AGLI

Recortes de Prensa     Martes 1 Noviembre 2005
Zapatero I “El Liberticida”
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 1 Noviembre 2005

El liderazgo político en la zona cero
LEOPOLDO CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN ABC 1 Noviembre 2005

Esclavos
José María Marco Libertad Digital 1 Noviembre 2005

Defensores de la Democracia
Pío Moa Libertad Digital 1 Noviembre 2005

Más sobre lenguas regionales
Amando de Miguel Libertad Digital 1 Noviembre 2005

Rajoy brinda con cava catalán
Antonio Martín Beaumont elsemanaldigital  1 Noviembre 2005

El asedio a la COPE
José Vilas Nogueira Libertad Digital 1 Noviembre 2005

El modelo del Estatuto catalán
J. M. DE AREILZA CARVAJAL El Correo 1 Noviembre 2005

Agentes de la Ertzaintza disparan al aire para no ser linchados por terroristas callejeros en San Sebastián
Agencias Libertad Digital  1 Noviembre 2005

Los profesores «discriminados» piden a Ibarretxe que les escuche
ABC 1 Noviembre 2005
 

Zapatero I “El Liberticida”
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 1 Noviembre 2005

La Asociación Española de Radios Privadas ha enviado una carta al Gobierno catalán exigiendo la devolución inmediata y definitiva de las emisoras que Pujol quiso robar a la COPE y que el TSJC le obligó a restituir, instando además a que se hiciera con la seguridad jurídica necesaria para que un patrimonio como el de la libertad y pluralidad de expresión, propiedad de toda la sociedad, no quede al arbitrio despótico del político de turno. La carta la firman el representante de la SER, Daniel Gavela, el de la COPE, el de Onda Cero y el de Radio Blanca y Kiss FM que es Blas Herrero. Otra carta similar ha sido remitida a Maragall por la Unión Mundial de Radio, instándole a lo mismo.

La respuesta del Gobierno Tripartito no se ha hecho esperar. Si había empezado utilizando de forma desvergonzada un medio de tan dudosa constitucionalidad como el Consejo Audiovisual de Cataluña (que no deja de ser un “tribunal de honor” como los que expresamente prohíbe la Constitución Española de 1978) nada menos que para estudiar si la COPE es constitucional, que hay que echarle bemoles. Si prosiguió con las injurias de Montilla, el ministro regulador, contra un medio de su ámbito de actuación que debería proteger pero contra el que parece dispuesto a emprender algo así como una epopeya de la prevaricación. Si sus sicarios de los medios públicos catalanes han continuado con su campaña típicamente castrista o chavista contra la COPE, como obedeciendo al eslogan “el pogrom és el nostre program”. Si además los sicarios barceloneses de la Prensa escrita (bueno, redactada y con dificultad, su prosa es como su ética) han continuado con el despliegue que no realizaron cuando el hundimiento del Carmelo y el escándalo del 3% instando a los anunciantes catalanes a dejar de serlo (luego se quejarán del boicot a los empresarios que han respaldado abiertamente el Estatuto). En fin, si todo eso era poco, nos enteramos que desde la propia Generalidad se han enviado mensajes por correo electrónico instando a los anunciantes a boicotear a la COPE, que es como amenazarlos si osan anunciarse. ¡Viva Palermo!

Ni en los peores tiempos del Antenicidio o del vídeo contra Pedro Jota los políticos socialistas han usado el poder de forma más abyectamente gangsteril, más abiertamente liberticida. Nunca el periódico de Franco se ha parecido tanto al “Egin”. O al “Avui”, que hace poco también llamaba desde sus páginas al exterminio de los intelectuales que no comulguen con las triples ruedas de molino del Tripartito. No sabemos si Maragall ha encargado ya a la ETA la Consejería de Gobernación que aún formalmente dirige Tura, su presunta heredera, la que dijo que el 14M el Gobierno del PP intentó un golpe de Estado que supuestamente detuvo el Rey. Pero sí sabemos que el que manda en Barcelona es Carod Rovira, alias Rovireche, el que pactó en Perpiñán con la ETA en qué partes de España debe matar todo lo que pueda y en cuáles no. Tampoco hay que olvidar que en el partido de este sujeto figuran terroristas de la supuestamente extinta Terra Lliure que, como nunca se han arrepentido de sus crímenes ni han pedido perdón a las víctimas, quizás deberíamos considerar sólo en tregua táctica. Su jefe político era, según creo, Puigcercós. ¿Estará refundando otro “Comando Madrid”?

Pero el colmo de los colmos es que los mismos sicarios del bachiller Montilla que se han destacado en la campaña de injurias, calumnias y falsedades contra la COPE, ya presumen de que las emisoras que planean robarle a la COPE se las van a dar a ellos. Barcelona es ya Jun, provincia de Granada, pero en grande y con ínfulas imperiales. La patria de Zapatero, que dice él que es la libertad (ni sabe lo que es una cosa ni la otra) ya tiene dos capitales: una es Jun, la ciudad sin ley de quienes asaltan a punta de pistola unas casas habitadas expulsando en plena noche a sus ocupantes, pero que en ellas se han quedado, disfrutando de la protección respetuosa de la Guardia Civil tras exhibir el proyecto expropiador de la Trujillo; la otra es Barcelona, donde el Gobierno catalán, por expreso mandato de ZP y Montilla, presume de que va a robar las emisoras de la COPE y regalarlas a sus cómplices. Zapatero I “El Separador” ya es también “Zapatero I “El Liberticida”. Su modelo político es Venezuela, es decir, la Cataluña del Tripartito, cuya dictadura pretende exportar a toda España. Pronto tendremos ocasión de comprobarlo.

El liderazgo político en la zona cero
LEOPOLDO CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN, ex subsecretario del Ministerio del Interior ABC 1 Noviembre 2005

CON metáfora norteamericana, cabe decir que el proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña se ha convertido en la auténtica «zona cero» del escenario político español, es decir, en un hecho que pone en cuestión los fundamentos del orden constitucional y exige de los órganos de gobierno una reacción firme y bien orientada. En situaciones así, a todos los ciudadanos nos gustaría decir, con en el salmo del buen pastor, aunque camine por cañadas oscuras, nada temeré. Sin embargo, no es ése el estado de ánimo que prevalece. Un ilustre mentor del partido gubernamental sugería hace poco tiempo la siguiente fórmula: adelante, pero con juicio. Adelante, sí, pero ¿hacia dónde? Comencemos por describir el destino probable del viaje si no se produjera una intervención decidida y ortodoxa de nuestros responsables políticos. El panorama presentaría acusados rasgos neomedievales: entes locales cuasi soberanos que pugnan para que un poder central débil les conceda fueros extensos y privilegiados; fragmentación e inoperancia que sitúan la única posibilidad de conseguir normas de general aplicación y racionalidad sistemática en la recepción del Derecho común europeo, al que ahora llamamos Derecho comunitario.

El problema es que nuestro pastor no parece ser capaz de localizar las fuentes tranquilas a las que nos debe conducir. Recordemos su ejecutoria en la materia: primero fue la aceptación previa e incondicional de cualquier texto que saliera del Parlamento de Cataluña. Más recientemente propuso como receta la del «diálogo y Constitución», y manifestó su convicción de que uno de los problemas más importantes que derivan del proyecto de Estatuto podía resolverse con quiebros verbales y variaciones terminológicas sobre el tema de la nación. Pero ni sobre ésa, ni sobre las demás grandes cuestiones de fondo que suscita el proyecto, ha dicho nada todavía, ni ha expresado ideas sobre la evolución que deba tener nuestro modelo territorial, ni ha fijado objetivos políticos comunes, ni ha iniciado ninguna campaña de pedagogía para involucrar a los ciudadanos en una determinada solución de los retos planteados. En suma: el liderazgo político en la zona cero tiende a cero, y, aplicando el famoso concepto acuñado por un pensador marxista del pasado siglo, la reforma del Estatuto para Cataluña es en estos momentos un proceso sin sujeto, o, al menos, sin sujeto central.

Y es que no basta con invocar el diálogo: hay que saber conducirlo y dominarlo. Un presidente del Gobierno no puede limitarse a dar la palabra y a hallar la resultante del sistema de fuerzas. A él más que a nadie corresponde en nuestra forma de gobierno esa función de impulso unitario y coordinador que los constitucionalistas italianos llaman función de indirizzo, o de rumbo político, y que debe enderezar los elementos discordantes que operan en el sistema. Además, en el caso del Estatuto catalán no vale buscar soluciones «ad hoc» y para salir del paso, porque muchas de ellas habrán de ser concebidas de manera que puedan ser elevadas a la decimoséptima potencia sin que el sistema se descomponga. Dicho de otro modo, ciertamente no todas, pero sí muchas de las reglas que se incorporen al nuevo Estatuto de Cataluña, deberían de ser susceptibles de introducirse en los demás Estatutos de Autonomía. En efecto, la tormenta igualitaria tardaría muy poco en desatarse: clara indicación barométrica es la llamada «cláusula Camps» del proyecto estatutario valenciano que, en lo que pueda tener de extensión automática a la Comunidad Valenciana de competencias obtenidas por otras Comunidades, no es sino la transposición al Estado de las autonomías de la cláusula de nación más favorecida, característica del Derecho Internacional e inequívoco síntoma de desarreglo de nuestro orden político.

Ante este panorama caben dos caminos, que pueden describirse con citas de un texto sobre el que enseguida volveremos. El primero, que es la cañada oscura por la que caminamos, consiste en «lanzar al aire las piezas del nuevo sistema, a la espera de que el puro azar, cifrado aquí en la coincidencia de los impulsos que parten de los territorios con derecho a acceder a la autonomía, sea capaz de ajustar con exactitud los diferentes componentes del nuevo orden político y administrativo». El segundo camino prefiere «operar sobre el proceso en marcha de manera que las fuerzas políticas lleguen a convenir en la aceptación de algunos principios generales sobre la organización y competencia de las Comunidades Autónomas».

Si se siguiera este segundo camino, resulta obvio que el nuevo Estatuto para Cataluña debería responder a una armonía preestablecida, a un modelo válido para el conjunto de España, que habría de establecerse claramente antes de acometer cualquier reforma estatutaria, incluyendo la del Estatuto de la Comunidad Valenciana. La definición de ese modelo es el reto al que tendría que dar respuesta un liderazgo político que estuviera a la altura de las circunstancias. Si se me preguntara, siguiendo la misma clave del salterio, ¿y dónde están los verdes prados en los que nos podremos recostar?, no daría una solución original, pero sí muy sólida y ensayada: el consenso entre el PSOE y el PP. Una variante casi idéntica de ese consenso fue la matriz política de la Constitución de 1978 y de los Acuerdos Autonómicos de julio de 1981, firmados «por el Gobierno de la Nación y el Partido que lo sustenta junto con los representantes del Partido Socialista Obrero Español». Nada hay más urgente ahora en España que una segunda edición de aquellos Acuerdos Autonómicos, que tuvieron su sustento teórico en el Informe de la Comisión de Expertos sobre Autonomías de mayo de 1981, a cuya introducción pertenecen las dos citas que se han hecho en el párrafo anterior.

En enero de este año, Mariano Rajoy ofreció al presidente del Gobierno la celebración de un pacto sobre el modelo territorial, y su oferta fue rechazada. Ocurre que en 2003 el Partido Socialista de Cataluña firmó un pacto tripartito de gobierno entre cuyos firmantes está Esquerra Republicana de Cataluña y entre cuyas estipulaciones figura la prohibición de que el PSOE llegue a acuerdos permanentes con el Partido Popular en las Cortes Generales. Sin embargo, el PSOE debería comprender que el modelo territorial no puede definirse sin pactar con el PP, y que, en cambio, intentar un acuerdo sobre reforma del sistema con un partido antisistema como ERC es, por hipótesis, una tarea imposible. Ojalá que a partir de mañana estas nociones elementales comiencen a abrirse camino en el Congreso de los Diputados.

Ofensiva contra la COPE
Esclavos
José María Marco Libertad Digital 1 Noviembre 2005

El ataque de Montilla contra la COPE, seguido de los de El Periódico y de El País contra Federico Jiménez Losantos, César Vidal y Nacho Villa responde a varias causas.

En primer lugar, hay un irremediable instinto fascista en muchos catalanistas, y muy en particular en los catalanistas de izquierda. Se nota hasta en la escenografía de los mítines. Si a ese instinto se añade el guerracivilismo propio de una izquierda que, como la española, todavía no ha hecho su particular transición, no extraña, aunque deba escandalizar, un ataque como este. Detrás están quienes han pactado con la banda etarra y quienes ya una vez atentaron contra Federico Jiménez Losantos. Hay algo muy profundo que ya está al parecer irremediablemente degradado en la vida pública española. Este es un paso más en el camino del desastre.

Hay además una parte de cálculo. El progresismo oficial, el nacionalista y el socialista, sabe que sus seguidores, individualmente, son gente timorata, nada proclive a arriesgarse a pensar por sí misma ni a tomar posiciones independientes. Ante la escasa popularidad del Estatut de Rodríguez Zapatero, los editorialistas de El Pais trazan la “línea roja” que sus lectores no deben cruzar. Ya están avisados de lo que les ocurrirá si se atreven a discrepar abiertamente.

También han tanteado al resto de las fuerzas políticas. Prácticamente todas han respondido con la sumisión que era de esperar. Muy pocas voces, y esas individuales, se han alzado o se han solidarizado con la COPE y con las tres personas puestas en el punto de mira. Resulta decepcionante, la verdad, que en la cabeza del Partido Popular no haya habido una reacción fulminante en defensa de la libertad de expresión. La gente sabe que durante muchos meses, quienes han dado la cara por la derecha en España han sido estos tres nombres. Pero siguen faltando reflejos. Además de lo revelador que resulta y de las pistas que esta actitud ha dado a los socialistas y a los nacionalistas, también se pueden perder votos.

El ataque responde finalmente, como ha sugerido Alberto Recarte, a una mentalidad de fondo. Se plasma en el Estatut, que no por casualidad es la pieza maestra del proyecto de Rodríguez Zapatero. No sólo hay que desmantelar la España que hemos conocido y con la que nos identificamos. También hay que proceder a un nuevo reparto del poder, con una sociedad intervenida y maniatada. De hecho, el principal obstáculo en la construcción de esa sociedad de esclavos es España, la palabra, la nación, el simple hecho de sentirse español.

Cuando haya roto definitivamente la columna vertebral a la identidad española, todo lo demás será coser y cantar. Lo tienen clarísimo. Y actúan en consecuencia.

Puigverd y la prensa catalana
Defensores de la Democracia
Pío Moa Libertad Digital 1 Noviembre 2005

He mandado el siguiente artículo a La Vanguardia, en réplica a otro aparecido en dicho periódico. Comprendía que mi empeño tenía pocas probabilidades de éxito, pues en el “balneario” de la corrupción en que han convertido a Cataluña el frente popular de separatistas y sociatas, la libertad de expresión, y otras, está muy seriamente mutilada. Pero, como decía al final, esperaba que a los mandamases de la casa les picase la “honrilla” profesional. Ni por esas. Envié el escrito hace cosa de dos semanas, y llamé para saber si pensaban publicarlo. Me contestaron que naturalmente, sólo estaba pendiente el día. Llamo tres días después y me piden el teléfono para darme respuesta. Por supuesto, no llaman. Otros tres días, y vuelvo a telefonear yo. Ahora resulta que estaban estudiando la publicación, pero debía de ser un problema muy arduo, porque no decidirían hasta una semana más tarde, el viernes. Como la tomadura de pelo saltaba a la vista, estuve tentado de mandarlos a paseo, pero preferí esperar. Y el viernes, 28, insisto y me explican que no, que no piensan publicarlo, pero que puedo mandarles una carta al director con extensión máxima de 20 líneas. Esto es respeto a la libertad de expresión y al derecho de réplica, al estilo del balneario.

Conozco bien las fechorías de los nacionalistas contra la libertad de expresión, la asfixia de las voces discrepantes, bien organizada ya por Pujol y compañía, por medio de la corrupción y del chantaje por medio de la publicidad institucional y otras vías. Ante tal situación de semidictadura, muchos se preguntan qué hacer. Pues bien, si está usted en Cataluña, no baje la cabeza ante quienes están hundiendo a esa región, y a España entera, en un pantano de silencio y totalitarismo. Difunda este artículo, y otros muchos de interés, entre sus conocidos, instándoles a que los difundan a su vez, repártalos en su trabajo, cuélguelos a blogs y foros de internet, haga fotocopias, envíe cartas de protesta a la prensa, aunque no se las publiquen, trate de hacer, por todos los medios, que miles de ciudadanos conozcan otras voces que las de los “predicadores del odio con palabras suaves”, como tan acertadamente definió a Pujol el comunista Anguita (algún acierto hubo de tener).

Están en juego algo más que intereses particulares. No caigamos en la pasividad, demos la batalla de la opinión pública, contrapesemos con la actividad de todos el granhermanesco dominio mediático de los enemigos de la democracia y de la unidad de España. Denunciemos cada una de sus vilezas.

He aquí el artículo:

En un reciente artículo, D. Antoni Puigverd llamaba “sembradores de odio” a Aznar, Jiménez Losantos y otros que defendemos la democracia española, y establecía un paralelismo extraño con Yugoslavia. Alguien capaz de tal confusión no cambiará de idea por una simple réplica, pero la libertad exige que los lectores tengan otra versión.

A mi juicio y al de muchos otros –más cada día– la Constitución está hoy seriamente amenazada. Parte de la amenaza viene de los separatismos vasco, gallego y catalán, que desde hace años se proponen una Segunda Transición, de la democracia a la desmembración de España, pretextando que no acaba de resolverse el problema del “encaje” de estas tres regiones en el “Estado”. Problema creado y exacerbado sin tregua por dichos separatismos, precisamente.

Un gran paso reciente en esa línea ha sido el estatuto aprobado por el Parlament. No es de autonomía, pues implica la separación práctica bajo una tenue cubierta que permitiría a los nacionalistas catalanes intervenir sin contrapartida en el resto de España (ya ocurre en la relación PSC-PSOE). Tal es la ambición originaria del nacionalismo catalán: hacer de Cataluña una nación aparte, supuestamente superior, más europea, que el resto del “Estado español”, pero manteniendo con éste unos leves lazos políticos, a fin de dirigirlo en provecho propio. Y de paso evitarían el riesgo de quedar excluidos de la Unión Europea. La maniobra recuerda las advertencias de Azaña sobre la tortuosidad de esos nacionalistas: “son como la yedra”. Quieren liquidar la Constitución mediante un hecho consumado y como quien no quiere la cosa. Sus pretensiones, de cumplirse, crearían en toda España una polarización y una crisis política de imprevisibles efectos, y debe quedar claro desde el principio quiénes están provocando el proceso balcanizante.

El estatuto es antidemocrático, basado en ideas histórica y demográficamente falsas, como que el idioma “propio” de Cataluña es el catalán, con exclusión del español común que vincula la región al resto del país. No sólo el español común es la lengua de mucha de la mejor literatura catalana, sino que, por su extensión y prestigio en el mundo, aporta a Cataluña una riqueza invalorable (y no mal aprovechada). Además, la mitad de los catalanes lo tienen por lengua materna. La concepción del estatuto, sectaria y contraria al pluralismo democrático, ataca también ahí la Constitución que establece las libertades en toda España, incluyendo, desde luego, el Principado.

Aquellas ideas sectarias han hecho de Cataluña y las Vascongadas las regiones con menos democracia de España. En Vascongadas la acción concertada de quienes sacuden el árbol y quienes recogen las nueces ha anulado en gran parte las libertades. En Cataluña no ha llegado tan lejos el proceso, ni la relación con los terroristas ha sido tan directa, pero también ahí los separatistas han concluido con los asesinos acuerdos que sólo se pueden calificar de gangsteriles, y también ahí el déficit de libertad es grave y creciente. Y no por primera vez en el mundo unos parlamentarios imbuidos de mesianismo degradan un Parlamento votando medidas contra la democracia.

El señor Puigverd afirma: “en lo que respecta al Estatut, nada impide, a pesar del reticente lenguaje en el que ha sido redactado, que se convierta en un instrumento para mejor encajar Catalunya en España. Nada lo impide si, naturalmente, tiene lugar una democrática y respetuosa negociación”. ¿Reticente? Buen eufemismo. ¿Negociación democrática? Muy bien. ¿Y por qué no negociar, en vez de unas normas desestabilizadoras, otras que garanticen las competencias básicas del Estado contra la escalada secesionista, o los derechos de los castellanohablantes, o que la enseñanza pública no se convierta en aparato de propaganda de un o unos partidos, o que minorías sobrevaloradas no impongan su voluntad mediante una ley electoral defectuosa? Esto favorecería la democracia y la estabilidad del país, y también el “encaje” de Cataluña, mientras que cualquier avance en la dirección actual nos lleva, con toda evidencia, a los Balcanes.

¿Y qué decir del respeto? Empieza el señor Puigverd por referirse a mí de modo muy ofensivo, cosa poco importante porque no ofende quien quiere. Pero necesitaríamos muchas páginas para reseñar las agresiones verbales y no verbales, los desplantes y ofensas de todo género realizadas estos años por los nacionalistas catalanes, en todos los medios de comunicación, contra los sentimientos e intereses de los españoles en general. No parece muy sincero invocar el respeto cuando ya esas actitudes empiezan a generar irritación y respuestas a veces destempladas.

Un truco, de corte totalitario, que utilizan mucho estos señores, consiste en confundirse con Cataluña y motejar de “anticatalanista” cualquier crítica a ellos. Lo mismo hacían antaño los falangistas con respecto a España, lo cual indica algo. En cuanto a mí, nunca he confundido a Cataluña con las piruetas lamentables de los nacionalistas, con sus epopeyas irrisorias (La Triple Alianza de 1923, amenazando con la lucha armada, el esperpento de Prats de Molló, la rebeldía por la Ley de contratos de cultivo o la rebelión del 6 de octubre del 34…), ni con su costumbre de pasar la hipocresía por moderación. Ese nacionalismo siempre ha desestabilizado los regímenes de libertades, fueran la Restauración, la República o la democracia actual, y cuando, en parte por sus acciones, llegó una dictadura, jamás ha sido capaz de hacer oposición real a ella. Creo que el nacionalismo sólo ha aportado a Cataluña convulsiones y una combinación de victimismo y narcisismo a menudo eficaz (fue la base del éxito de Hitler), pero que rebaja a quienes la promueven o la adoptan.

La petición del señor Puigverd no puede ser más reveladora: amordazar a los medios de expresión que le disgustan, acusándoles de “sembrar el odio” y so pretexto de “responsabilidad” de los periodistas, un lenguaje bien conocido en el franquismo. Yo no me opongo a que los muchos señores Puigverd de toda España expongan sus opiniones, siempre que quienes discrepamos de ellas podamos hablar también. Pero este señor pretende extender al resto de España la censura que los nacionalistas han logrado imponer ya de hecho en Cataluña, y de la que tengo buenas pruebas. Escribo este artículo a La Vanguardia sin la menor seguridad de que me lo publiquen, aunque con la esperanza de que les pique la honrilla profesional y democrática. Después de todo llevamos más de un cuarto de siglo de vigencia, aunque relativa, de la Constitución, y algo de su espíritu debe quedar todavía.

La lengua viva
Más sobre lenguas regionales
Amando de Miguel Libertad Digital 1 Noviembre 2005

El suabo es un idioma respetable para los alemanes, aunque la mayoría no lo hablen. Lo mismo el gaélico para los irlandeses y el gallego para los españoles Xabier Cereixo anda intrigado con la palabra castrapo; yo también. El mismo don Xabier me da una pista. Es un lenguaje de frontera (como muchos otros “criollos”), una mezcla de gallego y español. Don Xabier señala la paradoja de que ese gallego más auténtico o popular contrasta con el nuevo gallego normalizado, impuesto por la televisión o por los profesores. Llega un momento en el que los “paisanos” creen que no saben gallego porque no entienden bien a los señoritos, los que hablan en gallego normalizado. Concluye: “Hasta ese punto las normalizaciones artificiales son contraproducentes para la conservación de un idioma: lo convierten en algo ajeno a sus hablantes”. Sin embargo, opino que la unificación gramatical de los idiomas es un paso necesario para que sean culturalmente influyentes.

Don Xabier desea un comentario sobre la diglosia. Es un concepto útil. Significa que, cuando coinciden dos lenguas, una de ellas se adscribe a las clases altas y la otra a las clases populares. Por ejemplo, en Barcelona he comprobado algunas veces cómo el lenguaje de una comida de profesionales se desenvuelve fundamentalmente en catalán. Pero, de modo natural, cuando esos comensales se dirigen al camarero lo hacen en castellano. Eso es diglosia. Puede que en Galicia sea al revés.

Alberto Vázquez (Castelldefels, Barcelona) comenta el argumento de la profesora de su hijo pequeño: “Cataluña es una nación porque tiene lengua propia”. Se pregunta don Alberto si, con ese criterio, no se nos va a llenar el mundo de naciones. Calcule, unas 6.000 lenguas, 6.000 naciones. En efecto, el criterio es un contradiós. Casi todos los países europeos (con la excepción de Portugal y algún otro) cuentan con dos o más lenguas en sus respectivos territorios).

Mabel Ortiz (Barcelona) recoge un sinfín de pacíficas invasiones del castellano por el catalán. Así, plegar (= terminar el trabajo), atabalado (= nervioso), prou (= basta), monchetes (= alubias), enracholar (= alicatar). Las influencias se dan también al revés. Doña Mabel está muy satisfecha de dominar los dos idiomas, pero se siente triste de que su hija de 10 años lleva camino de no saber ninguno de los dos. Los amigos de su hija están convencidos de que ellos no son españoles y de que Madrid es el enemigo. Comparto la tristeza de doña Mabel. No es una buena cosa para Cataluña.

Jordi Molins considera que lo de “lengua regional” (aplicado a las lenguas españolas que no son el castellano) “es un insulto”. Don Jordi me da la siguiente lección: “Si estudia Historia, verá que España ha sido fuente de guerras, desgracias, ignorancia y pobreza. En cambio, Cataluña, especialmente en los últimos siglos, ha sido fuente de renovación, avance económico y social, democracia y pacifismo”. Y concluye: “Si usted tuviese más estudios, sabría que el catalán viene del sánscrito y posteriormente del latín, por lo que se trata de una lengua mucho más antigua que el castellano”. Agradezco la declaración de don Jordi porque habla por sí sola. Es la mejor demostración de que los nacionalistas catalanes necesitan la confrontación y el desprecio respecto a los que no son ellos. Me niego a aceptar que el término “lengua regional” sea un insulto. Lenguas regionales son el suabo o el catalán. Se hablan en una parte del Estado al que corresponden. Lenguas nacionales son el alemán, el finés o el chino mandarín. Se hablan en la mayor parte de los Estados a que corresponden. Lenguas internacionales son el inglés o el español. Se hablan en varios Estados. No es ningún mérito situarse en una u otra categoría. Por tanto, no es un insulto señalar que una lengua está donde está. Bien es verdad que el estatuto de alguna de ellas puede cambiar, aunque lentamente. Por ejemplo, si Cataluña fuera un Estado soberano, el catalán podría ser lengua nacional, como lo es el tagalo. Pero eso no significa ninguna superioridad moral o cultural sobre las lenguas regionales. Me da fatiga tener que explicar estas obviedades. Cataluña ha sido siempre una región del Reino de Aragón y más tarde del Reino de España y en algunos cortos lapsos de la República Española. Nunca fue un reino por sí sola, como lo fueron Galicia, León, Castilla, Navarra, Mallorca y Valencia. Aun así todos esos antiguos reinos han sido también regiones españolas. Pero eso no quita ni añade nada a la dignidad histórica de un territorio. No me importa reconocer que, andando el tiempo, España será una simple región de la Unión Europea. Ojalá lleguemos pronto a ello.

Don Jordi considera que yo soy nacionalista respecto a la lengua castellana. Nada de eso. Por ejemplo, si en Madrid hubiera un número suficiente de extranjeros de lengua árabe, sus hijos tendrían que tener la opción de recibir la enseñanza en árabe. Lo mismo si fuera el caso con el catalán. Claro que, de igual modo, la enseñanza en Cataluña tendría que tener la opción de recibirla en castellano si es que hubiera un número suficiente de catalanes con el castellano como lengua familiar.
Mi opinión es que la lengua española no tiene que ser oficial en la Unión Europea. Pero sobre todo no considero insultos las opiniones diferentes de las mías, incluso las que son tan simples como las que expresa don Jordi. Supongo que él ha estudiado más que yo, pero eso no es ningún demérito por mi parte. Tampoco es un insulto que se me considere nacionalista español o respecto al idioma español. Sencillamente estoy muy satisfecho de que ese idioma sea parte de mi patrimonio cultural, aunque en él también entra el catalán y los otros idiomas españoles.

Lo de que el catalán procede del sánscrito (¿y los otros idiomas españoles no?) me recuerda lo de que el Paraíso Terrenal estuvo en Olot. Estoy convencido de ello aunque reconozco que el tema no lo he estudiado mucho. Lo de la antigüedad de los idiomas es cuestión poco relevante. Lo que cuenta para su capacidad de influencia es la fecha en que se redacta la primera gramática unificada. El castellano en 1492; el catalán a principios del siglo XX. Tampoco desmerece mucho que un idioma haya realizado tardíamente su unificación gramatical. Todos los idiomas son respetables y entrañables para quienes los hablan o para quienes los tienen al lado. El suabo es un idioma respetable para los alemanes, aunque la mayoría no lo hablen. Lo mismo el gaélico para los irlandeses y el gallego para los españoles. Lo que no me cuadra es lo de la Cataluña “pacifista” frente a la España “fuente de guerras y desgracias”. Habrá que excluir el bandolerismo endémico de Cataluña hasta la llegada del ferrocarril y detalles como la Semana Trágica o la guerra civil dentro de la última guerra civil. Por cierto, de ningún modo fue una guerra de España contra Cataluña. Entre otras razones porque Cataluña lleva siendo parte de España todo el tiempo que ha habido naciones. Pero esas disquisiciones históricas nos llevarían demasiado lejos. A mí lo que de verdad me tiene impresionado es lo del Paraíso Terrenal en la comarca de Olot. Espero que a don Jordi le quede todavía una brizna de sentido del humor. De lo contrario, habrá que pensar que es la sucursal del Infierno lo que los nacionalistas piensan inaugurar en Cataluña.

Rajoy brinda con cava catalán
Antonio Martín Beaumont elsemanaldigital  1 Noviembre 2005

¡España, siempre tan impulsiva! Por más que mejoramos, que nos modernizamos, sin embargo seguimos dejándonos llevar demasiado a menudo por exabruptos, con cambios de opinión a veces incomprensibles tras respuestas más instintivas que racionales. Y el Estatuto de Maragall y Zapatero es digno de análisis en este sentido, pues está consiguiendo reacciones variopintas de lo más curioso.

No creo que exista esa "catalanofobia" de la que habla con tanta rabia el ministro José Montilla. ¿Cómo vamos a odiar los españoles a los catalanes siendo, como son, españoles? Sólo los nacionalistas excluyentes necesitan odiar a los que no son como ellos creen ser, para poderse así diferenciar, aunque sea de forma artificial y amañada. En España, de forma apreciable al menos, salvo nacionalistas vascos, catalanes y algunos gallegos, hay pocos nacionalistas más. Desde luego, nacionalistas españoles, descontando algún pintoresco "ultra" al estilo del personaje Torrente de Santiago Segura, no veo haya demasiados.

Y es que pensar en términos de odio a lo catalán es moverse precisamente en los parámetros por los que transitan Carod-Rovira y seguidores. Es decir, hay que estar enfermo de manía persecutoria para pensar así. Sin olvidar que todo lo que suponga crear una diferencia entre Cataluña y el resto de España es legitimar históricamente al nacionalismo separatista.

Así que, no habiendo "catalanofobia", lo mejor será no crearla. Por eso es una idea lamentable boicotear los productos catalanes. Es un exabrupto, un atavismo, una reacción elemental e instintiva, pero también un error. Cataluña es España, y no hace falta dar razones para ello. No obstante, los "separadores" podrían llegar a conseguir los sueños más improbables de los "separatistas".

Un hombre cabal y nada visceral es Mariano Rajoy. Su último acierto: reunirse con los empresarios del cava catalán y garantizar su apoyo a ese producto de nuestra tierra. Quizá una derecha rancia y reaccionaria habría aplaudido el gesto contrario, olvidando que aquellos hombres y mujeres carecen hoy en buena medida de la libertad de acción y de expresión que hay en otros lugares de España porque viven en un régimen político nacionalista. Lo inteligente, como ha hecho el líder popular, no es darles la espalda sino manifestarles el camino de la libertad. Otra actitud quitaría al PP la razón que tiene y le privaría de las simpatías que va ganando, también en Cataluña. Mariano Rajoy, un brindis con cava. Por supuesto, catalán. Es decir, español por los cuatro costados.

Un paso más hacia el despotismo
El asedio a la COPE
José Vilas Nogueira Libertad Digital 1 Noviembre 2005

Hace ya casi veinte años, en abril de 1987, la antigua Asociación Española de Ciencia Política y Derecho Constitucional, dedicó su VI Congreso al estudio de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Presenté allí una breve comunicación sobre "El derecho a la información mendaz”, recogida en la publicación de las actas del Congreso, en la Revista Jurídica de Castilla-La Mancha, nº 3-4, abril-agosto 1988. Dado que la publicación se retrasó considerablemente (la fecha real, como es habitual en España, es posterior a la fecha editorial), temí que no se editase y me busqué un medio alternativo, de suerte que el mismo texto apareció en la Revista de Derecho Político, nº 27-28, del mismo año.

A pesar de esta doble, y casi simultánea, publicación, el escrito (como todos los míos) apenas tuvo repercusión. Razones habrá para tan escasa fortuna pero, al margen de ellas, permítanme pensar que mi tesis era afortunada y relevante. Ahora el ataque concertado contra la COPE por parte del Ministro Montilla y el Gobierno de la Generalidad de Cataluña (el mismo perro con distintos collares) confirma lamentablemente su pertinencia.

No recuerdo con mucha precisión el detalle de mis desarrollos y no tengo aquel texto a mano. Pero sí me acuerdo de su punto de partida, y es éste el que interesa a mi propósito de ahora. Es el caso que el artículo 20.1 d) de la vigente (en precario, pero vigente todavía) Constitución española consagra el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Seguramente, el lector ingenuo, poco alertado ante la naturaleza expansiva del poder político, y poco familiarizado con el crucial papel que la libertad de información ha jugado en la historia del gobierno democrático, seguramente, digo, ese lector ingenuo encontrará esta formulación irreprochable. Sin embargo, muy al contrario, la introducción constitucional del requisito de la veracidad destruye la libertad que aparentemente consagra.

Repárese, sino, en la circunstancia de que un precepto como éste es perfectamente asumible por cualquier régimen despótico. También los soviéticos toleraban la información veraz; el pequeño problema estaba en que el juicio de veracidad quedaba reservado a las instancias supremas del PCUS. Y tenían tal devoción y tal capacidad de definir la verdad que podían proyectarla retrospectivamente, modificando cuando era preciso la verdad del pasado. Cosa parecida acontecía con los nacionalsocialistas. Goebbels y el complejo aparato que de él dependía no tenían otra misión que establecer la “verdad”. Más o menos lo mismo puede decirse de cualquiera de los despotismos actuales.

En la realidad, salvo en sociedades muy simples, no hay posibilidad de definir apriorísticamente una información social veraz. Los intereses son muy diversos y encontrados, las ideas muy diferentes y contrapuestas, los criterios de los expertos, incluso en los raros casos en que consiguen abstraerse de intereses e ideologías, rara vez son coincidentes. A lo sumo, la veracidad social de la información es la resultante de la conjugación de versiones parciales y diferenciadas, un punto de llegada, no una restricción de partida.

¿Quiere esto decir que postulo una información mendaz, como provocativamente sugería el título de mi artículo? Naturalmente que no. Lo que quiere decir es que constitucionalmente no se puede subordinar el derecho a la información al requisito previo de la veracidad. Como se ha dicho, lo específico del régimen democrático es la libertad de información. En consecuencia, los excesos que se puedan producir en el ejercicio de esa libertad, como de cualquiera otra, sólo pueden resolverse por los tribunales, a virtud del oportuno procedimiento judicial. Cuando el bien jurídico de la libertad de información, en principio irrestricta, colisiona con otros bienes jurídicamente protegidos, como por ejemplo el derecho al honor o a la intimidad de las personas corresponde a los jueces decidir el litigio. Si en alguno de los programas de la COPE se ha faltado al honor de los gobernantes nacionalistas y socialistas, que padecemos, se les ha injuriado o calumniado, tienen éstos expedito el camino judicial.

Pero la penosa redacción del artículo 20.1 d) de nuestra Constitución, técnicamente tan menesterosa e ideológicamente tan confusa, abre una oportunidad al despotismo que, naturalmente, Montilla y los miembros del tripartito catalán intentan aprovechar. A cualquiera se le ocurre que la consagración constitucional de la libertad de información se justifica para proteger a los que dicen cosas desagradables del Gobierno. Las empresas y periodistas serviles al poder no la precisan.

Resulta aterradora la inclinación despótica de nuestros gobernantes nacionalistas y socialistas. Controlan la mayor parte de los medios escritos; en algunas regiones la casi totalidad. Al servicio de ese control pueden usar instrumentos tan espurios como la llamada “publicidad institucional”, la concesión de la impresión de publicaciones oficiales, periódicas o unitarias, a talleres propiedad de las editoras de esos medios y mil otros recursos. Respecto de los medios radiofónicos y televisivos el control es todavía mayor. Por un lado, disponen de emisoras públicas de radio y televisión que, de hecho, son emisoras gubernamentales. Estas aberraciones se justifican apelando a su sedicente consideración de servicio público (nunca nadie me ha explicado porqué el periódico escrito, en cambio, no es un “servicio público”). Pero, además, la limitación de los espacios radiofónicos y televisivos impone el régimen de concesión a las emisoras privadas. Amén del potencial de corrupción que esto supone, es muy obvio que la complacencia con el gobierno es condición necesaria, aunque no siempre sea suficiente, para obtener una concesión. Porque nuestros gobernantes usan los criterios de capacidad técnica y garantía del pluralismo con desenvoltura y cinismo insuperables.

Pues bien, no les basta una abrumadora hegemonía. Están dispuestos a acabar con las voces discrepantes, aunque sean minoritarias, en busca del monopolio total de la información. A este propósito, el asedio de Montilla y los gobernantes del tripartito a la COPE persigue un doble objetivo: 1) librarse de una voz incordiante; 2) robustecer el poder de don Jesús Polanco, que funciona como un Goebbels externalizado, añagaza ésta de la externalización de la propaganda política que ha de reconocerse particularmente inteligente. En esta democracia del callejón del Gato, con sus espejos deformantes, el Gobierno de la Generalidad catalana ha pedido un informe al Consejo Audiovisual de Cataluña. Como es regla en nuestra partitocracia, esta institución está compuesta por expertos designados por los partidos (a alguno conozco yo) y serviles a ellos. Su verdadera función es disfrazar con ropaje jurídico-técnico el arbitrio político. Si la Generalidad se empeña en revocar las licencias de la COPE en Cataluña nada puede esperar de tan famoso Consejo. Recen los Obispos (a Dios rogando) y búsquense un buen abogado (con el mazo dando), mientas subsista algún residuo de independencia judicial, que también con ella acabarán, más pronto que tarde, los déspotas que nos gobiernan. Quedará PRISA y asociados como fuente de información, tan “veraz” como única.

José Vilas Nogueira es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Santiago de Compostela

El modelo del Estatuto catalán
J. M. DE AREILZA CARVAJAL/PROFESOR DE DERECHO COMUNITARIO INSTITUTO DE EMPRESA El Correo 1 Noviembre 2005

Lo peor del nuevo Estatuto catalán es el modelo de Estado confederal que propugna y por ello es un texto muy difícil de enmendar, como ahora quiere hacer el PSOE en las Cortes Generales después de haberlo promovido en el Parlamento catalán. La proclamación de Cataluña como nación en el preámbulo y en su artículo 1 no es nada retórica: esta afirmación sienta las bases para la construcción sistemática de Cataluña como un Estado confederado, sin este nombre, a través de 226 artículos más.

Conforme al Estatuto, el Estado desaparecería de Cataluña y sería sustituido por la Generalidad en toda competencia territorializable. En las demás materias, la futura relación Cataluña-Estado sería casi por completo bilateral, es decir, entre partes iguales, sólo que el Estado apenas podría intervenir en los asuntos catalanes y los representantes catalanes sí podrían condicionar bastantes decisiones del Estado. En el fondo, el Estatuto trata de eliminar cualquier relación con un poder vertical sustantivo, por encima de Cataluña, salvando la inserción en la Unión Europea a través de lo que sería la cáscara del Estado español. De este modo, Cataluña lograría la aplicación en su territorio de los tratados europeos, un extremo importante para los políticos del tripartito que lógicamente no quieren quedarse fuera de la Unión.

Esta nueva configuración que se propone de la comunidad política catalana requiría que a medio plazo España se transformase en un Estado plurinacional, radicalmente distinto del Estado autonómico que diseñó la Constitución de 1978. De acuerdo con el texto aprobado en su Parlamento, Cataluña ya no formaría parte de la nación española, sino de dicho Estado plurinacional. Al negarse que la soberanía radica en el pueblo español, ésta tendería a disgregarse en distintas naciones, todavía por definir, una de las cuales sería desde luego la catalana.

De este modo, si se aprueba el Estatuto con sólo rebajas parciales y se consagra este modelo confederal, a las comunidades autónomas gobernadas por nacionalistas, y también a las autonomías que contribuyen de forma neta al Estado, les puede cegar la idea de obtener beneficios a corto plazo. Seguirían de este modo el ejemplo del Estatuto catalán y evolucionarían hacia una relación confederal parecida. A cambio, para las autonomías que reciben fondos del Estado, la autodeterminación y la autofinanciación no tiene sentido y con el debilitamiento del Estado pueden verse a medio plazo muy perjudicadas en el nivel de servicios públicos en sus territorios, justo en los años en los que empezarán a disminuir de modo muy significativo los fondos europeos.

Así que el problema no es tanto las palabras como el modelo, no muy distinto de lo que contenía el rechazado plan Ibarreche. Es cierto que nuestras palabras son nuestros mundos, como explica el filósofo británico Philip Allot, y que por muchos juegos semánticos que hagamos, al final en política nuestros vocablos significan cosas muy importantes. Pero ojalá nuestros representantes no pierdan de vista el estéril modelo que se propone. Sólo a una minoría de ciudadanos le interesa que España pase a ser un ente compuesto por un número indeterminado de unidades 'nacionales', cada una con intereses propios y con frecuencia contradictorios y sin el arbitraje claro de un gobierno y un parlamento de ámbito nacional con capacidad decisoria. Es una perspectiva política en la casi todos perderíamos y que no ofrecería estabilidad. Por eso una reforma del proyecto de Estatuto catalán en las Cortes Generales sólo puede ser muy profunda y debe afectar a casi todo su artículado. Lo mejor sin duda es que se retirara y que empezasen los dos grandes partidos a hablar en serio de cómo mejorar la Constitución de 1978, para evitar este tipo de reformas peligrosas y por la puerta de atrás de las reglas básicas que aseguran nuestra convivencia política.

QUEMAN UNA OFICINA DEL TREN EN RENTERÍA
Agentes de la Ertzaintza disparan al aire para no ser linchados por terroristas callejeros en San Sebastián
Nueva jornada violenta en el País Vasco. En Rentería unos encapuchados prendieron fuego la oficina del Eusko Tren, tras sacar de la misma al expendedor de billetes. Horas antes, en San Sebastián, los terroristas callejeros conmemoraron la muerte de "Kotto", el preso etarra suicida, quemando contenedores en varias calles. Un agente de paisano de la Ertzaintza fue reconocido y tanto él como sus compañeros tuvieron que efectuar disparos al aire para evitar el linchamiento.
Agencias Libertad Digital  1 Noviembre 2005

Un grupo de encapuchados quemó en la noche del lunes la oficina de expedición de billetes de Eusko Tren del municipio guipuzcoano de Rentería, después de obligar a salir al trabajador que se encontraba en su interior en el momento del ataque.

Según ha informado el departamento de Interior, hacia las 22:20 horas un grupo de personas encapuchadas se dirigieron a la estación del barrio de Galtzaragorda del citado municipio guipuzcoano, y ordenaron al trabajador que se encontraba en la oficina a que abandonara su puesto. Cuando el hombre salió, rociaron las instalaciones con líquido inflamable y prendieron fuego. Como consecuencia del incendio, no se produjeron heridos pero sí ocasionó importantes daños materiales en la estación.

Este ataque de Rentería ocurrió dos horas después de los incidentes registrados en el centro de San Sebastián al término de un homenaje al preso etarra, José Angel Altzuguren, alias "Kotto", que apareció ahorcado en su celda de la cárcel de Soria.

Interior expuso que anoche grupos de encapuchados volcaron y quemaron contenedores en el Boulevard de la capital guipuzcoana. Agentes de la Ertzaintza de paisano tuvieron que realizar un disparo al aire al ser reconocido un agente por los terroristas callejeros que protagonizaban dichos incidentes. Los encapuchados se dispersaron y no hubo heridos ni detenidos, según informó el Departamento de Interior a Europa Press.

Los incidentes comenzaron sobre las ocho y media de la tarde. Participantes en el acto homenaje a "Kotto" comenzaron a cruzar y quemar contenedores, encapuchados, en la calle Aldamar y cercanías de la capital guipuzcoana. En el transcurso de los incidentes, los alborotadores reconocieron a un agente de la Policía vasca de paisano y, al verse acorralados, los agentes efectuaron un disparo al aire, consiguiendo que los agresores huyeran.

Los profesores «discriminados» piden a Ibarretxe que les escuche
ABC 1 Noviembre 2005

Tras cuatro días de marcha, desde Bilbao a Vitoria, cerca de 40 personas finalizaron ayer en Ajuria Enea la «marcha de la tiza». Los docentes, que han contado con el apoyo de los sindicatos y del PP y PSE-EE, se dirigieron a la sede del Gobierno vasco donde entregaron una nota en la que reclaman ser recibidos por el lehendakari. Carmen Prieto, portavoz del colectivo de los 157 profesores que no han acreditado el nivel del euskera requerido, explicó que en la misiva señalan que «es hora de que Ibarreche nos reciba y nos escuche».


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