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Recortes de Prensa     Domingo 30 Octubre 2005
La hoja de ruta
IGNACIO CAMACHO ABC 30 Octubre 2005|

La derecha española, en su momento
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS ABC  30 Octubre 2005

Franjas
JON JUARISTI ABC 30 Octubre 2005

Entidad de entidades
ANTONIO BURGOS ABC 30 Octubre 2005

Pacto o anticipo
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 30 Octubre 2005

Un estatuto para la opresión
Alberto Recarte Libertad Digital 30 Octubre 2005

Y ¿quién lo va a pagar?
Ernesto Ladrón de Guevara elsemanaldigital 30 Octubre 2005

¿No pasarán? Los de ETA, pasan
Cristina Losada Libertad Digital 30 Octubre 2005

Astarloa advierte que España está ante "un incendio constitucional de consecuencias imprevisibles"
EFE Libertad Digital 30 Octubre 2005

La Ley de Lenguas de Aragón no reconocerá la cooficialidad del catalán
ROBERTO PÉREZ  ABC Cataluña 30 Octubre 2005

La hoja de ruta
Por IGNACIO CAMACHO ABC 30 Octubre 2005|

SI Zapatero estuviese realmente dispuesto a escuchar el latido de la calle respecto al Estatuto de Cataluña, la hoja de ruta que debería seguir está en un cajón de su despacho de Moncloa desde el pasado 14 de enero. Se trata del documento que Mariano Rajoy le entregó durante la reunión convocada para discutir la respuesta al Plan Ibarretxe. Sucintamente, ese papel contiene una oferta de colaboración entre PSOE y PP para abordar las reformas estatutarias más desafiantes con la Constitución vigente y, en su caso, la modificación de la propia Carta Magna; a cambio de la formación de una mayoría cualificada de consenso entre los dos grandes partidos nacionales, Rajoy se comprometía nada menos que a garantizar la estabilidad del Gobierno en caso de pérdida de la confianza de sus actuales socios independentistas y nacionalistas. Un órdago tan arriesgado como generoso -y difícil, porque no toda la dirección popular lo compartía- ante el que al líder de la oposición aún le andan rechinando los dientes.

Con ese papel en la mano, el presidente podría perfectamente ganar la votación del próximo miércoles en el Congreso para admitir a trámite el proyecto estatutario y a continuación aplicarse al «afeitado» concienzudo que el proyecto catalán requiere para encajar en el ordenamiento constitucional. La inquietud que ha suscitado el asunto entre la ciudadanía española quedaría amortiguada por la confianza que ofrecería a la opinión pública la existencia de un acuerdo mayoritario entre los dos partidos con posibilidad de liderar el Gobierno de la nación. Y los nacionalistas y demás aliados tendrían que avenirse a un consenso tan amplio o mayor como el que posibilitó la Constitución del 78, ante la eventualidad de encontrarse con una mayoría capaz de imponer su propio criterio con el respaldo del 90 por ciento, no del Parlamento catalán, sino del Congreso de los Diputados.

Empero, esta posibilidad, que es del agrado -y de la preferencia- de numerosos parlamentarios socialistas, entre ellos el propio Alfonso Guerra, presidente de la Comisión que ha de enmendar y aprobar el Estatuto, es quizá la última que en estos momentos ronda por la cabeza del presidente. Zapatero se ha empeñado desde hace tiempo en configurar una «mayoría republicana» que aleje al PP de cualquier atisbo de ocupar un papel decisorio en la escena española. La cláusula del Pacto del Tinell por la que el tripartito catalán se configuraba bajo la condición de que el PSOE excluyese expresamente todo acuerdo con el Partido Popular es la verdadera piedra de toque del zapaterismo, decidido a impulsar una nueva transición liderada por el PSOE con el concurso de nacionalistas, ecosocialistas, tardocomunistas e independentistas republicanos, y hasta eventualmente con una Batasuna relegalizada en un eventual proceso de paz en el País Vasco.

En la tesitura de reconducir el Estatuto con el apoyo consolidado del PP o hacerlo por la complicada vía del acuerdo con unas fuerzas que no van a permitir una desnaturalización exagerada del delirante proyecto remitido al Congreso en la catarsis soberanista del 30 de septiembre, Zapatero se dispone a optar por la ruta más insegura y difícil, que además es la que cuenta con menos respaldo ciudadano. Su prioridad es la de excluir al principal partido de la oposición, que representa al 40 por ciento de los electores, aun a costa de terminar aceptando un texto que, en el mejor de los casos, cercenará buena parte de las competencias del Gobierno que preside el propio Zapatero, creará agravios con otras autonomías y provocará una intensa división en la sociedad española.

El grado de responsabilidad a que se enfrenta el presidente si elige este camino lo pone de relieve la existencia de un boicot notorio a los productos catalanes que viene desarrollándose por los silenciosos cauces de la conducta popular ante la creciente inquietud de los industriales de Cataluña. Un boicot frente al que ningún miembro del Gobierno ha sabido reaccionar como lo ha hecho esta semana Mariano Rajoy con su público apoyo a los empresarios del cava, en un gesto de singular arrojo político que ha cogido a contrapié a sus adversarios. Y no sólo se trata del fantasma de la quiebra civil y la armonía entre territorios. Las encuestas son contumaces en el reflejo de la alarma ciudadana ante el Estatuto y sus consecuencias, así como en el descrédito del liderazgo político del presidente, pero la determinación de Zapatero y su inexplicable autoconfianza parecen pesar más en la balanza de un gobernante dispuesto a emprender -por segunda vez después de su peligrosa reconducción estratégica del problema vasco- una inestable andadura entre aprendices de brujo.

Sin duda la estrategia gubernamental va a poner al PP ante una complicada decisión cuando se admita a trámite el Estatuto. El partido de la oposición tendrá que hilar fino para participar en un debate cuyos resultados finales no podrá admitir casi con toda seguridad, y se colocará ante el riesgo de colaborar en una maniobra destinada a su propia liquidación o ante el eventual aislamiento que supondría quedarse fuera por completo del debate. Pero el pulso de la opinión pública va a pesar más sobre quien tiene la responsabilidad de haber abierto el inquietante proceso y pretende asumir ahora la de reconducirlo sin contrariar a sus aliados en la empresa. Sobre todo porque, más tarde o más temprano, se hará inviable la contradicción entre los intereses de quienes dicen creer en la unidad del Estado y los de quienes consideran al Estado un agente opresor de sus supuestos derechos identitarios, que encubren la reclamación de privilegios inaceptables para la mayoría.

El miércoles, Zapatero ganará con seguridad la votación, pero es bastante probable que pierda el debate. Sencillamente porque no tiene razón, y lo sabe. Como lo saben muchos de sus propios diputados y correligionarios, perfectamente lúcidos para entender que el Estatuto de Cataluña plantea una inadmisible reforma constitucional que no hay modo de salvar sin un destrozo completo de su desquiciada ristra de propuestas de soberanía. Esos parlamentarios se taparán la nariz -«tapiate il naso e vota» dicen los italianos- y votarán contra su conciencia por disciplina de partido y de poder. El resto de los socialistas españoles que aún creen en una nación de ciudadanos iguales se encomendarán a aquello en que más confíen y aguantarán durante unos meses la respiración esperando a regañadientes que su líder no les conduzca al desastre que temen, intuyen y, cada vez con mayor intensidad, son incapaces de explicarse mientras se preguntan por qué diablos hemos llegado hasta aquí.

director@abc.es

En la tesitura de reconducir el Estatuto con el apoyo del PP o hacerlo por la complicada vía del acuerdo con unas fuerzas que no van a permitir una desnaturalización exagerada del delirante proyecto, Zapatero se dispone a optar por la ruta más insegura, que además es la que cuenta con menos respaldo ciudadano

La derecha española, en su momento
Por JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS ABC  30 Octubre 2005

... Cuando los heraldos del liquidacionismo del pacto constitucional trompetean con inusitado volumen, la derecha española, desde la firmeza «moderantista», dispone de una magnífica oportunidad para convalidar su proyecto reformista, nacional e integrador...

PUDIERA ser que al presidente del Gobierno, en sus afanes revisionistas, le esté ocurriendo lo que a Manuel Azaña durante la II República, que pretendió hacer «algo útil y valedero» pero a cambio de «emancipar» a España de su propia historia. Según aquel político errático y errado, «ninguna obra podemos fundar en las tradiciones españolas, sino en las categorías universales». Ya es sabido cómo terminó aquel intento rupturista y parece poco lúcido volver a recorrer el borde del abismo por el que se despeñó aquel hombre hostil -estérilmente hostil- a las realidades que entonces y ahora conforman la identidad española. Rodríguez Zapatero parece seguir la senda del azañismo que consiste en la reinvención de España y en la reformulación de sus equilibrios.

Por fortuna -creo haberlo escrito en artículos anteriores-, el Estado dispone de unas muy fuertes inercias y circulan ahora energías nuevas en la Nación que evitarán que tanto aquél como ésta queden al albur de las graves improvisaciones que alumbran algunas de las decisiones e impulsos del Gobierno socialista. Los empresarios, por la unidad del mercado; la Iglesia, por la vigencia de determinados valores morales; las comunidades y regiones sin presencia de partidos nacionalistas, por su supervivencia y desarrollo; los diversos intereses que se materializan en el marco político y jurídico actual y la emergencia de los criterios jurídico-constitucionales como ultima ratio en una sociedad razonablemente articulada, están actuando como factores correctivos de una política gubernamental que la sociedad española ha somatizado con auténtico vértigo. La Corona, a través de los pronunciamientos del Rey y del Príncipe de Asturias, siempre prudentes pero igualmente nítidos, coadyuva en su papel moderador y arbitral a que la grave cuestión territorial en nuestro país retorne a la senda de lo razonable.

Pero la responsabilidad más acendrada de eficaz e inteligible oposición a políticas de dispersión e insolidaridad territorial corresponde en este momento a la derecha democrática española, cuya expresión electoral está en el Partido Popular. La derecha española -superado el eufemismo centrista, que carece de sustantividad ideológica y que no alcanza a ser más que una disposición receptiva a la interlocución- ha de ser tan moderada y reformista como firme en sus principios.

El Partido Popular ha logrado reducir cualquier forma de extremismo ultraderechista y ha sabido integrar a las familias ideológicas tan tradicionales en ese sector social -y que, frecuentemente, derivaban en fulanismos-. Esta mixtificación de corrientes y las posibilidades de acceder de nuevo -y pronto- al poder -su suelo electoral está en, al menos, el 35 por ciento- ofrecen al PP una posibilidad histórica ante un socialismo que, al menos en parte, parece haber abdicado de determinadas señas de identidad como formación nacional y de izquierda.

La proscripción de los energumenismos dialécticos que se producen como desahogo o como verbalización de hostilidad hacia las políticas del Gobierno es compatible con un lenguaje claro transmisor de propósitos firmes. Han pasado los tiempos de la ambigüedad conceptual, pero también aquellos en los que se disculpaban el exabrupto o la zafiedad. Los ciudadanos valoran más los argumentos que las visceralidades y les conforta más la templanza que el aspaviento. Y siendo esto así, resulta muy evidente que la estrategia de una parte de la izquierda y de los nacionalismos consiste, justamente, en sacar a la derecha de su quicio democrático.

En la traída y llevada memoria histórica late una intención constante: deslegitimar a la derecha española, extraerla del moderantismo y, de no ser posible hacerlo, escindirla a costa de exasperar a algunos sectores mediante el ejercicio constante de la hostilidad política y el sectarismo intelectual. Debe recordarse que esta emboscada ya se ensayó, y no sin éxito, en épocas muy trágicas para nuestro país en las que se ahogaron las voces y las tesis representativas de una derecha moderantista que se sintió exterminada tras las meritorias gestiones de Cánovas y Maura durante el largo período de la Restauración. Estoy hablando, claro está, del malhadado guerracivilismo, que es un depósito supurante de rencor y de revancha extraordinariamente resistente al paso del tiempo y, sobre todo, al propósito de conciliación que es mayoritario en la sociedad española.

La derecha democrática española, ahora en la oposición tras un desalojo traumático del poder, ha de fajarse ideológicamente y de nuevo con los tres vectores que la conforman: la idea nacional de España, la forma monárquica del Estado y su cercanía al cristianismo. Son signos de identidad heterogéneos que requieren de reformulaciones consecutivas en sus elementos accidentales, pero que demandan convicciones profundas en su capacidad para aglutinar y cohesionar a la mayoría del electorado español. Con ocasión del debate sobre el nuevo Estatuto de autonomía catalán, el PP tiene la oportunidad no sólo de oponerse con sólidos argumentos a la propuesta en su conjunto, sino también de demostrar su capacidad parlamentaria y, atendiendo a la discusión en la Comisión Constitucional del Congreso, mostrar su perseverante fe en el proceso parlamentario y, al final y si el resultado así lo aconseja, acudir al Tribunal Constitucional en defensa del orden legal. Nada, pues, de escaños vacíos o abstenciones sistemáticas, sino participación activa en la discusión de un asunto esencial para el futuro nacional.

Los que aconsejan al Partido Popular inhibición en este debate para no contaminarse, y los que le sugieren que es más efectivo ceder todo protagonismo a los que han elaborado tan inviable futuro para Cataluña, son tan dañinos para la derecha democrática española como aquellos otros que, por el contrario, le recomiendan pactos y componendas con el Gobierno y su grupo parlamentario. Ni una cosa ni la otra. La verosimilitud de una alternativa de poder consiste en la representación cierta de que su propuesta política y de gestión es diferenciada, incluso antagónica, a la actual. Pero esa opción sólo será realizable si es comunicada y transmitida a los ciudadanos en el lenguaje que éstos entienden, que no es el de aquellos que insultan al ex presidente del Gobierno tildándole de «epítome de Milósevic», sino el de los que acoplan a las palabras conceptos constructivos y realistas y traducen la propuesta de una convivencia nacional en términos de colaboración y de fidelidad a una historia común.

Cuando los heraldos del liquidacionismo del pacto constitucional de 1978 trompetean con un inusitado volumen -al modo en que lo hicieron los inquisidores de la Restauración- la derecha española, desde la firmeza moderantista, dispone de una magnifica oportunidad para convalidar su proyecto reformista, nacional e integrador. Si lo hace bien, como Mariano Rajoy en San Sadurní, no sólo se beneficiará de los méritos contraídos, sino que enderezará el desconcertado trayecto por el que deambula un irreconocible socialismo español. O sea, que la derecha -quién iba a decirlo estando tan cercana su derrota electoral- tiene ahora su momento.

Franjas
Por JON JUARISTI ABC 30 Octubre 2005

SE veía venir. Les das alas, se envalentonan y acaban invadiendo tu plaza de garaje. No hay nacionalismo enano que no sea expansivo, precisamente por enano y acomplejadillo. Estos microbios se nutren de su insobornable mentalidad de acreedores y no hay forma de contentarlos. La Cataluña independiente de Rovireta terminaría reclamando Aluche como territorio irredento, o sea que mejor cortar desde el principio. No es aconsejable debatir con ellos, por mucho tiempo y tranquilidad de que se disponga, porque se acaba siempre perdiendo el primero y turbando la segunda. Como si no existieran, lo digo en serio. Su tropa cuenta con un plantel de especialistas en aburrir vacas que puede convertirse, si se le concede atención, en arma de destrucción pasiva (o sea, de las que te dejan el cerebro como una pasa). Insaciables pelmas que, en situaciones normales, evitaríamos como si fueran pollos transilvanos. ¿Se imagina alguien lo que debe de ser un viaje en avión a Estrasburgo con el eurodiputado tricéfalo Bernat, Joan i Marí?

Si te toca en el asiento contiguo un cosmopolita plurilingüe de éstos, te aconsejo tirarte en marcha. Tendrás más posibilidades de sobrevivir. Los tipos son tan liberales, que se saben de memoria todas las franjas del planeta y te las van recitando como aquellos cabrones de los trenes de antaño que largaban a los demás pasajeros la lista completa de estaciones y apeaderos de la Renfe, viniera o no a cuento. «¿Qué me dice usted -te preguntan- de la humillación sistemática de los catalanohablantes bajo jurisdicción aragonesa en la franja oriental de Huesca, en Fraga o Mequinença?». Y tú vas y picas. Contestas que peor lo pasan los castellanohablantes de la franja occidental de Sant Adriá del Besós y para cuando les ves los colmillos de compte Arnau es tarde. Te obsequian la sonrisa étnica que tan bien ha descrito Boadella y prosiguen: «Ya me parecía que era usted persona informada, pero no me negará que, en la franja berciana de León, los hablantes de gallego sufren lo indecible cuando son obligados a expresarse en castellano en un juicio de faltas». Les cuentas entonces lo de tu cuñada querulante de Cacabelos, traductora de literatura apocalíptica copta a la lengua de Fraga (Iribarne). Pero adviertes, horrorizado, que, hasta ahora, no han pasado de los ejercicios vampíricos de calentamiento. La dentellada llega de improviso. Miran por la ventanilla y susurran: «Sobrevolamos la franja meridional del Loira, y esto me recuerda el vergonzoso trato que inflige el Estado español a los numerosos hablantes de amazight en Sebta y al-Meliyia». Salta la alarma. «¿Hablantes de qué? ¿Dónde?», inquieres en un tono que delata tu desesperación. «De amazight. En Sebta y al-Meliyia», repiten con silbidos de víbora triunfal. «Créame -les dices-, yo voy bastante por Almería y no me parece que haya tantos hablantes de amasijo. Aunque, si como usted dice, lo hablan en sectas, es lógico que ni me entere. Deben de estar todos en la franja costera, lindando con Málaga, porque allí hay mucho extranjero, ingleses y polacos, sobre todo. No lo digo por los polacos, que son muy católicos, qué le voy a contar a usted. Disculpe que no le haya entendido a la primera. A mí, si no me hablan despacio en catalán, no lo cojo bien».

El desdeñoso silencio que sigue a tus excusas suele ser un alivio, pero cuando llegas, por ejemplo, a Estrasburgo, en la franja germanófona de la dulce Francia (Franja en serbocroata), notas que te han chupado un litro de sangre. Pide una salchicha -las de Alsacia son estupendas contra la anemia- y consuélate pensando que otros lo tienen mucho peor. Los israelíes, sin ir más lejos, a los dos meses de retirarse de la franja de Gaza. Más vale lidiar con los cursis de Esquerra que con un aspirante a genocida como Mahmud Ahmadineyad, que el cielo confunda, pero si puedes ahorrarte también discutir con aquéllos de franjas y tonterías, eso llevarás ganado. Después de todo, los propios Bernat, Joan i Marí reconocen que un juez que no hable catalán en Fraga no sería peor que un huracán en Méjico. Tampoco Rovireta quiere echarnos al mar, de momento. O sea que tómate un cava a su salud.

Entidad de entidades
Por ANTONIO BURGOS ABC 30 Octubre 2005

COMO lo de «vanidad de vanidades y todo vanidad», pero en entidad: «Entidad de entidades, y todo entidad». Si la solución para el callejón sin salida en que él solito se ha metido es que la nación sea entidad nacional, a mí, plin: mi colchón es catalán, sin boicot. Por mí que siga el cachondeo. ¿Pero por qué entidad y no ente? ¿Captan el matiz? El café para todos del Estado de las Autonomías se despachó en la máquina de los entes. Toda España fue ente preautonómico. Todo el mundo quería ser ente cuanto antes. Hubiera sido muy tradicional que ahora hubieran desenterrado aquella palabra, ente. Han preferido entidad. Voz propia de cronista deportivo malo: la entidad rojiblanca, la entidad azulgrana. O de periodista especializado, pero muy malamente, en Economía: entidad bancaria, entidad crediticia.

Pero si es por entidad, a mí no me gana nadie. ¿Que Cataluña es una entidad nacional? Pues nada: que todo sea una entidad. Llego más lejos que nadie. A nacionalismo no hay quien me gane. Me estoy aprendido los clásicos de la poesía española adaptados a la nueva realidad de las entidades nacionales. Así, así es como a partir de ahora habrá que recitar la «Canción del Pirata» de Espronceda:

«Con diez entidades artilleras por cada entidad costal, con la entidad eólica en la entidad posterior, a toda entidad trapera, no corta la entidad marítima sino que adopta entidad aeronáutica una entidad velera. Entidad náutica de entidad piratesca que llaman "El Temido" por su brava entidad, en toda la entidad marítima conocido, desde la entidad occidental a la entidad oriental.

»La entidad lunar riela, en la entidad de velamen gime la entidad eólica y alza en blanda entidad móvil entidades de oleaje de entidad argéntea y de entidad celeste. Y va la entidad directiva piratesca cantando alegre en la entidad naval posterior, la entidad asiática a un lado, al otro la entidad europea, y allá a su entidad frontal, la entidad constantinopolitana.

»Navega, entidad náutica de entidad velera mía, sin entidad canguélica, que ni la entidad naval enemiga ni entidad borrascosa ni entidad bonancible tu entidad brujúlica a torcer alcanzan ni a sujetar tu entidad valerosa.

»Veinte entidades de cautividad hemos hecho a despecho de los ciudadanos y ciudadanas de entidad británica, y han rendido sus entidades vexilológicas cien entidades nacionales bajo mis entidades pinrélicas».

No debe limitarse a los románticos la adaptación al lenguaje de lo políticamente correcto. La Generación del 27 espera su adaptación a la España de las entidades. De momento ya me he aprendido la nueva versión de «La casada infiel» de García Lorca. Queda así:

«Y yo me la llevé a la entidad fluvial creyendo que tenía entidad soltera, pero tenía entidad marital. Fue la entidad nocturna de la entidad apostólica santiaguesa y casi por entidad caritativa. Se apagaron las entidades lumínicas del mobiliario urbano y se encendieron las sonoras entidades insectiles ortópteras. En las últimas entidades constructivas en ángulo recto toqué sus entidades pectorales de entidad somnífera, y se me aperturaron súbitamente como entidades interflorales de entidades liliáceas.

»La entidad fecular de apresto de su entidad de lencería interior me sonaba en la entidad auditiva como una entidad textil de entidad sedosa rasgada por diez entidades cisorias. Sin entidad lumínica de entidad argéntea en sus entidades de ramificación, las entidades arbóreas han crecido, y una entidad horizontal de entidades caninas emite entidades ladradoras muy lejos de la entidad fluvial».

¿Será por entidades?

Pacto o anticipo
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 30 Octubre 2005

La Constitución española no impide revisar ninguna de sus cláusulas. Ni la monarquía, ni la estructura autonómica del Estado, ni la propia unidad de éste quedan sustraídas a la posibilidad de revisión. A cambio, revisar estas materias sólo es posible si se sigue -y se supera- un procedimiento extraordinariamente gravoso de reforma que requiere mayorías cualificadas, elecciones generales, referéndum y la aprobación consecutiva de dos legislaturas. El trato parece razonable. Es prudente que sean varias las llaves necesarias para abrir la caja de la reforma y que estas llaves estén en diferentes manos cuando la caja contiene ni más ni menos que el pacto de la Transición y el poder de rehacer sin límites previos cualquier disposición constitucional.

Con semejantes cautelas se tendría que dar el improbable caso de que se volvieran locos a la vez la mayoría en el Gobierno, la oposición y el cuerpo electoral para que saliera adelante algún disparate que comprometiera la continuidad del Estado, de su forma política y, en definitiva, de cualquiera de los pilares de nuestro sistema de convivencia. El consenso que trajo la Constitución se preocupó de blindarse. Y aquella oportuna previsión de los constituyentes ha sido una garantía esencial de tranquilidad y confianza en la estabilidad de nuestro sistema político desde entonces.

Ahora que la propuesta de Estatuto de autonomía para Cataluña está a punto de iniciar su debate en el Congreso, como hace meses ocurrió con el plan Ibarretexe, es preciso reivindicar la vigencia de esa garantía gracias a la cual ninguna de la partes puede decidir por el todo. Esa garantía tendría que representar el antídoto más eficaz contra el nomadismo constitucional promovido por los nacionalistas -siempre en eterno viaje hacia la secesión en los términos más provechosos- y ahora también por la izquierda, empeñada en ese arbitrario juego de revisionismo constitucional para satisfacer sus prejuicios ideológicos, dar salida a las frustraciones históricas de la nueva generación de sus dirigentes y asentar el andamiaje de poder que comparten con el nacionalismo.

Y si otra vez hay que traer a colación esa garantía, que a través del procedimiento de reforma constitucional protege el derecho de decisión de todos los ciudadanos, es porque, de nuevo, el Congreso de los Diputados tiene que vérselas con una supuesta reforma estatutaria utilizada ilegítimamente como vehículo para una revisión constitucional. La inconstitucionalidad de la propuesta estatutaria catalana no es accidental. El problema que plantea ese texto, ahora y cuando se discutan sus posibles enmiendas, es que sólo tiene sentido político para sus patrocinadores si se sale del terreno de juego definido por la Constitución y del ámbito de decisión autonómico. Por eso, el plan Ibarretxe era imposible de reconducir. Y por idénticas razones la propuesta de nuevo Estatuto apadrinada por el tripartito sólo deja margen para arreglos cosméticos, juegos de palabras pretendidamente ingeniosos o concursos de sinónimos -por ejemplo para aceptar que Cataluña sea una nación- que, dejando intacta la sustancia inconstitucional del texto, mejoren el excipiente.

La inconstitucionalidad de la propuesta catalana no remite a un juicio jurídico sobre la adecuación de un texto normativo a otro. La cuestión es política, y en su sentido más originario, porque afecta a la cuota de poder de cada ciudadano en las decisiones fundamentales que definen el marco político en el que vive y que le concierne hasta el punto de poder reclamar una responsabilidad inderogable e intransferible en su configuración. Lo que hace inconstitucional la propuesta catalana no es tanto lo que dice de sí misma sino lo que dicta a los demás. Ningún título ampara al Parlamento de Cataluña para definir por sí y ante sí lo que sea España, para apropiarse de los tributos -estatales- inventándose un sistema de financiación a su arbitrio o para disponer del poder judicial, que es un poder también estatal y único. Se podrá alegar que se trata sólo de una propuesta y el argumento parece sensato, pero quienes más lo utilizan tal vez no se den cuenta de que hacen a Ibarretxe acreedor de una explicación.

La propuesta del tripartito y el plan del lendakari comparten en su origen la misma falacia que el nacionalismo puso en circulación y que fue comprada con entusiasmo por la izquierda necesitada en su día de un guión de oposición al Gobierno del Partido Popular. Esa falacia consistente en denunciar un supuesto déficit en el desarrollo constitucional y estatutario de la autonomía, la atribución falsa de impulsos centralizadores al Tribunal Constitucional y, en suma, la deslegitimación del marco territorial vigente como plasmación real de la pluralidad de España.

Que tal déficit no existe lo demuestra cualquier parámetro objetivo que se quiera utilizar para medir el peso de la Administración estatal respecto a las autonómicas, y lo confirma el hecho de que cuando se han querido dar pasos más allá, al amparo de la coartada de la involución autonómica, lo que Ibarretxe, Maragall y Carod han alumbrado son proyectos radicalmente inconstitucionales. ¿Por qué? Sencillamente porque la Constitución, ésta y cualquier otra, se hace para estructurar un Estado y articular políticamente la nación y no para abrir el proceso contrario. Sencillamente porque dentro de esta Constitución ya no hay 'más allá' en el sentido que pretenden los nacionalistas. Sencillamente porque ellos, en la medida que ejercen el poder en sus respectivas comunidades, saben mejor que nadie que, en contra de lo que predica su victimismo, el proceso autonómico está culminado prácticamente al cien por cien y ha sido un éxito. Las iniciativas del nacionalismo en el País Vasco y, en amigable fusión con los socialistas, en Cataluña no son la respuesta al fracaso del modelo territorial sino la reacción contra el éxito de este y, por tanto, contra la posibilidad de su consolidación, de la que se derivaría la condena al fracaso de la puja soberanista.

En el largo plazo, la dinámica que ha puesto en marcha la propuesta del tripartito -cuyos efectos pronto se comprobarán en el País Vasco y con una banda terrorista de por medio-, lejos de disuadir, reafirma al nacionalismo en la viabilidad de sus objetivos últimos y, en esa misma medida, refuerza a sus predicadores más radicales. En términos más inmediatos, el concurso de los socialistas desde el Gobierno permite a aquéllos dar por conseguido el primero de sus objetivos, que no es otro que impedir la consolidación del modelo constitucional de organización autonómica. Ambos efectos explicarían la tranquilidad que proyectan los portavoces de Esquerra Republicana de Catalunya y sus afirmaciones de pragmatismo y apertura a la negociación de la propuesta en el Congreso. Y no es que los de ERC se hayan vuelto unos moderados; es que están satisfechos y, una vez afirmado su independentismo, tienen buenas razones para estarlo. El nuevo Estatuto sopla en dirección a su proyecto y no les exige contrapartida alguna; ni implica renuncia ni obliga a la lealtad. Porque para ellos el Estatuto no es un pacto sino un anticipo. Y si se encuentra a alguien que está dispuesto a pagarlo, lo menos que se puede hacer es negociar la cuantía.

Cataluña
Un estatuto para la opresión
Alberto Recarte Libertad Digital 30 Octubre 2005

La sociedad catalana es hoy una sociedad sojuzgada por su clase política, que parece resentida y acobardada. Resentida hasta el punto de creer que está siendo explotada por el resto de los españoles, en particular, los andaluces, extremeños, castellanos y gallegos, es decir, los españoles con una menor renta per cápita. Y acobardada por la incertidumbre económica.

Esta situación de amedrentamiento es posible porque lo que sí es real es que las zonas más industrializadas de España, que son las de mayor tradición empresarial, como la propia Cataluña, el País Vasco, o por otras que tienen un cierto peso industrial, como Madrid o Valencia, se están enfrentando, hoy, al reto de la globalización, que se traduce en una competencia aguda para sus empresas. Mayor que la que soporta el resto de España; más que, por ejemplo, el conjunto de Madrid, una autonomía en la que predomina el sector servicios que es, por una parte, más competitivo y, por otra, está más protegido que el sector industrial, además de contar con un alto nivel educativo medio, lo que le permite competir mejor.

El miedo a la globalización, un temor comprensible porque la competitividad del conjunto de España es reducida, está siendo aprovechado por un grupo de dirigentes políticos sin escrúpulos, los que dirigen el PSC-PSOE, ERC, CIU y, por supuesto, por el Presidente del Gobierno, el Sr. Rodríguez Zapatero.

Políticos que utilizan ese lógico temor no para explicar a la sociedad catalana que tiene que modernizarse, abrirse, flexibilizarse y mejorar la formación de sus ciudadanos, sino para engañarla, diciéndole que su pérdida de competitividad está provocada por el actual sistema fiscal español, de tal forma que los habitantes de Cataluña pagan más impuestos que los demás y transfieren más de lo que les correspondería, incluso desde una perspectiva que respete su solidaridad con los españoles menos favorecidos. Y que la solución a sus problemas pasa por aceptar un nuevo cirujano de hierro, que cure de golpe sus heridas. Por eso han elaborado un estatuto opresivo, donde los ciudadanos han desaparecido para transformarse en súbditos. Se acabaron sus derechos. Su clase política, con la excepción del PP, ha votado, en su nombre, que, a partir de ahora, no es necesario que sigan pensando. De hecho, y aunque no quieran, si triunfa el nuevo estatuto, dejarán de hacerlo obligatoriamente, porque a Cataluña la gobernará, como hoy, una teocracia nacionalista, dispuesta a reglamentar toda su vida.

Hoy nos ocupamos de la repercusión económica del nuevo estatuto, planteado como reivindicación frente al resto de los españoles. La cuantificación de lo que se supone que pagan de más y transfieren de más los habitantes de Cataluña no es lo más importante del estatuto. Más grave aún es la regulación exhaustiva y despótica del conjunto de las actividades económicas que se desarrolla en su autonomía. Pero sería un error pasar por alto el aspecto cuantitativo. Y me van a permitir desgranar algunas ideas en relación con esas reivindicaciones.

Primero. El sistema fiscal español no es susceptible de parcelación entre todas sus autonomías. El error político que significó el cupo para el País Vasco y Navarra, es un buen ejemplo de cómo las concesiones a los nacionalismos, lejos de constituir una solución, agravan los problemas futuros.

Segundo. Es técnicamente imposible calcular lo que se denominan balanzas fiscales, porque los datos con que se cuenta por parte de la administración tributaria son insuficientes e inapropiados para esa finalidad y esto es así porque los ingresos derivados de los distintos impuestos estatales tienen en cuenta la actividad de las personas y empresas en el ámbito de la nación española, no en el de las autonomías, consideradas como entidades independientes. Y es imposible asignar los ingresos correspondientes a los tributos estatales, el IVA, el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y las propias cotizaciones sociales, en función de la residencia, tanto de personas como de empresas.

Tercero. Incluso si se pudiera. Incluso si las peticiones de más dinero de los nacionalistas y la izquierda catalana se atendieran. Y fueran cuales fuesen esas cantidades, el resultado no sería el que se ha hecho creer a los habitantes de Cataluña. El dinero público, el gasto público, nunca arregla los problemas. Y menos aún los gravísimos problemas de competitividad que afrontan tanto Cataluña como el resto de España.

Y, en el otro extremo, si ese dinero se hurtara a andaluces, extremeños, castellanos o gallegos, no les afectaría gravemente, porque su renta depende, básicamente, de su trabajo y de su productividad y sólo en una pequeña parte esas transferencias afectan a su nivel de vida. Un mayor gasto público marginal no les ha ayudado en el pasado ni les va a ayudar en el futuro para mejorar su situación. Porque del atraso relativo tampoco se sale con dinero público, sobre todo si, como ocurre en muchas de esas autonomías, el gasto público es arbitrario y está politizado. La prosperidad depende de muchos otros factores. Y los habitantes de esas autonomías deberían estar –ya– legítimamente hartos de tener que escuchar que son los habitantes de otras regiones más desarrolladas los que les permiten vivir con dignidad. Pero, repito, es imposible calcular el cuánto de las balanzas fiscales y, segundo, es una mentira inaceptable decir que los que transfieren se empobrecen y que los que reciben trasferencias en la España de hoy viven a costa de los primeros.

Pondré dos ejemplos. El primero, la autonomía de Madrid, que es la que más transfiere, hipotéticamente, lo que no la impide crecer más que Cataluña. Segundo, la antigua Alemania del Este, como ejemplo de la inutilidad de las transferencias sin otras políticas liberalizadoras. En la práctica, la antigua Alemania del Este sigue empobreciéndose en relación con la de Occidente.

Cuarto. Puestos a hacer balanzas, sin embargo, ni el PP ni ninguna persona responsable puede aceptar un estatuto sólo centrado en las balanzas fiscales. En aras a la equidad y la solidaridad, sería necesario elaborar otras muchas balanzas, para calcular las transferencias fiscales que deberían producirse entre las diferentes autonomías españolas. Y sé que hablar de estas balanzas es también absurdo, porque es imposible calcularlas, cuantitativa y cualitativamente; pero no me resisto a hacerlo.

Las balanzas más significativas serían las siguientes:

a. Balanza comercial entre Cataluña y resto de España.
b. Balanza financiera y de inversiones entre los mismos sujetos, que trataría de analizar quién ahorra, dónde lo hace, quién invierte y dónde lo hace.
c. Balanza de ingresos y pagos a la Seguridad Social y compromisos de pago de pensiones futuras, pues es muy evidente que el nivel de pensiones que se paga en Cataluña, por ejemplo, es sustancialmente más alto que el que perciben los andaluces, por poner un ejemplo. Y que ni los unos ni los otros han cotizado lo suficiente a lo largo de sus vidas laborales para recibir la suma de pensiones medias que recibirán –en promedio– a lo largo de sus vidas.
d. Balanza de los costes de la educación y de la formación. Como hacían los países socialistas cuando alguien quería irse del país, se debería calcular cuánto se ha gastado la autonomía de origen en los emigrantes que se van, por necesidad, a buscar trabajo en otras partes de España. En el caso de Cataluña, es evidente que debe mucho a los habitantes de Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha, por ejemplo.
e. Por otra parte, habría que dividir el total de la deuda pública española entre las diferentes autonomías y no cabe duda de que una parte sustancial de la deuda ha sido provocada por las inversiones públicas en Cataluña a lo largo de las últimas décadas.

Las cuatro primeras balanzas serían abrumadoramente positivas para las regiones más atrasadas de España, frente a Cataluña, Madrid, País Vasco, Valencia y Baleares, que tendrían que transferir a las más pobres una gran cantidad de recursos, en contra de lo que ahora intentan los nacionalistas y la izquierda catalanes.

Pero tengo más propuestas en relación con el tema de las balanzas fiscales. ¿Por qué balanzas anuales? ¿No sería más lógico hacer balanzas cada cinco años o, en el caso de España, una balanza que tenga en cuenta todo el periodo democrático, desde 1977 hasta hoy? Si se hiciera, aparecería, entre otras cosas, el coste terrible de la reconversión industrial, resuelto con gasto público, que fue recibido, en su mayoría, por personas que viven en las regiones más ricas, o el coste tremendo, en términos personales y de gasto público, que significó la realización de infraestructuras llevadas a cabo desde 1977 hasta hoy, para atender el desplazamiento del campo a la ciudad de millones de españoles, que han emigrado, en la mayor parte de los casos, de regiones pobres a ricas.

Pero podríamos ir más atrás y con mayor justicia valorar lo que significó el coste de la autarquía, desde 1939 hasta nuestro ingreso definitivo en la Unión Europea en 1985, que significó, por decisiones dictatoriales, el desarrollo industrial de regiones ya más ricas que las demás, como la propia Cataluña, País Vasco o Asturias. Una industrialización forzada que tuvieron que pagar todos los españoles mediante precios exorbitantes y calidades muy bajas de muchos bienes y servicios y que sirvieron para acumular capitales en manos de familias que habitaban, y habitan, en las regiones más ricas de España. Además de los enormes costes fiscales que soportaron el conjunto de los ciudadanos, para compensar la exención de impuestos para estas actividades, con las que favoreció el estado a las empresas que se constituyeron, o el coste de la financiación pública, otorgada a tipos de interés insignificantes, mientras el resto de la población pagaba intereses –si es que se le concedían los créditos–, a tipos cercanos o superiores al 20%. Y podría ir aún más atrás y nos encontraríamos con un panorama similar desde la Restauración.

Pero, repito, aunque pudieran calcularse todas y cada una de estas balanzas, y el resultado agregado se convirtiera en pagos de unas autonomías a otras, sus efectos en el desarrollo, y sobre todo en el futuro, de los que pagan o de los que recibirían esos fondos, sería muy limitado, porque mucho más importante que esas transferencias es contar con una legislación que fortifique el Estado de Derecho y la economía de mercado, que evite privilegios y monopolios y que limite el intervencionismo, la presión fiscal y el nivel del gasto público.

Una reconsideración fiscal como la que propone el estatuto del Sr. Rodríguez Zapatero sólo puede provocar resentimiento y victimismo entre los residentes en Cataluña, y rabia y malestar entre los supuestos receptores de esas transferencias injustas en las regiones que los reciban.

Y me temo que eso es, precisamente, lo que pretenden los nacionalistas y el PSOE del Sr. Rodríguez Zapatero: sembrar el resentimiento y dividir a los españoles.

Y ¿quién lo va a pagar?
Ernesto Ladrón de Guevara elsemanaldigital 30 Octubre 2005

Preguntas al presidente del Gobierno:

¿Quién, cómo y dónde se va a pagar la factura originada por la España fragmentaria de corte confederal, con territorios "histéricos" de diferentes e irreconciliables desarrollos estatutarios generados desde Cataluña?

¿Quién, cómo y cuándo se va a pagar la factura derivada de los privilegios territoriales de naturaleza feudal, que no foral, que significan que unos se quedan con el dinero y el Estado paga el resto al resto? (O sea: migajas para los que no sean catalanes ni vascos y tonto el que no bote.)

¿Quién, cómo y cuándo se va a pagar la factura para sufragar la reivindicación territorial del resto de las autonomías que se sientan ultrajadas y marginadas en el reparto de la tarta financiera; y reivindiquen –con razón- sus legítimos "derechos históricos"?

¿Quién, cómo y cuándo se va a pagar lo cedido del Cupo, derivado del Concierto Económico, al gobierno vasco a cambio de su apoyo parlamentario?

¿Quién, cómo y cuándo se va a pagar el 14% de la subida de las disponibilidades financieras prometidas al Sr. Ibarra para que no se queje Extremadura?

¿Y lo que se le dará al Sr. Chaves para Andalucía, para que no se queje de agravios comparativos?

Y ¿cómo se va a complementar todo ese gasto con los siguientes posibles objetivos presupuestarios improvisados sobre la marcha: posible financiación del gasóleo para transportistas, agricultores y pescadores, subida de las pensiones mínimas, programa de cooperación y desarrollo para abordar el problema de la emigración, programa de vivienda para promover la VPO, acuerdos sindicales en el sector de la enseñanza pública, compra de vacunas para la gripe aviar, subvenciones a cineastas amigos, etc...?

Aunque pensándolo bien, tampoco va a haber necesidad de todo ello, pues el Gobierno ya puede ir pensando en cerrar las persianas. Al fin y al cabo, Zapatero está dejando un Estado de saldo, liquidación y traspaso por quiebra.

O, quizás, lo que nos suceda pueda conllevar un déficit público abrumador con una balanza comercial muy negativa y salida de divisas. Y después, necesariamente, la emisión de deuda pública para sufragar el déficit. Luego, como en el resto de Europa, previsiblemente, elevación de tipos de interés. Con ello, aumento del paro y de la morosidad por elevado índice de deuda hipotecaria. Y, simultáneamente, alta conflictividad laboral derivada de una inflación galopante, que ya empezamos a experimentar, con la consecuencia inmediata de la "deslocalización" empresarial, y un desempleo de carácter estructural.

Y después de todo ello, con sequía de las tres cuartas partes de España y sin Plan Hidrológico, ¿para qué nos servirán los Estatutos de independencia? ¿Para gestionar la miseria?

Universidad
¿No pasarán? Los de ETA, pasan
Cristina Losada Libertad Digital 30 Octubre 2005

En una crónica sobre lo de Carrillo se decía que los estudiantes que repelían a los que fueron a reventar el acto entonaban el “no pasarán”. Tal vez era una licencia que se permitía el cronista, y más vale que lo fuera, pues cuando el canto aquel figuró en el hit-parade, no sólo hubo guerra, sino que además pasaron. Pero en la investidura del viejo estalinista con el honoris causa, sus defensores poco tenían que temer. Los saboteadores no eran muchos y la policía hizo su papel. Al contrario que en los actos que en otras universidades han sido boicoteados por la otra mitad de la naranja totalitaria. Ahí tuvieron que arreglárselas sin la protección de la autoridad académica y de la fuerza pública. Pues, en España, la libertad de expresión viene siendo un derecho selectivo. Si Lenin le espetó a Largo Caballero: libertad, ¿para qué?, aquí la apostilla es: ¿para quién?

En Italia, donde los fascistas tenían peso electoral, un escritor concluyó que, bien mirado, había dos clases de fachas: los fascistas y los antifascistas. Hace mucho que aquí abunda más la segunda de estas especies. Pero no pueden vivir los unos sin los otros, y los fachas-antifachas magnifican lo que pueden el ruido de los fachas-fachas. Carrillo los llama falangistas, porque lo de facha, de tanto uso, ha perdido fuerza. Y porque se ha olvidado –alguna que otra laguna tiene en la memoria– de que en España vimos cómo se cambiaban las camisas azules por las rosáceas, tras el biombo de la Transición, muchos de los que ahora se pavonean con las rojas. Siervos de la moda, en fin, que no compran en el Todo a cien.

En la Universidad, a finales del franquismo, apenas quedaban fachas en el estudiantado, pero los que éramos de alguna secta comunista, menos los del PCE, que entonces predicaban la reconciliación, andábamos a su busca y captura, porque eso nos servía para dar un escarmiento. O sea, para que el resto supiera a qué atenerse. Pero voy a suponer que los estudiantes que defendían el honoris de Carrillo no son tan bestias como éramos nosotros, y que se sienten llamados a proteger la libertad allí donde se pisotea. Por ejemplo, en la Universidad del País Vasco.

Los totalitarios que campan en la UPV ya han conseguido que se exilien muchas de sus víctimas. Y que no pocos jóvenes vascos deseen irse con su talento a otra parte. Más motivo si cabe para apoyar a quienes resisten. Como Gotzone Mora, cuyas clases no sólo boicotean; también intentan agredirla. Y sólo porque no piensa igual, que es como decir porque piensa. Bueno, no digo yo que vayan allí, porque no es lo mismo cantarle el “no pasarán” a un grupillo de violentos que la policía reduce, que enfrentarse a los amigos de la ETA. Pero podían dar alguna muestra de vida inteligente. Pues los de ETA, además de imponer su dictadura, están sacando títulos por la cara, que en su caso es por las armas. Y la autoridad no persigue ese fraude, sino a quienes lo denuncian.

La comunidad universitaria española mantiene silencio ante esta claudicación y complicidad con el terrorismo de uno de sus miembros. El caso hunde en el lodo el prestigio de la UPV y de sus títulos. ¿Creen que no se sabrá que allí regalan licenciaturas a los asesinos políticos? Y quienes lo permiten, ¿creen acaso que cuando ocupen la institución esos titulados, los dejarán en paz en recompensa? Ilusos. La Uni será para los camisas pardas de arete en la oreja. La Universidad española, calla, luego otorga, y el lodo la salpica. Los de ETA pasan, y los estudiantes del “no pasarán”, me dejo de fantasías, los reciben con alfombra roja.

PORQUE EL ESTATUTO "DAÑA EL CORAZÓN" DE LA CONSTITUCIÓN
Astarloa advierte que España está ante "un incendio constitucional de consecuencias imprevisibles"
El representante popular, Ignacio Astarloa, ha pedido a los socialistas que "el tiempo que gastan en insultar" a los miembros del PP "lo empleen en explicar" el apoyo que ofrecen a los "disparates del Estatuto". El recurso de amparo contra el texto catalán se presentará en cuanto se culmine el texto jurídico ante el "incendio constitucional de consecuencias imprevisibles".
EFE Libertad Digital 30 Octubre 2005

El secretario de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del PP, Ignacio Astarloa, no ha concretado el día en el que será presentado el documento ante el Tribunal Constitucional, pero subrayó que será "de forma inmediata", pues el PP sólo está a la espera de la conclusión de la redacción de la argumentación.

En cuanto a las declaraciones del portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien afirmó que el PP presentará el recurso este lunes para que el Constitucional no tenga tiempo de pronunciarse antes del inicio del debate parlamentario, ironizó que entre los valores del socialista no se encuentra "el presentar los recursos" del PP.

Astarloa, quien insistió en que el Estatuto rompe el corazón de la Constitución y supone un efecto llamada para el resto de los territorios, y que comprende que los socialistas estén "nerviosos" e incluso "histéricos", subrayó que Rubalcaba "lleva horas diciendo" lo que el PP debe hacer. Rubalcaba incluso "ya ha dicho" la postura que adoptará el Tribunal Constitucional, y "en esto se ha equivocado todavía más" que al decir al PP lo que tiene que hacer, apostilló en la capital grancanaria, donde se encuentra tras haber intervenido en un acto del PP en Fuerteventura.

"Nosotros vamos a usar nuestro derecho a recurrir en los términos que consideremos más oportunos y además mantenemos la esperanza" en la Constitución y el estado de derecho "a pesar de la falta de fe del presidente y del señor Pérez Rubalcaba", aseveró.

Ignacio Astarloa aseguró que esta semana "es decisiva" para los españoles, pues no se les puede imponer un cambio constitucional como el que propone Cataluña sin ser consultados. Asimismo, advirtió al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que aún está "a tiempo de evitar" introducir al país "en una crisis constitucional indeseable e injusta".

Por ello, pidió a los socialistas que "el tiempo que gastan en insultar" a los miembros del PP "lo empleen en explicar" el apoyo que ofrecen a los "disparates del Estatut", cuya redacción "pone en saldo la convivencia constitucional". El responsable popular de Libertades Públicas añadió que, aunque los "insultos y descalificaciones" están dirigidas al PP, quienes quieren aprobar "un estatuto rotundamente inconstitucional son ellos", por lo que "les conviene mucho tranquilizar sus nervios", pues el proceso abierto se encuentra sólo "al principio". Así, Astarloa exigió a Rodríguez Zapatero que "abandone el entreguismo a las propuestas nacionalistas y suba a la tribuna a defender" la Constitución y el estado de derecho.

La Ley de Lenguas de Aragón no reconocerá la cooficialidad del catalán
Los vecinos de municipios con influencia del catalán sí que podrán dirigirse a los ayuntamientos en esa lengua, pero todos los expedientes se tramitarán en castellano
ROBERTO PÉREZ  ABC Cataluña 30 Octubre 2005

ZARAGOZA. El proyecto de Ley de Lenguas que ha preparado el Gobierno aragonés PSOE-PAR, presidido por el socialista Marcelino Iglesias, no sólo no declarará la cooficialidad del catalán en esta Comunidad sino que tampoco regulará obligaciones sobre el uso de esta lengua. Se reconoce el derecho de los ciudadanos a dirigirse en catalán en los escritos que presenten a sus ayuntamientos, en aquellos municipios de las comarcas limítrofes con Cataluña en los que hay influencia de esa lengua. Sin embargo, no habrá obligación alguna a que los empleados públicos hablen catalán.

Fuentes de Presidencia del Ejecutivo autónomo indicaron ayer a ABC que el proyecto de ley está siendo estudiado desde hace varias semanas por los servicios jurídicos de la Comunidad y el dictamen que emitan podría conducir a modificaciones en el texto antes de ser sometido a la consideración de los partidos políticos en las Cortes regionales.

Las mismas fuentes adelantaron que el proyecto de ley «sólo reconoce derechos para los hablantes del catalán y de las modalidades lingüísticas del aragonés, pero en ningún caso obligaciones, a diferencia de las leyes catalanas». Se distancia claramente de las posturas que defiende Esquerra Republicana de Cataluña y entidades del nacionalismo catalán, que defienden un reconocimiento de esta lengua en suelo aragonés y que lo ligan a sus pretensiones sobre una supuesta «pertenencia natural» de las comarcas orientales de Aragón a su idea de «Países Catalanes».

Sólo para los ayuntamientos
El Gobierno de Iglesias no está dispuesto a alimentar polémicas en este sentido y está decidido a no dar ningún argumento tampoco con la Ley de Lenguas. El texto reconoce el derecho a que los habitantes de estos municipios aragoneses puedan presentar sus escritos ante los ayuntamientos en catalán, pero la única lengua oficial seguirá siendo el castellano, así que esos escritos se traducirán de inmediato y todas las tramitaciones y expedientes se realizarán en castellano. Las mismas fuentes indicaron igualmente que ese derecho a dirigirse por escrito en catalán sólo se reconocerá en los ayuntamientos de esas comarcas orientales, pero no para el resto de instituciones, caso de la Administración autónoma. Además, afirmaron que a ningún empleado de esos ayuntamientos se le podrá exigir que sepa catalán.

Desde Presidencia se insistió en que «el proyecto de Ley de Lenguas es un texto absolutamente de mínimos», para que no levante «polémicas que, durante siglos, jamás han existido».

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