AGLI

Recortes de Prensa     Martes 8 Noviembre 2005
Manifiesto por la unidad de España:
Por la igualdad y la solidaridad de todos los españoles

Foro de Ermua
 5 Noviembre 2005

Tiempos de cambio, tiempos de permanencia
PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO ABC 8 Noviembre 2005

El nacionalismo. Una ideología
IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA ABC 8 Noviembre 2005

Epidemia de «nacionitis»
JUAN JOSÉ R. CALAZA La Voz 8 Noviembre 2005

Debate autonómico sin objetivos
Editorial ABC 8 Noviembre 2005

La última bufonada del Gobierno
Ignacio Villa Libertad Digital 8 Noviembre 2005

El desafinado desconcierto autonómico
EDITORIAL Libertad Digital  8 Noviembre 2005

La crisis del modelo autonómico
Por EDURNE URIARTE ABC 8 Noviembre 2005

La crisis de la Monarquía y la ruptura del pacto constitucional a cuenta de los nacionalismos
Manuel Muela elconfidencial 8 Noviembre 2005

Es la Yihad y está aquí
José García Domínguez Libertad Digital 8 Noviembre 2005

La calle árabe
GEES Libertad Digital 8 Noviembre 2005

«Acoso y derribo» contra la AVT
A. ANTOLÍN El Correo 8 Noviembre 2005


 

Manifiesto por la unidad de España:
Por la igualdad y la solidaridad de todos los españoles


“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Constitución española, Artículo 1.

Desde la Transición democrática los nacionalismos vasco y catalán han constituido la vanguardia de una ofensiva continuada y sistemática contra la unidad constitucional de España. Esos nacionalismos, lejos de aceptar la autonomía regional que en su día reclamaron, se han servido deslealmente del régimen autonómico diseñado en la Constitución de 1978 para romper el consenso y trabajar en la destrucción de España como ámbito político común de actuación, legalidad, historia y convivencia.

Desde finales de la década de los noventa esa ofensiva se ha radicalizado. El nacionalismo identitario en su conjunto, con ETA como punta del iceberg, viene coordinando sus estrategias para debilitar el Estado, romper las normas constitucionales y disolver la Nación española, tratando de imponer a sus ciudadanos un proyecto de raíz etnocultural y esencialista que sería la antepuerta de un nuevo totalitarismo. Así lo prueban el Pacto de Estella – Lizarra, el Pacto de Perpiñán o la antidemocrática Declaración de Barcelona. El Plan Ibarretxe y el acuerdo del Parlamento de Cataluña para impulsar un estatuto inconstitucional han sido sólo los primeros hitos de este proceso que tiene un calado que no nos podemos arriesgar a ignorar.

Por estos motivos, los firmantes de este manifiesto, como parte del movimiento cívico opuesto al nacionalismo identitario, queremos hacer llegar a todos los ciudadanos y a la clase política que:

1. Somos muchos los ciudadanos que creemos en España y que, en este momento histórico, nos vemos impelidos a reclamar una vez más el cumplimiento de la Constitución y la unidad de la nación española como garante de la igualdad y la solidaridad de todos los españoles.

2. Sentimos como una inadmisible y delirante tergiversación que se identifique como reaccionaria la unidad de los españoles o la propia idea de España y se considere progresista la Cataluña o la Euskal Herria insolidarias e independientes con las que sueñan los nacionalistas.

La realidad es precisamente la contraria: la esencia del pensamiento reaccionario desde el Siglo XIX son esos sueños totalitarios que anteponen la supuesta patria a las personas y a sus libertades individuales; esos sueños que reclaman la limpieza etnocultural, el privilegio, la desigualdad ante la Ley; esos sueños que se fundamentan en un concepto de la Historia como fuente mítica e inapelable del derecho (los falseados y denominados "derechos históricos") oponiéndose así a los fundamentos democráticos de la sociedad moderna y de nuestro sistema constitucional.

3. La racional descentralización del Estado y el reconocimiento de las peculiaridades de todas sus comunidades autónomas –signo inequívoco de la voluntad integradora de todas las identidades en nuestra Constitución de 1978- no pueden ser confundidos con la glorificación del egoísmo, la insolidaridad y la mezquindad como valores legítimos sobre los que se pueda construir una sociedad democrática.

4. Creemos que existe un riesgo cierto de acostumbrarnos a debatir, como si fuera algo normal, proyectos que van contra la noción de España y en contra de la igualdad de todos los ciudadanos, que ponen en entredicho los pilares de nuestro sistema de libertades y que dinamitan el consenso constitucional básico. Por esto no aceptamos que el debate sobre la reforma del Estatuto catalán o cualesquiera otras propuestas semejantes se convierta en un tema exclusivo de juristas, en el que se oculte o minusvalore su gravedad intrínseca en cuanto al impacto que sobre la estructura política de España y la vida de los españoles tienen estos proyectos.

5. Consideramos que la reforma, en todo caso, razonable de los Estatutos sería la que se orientarse a que el sistema autonómico trate equitativamente a unas regiones con otras, eliminando las asimetrías competenciales y, sobre todo, los privilegios fiscales y financieros que aún existen. Asimismo, los gobernantes deben plantearse la reforma del sistema electoral para corregir la sobrerrepresentación que actualmente logran los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados y, de esta manera, evitar su excesiva influencia en la gobernación de España. Nos oponemos a que los debates sobre la estructura del Estado se planteen sólo en una dirección. No resulta razonable que se pueda estar constantemente poniendo en entredicho la nación española y no se pueda cuestionar el nivel de autogobierno de las Comunidades Autónomas en orden a asegurar el bienestar y la seguridad del conjunto de los españoles.

6. Esperamos y deseamos que el Partido Socialista, como responsable máximo del gobierno de España, sepa poner fin a los proyectos y a las actitudes que amenazan con romper la unidad nacional y que ya han causado alarma, desconfianza y dolor a tantos que deseamos seguir siendo españoles. Pedimos al Gobierno, a las Cortes Generales y a las fuerzas políticas constitucionalistas que se opongan frontalmente a cualquier proyecto que pretenda debilitar España como ámbito de decisión común, de convivencia, de igualdad y de solidaridad.

7. Nuestro futuro dependerá de lo que hagamos en el presente. Es necesario comprender que el proyecto que el nacionalismo trata de llevar adelante es una agresión directa hacia la Constitución y hacia España como ámbito de solidaridad, igualdad de derechos y de acción común. El proyecto nacionalista es radicalmente hostil e incompatible con la idea de España que tenemos la inmensa mayoría de los españoles. Por todo esto hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que tome la iniciativa, no permanezca ajena a los acontecimientos y trabaje por defender, desde el respeto estricto a la legalidad, este proyecto común que es España.

Convocantes:
FORO ERMUA, Convivencia Cívica Catalana, Ciudadanos para la Libertad (Cataluña), Asociación por la Tolerancia (Cataluña), Foro El Salvador, Unidad y Libertad (Cantabria), Fundación Papeles de Ermua, Dignidad y Justicia, Fundación Luis Portero, Círculo de Opinión Pública, Asociación Justicia y Libertad, Gaudeamus (Aragón), Foro por la Libertad (Aragón), ADGC (Asoc. Democrática de Guardias Civiles), AIGC (Asociación Independiente de Guardias Civiles), Vecinos de Paz de Berriozar (Navarra), Sindicato C.F.P. "Manos Limpias", UDE (Unión Democrática Estudiantil, Universidad Carlos III), Comité Civil Internacional (CIC), Juventudes Unificadas del Foro Ermua, Acción Cultural Miguel de Cervantes, Universitarios Liberal Demócratas (Universidad Pompeu Fabra de Barcelona), Universitarios para la Democracia (UAM), Profesores por el Bilingüismo (Barcelona), Asociación Gallega para la Libertad de Idioma (AGLI de La Coruña), Radicales Radicales Libres (Galicia), Vigueses por la Libertad (Vigo), PIHM, entre otros.

Nota: para adherirse al manifiesto, www.foroermua.com

Tiempos de cambio, tiempos de permanencia

POR PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
ABC 8 Noviembre 2005

... Los Comunidades Autónomas no se asientan en la soberanía, sino en la autonomía y, por ello, no disfrutan de Constituciones, sino de unos Estatutos que se fundamentan estructuralmente en la Constitución española...

LA condición humana está transida indefectiblemente por una insalvable tensión dialéctica. Así, de una parte, el hombre y, en consecuencia, sus obras, se hallan afectadas esencialmente por el tiempo, que acomoda y hasta forja, de forma paulatina, pero inexorable, su ser y existencia. Mientras que, de otra, los hombres nos dotamos de parámetros de estabilidad en los que hacer descansar nuestras convicciones más sagradas, tanto las vinculadas a la íntima conciencia (ad intra), como a la manera de organizarnos en sociedad (ad extra).

Pues bien, si nos abstraemos de sus aspectos más filosóficos -el penetrante Martín Heidegger escribiría, por ejemplo, la primera parte del excelente trabajo Ser y Tiempo en 1927-, los asuntos que presiden la actualidad de la España constitucional expresan nítida, aunque no sin contradicción, los dos citados aspectos.

Al primer grupo se adscribirían las propuestas de reformas político-constitucionales, tanto las estatutarias, como las de la Constitución de 1978. De esta suerte, la revisión del Estatut catalán -por más que nos encontremos, en realidad, no tanto ante una modificación del Estatuto de 1979, sino ante uno nuevo- es la mejor prueba de lo antedicho. Sobre todo, si pensamos en la auto proclamación de Catalunya como una nación con vocación de estatalidad, su soberanista Preámbulo, su desbordante Título Preliminar plagado de extraños derechos, sus excluyentes asunciones competenciales, su flagrante intromisión en las más variadas leyes orgánicas del Estado, su peligrosa cercenación de la unidad jurisdiccional, y hasta de mercado, su corolario quebrantamiento del principio de igualdad y su fijación de un modelo de insolidaria financiación interterritorial, expresarían, sí, un inequívoco deseo de cambio, aunque dado su carácter y alcance, incompatible con el vigente orden constitucional. Un quehacer estatutario que excede, por tanto, además del respeto a las exigencias de constitucionalidad, el sosegado proceso de mejora y perfeccionamiento de nuestro entramado político y jurídico. Lo más propio de un tránsito sereno, para no dejarse arrastrar por un irregular y convulsionado proceso constituyente. Una circunstancia que, aunque no con idéntica gravedad, también se aprecia -recordemos la cláusula Camps-, en la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Los Comunidades Autónomas no se asientan en la soberanía, sino en la autonomía y, por ello, no disfrutan de Constituciones, sino de unos Estatutos que se fundamentan estructuralmente en la Constitución española, sin que quepan disfraces para presentarse, de hecho o de derecho, como algo que ni son, ni pueden ser.

Pero hay más. Hoy poco queda que sea relevante por transferir a las Comunidades Autónomas, si queremos preservar un mínimo de elementos, no uniformizadores. Soy un ferviente defensor del Estado de las Autonomías, al tiempo que tampoco creo en un militante nacionalismo españolista, pero sí en unos valores comunes y coparticipados en los distintos territorios de España, así como en una vertebración eficiente de nuestro espacio político de convivencia. Haríamos por ello mejor en auspiciar, en lugar de estériles discusiones e incompatibles asunciones competenciales, la puesta en marcha de específicas políticas de cooperación y colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, mientras impulsamos más acciones eficaces en educación, sanidad, seguridad, inmigración, fiscalidad, vivienda, etc. Estas son las cuestiones que preocupan a los españoles ¿Para qué entonces tanta energía inútilmente dilapidada? ¿Para qué tanto despilfarro de talento y de tiempo? Interrogantes, sin duda, difíciles de justificar.

Además, esgrimíamos, los aires de cambio han llegado a la misma Constitución de 1978. Se nos dice, y es cierto, que la Constitución disfruta de rasgos propios de indefinida permanencia; pero también, y estamos de acuerdo, que las generaciones del presente, y por supuesto, las del futuro, no pueden quedar encadenadas a las obras -por muy certeras que hubieran sido- de constituyentes pasados. Y desde tales premisas el Gobierno habría instado un proceso de revisión constitucional -aunque su autoría material se delegue en un órgano consultivo como el Consejo de Estado-, si bien limitado, ya que sólo afectaría a cuatro aspectos de nuestra Carta Magna: la denominación de las Comunidades Autónomas, el reconocimiento del proceso de construcción europea y su Derecho comunitario, la modificación del Senado y la eliminación de la preferencia del varón en la sucesión a la Jefatura del Estado. Unas reformas sobre las que, de momento, y esto las hace inviables, no existe el ineludible acuerdo entre las dos grandes formaciones políticas nacionales -se requiere a tal efecto de una mayoría cualificada de dos terceras partes en las Cámaras-, por no enjuiciar las dudas sobre su necesidad, su ausencia de urgencia y la falta del adecuado contexto de previa distensión política. En suma, demasiadas precariedades para tan importantes retos que afrontar. Si hay que reformar la Constitución, que se haga; y si hay que hacer lo propio con uno u otro Estatuto de Autonomía, adelante con ello. Pero, de otra manera, en un tiempo político más acorde con lo que está juego, con otras mayorías parlamentarias y con un representativo consenso constitucional.

Aunque no erremos: la Constitución de 1978 ha sido, y sigue siendo, el mejor marco político-constitucional posible de esta España moderna que debe saber resguardar sus incontrovertibles logros. Sepamos velar, ¡cuidado con las irresponsabilidades!, por nuestro ejemplar patrimonio colectivo de convivencia en libertad, justicia e igualdad.

Ahora bien, junto a tales anhelos, el nacimiento del primero de los hijos de Don Felipe y Doña Leticia, la Infanta Leonor, refleja la segunda de las facetas referenciadas: la idea de perdurabilidad por encima de contingentes avatares. El mejor ejemplo de todo lo bueno que implica una moderna Monarquía parlamentaria. Un nombre, Doña Leonor, cuyo recuerdo nos retrotrae, entre otras, a nuestra sin par Leonor de Aquitania, casada con Alfonso VIII, y fundadora del Monasterio de las Huelgas, así como a la Reina Leonor, esposa de Juan I, y madre de Enrique III El Doliente, primer Príncipe de Asturias en el ya lejano siglo XIV. Un nacimiento que lleva aparejadas dos destacadas consecuencias. La primera, por lo que tiene de refrendo de nuestra arraigada Monarquía parlamentaria: un Monarca de hoy, Don Juan Carlos; un reconocido Heredero, Don Felipe; y una deseada heredera del Heredero, en la persona de Doña Leonor. Una continuidad dinástica que hace evidentes, sin estridencias ni sobresaltos, las ventajas de una ordenada sucesión en la más alta Magistratura del Estado. O, en palabras de Don Felipe, «La lógica de los tiempos hará que la Infanta sea Reina de España algún día».

Y aún debemos recordar algo más. El nacimiento de la Infanta Leonor confirma, al margen de la dimensión personal y familiar del feliz evento, un profundo sentido institucional: el desarrollo natural de la sucesión en la Corona, en lo que ésta tiene de función de enraizada integración social y cohesión política al servicio de los españoles. Su nacimiento hace suyos los perfiles de continuidad dinástica de la Corona en cuanto que símbolo constitucional, de primer orden, de la unidad y permanencia de la Nación española. A tal efecto, la Infanta Leonor resume estos últimos de un modo palpable.

Aunque, incluso por encima de lo afirmado, todos, especialmente las dos principales formaciones políticas, junto a su ciudadanía, estamos obligados a preservar el ejemplar Pacto constitucional de 1978. En ello no caben tibiezas ni escamotear esfuerzos, sino la misma fraternal generosidad de entonces.

El nacionalismo. Una ideología
Por IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA ABC 8 Noviembre 2005

El nacionalismo tiene algo de obsesivo. Si uno comienza a hablar con un nacionalista de la sequía o de la brevedad de la vida, apenas tardará segundos en deslizar la conversación hacia su monomanía. Pero antes que una obsesión, se trata de una ideología. El libro de Cruz Prados es un certero análisis de esta ideología, que, por ello, puede contribuir a diagnosticar y curar sus patologías. Hace un breve repaso histórico de su génesis, examina su estructura doctrinal, su olvido de la política y su apelación al pasado, y analiza sus relaciones con el liberalismo y el derecho de autodeterminación. La definición de la nación es para el nacionalismo puramente estratégica. El criterio no es la raza, ni la lengua, ni la cultura, sino la asunción del proyecto político que asume. Lo decisivo es la distinción entre quienes asumen el proyecto y quienes lo rechazan: entre «nosotros» y «ellos». Por eso le resulta tan fácil deslizarse hacia el totalitarismo, ya que el nacionalista necesita que su proyecto sea el único que responde a las verdaderas necesidades de la nación. El nacionalismo repudia toda forma de pluralismo.

Epidemia de «nacionitis»
JUAN JOSÉ R. CALAZA La Voz 8 Noviembre 2005

ESCRIBIÓ Marguerite Yourcenar, Memoires d'Adrien, que incluso los hombres más opacos emiten algún resplandor. Incluso los nezionalistas : este amigo de los asesinos toca bien la pandereta; ese chantajista es un buen hijo; aquel idiota de pena compartirá fraternalmente sus risotadas con otros tontos. Algo así puede decirse no sólo de los nezionalistas pero asimismo de la política nacionalista: de cuando en cuando, acierta. También los relojes parados marcan correctamente la hora dos veces al día. En lo que no aciertan ni por casualidad -si bien la nacionitis periférica que sufre Zapatero podría amparar un irreversible desaguisado constitucional- es que Galicia sea una nación.

España se construyó como nación a partir del instinto político castellano, que había heredado -por encima de cualquier otro pueblo europeo, excepto Portugal- el sentido de la dignidad y entereza romana: «Pobre en palabras pero en hechos largo». De ahí que el Miño constituya la más antigua frontera de Europa. Con tal arrolladora vitalidad, ¿quién en el extranjero ha dudado jamás que España sea una nación? Pero como la logomaquia que trajo la democracia, en subproducto, se explayó en consideraciones pedantescas, algún listillo apuntó a la diversidade del «Estado plurinacional español». Y coló.

Sin embargo, si hay un punto en el que coinciden todos los analistas sociales es que nuestra época es la de la complejidad , tornándose inviable e ingobernable cuando se le añade la diversidade . La diversidad cultural era de recibo antes de la invención del telégrafo y es buena hoy para el mundo natural, los zoológicos y, si se me apura, para los menús del restaurante, pero para las comunidades sociales y políticas del siglo XXI, lo que se requiere para que funcionen es la compatibilidad y la racionalidad. Una «nación de naciones» es incompatible e irracional. Y tan natural es la nación española que seguiríamos siendo nación aunque cambiáramos radicalmente de idioma. Lo que no es viable en este mundo ultracomplejo es una España con varias lenguas.

El idioma propio y distinto no es necesario para definir una nación. Un pueblo puede importar un idioma sin dejar de ser nación. Es el caso de Cuba, Irlanda, Brasil, etcétera. Por ello, Galicia podría seguir siendo una nación, si lo fuera, incluso hablando en castellano. Lo que define verdaderamente a una nación es el sentimiento común de haber compartido los hechos fundamentales en el proceso de formación de su identidad, y en el caso gallego esos hechos no existen fuera del contexto que nos es común a todos los españoles. Por ello los nezionalistas insisten tanto en el hecho diferencial de la lengua y se inventan un pasado mítico que gana en leyenda lo que pierde en veracidad. Galicia forjó su conciencia de pertenecer a España (y de contribuir a su creación) desde una larga andadura iniciada con la colonización romana (base del derecho y la lengua, ¿o no?), la invasión germánica, la invasión árabe, la reconquista y cristianización, la gramática de Nebrija, el descubrimiento, conquista y colonización de América, las guerras contra Inglaterra, las guerras contra Francia, El Quijote , la política mediterránea, la invasión napoleónica, la pérdida del imperio, la primera revolución industrial, las guerras de Cuba y Marruecos, la Guerra Civil, la segunda revolución industrial y el advenimiento de la clase media, y, en la actualidad, la conciencia de luchar contra los agentes del separatismo al servicio de los intereses anexionistas de nuestros vecinos. Por lo demás, pelillos a la mar.

Debate autonómico sin objetivos
Editorial ABC 8 Noviembre 2005

EL debate sobre el estado de las Autonomías arrancó ayer con la paradójica intención del Gobierno del PSOE de evitar que se abordara el proyecto de Estatuto para Cataluña, a pesar de que la aprobación de esta propuesta -tanto en su redacción actual como en la que previsiblemente resulte de las enmiendas pactadas por el PSOE con sus aliados- supondría una transformación sustancial del modelo autonómico diseñado en la Constitución de 1978 y en el bloque estatutario aprobado en los últimos veinticinco años. Si precisamente se quiere dar al Senado voz sobre la organización territorial del Estado, la exclusión de un debate sobre el modelo confederal contradice la sinceridad del presidente del Gobierno de convertir a la Cámara Alta en algo distinto de la mera estación de paso, camino del Congreso, que ahora representa en los procedimientos legislativos.

Evidentemente, es positiva tanto la recuperación del debate sobre el estado de la Nación, como la traslación al Senado de asuntos tales como su reforma constitucional o la financiación autonómica, pero, aparte del medio y largo plazo que pesan sobre estas cuestiones, el proyecto confederal que encierra la propuesta estatutaria para Cataluña es una premisa absoluta para toda revisión del Estado de las Autonomías. Por tanto, sin necesidad de que el Senado se vea monopolizado por la polémica del nuevo Estatut, realmente no hay otro asunto más condicionante del modelo autonómico que saber a dónde quiere llevar el PSOE el sistema de 1978. Ciertamente, Zapatero no contribuye a despejar las dudas más que fundadas sobre su capacidad de liderazgo si sigue empeñándose en culpar a los gobiernos del PP, como hizo ayer, de la «fuerza» con que se están planteando las reformas estatutarias. Ha pasado más de un año y medio desde que llegó al poder y el contador está a cero, entre otras cosas porque la reforma estatutaria catalana no responde a más impulso que el que él mismo le ha dado, de común acuerdo con Maragall y el tripartito catalán. Y en cuanto al Plan Ibarretxe, se aprobó en la Cámara vasca bajo su mandato y el nacionalismo vasco lo ha reiterado como programa de gobierno. Aun aceptando la legitimidad y la oportunidad de plantear otras cuestiones en este debate sobre el estado de las Autonomías, Zapatero no dio ninguna pauta concreta de lo que pretende su Gobierno sobre tales asuntos, como la reforma del Senado o la revisión de la financiación autonómica. Su intervención en la Cámara Alta se resumió en remitir a otros foros o tiempos las discusiones que concretarán ambas iniciativas. Así sucede que, tras año y medio de mandato, la opinión pública, los gobiernos autonómicos y los grupos parlamentarios siguen sin saber en qué reforma del Senado está pensando Rodríguez Zapatero. Primero se la endosó al Consejo de Estado, cuyo informe no estará concluido hasta enero de 2006, y ayer anunció que, una vez emitido dicho informe, una ponencia del Senado estudiará la propuesta de reforma constitucional. Pero lo que importa en un sistema parlamentario, en el que el Gobierno tiene reconocida la iniciativa legislativa, es que el jefe del Ejecutivo asuma la responsabilidad de señalar los objetivos de su legislatura y si, como es el caso, la abrió anunciando cuatro reformas constitucionales, tiene el deber de manifestar su criterio y no transferir su tarea a órganos no sometidos a control político. En este sentido, cuál haya de ser el Senado del futuro no es asunto menor si al mismo tiempo se está apostando oficialmente por implantar un modelo federal, cuando no confederal. En tal caso sería prudente aprender en cabeza ajena e incorporar el viaje de vuelta que se está produciendo en Alemania, especialmente sobre el excesivo papel condicionante que tiene el Bundesrat -o Consejo Federal, cámara de representación de los Länder- en la actividad legislativa del Parlamento alemán (Bundestag).

Tampoco la financiación autonómica se salvó de la indeterminación en cuanto a objetivos y plazos -en enero la estudiará un grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera-, cuando la ocasión era adecuada para que Zapatero dejara claros los límites sustantivos de cualquier pretensión autonómica, más allá de la obviedad de que debe ser aprobada por ley estatal y de que debe asegurar recursos suficientes para el Estado y las Autonomías. Tales precisiones habrían sido congruentes con el carácter multilateral que debe observar cualquier reforma legal en esta materia, aparte de servir de esas «líneas rojas» que Moncloa anuncia en los discursos presidenciales que Zapatero no concreta.

La última bufonada del Gobierno
Ignacio Villa Libertad Digital 8 Noviembre 2005

A estas alturas, si viviéramos en una situación normal, podríamos decir que el Debate sobre el Estado de las Autonomías es inútil y no tiene ningún sentido. Una cita, sin objetivos políticos y sin contenidos competenciales. Pero el problema surge cuando percibimos que no vivimos en una situación normal, y por lo tanto este Debate se ha convertido en una auténtica farsa llena de hipocresía. Es más, el Debate ha devenido simple esperpento –otro más– alentado y animado desde el Gobierno Zapatero.

Hace cuatro días que la reforma del Estatuto catalán llegaba al Congreso de los Diputados después de las gestiones personales del mismísimo presidente del Gobierno. Una reforma que hace saltar por los aires el consenso constitucional y que, por lo tanto, coloca a la actual Constitución al borde del precipicio. En fin, una autentica barbaridad; pues bien, pocas horas después de ese desaguisado, Zapatero parece que se ha olvidado de todo lo ocurrido y se presenta en el Senado para hablar del "Estado de las Autonomías". ¿Qué Autonomías señor Zapatero? ¿A qué está jugando? Primero se carga todo el orden establecido y luego va a la Cámara Alta a hablar de ese orden dinamitado como si usted no hubiera hecho nada.

Zapatero ha convertido el Debate del Senado en una bufonada a los presidentes autonómicos, a las instituciones y a los propios ciudadanos. Ha conseguido convertir la tribuna de oradores de la Cámara Alta en un solemne ridículo general. Y ciertamente, que se cargue la Constitución está mal; pero que encima lo haga con una actitud de choteo no es de recibo.

Estamos inmersos en una huida peligrosa y suicida hacia ninguna parte. El actual Gobierno está demostrando una incapacidad permanente para gobernar. Cede ante todos, pero no vela por el bien de los ciudadanos. Pacta con los minoritarios, pero sólo sabe aislar a los mayoritarios. Habla de talante, y está obsesionado por imponer. Dice que gobierna para avanzar y sólo entiende de exclusión. Con Zapatero se han acabado los calificativos. Ahora sólo falta que las encuestas recojan una evidencia: este Gobierno no tiene más recorrido, atrapado como está por sus patrañas y mentiras.

El desafinado desconcierto autonómico
EDITORIAL Libertad Digital  8 Noviembre 2005

La primera jornada del Debate sobre el Estado de las Autonomías no sólo ha puesto de manifiesto las discrepancias que genera el Estatuto soberanista catalán entre los propios presidentes autonómicos del PSOE, sino que ha dejado en evidencia hasta qué punto se ha vivido en el Senado un debate completamente ajeno a las prioridades y necesidades reales de los ciudadanos. En primer lugar, hemos podido asistir a la intervención de un presidente de gobierno que, incapaz de transmitir su idea de España, ha sido también incapaz de concretar qué reforma de la llamada Cámara Alta quiere llevar a cabo. En lugar de eso, Zapatero se ha dedicado a criticar la gestión de su antecesor en el cargo, como si fuera Aznar –y no él– quien hubiese alentado el actual desconcierto constitucional que lo es, también, autonómico.

Maragall, por su parte, no ha perdido la oportunidad para llevar a cabo su proclama –tan contraria a la Constitución, como a la lógica más elemental– de que España es una "nación de naciones". Puestos a aceptar el disparate de equiparar la parte al todo, Maragall podría, al menos, decirnos de una vez cómo se llaman y cuántas son las "naciones" que, según él, integran la nación española. En lugar de eso, ha personificado en él y en sus palabras "el agradecimiento de Cataluña" a Zapatero por hacer avanzar el proyecto de la "España plural".

El esperpento ha continuado con la intervención del presidente andaluz, quien ha vuelto a entonar esa cantinela tan anacrónica como políticamente correcta de la "deuda histórica" hacia Andalucía. Al margen de que las deudas las contraen las personas y de que la Historia no debe ser coartada para enquistar prebendas o privilegios, lo más esperpéntico del caso es que ese modelo de dependencia estructural, en el que Chaves parece querer asentar la comunidad autonómica que preside, choca con el modelo financiero que su propio partido impulsa en Cataluña.

No menos lamentable ha sido la intervención del nuevo presidente de Galicia, quien no ha perdido tiempo en apuntarse a las comunidades que reivindican su "identidad nacional" y en ofrecerse para que Galicia interprete un "papel decisivo" en la "redefinición del modelo territorial". Si la reivindicación de Cataluña como "nación" sigue siendo minoritaria entre los ciudadanos catalanes, la separación entre las prioridades de los ciudadanos y las ensoñaciones soberanistas de su clase dirigente todavía resulta más notoria en Galicia, donde –recordemos– el PP quedó a un puñado de votos de renovar su mayoría absoluta, y donde no es menos clara la mayoría entre los propios votantes socialistas que no comparten los delirios identitarios del BNG.

Touriño –quien, como Maragall y Zapatero, también debe su cargo a las alianzas con los separatistas– ha encubierto, como el que más, su servidumbre como proyecto, llevando cuidado –eso sí– de introducir una objeción tan clave a su alineamiento con el "Estatuto" soberanista catalán, como es la cuestión de la financiación.

Los tres presidentes autonómicos que no ha desafinado entre sí y que han sabido mantener un sostenible equilibrio entre autogobierno y lealtad al proyecto compartido de la nación, han sido los presidentes del PP de La Rioja, Murcia y la Comunidad Valenciana. Hasta cierto punto, también ha concordado con ellos la intervención del presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez, quien, tras reclamar una financiación que garantice la "equidad de los servicios públicos", remarcó que los asturianos "se sienten cómodos en España" y "no tienen la necesidad de redefinir sus señas de identidad".

No sabemos con quien hubiera entonado el presidente extremeño, Rodríguez Ibarra, de no sufrir, desgraciadamente, el infarto que le ha imposibilitado acudir el debate. De lo que estamos seguro es que no lo hubiera hecho con Maragall.

En cualquier caso, y ante tanta desentonación –no tanto con los presidentes del PP, como entre los propios presidentes del PSOE–, no es de extrañar que Zapatero se desinhiba de su cargo y relegue en los presidentes autonómicos la propuesta de reforma del Senado y de todo lo demás. A quien, como Zapatero, no tiene partitura para la nación que preside, no se puede pedir dirección alguna. Sólo mucho maquillaje, mucha propaganda y mucha sordina para encubrir el desconcierto.

Las conversaciones de Carod y Otegi, con ETA al fondo
Manuel R. Ortega elsemanaldigital

Josep Lluís Carod-Rovira y Arnaldo Otegi son viejos conocidos. Como los buenos amigos, no les importa tirar de móvil. Lo demostraron en los días posteriores a la masacre del 11-M, cuando el dirigente republicano catalán, apartado ya del Gobierno de la Generalitat, le hizo saber, según captó el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que en caso de mayoría absoluta, el Partido Popular suspendería la autonomía vasca, pondría a la Ertzaintza bajo mando del Ministerio de Interior y detendría, en plan redada masiva, a los principales cabecillas abertzales.

No debería sorprender, a estas alturas, que a un tipo así lo pillen con las manos en la masa. Esta actitud fue la que le costó el puesto junto a Maragall, que todavía no sabe si ponerle velas a la Virgen por el desliz de su conseller en cap. Y es que al hombre no se le ocurrió otra cosa que desplazarse hasta Perpiñán para entrevistarse con la cúpula de ETA, Josu Ternera incluido, con ánimo de vayan ustedes a saber qué. Porque todavía nos falta una explicación clara del viajecito de Carod al sur de Francia.

Antaño, cuando el franquismo daba sus últimas bocanadas, el nacional-catolicismo, aunque más atemperado, todavía imponía el obligatorio periplo a Perpiñán para ver, por ejemplo, El último tango en París. Para Carod, sin embargo, los motivos, más tardíos –casi treinta años–, fueron otros. A través del ex parlamentario batasuno Antón Morcillo llegó hasta ETA. Y apenas veinte días más tarde, la portada de ABC, junto a la crónica de Jesús Molina, pseudónimo de su entonces director, José Antonio Zarzalejos, resultó elocuente. Casi tanto como el posterior comunicado de ETA decretando Cataluña como zona libre de atentados.

Ahora Carod se ve sometido a una persecución y desmiente las reuniones con Otegi y dirigentes batasunos. El problema de Carod es que conocemos demasiado sus desmentidos. Que se lo pregunten al pintoresco Joan Tardá, que algo de eso sabe cuando se fue de la lengua con aquella reunión "secreta" en La Moncloa donde se habló de ETA y del "conflicto político que hay que resolver políticamente".

Ya lo dice el refrán: "Se coge antes a un mentiroso que a un cojo". O a lo mejor lo han desmentido.

La crisis del modelo autonómico
Por EDURNE URIARTE ABC 8 Noviembre 2005

Los logros de este país han sido tan espectaculares en los últimos años que se nos ha olvidado que existen las crisis y que el éxito español no es necesariamente eterno. Por eso es tan difícil que las alertas sean tenidas en cuenta. Y, sin embargo, las del modelo autonómico ya no dejan de sonar y son estruendosas. Y no tanto por la rebelión nacionalista permanente y radicalizada. Ese es el origen. El auténtico problema de fondo, el que puede sostener la hipótesis de una crisis cercana, es la capacidad que han tenido las minorías nacionalistas para imponer su dinámica en la gestión del estado de las autonomías. El núcleo del debate del Senado ya no son el estado o los intereses y objetivos comunes sino las exigencias de cada una de las autonomías. Es un debate de disgregación y no de integración, y el conjunto de las autonomías y los dos grandes partidos nacionales, aún con sus grandes diferencias, han sido atrapados por esta estrategia endiablada.

Es cierto que es la deslealtad de los nacionalismos vasco y catalán la que nos ha metido en esta senda. También catalán. Las dudas sobre su equiparación con el vasco ya se han disipado completamente porque la inexistencia de terrorismo no ha impedido la misma evolución, la de la autodeterminación y la descomposición del estado, con liderazgo de ERC, pero con plena colaboración de CIU. Pero la fuerza desestabilizadora de ambos se ha multiplicado cuando han conseguido atrapar al resto de autonomías en la misma guerra de las reivindicaciones particulares; a las socialistas, y a las populares. Lo más inquietante de la reforma autonómica, lo que nadie se atreve a plantear, es que, si es verdad que la hacemos para mejorar la gestión y fortalecer el proyecto común, también habría que considerar la posibilidad de que el estado recuperara algunas competencias o reforzara otras. Pero nadie osa decirlo porque todo esto nada tiene que ver con la eficacia o con la unidad.

Y la puntilla definitiva es la política de Zapatero. Sencillamente, ha asumido el liderazgo de las exigencias nacionalistas y ésa es la degeneración más alarmante del modelo autonómico. Pero ni siquiera el PP está libre de culpas a pesar de ser la única esperanza para contrarrestar esta espiral de desintegración. Porque algunos de sus líderes autonómicos han participado igualmente en la competición autonómica. Fraga es un ejemplo, y si Fraga no era controlable, el caso valenciano es revelador.

No se conocen casos de democracias prósperas y asentadas como la nuestra que hayan decidido la disolución paulatina del estado como modelo de progreso. Pero es posible que los alarmistas, esos a los que nos gusta meter miedo, como dice el PSOE, no nos hayamos enterado de que España es pionera de una revolución institucional. Y como decía Zapatero el pasado miércoles, al final, le daremos la razón, y descubriremos que, además del estado federal y del centralizado, existe el estado desaparecido fuerte.

La crisis de la Monarquía y la ruptura del pacto constitucional a cuenta de los nacionalismos
Manuel Muela elconfidencial 8 Noviembre 2005

Creo que a estas alturas resulta superfluo seguir manejando eufemismos tales como transición, pacto constitucional etcétera..., para referirse con más propiedad a lo que sucede: la crisis de la Monarquía restaurada en 1975, que pactó el otorgamiento de una Constitución, la de 1978, delimitando el terreno de juego para sus hacedores y garantes que, a grandes rasgos, eran la derecha española, el partido socialista y los nacionalismos catalán y vasco. Ese pacto ha quedado roto, al menos de momento, en la sesión del Congreso de los Diputados del 2 de noviembre, día de difuntos, porque uno de los pilares del mismo, el Partido Popular, ha sido ignorado a la hora de encarar el trámite del nuevo Estatuto de Cataluña, que afecta de lleno al Bloque Constitucional, ya que plantea un régimen confederal.

La Constitución de la Monarquía pretendía transmitir la idea de que la Corona, a pesar de su arcaísmo y privilegios, tenía el valor instrumental de garantizar la unidad de la nación española; pero durante los 27 años de vigencia de la Constitución se ha estimulado un fortalecimiento social y político de las minorías nacionalistas que gobiernan en regiones importantes, Cataluña y País Vasco, en paralelo con un desprecio de los valores del Estado, como factor de unidad nacional e igualdad social, no sólo en esas regiones, sino, lo que es más grave, en el resto de las regiones autónomas que han dedicado grandes esfuerzos presupuestarios para cultivar y desarrollar originalidades autóctonas para afirmarse a sí mismas. Todas olvidan, casi sin excepción, que, jurídicamente, son órganos del Estado al que menoscaban y rehuyen en un ejercicio de miopía política claramente lesivo para los intereses generales.

Los sucesivos gobiernos nacionales, tanto del PSOE como del PP, con responsabilidades de poder en la mayoría de las Comunidades Autónomas, han sido complacientes con el fenómeno y, en bastantes casos, han hecho dejación de sus competencias, sobre todo en materia educativa. Como consecuencia de ello, el poder central se encuentra inerme para ejecutar la mayoría de las políticas que interesan a los ciudadanos: la educación, ya mencionada, la sanidad, las obras públicas, la fiscalidad, algunos aspectos importantes del sistema financiero… Son las diferentes Comunidades Autónomas las que ostentan el verdadero poder, que suelen ejercer sin visión del conjunto del Estado al que pertenecen y deben su propio origen.

El desarrollo y ejecución de ese modelo político ha producido una gigantesca tela de araña de intereses, fundamentalmente políticos y económicos, en los que se incluye una clase política profesionalizada, renuente a cualquier cambio de modelo. La Constitución, perfectamente blindada, y las leyes electorales han venido garantizando el disfrute, en alternancia ordenada, del poder público para los protagonistas y guardianes de aquella. Los ciudadanos han sido testigos, y sufridores en algunos casos, de una construcción jurídico-política que deja poco espacio a sus iniciativas, salvo las convocatorias electorales periódicas, bastante ahormadas por los partidos dominantes.

El ‘momento’ de los nacionalistas para alterar el orden constitucional
Pero, como ocurre casi siempre, una parte de esos privilegiados del poder, los nacionalistas, quieren más y consideran llegado su momento: surgen las iniciativas, primero del Gobierno Vasco y después de la Generalidad de Cataluña con la pretensión, en ambos casos, de alterar radicalmente el orden constitucional, en detrimento de la igualdad y la libertad de los españoles. Las propuestas del Parlamento Vasco fueron rechazadas por el Congreso de los Diputados; en cambio la propuesta del Parlamento catalán ha tenido mejor suerte, ya que ha contado, sorprendentemente, con la aquiescencia del Partido Socialista. Los acuerdos de 1978 han quedado rotos y resulta difícil aventurar cómo terminará el proceso.

Desde el republicanismo español, heredero de los liberales de la Constitución de Cádiz de 1812 que consagró la unidad de la Nación bajo los principios de la democracia, hay que denunciar el error que ha supuesto considerar el valor de la unidad como algo propio de los sectores más rancios y retardatarios de la política española, desdeñando toda una tradición de defensa del Estado y de la nación que lo sustenta, enlazados ambos por los principios de la democracia.

Salvando las distancias, el desgarramiento del Estado, propiciado en gran parte por una clase política alejada de los intereses de los ciudadanos, ha puesto a España en el umbral de una crisis análoga a la que sufrió Francia a finales de los años 50 del siglo XX con el hundimiento de la IV República, a cuenta de la independencia de Argelia. Aquí estaríamos hablando de la quiebra de la Constitución de la Monarquía, a manos de uno de los sectores más beneficiados por la misma, los nacionalistas, que cuentan para ello con el apoyo del gobierno socialista. Increíble, pero cierto. La sesión del Congreso de los Diputados del 2 de noviembre es de una evidencia incontestable. También es una prueba de que la mayoría de los regímenes políticos suelen quebrar más por su incapacidad o querellas internas que por la actuación de fuerzas exteriores a los mismos.

Francia, gracias al genio y a la autoridad de De Gaulle, alumbró la V República, que restauró la unidad del país, garantizando el mantenimiento de los valores democráticos y republicanos. España, una vez constatada la esterilidad de la Monarquía para preservar la unidad de la Nación, tendrá que recuperar el valor de la República para superar la crisis de forma democrática e integradora. Ni más ni menos que lo que hicieron, en su momento, Francia, Alemania e Italia, por citar socios importantes de la Unión Europea.

*Manuel Muela es presidente del Centro de Investigación y Estudios Republicanos.

Francia
Es la Yihad y está aquí
José García Domínguez Libertad Digital 8 Noviembre 2005

Nada cambiará que nuestras plañideras progresistas persistan en el empeño de llamar civilización a la barbarie. O que, en nombre de la libertad y el multiculturalismo, juren por Snoopy su compromiso de respetar el derecho de los esclavos a mantener su identidad cultural de esclavos. Porque, como decía Lincoln, con la Historia se puede hacer cualquier cosa salvo escapar de ella. Conviene recordarlo. Siempre. Pero, sobre todo, ahora. Pues pronto se cumplirán treinta años desde que el presidente de Argelia leyera su sentencia, que es la nuestra, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sí, hace seis lustros, Huari Bumedian subió a la tribuna de oradores en Nueva York y lo anunció, solemnemente: “Un día millones de hombres abandonarán el hemisferio sur para irrumpir en el hemisferio norte. Y no lo harán precisamente como amigos. Porque irán para conquistarlo. Y lo conquistarán poblándolo con sus hijos. Será el vientre de nuestras mujeres el que nos dé la victoria”. Con la ayuda de Alá, ese día, al fin, ha llegado: es hoy.

Ahora mismo, en Francia, la Sumisión –que no otra cosa significa Islam– es la segunda religión de la República. En la última década, a toda prisa, frenéticamente, se han izado más de mil setecientas mezquitas, con sus minaretes cada vez más altos y sus almuecines cada vez más fanatizados por Arabia Saudita. Aunque hacen falta más, muchísimas más. ¿La razón? El diez por ciento de todos los nacidos cada año en territorio de la Unión Europea serán siervos del Islam por el resto de sus vidas. Y sólo es el principio. Urge, pues, que las órdenes del Profeta lleguen a ellos cuanto antes y cualquier lugar se antoja bueno para impartirlas. Lo mismo da el garaje más sórdido de los arrabales de París que el sótano peor ventilado del barrio gótico de Barcelona, todo sirve. Por lo demás, los discípulos aventajados de Claude Levi Strauss –allí– y de Manuela de Madre –aquí–, esos lerdos que no se avergüenzan de su personal ignorancia pero sí de su propia cultura, las reciben con entusiasmo donde sea. Porque Alá no sólo es grande, sino también antiamericano, anticapitalista, antiliberal y antioccidental. De hecho, sólo le faltaría enseñarse en las portadas del Vogue para ser una más de los suyos.

De ahí que no debiera preocuparnos tanto lo que estos yihadistas de los walkman y el otro Levi´s, el 505, aprendan en las mezquitas, sino fuera de ellas, en nuestros muy laicos colegios públicos. Sin ir más lejos, aquí, el manual escolar de Santillana los induce a creer que los culpables del hambre en el mundo se alojaban en las Torres Gemelas. Porque hasta el más tonto de la clase será capaz de entender por qué se escoge la foto de los atentados del 11-S para ilustrar las enseñanzas del pedagogo Ignacio Ramonet sobre las crueles injusticias que provoca el capitalismo. Ruere in servitium (cayeron en el servilismo), observó Tácito con tristeza, refiriéndose a los romanos, y poco después llegaron los bárbaros. También entonces comenzarían por quemar París.

Francia
La calle árabe
GEES Libertad Digital 8 Noviembre 2005

En Europa la izquierda y buena parte de la derecha siempre se ha manifestado muy crítica de la política americana hacia Israel y el mundo árabe porque en cada una de sus acciones se veía el fantasma de la “calle árabe”, esto es, la manifestación en los espacios públicos del sentimiento antioccidental. La calle árabe nunca ha estallado allí donde más se temía. Paradójicamente, la calle árabe ha acabado por estar en París y en otras ciudades galas y no en el Oriente Medio. Europa se ha convertido en Eurabia.

La prensa recoge la revuelta de jóvenes franceses marginales de los suburbios de las grandes ciudades, pero la realidad es bien distinta. Sí hay un tinte racial y religioso porque quienes queman coches y disparan a la policía no se llaman ni Jacques ni Marcel, sino Ali y Mohamed. Lo que está pasando en Francia es inexplicable si no se tiene en cuenta no sólo la marginalidad, sino la componente islámica de estos jóvenes antisistema, anti nuestro sistema. En Inglaterra se ha realizado diversas encuestas tras los atentados del 7 de julio pasado. En una de ellas, seis de cada diez jóvenes musulmanes encuestados, decían creer que era su deber religioso no integrarse en la sociedad que les acogía. Ocho de cada diez defendía la idea de que el gobierno británico debía aceptar que la sharia fuera legalmente su código civil y criminal por encima de la ley británica.

El problema de la juventud musulmana no es ya un problema de falta de trabajo, dinero y reconocimiento social, es un problema de islamismo, es un problema de profundo rechazo de nuestro sistema de vida. ¿Qué es lo que ha dicho el imán de la principal mezquita de Paris tras su reunión con Villepin?. Que lo que él espera del gobierno son palabras de paz, no actuaciones de fuerza. Es decir, que se haga la vista gorda y no se aplique la ley a los delincuentes que están promoviendo los disturbios.

Es posible que el ministro de interior francés, Nicolas Sarkozy se esté viendo cuestionado en estos momentos, incapaz de controlar una crisis en abierta escalada. Pero a la larga, si continua con su discurso de firmeza y tolerancia cero frente a los intolerantes, saldrá beneficiado políticamente. La sociedad francesa está sintiendo miedo ante lo que ve y ese miedo no se va a curar con más concesiones ni llamadas a la asimilación. Ahora bien, habida cuenta de que la juventud islámica está más conectada con lo que pasa en las calles de Damasco, Bagdad y Casablanca que con el barrio en el que vive, forzar la apertura política y religiosa en el mundo árabe sigue siendo un imperativo para el bienestar y prosperidad de esas sociedades y para nuestra propia seguridad. La firmeza en el interior de Europa debe verse acompañada por la democratización del Norte de África y el Oriente Medio. Tal vez ahora que lo están sintiendo en sus propias carnes, los dirigentes franceses vean el mérito de George Bush al promover esta idea. Lo contrario es apostar por una Europa arabizada, rendida a las fuerzas radicales y fundamentalistas.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

«Acoso y derribo» contra la AVT
A. ANTOLÍN El Correo 8 Noviembre 2005

VITORIA. A la negativa de las dos principales asociaciones de víctimas (AVT y Covite) a participar en la recién creada ponencia sobre víctimas en el Parlamento vasco por la presencia de los herederos de Batasuna, de EHAK, se sumó ayer la Fundación Fernando Buesa.

La presidenta de esta fundación, Natividad Rodríguez, también se refirió a la ponencia que nació hace menos de una semana como «un retroceso» ante la falta de definición de los temas a tratar y la presencia en la misma de los herederos de Batasuna, lo que para la AVT y Covite constituye «un insulto» a la memoria de las víctimas.

«Confusión permanente»
Rodríguez expresó su rechazo «a colaborar en la confusión permanente e interesada en la que vivimos en este país», dijo, y añadió: «Me niego a dar vueltas siempre en el mismo círculo y estar en el mismo sitio».

La viuda del dirigente socialista asesinado por ETA manifestó «a título personal» que si se «mezclan» los objetivos de la ponencia, se niega «a colaborar» en ella.

Tras la presentación ayer en Vitoria de un estudio sobre educación cívica encargado por la fundación, Rodríguez habló sobre «la falta de coherencia» existente en el País Vasco en torno a esta cuestión, «un problema muy serio», por lo que se preguntó si no será necesario «preparar a psiquiatras para atender a nuestros jóvenes en el futuro».

El parlamentario del PP, Santiago Abascal, por su parte, exigió al presidente de este foro, el peneuvista Iñigo Urqullu, que limite los trabajos de la ponencia a las personas afectadas por actos terroristas, y que no incluya a las «víctimas de las dos partes» como quieren EHAK y Aralar, que proponen incluir a los presos de ETA y los casos de supuestas torturas. Así, instó a Urqullu a que, de forma urgente, realice una declaración «tajante y solemne» para poner fin a «la confusión» existente sobre los objetivos de la citada ponencia. Y tambien para identificar este foro de trabajo «como un órgano dirigido exclusivamernte a las víctimas del terrorismo».

Ponencia urgente
En caso contrario, el parlamentario anunció que su grupo mantendrá una proposición no de ley, registrada a mediados del pasado mes de octubre, en la que se pide la constitución inmediata de una ponencia de víctimas del terrorismo para que todos los grupos parlamentarios se vean obligados a adoptar una posición sobre la constitución o no de una ponencia sólo para este colectivo.

Abascal hizo un llamamiento, por último, a todos los grupos parlamentarios «que se llaman democráticos» a exigir a EHAK una condena explícita de la violencia de ETA porque, en su opinión, sólo una exigencia de este tipo, junto con la limitación de los trabajos de la ponencia a las víctimas del terrorismo, «puede conseguir librar a la ponencia de compañeros de viaje tan indeseables».

 

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