apoyó el Estatuto en sus comienzos y que se empeñó en que fuera aprobado en Cataluña con su ayuda y participación, ahora está empeñado en que pase el trámite del Congreso de los Diputados, cuando lo que debería de hacer Zapatero, como se hizo con el Plan Ibarretxe, es devolverlo a Cataluña, aunque sólo fuera para que en el Parlamento catalán reformen todo lo que han dicho los expertos del Partido Socialista, que no son pocas cosas aunque no están todas las que incluyen riesgos y un claro nivel inconstitucional.

Mientras se prolonga o se prolongue este debate, que puede durar seis meses, el Gobierno está en una lamentable debilidad y perdiendo apoyo social y político, lo que hace que los distintos colectivos hoy día en crisis —pescadores, transportistas, agricultores, ATS, etc.— no pierdan la oportunidad de presionar al Gobierno para conseguir sus ventajas, como está ocurriendo, porque Zapatero no quiere más líos de los que tiene y también porque muchos de sus ministros no dan la talla, como se sabe desde hace casi ya dos años, y no paran de crear problemas en vez de arreglarlos, como acaba de ocurrir otra vez con la ministra Trujillo, de Vivienda, con ese anteproyecto de ley que prevé la expropiación de pisos a quienes no los quieran alquilar. La ministra lo ha tenido que desmentir, pero la fórmula ya estaba escrita en su anteproyecto, como esta escrita en el territorio catalán, donde gobierna aislado y desautorizado Maragall.

La imagen de desgobierno, de descontrol, de falta de información sobre lo que está pasando y sintiendo la sociedad española, y de falta de criterio a la hora de analizar el calado del Estatuto catalán y sus consecuencias para la convivencia ciudadana y la unidad de España son los datos y los elementos que están haciendo del presidente Zapatero un personaje muy discutible y discutido, que es lo que decía él del término nación, demostrando que aunque presume de profesor constitucional no se sabe la lección. Si el presidente Zapatero sigue por donde va, dentro de muy poco lo veremos como hoy día se ve a Maragall, y puede que en peores circunstancias, si su partido, el PSOE, decide cambiar la situación que los está llevando a un infernal tobogán.

Porque a la debilidad política y escasa capacidad de gestión del presidente se está sumando la evidente falta de talento y de gestión de numerosos miembros del Gobierno y la ausencia en la dirección del Partido Socialista de personas del máximo nivel capaces de afrontar el monumental lío en el que se han metido el Gobierno y el PSOE. Ni siquiera en el palacio de la Moncloa se ven personas, asesores, expertos o dirigentes que puedan poner un poco de sentido común y de racionalidad al Gobierno de la nación y a su presidente.

Allí, en la Moncloa, siguen con los discursos beatíficos del diálogo, el talante, el debate democrático y todas esas cosas de las que habla Zapatero, y que se las ha vuelto a repetir en la noche del martes a Artur Mas y a José Antonio Durán Lleida en su empeño de hacer pasar el Estatuto por pleno del Congreso del día 2 sin grandes sobresaltos y sin eso que en el PSOE llaman crispación, que no es otra cosa que el desgobierno de Cataluña y el desgobierno de la nación española. Desde el PSOE culpan al PP de la crispación, con lo cual se vuelven a equivocar porque el PP lo único que dice en voz alta es lo que piensan muchos dirigentes y militantes del PSOE sobre el Estatuto catalán. De manera que allá Zapatero si se empeña en imponer ese documento con o sin retoques, pero desde ahora pasando por alto el marco constitucional. Porque no sabemos bien si el Estatuto catalán es más inconstitucional o no que el Plan Ibarretxe, pero basta con que haya un solo artículo que sea inconstitucional, y hay decenas, para que el Estatuto no se deba aceptar. Y si el presidente se empeña en ello, la crispación en España continuará unida al desgobierno, lo que ya es para preocupar.

Atutxa en el banquillo
Editorial ABC 27 Octubre 2005

LAS circunstancias del juicio que ayer sentó en el banquillo a Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, por desobediencia al Tribunal Supremo, sintetizan la nueva etapa abierta en el País Vasco tras la llegada del PSOE al poder. Los acusados cuentan ahora con el respaldo del fiscal general del Estado, que se conformó, sin recurrirlo, con el auto de archivo que decretó la juez de instrucción, abandonando la causa que el propio Ministerio Público había iniciado con una querella. Luego, la reapertura del caso dejó en evidencia a Conde-Pumpido. Por otro lado, el telón de fondo de este juicio es la pugna del Estado de Derecho con el entramado de Batasuna y, en concreto, la aplicación de la Ley de Partidos Políticos, con la que la Sala Especial del Tribunal Supremo acordó disolver al grupo parlamentario Socialistas Abertzales, marca de pantalla de Batasuna. Y, actualmente, esta Ley de Partidos está derogada de facto por la inacción voluntaria tanto del Gobierno como del Fiscal General del Estado frente al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). Todo esto -unido a la pasividad de la Fiscalía en el sumario abierto por el juez de la Audiencia Nacional Grande Marlaska contra los dirigentes del PCTV- compone un claro mensaje de que ahora prima, sobre todo, el principio de oportunidad política. Sin embargo, sería una temeridad olvidar los hechos que causaron este proceso y diluirlos en el relativismo. En esta vista oral se está juzgando la soberanía del Tribunal Supremo en la aplicación de la Ley y la actitud fraudulenta de los tres acusados, que obstruyeron la completa ejecución de la disolución de Socialistas Abertzales. No era cierto, y sigue sin serlo, que Atutxa no tuviera competencias para cumplir la orden del Supremo, que no consistía en disolver este grupo parlamentario, porque la disolución ya estaba decretada por el propio Alto Tribunal, sino en trasladar la extinción legal de dicho grupo al registro de la Cámara vasca mediante el traspaso de sus parlamentarios al Grupo Mixto, tal y como prevé el Reglamento del Parlamento vasco. Por eso, se considere o no delito y se acepte o no el uso arbitrario del Derecho, Atutxa desobedeció al Tribunal Supremo.

PNV, cambio de traje
ANTONIO ELORZA /CATEDRÁTICO DE PENSAMIENTO POLÍTICO EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
El Correo 27 Octubre 2005

El plan Ibarretxe no llegó a buen puerto. Al lógico rechazo del Congreso de los Diputados siguió el complejo resultado de unas elecciones que fueron todo menos el plebiscito que planteara el lehendakari. Menos mal que el presidente Zapatero, por un lado, y la siempre fiel Ezker Batua, por otro, vinieron en su ayuda, devolviéndole con toda tranquilidad el monopolio del poder en cuanto a la gestión de la CAV. Así que el Gobierno vasco y el PNV pasaron a aplicar el viejo criterio sabiniano de que todo viraje táctico resulta lícito, siempre que sea mantenida una fidelidad estricta a la doctrina de fondo. La enseñanza del proyecto de liga de vascos españolista se mantiene vigente. Todos los compromisos enunciados previamente sobre una consulta fueron archivados y del acuerdo solemne del Parlamento vasco sobre el nuevo estatuto, con su libre asociación y su puntual relación de políticas públicas que haría posible el pleno autogobierno, ni rastro. Borrón y cuenta nueva. Lo cual no significa que Ibarretxe e Imaz hayan renunciado a un solo componente de su proyecto político. Simplemente aceptan de manera implícita la necesidad de adaptarse a las circunstancias, mudar de piel para conservar intacto el núcleo del proyecto, puesto hace unos meses por el presidente del PNV bajo el rótulo de 'co-soberanía', y ahora envuelto en una prolija declaración 'Ante el final dialogado de la violencia y la normalización política'.

A la vista del caos provocado por la política del presidente Zapatero en el tema estatutario y de los debates internos del PSE, Imaz ha debido de pensar que cuanto más dulce sea la envoltura, mayor será la eficacia. Lo importante es que los socialistas piquen en el anzuelo de un supuesto consenso para el cambio, confirmando la ruptura con el PP del mismo modo que el Acuerdo de Lizarra impuso en su día la exclusión de los dos partidos constitucionalistas. Una vez que entraran en el redil del ámbito vasco de decisión y refrendasen con unas u otras palabras la propuesta de autodeterminación, a los socialistas no les cabría otro remedio que seguir los pasos del tripartito en la mesa, o las mesas, avalando con su presencia un proyecto anticonstitucional cuyo contenido se encuentra implícito en la puesta en marcha del procedimiento. Eso sí, ahondarían la sima que les separa del PP, que es al parecer el gran logro que el Gobierno Zapatero, con la inestimable colaboración de los populares, podrá exhibir ante la historia.

Ante todo, la declaración del Euskadi-buru batzar constituye una obra maestra del tartufismo político. ¿Qué despliegue de buenos propósitos y de golpes de pecho al presentarse ante los demás partidos! La palabra clave del escrito es la de 'humildad'. A pesar de todos los bienes que ha producido su gestión en la sociedad vasca, de sus continuos aciertos y de su decisiva contribución al hecho de que ahora la paz sea posible, el PNV ya no trata de imponer nada a nadie. Ofrece «un especial ejercicio de responsabilidad y flexibilidad», predica «la conciliación», condena el enfrentamiento de identidades y propone un «futuro de paz y normalización política para nuestro pueblo», sobre la base de un «acuerdo aceptable para todos».

De ser sincero tan cristiano propósito de la enmienda, cabría esperar que el diseño político presentado introdujera sensibles variaciones en cuanto al tratamiento del tema terrorista (perdón, 'de la violencia'), a la relación con los partidos y sobre todo con los cientos de miles de vascos no nacionalistas, y, en fin, a la fijación del objetivo político central del Partido Nacionalista. Pues bien, puede decirse que nada de eso. Lo que nos ofrece ahora Imaz es una densa hojarasca de palabras ilustrativas de sus buenas intenciones, a modo de interminable sermón pronunciado por un párroco untuoso, con el fin de ir a parar a lo de siempre: un acuerdo político en que se impongan sin reservas las tesis nacionalistas.

Quiénes han actuado a favor del clima de paz? Para empezar, ninguna fuerza constitucionalista, y menos la acción policial que entre Francia y España ha desmantelado a ETA. Han sido las tomas de posición de la sociedad vasca contra la violencia, la brillante gestión del Gobierno vasco que «desde la declaración del Kursaal actuó como catalizador del clamor de nuestro pueblo», y, sorpréndanse los lectores, incluso las actitudes de ETA, a la vista del 11-S y de los acuerdos de Irlanda. Por enésima vez, pueblo vasco es pueblo nacionalista, y sus representantes, los grupos abertzales. Y es que como se nos informa a continuación, el huevo que produjo la gallina ETA fue 'el contencioso' frente al cual actuó siempre el PNV en defensa de «la democracia, la libertad y la causa nacional vasca». ¿Qué hermosura!

El lector avisado va percibiendo que la invocación de la paz nada tiene que ver con una eventual renuncia unilateral de ETA a la táctica terrorista. El malo de la película es el Estado, que insiste en mantener el contencioso y además «pretende acabar con ella desde los propios poderes del Estado». Grosería incalificable que ha «empañado gravemente el sistema democrático». El EBB cita como ejemplos al Batallón Vascoespañol y a los GAL, pero el referente del juicio es explícitamente toda acción del Estado que intente servirse de procedimientos judiciales y policiales para acabar con la banda. «Denunciemos en este sentido los graves excesos cometidos por las instituciones del Estado», insiste: «Se han ilegalizado partidos, se han cerrado periódicos, se ha encarcelado previamente a gente pacífica e inocente». Alguien pensaría que ETA-Batasuna-'Egin' formaban una cofradía de beneficencia pública. A las víctimas del terror, alusión de pasada, para centrarse en quienes de veras importan a nuestros patriotas sabinianos: «La paz supone también acabar con el sufrimiento que afecta a muchas personas del mundo de ETA». Puestos ya a entrar en la senda de la infamia y de la fraternidad abertzale, el propósito de «la movilización social contra la violencia y en defensa de la vida» se convierte sin pasar a otra frase, generalización mediante, en «prestar especial atención a los derechos humanos de las personas privadas de libertad». La lógica de inversión de raíz nazi impone una vez más su ley: «recomponer las libertades democráticas» significa la vuelta de ETA-Batasuna a una vida legal que les devuelva su capacidad de acción sobre la sociedad vasca. No hay que acabar con ETA, sino con la Ley de Partidos, es la consecuencia implícita pero evidente.

Y de cara al futuro, resulta fácil imaginar que se trata de reemprender la caminata hacia la autodeterminación, sólo que ahora con una invitación implícita al PSOE. Sin admitir «chantaje», «imposición», ni «veto», de Madrid para alcanzar el objetivo de «la consulta». A discutir en la mesa lo que nosotros -y ETA-Batasuna- queremos que se discuta, como prólogo de la resolución. Última prueba de la voluntad de engañar por parte del PNV que nos lleva otra vez al terreno de la manipulación. La tan proclamada cláusula de que sólo una vez superada 'la violencia' podrá llegarse a la «fase resolutiva», ahora se modifica: «Se requiere que ETA haya cesado su actividad, o bien que Batasuna y EHAK lo hayan reclamado». Dicho de otro modo, amén del canto de sirena dirigido hacia el PSOE, el mensaje principal del manifiesto es bien claro: «¿ETA aguanta sin matar! El PNV necesita que sigas ahí como ahora. ¿Por la vía política juntos podemos!».

Si nos quieren cambiar la Constitución, tenemos derecho a opinar todos
Luis Miguez Macho elsemanaldigital  27 Octubre 2005

El PP ha iniciado una campaña contra la aprobación del nuevo Estatuto catalán anticonstitucional con el lema que he puesto como título de este artículo. La campaña me parece un completo acierto, ya que una de las muchas cuestiones trascendentales que tenemos planteada es la posibilidad de la destrucción de la democracia parlamentaria como forma de gobierno.

Cuando Aznar intentó imprimir un giro histórico a nuestra política exterior y apoyó la posición anglonorteamericana en el conflicto de Irak, se le echó en cara que gobernase contra la opinión de la mayoría de los ciudadanos. Puede que fuera así, pero tenía derecho a hacerlo.

En una democracia representativa, y no directa o asamblearia, la dirección de la política interior y exterior corresponde al Gobierno, como dice el artículo 97 de la Constitución. Si a los ciudadanos no les gusta la actuación del Gobierno, podrán retirarle su confianza en las siguientes elecciones generales, como le sucedió al PP hace un año y medio, con la inestimable ayuda, eso sí, de casi doscientos muertos puestos encima de las urnas tres días antes de los comicios.

Lo que no pueden hacer ni los legisladores ni el Gobierno es alterar las reglas de juego, es decir, la Constitución, sin contar con los ciudadanos. Nótese bien que no hablo de modificar algún precepto constitucional concreto, sino de cambiar el sistema en su conjunto, o alguno de sus elementos esenciales.

Si lo hiciesen, estarían usurpando la función del Poder constituyente, pues en una democracia ésta sólo se puede ejercer tras obtener un mandato específico de los ciudadanos. En rigor, estarían dando un golpe de estado antidemocrático para fundar un nuevo régimen.

Qué clase de nuevo régimen sería no es difícil de determinar. Para ello basta mirar a muchos de los países eufemísticamente denominados "en vías (nunca consumadas) de desarrollo". Nunca consumadas, porque la falta de seguridad jurídica e institucional, la corrupción institucionalizada, es justamente la causa principal del problema, que jamás se aborda en serio cuando se dice querer poner remedio a la situación de esos países.

Las tendencias mesiánicas de nuestro presidente del Gobierno recuerdan cada vez más a los disparates de cualquier líder iluminado de Hispanoamérica. La actitud de la mayor parte de nuestra elite intelectual y económica, principal responsable de que hayamos llegado hasta este punto, recuerda también peligrosamente a la de las oligarquías de esos países.

Con Franco no teníamos democracia, pero sí seguridad jurídica e institucional, y por eso pudimos salir del subdesarrollo. Si ahora, además de perder la democracia parlamentaria, perdiésemos también el Estado de Derecho, desandaríamos el largo y costoso camino recorrido en los últimos cincuenta años para equipararnos a la Europa occidental a la que geográfica y culturalmente pertenecemos.

EL FUSTE TORCIDO
Por IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA ABC 27 Octubre 2005

Los españoles tenemos un problema que nos ha creado el Gobierno. No parece razonable que quien ostenta la responsabilidad de solucionar los problemas se dedique a crearlos. En lugar de dedicar la Legislatura a mejorar la vida de los ciudadanos, parece que vamos a malgastarla en discutir un Estatuto de inconstitucionalidad flagrante, en amagar diálogos con ETA, en enterrar el espíritu de reconciliación y en asentar el diálogo de civilizaciones en las premisas de los enemigos de la civilización occidental. Si fuera algo peor, podríamos hablar de perder el tiempo.

El Gobierno tiene un grave problema derivado de un error propio de dimensiones ciclópeas. Tiene que intentar enderezar el entuerto que ha producido. Porque, escuchando a algunos dirigentes socialistas, se diría que el Estatuto ha sido algo sobrevenido, debido a fuerzas extrañas y hostiles, cuando lo cierto es que ha sido obra, junto a los nacionalistas, del PSC y ha contado con la participación estelar del presidente del Gobierno, que, en lugar de dejarlo morir, lo alentó y convenció a CiU. Para ahora rendirse a la evidencia y deplorar la inconstitucionalidad de la mayor parte de su articulado, como ha sido puesta de relieve por los cuatro expertos en Derecho constitucional consultados por el PSOE, aunque cometan el desliz de considerar que la expresión «nación» es una cuestión «teorética». Si lo es, que no lo es, que se deje el Parlamento catalán de teorizar. Y si es cuestión poco relevante, ¿para qué lo incluyen? Ahora el Gobierno se cae del guindo y, en lugar de devolverlo a los corrales por incapaz para la tramitación, se aferra a su maquillaje, cuando lo que necesita es su sustitución por otro texto. ¿Por qué lo apoyó Zapatero? ¿Acaso por exigencias tripartitas de mantenerse en el poder? ¿O fue por convencimiento de sus bondades inconstitucionales? ¿Por qué no solicitó el dictamen del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado? Claro que siempre queda el recurso de echar la culpa a Aznar y a la extrema derecha (de diez millones de votantes) que representa el PP. Porque la monserga de la mayoría obtenida por el texto en el Parlamento catalán no convence a casi nadie. Hay que ostentar una concepción descarriada de la democracia para pensar que la mayoría lo puede todo, incluso contra el Derecho. ¿Puede acaso un ayuntamiento, aún por unanimidad, declarar la guerra a otro país o proclamar su independencia de la Nación? Esta concepción de la democracia para la que todo puede ser dialogado y todo decidido es pura bellaquería. Y encima exigen al PP que se sume al entuerto y contribuya a discutir lo indiscutible. No parece que se vayan a dejar engañar, ni que asuman que el PSOE sólo busca el bien de la oposición. Por el contrario, deben cumplir con su obligación constitucional: oponerse.

TODO ESTÁ AFECTADO
JOSÉ CAVERO El Ideal Gallego  27 Octubre 2005

En el mismísimo debate presupuestario se coló el Estatuto catalán, cuando Mariano Rajoy planteó la cuestión en forma de seria advertencia o aviso al Gobierno: si se aprobara la propuesta del Parlamento catalán, dijo el presidente del Partido Popular, convertiría esos presupuestos en papel mojado .

Pedro Solbes, que defendía sus grandes cuentas para 2006, no desaprovechó la ocasión para calificar de zafio a Rajoy por esa utilización del pleno, incorporado de este modo a la campaña global que el PP está produciendo, con ocasión o sin ella, contra la Propuesta de Reforma del Estatuto autonómico de Cataluña.

Y es que el Estatuto lo llena todo, lo tiñe todo del color viva preocupación , desde la no-crisis de Pasqual Maragall al discurso del presidente de La Caixa, al recibir la medalla de oro de la Generalitat. Ricard Fornesa, en efecto, se vio en la necesidad de reclamar a Pasqual Maragall que no rompa con España; que no se rompa la armonía con España, que es el territorio de expansión natural y habitual de las empresas catalanas para crecer .

Y muy particularmente de La Caixa, que obtiene fuera de Cataluña una parte muy sustancial de sus buenos ingresos y beneficios, y que está padeciendo en las últimas semanas los efectos de una campaña que invita a los impositores de la primera caja a cambiar de servicios bancarios. Una invitación que se extiende a otra serie ya muy larga de productos que se fabrican o componen en Cataluña , y a cuyo boicot también se invita con insistencia desde distintos medios particulares.

No es nada casual que el presidente de Freixenet, Josep Ferrer, haya invocado que su cava es tan español como cualquier otro producto que se elabora en nuestro país. Parece que el cava catalán también empieza a padecer una seria reacción de hostigamiento y rechazo ­a dos meses de Navidad­ por parte de quienes han visto en el Estatut un serio riesgo para la unidad nacional, como lo viene haciendo el PP.

Y sin embargo, el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero insiste en su propósito de sacar adelante, con el esfuerzo que sea necesario y una vez efectuadas las pertinentes correcciones, ese combatido texto. En ese sentido, primero fue su conversación con Josep Lluís Carod-Rovira, y seguidamente con Artur Mas.

A Esquerra Republicana de Catalunya, como a Convergencia i Unió, les invita a que acepten las modificaciones que será imprescindible efectuar al borrador de Estatuto para que cumpla los requisitos constitucionales. El Gobierno de la Nación parece consciente de las dificultades añadidas que presenta esa aceptación de la tramitación parlamentaria como si se tratara de cualquier otro proyecto de ley, pero con mucho mayor grado de contemplación y observación.

Rodríguez Zapatero aspira a que populares, convergentes, republicanos e Izquierda Unida aporten sus propias ideas y participen activamente a la hora de convertir el Estatut resultante del debate en un producto íntegra y modélicamente constitucional.

Berriozar, un pueblo para la libertad
Cartas al Director ABC 27 Octubre 2005

Una vez más Berriozar ha sido objetivo del ataque de los terroristas. Una vez más este pueblo ha vuelto a ser objeto de la barbarie a la que ya nos tienen demasiado acostumbrados ETA y sus acólitos. No es la primera vez que sufrimos la lacra que nos imponen los últimos resquicios del fascismo del siglo XXI. Ya hace cinco años que ETA asesinó a Francisco Casanova. Este pueblo ha visto nacer a muchos terroristas y ha sufrido en sus propias carnes la losa del terror, pero también aquí se ha sembrado una gran semilla de esperanza, un árbol para la libertad, plantado y fortalecido con el tesón de muchos vecinos de paz. Berriozar ha perdido el miedo y ETA debe saber que los ciudadanos ya hemos comprendido que el miedo debe caminar siempre por detrás de la dignidad. Resulta triste, incluso desesperante, tener que explicar tantas veces que frente a ETA sólo cabe la fuerza de la justicia.

Resulta más complicado aún que sea el Gobierno de España quien no comprenda que no puede negociarse ni pagarse ningún precio político, ni social, a quienes llevan más de 25 años agrediendo lo más básico de la dignidad humana. El Ejecutivo, con su presidente a la cabeza, debe saber que no hay precio que pague a las víctimas el dolor, la humillación y la injusticia que la sinrazón ha sembrado para siempre en sus vidas. Debe ser consciente de que sentarse en un mesa con ETA es lo mismo que dar sentido a un cuarto de siglo de violación flagrante de los Derechos Humanos y darle la espalda a miles de víctimas inocentes que, además de haber pagado ya con el dolor, tendrían que pagar ahora con el silencio, el chantaje, la humillación y el olvido.

Sólo la unidad, la firmeza y la justicia pueden ser el camino que nos conduzca al final de la mayor lacra que padece nuestra sociedad democrática. Todo lo demás son sólo experimentos que ya hemos pagado demasiado caros. Ahora sólo cabe mantener la memoria, la dignidad y la justicia.

Sergio Sayas López, teniente alcalde del Ayuntamiento de Berriozar.

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