AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 9 Noviembre 2005
Zapatero y el estado anoréxico
Editorial ABC 9 Noviembre 2005

Las contradicciones de Zapatero
Ignacio Villa Libertad Digital 9 Noviembre 2005

Inmunidad, inviolabilidad e impunidad
LUIS IGNACIO PARADA ABC 9 Noviembre 2005

Todo el Ebro para Carod Rovira
Editorial ABC 9 Noviembre 2005

1. Los objetivos políticos del nuevo PSOE
Alberto Recarte Libertad Digital 9 Noviembre 2005

Absolución por privilegio
Editorial ABC 9 Noviembre 2005

El debate de las Autonomías
José Vilas Nogueira Libertad Digital 9 Noviembre 2005

España no es un mito
Agapito Maestre Libertad Digital 9 Noviembre 2005

El lío
Fernando R. Genovés Libertad Digital 9 Noviembre 2005

ZP se luce en el Senado
Lorenzo Contreras Estrella Digital 9 Noviembre 2005

Entre la monarquía y el Senado
Juan Francisco Martín Seco Estrella Digital 9 Noviembre 2005

La pantera blanca
LAS PESQUISAS DE MARCELLO Estrella Digital 9 Noviembre 2005

La nación-club
Jesús Laínz elsemanaldigital 9 Noviembre 2005

El Tribunal de Cuentas destapa una deuda de PSOE y PSC de 65 millones de euros
Libertad Digital 9 Noviembre 2005

El PSC debe 14 millones a La Caixa desde 1994, año de la llegada de Montilla a los órganos del partido
Madrid Estrella Digital 9 Noviembre 2005

«Es una ignominia la presencia de EHAK»
ABC 9 Noviembre 2005

Zapatero y el estado anoréxico
Editorial ABC 9 Noviembre 2005

SE ha hecho esperar, pero parece que el presidente del Gobierno ha decidido por fin explicar a los españoles cuál es el modelo de Estado que guardaba con tanto secreto. Esa venturosa novedad se produjo ayer en la segunda jornada del debate sobre el estado de las Autonomías en el Senado, otorgando así a la Cámara Alta un protagonismo poco frecuente en su lánguida trayectoria institucional. Sin embargo, el discurso de Zapatero no ha servido para llevar el sosiego a una opinión pública seriamente preocupada ante el rumbo que toman los acontecimientos. Sucede en rigor todo lo contrario, ya que Zapatero parece construir su artificio teórico para dar satisfacción a las conveniencias del tripartito catalán, de manera que las hipotecas partidistas del PSOE y del PSC se convierten en hilo conductor del futuro régimen autonómico. De hecho, sólo Maragall se mostró favorable a tales planteamientos; en cambio, otros socialistas, como Rodríguez Ibarra (cuyas palabras transmitió el vicepresidente de Extremadura), acertaron de lleno al resumir el asunto en la idea de que España no puede ser «un residuo». El jefe del Ejecutivo ofrece, en efecto, un Estado débil, con una presencia mínima sobre el territorio, obligado a ejercer funciones puramente normativas y de coordinación administrativa. Un Estado anoréxico, para decirlo de manera gráfica, que se traduce en términos jurídico-políticos en un poder central más débil que el ejercido por los órganos centrales en cualquier sistema federal genuino.

La oferta del Gobierno a las comunidades autónomas ha pasado de ser generosa a convertirse en temeraria. Habla de competencias sobre inmigración, régimen local, asuntos laborales, nuevas tecnologías, gestión de aeropuertos, incluso de una reordenación de los temas de Justicia -materia especialmente delicada-, además de un incremento en el proceso de toma de las decisiones estatales y de presencia en la Unión Europea. Todo ello, añadido a las competencias que ya le son propias, configuraría, en esencia, un Estado cuasi federal. Se trata, sin duda, de hacer de la necesidad virtud. Pero también debe resaltarse que la oferta encierra trampas políticas de largo alcance: por una parte, permite elevar el techo competencial de Cataluña eludiendo el reproche de las demás comunidades autónomas, que podría dispararse si las distancias se marcaran en exceso; por otra parte, intenta romper la unidad de acción entre la dirección nacional y los líderes territoriales del PP, por medio de una táctica ya utilizada en la financiación sanitaria. Ayer, sin embargo, nadie mordió el anzuelo. En presencia de Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre hizo un discurso contundente, buscando el cuerpo a cuerpo y demostrando con cifras solventes la discriminación que sufre la Comunidad que preside. Más aún, lejos de cualquier particularismo, puso de manifiesto la inviabilidad del sistema de financiación que propone el estatuto catalán si se aplicara también a Madrid. Desde una óptica partidista, Zapatero no estuvo hábil al conceder a la presidenta madrileña un protagonismo tan relevante. Aguirre acusó al Gobierno de la ruptura del pacto constitucional y el presidente replicó con sus consabidos argumentos sobre el supuesto aislamiento del PP. Todo ello está más cerca del gran debate nacional que del interés particular de una autonomía determinada.

Acertado en el anuncio de su visita a Ceuta y Melilla, el jefe del Ejecutivo no salió bien parado en relación con el proyecto de reforma constitucional para reforzar la naturaleza del Senado como Cámara territorial. La negativa rotunda de los presidentes del PP demuestra que cualquier modificación resulta imposible, pero también es buena prueba de la inconsistencia del modelo gubernamental. Asimismo, parece imprescindible regular el funcionamiento y las competencias de la conferencia de presidentes, extraño órgano «de facto» que ha venido funcionando hasta ahora en una especie de limbo jurídico. Reducido a un esqueleto casi inservible, el modelo que se propone opta por liquidar el Estado y dejar huérfano de competencias al Gobierno. Mal asunto si se trata de garantizar el apoyo de los socios parlamentarios, y peor todavía si se hace por convicción. El debate que hoy concluye nació viciado desde su origen, porque el estatuto catalán plantea un desafío a los fundamentos del vigente Estado de las Autonomías. Una vez que las cartas están sobre la mesa, se hace imprescindible reforzar la apuesta en favor de la fórmula actual frente a una extraña aventura que no conduce a ninguna parte.

Las contradicciones de Zapatero
Ignacio Villa Libertad Digital 9 Noviembre 2005

Después de dos días de soporífero Debate sobre el estado de las Autonomías nos quedamos con un titular: Zapatero se ha convertido en víctima de su propia estrategia. Lleva casi dos años con el mismo discurso, mezcla de zalamería, resentimiento, medias verdades que se terminan convirtiendo en mentiras, sectarismo e incapacidad de argumentar su actitud ante las grandes cuestiones políticas. Una estrategia que en todo caso es muy poco sólida en los planteamientos, aunque efectista en las formas. Lo que ocurre es que tanto efectismo en tan poco tiempo, termina siendo una juerga de la nada.

Primero dice una cosa, luego explica lo contrario, más tarde afirma que nunca ha dicho lo que dijo y así sucesivamente hasta la eternidad. La penúltima es de este martes, cuando Zapatero –tan campante– en el citado debate del Senado, ha pretendido hacernos creer que no ha dicho aquello de que "nunca tocaré el Estatuto de Cataluña cuando llegue al Congreso de los Diputados". Y lo que es más grave, pretende que asintamos a esta nueva mentira como si tal cosa. Lo que ocurre, señor presidente, es que la fonoteca es cruel, y usted dijo lo que dijo.

Con un hombre sin palabra, ¿qué podemos hacer? ¿Quién le puede creer cuando sigue empeñado en vendernos una mercancía falsificada como sí fuera un buhonero? Estamos empezando a ver a un presidente del Gobierno políticamente desquiciado. Zapatero esta empezando a ofrecer síntomas de cansancio, de falta de reflejos y de incapacidad de reacción. El trato bondadoso que recibe de un gran número de medios de comunicación amortiguan el desgaste, pero la situación es como es, por mucho que se vista la mona.

Es más, el Debate del Estado de las Autonomías en el Senado –además de proporcionar un sopor general– ha dejado en evidencia la paupérrima situación del presidente del Gobierno. Sin argumentos, sin credibilidad y desfondado. Zapatero ha ofrecido la peor imagen que puede ofrecer un presidente del Gobierno: la contradicción. Ha pretendido hacernos creer que nada de lo que ha dicho es verdad, y que su discurso es muy diferente al que recogen las hemerotecas. Cuando una persona de su responsabilidad comienza a llagar a esta situación es que está bajo mínimos, ahora sólo falta por saber cuando le será imposible ocultar esa situación. Desde luego no falta mucho.

Inmunidad, inviolabilidad e impunidad
LUIS IGNACIO PARADA ABC 9 Noviembre 2005

EN el siglo XIV los miembros del Parlamento inglés obtuvieron del rey la concesión de ser juzgados únicamente por sus propios pares. Así surgió el concepto de inmunidad.

En cualquier país se entiende hoy por inmunidad parlamentaria la prerrogativa de senadores, diputados y asimilados, que los exime de ser detenidos, procesados y juzgados sin autorización del respectivo cuerpo colegislador. La inmunidad se justifica por la libertad que debe tener el representante popular para desarrollar su función. Pero no significa que no tenga responsabilidad por los actos de su conducta privada. El fuero protege la función, no la persona. Por eso, quienes gozan de inmunidad tienen responsabilidad por los delitos comunes que cometan durante el desempeño de sus cargos, aunque no se pueda proceder contra ellos mientras no se les despoje del fuero. Inviolabilidad es, en cambio la prerrogativa personal que exime de responsabilidad a los parlamentarios por las manifestaciones que hagan y los votos que emitan.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó ayer sentencia absolutoria en el caso Atutxa. La Fiscalía General del Estado, por razones poco claras, no formuló acusación y sólo lo hizo Manos Limpias como acusación particular. Los jueces han aplicado el privilegio de la inviolabilidad para absolver a los acusados en algo que no es una manifestación ni un voto. Dicen que «los actos» se enmarcan en el ejercicio de las funciones propias de su condición parlamentaria. Algo muy discutible, porque no parece posible aplicar la inviolabilidad a la negativa a la cooperación en la labor jurisdiccional. El Tribunal Constitucional dictaminó en su día que la inviolabilidad no se puede equiparar procesalmente con la inmunidad. Este caso es aún peor. Porque si el fuero protege la función, no a la persona, y desobedecer a los jueces es un delito personal, si ese delito no se castiga proporciona a su autor la impunidad, algo que pone patas arriba todo el Estado de Derecho.

Todo el Ebro para Carod Rovira
Editorial ABC 9 Noviembre 2005

SE habla y se escribe mucho últimamente sobre si Cataluña debe llamarse nación, o no, en el preámbulo de su estatuto de autonomía. Pero no se habla ni se escribe de otras aberraciones contenidas en ese texto con el que los independentistas catalanes pretenden romper la unidad de España y colar por la puerta de atrás una reforma inaceptable de nuestra Constitución. Me refiero al artículo 117 del mencionado Estatuto aprobado por el Parlamento catalán, que establece, entre otras competencias, que «la Generalitat debe emitir un informe determinante para cualquier propuesta de trasvase de cuencas que implique la modificación de los recursos hídricos de su ámbito territorial». Y por si esto fuera poco, añade otro que dice así: «La Generalitat es competente para ejecutar y regular la planificación hidrológica de los recursos hídricos y de los aprovechamientos hidráulicos que pasen o finalicen en Cataluña o provenientes de territorios de fuera del ámbito estatal español...».

Cuando uno lee estas cosas se le abren las carnes. Es evidente que cuando el presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció que aceptaría cualquier estatuto que aprobara la Cámara legislativa de esa Comunidad, no sabía con quién se jugaba los cuartos. O sí. Lo cierto es que su permanente entreguismo ante las exigencias de los independentistas catalanes le hace parecerse a esos muñecos de cuello articulado que los automovilistas colocaban de adorno en la bandeja trasera del coche, y cuando este se ponía en marcha el muñeco movía el cuello y decía permanentemente sí. Para Rodríguez Zapatero, por lo visto, todo vale con tal de mantenerse en el poder.

El Estatuto catalán pretende bloquear expresamente cualquier posibilidad de un futuro trasvase del Ebro, que es como pretender que toda el agua de ese río sea para Carod Rovira. No es de recibo que los independentistas catalanes quieran apropiarse de los ríos por la vía estatutaria. Sencillamente, porque no son suyos. El agua es de todos los españoles, como dicta la ley. Nuestra Constitución establece que la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma corresponde al Estado. Por su parte, la Ley de Aguas establece que «la cuenca hidrográfica como unidad de gestión del recurso se considera indivisible». Además, también la Directiva Marco del Agua establece como uno de los principios rectores de la gestión en materia de aguas el respeto a la unidad de cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico, un texto que impone asimismo a los estados miembros la obligación de velar para que se elabore un plan hidrológico de cuenca para cada demarcación hidrográfica situada totalmente en su territorio.

Es evidente que el todo determina las partes. Los recursos hídricos no son patrimonio de ninguna comunidad autónoma. Por este motivo Zapatero no puede eludir su responsabilidad y su obligación de gestionar adecuadamente, como dictan expresamente las leyes, un recurso tan importante y escaso como el agua. Tampoco puede dar alas a las pretensiones de una pandilla de iluminados que pretenden apropiarse en exclusiva de dicho recurso en perjuicio de otras regiones españolas.

Pero sucede que los independentistas se han crecido ante la debilidad del Gobierno socialista, que necesita su apoyo para gobernar. No debe extrañar que la propuesta que hace el Estatuto catalán en materia de planificación y gestión hidráulica sea descaradamente insolidaria. Los ejemplos de insolidaridad se multiplican por doquier en otros muchos aspectos a los que alude el Estatuto.

Pero no nos engañemos, los independentistas catalanes no habrían podido ir tan lejos sin el apoyo que les ha prestado el secretario general del PSOE. El último empujón para que se aprobara el Estatuto catalán fue obra del propio presidente del Gobierno, aun a sabiendas de que resulta inasumible por inconstitucional. Ese es el peaje que ha tenido que pagar por el apoyo de Pasqual Maragall y Josep Lluis Carod Rovira. El presidente del Gobierno está prisionero de esta alianza ciertamente envenenada. Y eso empieza a notarse demasiado. Rodríguez Zapatero no podrá seguir por mucho tiempo, a base de talante y sonrisa, como si no pasara nada, intentando quitar importancia al completo desastre al que nos está conduciendo.

Recientemente ya ha recibido los primeros abucheos en público. Porque lo que quiere la gente es un presidente de la nación que resuelva los problemas, que tome decisiones, aunque estas sean incómodas. Pero sobre todo que sepa decir que no cuando se plantean exigencias como las del Estatuto, que pretende consagrar una serie de privilegios para Cataluña, insolidarios y egoístas, sin importar las consecuencias en el resto del Estado. Como dejó escrito el periodista Jaime Campmany: «Avanza por levante ese animal silencioso y asesino que es el desierto y a los españoles de acequia y caballón nos pilla con los socialistas en el Gobierno».

La Constitución de 1978 no está en vigor
1. Los objetivos políticos del nuevo PSOE
Alberto Recarte Libertad Digital 9 Noviembre 2005

I. Dos PSOE diferentes. Unas mismas prácticas antidemocráticas

En 2003, tras perder las elecciones generales de 1996 y 2000, el PSOE decidió, con Rodríguez Zapatero a la cabeza, que era necesario evitar un tercer triunfo de la España liberal conservadora. No era la primera vez que ese partido se encontraba ante una situación de ese tipo. Entre 1979 y 1982, tras la pérdida de las elecciones de 1977 y 1979, el PSOE decide acabar con Adolfo Suárez. Se puso en marcha la política de acoso y derribo y la colaboración de una parte del PSOE –la imprescindible– con una política identificada con el golpismo El proceso se repite entre 2003-2004, con manifestaciones contra la guerra de Irak, que lo que ponían en duda era no una política de gobierno, sino la propia legitimidad del gobierno del PP. El PSOE colabora activamente en la desestabilización constitucional que ocurre entre el 11 y 14 de marzo de 2004, aprovechando un atentado político. Un atentado del que vamos conociendo detalles –a través, por ejemplo, de la imprescindible serie de artículos de Luis del Pino en Libertad Digital. Un atentado que hoy parece evidente que no podría haberse producido sin la colaboración, o la desidia, de una parte de las distintas policías españolas y del propio CNI. Pero el atentado no se está investigando activamente. El gobierno se niega a colaborar.

Felipe González y su equipo del PSOE pensaban, a principios de los 80, que gobernarían España indefinidamente. Estaban convencidos de que sería imposible que volviera a formarse y a ganar las elecciones un partido liberal conservador. No contaron con su propia corrupción, con la crisis económica ni con la prensa libre. En 1996 perdieron el poder.

Rodríguez Zapatero, con una posición política mucho más endeble que la de Felipe González, también está decidido a evitar que vuelva a gobernar en España una opción liberal-conservadora. Sabe que sus enemigos son un partido liberal-conservador fuerte y la prensa libre. Y para destruirlos se ha aliado, con el apoyo incondicional del nuevo PSOE, y siguiendo los pasos de Chávez en Venezuela, con el castrismo, representado en Europa por el partido comunista, espina dorsal de Izquierda Unida, y con los nacionalismos separatistas. Está dispuesto, para no perder el poder, a sacrificar la unidad de España, un valor que significaba mucho para el PSOE jacobino de Felipe González, pero que hoy parece menos importante, a la vista del fracaso de las políticas intervencionistas socialistas en toda Europa y el avance imparable de la globalización. Parece como si, como ocurriera a finales del siglo XIX, el liberalismo fuera a difuminar las fronteras nacionales. En ese momento la izquierda se hizo federalista; pensó que era más fácil formar y controlar estados–nación más pequeños que los tradicionales estado-nación que se habían constituido en Europa a partir del siglo XV.

¿Cómo se va a desarrollar esa nueva estrategia, antinacional y federalista del nuevo PSOE? ¿Dónde estamos, constitucionalmente, tras la traición del PSOE de Rodríguez Zapatero a la Constitución de 1978? ¿Dónde nos lleva el pacto del PSOE con los nacionalismos separatistas de Cataluña y el País Vasco, y con los marxistas leninistas del partido comunista que es hoy, nuevamente, la ideología dominante en Izquierda Unida? ¿Hay alguna posibilidad de recuperar la Constitución de 1978? En su caso, ¿cuál es la alternativa? ¿Es la política de Rodríguez Zapatero como piensa, por ejemplo, P. J. Ramírez, una política sin rumbo o tiene, como yo creo, objetivos muy definidos?

II. Los objetivos políticos del nuevo PSOE

Primero: el PSOE, con algunas objeciones por parte de los dirigentes de esa formación que participaron en la elaboración de las Constitución en 1978, se decanta por la ruptura. Considera que la transición fue un error y que su triunfo en las elecciones de 2004 le permite, por un tiempo limitado, una actuación revolucionaria. No cree –como tampoco lo creía el PSOE entre 1975 y 1977, y recuérdese que aconsejó el voto negativo a la ley de Reforma política del post-franquismo, que posibilitó una transición pacífica–, no cree que España sea una nación; ha vuelto a planteamientos, no ya federales, sino confederales. Su objetivo es la transformación de España en una república confederal o un estado confederal con apariencia monárquica, si la familia real acepta ese nuevo papel, totalmente desprovisto de contenido

Segundo: son conscientes de que están vulnerando la Constitución; pero no están solos. Les apoyan todos los partidos nacionalistas –sobrerrepresentados en el Congreso por la ley electoral de 1977– e Izquierda Unida, que nunca ha renunciado a su pasado comunista ni a los crímenes del leninismo, el estalinismo y los cometidos por sus dirigentes durante la Guerra Civil española. Y no temen al Tribunal Constitucional, porque sus decisiones no han tenido contenido jurídico sino político. Porque saben que sus partidarios son mayoría en dicho Tribunal y saben que no se va a entrar a fondo en el contenido constitucional de la legislación que han promovido. Por eso evitan el pronunciamiento sobre el nuevo estatuto catalán de organismos como el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, donde pesan mucho más las consideraciones puramente jurídicas que las políticas.

Tercero: quieren hechos consumados. Quieren un estatuto que convierta a Cataluña en un estado-nación y que sea ratificado rápidamente en un referéndum en el que sólo voten los residentes en Cataluña. El resto de los españoles tendrán que callar, aunque ese estatuto infrinja, en muchos puntos, la Constitución de 1978.

Cuarto: una vez aprobado y ratificado el nuevo texto del estatuto catalán, con modificaciones menores que no borrarán su radical anticonstitucionalidad, propondrán estatutos similares para el resto de España: País Vasco, Galicia, Canarias y el resto de las autonomías que lo deseen. No les dará tiempo, antes de 2008, para transformar en estados-nación a otras autonomías, pero quieren llegar a las elecciones generales de 2008 con Cataluña con ese carácter, por supuesto, y con procedimientos independentistas avanzados similares en otras autonomías. En esas elecciones, aunque se voten listas para el Congreso y el Senado español, el gobierno que surja de ese parlamento español tendrá poderes muy limitados por la nueva realidad política de una España confederal.

Quinto: creen que este proceso es irreversible, y que contará con el apoyo de la clase política autonómica, de derechas y de izquierdas. Nadie querrá ser menos que Cataluña y el País Vasco. Esperan que si el equipo dirigente del PP se opone a la marea reivindicativa de la clase política que manda en las autonomías, –que querrá tanta competencia como catalanes y vascos, recuérdese la cláusula Camps del estatuto valenciano–, sea barrido. Esperan que al actual PP le acaben sustituyendo partidos conservadores, de implantación local, a los que les resultará difícil llegar a acuerdos con los partidos conservadores de las otras autonomías, porque creen que los intereses de las élites locales chocarán con los de las demás autonomías. Esta es, al menos, la esperanza del PSOE, que no cree que existan, en política, otras motivaciones, en los partidos conservadores o liberales, que los intereses económicos egoístas. Una apreciación de este tipo es lógica en quien ha sido aliado tradicional de un partido como CiU, el más claro representante del conservadurismo populista en toda España. Un partido en el que no hay ideales, sólo intereses, miedo y sometimiento a la autoridad. Un partido que añora el corporativismo de principios del siglo XX.

Sexto: en un contexto de este tipo, el PSOE de Rodríguez Zapatero estaría dispuesto incluso a arriesgarse a perder las próximas elecciones generales de 2008. Lo estaría porque piensa que, aunque triunfe el PP, su gobierno sería efímero, porque sería muy difícil que el PP lograra una mayoría absoluta. En ausencia de esa mayoría, los socialistas esperan que el efecto centrifugador del estatuto catalán, y de otros posibles, obligarán al PP a aceptar, de hecho, a gobernar con una no-constitución confederal. Y esperan que, en la medida en que lo haga, perderá el apoyo de muchos de sus votantes; en concreto, de los que siguen creyendo en España como nación. El PP estaría abocado a su desaparición como partido nacional. Y, paradójicamente, sólo el PSOE mantendría su carácter nacional, a pesar de haber destruido España. El PP se fraccionaría, incluso parlamentariamente, como le ocurrió, en la práctica, a la UCD, tras su triunfo en las elecciones generales de 1979 contando, eso sí, con la campaña de acoso y derribo y el golpe del 23-F contra Adolfo Suárez, que hemos comentado. El efímero triunfo de ese PP, sin un mandato claro, como le ocurrió a la UCD de Calvo Sotelo, daría paso a una nueva hegemonía del PSOE, apalancado fuertemente, como en Andalucía y Extremadura, en el poder de algunos de los estados-nación de la nueva confederación española. Y creen que, en este momento, como ocurrió en 1982, al PSOE le apoyarían, quizás, incluso parte de los votantes con inquietudes españolistas, porque sería el único partido que se presentaría unido. Es verdad que si ganaran unas nuevas elecciones generales sólo podrían alumbrar un gobierno débil, dada la limitación de competencias del estado central, pero su poder despótico se apoyaría en su implantación a nivel autonómico-confederal.

Absolución por privilegio
Editorial ABC 9 Noviembre 2005

DESDE que el fiscal general del Estado decidió retirarse de la acusación contra Atutxa y los otros dos acusados por desobediencia al Supremo y desde que el Gobierno dejó claro que ya no era oportuno aplicar la legalidad desobedecida -Ley de Partidos-, la absolución se convirtió en la opción más probable para la sentencia que había de dictar el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y así ha sido. Pero no se contaba -pese a que la defensa de los acusados lo propuso- con que la absolución se iba a basar en una interpretación extensiva e injustificada de la inviolabilidad parlamentaria. Para el TSJ vasco, los acusados eran inviolables en su decisión de no dar trámite a la disolución del grupo parlamentario Socialistas Abertzales, resuelta por el Supremo. Según la sentencia, tal decisión fue tomada por los acusados en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, lo que les exime de toda responsabilidad penal.

Este razonamiento se antoja, tal cual, una quiebra de la soberanía judicial y la instauración de un principio de exención jurisdiccional contrario a la Constitución y a la propia esencia de la inviolabilidad parlamentaria. Conforme a esta interpretación, cualquier presidente de asamblea autonómica puede llevar el cumplimiento de una resolución judicial a la mesa de su parlamento, reconvertir la ejecución de la sentencia o auto en asunto parlamentario y generar así, artificial y voluntariamente, su propia inviolabilidad. Lo que ordenó el Supremo no tenía nada que ver con el ejercicio de las funciones parlamentarias, en sentido estricto, sino con la administración o gobierno interno de la Cámara vasca, lo que constituye una diferencia decisiva en este caso. Simplemente, había que traspasar al Grupo Mixto a los parlamentarios de Socialistas Abertzales. Atutxa y los demás acusados actuaron en su calidad de responsables de un órgano administrativo para tratar un asunto que no tenía relación con la actividad legislativa y de control político a cuya protección se orienta el privilegio de la inviolabilidad parlamentaria. La decisión del TSJ vasco encierra una inadmisible visión mutilada del imperio de la ley, vulnera el principio de igualdad y reinstaura las zonas exentas de jurisdicción, tan impropias del Estado democrático y de Derecho. El Supremo tendrá la última palabra.

Oficio de tinieblas
El debate de las Autonomías
José Vilas Nogueira Libertad Digital 9 Noviembre 2005

Los nacionalistas gallegos no sé si quieren relación bilateral, pero aseguran que Galicia no es España Pasaron los días de difuntos y de los santos; con su melancólico ritual. El veranillo de San Martín ha acudido puntual a la cita. Pero, salvo las climatológicas, no muchas alegrías puede aportarnos este año. El Gobierno ha mantenido la tradición teatral de estos días. Zapatero hace un don Juan muy aparente, pero doña Inés tiene bigotes. La novicia ha salido bicéfala y bi-bigotuda, que tanto monta, monta tanto Carod como Maragall. Esta Inés bi-bigotuda trae al joven galán por la calle de la amargura, aquí caído, más allá no levantado. Pero no lo sientan. Y no es que yo quiera incitarles a la dureza de corazón. Al galán le va esta marcha; disfruta más que todos nosotros.

La obra, como todas las clásicas, tiene varias versiones. La que se está representando estos días es el "debate sobre el estado del Estado (es así, no hay redundancia ni pleonasmo) de las autonomías". Es ésta función muy apreciada por el público y, además, hace siete años que no se reponía. Lástima que no pueda aspirar al premio nacional de teatro, pues la dixi Carmen Calvo ya se lo concedió a Animalario. Se representa en el Senado, teatro de clásicos prestigios. Según indica su nombre, el Senado era teatro de ancianos. Así aconteció en tiempo de los romanos, que inventaron la institución (nota bene para la pixi Manuela de Madre; bastante antes del siglo XIX). Ocasionalmente hubo algún senador joven, tal “Incitatus” el caballo del emperador Calígula, aunque creo que más bien fue cónsul que senador. Probablemente, el extravío de este déspota interrumpió la evolución natural de la cosa que, sin duda, habría abocado al IMSERSO. Con este nuevo invento, comenzaron a escasear los ancianos para el Senado y hubimos de recurrir a barbilampiños penenes de Universidad, que si no adquirían allí muchos saberes, si afanaban algunas influencias, granjería de valor inestimable para culminar exitosas carreras académicas. Los animalarios, en cambio, sólo contienen animales, como ilustra muy bien la compañía tan justamente premiada.

Uno de los atractivos de la función que ahora se repone es el gran número de personajes que integran el reparto. Se comprende, así, que sólo el Estado pueda abordar una producción tan costosa. No habría compañía privada con recursos suficientes. Pues aunque los nacionalistas disgregadores censuran la terrible opresión que ejerce “Madrid” sobre naciones, nacionalidades, regiones y demás hierbas constituidas en Comunidad Autónoma, el número de personajes de la función es tan numeroso como variopinto. El primer y más largo parlamento (en el sentido teatral del término) de este auto sacramental (con perdón) corresponde al Presidente del Gobierno. El segundo debería corresponder al Presidente de la Comunidad Vasca, pero éste no ha querido venir. Está muy dolido con el personaje principal, que no ha sido lo debidamente "generoso". Pelillos a la mar, pues al Presidente del Gobierno sólo le duelen los comportamientos de la derecha, en sus múltiples y maléficas encarnaciones (PP, AVT, COPE y muchos etcéteras). Las bofetadas de los nacionalistas autonómicos no le molestan. Ahí (en el rostro de España) se las den todas.

Aunque Ibarreche no actúa, quedan otros dieciséis. A última hora, uno menos. Tampoco actuará Rodríguez Ibarra. En este caso, no ha sido despecho, sino una súbita y grave enfermedad. De todos modos, quince Presidentes autonómicos no es mala cantidad. Más dos Presidentes de ciudades autónomas. También tienen papel el Presidente del Senado, y el Presidente de la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado. Como nuestro lenguaje político institucional es bastante pobre, somos el país con más "presidentes del mundo". Pero podemos mejorar todavía nuestra perfomance: un presidente de república o, mejor, varios presidentes de varias repúblicas. Finalmente actúan los portavoces de los siete grupos parlamentarios del Senado. En total, veintisiete personajes, con diversos parlamentos cada uno.

Un mérito adicional de la función es que es plurilingüe. La ausencia de Ibarreche la empobrecerá un poco en este aspecto. La perfección es difícil, pero tendremos catalán y gallego. Aunque en los parlamentos de estas Comunidades no se puede hablar español, en el de la odiosa e imperialista España sí se pueden usar catalán y gallego. Así lo hicieron el segundo y el tercer actor (por orden de aparición). Por cierto, el incontinente y maleducado Maragall manifestó que se sentiría feliz si el Congreso de Diputados fuese desplazado a Toledo y el Senado a Zaragoza. Resulta que ningún español no catalán puede inmiscuirse en la gobernación de Cataluña, pero el Presidente de su Generalidad se entremete cuánto y cómo quiere en la gobernación de España. Otra vez, la ley del embudo. La impertinencia es mayor todavía porque en Cataluña todas las instituciones autonómicas están concentradas en Barcelona.

Aparte del lucimiento de estos malos cómicos, ¿tiene alguna utilidad este presunto debate? Claramente, ninguna. Lo único razonable sería federalizar o territorializar el Senado, preferentemente según el modelo alemán, de modo que estuviese integrado por representantes de los ejecutivos regionales. Pero aquellos, como el propio Maragall, que más hablan de federalismo, tienen otras aspiraciones: la relación bilateral entre Cataluña y “España”. Los nacionalistas vascos, que no hablan de federalismo, quieren también una relación bilateral entre País Vasco y España. Los nacionalistas gallegos no sé si quieren relación bilateral, pero aseguran que Galicia no es España.

Por tanto, la pregunta previa es ¿qué es España? Nadie la atiende, fingiendo dar por supuesto que es una pregunta retórica que sólo intenta deslegitimar a los nacionalismos disgregadores. Pero, no es así. Es una pregunta pertinente. Porque hay muchas respuestas posibles: España es una nación compuesta por nacionalidades y regiones que se extiende a todo el ámbito de competencia territorial del Estado español (más o menos, Constitución de 1978). España es todo eso, menos Cataluña. España es todo eso, incluida Cataluña, menos el País Vasco. España es todo eso, incluidas Cataluña y el País Vasco, menos Galicia. Pero hay muchas otras posibilidades. Para no cansarles me limito a una muy restrictiva, España sería todo el “Estado” menos Cataluña, menos la Franja oriental de Aragón, menos los “Países Catalanes” (Comunidad Valenciana y Baleares), menos el País Vasco, menos Navarra, menos algunos territorios de Santander, norte de Burgos y La Rioja, menos Galicia, menos la franja occidental de Asturias, menos El Bierzo, menos algunas comarcas occidentales de Zamora, menos las Islas Canarias, menos Ceuta, menos Melilla. Se podría depurar más: menos Asturias, menos Aragón, menos Andalucía, menos...

Al cabo, España es todo o no es nada, porque no es algo ajeno a sus componentes. Esta es la realidad. Lo otro es teatro, mal teatro.

José Vilas Nogueira es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Santiago de Compostela

Gustavo Bueno
España no es un mito
Agapito Maestre Libertad Digital 9 Noviembre 2005

Es el título del último libro de Gustavo Bueno. Esto no es, sin embargo, una crítica literaria, sino el recuerdo de un autor que por amor a su patria, por amor a su nación, ha cambiado, en cierto sentido, todo su programa intelectual. No quiero decir que haya abandonado sus investigaciones materialistas, ni mucho menos dejada a un lado su concienzuda obra académica, pero sí que, en los últimos años, su investigación sobre la cuestión de España es el tema prioritario de su pensamiento. Por eso, precisamente, sería interesante que Bueno nos explicase a los españoles las razones y, sobre todo, las pasiones que lo llevaron por estos nuevos derroteros.

Estoy convencido de que en esa explicación, sin duda alguna biográfica, hallaríamos muchas de las miserias y desventuras del pensamiento español contemporáneo a la hora de valorar la realidad nacional. El desprecio que buena parte del “pensamiento” español, políticamente correcto, ha tenido hacia la idea de nación española sólo es comparable, especialmente en estulticia y maldad, al proceso desnacionalizador, casi criminal, que los políticos nacionalistas y periféricos han sometido a la idea de España.

Lo cierto es que el filósofo materialista, serio y riguroso, que ha sido siempre Gustavo Bueno, ha cambiado su agenda intelectual a una edad avanzada, cuando se dio cuenta de que su patria, su nación, estaba en peligro. Este es el hecho, verdaderamente, loable. Pues si cambiar de proyecto intelectual es siempre difícil, hacerlo a una edad tan provecta tiene que ser doblemente reconocido: primero, porque es una señal de vitalidad sin par en el panorama intelectual español, y, en segundo lugar, porque está movido por un sentimiento patriótico y una idea de nación española dignas de ser envidiadas por todo ciudadano de bien.

Sí, cuando he leído “España no es un mito”, he comprobado que Bueno no contaba cosas inauditas, tampoco teorizaba cuestiones extravagantes, sino que ofrecía argumentos objetivos en forma de preguntas a favor de la unidad de España. Sí, por encima, de la argumentación contra la Leyenda Negra, creada en el exterior contra España, y contra quienes arremeten desde el interior por su existencia y consistencia, Bueno deja traslucir en su pensamiento una noción genuina de patriotismo español en las antípodas de cualquier tipo de nacionalismo. Sí, el amor a su patria no es excluyente, ama a su nación, pero no odia a las demás patrias. Nunca hubo “nacionalismo español”, no pudo haberlo, porque el español, en el interior o en el exilio, jamás perdió su nobleza. La afirmación de España no significa, pues, la negación o el odio de nadie.

Demos, pues, las gracias a Bueno, porque ha enseñado a las nuevas generaciones de españoles a decir patria sin sentir vergüenza.

El lío
Fernando R. Genovés Libertad Digital 9 Noviembre 2005

Resulta a menudo tan ocioso como engañoso insistir en la gravedad de lo que está pasando en estos momentos en la Nación española cuando puede llegar a dejar de ser lo uno y lo otro. Mientras se está celebrando en pleno escenario la fenomenal tragicomedia, gran parte del respetable público no entiende ni pilla la trama. A pesar de todo, unas veces aplaude por automatismo, y otras, bosteza de puro aburrimiento. Aunque lo que se escenifica sea una gran farsa, el argumento que sirve de base es cosa seria, compuesto en secreto gran parte del mismo.

Mas, ¿cómo convencer a quien no desea saber la verdad, porque la teme o le disgusta? ¿Cómo competir con la doctrina oficial de esta sociedad tan limitadita, según la cual lo que queda bien es poner buena cara al mal tiempo y cara de póquer ante un tripartito de ases como si fuese un farol?

No me dirán ustedes si no es ridículo y lamentable intentar explicar las claves del asalto a la España democrática y del cambio de régimen sin garantías, que hoy tienen lugar entre nosotros, a un interlocutor que aparentemente nos escucha, mientras sonríe con condescendencia y se admira de la superioridad que supone no dar importancia a las cosas. Lo estupendo en la España de última hora es pedir, como Siniestro Total, ante todo, mucha calma. Y con esto ya está dicho casi todo.

Aquí, ni la oposición política parece haberle tomado la medida a la operación de desahucio nacional que se está oficiando ante nuestras narices. Como en el hundimiento de una nave que por lo visto ya no va, algunos se toman la cosa en plan filosofía zen y con una copa de cava, para que no digan de uno que es un radical y un político incorrecto. Tal vez por ello, el mesurado Mariano Rajoy repite incansablemente, solo ante el peligro, que lo que el actual Ejecutivo está cocinando con sus pinches es nada más y nada menos que un “desaguisado”, un “disparate”. Cuando se pone firme, añade: y además, un “lío”.

Aun siendo un buen parlamentario, ¿quién va a tomarse en serio a un líder de la oposición que se muestra exultante porque, dice, algunos influyentes socialistas incluso han hablado últimamente con él? ¿No resulta patético también que Josep Piqué celebre el presente panorama aduciendo que ahora es el PP el que representa en solitario los valores de la izquierda, o sea, la igualdad y la solidaridad? ¿No es desolador que desde las filas del PP se proclame sin rebozo que la única esperanza de parar el nuevo Estatuto de Cataluña reside en la rebelión interna que pueda producirse en el partido socialista? Si tan poca confianza tienen en sí mismos, ¿cómo esperan recibir la confianza de los votantes y el apoyo de un sólo grupo parlamentario? Según ha queda establecido por el realismo político, lo peor que puede pasarle a un político es ser odiado y/o despreciado.

En España, sigue vigente un acuerdo sedicioso, los Pactos del Tinell, firmado entre ERC-PSC-ICV, el 14 de diciembre de 2003, todavía apoyado por altas, y no tan altas, esferas del poder. Esto representa una absoluta anomalía política que de facto rompe las reglas de juego en una democracia, dejándola suspendida o en situación de stand by. Dicho compromiso proclama: "Ningún acuerdo de gobernabilidad con el PP, ni en la Generalitat ni en el Estado. Los partidos firmantes del presente acuerdo se comprometen a no establecer ningún acuerdo de gobernabilidad (acuerdo de investidura y acuerdo parlamentario estable) con el PP en el Govern de la Generalitat. Igualmente estas fuerzas se comprometen a impedir la presencia del PP en el gobierno del Estado, y renuncian a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las cámaras estatales". La hoja de ruta del Ejecutivo socialista sigue en este plan.

¿Es esto un lío? Tal y como están las cosas, será mejor no consultar a un experto en Derecho constitucional o a la Complutense para interpretar la amenaza. Pero este columnista inexperto se atreve a señalar que el asunto está más que claro; obscenamente claro, añadiría. Las apuestas están ahora en el Parlamento español quince a uno. Y a ese uno se le pretende borrar del mapa, como a Israel. Así las cosas, ¿quién apuesta a caballo perdedor, si además está hecho un lío y duda entre salir a ganar o salir corriendo?

ZP se luce en el Senado
Lorenzo Contreras Estrella Digital9 Noviembre 2005

Baja paulatinamente el PSOE en cotización electoral, según las encuestas, y pierde terreno Zapatero en prestigio personal cada vez que abre la boca. Y la abre para soltar vaguedades y obviedades en torno a temas que en principio son muy serios y después, una vez enunciados, dejan al personal pensativo y sin acabar de saber qué clase de gobernante tenemos. Al PP de Rajoy le han puesto las argumentaciones políticas posibles como a Fernando VII le ponían sus amigotes las carambolas de billar. No tiene problema para ensayar frente a Zapatero toda clase de frases floridas. Así cualquiera. Y menos mal que de vez en cuando sube al estrado de oradores parlamentarios el señor Rubalcaba para corregir la ortografía y la sintaxis política de su inepto jefe de filas, al que incluso contribuye a empeorar Pepiño Blanco, el secretario de Organización del PSOE, que es otro peso pesado de la dialéctica zapaterista. Lo de peso pesado es una broma. Pesada, claro.

A estas alturas, la perspectiva política española es un perfecto lío. Zapatero ha reunido a los presidentes de comunidades autónomas en el Senado. Los ha encerrado allí para intentar aclarar los términos de la situación, pero el modelo de Estado sigue opaco, el Estatuto catalán sigue perturbando la posibilidad de hallar fórmulas que garanticen una cierta homogeneidad en la organización futura del Estado de las Autonomías; la financiación aparece de pronto como “algo” que hay que pactar entre todas las comunidades; el bilateralismo o entendimiento privilegiado de alguno o algunos con una entidad llamada España parece una herejía porque, naturalmente, los “contratantes” quieren igualdad, y los que se sienten diferentes reclaman su supuesto derecho a ser otra cosa. Zapatero predica la ortodoxia del Estado de las Autonomías en consonancia con las Tablas de la Ley de 1978, pero una cosa es predicar y otra dar trigo. Los presidentes de comunidades, agobiados por el problema del agua, se quejan de que el jefe del Ejecutivo se ha olvidado del asunto. Y a todo esto, la voz oficial proclama que en treinta años España ha ingresado en el paraíso de los grandes aciertos y las inesperadas felicidades, pero eso no significa que esta Constitución no resulte ser, para sus mismos beatificadores, una perfecta calamidad obsoleta que es urgente arrumbar. Lo cual significa que el instrumento de nuestras grandes prosperidades es el que nos puede conducir, si no se le entierra debidamente, al más perfecto y absoluto de los desastres.

Y es curioso que estas sombras nunca hayan sido tan abrumadoras ni densas cuando los grandes rectores de la política nacional, dieciocho en teoría, pero sin Ibarretxe, porque “no se ajunta” con los españoles, ni Rodríguez Ibarra, porque se le ha interpuesto un infarto de miocardio en el camino del Senado, se han dado cita en la Alta Cámara para hacer examen de concienca y análisis del porvenir.

El que no pierde la fe ni el entusiasmo, al menos en apariencia, es el mismísimo Zapatero, a quien se atribuye la condición de experto en la aplicación del pensamiento y la doctrina de don Anselmo Carretero, un teórico exiliado del franquismo, ya fallecido, muy amigo del abuelo mártir del actual presidente del Gobierno, afincado en las américas, autor de un libro sobre Los pueblos de España. Introducción al estudio de la Nación española, ingeniero industrial que algo pudo contribuir a la idea de la llamada “nación de naciones” y que, pese a su condición de experto industrial, dirigió una explotación agrícola en la selva maya. Lo normal habría sido que su especialidad tuviera que ver con la ingeniería agronómica.

Pero, en fin, Zapatero nos quiere situar en el buen camino, conforme a su “Hoja de Ruta”. Y todo dentro de la Constitución, aunque Pasqual Maragall haya manifestado al diario ABC que “en España hay tres naciones seguras y alguna probable”. Pero, ¿cuál es sólo la probable? A este paso, tal vez le toque ese papel incierto a la propia España, nación de naciones con exclusión de ella misma.

Entre la monarquía y el Senado
Juan Francisco Martín Seco Estrella Digital 9 Noviembre 2005

La semana pasada, la sociedad española ha transitado alrededor de dos partos: por un lado, el de la heredera, y por otro, el de las Cortes soberanas admitiendo a trámite el proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña. Don Felipe estuvo bien con eso del signo de los tiempos, muy conciliar ahora que la Iglesia se ha hecho poco conciliar, y me refiero al Concilio Vaticano Segundo. Efectivamente, no parece que la discriminación de las mujeres vaya con los signos de los tiempos; en todo caso, lo que se impone es la discriminación del hombre, y si no véase la ley de violencia doméstica. De todas formas, recurrir a los signos de los tiempos tiene su peligro, porque a alguien se le podía antojar que lo más contrario a los signos de los tiempos es la propia monarquía.

Don José Luis, el pobre, estuvo peor. Lo único que se le ocurrió afirmar a la salida de la clínica es que la monarquía es la garantía de la unidad territorial de España. Apañaos estamos. Eso es lo que desean los nacionalistas, que el único lazo de unión sea la monarquía. Hay otros, entre los que se encuentra el vicepresidente económico, que se preocupan mucho de la unidad de mercado. Preocupación vana. En los tiempos que corren, la única unidad que está a salvo, tanto en España como en Europa, es la de mercado.

Los portavoces socialistas, en su estrategia de defensa frente a los ataques del Partido Popular, reiteran con machaconería que el PP exagera y miente cuando afirma que la unidad de España está en peligro. La unidad de España está a salvo, repiten. Sin duda tienen razón. Pero tal vez ahí radique el problema. Porque hay muchos tipos de unidades, y algunas son peores que la desunión. Por ejemplo, la Unión Europea. Unión de mercado, financiera y monetaria, pero sin unidad fiscal, social y laboral. Lo que a algunos nos preocupa no es la unidad de España, sino la unidad y cohesión del Estado, del Estado social, que implica como premisa primera y fundamental la unidad de la Hacienda Pública. El Estado liberal, el Estado policía, se puede disgregar sin que suceda nada, continúa habiendo estados policías, sólo que de dimensiones más reducidas; pero cuando el Estado social se desvertebra, en presencia de un mercado único, a las nuevas unidades políticas nacientes les resultará imposible, o al menos muy difícil, configurarse como estados sociales, más bien tendrán que asemejarse cada vez más a los estados policías. Eso es lo que está ocurriendo en la Unión Europea, que los estados nacionales se ven impelidos a abandonar las premisas del Estado del bienestar y a adoptar los principios del laissez-faire, laissez-passer.

Al tiempo que se quiere reformar la Constitución para cambiar la línea de sucesión de la monarquía, se pretende modificar también la estructura y las funciones del Senado, dicen que para convertirlo en verdadera Cámara territorial. Y uno no puede por menos que preguntarse que para qué, porque, hoy por hoy, ya tenemos Cámara territorial: la del Congreso. ¿Es que acaso hay en el Parlamento otro debate que no sea el territorial? ¿No son los nacionalismos los que están marcando la agenda política del país?

Tal como se ha configurado el juego electoral, estamos abocados, o bien a la mayoría absoluta de uno de los dos partidos nacionales, o bien a que las formaciones políticas nacionalistas se constituyan en árbitros de la situación que, por su propia naturaleza y al atender exclusivamente al bienestar de una región, primarán a ésta en detrimento de las otras. Y no se sabe muy bien cuál de los dos resultados es peor. Ante esta realidad hay quien ha propuesto que, antes que reformar el Senado, se reforme el Congreso. Parecen tener razón, y la tendrían si no fuese porque la solución que proponen es aún peor: la de convertir el sistema en mayoritario, o la de exigir mayores mínimos, que si es posible que nos librasen de los chantajes nacionalistas nos condenarían a estar sometidos permanentemente al despotismo de la mayoría absoluta.

Desde sus comienzos, los procedimientos democráticos estuvieron bajo sospecha. La participación del pueblo en el control político fue aceptada progresivamente con desconfianza y no sin adoptar medidas compensadoras. Al principio fue el voto censitario. La capacidad de votar quedaba restringida a aquellos que tenían un determinado numero de propiedades. Más tarde, habiéndose aceptado el sufragio universal, las distintas constituciones idearon instrumentos que condicionasen los resultados electorales de manera que se centrasen y que en mayor o menor medida quedasen excluidos los partidos minoritarios, que podían ser también los más radicales.

En nuestro país, con la excusa de la gobernabilidad, se introdujeron correcciones serias a la proporcionalidad, desde la circunscripción provincial hasta la ley D’Hont, pasando por la exigencia de mínimos para tener representación o el reparto desigual de los diputados por provincias. El resultado está a la vista: la pluralidad política ha quedado reducida a dos grandes formaciones que, al margen de enfrentamientos de poder, tienen en muchas materias posiciones parecidas, y a los partidos nacionalistas, que, por tener concentrados sus votos en una región, no sufren el castigo de las citadas correcciones.

La solución a este empobrecimiento de nuestra vida democrática no puede venir de la mano de incrementar las restricciones a la proporcionalidad, de manera que se haga imposible también la representación de los partidos nacionalistas, abocándonos al turnismo de dos grandes formaciones, sino a adoptar una proporcionalidad estricta que permita la existencia de otros partidos e incluso la posibilidad de fragmentación de los actuales, de manera que el abanico de las formaciones políticas represente realmente la pluralidad política de la sociedad española. Las mayorías absolutas serían improbables, pero también se evitaría el monopolio de los partidos nacionalistas a la hora de garantizar la gobernabilidad y el precio a pagar por ello.

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La pantera blanca
LAS PESQUISAS DE MARCELLO Estrella Digital 9 Noviembre 2005

Mírala, mírala, ahí va Esperanza Aguirre por el pasillo central de la sala de plenos del Senado que ella presidió camino de la tribuna de oradores en un momento crucial del debate autonómico, con las cámaras de televisiones encendidas, con decenas de periodistas desperdigados por los pasillos y salas del palacio de la Plaza de la Marina, con Zapatero a su izquierda y Maragall a su derecha, los dos artistas y protagonistas del gran lío constitucional y autonómico del momento español. Mírala, Esperanza Aguirre tenía ante sus narices felinas, vestida ella como iba con una chaqueta de pantera blanca, cazada en Alaska, su mejor oportunidad. Y aunque no estuvo mal, la dejó escapar.

Pasan tantas cosas cada día en esta España enloquecida y dispar que no da tiempo a verlo todo o a sacar la síntesis y las consecuencias de cada momento. Ayer era un día estelar para la presidenta de Madrid y ella lo sabía pero no del todo, lo presentía pero no tenía la certeza. Sin embargo, los focos la esperaban a ella, apuntaban a ella, y ella, coqueta y elegante, se puso el traje de la pantera blanca con felina y agresiva intención pero sin darse cuenta de la gran oportunidad que tenía a sus pies, nunca mejor dicho.

Para empezar, el símil del fútbol fue una patochada; Esperanza, si tiene equipos de asesores que son más ocurrentes que inteligentes, los debería renovar. Pero luego se arrimó al pitón izquierdo del morlaco y ahí sí hizo faena, hasta el punto de que lo puso en pie y sacó a Zapatero a polemizar. Pero por el pitón derecho, por el lado de Maragall, que estaba a la derecha de la oradora, ahí no hubo faena y doña Esperanza perdió una oportunidad. Se lleva demasiado bien con Maragall, los dos son de buena familia y de buenos modales, y perdió el instinto asesino y cazador de la pantera, que en la política y en esas oportunidades nunca se debe abandonar.

A Maragall, Esperanza, pantera blanca, le debió decir: la diferencia entre Madrid y Barcelona está en que si un catalán viene a vivir a Madrid puede seguir siendo catalán, mientras que si un madrileño va a Barcelona se tiene que hacer catalán; la diferencia está en que nosotros queremos financiación del Estado y propia para hacer servicios e infraestructuras para todos, mientras que Cataluña lo primero que se quiere financiar es la nacionalización de todos sus habitantes camino de la independencia de la que habla Carod; en Cataluña no se quiere un Estatuto liberal y solidario, mientras en Madrid sí; y en Cataluña al presidente de la Generalitat, a usted, señor Maragall, no le dejan cambiar su Gobierno, mientras que yo, si quisiera, lo podría hacer con plena libertad.

Esto entre otras muchas cosas le pudo haber dicho Esperanza a su amigo Maragall, al que mimó y elogió su falsa moderación en el Senado, porque Maragall está en campaña personal disfrazado de cordero por la capital de España. Sin embargo, la presidenta estuvo más aguerrida con Zapatero, le advirtió sobre su posible bloqueo de la Conferencia de Presidentes y le pidió que dijera de una vez cuál es su proyecto de España y de reforma constitucional. La presidenta no quiso ir más lejos, o no pudo ir más lejos, aunque se limitó a señalar que no creía que fuera éste el momento para reformar el Senado, como no lo fue cuando ella lo presidía por mandato imperativo de Aznar. Pero la pantera blanca, Esperanza Aguirre, no quiso meterse en camisa de once varas y se negó a entrar en la cuestión crucial de debate de fondo sobre la ruptura del consenso constitucional que han protagonizado Maragall y Zapatero con la admisión a trámite en el Congreso de los Diputados del nuevo Estatuto catalán.

Para Zapatero, que mueve los cubiletes y los dados y los números y los votos como un trilero, el consenso constitucional significa aprobar un Estatuto inconstitucional por mayoría absoluta, como una ley orgánica, a pesar de que ello esconda una reforma encubierta de la Constitución que necesita los dos tercios de la Cámara. Y aunque no esté escrito en el ámbito de la mayorías es sabido y es tradición que las reformas de los Estatutos en profundidad deben estar sometidas a la misma práctica política que toda reforma constitucional.

Esperábamos de Esperanza Aguirre, la pantera blanca, mayor contundencia y claridad en estos puntos neurálgicos del debate del momento, que le hubiera dicho a Zapatero lisa y llanamente que no puede haber ni conferencias de presidentes ni reformas del Senado mientras esté roto el consenso constitucional. Pero la presidenta no quería meterse en el pazo de Rajoy, porque sabe que ese terreno es resbaladizo y que el líder del PP todavía no sabe qué hacer con las cartas que tiene sobre la mesa, si disimular, si echar el órdago o si pasar.

Rajoy asistió al discurso de Esperanza como el guardián del PP, sabedor del peligro que tiene la pantera blanca para todos y para él mismo. Pero nuestra primera dama de Madrid no le defraudó ni lo puso en peligro, aunque por el protagonismo alcanzado y el mano a mano con Zapatero más de uno le dirá que ya está en la primera división de la política, en la liga de las estrellas. Que no se deje engañar ni halagar la pantera blanca, que no estuvo bien ni estuvo mal, que aprobó con creces el examen del Senado, pero que tuvo una oportunidad para el sobresaliente y la matrícula de honor que dejó escapar.

La nación-club
Jesús Laínz elsemanaldigital 9 Noviembre 2005

Somos unos ingratos. Nuestros separatistas patrios llevan un siglo estrujándose las meninges en trabajosos estudios que renuevan constantemente el pensamiento político, y nosotros no se lo agradecemos. Ya en su día Sabino, Prat de la Riba y compañía se pusieron a ello. Un siglo después sus seguidores –con la inestimable colaboración de multitud de izquierdistas hispanófobos– continuan girando como peonzas en torno al concepto de nación, ese fetiche por el que experimentan una obsesión onanista. Y sus elegantes maniobras en tan desenfrenado terreno captan la atención de los politólogos más reputados del mundo, boquiabiertos ante sus revolucionarios avances.

Comenzaron con la raza, con estudios nasales y craneométricos que, ante su ineficacia, dieron paso a la raciología de microscopio, cuyo elemento más popular ha sido el famoso Rh. A tan altas cimas del pensamiento llegaron Sabino y compañía, que uno de sus primeros seguidores llegó a escribir, sin temblarle el pulso, que el mismo imperativo biológico que impele a los pájaros a piar, a los caballos a relinchar y a las vacas a mugir, exige que los vascos, esos animales diferentes del resto de los homo sapiens vecinos, tengan un Estado independiente. Aunque el nacionalismo vasco se ha llevado la palma, no debe olvidarse el catalán, que también hizo sus pinitos, y no pequeños, en esta simpática disciplina.

Luego llegó la lengua, esa contraseña nacional para quienes siguen anclados en decimonónicas ensoñaciones que identifican lengua con nación aunque la realidad se dé de bruces con estas hipótesis en toda Europa y en el mundo entero. Pero para un nacionalista esto no es obstáculo: ellos tienen razón; es la realidad la que se equivoca.

También llegó, claro, la historia. Pero como, una vez más, ésta se daba de tortas con sus planteamientos, el género historiográfico les ha servido para atiborrar estanterías con obras maestras de la novela mitológica y de ciencia-ficción.

Finalmente, visto el pobre resultado obtenido, han tenido que llegar a fundamentar la existencia de sus nacioncitas en un acto de voluntad: "Somos nación porque nos da la gana y porque así lo proclamamos en nuestro parlamentito regional".

O sea, que para nuestros castizos separatistas esto de las naciones va a resultar algo así como un club, la pertenencia al cual viene dada, no por características étnicas, lingüísticas, culturales o históricas, sino por apuntarse a él y pagar una cuota. Si se apunta usted al nacionalismo, aunque no cumpla con ninguno de los marcadores nacionales objetivos, será miembro de la nación vasca o catalana (a eso se le llama ahora "nación cívica"). Pero si no se apunta, aunque los cumpla todos, será usted un tránsfuga cultural, como han escrito algunos.

¿Tanta pesadez, tanta cursilada y tanta pedantería para llegar a esto?

14 MILLONES SÓLO EN UN CRÉDITO IMPAGADO A LA CAIXA
El Tribunal de Cuentas destapa una deuda de PSOE y PSC de 65 millones de euros
Este martes se ha conocido que el PSC mantiene un crédito impagado con La Caixa de 14 millones de euros, del que no ha pagado un euro desde 1994 pese a que lo suscribió al 3 por ciento. Según el informe del Tribunal de Cuentas, el PSOE tiene una deuda con bancos y cajas de 48 millones de euros, a fecha de 2002. El PSC es el tercer partido más endeudado con más de 17 millones. La suma de las deudas de PSOE y PSC suponen diez veces más que la cantidad contraída por el Partido Popular.
Libertad Digital 9 Noviembre 2005

La deuda consolidada del PSOE con las entidades de crédito ascendía a 48 millones de euros en 2002, más de siete veces la contraída por el Partido Popular, según el informe de fiscalización sobre la contabilidad de los partidos políticos elaborado por el Tribunal de Cuentas.

La memoria, en la que se hace un detallado estudio del estado de las cuentas de las dieciséis principales fuerzas políticas del Estado, sitúa al PNV como el segundo partido más endeudado con bancos y cajas de ahorros, con 19,8 millones de euros, y el PSC, tercero, con 17,3 millones.

Le sigue muy de lejos Izquierda Unida, con 8,7 millones de euros; Partido Andalucista, con 8,6 millones; Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), con 7,7 millones; el PP, que mantenía deudas por valor de 6,4 millones de euros, algo más de 1,3 millones en créditos hipotecarios, y Unió Democrática de Catalunya (UDC), que debía un total de 4,4 millones de euros.

De acuerdo con los estados contables presentados, la deuda vencida total ascendía a 38 millones de euros en 2002. El informe del Tribunal de Cuentas, al que tuvo acceso la agencia EFE, denuncia "la falta de respuesta" de seis entidades de crédito a la solicitud de información sobre siete partidos políticos, cuya deuda contabilizada suma 18,3 millones de euros. En concreto, seis entidades en las que mantiene cuentas el PP no respondieron a los requerimientos del Tribunal o lo hicieron de manera incompleta, aunque en todos los casos se ha comprobado que el saldo contabilizado coincide con la documentación aportada por el partido.

El Tribunal también ha detectado importantes deficiencias en los documentos bancarios presentados por el Partido Andalucista que "limitan significativamente la representatividad de los mismos". Asimismo, la memoria destaca que Izquierda Unida sólo ha presentado la contabilidad de dos federaciones territoriales, lo que ha "supuesto una importante limitación al alcance de la fiscalización".

Finalmente, en su escrito de conclusiones, el Tribunal de Cuentas ha encontrado en las cuentas de algunos partidos diferencias entre los saldos comunicados por las entidades de crédito y los importes contabilizados, operaciones realizadas a nombre de militantes que después son pagadas por la formación política, así como la existencia de operaciones que no han sido objeto de amortización en los plazos vencidos.

El PSC debe 14 millones a La Caixa desde 1994, año de la llegada de Montilla a los órganos del partido
El Tribunal de Cuentas denuncia que no se ha aportado la "documentación acreditativa" sobre la deuda, según publica hoy 'El Mundo'
Montilla, secretario general del PSC y ministro de Industria, debe decidir ahora sobre la OPA de Gas Natural a Endesa, apoyada por La Caixa
Madrid Estrella Digital 9 Noviembre 2005

El PSC mantiene un crédito con la Caixa por el que ha llegado a adeudar 14 millones de euros, sin que haya producido un pago en 11 años. Se trata de un crédito de 7,813 millones que venció en 1994 con unos intereses adicionales de, al menos, 6,574 millones, según publica hoy el diario 'El Mundo'. Ese año, el hoy ministro de Industria José Montilla fue nombrado secretario de Organización del partido y en 2000, primer secretario del PSC, y ahora tiene que decidir sobre la OPA de Gas Natural a Endesa. Según el informe anual sobre contabilidad de los partidos políticos realizado por el Tribunal de Cuentas, "la deuda registra un principal de 7.813.157,36 euros y unos intereses contabilizados pendientes de pago de 6.574.002,62 euros".

El Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador de los partidos políticos, ha investigado esta singular operación entre el partido en el poder en Cataluña y la primera caja de ahorros de la comunidad autónoma -y del Estado español- al sospechar de que puede tratarse de una fuente de financiación irregular.

Esta situación coincide con el hecho de que La Caixa patrocina una OPA de la empresa catalana Gas Natural sobre la compañía eléctrica Endesa. El primer secretario del PSC y ministro de Industria, José Montilla, está prestando apoyo político al intento de la gasista.

En su informe anual de contabilidad de los partidos políticos que acaba de remitir al Congreso de los Diputados, el Tribunal de Cuentas muestra su sorpresa por el hecho de que el partido socialista catalán no haya hecho frente al préstamo que originalmente eran dos.

"La deuda correspondiente a dos pólizas de crédito vencidas desde 1994, suscritas con una misma entidad, no ha registrado ningún movimiento de pago desde su formalización", alerta el Tribunal de Cuentas en su informe, según publica 'El Mundo'.

Renegociación
En este informe se da cuenta de que, a finales de 2004, se produjo una renegociación del préstamo entre los socialistas y La Caixa y un acuerdo. La Caixa está obligada desde este año a comunicar los créditos que mantiene con los partidos políticos y admite en su informe de gobierno corporativo un "préstamo" con el PSC por valor de 7,813 millones con "un tipo de interés del 3% a un plazo de 180 meses". 'El Mundo' se pregunta qué como se da un prétamo al 3% cuando el tipo de referencia en 1994 -fecha de vencimiento del crédito- era del 7,5%, y en ejercicios anteriores de más del 12%.

El Tribunal de Cuentas muestra su recelo sobre la operación por varias razones. En primer lugar, duda de la cifra a pagar a La Caixa, porque "corresponde a una estimación que realiza el partido, sin que haya un criterio detallado".

En segundo lugar, subraya que "la entidad de crédito no ha informado sobre estas operaciones", pese a que tiene obligación de hacerlo. Y, por último, el Tribunal señala que ha habido una novedad "a finales de 2004". Deudos y acreedor han renegociado el crédito y han alcanzado un acuerdo "con efectos económicos en el ejercicio 2005".

La Caixa acumula créditos con los principales partidos políticos catalanes salvo el PP. Después del PSC, el segundo partido beneficiado es el PSOE con 2,4 millones, y el endeudamiento del partido en el poder preocupa también al Tribunal de Cuentas.

«Es una ignominia la presencia de EHAK»
ABC 9 Noviembre 2005

La Fundación Gregorio Ordóñez consideró ayer una «ignominia» que la ponencia creada en el Parlamento vasco «trate de mezclar a las víctimas del terrorismo con otras de distintos tipos de violencia».

Esta Fundación «jamás participará en una ponencia que no sirva de participación exclusiva para las víctimas del terrorismo». También expresó su «repugnancia» por la presencia del grupo parlamentario de EHAK, ya que «no sólo jamás han condenado el terrorismo, sino que se sienten infinitamente más cercanos a los terroristas que a las víctimas».
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