AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 13 Noviembre 2005
La escuela de la sinrazón
IGNACIO CAMACHO ABC 13 Noviembre 2005

Los españoles dicen no a la LOE
EDITORIAL Libertad Digital 13 Noviembre 2005

Fragor popular contra el Gobierno
Editorial ABC 13 Noviembre 2005

Gasolina
Por JON JUARISTI ABC 13 Noviembre 2005

La paz como espectáculo
ROGELIO ALONSO El Correo 13 Noviembre 2005

Todas las minorías
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 13 Noviembre 2005

Emulación kafkiana de Javier Rojo
Ernesto Ladrón de Guevara elsemanaldigital 13 Noviembre 2005

«Antes nos mataban, ahora no nos dejan vivir»
J. Arias Borque La Razón 13 Noviembre 2005

La Justicia sienta en el banquillo a la columna vertebral de ETA, cuya caída debilitó a la banda
NATI VILLANUEVA ABC 13 Noviembre 2005

Superar la adolescencia federal
RAMIRO VILLAPADIERNA ABC 13 Noviembre 2005

Acebes pide el cese "fulminante" de Montilla por "amenazar, insultar y coaccionar" a la COPE y El Mundo
Europa Press Libertad Digital 13 Noviembre 2005

Espainya, colonia eusko-catalana
Blog de Javier Orrico Periodista Digital 13 Noviembre 2005

La escuela de la sinrazón
Por IGNACIO CAMACHO ABC 13 Noviembre 2005

EN los últimos treinta años ha habido en España media docena de leyes generales de educación. Cada Gobierno entra con una bajo el brazo, por lo general informada por los principios del sectarismo ideológico. Numerosas familias tienen hijos de distinta edad que han estudiado con arreglo a diferentes planes educativos envueltos en un mar de siglas: LODE, LOPEG, LOGSE, LOCE, LOE, LRU, LOU. El desbarajuste de la enseñanza se ha convertido ya en un tópico nacional, agravado por el irritante y dogmático aldeanismo de las autonomías, empeñadas en estrechar la perspectiva intelectual de los estudiantes hasta encerrarla en horizontes de campanario. El indiscutible desarrollo económico y social de la España moderna es un edificio con los cimientos inundados de una ignorancia que acaba de certificar, negro sobre blanco, la Unión Europea: estamos a la cola de Europa en casi todos los parámetros que miden la educación contemporánea. Y, paradójicamente, nunca hubo aquí más escuelas, ni más profesores; el problema es de planificación, de calidad, de concepto.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha traído, como no podía ser de otro modo, su ley educativa, en este caso previa derogación de la de Aznar, que ni siquiera llegó a entrar en vigor: un récord de despropósito político. El PP intentó poner algo de razón en el dislate de la LOGSE, cuyos calamitosos resultados han creado una generación desmotivada por el estudio y un profesorado entumecido por el desaliento moral. Pero Aznar abordó tarde su empeño, y lo hizo desde la prepotencia de sus últimos años de poder: no escuchó a nadie y despreció las críticas y reparos de la comunidad educativa. Con todo, aquella ley abortada tenía una lógica de recuperación del esfuerzo como valor y de la jerarquía intelectual como modelo. Justo los valores que fueron bandera del regeneracionismo del siglo XX, incluido el de la República, y que ahora desprecia esta izquierda posmoderna aficionada a las éticas indoloras.

La ley de Zapatero, la LOE, peca de los mismos defectos de soberbia política que sus promotores criticaron a la de Aznar: la misma falta de consenso y un sectarismo ideológico que maneja a pendulazos la cuestión religiosa. Pero además contiene un espíritu revanchista, apunta directamente contra los colegios confesionales y desentierra los fantasmas de la desmotivación que caracterizaron el fracaso de la Logse. Desarma a los profesores, sovietiza los centros con comisiones diversas y transpira hostilidad hacia la enseñanza concertada, a la que huyen las familias despavoridas ante los escombros de la escuela pública.

El Gobierno pretende cubrirse ante las críticas de la comunidad educativa apelando al viejo conflicto español del Estado y la Iglesia. Ha desenterrado la batalla contra los curas para parapetarse detrás de sus sotanas. Zapatero y su equipo han lanzado la cuestión religiosa como una cortina de humo para tapar la realidad de una educación desnuda que naufraga en el horizonte del progreso social. Eso siempre funciona en esta España dual tan apegada a los viejos tópicos históricos: socialistas laicos enfrentados a una conspiración de sacristías.

Pero los cientos de miles de personas que ayer desafiaron la intemperie del otoño en Madrid no estaban en las calles para defender las notas obligatorias de Religión, que al fin y al cabo fue siempre una «maría» en nuestra escala colectiva de esfuerzos. Salieron para protestar contra el caos en la escuela, contra la permisividad ante la falta de esfuerzo, contra el acoso a la concertada, contra la miopía de la doctrina nacionalista que sólo enseña la realidad de la aldea y niega la anchura del mundo. Y para defender la libertad de elegir la educación de sus hijos. La libertad, esa palabra. La libertad que no es patrimonio de la izquierda ni de nadie.

Estaban los obispos, sí. Algunos obispos, no muchos, por cierto. Y estaba el PP, sí. Y estaban muchos curas y muchos católicos que son tan ciudadanos como los demás y sienten que el Gobierno no sólo arremete contra sus creencias con una política hostil, sino que trata de cercenar desde un apriorismo ideológico su derecho a la libertad de enseñanza. Y que saben que desde la escuela concertada están sosteniendo el descrédito de la pública, evitando que el sistema se desplome y recibiendo a cambio la ingratitud de las autoridades. Desde luego, también protestaban de una manera general contra el Gobierno, pero ése es un derecho tan inalienable como el de la libertad de expresión. Se podrá discutir sobre la idoneidad de que algunos prelados encabecen las manifestaciones, pero no sobre la evidencia palmaria, incontrovertible, del malestar de una gran parte de la comunidad educativa contra una ley sectaria y, sobre todo, de pésima calidad y nulo consenso.

Ocurre que el Gobierno es consciente de su erosión, de su desgaste. La batalla del Estatuto catalán se come las aristas de la política de Zapatero. Muchos socialistas están alarmados ante las encuestas. El pasado domingo, en una cena de presidentes autonómicos antes del debate del Senado, el ambiente echaba humo contra Maragall. En este clima eléctrico, una manifestación multitudinaria supone otro montón de truenos contra un Ejecutivo visiblemente tocado en el crédito social de su corto mandato. La calle se rebela: transportistas, pescadores, mineros, agricultores, enseñantes. Una riada de gente cabreada que erosiona los débiles muros de la acción de gobierno.

El presidente Zapatero, que ha cedido ante todo el que le ha plantado cara gastándose un dineral para calmar las iras populares, cree que le va a salir rentable hacer frente ahora a la protesta educativa rescatando los demonios de la izquierda comecuras para presentarse como un reformista laico cercado por la ranciedumbre de las casullas. Pero ése no es el problema. El problema es que este país está educando a sus generaciones más jóvenes en la indigencia intelectual, en la falta de jerarquías, en la cortedad de miras, en el desapego por el estudio, en el analfabetismo funcional. Que la investigación no funciona, que el profesorado no tiene alicientes, que la juventud se amontona estabulada en escuelas sin solvencia ni rigor, eso que Butler llamaba los colegios de la sinrazón. Que todos los planes de estudio sucesivos carecen de valor porque les falta la base de un pacto cívico duradero. Y todo eso se paga. Aunque se pague a plazo mucho más largo del que pueda importarle a cualquier gobernante iluminado.

director@abc.es

Los españoles dicen no a la LOE
EDITORIAL Libertad Digital 13 Noviembre 2005

Más de un millón de personas han llenado el recorrido de la manifestación de este sábado contra la Ley de Ordenación de la Educación (LOE), propuesta por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Este es ya de por sí un hecho de extraordinaria importancia. El resonante éxito de la manifestación da cuenta de dos hechos que no debemos dejar de lado. El primero es que una parte muy importante de la sociedad española está en contra de la contrarreforma educativa que quiere imponer el Ejecutivo. Ello no es chocante, ya que la ley es perversamente mala y sobran razones para oponerse a ella, como recordábamos ayer. Además, el Gobierno no se ha planteado en ningún momento alcanzar algún tipo de consenso con quien no se adhiera a su reforma radical y estatista del sistema educativo. Solo así se puede entender la cifra de ciudadanos que han salido a la calle a reclamar sus derechos, que la Comunidad de Madrid ha cifrado en un millón y medio de almas.

Pero hay un segundo hecho que ha quedado una vez más de manifiesto en esta manifestación: la sociedad civil está reaccionando. Esta es la tercera gran manifestación que se produce contra la política de este Gobierno, en el año y medio que lleva en el poder. Y las tres se han convocado por asuntos que se refieren a aspectos esenciales de la vida en sociedad o de la política española; no por cuestiones puntuales. Se echaron a la calle las víctimas del terrorismo arropadas por centenares de miles de ciudadanos. Las vías de Madrid volvieron a llenarse con quienes defendían a la familia, y ahora lo han hecho de nuevo con la educación. Tres asuntos que se refieren a aspectos clave de la convivencia. Ello da una idea de que la política de este Gobierno pretende cambiar las bases de la sociedad hasta modelarlas a su particular visión iluminada, y de que los españoles están empezando a reaccionar y a defenderse. El visible nerviosismo del Gobierno ante el previsible éxito de esta manifestación estaba más que justificado. La sociedad está dando muestras de que no se dejará despojar de sus derechos sin resistencia.

El ejecutivo ha hecho todo lo que estaba en su mano por desactivar la concentración ciudadana. Ha llegado incluso a enviar a María Teresa Fernández de la Vega al Vaticano a hacer el ridículo intentando puentear a la Conferencia Episcopal Española, para con ello poder presentarla como un caso extremo de cerrazón y falta de diálogo. Es decir, para acusar a la Iglesia española de lo que el propio Gobierno es un caso extremo. Recordemos que José Luis Rodríguez Zapatero tomó la decisión política de despreciar a la CONCAPA, que acudía con el respaldo de tres millones y medio de firmas. Ni les recibió, porque se lo impedía su sectarismo desbordante y sin medida.

Otra estrategia consiste en alentar el cliché, afanosamente acogido por parte de la prensa, de que esta era una manifestación de los obispos y del Partido Popular. Es lógico que así lo haga, porque en su dislocado sistema de valores nada de lo que no sea la izquierda tiene el derecho moral a defenderse o a expresar sus inquietudes. Pero el cerca de millón y medio de españoles que han reclamado su libertad a la enseñanza, expresamente reconocida por nuestra Constitución en su artículo 27.1, son una realidad plural y bastante representativa de quienes formamos este país. De modo que la repetición de la consigna de que esta ha sido una manifestación de los obispos cae ya en el ridículo. En definitiva, todos los intentos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que los grandes sectores de la sociedad española no le exijan a pie de calle sus derechos más básicos han fracasado una vez más. Quizá la sociedad civil española es más fuerte de lo que cree y –por supuesto­– desea el Gobierno socialista.

Por desgracia esta reacción ciudadana no ha contado con el debido reflejo en los medios de comunicación audiovisuales, que mayoritariamente han dado la espalda a este hecho tan destacado en nuestra historia democrática. La práctica excepción era la de la Cadena COPE y a medias la de Telemadrid. No es de extrañar que este Gobierno esté impulsando una campaña, que espera sea la última y definitiva, para callar a la emisora de radio.

El problema de fondo es de la máxima importancia. La educación siempre ha recibido especial atención por quienes, como José Luis Rodríguez Zapatero, han tenido la pretensión de transformar la sociedad para modelarla a su gusto. La libre elección de los padres a educar a sus hijos, a la que tienen pleno derecho, es un obstáculo para los planes radicales del Gobierno. No son los poderes públicos quienes tienen el derecho de enseñar a los ciudadanos, sino que su función es subsidiaria de la sociedad, y como mucho la función del Estado es la de asistirla para que los deseos de cada familia se cumplan de forma más efectiva. El Ejecutivo, por el contrario, quiere llevar adelante una ley con la que pretende imponerse sobre el derecho de los padres de elegir el centro educativo en que quieren educar a los hijos y que supone un nuevo golpe contra la educación privada.

No creemos que la reacción de los ciudadanos, que tan ejemplarmente se ha manifestado este sábado, haga reflexionar a José Luis Rodríguez Zapatero, quien ya ha declarado públicamente y sin rubor que no ha aprendido nada de quien no piensa como él. Pero sí podemos considerar que es sólo una muestra más de que la sociedad española no se limitará a contemplar atónita cómo desde el Gobierno se le sustraen los derechos más básicos.

Fragor popular contra el Gobierno
Editorial ABC 13 Noviembre 2005

CIENTOS de miles de ciudadanos (millón y medio, según los organizadores) expresaron ayer en el centro de Madrid su rechazo al proyecto de reforma educativa que impulsa el Gobierno socialista. El éxito de la iniciativa, que ha desbordado las previsiones más optimistas de los organizadores, es fiel reflejo de la preocupación de un sector muy relevante de la opinión pública ante los planes de un Ejecutivo empeñado en legislar al margen de la mayoría social. La gente ha salido en masa a la calle para exigir el derecho -reconocido por la Constitución- que asiste a los padres para elegir libremente la formación de sus hijos, para reclamar una educación de calidad y para mostrar su apoyo a la asignatura de Religión como materia relevante en el currículum educativo. Se trata de asuntos que exigen el máximo acuerdo de la comunidad escolar y no deben enfocarse a partir de dogmas anticuados o de intereses partidistas. España necesita con urgencia un gran pacto de Estado sobre la educación, porque de ella dependen el futuro de nuestra sociedad y las expectativas personales y familiares de muchos millones de ciudadanos. No sirve acudir a las ocurrencias ni practicar el sectarismo, sino que debe actuarse con altura de miras y sentido de la responsabilidad.

El Gobierno ha mostrado una torpeza sin matices al enfocar esta legítima protesta. No tiene sentido acusar de «politización» a miles y miles de personas, ni mucho menos señalar a los obispos como responsables de una supuesta fobia «antiprogresista». Aunque han asistido diversos miembros de la jerarquía y líderes del PP, el protagonismo correspondió a la sociedad civil, mucho más viva y dinámica de lo que a veces se piensa y de lo que a muchos les gustaría. No es lícito elogiar a los manifestantes que apoyan la postura del PSOE en el «Prestige» o a la guerra de Irak y mostrar algo más que recelo ante quienes acuden pacíficamente a la calle para criticar un proyecto de ley muy desafortunado.

A la vista de esta concentración (y de las anteriores sobre terrorismo y familia, entre otras), Zapatero debería meditar acerca de la orientación que inspira su política legislativa. El Gobierno ha perdido, parece que definitivamente, la calle, la misma calle a la que los socialistas se aferraban en sus tiempos de oposición. ¿No vale ahora este coro estruendoso? ¿Cómo se puede no escuchar tanto clamor, y tan seguido?

Parece claro que el Gobierno prefiere buscar el aplauso de algunas minorías reivindicativas y eludir, en cambio, los problemas reales de una sociedad madura. España es un país de clases medias, cuya relativa prosperidad deriva de un generoso esfuerzo personal y familiar. La educación de los hijos expresa una opción por valores morales y religiosos que -según todos los datos disponibles- son abrumadoramente mayoritarios. Requiere también una inversión muy cuantiosa para las economías medias y bajas. Se habla mucho de igualdad, pero es notorio que los grandes perjudicados por la degradación del sistema educativo son los sectores con menos ingresos. Es lógico que la gente sea muy exigente en este terreno y no tolere los experimentos pedagógicos ni las ideologías radicales cuando está en juego el futuro de sus hijos. Esta es la genuina lección que ofrecieron al Gobierno tantos ciudadanos de a pie, procedentes de toda España, que expresaron también su deseo de que la enseñanza sea razonablemente homogénea en todo el territorio nacional, aunque eso pueda incomodar a algunos socios parlamentarios del PSOE.

La opción deliberada por una política laicista y el deseo de marcar distancias con los gobiernos anteriores están en el origen de muchos errores cometidos en la presente legislatura. En materia de educación, las consecuencias pueden ser dramáticas, porque nuestro país padece ya niveles muy elevados de fracaso escolar y notables carencias en las enseñanzas básica y media. Zapatero debería rectificar cuanto antes. El consenso no es sólo una fórmula retórica, es sobre todo una garantía de objetividad y un antídoto contra el dogmatismo y la imposición de mayorías coyunturales en asuntos que requieren el acuerdo de todos los sectores afectados. El artículo 27 de la Constitución fue producto de un pacto muy complejo; por ello, el equilibrio que allí se consagra no puede ni debe ser alterado de forma unilateral. Muchas pancartas y muchos discursos de ayer -en tono firme, pero siempre moderado- reclamaban al Gobierno que haga posible alcanzar un gran pacto escolar. Se impone, en este contexto, o bien la retirada del actual proyecto de ley para empezar desde cero, o, cuando menos, la apertura de una negociación a fondo para introducir enmiendas sustanciales. La LOE carece ya de legitimación sociológica ante el clamor reflejado en una manifestación multitudinaria.

Gasolina
Por JON JUARISTI ABC 13 Noviembre 2005

SAINT-Denis: antiguo barrio rojo de París, en torno a la abadía del mismo nombre, donde, en 1923, las Juventudes Comunistas se batieron a tiros con la Policía durante varios días de fiebre revolucionaria. Saint-Denis: patio devastado de la Francia que cae, aquelarre de gasolina, ensayo general de apocalipsis metropolitano a cargo de la chusma del agobio. Ojo, almas bellas: Sarkozy acierta. Ya sé que os pone -como diría el cántabro Revilla con esa elegancia natural que exhibe en senados y bodas principescas- el arrojo de la muchachada pirómana. No es la primera vez. Toujours on a raison pour se révolter: no habéis progresado mucho, los progres, desde los tiempos del Sartre maoísta. Algún día os achicharrarán el bugata y seguiréis ovacionando lo que llamáis la violencia del pobre. Y volveréis a equivocaros, capullitos de alhelí. Dejad a un lado la pederastia ideológica que os consume y repasad la historia, materialistas históricos. Esos chavales no son terroristas, os lo concedo. Se harán terroristas en breve, si encuentran en vosotros tanta comprensión y cariño. Tienen los métodos. Tienen los medios. Sólo les falta una causa y esa van a encontrarla muy pronto. Links islamistas, sinergias antiglobales, redes antirracistas, hay de todo en el mercado, y ya están metiendo sus narices en el asunto las oenegés de la bronca. Las que apuntan a los judíos, por ejemplo, ¿queréis siglas? Ojo, cuadrilla: no son los communards, no son los metalúrgicos estalinistas de Doriot ni los gauchistas del sesenta y ocho. Son otra cosa. Son los nuevos tiempos. Pero algo podéis aprender todavía de los antiguos.

A los equivalentes a vuestros queridos e inofensivos gamberros les llaman en Estados Unidos skippers. Su epónimo fue un adolescente negro, Joe Skipper, que en 1994 atacó en Detroit a una octogenaria negra para robarle cincuenta dólares. La asaltada ha muerto -no a resultas de tal agresión, es verdad- el último 24 de octubre, hace tres semanas. Se llamaba Rosa Parks. En 1955 fue detenida y multada en Montgomery, Alabama, por negarse a ceder su asiento en el autobús a un blanco. Hubo muchos casos como el de Rosa, pero sólo el suyo puso en marcha el movimiento que acabaría con la segregación racial. A finales de los años cincuenta, existía en los guetos negros una clase media de obreros especializados, pequeños comerciantes, empleados y funcionarios, que llevó adelante la lucha por los derechos civiles. Millones de ellos se levantaron, a la llamada de un joven sacerdote baptista, Martin Luther King, para concluir la Revolución Americana; es decir, la más grande y profunda revolución democrática de la Historia: un proceso de tres siglos iniciado por colonos esclavistas y terminado por los descendientes de los esclavos.

Y, también en los años cincuenta, existía en los guetos negros de Estados Unidos una buena cantidad de delincuentes, organizados en bandas, que vivían de robar y extorsionar a la clase media negra. ¿A que no adivináis a qué sector de la población negra decidió apoyar la izquierda blanca (es decir, la progresía pasada por las universidades de ambas costas)? Bingo: a los delincuentes. Ahí estaba, según ellos, la auténtica vanguardia de los guetos. Sólo necesitaban una ideología, y los radicales que tanto os gustan, los Chomsky y compañía, se la dieron de muy buena gana. Convenientemente politizados, los skippers de entonces se dedicaron al terrorismo contra los antiguos seguidores de Martin Luther King, ya integrados en el sistema. Resultado: la clase media huyó de los barrios negros. Los saqueadores e incendiarios de 1990, en un estallido ubicuo de violencia tan parecido al francés, se cebaron con quienes habían sustituido a aquélla: los pequeños y laboriosos comerciantes de origen coreano o vietnamita. Hoy los guetos negros son más guetos que nunca, vastos depósitos de familias desestructuradas, con índices africanos de desempleo y fracaso escolar muy por encima incluso del español, donde se entierra sin ningún resultado apreciable la mayor parte del presupuesto asistencial y la única fuerza organizada es una variante ferozmente antisemita del islamismo.

Así pues, almas cándidas, a ver si va en serio lo de la tolerancia cero, dejáis de gritar que viene Le Pen y os ponéis, por una zapatera vez, de parte de las víctimas.

La paz como espectáculo
ROGELIO ALONSO/PROFESOR DE CIENCIA POLÍTICA EN LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS El Correo 13 Noviembre 2005

A finales del mes de septiembre el IRA anunció su desarme completo, noticia que fue recibida con optimismo por parte de numerosos políticos y observadores tanto en el Reino Unido como en España. Sin embargo, la forma en que se realizó la entrega de armas planteaba serios interrogantes en torno a un proceso como el norirlandés que cada vez es contemplado con mayor interés por amplios sectores políticos y sociales en nuestro país. La perspectiva comparada es particularmente útil a propósito de la polémica suscitada por la negativa del nacionalismo institucional vasco a constituir una ponencia de víctimas del terrorismo que cuente con el apoyo de quienes han padecido la violencia del grupo terrorista ETA. Curiosamente, bajo sucesos como los referidos se aprecia una relevante coincidencia, pues en uno y otro contexto lo que se dirime es algo tan decisivo como la deslegitimación de quienes a través del terrorismo han despreciado la democracia y la dignidad humana durante décadas.

A lo largo de los años en los que el IRA y ETA han mantenido sus campañas terroristas, la búsqueda de la legitimación de sus acciones ha sido una constante. Afortunadamente estos grupos terroristas no han logrado que una mayoría de las sociedades vasca y norirlandesa legitimara dicho terrorismo. Ése es uno de los motivos por el que sus ciclos vitales han alcanzado un declive que les llevó a declarar el cese de sus actividades, siendo la decadencia de ETA evidente todavía a pesar de la ruptura de su tregua. En este periodo ambos grupos terroristas han persistido en buscar una legitimación que algunos sectores se muestran partidarios de otorgarles a cambio de una declaración formal o tácita de cese de sus acciones. Tanto el IRA como ETA, en contextos de grave debilidad, han aprovechado esta disposición de sectores políticos y sociales con positivos resultados. Lo han hecho afianzando una peligrosa dinámica consistente en propugnar lo que han denominado como procesos de paz en los cuales se intenta que los grupos terroristas y los partidos que los representan obtengan la legitimidad que previamente fueron incapaces de lograr. Es por ello por lo que estos procesos, valiéndose de un engañoso lenguaje que busca el respaldo mayoritario de sociedades ansiosas de paz, pueden llegar a convertirse en instrumentos con los que contrarrestar eficaces políticas antiterroristas responsables de la referida deslegitimación del terrorismo. La paz así entendida se convierte en un mero espectáculo en el que lo importante no es una verdadera pacificación, normalización y reconciliación, sino la proyección pública de que se asiste a un proceso histórico. De ese modo, se escenifican actos que permitan que el llamado proceso de paz se mueva aunque sea en contra de una auténtica paz, como demuestra la forma en la que se ha acometido el desarme del IRA.

Al contrario de lo que muchos observadores han defendido, el desarme de la organización terrorista y la metodología con la que debía acometerse eran vitales. Tres fueron los gestos de desarme que precedieron al último acontecido en septiembre. Ninguno de ellos se realizó de un modo que permitiera, tal y como se requería, que el desarme fuera verdaderamente eficaz. Así se desprende de las palabras del propio Martin McGuinness cuando, en vísperas del desarme acometido en octubre de 2003, reconocía que los anteriores actos no se habían llevado a cabo en condiciones «convincentes», de ahí que admitiera la necesidad de «transparencia» para que los pasos del IRA no causaran «decepción». El propio general canadiense John De Chastelain, encargado de supervisar el decomiso de armas, subrayó también que desde 1999 insistió en sus contactos con el IRA en que, a menos que el desarme fuera «visible», se dudaría de las buenas intenciones del grupo terrorista, concluyendo por tanto que las dudas convertirían en ineficaz el desarme. A pesar de ello, en octubre de 2003 y en septiembre de 2005 se cometieron los mismos errores. La única diferencia entre uno y otro acto fue que en esta última ocasión un religioso protestante y otro católico presenciaron el desarme, sin que se hiciera público un inventario de las armas o fotografías de éstas, como se había reclamado previamente. Sin embargo, esta única distinción resultaba insuficiente para garantizar la visibilidad y transparencia exigidas.

Dichos religiosos no eran los que los unionistas habían propuesto, sino otros que sustituyeron a los que el IRA había rechazado. El recambio católico era particularmente desafortunado, al tratarse del padre Alec Reid. Esta figura, presentada en Irlanda del Norte y el País Vasco como un generoso pacificador, carece de la confianza necesaria entre la comunidad unionista al haber sido su objetivo durante años la constitución de un frente pan-nacionalista en el que los partidos nacionalistas no violentos se coaligaran con quienes han defendido el terrorismo. De ese modo, ha insistido Reid, los grupos terroristas cesarían en su violencia, ahora bien, a cambio de una peligrosa legitimación que haría que la debilidad de dichas organizaciones y de sus brazos políticos se transformara en fortaleza. Lógico es por tanto que el unionismo desconfíe de quien ha defendido para el IRA algo que también parece propugnar para ETA: que las organizaciones terroristas obtengan una vez cesen sus campañas, aquello que no pudieron conseguir a causa de las mismas, pero que en ese escenario lograrían precisamente como consecuencia de su terrorismo. En otras palabras, mediante tan sutil mecanismo de coacción y manipulación el terrorismo resultaría finalmente eficaz a pesar de la presentación pública de lo contrario.

Si a ello le sumamos las brutales declaraciones de Reid equiparando a los unionistas con los nazis, lógica resulta la falta de credibilidad del religioso entre la comunidad víctima de la violencia del IRA. Las críticas de los unionistas al método de desarme han sido ignoradas en gran medida exponiendo contradicciones en la política británica que benefician al IRA y a Sinn Fein, al concederles esa legitimidad antes negada. Así se desprende de la declaración de De Chastelain al anunciar que el decomiso careció de la «transparencia» requerida, extremo que, según él, debía aceptarse porque «el IRA dijo que no iba a suceder», ya que el grupo no admitiría que el desarme sirviera para transmitir una imagen de «humillación» o «culpa». Se asumía por tanto como realista el planteamiento de una organización terrorista que además obtenía a cambio la promesa de que las personas con causas pendientes en busca y captura podrían regresar a sus hogares con total impunidad. Las declaraciones de Peter Hain, ministro británico para Irlanda del Norte, son especialmente alarmantes al asegurar que esta medida es «dolorosa» para las víctimas pero «necesaria para cerrar la puerta de la violencia».

Semejante escenario seduce a muchos en nuestro país, ansiosos de impulsar un proceso de paz del que constantemente se habla ya. Se insiste en que dicho proceso no permitirá a ETA extraer precio político alguno, sino que simplemente constatará su derrota. Sin embargo, razonables resultan las dudas al respecto cuando se intenta instalar en la opinión pública la necesidad de que la paz sólo llegará si se acepta la excarcelación anticipada de los presos etarras, el arrinconamiento de las causas pendientes u otros gestos gubernamentales 'de distensión' tras una declaración pública de tregua por parte de ETA. En este sentido, reveladoras y preocupantes resultaban las palabras del obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, al afirmar hace unos meses que «el bien superior de la paz se merece que todos recortemos incluso nuestras legítimas aspiraciones», de ahí que en su opinión «ningún interés partidista, ningún agravio del pasado y presente, ninguna demostración de violencia deban obstruir el camino hacia la paz».

Esa lógica podría implicar que las víctimas de la violencia etarra acepten hoy el insulto que desde el Parlamento vasco se profiere hacia ellas al crear una ponencia en la que se omite el término terrorismo, pues hay quienes, alterando los referentes morales y políticos básicos, entienden que así se contribuye a la paz y a la reconciliación. Esa misma lógica conduce a que las concesiones a ETA que hoy parecen inadmisibles, sean en el futuro interpretadas como aconsejables con el fin de que el proceso de paz avance. Se ignora así que cualquier legitimación de ETA, por mínima que sea, constituye una deslegitimación de la democracia y de sus víctimas que concede sentido al terrorismo. El pragmatismo al que se alude para justificar semejante actitud no parece tal si observamos cómo en Irlanda del Norte esa misma estrategia ha generado una profunda polarización política y social. Por tanto, y como la experiencia norirlandesa demuestra, se corre el peligro de que la sociedad sea tomada como rehén por un proceso de paz que algunos desean que progrese a costa de una paz justa y verdadera, y en contra de quienes más la merecen: las víctimas del terrorismo.

Todas las minorías
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 13 Noviembre 2005

Las sucesivas intervenciones del presidente del Gobierno en el pleno del Congreso que debatió la admisión a trámite de la propuesta de Estatuto de Cataluña y después en el Senado con motivo del debate sobre el Estado de las Autonomías han dejado abierto un amplio espacio para la crítica a partir de una gran decepción. Antes del debate sobre la propuesta catalana, los portavoces gubernamentales se esforzaron en crear la expectativa de que la ocasión sería aprovechada por Rodríguez Zapatero para mostrar su visión de España y marcar con trazo firme las líneas rojas que la propuesta estatutaria no podría traspasar. Antes de la comparecencia en el Senado, el interés del debate se quiso elevar asegurando que el presidente aclararía el proceso de la reforma constitucional. Al final, ni lo uno ni lo otro. La intriga -probable síntoma de vanidad- que Rodríguez Zapatero ha cultivado tan eficazmente empieza a evaporarse. Los optimistas creen todavía que Rodríguez Zapatero guarda sus ases; simplemente no quiso malgastarlos en un debate en el que, en realidad, sólo se decidía la apertura de un procedimiento parlamentario. Otros, no necesariamente pesimistas, ven cada despliegue de prosa presidencial como una nueva confirmación de que aquí no hay más cera que la que arde.

El presidente, es cierto, hizo una entusiasta exhibición de los logros alcanzados por el Estado de las Autonomías o, al menos, bajo su vigencia. Sin embargo, su empeño en presentarse como depositario del éxito histórico del modelo de Estado quedó frustrado ante la pregunta evidente del líder de la oposición -nunca mejor dicho, porque sólo hay una-, Mariano Rajoy, intentando sin éxito que Rodríguez Zapatero le explicara qué hay que arreglar en lo que funciona tan bien. Al silencio ante la explicación oportunamente pedida, el presidente del Gobierno añadió el torpe error de utilizar el éxito del Estado autonómico para descalificar al Partido Popular como un ente ajeno y en muchos casos contrario a él. Olvidó, con facilidad sospechosa, que los adversarios, o enemigos abiertos, del modelo autonómico no son los que se sientan frente a él sino los que hoy comparten con los socialistas poder e influencia. Pasó por alto la necesidad de explicar que todas las virtudes que pueden predicarse del modelo autonómico no son el resultado de una feliz casualidad, ni el efecto automático de una receta infalible sino consecuencia, entre otras, de una causa política determinante como es el acuerdo básico que hizo posible la Constitución y permitió después su desarrollo.

La vulnerable posición del presidente del Gobierno en este debate es la de quien tiene que construir un argumento 'a posteriori' para dar sentido a hechos contradictorios, aparentando dominio sobre una sucesión de acontecimientos que hace tiempo han escapado a su control.

El resultado de este esfuerzo argumental es más bien precario. Ver a los miembros del Gobierno dando tumbos en este tema en cada aparición pública o intentando abarcar todas las audiencias a base de afirmar con desparpajo proposiciones abiertamente contradictorias empieza a limitar la benevolencia con que la opinión pública ha contemplado hasta ahora la andadura de los socialistas en el poder. Y ciertamente en estas circunstancias la comunicación no debe de ser fácil para el Ejecutivo. Resulta engorroso, y poco convincente para la gran mayoría de los ciudadanos, explicar esta situación de recalentamiento territorial como la respuesta paciente que, una vez más, tenemos que dar, porque sí, a un nuevo episodio del síndrome agónico de los nacionalismos, primero el catalán, después el vasco. Ni siquiera resulta verosímil infundir grandes esperanzas de que esta vez sí, esta vez se resuelve 'el problema'. Semejante fabulación ya resulta indigerible. Bien sabemos que no será así. El problema, entre comillas, lejos de resolverse, o siquiera atenuarse, se agravará y mucho antes de lo que piensan aquéllos que cifran en 25 años el periodo de deglución de los nuevos estatutos por sus promotores nacionalistas. Antes, mucho antes, el nacionalismo proferirá sus quejas, volverá a lamentarse por lo incómodo que se siente y lo incomprendido que está y reclamará un nuevo traje, no porque para entonces el nacionalismo haya crecido sino porque habrá engordado, que es distinto.

Siempre cabe el recurso a la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos para justificar la apertura en canal de la estructura del Estado. Tal explicación vale para todo y sirve para el día de hoy tanto como para dentro de cinco años. La apelación a los nuevos tiempos ha sido casi siempre ambigua y oportunista, por eso hace falta concretarla. Es entonces cuando los promotores del nuevo espectáculo territorial hacen un esfuerzo añadido de pedagogía política y detallan que la inmigración, las nuevas tecnologías y la financiación fundamentan la revisión del modelo autonómico. La relación entre nuevas tecnologías y estatutos no está nada clara o, por lo menos, no está acreditada. En todo caso, lo que sí puede afirmarse es que las primeras potencias tecnológicas del mundo parecen confiar más en las políticas de inversión y formación que en las declaraciones de sus constituciones. En cuanto a la financiación, incluso el corto recorrido de la propuesta catalana ha puesto en evidencia las escasas posibilidades políticas y jurídicas que tiene una definición unilateral de cuánto y cómo se ingresa, se gasta y se transfiere. De la misma manera que si la inmigración es un serio reto, lo es para todos y afrontarlo comporta cargas, responsabilidades y esfuerzos que no son susceptibles del unilateralismo ventajista que anima tanta reclamación autonómica en esta materia. Lo paradójico -por calificarlo de alguna manera- es que nada de esto requeriría una reforma estatutaria. Es más, como se ha demostrado con la propuesta catalana, precisamente el Estatuto es el instrumento menos idóneo para ello. Si el Gobierno ha decidido que en estas materias son prescindibles las políticas estatales, ahí está el artículo 150.2 de la Constitución y sus posibilidades según algunos ilimitadas, para desmantelar las competencias del Estado. El Gobierno podría también modificar la legislación sobre financiación autonómica, ceder cuantos impuestos satisfagan a éstos o aquéllos y asumir por adelantado las reivindicaciones que tan razonables considera. En definitiva, aunque otros escriban el guión, que el Gobierno mantenga la responsabilidad de interpretarlo aclararía el procedimiento y no sería mucho pedir.

Habría que preguntarse si tanto rodeo es necesario para llegar a lo que, en realidad, es el origen del proyecto de gobierno socialista o, lo que es lo mismo, la articulación de una mayoría orgánica con los nacionalistas ahora y para el futuro previsible. Por más retórica que se le añada, ésa es la explicación más concluyente de lo que está ocurriendo. Una mayoría que, a diferencia de otras en las que han intervenido los partidos nacionalistas, parte de aceptar la radicalización de éstos, está dispuesta a descalificar la vigencia del pacto constitucional y pone encima de la mesa como mercancía de negociación la estructura territorial del Estado y el bloque de constitucionalidad.

Emulación kafkiana de Javier Rojo
Ernesto Ladrón de Guevara elsemanaldigital 13 Noviembre 2005

En la noche del viernes último se celebró en Vitoria un homenaje a la viuda del teniente coronel don Jesús Velasco, jefe del cuerpo de miñones (policía foral alavesa), asesinado por ETA a comienzos de los años ochenta. Ana María Vidal Abarca fundó la Asociación de Víctimas del Terrorismo para rescatar su memoria y hacer justicia; y para que nadie en España olvide el oprobio colectivo que supone que unos dementes, amparados por una ideología nazi (nacional-socialista), no tengan el más mínimo reparo de asesinar a un hombre bueno que servía a su tierra –Álava- con amor y actitud de servicio. Ana María y una de sus hijas hicieron unos discursos vibrantes, en los que no faltaron importantes referencias a España como patrimonio común y legado histórico a defender, y su oposición a que España acabe disuelta en reinos de Taifas. Pero no me voy a detener en este punto, sino en lo que sucedió después.

Un presidente del Senado con una indumentaria nada apropiada a la solemnidad del Acto –más acorde con una velada festiva desenfadada que con un acto de homenaje a una víctima de un prohombre alavés que dio su vida por España-, hizo una encendida defensa de la persona de Ana María pero con una intervención inadecuada, ya que esgrimió que entendía las palabras de alguien que había sufrido mucho, queriendo asociar las razones expuestas por Ana María y su hija a su sufrimiento en lugar de a la veracidad del argumento que encierran.

De tanto aproximarse al PNV, el Sr. Rojo se está mimetizando con él. Los nacionalistas hace mucho tiempo que llevan diciendo que las víctimas no tienen la razón cuando hacen posicionamientos políticos, porque están lastradas por el dolor y el resentimiento. El Sr. Rojo, que hasta que el Sr. Zapatero no dispuso la decapitación política de Nicolás Redondo Terreros, se hartaba de hacer soflamas a favor de las víctimas y un discurso radicalmente antinacionalista, ha girado sus posiciones hasta confundirse con la verborrea engañosa y fatua del nacionalismo.

Las víctimas no sólo tienen legitimidad moral para decir lo que dicen, sino, además, la inteligencia de acertar en sus pronunciamientos. Conocen bien la virtud del sacrificio por las causas nobles.

Es también un agravio insoportable que se pretenda constituir en el Parlamento vasco una Ponencia Permanente de las Víctimas, quitando el determinante "del terrorismo". Es una burla inaguantable a la memoria de las víctimas de ETA, que ya se aproximan al millar. Y es que volvemos a las saduceas maniobras de los amigos de Batasuna en el Parlamento vasco para ir disolviendo en el olvido a los millares de caídos por el hacha y la serpiente.

¿Qué hace Rojo con discursos veleidosos?

«Antes nos mataban, ahora no nos dejan vivir»
- Los políticos constitucionalistas siguen sufriendo el acoso de los proetarras pese a que ETA lleva dos años sin matar - Las coacciones les recuerdan que siguen bajo la atenta mirada de los terroristas y que la banda puede volver a asesinar
J. Arias Borque La Razón 13 Noviembre 2005

Vitoria- En plena tregua-trampa de ETA, mientras el nacionalismo gobernante trataba de vender a diestro y siniestro que el fin del terrorismo comenzaba a ser un realidad, cimentada en el Pacto de Estella, una edil del PP en San Sebastián, María José Usandizaga, ahora presidenta de los populares guipuzcoanos, describía a la perfección la situación por la que estaban pasando los cargos públicos constitucionalistas: «Antes nos mataban, ahora no nos dejan vivir». Durante ese periodo, ETA había seguido activa, pero utilizando para extender su terror la kale borroka y la violencia de persecución, que recayó, principalmente, sobre cargos públicos, jueces, empresarios y periodistas. La explicación de esta frase es clara: este tipo de terrorismo hace recordar a todos los amenazados de muerte por ETA que su vida sigue corriendo peligro.

La situación hoy tiene bastante similitud. Tanto el nacionalismo vasco como el Gobierno Zapatero están seguros de que sobre la región vasca se abre un horizonte de paz, esperanzas cimentadas en el hecho de que ETA lleva más de dos años sin cometer un atentado mortal.

Presión terrorista. Este periódico se ha puesto en contacto con cargos públicos para conocer si la presión y la coacción siguen presentes. La mayoría de los testimonios provienen del PP, puesto que, tras contactar con una decena de ediles del PSE, o han preferido no hacer declaraciones o consideran que la situación ha mejorado notablemente.

Nerea Alzola es concejal del PP en Sondica (Vizcaya). Es una de esas jóvenes que un buen día decidió dar un paso hacia adelante y entrar en política en una zona de España donde el Estado de Derecho todavía está por llegar. Hace apenas unas semanas, los simpatizantes de ETA le hicieron una visita a domicilio. Lógicamente no comparte las esperanzas de Zapatero y el Gobierno vasco. «Me destrozan el buzón de casa, colocan un artefacto simulado, hacen pintadas insultándome, incluso un vecino me dijo delante de los ertzainas que me iban a enterrar, además de insultarme en el portal a mí y a mi madre. Esto no pasaba hace un año. Cuando se cruzaban conmigo agachaban la cabeza». Lo más paradójico es que uno de esos vecinos que ahora insulta a ella y a su madre no es un auténtico desconocido. «De pequeño, mi madre le subía a casa, le quitaba los mocos y le daba caramelos. Cuando lo pienso, a mí se me cae el alma a los pies». La sombra de ETA también afecta a la vida personal, sobre todo en casos como el de Alzola, cuyo novio es edil del PP en el ayuntamiento de Bilbao y al igual que ella tiene que llevar escolta. «Intentamos que no nos atrofie la vida, pero cuando queremos estar juntos tenemos que salir de la comunidad, hacemos escapadas, sobre todo a Castro Urdiales, pero conocemos a la perfección Cantabria y Asturias».

Santiago Abascal Conde es una de las caras más conocidas de la nueva generación de políticos vascos. Parlamentario en la Cámara vasca y concejal en Llodio (Álava), no llega a la treintena de años y lleva los últimos siete de su vida con dos escoltas que le acompañan a allá donde vaya. En este tiempo, el Ministerio del Interior se ha dirigido a él en dos ocasiones para comunicarle que algunos de los comandos de ETA detenidos tenía datos sobre él. La coacción le persigue desde su etapa universitaria en Deusto, donde además de lanzar pasquines con su cara en una diana, llegaron a utilizar esprais para verter amenazas contra su persona en la pizarra de su propia clase, e incluso, quemar el comercio de sus padres. ¿Algo ha cambiado en los meses que ETA lleva sin cometer un atentado mortal? Su respuesta es tajante: «No, los ataques y las coacciones se han mantenido». De hecho, fue agredido y escupido por los acólitos de ETA-Batasuna durante la toma de posesión de su cargo y el comercio familiar sigue sufriendo la ira de los bárbaros. Hace apenas unas semanas aparecieron una pistola simulada y unas bolas de plomo junto a la puerta de la tienda. Tanto Alzola como Abascal coinciden en algo: son tantas las amenazas y coacciones que a veces ni las denuncian. «No merece la pena pasar toda la tarde declarando en la comisaría de la Ertzaintza», dice Abascal.

Que las cosas no han cambiado mucho lo confirma también la portavoz del PP en Guecho (Vizcaya), Marisa Arrúe. «Estamos peor que antes, el acoso es mucho mayor. No hay atentados mortales, pero ha aumentado el miedo a que te quemen la casa, te insulten o te den una paliza. A pesar de todo, la presión del asesinato nunca desaparece». A su juicio, la situación se asemeja a la que se vivió durante la última tregua de ETA. «Se repite la situación. Entonces había una tregua pero la presión en la calle era impresionante». Por eso destaca que el asesinato y la coacción «son complementarios, cuando no les interesa hacer una cosa hacen la otra».

También edil en Guecho, pero del PSE, a la vez que profesora de la Universidad del País Vasco es Gotzone Mora. «Me preocupan mucho los comentarios, sobre todo los de los míos –en alusión al PSE–, que hacen referencia a que aquí no se vive tan mal en los últimos 28 meses».

Ella lo tiene claro. «No podemos permitir que por ser de un partido nos tengamos que poner un corsé. No quiero callar y no voy a callar. Como dijo Juan Pablo II: “Si Cristo no se bajó de la cruz, yo tampoco”». Lógico, teniendo en cuenta lo que ha vivido en las últimas semanas. «El otro día estaba junto a la subdelegación del Gobierno en Bilbao cuando una señora se me acercó y me dijo que yo era la mayor desgracia del País Vasco y que me tenían que quitar de en medio. Mis escoltas y uno de los guardias civiles que custodiaban el edificio se quedaron perplejos».

«Ése es el buen vivir. Es inaudito que Zapatero esté tendiendo la mano a ETA para que haya una tregua. Hay mucha gente que está mirando para otro lado, muchos en el PSE se están negando a contar que las amenazas siguen existiendo». Habla de primera mano, la pasada semana en la UPV muchos alumnos cercanos a las tesis terroristas la hicieron un pasillo y, tras insultarla, corearon a voz en grito el «que se vayan de una puta vez». Sus escoltas impidieron que la situación pasara a mayores. Por eso no deja pasar la oportunidad para reconocer la labor que desempeñan. «Policías y guardias civiles son auténticos profesionales de la lucha por la libertad».

Lejos de las tesis del Gobierno central y vasco se encuentra también el ex delegado del Gobierno y parlamentario del PP Carlos Urquijo, quien asegura que «el objetivo del terrorismo callejero y de la coacción es compensar la ausencia de atentados de ETA. La presión y los atentados son complementarios. Ahora lo que hacen es pisar el acelerador en la presión diaria y con ello advertirnos que ETA sigue ahí vigilando». A su entender, «el escenario ilusionante lo ha creado Zapatero y es para ETA, porque cuando estaban al borde de la desaparición les ha vuelto a dar alas, porque quiere pasar a la historia como el hombre que trajo el final del terrorismo».

Por su parte, el representante de Unidad Alavesa en las Juntas de Álava, Ernesto Ladrón de Guevara, afirma que la tensión «ha disminuido, pero porque vemos más lejos la posibilidad de un atentado. Aún así, seguimos en la misma tesitura, porque existe acoso en el trabajo, sigues estando señalado y ese clima de presión es muy efectivo». Una presión que se sigue manifestando «con las cartas de chantaje a los empresarios, o cuando llegas a tu comunidad de vecinos y dos jóvenes abertzales no te permiten entrar, se manifiesta con exclusión social y la estigmatización de los que apoyamos la Constitución».

La Justicia sienta en el banquillo a la columna vertebral de ETA, cuya caída debilitó a la banda
En su escrito de calificación sostiene que la banda ha podido respirar durante cuarenta años gracias a la cobertura que se le ha dado desde las distintas organizaciones
NATI VILLANUEVA ABC 13 Noviembre 2005

MADRID. El proceso más importante contra el entorno político, social, cultural y de relaciones exteriores de ETA, la columna vertebral cuya desarticulación ha posibilitado el debilitamiento de la banda terrorista, comienza el próximo 21 de noviembre con 59 acusados en el banquillo. Todos ellos se enfrentan a penas que van desde los diez a los 51 años de cárcel por integración en organización terrorista (en algunos casos en grado de dirigentes), colaboración con banda armada, falseamiento de la contabilidad, insolvencia punible y varios delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

Entre los procesados están Xabier Alegría (considerado enlace entre distintas estructuras de la red del MLNV), el abogado Txema Matanzas, el ex parlamentario vasco José Antonio Etxeberria, el ex parlamentario foral Jaime Iribarren y los ex miembros de la Mesa Nacional de HB Jokin Gorostidi, José María Olarra y José María O' Shea. Unos 400 testigos —80 propuestos por el fiscal— y más de 60 peritos participarán en esta vista, que, por cuestiones de seguridad y el importante número de acusados y abogados que comparecerán en ella, se celebrará en el pabellón de la Casa de Campo en el que tuvo lugar el juicio contra los miembros de la célula española de Al Qaida.

Se trata de la primera vez que un juicio contra el entorno de ETA cuenta con un número tan alto de acusados (aunque las distintas causas abiertas en relación con la banda terrorista suman un total de 170). Y aunque el juicio oral se ha abierto contra 59 personas, había 62 procesados. Uno de ellos, Manuel Aramburu, ha fallecido, con lo que su responsabilidad penal ha quedado extinguida. Los otros dos, José Benigno Rei (redactor jefe de investigación de «Egin») y Ramón Uranga, están incapacitados, con lo que su enjuiciamiento queda en suspenso. Uranga era precisamente uno de los dos procesados (el otro es Xabier Alegría) para los que el fiscal solicita las mayores penas: 51 años de cárcel.

El tiempo que el Juzgado Central de Instrucción número 5 lleva instruyendo esta causa —compuesta por KAS-Ekin, «Egin», Xaki y desobediencia civil— permite hacerse una idea de la complejidad y el volumen de este sumario, cuya investigación se remonta al año 1997. La causa, conocida como 18/98, es la más importante relacionado con el entramado político, social, cultural y mediático de la banda terrorista, pues si se consigue probar que todas las organizaciones eran coordinadas por KAS-Ekin y ésta, a su vez, por ETA, se podría vincular jurídicamente a dichas organizaciones con la banda terrorista.

Prueba de la importancia de esta conexión ha sido la polémica sentencia de Jarrai-Haika dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, que condenó a 24 procesados de la trama juvenil de ETA por asociación ilícita y no por terrorismo, pese a reconocer que la «kale borroka» complementa la «estrategia» de la banda criminal. Los magistrados rechazaron que Jarrai pertenezca a ETA, porque para que se pueda hablar de banda armada «el Tribunal Supremo exige que en la actuación delictiva se utilice armamento». «Se trata de organizaciones o asociaciones que, coordinadas y bajo los designios de ETA, complementan la estrategia hegemónica de la banda», reconocían los magistrados en su resolución.

En su escrito de calificación, el fiscal Enrique Molina, quien lleva años dedicado a esta causa —en la que intenta demostrar el planteamiento antes expuesto—, sostiene que todas estas estructuras han conseguido que ETA haya podido respirar durante sus más de 40 años de historia gracias a la cobertura que se le ha dado a través de los distintos frentes que se suman al militar: el político-institucional (KAS-Ekin, HB-EH-Batasuna), el mediático-cultural (Egin, Ardi Beltza, Egunkaria, AEK), el de masas (Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro Amnistía y «herriko tabernas»), y el internacional (Xaki). De todas las causas citadas se encuentran fuera de este procedimiento Jarrai-Haika (ya juzgado), Gestoras pro Amnistía, «Egunkaria», Batasuna y el sumario de las «herriko tabernas» (en estos dos últimos están procesados, entre otros, Arnaldo Otegi y Jon Salaberria).

En su escrito de calificación, Molina se retrotrae a 1974 para explicar cómo desde un principio ETA quiso «impulsar la revolución desde dentro del sistema democrático aprovechando las debilidades y fisuras de éste para desestabilizarlo desde sus propias instituciones». Así, desvinculó los frentes político, cultural y obrero de su estructura militar y sacó de la clandestinidad todas las organizaciones que en aquel momento podían beneficiarse del amparo legal que desde ese momento posibilitaba el derecho de asociación.

KAS-Ekin
Frente político-institucional
En la «teoría del desdoblamiento», ETA asumía públicamente su representatividad a través del «frente militar», pero mantenía el control de las instituciones políticas, culturales y obreras que se integraron en KAS, «encargada de reivindicar desde dentro del nuevo sistema político, bajo la genérica denominación de MLNV (Movimiento de Liberación Nacional Vasco), los mismos objetivos de ETA». Fue KAS la encargada de elaborar un proyecto de financiación para el sostenimiento de miembros y la cobertura de gastos de los «liberados» de la organización, el llamado «proyecto Udaletxe». Éste partía de la utilización de empresas «legales» del MLNV para el desarrollo de dicho proyecto. El mantenimiento de la estructura de KAS que permitiera el desarrollo estratégico de ETA requirió la dedicación exclusiva de ciertas personas que recibían una remuneración a través de distintas vías. Siete procesados, entre ellos Xabier Alegría, recibieron, según Molina, este pago mensual.

El acoso policial y judicial en Francia desde la mitad de la década de los 80 obligó a ETA a transferir a KAS parte de sus competencias —como el control sobre los colectivos de presos—. Sin embargo, esto no evitó que el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional decretase la ilicitud de sus actividades y su posterior disolución (por auto de 20 de noviembre de 1998). ETA perdía así el instrumento con el que hasta el momento había desarrollado su estrategia. A partir de entonces Ekin tomó el relevo de KAS, asumiendo, entre otras, las funciones de aplicación de la estrategia «político-militar» compartida con ETA y la «dirección superior en la puesta en práctica de métodos de coacción y violencia complementarios de los de la banda terrorista».

Orain-«Egin»
Frente mediático-cultural
Orain S.A, Ardatza S.A. o Hernani Imprimategia S.A. fueron, entre otras empresas, los medios con los que ETA controlaba su trama financiera, plasmada en el «proyecto Udaletxe». En el escrito de acusación se asegura que «Egin» estuvo subordinado a la estrategia global de la banda criminal, que era la encargada de fijar las directrices. Este diario llegó a ser una estructura más de la banda, «subordinado a las decisiones del comité ejecutivo de ETA». De hecho, añade Molina, hasta su intervención judicial, en julio de 1998, el grupo de comunicación Orain-Egin «mantuvo la cohesión interna del MLNV y era un elemento al servicio de todos los frentes de la organización terrorista». Entre sus funciones estaba la de marcar los objetivos hostiles a los fines de ETA, justificar las acciones criminales de la banda o difundir los comunicados de las acciones terroristas. Siempre según el escrito del fiscal, a comienzos de la década de los ochenta hubo un control progresivo del proyecto «Egin» por parte de la izquierda abertzale. «La vinculación y dependencia respecto de los responsables del denominado aparato político de ETA no afectaba sólo a cuestiones generales, como la elección del director, la financiación o la gestión empresarial, sino que alcanzó incluso a la línea informativa, y dentro de ésta, a aspectos parciales de la misma, sobre todo la relativa a cuestiones internacionales», señala.

El pleno control de Orain S.A. y Egin por parte de ETA y KAS —mediante la ocupación de sus puestos de responsabilidad por parte de representantes de la dirección política— se constata a lo largo de 1993 por el intercambio constante de directrices, consignas e instrucciones entre los responsables de ETA y sus delegados de KAS, especialmente a través de Xabier Alegría, que en sus comunicaciones con la dirección política de ETA utilizaba el seudónimo de «Garikoitz». Desde el momento en que se produjo el control de Orain por parte de la banda terrorista a través de KAS, los aspectos financieros de la sociedad empezaron a mezclarse con los de otras estructuras y organizaciones del MLNV que permanecían bajo la misma dirección, como AEK o las «herriko tabernas». Molina asegura también que las rotativas y los ordenadores del diario «Egin» estaban al servicio de la organización. Prueba de ello es la utilización de un ordenador «a disposición del director del diario para el mantenimiento de comunicaciones informáticas vía módem» entre los responsables de ETA y KAS.
El grupo de empresas Orain S.A., Hernani Inprimategia S.A., Ardatza S.A., Erigane S.L. y Publicidad Lema 2000 S.L. mantenía una deuda con la Seguridad Social que se elevaba a más de 747 millones de pesetas. «De común acuerdo, los responsables del grupo de empresas desarrollaron una operación financiera destinada a ocultar los bienes de Orain a la Tesorería General de la Seguridad Social», dice Molina.

«Desobediencia civil»
Frente político-de masas
Otra de las piezas que aquí se juzgan es la relativa al proyecto de desobediencia de ETA. Éste se dirigía al denominado «movimiento popular» y estaba constituido por distintos organismos que se activaban ante «cualquier tema que suscitase una mínima sensibilidad social en apoyo del diseño de la alternativa democrática KAS», impulsada por ETA. Ese movimiento popular fue controlado hasta finales de 1995 por los denominados «Abertzale Sozialista Komiteak» o ASK (Comités Socialistas Patrióticos), una de las organizaciones clandestinas de KAS activa en el «frente de masas» de ETA y dedicada a coordinar las diferentes expresiones del movimiento ciudadano. Los responsables de la Fundación Joxemi Zumalabe se encargaron de desarrollar la propuesta desobediente de ETA, su difusión y puesta en marcha. Molina señala que el origen y control de este proyecto se encuentra en la banda.

Xaki
Frente internacional
En el ámbito de las relaciones internacionales, cada una de las organizaciones del MLNV, coordinadas por KAS, habilitaba a determinadas personas para establecer y mantener relaciones en el extranjero, todas ellas controladas por ETA. Se trataba de recabar apoyos fuera de España y de difundir las reivindicaciones del MLNV. En la mitad de la década de los ochenta, la banda criminal sufrió un mayor acoso policial y judicial del que hasta esa fecha estaba siendo objeto en Francia, donde estaban asentados sus órganos de gestión. Esta presión se tradujo en el aumento de detenciones de miembros de la banda, que en unos casos fueron puestos a disposición judicial, y en otros, expulsados a España o deportados a terceros países dispuestos a aceptarlos. ETA llegó a tener a miembros de sus estructuras en veinte países distintos, y ante esa situación se vio obligada a establecer relaciones políticas de colaboración tanto con las instituciones como con grupos sociales y políticos de esos países.

Uno de los factores que puso de manifiesto la necesidad de generar un estado de opinión pública internacional favorable a sus reivindicaciones fue el fracaso de las conversaciones de Argel (1989) entre ETA y representantes del Gobierno. Los miembros de la banda consideraron que entonces les faltó la cobertura política necesaria para afrontar un proceso de esas características. Por este motivo, la banda delegó la coordinación de las relaciones internacionales, que hasta el momento ejercía a través de Ekin, en KAS.

Pero en 1996, para solucionar la situación de descontrol y evitar la imagen pública de vinculación de KAS con ETA, se tomó la decisión de intentar nuevamente la creación de una organización aparentemente independiente de ETA y KAS. Así surgió Xaki, que coordinó todas las relaciones exteriores del MLNV. Fue el «colectivo Elkano», formado por responsables políticos de ETA, el que se encargó de fijar las directrices que había de seguir Xaki. La misión más reciente fue la de crear un estado de opinión favorable a «la solución dialogada del conflicto de España». «ETA conservaba un plano jerárquicamente superior y avalaba las decisiones adoptadas por sus delegados en Xaki», concluye Molina.

Superar la adolescencia federal
El envidiado modelo federal pasa la ITV: los partidos alemanes constatan que, además de beneficios, comporta desventajas y han resuelto limitar éstas
RAMIRO VILLAPADIERNA CORRESPONSAL ABC 13 Noviembre 2005

BERLÍN. Un federalismo más constructivo y menos a la defensiva es lo que desean los alemanes. Tras años de adolecer de bloqueos y susceptibilidades, los partidos han resuelto hacer un Estado más eficaz y menos lento, tanto en el interior como de cara a la UE: «Lo bueno para Alemania es que pueda aparecer en Europa con una voz fuerte y unitaria», dice la ministra de Justicia, Brigitte Zypries (SPD).

Una Centroeuropa culturalmente federal asiste a la revisión de un sistema envidiado y multicopiado. La Unión Democristiana y el partido Socialdemócrata han decidido fortalecer al Gobierno federal de cara a la UE, ante los nuevos desafíos a la seguridad, la corresponsabilidad fiscal, la amenaza al medio ambiente y un proyecto cultural común, y a cambio, redistribuir competencias hacia las regiones.

La devolución de poderes y el principio de subsidiariedad han reportado beneficios a la gestión, la democracia y la cultura en estados modernos; pero no parece vía de una sola dirección y la ferozmente confederal Suiza, Estados Unidos o la propia Alemania se han topado con límites y cree que el mecanismo ideado para refrenar poderes ha terminado refrenando posibilidades.

Un federalismo impuesto
A los alemanes no les importa enmendar la Constitución. Lo han hecho 51 veces en medio siglo. Tampoco demasiado su unidad. Sólo empezaron a unirse políticamente en 1848 y, aún en 1948, se repensó su disolución. El actual federalismo fue impuesto por las potencias para minar el nacionalismo y la opresión cultural norte-sur, y fue asumido por Bonn como piedra angular de un sistema de equilibrios hasta devenir en obstáculo al desarrollo político. Además, el Gobierno siempre ha sabido que podría ver su acción muy disminuida si un día las regiones ejecutasen todos sus derechos.

Pero una reforma a fondo del federalismo implicaba reformar la Ley Fundamental y esto ha requerido un consenso maduro. Cuestión clave era la Cámara Alta (regional), empleada para minar al canciller cuando las regiones eran de signo contrario, retrasando así importantes reformas; entre otras ésta, llamada la «madre de todas las reformas». El acuerdo restará poder de bloqueo al Bundesrat, que pasa de decidir sobre casi dos tercios de la legislación a poco más de un tercio, aunque mantiene veto sobre leyes con fuerte repercusión financiera sobre las regiones.

Los partidos han fijado un «pacto de estabilidad nacional» para respetar, también a escala regional, los criterios de Maastricht. En caso de multa de Bruselas, el Estado pagaría un 65 por ciento y las regiones, proporcionalmente, el resto. En el plano interregional, el experto Dieter Nohlen insiste en que la tendencia hacia un «federalismo competitivo» como herramienta dinámica no puede no combinarse con un «federalismo solidario».

Clarificar competencias
A cambio de esta centralización, la reforma clarifica competencias con los «Länder». Las regiones regularán exclusivamente el cuerpo de funcionarios, serán dueñas del horario comercial, el derecho asociativo, regulación de prisiones y, sobre todo, educación y tasas universitarias; a esto se oponía el SPD, cuyo presidente y futuro vicecanciller insistía en que «lo más importante que tenemos que mejorar es la instrucción pública, el Gobierno no debe quedarse fuera de eso». La educación, aunque coordina el programa en un consejo escolar, es competencia regional, pero Berlín desea lanzar un programa de universidades de elite para competir tecnológicamente.

La sensación de que el consenso federal empezaba a debilitar a Alemania viene de lejos. El ex canciller del SPD Helmut Schmidt escribe en Die Zeit que «el caos de competencias entre el Estado federal y los Länder, así como una total sobrerregulación, nos tiene paralizados».

Dilución de responsabilidades
Además «el sistema de decisión colegiada» ha venido diluyendo la responsabilidad de los políticos tras una maraña de consenso, lo que empezó a criticar hace más de 15 años el experto jurista Fritz Scharpf en su libro «La trampa de la decisión conjunta». El ex presidente federal Roman Herzog, que ha presidido la «Convención para Alemania» encargada de la reforma, dijo que la reforma del federalismo era ya «una cuestión vital para el Estado».

DENUNCIA EL COMPORTAMIENTO "INTOLERABLE" DEL MINISTRO
Acebes pide el cese "fulminante" de Montilla por "amenazar, insultar y coaccionar" a la COPE y El Mundo
El secretario general del PP ha exigido el cese "fulminante" del ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, por su "ataque" a la libertad de expresión al volver a lanzar sus insultos contra la cadena COPE y al diario El Mundo, esta vez personalizados en Federico Jiménez Losantos y Pedro J. Ramírez. Acebes ha manifestado su "apoyo" a los dos periodistas "libres" colocados en la diana de los "insultos y amenazas" del Gobierno. El PP exigirá responsabilidades y trasladará este asunto al Congreso y al Parlamento Europeo.
Europa Press Libertad Digital 13 Noviembre 2005

El secretario general del PP, Ángel Acebes, ha denunciado en un comunicado el comportamiento "intolerable" del ministro de Industria José Montilla y le ha acusado de estar "amenazando, insultando y coaccionando" desde el Gobierno a medios de comunicaciones y profesionales como el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, o el periodista de la COPE Federico Jiménez Losantos. "¿Pero no ha dimitido todavía este señor? ¿Después de lo que ha hecho todavía no le ha cesado Zapatero?", se preguntó Acebes, que exigió al presidente del Gobierno, el cese inmediato de Montilla por su comportamiento "incompatible con la decencia y la democracia".

El titular de Industria señaló el sábado en Barcelona que la Conferencia Episcopal, propietaria de la COPE, tendrá que explicar por qué esta emisora "miente, insulta, incita al odio y manipula" y por qué lo hace con "absoluta impunidad" y "atacando a todo el mundo, incluso al jefe del Estado". Para Acebes, estas declaraciones de Montilla representan uno de los "ataques más graves" que se han producido desde el Gobierno a la libertad de expresión y a los periodistas en democracia. "El PSOE ha sobrepasado todos los límites de confrontación con la sociedad y ahora vivimos una agresión a la libertad de expresión absolutamente intolerable", reiteró.

Además, criticó que "encima" las declaraciones provienen de una persona que debería haber dimitido después de haberse conocido que una entidad financiera ha perdonado al PSC –Montilla es su máximo responsable– seis millones de euros, "mientras en su ámbito de responsabilidad como ministro está tomar decisiones que afectan a los intereses de esta entidad", en clara alusión a la OPA de Gas Natural sobre Endesa.

"Es increíble que todavía tenga el descaro y el despropósito de coaccionar a la COPE, El Mundo y la libertad de expresión alguien que ya tenía que haber dimitido o haber sido cesado", subrayó Acebes, tras manifestar su "apoyo" a Pedro J. Ramírez y Jiménez Losantos, de los que aseguró que son periodistas "libres" colocados en la diana de los "insultos y amenazas" del Gobierno. Por todo ello, indicó que el PP exigirá responsabilidad y trasladará este asunto al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo.

Espainya, colonia eusko-catalana
Blog de Javier Orrico Periodista Digital 13 Noviembre 2005

Nunca buscaron los catalanes más astutos la independencia de España, sino su derrota, la revancha histórica, ponerla de rodillas para mirarla desde esa superioridad frustrada cuya satisfacción ha sido el motor imaginario de su nacionalismo.

Salvo unos cuantos energúmenos, a los que usan como batiente para presentar al resto como ‘moderados’ y pragmáticos, el nacionalismo catalán entendió siempre que la construcción del país era, sobre todo, un negocio en el que el desprecio sentimental y resentido hacia los rudos españoles –una mezcla de funcionarios parásitos en Madrid y prehistóricos braceros con palillo en el resto- había de compensarse con su condición de territorio explotable, de finca sobre la que la eficiencia catalanista ejercería su provechosa tutela.

Mientras la unión realizada a través del denostado Decreto de Nueva Planta del primer borbón les supuso el acceso al mercado colonial americano, y el inicio de su extraordinario despegue económico, la cosa fue bien, se sentían absolutamente españoles, amaban y cultivaban la lengua común, y en modo alguno ponían en duda la existencia de la Nación española, la idea ilustrada y liberal que la Constitución de 1812 terminaría por consagrar.

Cuando volaron los territorios americanos, la cosa comenzó a no ir ya tan bien, pero el nuevo Estado español aún resultaría tremendamente útil, durante mucho tiempo, para el mantenimiento de un mercado cautivo al servicio de los protegidos intereses catalanes, que entonces creíamos también de todos.

Durante la mayor parte del siglo XX, hasta la Transición democrática, Cataluña fue la región más desarrollada, rica y admirada, el lugar al que todos queríamos ir (y fuimos), nuestra Alemania del Mediterráneo, la guía cultural y estética, el símbolo de la libertad. Su capitalidad económica era indiscutida, su ejemplo de sociedad dinámica y abierta, un modelo para todos.

Y fue precisamente la llegada del nacionalismo al poder político, la invención de la España de las Autonomías -creadas sólo para satisfacerles a ellos-, y el inicio de las construcciones nacionales de Euskadi y Catalunya (ya no se puede usar el español ni para nombrarlas), lo que acabó con todo eso.

Gracias a sus nacionalismos, el País Vasco no ha conseguido siquiera alcanzar la democracia, habiéndose convertido en uno de los últimos reductos del nazismo en Europa.Y Cataluña ya no es símbolo ni referente de otra cosa que no sea hostilidad hacia España, cerrazón y catetismo culturales, imposición de un dictadura lingüística sin parangón en el mundo occidental –¡hasta con oficinas de delación!-, y, por tanto, de un irremediable declive, de una sociedad estatalizada y amputada de su antigua iniciativa, endeudada hasta las cejas y que ha dejado de ser cabeza y modelo para las Españas.

Trágico, sobre todo, para una Barcelona cuya razón histórica fue siempre la apertura y la acogida y que ha visto, con ira e indisimulable envidia, cómo Madrid la sustituía (boicotear los Juegos Olímpicos madrileños era vital), cómo Valencia se transformaba en una ciudad espléndida, cómo despegaban Almería y Murcia, sus antiguos nichos de esclavos, cómo Andalucía dejaba de verla como Tierra Prometida, cómo desaparecían de Castilla el luto y la tristeza, cómo hasta desde Extremadura se le sublevaban las sirvientas.

Hay que entender, pues, que, prisioneros de una imagen maravillosa de sí mismos, arteramente sometidos desde el primer Trastámara por esa malvada Meseta de palurdos que al menos antes podían explotar, y en una Europa ante la que quieren presentarse solos, como la nación que sueñan ser, no les quedaba más salida que una operación combinada de independencia y neocolonización de Espanya, el antiguo territorio cautivo hoy expuesto a un mercado sin fronteras y a un despegue económico propio que no supieron prever.

Y para ello, ninguna ocasión mejor que la surgida de la llegada al poder de un fantoche situado por Maragall al frente del PSOE al grito de ¡Viva la Espanya plural, que nos la quedamos! No toda, por supuesto. Un trozo de la tarta se lo entregan a los vascos vía Iberdrola, de manera que las sedes de nuestra energía serán las que ya son, pero en exclusiva: Bilbao y Barcelona. Y sus Haciendas, las únicas beneficiarias de las inmensas ganancias producidas por el gasto energético de todos los españoles.

La jugada es magistral. El Galeusca trocea España y se la reparte, ahora ya una mezcla de la Espainia vasca y la Espanya catalana. En el futuro, si queremos luz, Espainya.

Esa es la única interpretación posible de la llegada de Montilla al Ministerio de Industria, de la colocación de políticos catalanes en los cargos de Defensa de la Competencia, del ascenso de Antoni Brufau –hombre fuerte de la Caixa- al frente de Repsol, y de esta OPA de Gas Natural sobre Endesa que pondrá a nuestra industria y a nosotros como consumidores a los pies del poder político y económico del Principado.

Podríamos llamar a la operación, en homenaje a los viejos mercenarios almogávares que el imperialismo catalán tiene siempre en la memoria –es la última batalla que ganaron, hace setecientos años-, la Nueva Venganza Catalana, con Montilla, ‘el charnego que se cambió hasta el nombre’, como nuevo capitán Roger de Flor.

Añádase como cierre de esta guerra moderna de déficits, impuestos, opas y concentraciones, la elaboración de un Estatuto cuya financiación –algo que depende de todos los españoles, salvo que ya demos por deshecha la soberanía, es decir, la democracia misma- quieren decidir ellos solos y luego blindarla para que jamás se pueda revisar el reparto de la riqueza de todos.

Así que primero se la llevan y después la blindan en plan foral. Vamos a dejar el sector más importante de nuestra economía en manos de unos tipos que sostienen –y lo van a poner por ley- que son de ‘otra nación’. Y encima dicen que no los queremos. La verdad es que son geniales y que nosotros sólo tenemos lo que nos merecemos: a Zapatero.
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