AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 4 Noviembre 2005
España 1931-2005
FRANCISCO RODRÍGUEZ ADRADOS ABC 4 Noviembre 2005

¿Socialistas o cerriles?
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 4 Noviembre 2005

Las secuelas de la ruptura
Editorial ABC 4 Noviembre 2005

El presidente y su superficie
Por CARLOS HERRERA ABC 4 Noviembre 2005

El concilio de los impostores
Pablo Molina Libertad Digital 4 Noviembre 2005

Cruel discusión
Editorial El Correo 4 Noviembre 2005

Vuelco histórico
Jorge Vilches Libertad Digital 4 Noviembre 2005

¿A qué juega Duran i Lleida?
EDITORIAL Libertad Digital 4 Noviembre 2005

El discurso de Rajoy
Agapito Maestre Libertad Digital 4 Noviembre 2005

Son de izquierda
Serafín Fanjul Libertad Digital 4 Noviembre 2005

Estatut y Estado social
LEOPOLDO TOLIVAR ALAS El Correo 4 Noviembre 2005

Oficio de difuntos
ALFONSO DE LA VEGA La Voz 4 Noviembre 2005

SÓLO ANTE EL PELIGRO
LORENZO BERNALDO DE QUIRÓS El Ideal Gallego 4 Noviembre 2005

Rajoy en Estado puro
Santi Lucas elsemanaldigital 4 Noviembre 2005

ÉL ES EL GRAN PROBLEMA
POR RAMÓN PI El Ideal Gallego 4 Noviembre 2005

En defensa del derecho de la Cadena COPE a informar como le plazca y de los ciudadanos a sintonizarla
Jesús Cacho elconfidencial 4 Noviembre 2005

Prohibido fumar, escupir y ser de derechas
José Javier Esparza elsemanaldigital 4 Noviembre 2005

Pido la paz y la palabra
Eusebio Cedena Gallardo elsemanaldigital  4 Noviembre 2005

Predicar y dar trigo
Editorial HERALDO DE ARAGÓN  4 Noviembre 2005

Guerra y Bono, en peligro
Pablo Sebastián Estrella Digital4 Noviembre 2005

La Generalitat subvenciona el boicot
Por Elena de Regoyos Periodista Digital 4 Noviembre 2005

«La lengua no conforma ninguna identidad nacional»
Enrique Clemente La  Voz  Madrid  4 Noviembre 2005

Deber de conocer, sólo para el idioma común español
Nota del Editor 4 Noviembre 2005

 

España 1931-2005
POR FRANCISCO RODRÍGUEZ ADRADOS DE LAS REALES ACADEMIAS ESPAÑOLA Y DE LA HISTORIA
ABC 4 Noviembre 2005

... Zapatero y los suyos han construido un grupo como aquel de la segunda República, en el que se aliaron los socialistas de Largo Caballero, los comunistas, anarquistas y separatistas. Cómo acabó, ya lo sabemos...

VOY a hablar de semejanzas y diferencias. La España de 2005 la vivimos (y la sufrimos) todos. Sigue a las crisis de 1931 y 1975: tras cada una, un estatuto catalán, este será el tercero, si es que sale. Cada uno más desintegrador que el anterior.

Cosas parecidas en crisis anteriores: la de 1873, con la primera República y el federalismo de Pi y Margall (nuestros nuevos federalistas deberían leer cómo acabó); la de 1898, la de Cuba, cuando nació realmente el nacionalismo catalán y, miméticamente, el vasco. Se podría seguir hacia atrás.

En 1936 fue el dramático fin de la crisis que comenzó con la segunda República de 1931, yo la viví desde Salamanca. Y lo he leído casi todo. Soy buen testigo, «el tercero que está», no implicado directamente.

Hay demasiadas semejanzas (luego hablaré de las diferencias) entre la segunda República y el momento actual. Semejanzas: Zapatero y los suyos han construido un grupo como aquel de la segunda República, en el que se aliaron los socialistas de Largo Caballero, los comunistas, anarquistas y separatistas. Cómo acabó, ya lo sabemos.

En el grupo ahora construido entran los herederos de aquel antiguo. Creen que representan el futuro (yo creo que el pasado). Son antiamericanos (americanizados, por supuesto), antimilitaristas, anticlericales. Se implican en la peligrosa aventura de estatutos y autodeterminaciones: prometen demasiado, luego vacilan, ya veremos lo que sale. ¡La nación entera, temerosa, es testigo día tras día, mes tras mes, de un juego peligroso!

La historia de España desde Grecia y Roma, la reconquista frente el moro, el descubrimiento y conquista de América no les dicen nada. Nuestra cultura occidental parece que tampoco. En su mundo todo es igual a todo (frase de Papini), todos somos «amigos».

Pero es bien claro que no vamos a islamizarnos nosotros, van a occidentalizarse ellos, antes o después. A pesar de las bombas, del velo y de lo demás.

Se alían nuestros socialistas otra vez con los que siguen las posiciones más extremas, con los diversos nacionalismos y separatismos. No es para tanto, dicen, se busca un acuerdo: autogobierno catalán y seguridad para todos. Diálogo, etc. Algo que equivale a una propuesta de ruptura de la Constitución y no pueden presentar como tal (no tienen los votos), lo presentan como un estatuto que asearán debidamente. Mejor habría sido que, según está ahora, no lo hubieran admitido. No es de recibo.

Escucho a don Manuel Azaña en las Cortes del 31 defendiendo el Estatuto catalán: pacificará a España, todos iremos juntos. Copio del excelente libro de García de Enterría Manuel Azaña. Sobre la autonomía política de Cataluña. Dice Azaña:

«La libertad de Cataluña y la de España es la misma cosa...», «un estatuto de Autonomía dentro de la Constitución republicana», «la unidad esencial de España no puede padecer». En el Estatuto, art. 48, se decía que «es obligatorio el estudio de la lengua castellana y esta se utilizará también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autonónomas». Suena bien. Ya me gustaría oírlo de nuevo. Y que fuera verdad. Pero los políticos catalanes hablaban ya entonces de autodeterminación, con Wilson, aunque él se refería en realidad a las naciones ex coloniales. Y Ortega y Unamuno desconfiaban.

Ya saben la continuación. Luego, tras el volem l´ Estatut a la caída del Franquismo, surgió el segundo Estatut. ¡Qué bien se habría hecho en restaurar el del 31! Si hubiera habido buena fe, con ceder una vez, en 1931, habría bastado. Pues ahora vamos por el tercero. Será, si es, el gran modelo para otros estatutos, por no hablar del tema más peligroso, el de los vascos.

Saltemos a nuestros días. Imprudentemente, Zapatero se puso al lado de los independentistas, algunos sin disfraz, otros con él. A ver cómo se las compone ahora. Pero vuelvo atrás, una vez más. En realidad, aquel primer estatuto vino del Pacto de San Sebastián en 1930: repartámosnos el poder, esa era la no tan novedosa doctrina política. Luego, en el 34, Compayns proclamó el «Estat Catalá» desde el balcón de la plaza de Sant Jaume. No sin cierto temor («veremos cómo acaba esto», dicen que dijo). Y en el 36 y siguientes, la Generalitat fue la cruz de Azaña y de Negrín, entre otros: de independentismo «necio y aldeano» hablaba Negrín. Así, en cita literal, en el libro La guerra civil vista por los exiliados de Carlos Rojas.

En fin. El terrible error -y por esto hablaba de semejanzas- fue que, como otra vez ahora, la izquierda, incluso los sectores más liberales, se unió en un momento dado a los extremistas y a los separatistas. Por puro cálculo del voto. ¡Qué error el de olvidar la historia!

Pero así ha sido. El pacto de Gobierno, tras 2004, fue miserable. En vez de un pacto, a la alemana, entre los partidos mayoritarios, cuyos programas no estaban tan lejos, aliémonos, pensaron, con la que llaman los ingleses franja lunática. Esto en Madrid. Y los catalanes crearon su tripartito. Con él, tras el primer y el segundo estatuto, aprovechando las crisis de España, como siempre, ¡vayamos a por el tercero, el más radical!, se dijeron.

Una nación con bases romanas y un poder centralizado desde hace 1.500 años, reconstruido luego tras la derrota del moro a fines del siglo XV, no nacido ayer, como nos quieren hacer creer, está en riesgo. Ahora es un «estado» que aceptarán sus «naciones» si lo estiman conveniente. Una minoría ínfima puede arrasarlo todo. Extraña democracia.

Y se renuevan artificialmente los rescoldos de aquella lucha civil ya olvidada. Se bastardea el programa socialista, que nunca ha propuesto la escisión de España. No saben ni qué hacer. Está, sin duda, su conciencia, pero temen perder la unidad del partido y la opción al poder.

Y es que la derecha había aceptado un pacto: la Constitución. Y cerró los ojos (e igual los socialistas) ante su incumplimiento: eso de la obligación de aprender el español y el derecho a usarlo, eso de no admitir partidos contrarios a la Constitución, son letra muerta. Las Autonomías rebasaron su marco original: derroches, tabiques, usurpación de la Educación. La lengua española por los suelos. ¡Y algunos piden más! En fin, he hablado de semejanzas y diferencias. Ahora van las diferencias.

La situación social es distinta, el nivel de vida ha subido. Ya no existe aquel modelo de la revolución soviética que perseguían el famoso Lenin español y otros más, tampoco el modelo fascista. ¿Por qué repetir, entonces, aquellas alianzas? Pues se repiten. Zapatero y los suyos se alían a los herederos de las locuras de entonces. Dice que es «rojo». Ni él mismo se lo cree.

Pues bien, las cosas han cambiado. Hay nivel de vida y hay paz social, salvo hechos puntuales. Los partidos no tienen pistoleros. Solo hay unos agitadores que buscan subvenciones. Ni hay derecha extrema significativa sobre modelos fascistas o nazis. Ni hay ejército conflictivo.

Es un clima diferente, con unos ciudadanos bien alimentados, pacíficos, enemigos de sueños fratricidas. ¿A qué viene el intento de reintroducir el clima aquél, con problemas creados artificialmente por unos pocos políticos?

Zapatero, con ayuda de sus socialistas y de los nacionalistas y los separatistas, será presidente hasta que Dios lo quiera.

Veremos. De momento, las esperanzas de que, dentro del partido socialista, se desgajara el sector que no gusta de esas alianzas, se han esfumado. La disciplina de voto y la esperanza en los recortes, han podido más: han votado por la admisión para el debate de un texto que no querían. Y estamos donde estábamos hace setenta y cuatro años, en el momento que parecía superado. Esperamos, tan sólo, que muchos hayan aprendido y que las turbulencias envueltas en buenas palabras acaben por amainar y pasar.

¿Socialistas o cerriles?
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 4 Noviembre 2005

Antes de ayer comenzó la marcha sobre Madrid encabezada por Carod y Mas; pronto se sumarán Otegi e Ibarretxe; después vendrán Quintana y Touriño, y animándoles, franqueándoles el camino, prestándoles las instituciones del Estado, José Luis Rodríguez Zapatero: el enterrador del sistema autonómico y, si todo le sale bien, de España. (Contemplan el espectáculo los europeos, algunos con fruición, la mayoría con inquietud.)

¿Y los socialistas? ¿Qué dicen las gentes del PSOE acerca de este juego siniestro en el que les ha embarcado este oscuro diputado, elegido por chiripa Secretario General y triunfador sorpresivo en las últimas elecciones gracias a la decisión de fuerzas que aún desconocemos?

Los socialistas están haciendo de comparsas activos de las minorías periféricas pre-ilustradas (como la ha calificado con razón Mariano Rajoy); han renunciado a poner al día la socialdemocracia en estos comienzos de siglo y, por el contrario, se dedican a apadrinar a unas minorías regionales que no entienden la existencia fuera del fango de «la tierra y la sangre» y cuyo único sentido de modernidad es la actualización electrónica del caciquismo. Desde hace tiempo los socialistas -catalanes y vascos- vienen colaborando con las prácticas políticas de los nacionalistas que no consisten en otra cosa que utilizar la lengua minoritaria y no común como instrumento de discriminación; convertir la tribu familiar en un modesto Estado/nación y hacer una religión de su fracasada contestación a todo lo español en los dos/tres últimos siglos.

Hay un aspecto muy humillante para los socialistas en toda esta política: al apoyar la ideología rancia de Arana, Torres i Bages, Prat de la Riba, Brañas y todos los clérigos del nacionalismo etnicista, los socialistas niegan lo mejor -y tan escaso- de su pasado e incluso se niegan a sí mismos como ciudadanos españoles. Esto que puede resultar gratificante para un político como Zapatero que busca el aplauso y el poder en el más refinado de los masoquismos, no les resulta digerible a gentes normales. Porque, ¿cómo no podría ser así cuando uno tiene que negar la propia nación que, por cierto, es la más antigua de Europa y su aportación ha sido definitiva para la construcción de la civilización occidental?

Es lógico que los socialistas estén desconcertados y humillados. El papel ancilar de Manuela de Madre no es precisamente sugestivo. Así que deberán elegir entre ser palanganeros históricos de los nacionalistas o buscar el entronque con lo mejor de su pasado, esto es, con lo más cercano al liberalismo español: al discurso de Rajoy.

Las secuelas de la ruptura
Editorial ABC 4 Noviembre 2005

TODAS las intervenciones del Gobierno, el PSOE y los grupos minoritarios del Congreso durante el pleno de toma en consideración del proyecto de Estatuto catalán tuvieron como denominador común el arrinconamiento del PP, en una suerte de reedición parlamentaria del pacto del Tinell (el acuerdo programático del tripartito catalán en el que se excluye cualquier posibilidad de entendimiento con los populares en Cataluña y en Madrid). Tanto empeño pusieron en este propósito que las prioridades del debate se trastocaron, de forma que la propuesta remitida desde Cataluña acabó sirviendo de palanca para intentar desencajar a la oposición.

Para sacar adelante este nuevo Estatuto, el PSOE y sus aliados parecen necesitar una fuerza política que no hallan en la normalidad del Estado autonómico, ni en la salud del orden constitucional, sino en el reavivamiento del conflicto entre Cataluña y España y en la deslegitimación democrática de la derecha. Un objetivo tan letal para el país es costoso en medios y en perjuicios, porque adulterar la Historia exige una pérdida sensible de moral pública y de honradez intelectual.

Se trata, por acción u omisión del Gobierno, de no escatimar esfuerzos para que el PP sea excluido del circuito democrático. Rodríguez Zapatero llegó incluso a cuestionar una certeza histórica tan innegable como fue el contenido real del consenso constitucional mantenido por derecha e izquierda para el desarrollo autonómico. Dijo el presidente del Gobierno que ese consenso consiste en «el respeto a las formas y a los procedimientos». Tal afirmación es una huida del pasado, que se ha convertido en incómodo para Zapatero, porque el consenso que ahora desvitaliza con tanto afán siempre ha consistido en acuerdos concretos y efectivos. Su afirmación sólo es posible desconociendo los acuerdos autonómicos de 1981; la aprobación del Concierto Vasco (y su renovación indefinida en 2002); la polémica Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico; la Ley de Financiación autonómica de 1996; las doce reformas estatutarias aprobadas en el primer mandato de Aznar, o las quince leyes de cesiones de tributos a otras tantas Comunidades en su segundo mandato.

Todos estos avances del Estado autonómico contaron con ese consenso sustantivo -no meramente formal- entre derecha e izquierda que Zapatero parece ignorar. Los gestos son muy ilustrativos. Y ahora cobra todo sentido que Zapatero no defendiera la posición del Gobierno en la toma en consideración de la reforma del Estatuto valenciano, como sí lo ha hecho con el Plan Ibarretxe y el nuevo Estatuto catalán. El PSOE ha llegado a un punto en el que ya no sabría gestionar la normalidad política con el otro gran partido de ámbito nacional.

El principal problema del socialismo y del jefe del Gobierno es que han perdido crédito político para exigir al PP un consenso que, de antemano, no sólo no desean, sino que cercenan, haciéndolo imposible. No es ésta la única esperanza frustrada por la táctica de confrontación del PSOE. También se frustró la esperanza de una rectificación por parte del Ejecutivo en su actitud frente al proyecto de nuevo Estatuto catalán, bajo el paraguas del informe de los cuatro expertos consultados por el PSOE, convertidos en oráculos de las reformas que los socialistas prometieron introducir en el texto. Quienes creyeron en esta promesa -muchos socialistas, sin duda- también se habrán sentido defraudados, al no escuchar en el discurso presidencial ni una mínima referencia a la definición de Cataluña como nación, eludida con la fórmula nada ingeniosa de la «identidad nacional».

Zapatero no ha sido fiel al verdadero consenso constitucional que han venido practicando tanto la izquierda como la derecha desde 1978 -y cuyos logros valoró recientemente Su Alteza Real el Príncipe de Asturias durante la entrega en Oviedo de los premios que llevan su nombre-, ni ha respetado la verdad de los hechos históricos, minusvalorando el esfuerzo que la derecha y la izquierda españolas hicieron por consolidar y desarrollar el sistema autonómico que tanto alabó el miércoles. Tampoco acierta cuando no tiene en cuenta el deseo mayoritario de los españoles de que PP y PSOE pacten las cuestiones de Estado, ni parece ser consciente de que su mandato está propiciando la mayor discordia entre españoles desde el advenimiento de la democracia.

El presidente y su superficie
Por CARLOS HERRERA ABC 4 Noviembre 2005

UNA conclusión dolorosa me aplasta contra el folio en blanco y deja en el aire que me rodea un aroma de decepción particularmente molesto: el presidente Rodríguez es, en realidad, tan superficial como parece. Durante algún tiempo hemos podido vivir en la duda, alternar esperanzas y certezas, pero después de la sesión de anteayer en el Congreso ya no queda resquicio alguno por el que justificar determinadas indigencias intelectuales. Es difuso, ambiguo, etéreo y vulgar. Disponía el tal de una oportunidad única para desdecir los comentarios malintencionados que correteaban alegremente por cenáculos y tertulias, según los cuales disponemos en la cúpula del Ejecutivo de un sujeto con solvencia intelectual poco definida.

Lamentablemente, no lo hizo. Y no lo hizo, con toda probabilidad, porque no pudo, no porque no quisiera: su tibieza argumental para afrontar un asunto de la envergadura del debatido el miércoles evidenció, a las claras, la nadería que se oculta tras el leve barniz que recubre su débil estructura. Y ello es un drama para todos, sean tirios, sean troyanos, sean partidarios del voto al centroderecha, lo sean a la socialdemocracia. Aunque reconozcámosle, al menos, una virtud: es muy difícil estar hablando tres cuartos de hora y no decir absolutamente nada, recorrer las vastas praderas comunes en las que florecen las frases hechas y recolectar, con el empecinamiento de los opositores, manoseados conceptos huecos de contenido alguno. En la apresurada carrera del miércoles por ser el primero que llega a apoyar el Estatuto catalán, Rodríguez llegó en cabeza y con el entusiasmo de un colegial en busca de la merienda, sin darse cuenta de que aquellos que han presentado el proyecto de estatuto no admitirán a ningún extraño que pretenda enmendarles plana alguna.

La «buena intención» que se le supone cuando propone suplir el término «nación» por el eufemismo de «identidad nacional», por ejemplo, no será suficiente para aquellos que anteayer intercambiaban aplausos de «colegas-comprometidos-para-aislar-al-PP-que-son-superfachas-de-la-muerte». ¿Cómo pueden aquellos parlamentarios socialistas de masa cerebral contrastada aplaudir cortésmente la simpleza discursiva que exhibieron los profesionales del victimismo de siempre? ¿Cómo pueden montar el paripé, sin abochornarse, con un sujeto experto en soflamas nauseabundas como Puigcercós? Cuesta entender cómo no reaccionan dignamente ante el disimulo teatral que consiste en decir una cosa, hacerse la foto con la patita llena de harina por debajo de la puerta y esconder la verdadera apuesta que sólo escenifica el bronco diputado republicano. Lo que hay de veras en el ideario que viaja con el estatuto es lo que verbaliza este tabernario representante y no lo que envolvían en beatíficas posturas los adelantados ponentes que el miércoles presentaron en sociedad sus intenciones. Eso lo reconocen en privado cuantos diputados socialistas uno conoce. Sin embargo, ¿por qué extraño mecanismo de corrección política no se atreven a plantearlo en público, a excepción de un par de valientes?

¿Hay que suponer que Alfonso Guerra, sin ir más lejos, o cualquier otro ocupante de la bancada de la izquierda, está más cerca de un energúmeno como Ercoreca, del PNV, que de un discurso demoledoramente democrático y constitucional como el que articuló Mariano Rajoy?

Rodríguez, en suma, pudo dejar claro que tras su frente no habita el desierto, pero optó para su intervención por coger su guitarra, el poncho, la flautita, el perro dormido, los bongos y el borreguito de Norit. Y de esa guisa, manifestó que su empalagosa palabrería esconde muy poco y que todo su esfuerzo se concentra en dar vueltas por los meandros de la palabra para evitar el terrible trago de decir que no alguna vez o de hacerse mayor y abandonar para siempre los algodonales celestiales en los que parece dormitar. Así no vamos a ninguna parte. O, al menos, a ninguna parte que sea interesante.

Y, además, demostró ser un inculto. Pero eso ya para otro día.
www.carlosherrera.com

El concilio de los impostores
Pablo Molina Libertad Digital 4 Noviembre 2005

Lo he consultado en varias fuentes y estoy en condiciones de afirmar que lo que se debatió el miércoles en el Congreso, no fue el suplicatorio del diputado Rajoy para ser juzgado por crímenes horrendos, sino la toma en consideración del proyecto de reforma del estatuto de la (todavía) Comunidad Autónoma Catalana.

Incapaces de defender un instrumento jurídico que vulnera el orden constitucional y socava los principios básicos de nuestro sistema de convivencia, las fuerzas implicadas –todas menos el Partido Popular– convirtieron la sesión parlamentaria en un auto de fe contra el representante del único partido que mantiene el decoro institucional. También el de todos ellos.

A pesar de su concepto utilitarista de las instituciones, la conciencia de la propia villanía debe estar martirizando severamente a la izquierda, la separatista y la del Kerensky de León. De ahí que se manifiesten con tanta saña contra quien se atreve a defender, en el parlamento o en los medios de comunicación, las cuestiones fundamentales que sustentan un régimen de libertades.

Ver al representante del partido que organizó, instigó y apoyó durante dos años la mayor oleada de violencia callejera que se conoce contra el gobierno legítimo de la nación, acusar al mismo partido de crispar la sociedad por no someterse al diktat separatista, no es un sarcasmo, es una infamia; forraje para un electorado mentalmente infantilizado, pues al parecer ese es el respeto que el votante socialista le merece al portavoz del gobierno de los GAL y de FILESA. Lo mismo cabe decir del portavoz del partido independentista catalán, que para mayor ignominia sigue conservando las mismas siglas que cuando organizaban golpes de estado en los pasados años treinta, dando lecciones de legitimidad democrática y lanzando acusaciones de fascismo a diestra y a diestra.

Porque lo del miércoles pasado no fue una sesión parlamentaria, sino un concilio con ZP en el papel de Camarlengo. A Durán Lleida, el seductor de la melondra refulgente, le tocó el papel de prefecto de la congregación para la doctrina de la fe democrática, para sancionar la dimensión herética de la Conferencia Episcopal Española por su condescendencia hacia la libertad de expresión de sus empleados, herejía demoliberal felizmente extirpada de Cataluña tras veinticinco años de ortodoxia convergente. El representante de la congregación vasca actuó como confesor, con un mensaje sobre las bondades del separatismo que sin duda reconfortó espiritualmente a los hermanos catalanes allí presentes. El padre conciliar representante de la extrema izquierda ecologista, aprovechó su turno para ilustrarnos sobre lo elevado de sus lecturas citando a Suso de Toro, una autoridad en exégesis constitucionalista y mentor del señor ese que sonríe tanto. Su compañero comunista de aquende el Ebro no quiso ser menos y trajo a colación el pensamiento de Blas Piñar (los extremos se tocan, se tocan) y además introdujo en el discurso el latinajo “sic”, sin duda para mortificar a la ministra de Cultura. El prelado del BNG, por su parte, se adentró en el terreno de la patrística, invocando a Marx y Castelao al alimón, para proclamar el dogma sacratísimo de la existencia milenaria de una patria galega, oprimida desde el fascismo primigenio de Isabel la Católica.

En fin, el miércoles comenzó el concilio ecuménico para reformar la teología democrática y condenar los excesos demoliberales de la pretendida nación española, que acabará en cisma, aunque los expulsados por heterodoxos representen a la mitad del cuerpo místico electoral.

Será muy interesante estudiar los documentos finales del sínodo. Excelente material para una tesis sobre nuevas formas de Golpe de Estado.

Pablo Molina es miembro del Instituto Juan de Mariana

Cruel discusión
Editorial El Correo 4 Noviembre 2005

La constitución de la Ponencia de Víctimas en el seno del Parlamento vasco volvió a reflejar ayer las grandes diferencias que separan a las formaciones políticas en cuanto al tratamiento de tan delicada cuestión, con posturas que causan nuevas heridas y un profundo dolor entre quienes han de vivir con el recuerdo de un ser querido asesinado. La pretensión de Aralar y de EHAK de dar cabida en los trabajos de la citada ponencia a casos y personas que a su entender reflejan una injusticia equiparable a la que provoca el terrorismo etarra resulta inadmisible. Como inadmisible es que, ante ello, el PNV no ofrezca otra respuesta que la de la ambigüedad. Es un cruel sarcasmo que se apele a las 'víctimas de todas partes' o a las 'víctimas de todas las violencias'. Porque entre las víctimas del terrorismo etarra y cualquier otro supuesto de vulneración de derechos se dan, cuanto menos, dos diferencias fundamentales. La primera, que el asesinato terrorista no sólo es defendido de forma retrospectiva, sino que sigue siendo jaleado en la actualidad por quienes secundan las consignas de ETA. La segunda, que en el propio Parlamento vasco hay nueve escaños desde los que se condenan 'todas las violencias' menos la de ETA.

En estas circunstancias, y al hablar de víctimas, es un despropósito que Aralar apele a la apertura de una «nueva etapa política». Porque, desgraciadamente, el supuesto cambio al que se refiere el grupo minoritario de la izquierda abertzale no es tal para la memoria de las víctimas asesinadas, ni para las víctimas cotidianas del acoso terrorista. Resulta imposible que quienes alaban, comprenden y se solidarizan con los verdugos sean capaces de sintonizar con la sensibilidad de las víctimas. Siendo eso así, es de justicia demandar del Parlamento vasco que dicha institución no aliente debates que, como el de ayer, resultan hirientes para quienes más sufren y descorazonadores para los ciudadanos que no pretenden otra fórmula de paz que la inmediata desaparición de ETA.

Debate del Estatuto
Vuelco histórico
Jorge Vilches Libertad Digital 4 Noviembre 2005

Legítimo y democrático es que el Parlamento de Cataluña haya elaborado un proyecto de reforma de su Estatuto y, como tal, dicen, hay que aceptarlo. Bien, pero más legítimo y democrático será lo que las Cortes recorten y reformen de ese proyecto, porque esto es lo legal, lo constitucional, lo conveniente y, porque solamente en el Parlamento español reside la soberanía. De esta manera, no caben las amenazas de los nacionalistas catalanes, las “consecuencias imprevisibles” si se “amputa” su proyecto. El silencio del gobierno Zapatero a esas palabras tan gruesas responde a que, en el fondo, le anima el mismo proyecto: otro Estado y la perpetuación en el poder.

La verdadera cuestión que se está dilucidando no es si los políticos de Cataluña podrán disfrutar de un Estatuto a su medida. Los socialistas de Zapatero han abierto la puerta de atrás para cambiar el Estado de las Autonomías por una confederación. No se trata siquiera de una reforma constitucional encubierta, sino de pasar a otra organización política. El paradigma sería una amalgama entre el federalismo socialista de Anselmo Carretero y Suso del Toro, y la ideología nacionalista desde Arana y Prat de la Riva a Reventós.

Ese nuevo Estado se fundaría en la soberanía de los pueblos de España, no de la nación española. Cada pueblo de las Españas podría definir su identidad; es decir, constituirse en región o en nación, con independencia de la opinión del resto del país. Ser español sería como hoy ser europeo, un sentimiento supranacional, casi geográfico. La confederación de naciones supondría redibujar el mapa atendiendo a identidades basadas en las peculiaridades culturales y en la historia medieval.

Las instituciones comunes carecerían de verdaderas competencias porque cada identidad nacional convertida en Estado federado asumiría prácticamente todas, conservaría derecho de veto y participaría en las decisiones estatales. De esta manera, el Congreso de los Diputados y el Gobierno cederían protagonismo al Senado; de ahí el interés de Zapatero de reformar la cámara alta al gusto de los nacionalistas, e introducir este cambio en el mismo paquete que el de la sucesión de la Corona. Esto es lo que les lleva a sostener la existencia de la nación española exclusivamente en la Constitución de 1978: con su modificación todo es posible.

El socialismo gobernante y sus aliados están poniendo las bases para afrontar ese vuelco histórico con garantías. Y para ello dicen que el marco jurídico actual está superado por la realidad, que los principios que lo iluminaron han muerto, y que es necesario pergeñar otros. Por esto el Ejecutivo y su acompañantes desdeñan los informes de instituciones judiciales y consultivas, convierten una vez más un debate parlamentario en un ataque unánime al partido de la oposición, llaman fascistas a los que defienden la integridad de la Constitución democrática, y hablan de catalanofobia, vascofobia, gallegofobia, canariofobia y qué sé yo.

El vuelco histórico que se avecina es mucho más que inquietante. Y esto no es apocalíptico, es el resultado de la incertidumbre creada por el deseo de unos políticos de perpetuarse en el poder no a costa de trabajar para el buen gobierno –lo que es su obligación y para eso se los eligió–, sino de introducir los cambios institucionales y legales suficientes para hacer imposible la alternancia. Cuidado: lo lamentable de la superficialidad de los discursos de Zapatero no está en lo que dice, sino en lo que oculta.

¿A qué juega Duran i Lleida?
EDITORIAL Libertad Digital 4 Noviembre 2005

Una de las intervenciones más insólitas del debate sobre el Estatuto fue la del diputado catalán Josep Antoni Duran i Lleida. En lugar de ceñirse al guión de lo que tocaba y defender el engendro anticonstitucional que su partido llevó al Parlamento, el líder de UDC se desmarcó denigrando innecesariamente a una cadena de radio. La COPE, como no. El tribuno traía preparado el discurso, perfectamente estudiado para no dar puntada sin hilo en los minutos que le tocó dirigirse al hemiciclo.

Tras confesarse abiertamente como "cristiano social", arremetió contra la COPE acusándola de alimentar "odios territoriales", criminalizar a "dirigentes políticos y empresariales" y sembrar "a diario el insulto, el odio y la confrontación". Aventajado alumno del "calumnia que algo queda" se permitió invitar a la misma Iglesia Católica a acabar de inmediato con lo que había denunciado en su delirante intervención.

La posición de todos los nacionalistas catalanes, ya sean de derecha, izquierda o centro, respecto a los medios de comunicación independientes es idéntica. No pueden tolerar que un simple periódico o una simple emisora de radio escape a su férreo control. Esto les ha llevado a hacer el ridículo en numerosas ocasiones en las que su intención liberticida ha quedado siempre de manifiesto. Lo de Duran en el Parlamento, sin embargo, va algo más lejos. Primero porque esa no es la sede para calumniar con palabras tan gruesas a un medio de comunicación. Y segundo porque el debate del miércoles estaba destinado a admitir a trámite una pretendida reforma estatutaria, no a servir de púlpito para la copefobia de todos los mandarines del catalanismo.

Si Duran considera –como el ministro Montilla– que hay profesionales en la COPE que incitan al odio o que insultan, no tiene más que dirigirse a un juzgado con las pruebas del delito. Esa, la judicial, es la única sede donde pueden imputarse faltas de tal calibre. Eso sí, antes de acudir al juzgado debería tener en cuenta que una emisora de radio no delinque, delinquen los individuos, no las siglas, por muy denostadas que éstas sean. Si no es así, si los acusadores se limitan a descalificar sin aportar ni prueba ni nombre alguno, todo lo que podemos hacer es demandar al señor Duran i Lleida que concrete quién o quiénes alimentan odios territoriales y siembran el insulto, el odio y la confrontación. Porque puede suceder que, al final, los que están promoviendo todo eso sean los mismos que se postulan como víctimas, y si no que tenga la gentileza de repasar las páginas del Periódico de Cataluña del pasado fin de semana.

Si, además de calumniar vergonzosamente –y sin más pruebas que una retórica hinchada– a un medio de comunicación, se erige en portavoz parlamentario de una especie de frente anti-COPE su pecado es doble. El Congreso de los Diputados no está para dar rienda suelta a las frustraciones mediáticas de los políticos, ni para servir de parapeto privilegiado de los que quieren poner a la prensa a sus pies. Durante todo el mes de octubre la COPE ha ofrecido a su audiencia mucha información sobre el Estatuto, información que ha acompañado de multitud de análisis por parte de sus especialistas. Exactamente lo mismo que cualquier otra emisora de radio. Ha cumplido con su misión de formar e informar a la parte de la opinión pública que ha elegido su dial. Ahí ha terminado su trabajo. Ni la COPE ni cualquier otro medio de comunicación se encontraban presentes en la tribuna de oradores de la Carrera de San Jerónimo, por lo que era del todo ocioso referirse a ella durante las intervenciones. Otra cosa bien distinta es que los ponentes del Estatuto sean alérgicos a la discrepancia y no sean capaces de soportar que unos periodistas les lleven la contraria. He ahí la clave de todo este asunto. En toda esta farsa a Duran, como "cristiano social", le tocó interpretar este triste papel. Y a él se aplicó con denuedo.

Debate del Estatuto
El discurso de Rajoy
Agapito Maestre Libertad Digital 4 Noviembre 2005

Es inevitable hablar del Discurso de Rajoy. He leído los suficientes discursos parlamentarios para saber que estamos ante uno de los más grandes en la historia reciente de España. Para saber qué pasa en España, resulta, pues, necesario leer y estudiar esta pieza política. Propagar de modo ilustrado las ideas expuestas ayer por Rajoy será la mejor manera de enfrentarse a la propaganda nacionalista, sectaria y anticonstitucional de socialistas e independentistas. Rajoy Se atuvo al asunto jurídico tanto como al estrictamente político, no utilizó en vano la historia reciente de la democracia española, y apartó los sentimentalismos a un lado. Hizo un magistral discurso sobre la viabilidad de la democracia en España. Rajoy escribió un discurso sencillamente extraordinario. A su lado todo era faramalla. Mentira.

Nadie con un poco de sensibilidad puede dejar de reconocer la inteligencia y moralidad que alberga este texto. Si la política es, como dijera Ortega, tener una idea clara de lo que se debe hacer desde el Estado en una nación, entonces Rajoy es el único que sabe qué es la política en España. Demostró con creces que gracias a la palabra, al poder creativo de las palabras bien dichas y argumentadas, los españoles de bien aún podemos albergar una expectativa, o mejor, una esperanza cabal y cierta en la nación española.

“Esperanza”, sí, es la primera contribución del discurso de Rajoy para unos ciudadanos, que nos sentimos inmersos en una fatalidad, patrocinada por unos liberticidas que defiende antes unos extraños “derechos de los pueblos” que los derechos individuales, los derechos. “Esperanza”, de verdad, o sea, libertad es lo que rescata el discurso de Rajoy de la fatalidad antiespañola, que fomenta la palabrería reaccionaria y tergiversadora de Zapatero y los independentistas para mantenerse en el poder. “Esperanza” genuina, o sea libertad, es lo que extrae Rajoy del único poder legítimo de la democracia española: “Un poder que no admite parcelas, que no se divide, que no se comparte. Un poder que delega voluntariamente sus potestades, pero no renuncia a la propiedad. Ninguna instancia delegada es propietaria del poder que recibe.”

Ese poder no es otro, como cualquier demócrata sabe y Rajoy justifica en su discurso, que el pueblo español constituido en nación. He ahí la lección más grande de democracia que el ciudadano español puede recibir de un político: el pueblo español preexiste a cualquier otro tipo de poder. La soberanía del pueblo español es previa incluso a la Constitución. Eso es, precisamente, lo que pretende robarnos Zapatero y los independentistas catalanes.

Muchos temas y fundamentales toca este discurso, que tiempo habrá de comentar, pero me parece imprescindible su crítica al totalitarismo político contenido en el proyecto de Estatuto para Cataluña. A partir del texto de Rajoy uno puede comprender fácilmente cómo los nacionalistas y socialistas están lejos de aceptar el principio clave de la modernidad, a saber, los derechos son de los individuos o no son.

Río Cabe
Son de izquierda
Serafín Fanjul Libertad Digital 4 Noviembre 2005

Hay dudas más que serias sobre el monopolio de la justicia y el progreso humanos por parte de la llamada izquierda. Si entendemos por tal –como ellos mismos se autotitulan– a los movimientos sociopolíticos nacidos a lo largo del siglo XIX y descarrilados en el XX, para discutir tal pretensión bastará con recordar que en su vertiente blanda terminaron en el robo y en la dura, en el crimen. Sin embargo, admitamos que, gracias a su control directo e indirecto de los medios de comunicación, conservan la vieja imagen de punto de referencia moral y, por tanto, de izquierda se proclama cualquiera deseoso de pasar por superior en el plano ético. Sin necesidad de mayores esfuerzos, garantías ni renuncias ya está uno investido con el derecho de juzgar –y condenar, claro– desde mucho más arriba de las nubes a quien venga en gana. Y sin estudiar para ello, que es lo bueno.

Viene esto a propósito de un reciente concilio, habido en Barcelona, de profesionales más o menos colegas de un servidor. Al parecer, en el enjundioso evento, entre otras cosas, se condenaron mis trabajos de los últimos años (también los de César Vidal y por las mismas causas), pero no por motivos técnicos –digamos–, o sea de documentación, exposición, solidez o endeblez de las propuestas. No, las críticas se centraban en mi viraje ideológico, pecado de ejercer la libertad de pensar y algún valor para expresar lo que se piensa en un medio hostil, infracciones ambas del buen acomodo en el rebaño que no hay progre que perdone. Y, como ya se han dado casos anteriores, no es exagerado imaginar que quienes tales cosas dijeran se tienen por de izquierda y, en consecuencia , facultados moralmente para perseguir al réprobo, condenar al fugitivo de la secta y, a ser posible, echarlo a la hoguera y no en efigie precisamente, a la antigua usanza, si no se le podía haber a las manos. Pero no por incompetente, sólo por disidente ideológico: algo es algo. Me extasío repasando los posibles rostros y apellidos y concluyo que sí, que son de izquierda. De toda la vida. Y me lacera pensar cuánto debieron sufrir, en la tortura quemante de su exilio interior, cuando pasaban años y años (y más años) agazapados tras pugnaces y reivindicativas tareas sobre la vida y muerte del astrolabio, la taifa de Denia en la cuarta década del siglo XI, los tratados contra las innovaciones y novedades o la no menos excitante narrativa breve libanesa de entreguerras. El disloque, vamos. Por no aducir otras ocupaciones y temáticas de mucho mayor riesgo y aventura todavía. Con las contadísimas excepciones de dos personas, que no se hallaban en el cónclave de Barcelona (aun Espanya), yo nunca vi arabistas en las asambleas prohibidas, ni en las reuniones clandestinas, ni en las manifestaciones callejeras peligrosas (entonces las manifestaciones lo eran), ya fuese en los postreros años del franquismo o en la Transición. Pero resulta que eran todos de izquierda y yo sin saberlo.

Y es que

Si –en la práctica y aunque jurasen lo contrario– apoyaron la permanencia de Sadam Husein oponiéndose a la intervención americana es porque son de izquierda; Si decidieron desconocer la terrorífica tiranía del fulano de Tikrit es porque son de izquierda; Si, dándoselas hasta de comunistas, se olvidaron del exterminio físico de los miembros de ese partido a manos del Baas iraquí (qué ecológica muerte, a base de pura energía renovable, debieron gozar los muchos cientos de rojos encerrados en el famoso tren de Basora, con ventanas y puertas selladas por fuera y a temperatura de 55 º C a la sombra) es porque son de izquierda; Si no dejan pasar el menor resquicio para significar su apoyo y amor a regímenes de la altura moral de los de Libia, Siria, Arabia, Marruecos, etc. es porque son de izquierda; Si puestos a elegir palestinos siempre se quedan con los burócratas, es porque son de izquierda; Si pierden el trasero por sumarse a la bufa comitiva de historiadores de la talla de Máximo Cajal, Moratinos y Rodríguez (guardián y administrador del BOE, ojo) y a su prodigioso hallazgo de la Alianza de Civilizaciones, es porque son de izquierda; Si se llaman andana cuando alguien menciona la infame situación de la mujer en el islam y salen con la broma macabra de asegurar, muy serios, que “ésa es la verdadera liberación de la mujer”, es porque son de izquierda; Si vuelven a vender la vieja cantaleta del jumento burriciego y cojitranco del al-Andalus de exquisita convivencia entre las Tres Culturas y bla, bla, bla es porque son de izquierda; Y si quieren mantener a árabes y musulmanes reducidos al perfecto estado pintoresco de paisaje multiculturalista, sin importarles lo que en realidad sucede a esos seres humanos, es porque son de izquierda. Y etcétera.

En consecuencia, el arriba firmante, en ejercicio de su libertad, estima que si eso es ser de izquierda, él, desde luego, no es de izquierda. Laus Deo.

Estatut y Estado social
LEOPOLDO TOLIVAR ALAS /CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO El Correo 4 Noviembre 2005

En el debate sobre el nuevo marco de autogobierno que, para Cataluña, ha propuesto la mayoría de su Parlamento, sale inmediatamente a colación, con toda razón, el principio de solidaridad pero, sólo raramente, viene invocándose una cláusula constitucional aún de mayor peso: la definición de España como Estado social.

En efecto, el primer precepto de nuestra norma fundamental, inspirado en el artículo 20.1 de la Constitución alemana, configura al Estado como «social y democrático de Derecho». La cláusula social implica el abandono de una concepción estática, ultraliberal, del Estado y de la igualdad formal de los ciudadanos, y la consiguiente asignación a los poderes públicos de fines y mecanismos de intervención para corregir situaciones injustas o discriminatorias. Lo resume a la perfección el artículo 9.2 de nuestra Constitución: «Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas (y) remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud». Y aunque, evidentemente, igualdad no es uniformidad, como tantas veces ha señalado el Tribunal Constitucional, el principio de no discriminación también se preconiza con respecto a las entidades jurídicas: «Las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales» (art. 138 de la Constitución).

Las pautas a seguir para el logro progresivo del bienestar y la igualdad real inherentes a la declaración de Estado social se hallan dispersas por todo el texto constitucional pero, muy significativamente, las encontramos en el capítulo dedicado a los principios rectores del orden social y económico; criterios y objetivos a cumplir por todos los poderes públicos y que se transmutan, mediante previsiones legales, en derechos sociales invocables y exigibles por la ciudadanía.

Con esta explicación previa cabe preguntarse si el modelo de financiación al que aspira la mayoría de diputados catalanes -agencia tributaria propia, coordinación con el Estado y aportación a éste de algo no muy distinto al cupo vasco-, amén de poco solidario, es conforme a la cláusula de Estado social. De las justificaciones que nos llegan desde aquella comunidad, campaña institucional al margen, se colige que la solidaridad interterritorial por la que aboga la Constitución (artículos 2 y 156) era un mandato transitorio y que, desde Barcelona y aledaños, ya se ha aportado en demasía a la causa común española. No pongo en duda ni la contribución catalana al conjunto del Estado ni la existencia de algún déficit lacerante en materia de infraestructuras viarias, ferroviarias, hidráulicas y, posiblemente, aeroportuarias. Toda colectividad organizada tiene derecho a reclamar una política inversora que acabe con las desigualdades y obsolescencias y fomente sus potencialidades, tan acreditadas en el caso catalán. Y si las carencias provienen, en una región rica, no de la mala gestión sino de un mal modelo de financiación, debe cambiarse éste. Pero, dado que los recursos son escasos, nunca a cambio de degradar los niveles de desarrollo de las comunidades menos florecientes. Y ello por una razón elemental: los territorios son diversos ante la Constitución, pero los ciudadanos somos iguales ante la ley. No hay 17 clases de españoles. Por eso la Constitución no se cansa de proscribir la discriminación por razón de origen (artículos 14 y 139.1), llegando a exigir que la autonomía financiera de las comunidades autónomas sea respetuosa con los principios de coordinación con la Hacienda estatal «y de solidaridad entre todos los españoles» (art. 157.1). Ya no se habla de solidaridad entre regiones sino entre ciudadanos con iguales derechos y deberes en cualquier parte del territorio. Si de un texto estatutario va a derivarse el descenso en los estándares de calidad sociosanitarios, educativos o en las políticas de vivienda, pensiones o empleo, nos estamos cargando, sin ambages, el Estado social. Y decíamos que no hay tantos tipos de españoles como comunidades por la simple razón, guste o no guste, de que la nación a la que se refiere nuestro texto constitucional es común a todos los españoles. De ahí el riesgo de admitir, en este contexto institucional, la pluralidad nacional del Estado, que alentaría no sólo sueños -o pesadillas- secesionistas, sino la ruptura del principio de igualdad en el disfrute de derechos, de todos los ciudadanos con independencia de su cuna o de su residencia.

Naturalmente que el Estado puede cambiar su articulación y adjetivarse como quiera. Los siglos venideros seguro que alternan procesos más descentralizadores y más centralistas, pues nada es eterno y todo es contingente. Pero querer hacer pasar la propuesta de nuevo Estatuto catalán por el marco constitucional es más complejo que el símil evangélico del camello y la aguja. Y ello por más que se traigan a colación, indebidamente, los polémicos y privilegiados derechos históricos de la Adicional Primera de la Constitución que, como ha reconocido el propio Consell Consultiu de la Generalitat, tenía unos destinatarios muy concretos: el País Vasco y Navarra.

No deja de ser curioso que se invoque la evolución federalista del Estado como caballo de Troya con el que colar el 'nou Estatut'. ¿Alguien puede pensar seriamente que un modelo que niega la igualdad territorial y la multilateralidad en las relaciones con el Estado es federal? Un modelo donde la parte pretende condicionar al todo, prescribiendo la reforma de múltiples leyes orgánicas y la propia doctrina del Tribunal Constitucional sobre lo básico en cuestiones nucleares como el Régimen Local. Ya el plan Ibarretxe se empecinaba en contar con una justicia propia para que la nueva comunidad política dispusiera de los tres poderes clásicos, como cualquier Estado que se precie. El órdago catalán va por vía similar y lo sorprendente es que mentes sensatas se conformen con que el Tribunal Supremo, constitucionalmente «órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes», se convierta en un club de sabios limitado a uniformar, desde un caso concreto y pro futuro, criterios ante sentencias contradictorias. Y es que la casación para la unificación de doctrina, allí donde ahora existe, busca más crear jurisprudencia que impartir justicia.

En cuanto a la exigencia del conocimiento del catalán, estamos ante un mero salto cualitativo desde la enseñanza obligatoria, donde la lengua propia también tenía este carácter, a otros ámbitos de la actividad pública y social. A decir verdad, la doctrina constitucional en este punto, inicialmente apegada a la letra del artículo 3.1 de la Constitución, ya se había flexibilizado notablemente.

En fin, entre los muchos aspectos que merecerían un comentario reposado está la crítica generalizada de partidos estatales y agentes económicos al intervencionismo asfixiante que se observa en el texto hacia las iniciativas empresariales y hacia simples comportamientos de particulares. Es normal. Un texto tan largo como farragoso a lo que aspira es a ser un remedo de constitución y por eso se atreve a compilar, incluso, derechos diferenciados de los catalanes. Una lengua, una nación... parece que retrocedemos a los tiempos de Nebrija, pero con menos luces. En fin, como gran aportación, el proyecto estatutario reconoce que la Generalitat es Estado, sin apostar por un artículo determinado o indeterminado, aquí profundamente contradictorios. Estado sí, pero no Estado social.

Oficio de difuntos
ALFONSO DE LA VEGA La Voz 4 Noviembre 2005

EN UNA OCASIÓN Neruda escribió que las palabras de los conquistadores españoles cuando caían de sus yelmos emplumados se convertían en las piedras preciosas de la lengua española. En este Día de Difuntos, en las Cortes, las palabras de los diversos compañeros de aventura del presidente Zapatero sonaban a las monedas de plata arrojadas a la cara de Judas. No le ahorraron la vergüenza de escenificar esta traición al pueblo español, ni de disimular la hiel de ninguna amenaza de lo que nos espera el futuro si se salen con la suya en el proceso contrarrevolucionario que el presidente Zapatero patrocina y ampara. Ahora resulta que todos son eximios representantes de grandes naciones oprimidas desde la noche de los siglos y aprovecharon sin contemplaciones la herida abierta en el templo de la soberanía nacional por quien ha prometido defender la Constitución, para insultar al pueblo español como nación opresora, fementida y canalla.

Si la transición de hace treinta años fue un ejercicio de disimulo en el que tanto el Rey como promotor como el presidente Suárez como gerente entraron con el caballo de Troya en las instituciones y las Cortes franquistas, que se suicidaron políticamente al aprobar la Ley de la Reforma Política, ahora estamos ante una segunda transición. Si la primera transición, más allá de que algunos dirigentes pudieran ser también acusados de perjuros, tenía la significación última de promover la dignidad del pueblo español para que se dotara de instituciones democráticas pese a los defectos de la Constitución, ahora nos hallamos en el umbral del proceso de destrucción de España como nación. Como entonces los procuradores, ahora los diputados han votado su propio suicidio. Pero, a diferencia de los procuradores de Franco, ahora, sin vergüenza, dignidad ni altura de miras.

SÓLO ANTE EL PELIGRO
POR LORENZO BERNALDO DE QUIRÓS El Ideal Gallego 4 Noviembre 2005

La escenificación del debate sobre la admisión a trámite parlamentario del Estatut de Cataluña recordaba la película cuyo título lleva este comentario, con Gary Cooper encarnado en un Rajoy. Sin embargo, la soledad del líder de la oposición era aparente. Tiene detrás a diez millones de ciudadanos y la simpatía aterrorizada de muchos votantes del PSOE que no entienden que Zetapé se haya echado en brazos de los nacionalistas en un viaje cuyo punto de llegada cambia de manera radical el modelo de Estado creado por la Constitución. El miércoles se consagró en el Congreso la ruptura del pacto de la Transición por la aceptación gubernamental de los planteamientos del nacionalismo. A partir de este momento se abre un largo interrogante.

Rajoy apeló a lo elemental en un discurso duro y sereno. No existen derechos colectivos por encima de los individuales y la primacía de los primeros sobre los segundos ha sido siempre una justificación para restringir la libertad. La visión rajoyana de España entronca con la tradición liberal que a lo largo de un dilatado proceso histórico alumbró los derechos individuales y un Estado que los garantiza. Por encima de la inconstitucionalidad del proyecto de Estatut, Rajoy realizó una defensa encendida de la supremacía del individuo frente a cualquier poder y eso es para un liberal lo más importante. El líder del PP puso de manifiesto lo rancio de la filosofía política que sustenta el Estatut y que no es otra que la recreación de las estructuras políticas del Antiguo Régimen.

Es lamentable ver al PSOE identificarse con la España de los privilegios. La posición socialista sobre el Estatut sólo es comprensible por dos razones: primera, Zetapé tiene que ceder para mantenerse en el poder; segunda, tiene una visión confederal de España que trasciende lo constitucional. Cualquiera de esas dos concepciones está cuajada de peligros y pone en riesgo el esquema de convivencia que han dado origen al período más brillante y constructivo de la historia contemporánea española.

En este contexto, la soledad de Rajoy adquiere una enorme y trágica grandeza porque representa los valores de la España abierta y moderna que hizo posible la creación de un régimen de libertades en esta vieja Piel de Toro.

Rajoy en Estado puro
Santi Lucas elsemanaldigital 4 Noviembre 2005

Creo que a los españoles nos sobran fuentes, canales y grifos para informarnos al detalle y con fundamento sobre lo que se ventiló en el Congreso de los Diputados el pasado miércoles. Es más, tras el tute parlamentario de la jornada, hay un riesgo cierto de aburrir a las ovejas y saturar la pericia de la parroquia con tanta calificación, descripción y apreciación en torno a ese acontecimiento político. Gracias a que la bebita Leonor se ha hecho un hueco en la atención de la prensa, la crónica "estatutaria" no ha sido monográfica. Con todo y eso, mi versión de la jugada se recuesta en el prolongado aplauso ofrecido a la intervención de Mariano Rajoy. Una intervención que es digna de guardarse como pieza discursiva de alto interés público, ejemplo de claridad meridiana, y, sobre todo, muy aconsejable para tener presente en los tiempos que corren.

Dice Mariano Rajoy, en la tribuna del Congreso de los Diputados, que le sorprenden pocas cosas en España tras saber que ahora es posible el ejército sin armas, el rey republicano y el independentismo constitucional. Es cierto. Con Zapatero empotrado en una alambicada torrentera verbal, no hay síncope imposible, no hay turbación sorprendente ni hay disparate inalcanzable, cuando se trata de las cosas que más nos debieran importar y nos atañen a todos.

El líder del PP habló en Estado puro. Así lo han reconocido muchos analistas y medios de comunicación. Fue la excepción a una regla torcida. La "izquierda plural" que apoya el Estatuto de Cataluña es una suma política múltiple, pero chata, coja y manca, del sentir y de la voluntad del país. Cuando los españoles votaron el 14-M, bajo la conmoción y la manipulación de un atentado terrible, no incluyeron en la papeleta su respaldo a iniciativas de este pelo, aunque algunos quieran agrandar el paquete. Cuando los catalanes votaron a CiU, mayoritariamente, aunque gobierne el PSC-ERC-IU, no creo que les cupiera en la urna la reforma de su Estatuto que hoy, en su nombre sacrosanto, se exhibe y se pretende.

Cada vez es más frecuente reservar al líder de la oposición el discurso de Estado y al presidente del Gobierno el discurso de "estar", simplemente. Cuando se comparan el carisma, la claridad de ideas, la porción de sentido común, la comprensión y el esfuerzo para discurrir, Rajoy "repasa" a Zapatero una y otra vez con holgura. En un día clave para el futuro de España, el miércoles pasado, volvió a hacerlo. Para algo tendrá que servir tanta agudeza.

ÉL ES EL GRAN PROBLEMA
POR RAMÓN PI El Ideal Gallego 4 Noviembre 2005

No hubo sorpresas: el Congreso dio luz verde a la propuesta de nuevo Estatuto para Cataluña, con el voto en contra del 42 por ciento de la Cámara, que corresponde a los 146 parlamentarios del Partido Popular presentes en el momento de la votación. Decir que el Partido Popular se quedó solo votando en contra es cierto desde un punto de vista aritmético, pero no, desde luego, políticamente.

Es obvio que entre no pocos diputados socialistas hay inquietud por este proceso, cuyas consecuencias no puede decirse que sean imprevisibles, porque algunas de ellas pudieron adivinarse en el curso del debate: diputados vascos, canarios y gallegos ya advirtieron al Gobierno de que después de los catalanes irán ellos, y que no piensan quedarse atrás en lo tocante a desaparición de las competencias y símbolos del Estado en sus territorios respectivos.

Una de las claves políticas del debate la dio la socialista Manuela de Madre cuando dijo a Rodríguez que tenía que ser ahora o nunca, porque ya no volverían a repetirse las circunstancias que han confluido en la situación actual. Esta confesión de parte pone de manifiesto que los socialistas saben que ganaron tres días después de la matanza del 11-M precisamente como consecuencia de la manipulación de aquel trauma emocional, y que en circunstancias normales el resultado habría sido muy otro. En otras palabras, Manuela de Madre reconoció implícitamente que los socialistas saben que muchos que los votaron el año pasado rechazan hoy de pleno lo que está haciendo el PSOE.

Rajoy anunció que el PP intervendrá en los debates sobre el articulado, pero los socialistas acabarán aprobando el texto que les guste a los separatistas: el anuncio lo hizo, oblicuamente, el propio Rodríguez cuando dijo repetidamente que quien tiene el monopolio de la interpretación de la Constitución es el Tribunal Constitucional, al que se le pasará en su día la patata caliente, y tiempo habrá de presionarlo adecuadamente. ¿Alguien cree que el TC tumbaría un Estatuto aclamado en referéndum en Cataluña? Rajoy tenía mucha razón cuando dijo que el problema se llama Rodríguez Zapatero.

En defensa del derecho de la Cadena COPE a informar como le plazca y de los ciudadanos a sintonizarla
Jesús Cacho elconfidencial 4 Noviembre 2005

Hace ahora justamente un par de años tuve ocasión de leer una curiosa noticia según la cual España era, se supone que todavía es, “uno de los países con menor grado de corrupción informativa del mundo”, según se desprendía de las conclusiones de un estudio (cash for news Coverage, dinero por cobertura informativa) llevado a cabo por un tal US Institute for Public Relations y una tal International Public Relations Association.

Muchos años antes y en Madrid, escuché decir a un agudo director de comunicación de uno de los famosos siete grandes bancos privados, hoy reducidos a dos, que “en España los periodistas no se compran: se regalan”. Es evidente que la corrupción periodística puede adquirir formas muy distintas, la mayor parte de ellas totalmente alejadas del burdo “toma el dinero y corre”. Lo mismo ocurre con las libertades informativas, un concepto genérico que admite todo tipo de gradaciones e interpretaciones, a cual más interesada.

Como punto de partida, nadie podría negar en principio que en España existe libertad de prensa o libertades informativas. El artículo 20 de la Constitución, en línea con los Convenios Internacionales de derechos humanos, reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, derechos que no pueden restringirse mediante ningún tipo de censura previa y que sólo pueden ser mediatizados por la autoridad judicial mediante resolución motivada.

Pero eso es la teoría. Quienes llevamos más de 30 años en estas lides sabemos que las cosas son muy distintas en la práctica. Porque la experiencia nos demuestra que no puede haber auténtica libertad de prensa allí donde no existe verdadera separación de poderes, como es el caso de España. Lo han dicho voces más autorizadas que la mía: si los dos pilares sobre los que se asienta una democracia digna de tal nombre son una Justicia independiente del poder político y unos medios de comunicación realmente libres, entonces debemos concluir que la situación por la que ambos atraviesan en España no es sino el reflejo de la pobre calidad de nuestra democracia.

Lo estamos viendo en Cataluña, donde se ha puesto en marcha una histérica campaña contra el derecho de una cadena de emisoras, la cadena COPE, a informar en una dirección opuesta a los intereses del Tripartito. Los ciudadanos catalanes, como el resto de los españoles, disponen de un montón de emisoras para elegir en el dial la que mejor se ajusta a sus necesidades informativas y apetencias ideológicas, del mismo modo que elegimos cuando nos acercamos al quiosco de prensa, o al supermercado de la esquina. A nadie le ponen una pistola en el pecho para que oiga la COPE ni en San Andrés de Llavaneras (Barcelona) ni en Fuentes de Valdepero (Palencia).

La campaña cuenta con el respaldo activo del primer grupo de comunicación español, en realidad un pequeño imperio, casi un Estado dentro del Estado, especialista en manipular la información e ignorar a todo aquel y todo aquello que no se ajusta a la norma de la casa, presidida por el viejo y maniqueo “amigos y enemigos”. Quien haya leído el famoso 1984 de Orwell recordará que el trabajo del protagonista, Winston Smith, en el Ministerio de la Verdad consistía en modificar la historia, suprimiendo determinados nombres de la edición de The Times. Una paranoia que durante años practicó en la Unión Soviética el tirano Stalin, empeñado en eliminar la foto de Trotski de cualquier enciclopedia. El drama es que esas mismas o parecidas técnicas censoras se siguen practicando con impunidad en países teóricamente democráticos, de la mano de respetados medios de comunicación supuestamente libres.

A la tarea de acallar la voz de COPE se suman en Cataluña buena aparte de los medios de comunicación locales y no pocos de sus periodistas. Los enemigos de la libertad, los enemigos del free to choose, no pueden soportar la existencia del discrepante, no pueden resistir mirarse cada mañana en el espejo de una emisora que defiende, con plena legitimidad, unas tesis radicalmente contrarias a las de quienes se empeñan en desbaratar ese edificio de siglos llamado España. Podrían limitarse sencillamente a no oír la COPE, pero la sombra de esta cadena les persigue como un fantasma capaz de recordarles su elección de miembros de la tribu etnicista a la que han entregado su condición de hombres libres.

Es una campaña que desenmascara a toda una clase política acostumbrada a vivir en el muladar del 3% sin que su fino olfato aparentemente rechace tan pestilente aroma de corrupción. Necesitan el silencio de la COPE y de todas las eventuales COPES que en el futuro puedan surgir en el desierto informativo catalán para poder seguir tragando sin pestañear los sapos del caso Carmel, caso Turismo, Caso Casinos y tantos otros como pueblan el estanque dorado barcelonés. Nada podrán contra “el paso erguido del hombre”, que decía Bloch. La partida será larga, pero los censores serán derrotados, víctimas, entre otras cosas, de su propia mediocridad. Desde aquí nuestro incondicional apoyo y solidaridad con la cadena COPE y todos y cada uno de sus periodistas.

Prohibido fumar, escupir y ser de derechas
José Javier Esparza elsemanaldigital 4 Noviembre 2005

La verdad es que uno esperaba alguna reacción solidaria, ¿no? Al fin y al cabo, en su día los cámaras de televisión le hicieron un plante a Aznar porque un reportero de guerra había muerto en un conflicto bélico. Con ese umbral de exigencia corporativa, ¿qué menos que un plante de micrófonos a un ministro y a unos parlamentarios que han amenazado expresamente a un medio de comunicación?

Pues no, oye: ni plante, ni nada. Incluso todo lo contrario: así como no hubo ponente zapaterista que no empuñara la garrota contra la derecha mediática, así han sido los propios medios de comunicación de la órbita gubernamental los que han atizado el fuego contra la COPE, entre otras víctimas propiciatorias. O sea que la solidaridad corporativa tiene un límite ideológico: vale cuando se trata de zaherir a las derechas, se esfuma cuando la derecha es la zaherida. De manera concomitante, la libertad de expresión deja de ser un derecho profesional para convertirse en un privilegio de tribu: sólo se le reconoce libre expresión al que se alinea con la izquierda. Gracias, compañeros.

Lo que vimos ayer en el Congreso es un claro retrato del estado de nuestra vida pública. La mayoría parlamentaria –socialistas, comunistas y secesionistas en diversa gradación- arremete por igual contra la derecha política y la derecha mediática con una hostilidad que va mucho más allá de la rivalidad ideológica. Se pretende excluir al PP de la vida política –incluso hay acuerdos formalizados para ello- como se pretende silenciar a los medios ajenos al vigente pacto (¿o pasto?) gubernamental. No se edifica una mayoría para afianzar un proyecto, sino que el único proyecto es marginar a la minoría. Que la derecha se convierta en un residuo sociológico, en un gueto perpetuo, en una casta inferior de derechos siempre discutibles: tal parece el abusivo propósito (evidentemente, muy poco democrático) de la heteróclita mayoría de ZP.

Aquí tenemos dicho que la derecha es como los negros de la democracia española. En otros países, la derecha es una opción, y otra la izquierda. En España, la izquierda es una opción y la derecha es un pecado. Lo cual, como nadie puede ignorar, es fruto del intenso trabajo de deslegitimación intelectual y política de la derecha (de todas las derechas) emprendido por la izquierda desde antes incluso de la transición; trabajo en el que, todo sea dicho, la propia derecha ha colaborado frecuentemente con entusiasmo. En esta estrategia, eso que se llama "la prensa" no ha sido neutral: ha sido mayoritariamente parcial y ha trabajado con criterios de clara orientación ideológica. El resultado es que hoy la derecha, las numerosas derechas, quedan excluidas en política y amenazadas en expresión. Y lo peor aún está por llegar.

(No, no desesperes, mi amor: la resistencia siempre es mucho más divertida que la victoria).

Pido la paz y la palabra
Eusebio Cedena Gallardo elsemanaldigital  4 Noviembre 2005

La paz y la palabra. Sencillamente. O sea, pido el derecho a opinar y discrepar, tranquilamente, desde la independencia o no, sin ser arrojado por ello a la hoguera del ostracismo, la soledad y el desprecio de aquellos que convierten sus opiniones en verdades absolutas por el hecho de ser mayoritarias aquí y ahora. No me condenen, por favor, señores de la mayoría parlamentaria, por expresar honestamente mis opiniones, aunque no les gusten e incomoden la España de las Maravillas que nos quieren dibujar como si fuéramos una sociedad inmadura e incapaz de soportar la democracia y la pluralidad de las ideas. No manipulen, no tergiversen, no me pongan bajo sospecha, no me sitúen allí donde yo no quiero estar sólo por ser un disidente de la oficialidad del momento. Les juro que yo no hice la Guerra Civil. Y sobre todo, por favor, no confundan la aritmética parlamentaria con la verdad y la razón. No engañen.

Lo diré claro. Estoy en contra del nuevo Estatuto catalán. Tengo derecho a decirlo y me parece ya un deber. No me gusta el Estatuto, supone un peligro para España y una deriva de incierta dirección. Nada bueno. Y me parece sorprendente, inexplicable y de notable gravedad que sea el propio presidente del Gobierno el que haya alentado este proyecto y que, lejos de su posición de Estado, haya asumido la defensa de un texto contra la Constitución, que se sale de nuestro marco de convivencia, lo resquebraja y abre un mundo nuevo de encaje complicado y salida dudosísima. No soy un caso raro, la perplejidad es general. El Estatuto hace daño a España y perjudica a todos. Y pienso que Zapatero no es el adecuado para dirigir con acierto, inteligencia y perspectiva la complicada situación en la que él mismo ha metido a España y Cataluña.

Si me permiten, quiero expresar estas opiniones en paz y libertad. Sin que por ello tenga que pasar por extremista (¿se miraron al espejo?), ultramontano, franquista, rancio y, sobre todo, anticatalán y heredero del levantamiento del 36. No. Rajoy no está solo. Somos millones los que así pensamos, de izquierdas y derechas, y es imposible que haya tantos fascistas a la vez. Sencillamente no: es mentira, radicalmente falso, una de las grandes falsedades de nuestro tiempo. Dejen de provocar tensión. Hay que poder opinar sin tener que pagar estos peajes, que insultan inteligencia, sensibilidad y sentimientos. El miércoles se escenificó en el Congreso el más deplorable de los escenarios democráticos: todos contra el PP y con inquina. Quieren que se calle, pero no por eso el PP dejará de llevar razón, si es que la lleva. Sorprende tener que explicar todo esto a estas alturas, pero así estamos.

Predicar y dar trigo
Editorial HERALDO DE ARAGÓN  4 Noviembre 2005

Nadie habla -tampoco en Aragón- de las pinturas murales de Sijena, incendiadas por una columna republicana salida de Barcelona y trasladadas allí en plena guerra por el Gobierno catalán. Despojo que se vistió luego con ropajes jurídicos de muy dudosa legalidad. Tampoco comprenden los ciudadanos que, tras el terminante -se dijo- decreto de la Congregación para los Obispos, que intima al obispo de Lérida la devolución de bienes cuya propiedad aragonesa no ha variado durante siglos enteros, no se cumpla el mandato. Cataluña es una tierra hermana -podría serlo más si algunos nacionalistas no estuvieran afectados por achaques anexionistas-- con historia y títulos semejantes a los de Aragón. Sí tiene más población, peso político y riqueza. Pero ninguna de esas tres cosas son fuente de derechos. El Vaticano, por su parte, es algo más que un Estado convencional, en el que los obispos deben obediencia plena a la Santa Sede y que predica la justicia. Aragón, que sólo pide lo suyo, no alcanza satisfacción ni de unos, ni de otros. Porque predicar no es lo mismo que dar trigo.

Guerra y Bono, en peligro
Pablo Sebastián Estrella Digital4 Noviembre 2005

Después de lo ocurrido en el Congreso de los Diputados y la admisión a trámite del Estatuto de Cataluña, que encierra una reforma de la Constitución hacia un Estado federal, nadie puede llamarse a engaño. El presidente Zapatero ha tomado la iniciativa y su decisión afecta de manera colegiada a todos los ministros de su Gabinete, aquí incluido el de Defensa, José Bono. De la misma manera que el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha embarcado a todo su partido en la aventura federal sin tener la menor garantía de que los puede conducir a buen puerto porque ahora su estrategia depende de las decisiones que sobre el Estatuto adopten los nacionalistas catalanes.

En estas circunstancias, quienes en el Gobierno y en el PSOE se oponen a esta reforma y a esta política están políticamente en peligro, porque la estrategia “interior” de Zapatero consiste en quemarlos durante unos meses como cómplices y luego relevarlos o marginarlos en el Gobierno y en el PSOE, respectivamente. José Bono y Alfonso Guerra están, pues, en peligro, políticamente hablando.

Como lo están otros miembros más tibios pero contrarios al Estatuto catalán del Gobierno de Zapatero, como son Juan Fernando López Aguilar y José Antonio Alonso, y no digamos otros dirigentes del PSOE que el propio Zapatero pretende marginar y eliminar en sucesivos congresos regionales, con excepción hecha de aquellos que tienen mando en plaza, como el alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, o el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que están a salvo de la cacería interna que la guardia pretoriana de Zapatero en el PSOE está empezando a organizar para que nadie desde dentro obstaculice o ponga en peligro los planes de Zapatero.

De la misma manera que la guardia pretoriana de la Moncloa está buscando el momento oportuno para eliminar a Bono cesándolo en el Gobierno, pero una vez que el ministro se haya quemado lo suficiente como cómplice o cooperador necesario de la operación federal de Zapatero, porque a partir de ahora Bono ya no puede levantar la bandera de España y decir que todo va a llegar a buen término, como dijo ayer, subrayando, con un cierto candor y poca convicción, que los comisionados del Estatuto catalán en el Congreso, Carod, Mas y De Madre, fueron más moderados que el propio Estatuto.

El ministro, que se ausentó explícitamente de una gran parte del debate, ya no puede disimular y además sabe que éste debe ser su momento y que tiene una responsabilidad política con España y con su propia coherencia política. Porque el camino que se ha iniciado ayer, después de que Zapatero defendiera la identidad nacional catalana y le quitara hierro al término nación por su clara vocación federal y su iluso proyecto político, ya no tiene vuelta atrás, por mucho que se limen aristas, porque todas no se van a limar.

Es, pues, la hora de la clarificación de la posición de Bono y también es la hora de la clarificación de Guerra si no quieren ambos dos aparecer mezclados e implicados en todo un proceso que incluye riesgos incalculables y temerarias decisiones como la aprobada en el Congreso de los Diputados. O como las anunciadas por el propio Zapatero, que no tuvo pudor alguno a la hora de invitar al PNV a traer a Madrid un Estatuto idéntico al que han redactado en Cataluña, a sabiendas de que es inconstitucional. Invitación al País Vasco que es, por tanto, extensiva a todas las comunidades autónomas, que están en su derecho de imitar a Maragall y a sus aliados, cosa que ya están haciendo, por ejemplo, en Canarias. Y esto no ha hecho nada más que comenzar.

Cabe imaginar que después de lo ocurrido ayer en Madrid tanto el ministro de Defensa como Alfonso Guerra y otros altos cargos y dirigentes políticos del PSOE estén reflexionando durante unos días antes de tomar una decisión. Pero esa reflexión no se puede prolongar en el tiempo, porque cada día que pasa juega en su contra, y ello por mucho que desde el Gobierno y desde el PSOE les quieran transmitir el mensaje, presuntamente tranquilizador, que va difundiendo por ahí el secretario de Organización de este partido, José Blanco, cuando afirma que el Gobierno y el PSOE tienen encuestas en las que se dice que la mayoría de los españoles no están preocupados por el momento por la reforma del Estatuto catalán y que eso no afecta a la intención de voto y al apoyo electoral que hoy tiene Zapatero.

En la Moncloa y en el PSOE se pasan el día haciendo encuestas y cálculos políticos sobre los sondeos de opinión, pero el que una mayoría de ciudadanos todavía no sean conscientes de lo que está ocurriendo en España no es argumento ni excusa para que Zapatero y su equipo puedan permitirse el lujo de abrir por su cuenta una reforma constitucional, que además de ilegal abre la puerta a una crisis institucional de grandes consecuencias.

Bono y Guerra deben hacer honor a sus creencias, mal que les pese, aunque corran riesgos en su carrera política y a pesar de que incluso coincidan en esto con el PP y lo acompañen en esa soledad sonora en la que Zapatero y sus aliados nacionalitas lo quieren encapsular. En estos momentos no estamos en un debate ideológico ni en una campaña electoral, sino al comienzo de un camino abierto por Zapatero que nadie sabe a dónde conduce ni hasta dónde puede llegar.

Con más de 500.000 euros
La Generalitat subvenciona el boicot
Por Elena de Regoyos Periodista Digital 4 Noviembre 2005

Tanto clamaba al cielo la Generalitat por el boicot contra los productos catalanes... y resulta que al final "el ladrón" es de la misma condición. La Generalitat catalana admite orgullosa haber subvencionado a la Asociación Òmnium Cultural, una entidad que lleva tres años boicoteando abiertamente los productos, no sólo españoles, sino también -incluso más- los catalanes que no están etiquetados en la lengua autóctona. Cada semana se actualiza la lista de lo que "se debe" y lo que "no se debe" comprar, lo que la Generalitat no considera boicot sino "defensa de la identidad catalana".

En la web oficial de la Generalitat se detallan las subvenciones concedidas en el año 2005 a Omnium Cultural: "El Gobierno de la Generalidad ha concedido una subvención de 548.000 euros a Òmnium Cultural para contribuir a la realización de las actividades y proyectos de la entidad en 2005". Y se explican los motivos de su apoyo a esta asociación: "Omnium Cultural trabaja para la promoción y la normalización de la lengua, la cultura y la identidad nacional de Cataluña. Omnium es un punto de encuentro de la sociedad civil"

Òmnium Cultural, por su parte, deja claro lo que tiene que tener un producto para salvarse de "la quema", esa criba semanal en la que desde la asociación se especifican los productos que se deben y no se deben comprar: "El catalán siempre ha de aparecer, en primer lugar y en situación preferente, como la lengua propia de los Países Catalanes. Por tanto, a partir de ahora, y de forma progresiva, fomentaremos la compra exclusiva de aquellos productos que incorporan el catalán en el etiquetado y en la publicidad, y promoveremos un boicot activo con aquellas empresas y productos que no cumplan con estos mínimos requisitos lingüísticos".

no es ningún boicot, es una forma de incentivar la propia identidad

En declaraciones a Periodista Digital, fuentes de la Generalitat niegan "estar subvencionando ningún boicot" e insisten en que estas subvenciones se justifican por tratarse de una asociación de carácter cultural que "intenta que el etiquetado sea en catalán, porque es nuestra lengua y nuestra identidad".

Pero se van "por la tangente" a la hora de contestar si la Generalitat apoya, ignora o reniega de este boicot a los productos, catalanes o no, etiquetados en español, y vuelven a insistir: "no es ningún boicot, es una forma de incentivar la propia identidad".

¿No es lo mismo que criticaba tanto la Generalitat que se estaba haciendo contra los productos catalanes, pero con el agravante de que es ella misma quien lo subvenciona con no poco dinero?
-"Es distinto, es decir, que lo que se intenta es priorizar los productos que se etiqueten en catalán". Explican a este periódico.

«La lengua no conforma ninguna identidad nacional»
La ganadora del Premio Espasa de Ensayo acusa a los nacionalistas de utilizar el idioma como un arma para sus batallas políticas y de menoscabar el castellano
«El discurso nacionalista es el patrioterismo más derechoso»
Enrique Clemente La  Voz  Madrid  4 Noviembre 2005

Irene Lozano ha ganado el Premio Espasa de Ensayo con un libro muy polémico y contracorriente, Lenguas en guerra, que la autora no duda en inscribir en la «corriente antinacionalista». La lingüista y periodista denuncia el uso de la lengua como un arma política por parte de los nacionalistas. «Los nacionalistas han querido menoscabar el uso de la lengua común escudándose en el insidioso concepto de la lengua propia», asegura. Ese menoscabo es simbólico en el ámbito político: en el Parlamento catalán no se habla nunca en español, cuando representa a una sociedad bilingüe. Y real en la educación: en Cataluña es difícil matricular a los hijos en un centro que utilice el español como lengua de enseñanza.

-Yo creo que no existe una guerra de lenguas entre los hablantes, entre los ciudadanos, pero los nacionalistas sí las utilizan como instrumentos de sus batallas políticas. Los nacionalistas catalanes son los que han marcado la línea al País Vasco y Galicia, incluso a Valencia y Baleares, de cómo tiene que ser el nacionalismo lingüístico.

-¿Qué tiene de especial el uso de la lengua gallega?
-Tiene la peculiaridad de que ha sido la más amable, la menos beligerante. Siendo una lengua más implantada y enraizada en la sociedad que el catalán, no se ha usado políticamente tanto, por factores históricos y sociales.

-¿Puede cambiar esto con la llegada de un partido nacionalista, como es el BNG, al poder?
-No sé si van a seguir los pasos de Cataluña, pero hay algunos síntomas que podrían indicarlo. Ahora la gente está muy escandalizada por la inclusión del deber de conocer el catalán en el Estatuto. Pero en la ley de normalización lingüística gallega de 1983 ya figura que los ciudadanos deben conocer las dos lenguas oficiales. Si esa obligación se hubiera administrado por un gobierno nacionalista, se habría notado en esos 20 años. Como no ha sido así, se ha reducido a algo simbólico.

-¿Qué riesgos entraña entonces el Estatuto catalán?
-Básicamente, el deber de conocer la lengua catalana lo que supone es un filtro a la hora de que la gente pueda acceder a ciertos puestos de trabajo en la administración. Pero me temo que un gobierno catalán como el actual pudiera servirse de ese artículo para tratar de imponerlo en la empresa privada.

-¿La lengua propia es una de las señas de identidad de las naciones?
-Yo creo que la lengua no conforma ninguna identidad nacional. El hablar una lengua no presupone una distinta concepción del mundo, como mantiene el determinismo lingüístico, que afirma que la lengua condiciona el pensamiento y lo modela de tal manera que diferencia a los hablantes de lenguas distintas. Lo que trato de demostrar, siguiendo las teorías de Chomsky, es que el uso de una lengua u otra no tiene ninguna consecuencia en el cerebro, ni en el pensamiento, ni en el carácter, ni en el espíritu del hablante.

Deber de conocer, sólo para el idioma común español
Nota del Editor 4 Noviembre 2005

Todos intentos de colar en los estatutos el deber de conocer la lengua "propia" han sido tumbados por el Tribunal Constitucional, pues el Art. 3º establece "1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla."

Referencia número:84/1986   (www.tribunalconstitucional.es)
Tipo: SENTENCIA
Fecha aprobación: 26-06-1986
Publicación BOE: 04-07-1986 [«BOE» núm. 159]
Sala: Pleno: Excmos. Sres. Tomás, Begué, Latorre, Rubio, Truyol, García-Mon, de la Vega, Díaz, Rodríguez-Piñero, Leguina y López.
Ponente: don Antonio Truyol Serra
Número Registro: 678/1983
Recurso tipo: Recurso de inconstitucionalidad.
Extracto:
1. El art. 3.1. de la C.E. establece un deber general de conocimiento del castellano como lengua oficial del Estado, independientemente de factores de residencia o vecindad. No ocurre lo mismo con las otras lenguas españolas cooficiales en los ámbitos de las respectivas Comunidades Autónomas, pues el citado artículo no establece para ellas ese deber, sin que ello pueda considerarse discriminatorio, al no darse respecto de las lenguas cooficiales los supuestos que dan su fundamento a la obligatoriedad del conocimiento del castellano.....

1.° Estimar parcialmente el recurso, y en consecuencia declarar la inconstitucionalidad del inciso «el deber de conocerlo» del apartado segundo del art. 1 de la Ley 3/1983 del Parlamento de Galicia.

 

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