AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 17 Noviembre 2005
El error del Tinell
Editorial ABC 17 Noviembre 2005

Los puentes del PSE
Editorial ABC 17 Noviembre 2005

Un sistema bajo sospecha
José Javaloyes Estrella Digital 17 Noviembre 2005

¿Puede España seguir siendo una nación?
ANDRÉS DE LA OLIVA ABC 17 Noviembre 2005

La libertad de expresión de un Gobierno liberticida
EDITORIAL Libertad Digital 17 Noviembre 2005

Lecciones catalanas
AURELIO ARTETA El País 17 Noviembre 2005

Vértigo
KEPA AULESTIA El Correo 17 Noviembre 2005

Los parias de la Unión
DANIEL REBOREDO  EL Correo 17 Noviembre 2005

A Savater se la suda España
Santiago Abascal elsemanaldigital 17 Noviembre 2005

Negro horizonte terrorista
Blog Gustavo Arístegui Periodista Digital 17 Noviembre 2005

Un año que vivimos peligrosamente
FRANCIS FUKUYAMA  ABC 17 Noviembre 2005

Aznar: «El yihadismo ha sustituido al comunismo» en la amenaza a la libertad
Marta G. Hontoria La Razón 17 Noviembre 2005

El error del Tinell
Editorial ABC 17 Noviembre 2005

EL día siguiente de que lo dijese Maragall, Carod-Rovira también reconoció que fue un error poner por escrito, en el Pacto del Tinell, que los firmantes (el tripartito que gobierna en Cataluña) se prohibían a sí mismos alcanzar cualquier tipo de acuerdo con el PP. No cabe pensar que esta queja lastimera, a toro pasado, de haber fraguado lo que constituye un ejemplo de sectarismo impropio de cualquier democracia se haya producido por un arrepentimiento espontáneo. Quizá Maragall y Carod lo hagan tras comprobar cómo el PP, al que ellos quisieron convertir en una especie de proscrito político, sube como la espuma en las encuestas, tanto en la esfera autonómica como en la estatal. Lo que era una maniobra de arrinconamiento se ha vuelto contra ellos, que están siendo víctimas de una desquiciada estrategia que, de forma paralela, salpica también al propio Zapatero, el autoproclamado «maestro del diálogo» que en su día les rio la gracia del Tinell.

Los puentes del PSE
Editorial ABC 17 Noviembre 2005

UNAS declaraciones ambiguas del secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, han dado pie a la especulación de que el PSE podría aceptar en el futuro una alianza o coalición con Batasuna. Repasadas las manifestaciones de los últimos tiempos es evidente que López y otros dirigentes socialistas vascos han venido poniendo de su parte todo lo necesario para que se percibiera un movimiento, al menos teórico, de su partido hacia un cambio de relaciones políticas en el País Vasco del que resultara un trasunto del tripartito catalán, en el que Batasuna haría el papel de Esquerra Republicana. El líder de los socialistas vascos no ha tenido duda en comprometerse con una continua campaña personal de blanqueo de la izquierda proetarra, especialmente centrada en el escepticismo, cuando no pura descalificación, de los procesos judiciales abiertos contra dirigentes batasunos como el sindicalista Rafael Díez Usabiaga o el ya dos veces condenado en firme Arnaldo Otegi. Si López dice al diario «Gara» que, para él, los acusados en el caso Ekin no son de ETA y si, en la misma entrevista, no rechaza de plano un entendimiento con Batasuna, la suma de los factores es que el secretario general de los socialistas vascos está pensando en una alianza de izquierda en el País Vasco que incluya a los grupos proetarras relegalizados y -aumentando la hipótesis- legitimados por una tregua de ETA. Los puentes que López tendió al PNV desde el principio parece que ahora se dirigen a Batasuna.

Afortunadamente, la dirección nacional del PSOE se desmarcó ayer de los peligrosos diseños tácticos que elucubra Patxi López. Mejor así, sin duda, porque habría sido el remate del despropósito que el PSOE lanzara paralelamente dos procesos de fractura política: el del proyecto estatutario catalán -saludado ayer en París por la cúpula batasuna como «la crisis del modelo del 78»- y el de la convergencia de socialistas y batasunos. No obstante, la dirección del PSOE tampoco puede presentarse como ajena a las divagaciones de López, porque éste se ha limitado a subirse al carro de las esperanzas sin límite que el presidente del Gobierno ha abierto sobre el futuro de la violencia etarra. En enero de este año, Rodríguez Zapatero dijo en San Sebastián que quería «escuchar» a Batasuna, a pesar de ser una formación declarada ilegal y disuelta por el Tribunal Supremo. A partir de ahí, el Partido Comunista de las Tierras Vascas ha concurrido tranquilamente a las elecciones y obtenido la llave del Parlamento de Vitoria, y Batasuna se pasea tranquilamente por las calles del País Vasco, de acto en acto, pese a la ilegalidad manifiesta de estas convocatorias.

En todo caso, bien está que el PSOE se desmarque de este foco de inestabilidad y discordia, porque éstas serían las consecuencias de que realmente las palabras de Patxi López fueran expresión de una intención oculta a medio plazo. Resultaría incalificable que el socialismo vasco depositara su futuro político en un entendimiento con la izquierda proetarra. En todo caso, esta posibilidad teórica tiene dos problemas graves, al margen de suponer un simple desprecio al Estado de Derecho y causar lo que Mariano Rajoy calificó ayer en Santurce como «un panorama desolador».

El primero es que desconoce la realidad de Batasuna como brazo -que no cerebro- político de ETA y, por tanto, instrumento al servicio de un estrategia definida por terroristas, cuyo objetivo no es participar como agentes políticos con una formación «españolista» en un estado de normalidad institucional, sino imponerse al Estado español y no mediante las armas, sino mediante una negociación que reconozca finalmente la utilidad de sus crímenes. Otra cosa es que los terroristas no desprecien a quien se ofrezca de comodín, aunque éste piense que puede cabalgar a lomos de una hiena.

El segundo es que cancela la historia reciente del socialismo vasco, al proponer el abandono definitivo de las ideas por las que dieron su vida, su integridad y su libertad aquellos militantes y cargos del PSE que se opusieron no sólo al terrorismo de ETA, sino a la cooperación necesaria que Batasuna ha prestado y presta a la estrategia terrorista de «socializar el sufrimiento». Bastaría saber cuántos concejales del PSE han sido asesinados por el soplo o el seguimiento de militantes de la izquierda proeatarra.

Un sistema bajo sospecha
José Javaloyes Estrella Digital 17 Noviembre 2005

A degüello es la guerra del tripartito catalán por el oscuro carril del soberanismo económico: campaña que conduce a estas horas al asalto de Endesa por La Caixa. Al siguiente día de la resolución de Bruselas para que sea el Gobierno español quien revise el expediente de la OPA presentada a todo gas por la gran Caja de Cataluña, es nuevamente la Comisión Nacional del Mercado de Valores quien sorprende con una intervención tan atípica y sospechosa: suspender cautelarmente la cotización de la eléctrica en la misma fecha que ésta presenta espectaculares resultados y anuncia el recurso al Tribunal de Luxemburgo.

La injerencia política en la normalidad del mercado desplegada por la CNMV —primero con la famosa carta a Endesa, para que se abstuviera de obstaculizar la OPA, cosa que desautorizó la Audiencia Nacional, y ahora con la suspensión de la cotización—, anticipa en términos nacionales el talante intervencionista desde el que el tripartito ha diseñado “su” Estatuto. Estamos ante un comportamiento nada regular del organismo regulador, como sancionó la Audiencia Nacional al deslegitimar su famosa carta a Endesa, de la misma manera que también estuvimos ante lo mismo, por parte del Gobierno Rodríguez, cuando su ministro Montilla (comisario del tripartito en la Moncloa) modificó puntualmente la composición de la Comisión Nacional de la Energía, situando en su presidencia a persona de su absoluta confianza, para que este otro organismo regulador certificara que la OPA apantallada por Gas Natural (pues el “opante” genuino es La Caixa) se atiene a las condiciones que marca la ley.

Aquello supuso también otra irregularidad —política aunque no jurídica, como la primera de Manuel Conthe, presidente de la CNMV, con su famosa carta— por parte del mismo poder que disputó a la Comisión de Bruselas la condición de árbitro imparcial en este empedrado de parcialidades probadas y sospechas cuya prueba anticipan escandalosas evidencias.

Evidente ha sido, en tal sentido, esa historia del crédito nunca reclamado por La Caixa y gestionado por José Montilla, titular de la cartera ministerial donde reside la tutela política de la operación. La sombra del cohecho se alarga como sospecha más que la del ciprés, y cubre más espacio que la del alcornoque con que identifican al resto del pueblo español estos logreros en el mercado de la política y en la economía de mercado.

A qué nivel quedan reducidos en la CNMV, tras la suspensión de las cotizaciones de Endesa, el principio de no discriminación y el principio de transparencia a que se deben los organismos reguladores? Discrimina una decisión de esta naturaleza porque puede generar un mensaje de no fiabilidad, de obvias consecuencias negativas en el precio de las acciones de Endesa, tal como conviene a quienes hacen la OPA, porque así ésta resulta más factible en términos de precio de los títulos que se pretende adquirir.

Dónde está la imparcialidad del Gobierno, que reclamaba su vicepresidente económico y titular de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, para arbitrar sobre el expediente de la OPA, si anticipándose a la sucedido ayer con la irrupción de la CNMV en el mercado, el ministro de Industria regulaba al alza los precios del gas para que la sociedad opadora dispusiera de recursos adicionales de liquidez con que hacer su oferta decisivamente atractiva?

Los hechos de parcialidad, en su consistente tozudez y evidencia, son como eslabones de una cadena de la que se pueden colgar cuantas sospechas genere la ya establecida desconfianza, tanto del mercado en particular como de la opinión pública en general. Ante un síndrome de agresividad política tan manifiesta, en la que parecen combinarse el fraude de ley y el uso alternativo del derecho, la conclusión que se desprende es la de que las cosas se están forzando tanto con el asunto de Endesa como con la cuestión del Estatuto. Con éste se ha orillado la Constitución para introducirlo en el Congreso como reforma estatutaria; con la OPA se ha suspendido ahora la cotización en Bolsa para rebajarle a Endesa su valor en el mercado.

Quien hace lo más, el Estatuto, hace lo menos: Endesa. La social-nacionalista, que sostiene al Gobierno, es máquina bien engrasada. ¿Cómo no hablar de un sistema bajo sospecha? En el aborrecido mundo del capitalismo anglosajón, al que la opción gobernante tilda de “salvaje”, estas cosas no pasan; o si pasan, acaban en los tribunales. Suspendiéndose así la cotización política de los responsables.

jose@javaloyes.net

¿Puede España seguir siendo una nación?
Por ANDRÉS DE LA OLIVA CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE ABC 17 Noviembre 2005

EL proyecto de «Estatut» de Cataluña plantea dos cuestiones generales distintas (estrechamente relacionadas, pero distintas). Una, de la que se habla mucho, si Cataluña es o debe ser una «nación». Otra, apenas tratada, si la «Nación española» tiene que de dejar de existir o, lo que es igual, si ha de desaparecer España como Nación. Aquí nos ocuparemos de este segundo interrogante. Enseguida se verá que no hay error al afirmar que el proyectado «Estatut» cuestiona la existencia de España como Nación. Antes, sin embargo, es conveniente recordar algunos datos históricos, vitales para nuestro futuro, que se gestan desde la historia y en ella, no en Utopía.

Una consulta a la recopilación de E. Tierno Galván, «Leyes Políticas Españolas Fundamentales (1808-1936)», revela que todos las constituciones entre esas fechas se refieren a España como «la Nación» o, más frecuentemente, como «la Nación española». Así, tanto el Estatuto de Bayona (1808), como la Constitución de Cádiz (1812), como las posteriores, de 1837 y 1845, la no promulgada de 1856, la de 1869 y la de 1876. En los períodos republicanos, la nonnata constitución de la I República (1873) y la de la II República (1931) también consideran a España como Nación. Concretamente, en el Proyecto de Constitución Federal de la República Española, el título I se rotula «De la Nación española» y se abre con un artículo del siguiente tenor: «Componen la Nación española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña...». Por su parte, que la Constitución de la República española, de 1931, concibe a España como «una República democrática de trabajadores de toda clase», pero sin que esta idea excluya la de Nación, de modo que, por ejemplo, el artículo 67, sobre el presidente de la República, dispone que «personifica a la Nación». Y en los artículos 76, d) y 117 aparecen, respectivamente, «la seguridad de la Nación» y «el crédito de la Nación».

Sentado lo anterior, aceptemos hipotéticamente que lo que un nuevo Estatuto catalán diga de Cataluña es cosa de las personas que posean la «condición política de catalanes», como dice el proyecto de nuevo «Estatut». Supongamos, pues, que los españoles que no poseen esa «condición política» nada tienen que decir sobre Cataluña. En cambio, no se negará que sí les incumbe e interesa lo que un nuevo «Estatut» catalán pretende que es España. ¿Dice algo sobre España el proyecto de nuevo «Estatut» de Cataluña? Rastreado su texto, que, título incluido, consta de 43.814 palabras, resulta que la palabra «España» aparece 7 veces:

-Dos en la expresión «Banco de España».

-Dos en «tratados y convenios internacionales ratificados por España».

--Otras dos, al hablar de «pueblos de España». Van seis.

-La mención que queda se encuentra en el preámbulo del proyecto: «Cataluña considera que España es un Estado plurinacional».

Así, pues, según el «Estatut», Cataluña no considera que España sea una Nación y, al contrario, viene a negar que lo sea, no ya porque en el proyecto de «Estatut» no aparezcan nunca las palabras «Nación española», sino, sobre todo, porque España es definida como un «Estado», que, al ser plurinacional, integraría varias naciones. Y si España son varias Naciones no es una (sola) Nación.

Constitución aparte, esta «consideración» del «Estatut» parece hiriente para innumerables ciudadanos del «Estado español», que se consideran españoles y pertenecientes a la «Nación española». Estos españoles no son nacionalistas, porque nacionalista no es quien considera que forma parte de una determinada nación, sino el fanático de una nación, cerrado a las realidades y valores de otras naciones y pueblos. Pero si miramos a la vigente Constitución Española (CE) resulta que España se ha constituido, sí, en «un Estado social y democrático de Derecho» (artículo 1), pero, conforme al artículo 2, España se ha constituido en tal Estado por obra de una Constitución que, a su vez, «se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Y es esa Constitución la que «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». No se trata de mi opinión, sino de lo que dice el artículo 2 de la CE: las «nacionalidades» y las «regiones» integran la Nación Española. Desde luego, la Constitución no es intocable. Pero, hoy, dice lo que dice. Y con lo que dice hay que comparar el proyecto de nuevo «Estatut» de Cataluña.

Se puede entender que los partidarios de ese proyecto no se consideren miembros de la Nación española y les disgusten los artículos 1 y 2 de la CE. Se debe respetar que ésas no sean sus ideas de España y de Cataluña. Pero lo que no cabe aceptar y respetar son algunos abusos y falsedades. Abuso es que un «Estatut» de Cataluña, que se presenta entroncado formalmente con la Constitución española, pretenda que vale la idea estatutaria de España, pese a ser opuesta a lo que esa misma Constitución dice sobre España. Abuso y falsedad es que el proyecto de «Estatut» concierna sobre todo a Cataluña y entrañe una opción por respetarla o rechazarla. Atañe igualmente a España, incluso si se piensa que Cataluña no es España. Porque el proyectado «Estatut» no prescinde de España, sino que contiene una idea de España y articula una fuerte implicación de Cataluña con España. Y sobre una propuesta de relación entre dos partes, es violentamente abusivo que sólo una de ellas pueda expresarse con libertad plena y sin ser agredida.

Finalmente, es falso que sea posible concordar con la Constitución española ese proyecto de «Estatut». Ni lo es ni lo será a base de una fórmula sustitutiva de la definición de Cataluña como nación. Porque esa definición no condensa los interrogantes básicos que suscita el proyecto de «Estatut». Resulta irreconciliable que España sea un Estado plurinacional y, a la vez, un Estado social y democrático de Derecho fundamentado en la unidad de la Nación española.

¿Qué respeto a los ciudadanos demuestra no plantearles, directamente y a las claras, si entienden España como una cosa u otra? ¿No es asunto más importante que la OTAN?

La libertad de expresión de un Gobierno liberticida
EDITORIAL Libertad Digital 17 Noviembre 2005

Como recordarán los lectores, la campaña de acoso y derribo lanzada contra la COPE tuvo un incitador fundamental en la figura del ministro José Montilla. Molesto por las críticas de esta cadena al Estatuto catalán, el ministro no se limitó a mostrar sus discrepancias con sus profesionales, sino que arremetió contra ellos acusándolos de lanzar "mensajes que incitan al odio, la división y la confrontación". Hasta hoy no tenemos noticia de que ningún oyente de la COPE, movido por ese "odio" que supuestamente le inculcan sus profesionales, haya perpetrado ningún delito de apología o acto de violencia contra el Gobierno, contra ninguna sede del PSOE o contra cualquiera de los destinatarios de las legítimas críticas de esta cadena. Por el contrario, fue la COPE la que, 24 horas después de las incendiarias palabras del ministro, recibía un aviso de bomba anónimo que obligó a interrumpir la emisión del programa La Mañana que dirige Federico Jiménez Losantos.

Los lectores tienen a su disposición en nuestras paginas una pormenorizada crónica de lo que ha sido esta histórica e inigualable campaña de ataques contra un medio de comunicación cuyo, por ahora, último capítulo lo constituye la denegación por parte del Gobierno socialista de Cantabria de una emisora a la cadena COPE, y un artículo publicado en el periódico "20 minutos" en el que un juez de Barcelona se mofa del atentado sufrido por Federico Jiménez Losantos a manos de Terra Lliure.

Ante este panorama, no sabemos que es más bochornoso, si las descalificaciones y amenazas del ministro de Industria que pusieron a rodar toda esta liberticida campaña, o que la vicepresidenta de la Vega las acabe de justificar y amparar en nombre de la libertad de expresión, tal y como ha hecho este mismo miércoles.

Por lo visto, ahora ya no hace falta ni siquiera camuflar el clamoroso sectarismo de quien, en razón de su cargo, es el máximo responsable en el sector de telecomunicaciones y ordenación del espacio radioeléctrico. Ahora se puede justificar cualquier atropello del Gobierno en nombre de su "libertad de expresión". Con la misma regla de tres, tampoco se debería ya criticar que Montilla dejara en evidencia sus motivaciones políticas contra Endesa cuando públicamente arremetió contra su directivos, días antes de conocerse la OPA hostil de Gas Natural y el escándalo de financiación irregular del PSC a través de La Caixa. Un bochornoso trato de favor a un partido político por parte de una entidad financiera que, visto lo visto, dentro de poco se justificará hasta en nombre de la "libertad de empresa"...

En cualquier caso, no sabemos si la "libertad de expresión" también ampara, en opinión del Gobierno, a quien envía avisos de bomba a la cadena COPE, o a quien, como el juez Fanlo, lamenta por escrito que los de Terra Lliure "dispararan a la rodilla" de Jiménez Losantos "y no a su corazón". Lo que sabemos es que este Gobierno, hasta ahora, no ha aprovechado su "libertad de expresión" para condenar ni una cosa ni la otra.

Lo que también sabemos de este Gobierno es que llegó al poder culpando al gabinete de Aznar de lo mismo que le culpaban los autores de la mayor masacre terrorista de nuestra historia. Lo que acabamos de saber es que el Gobierno del 14-M acaba de autorizar –también en nombre de la "libertad de expresión"– que varios criminales de ETA fusilados en tiempos de Franco sean homenajeados en Madrid.

Si con este Gobierno orwelliano la apología del terror ya tiene amparo en nombre de la "libertad de expresión", qué amparo no tendrán los liberticidas ataques contra un medio de comunicación que, como la COPE, no está dispuesto a callar, ni a que lo callen.

Lecciones catalanas
AURELIO ARTETA El País 17 Noviembre 2005

Suele descuidarse la indudable función didáctica de la vida pública y se olvida que ésta (permítanme el doble sentido), al "enseñar", enseña. A la vista de las reflexiones y las conductas que se exhiben en ese amplio escenario, la gente siempre aprende para bien o para mal. ¿Qué otra cosa va a ser para ella la política sino lo que dicen y hacen los políticos? ¿Y qué la democracia, como no sea lo que de ella escuchan y ven practicar a nuestros demócratas gobernantes? Repasemos entonces algunas lecciones que el ciudadano aplicado ha podido extraer del barullo promovido en torno al proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña. No son, desde luego, las lecciones que procuro transmitir en mis cursos.

1. La primera es que la política de nuestros días consiste a fin de cuentas tan sólo en continua negociación. Una negociación un tanto diferente de las que tienen lugar a diario en el mundo de los negocios, pero no de muy distinta naturaleza. Tampoco aquí está en juego algo que se refiera inmediatamente al bien general, salvo en la retórica de costumbre, sino una por una al interés particular de los partidos que son los protagonistas. Como en cualquier negociación, también en ésta sobra el discurso argumentado o la invocación de grandes principios, porque a los interlocutores les vale más echar mano de su capacidad de presión y amenaza. Y si tal es su naturaleza, el espacio secreto le será más acogedor que el público.

2. Si todo en política es negociable, también las palabras políticas: éstas serán definibles a voluntad y según la coyuntura demande. Así lo han dado a entender personajes principales del Reino. De suerte que delimitar el significado de una idea -pongamos "nación"- que imprime el sentido y fija el alcance de un proyecto colectivo se juzga tarea de escaso interés, porque la política no debería entretenerse en disputas de palabras. Pero bien sabemos que no son meras voces las que están en litigio, sino los conceptos que aquéllas designan, y el caso es encubrir o posponer el conflicto con algún cliché verbal. Esos arreglos de fachada a veces resisten un tiempo, pero más pronto que tarde saltan los desconchados.

Renunciar a esa clase de polémica trae consigo el deterioro de un régimen democrático, si es verdad que éste tiene como cometido ideal el más intenso uso público de la palabra acerca de los asuntos de todos. Antes incluso, semejante dejación supone desdeñar el poder activo de esas nociones que el vocabulario político transporta. Así como abundan los problemas prácticos nacidos de malentendidos teóricos, no hay conflicto público que no sea asimismo un combate entre significados enfrentados con miras a imponer su dominio. Las batallas democráticas comienzan a ganarse o perderse en el momento en que consiguen arraigar en la conciencia de las gentes y en el uso general un sentido u otro de ciertas palabras capitales. Un ejemplo entre mil: ¿acaso en este país no van ganando la partida quienes lograron que tantos cuitados mencionen a cada paso "el Estado" cuando quieren referirse a "España"?

3. Quizá como una variante de lo anterior, algunos sesudos constitucionalistas han sentenciado para la ocasión que los preámbulos de las leyes carecen de valor jurídico. Y uno se hace cruces del sentido jurídico, y de paso cívico, de tales juristas. Pues, si estuvieran en lo cierto, de la norma importaría tan sólo el hecho de obligar, y no la razón por la que obliga. Al parecer no habría vínculo forzoso entre lo uno y lo otro, como si de tales premisas invocadas en la "exposición de motivos" no se pretendiera deducir justamente los precisos derechos y obligaciones que se enuncian en su articulado. Pero si la justificación no cuenta, entonces todo queda sin justificar y en suspenso. Se nos prescribe obediencia, pero -como a súbditos- nos invitan a obedecer sin preguntar el porqué. Es otro modo de decir que, en asuntos de esta índole, sólo debemos atender a su legalidad sin caer en la tentación de hurgar en su legitimidad. O sea, sin que nos preocupe la tarea de asentar la ley en una razón moral universalizable.

4. Se repite hasta la hartura la tesis de que todo vale en democracia con tal de acomodarse a ciertas reglas de procedimiento. Y la gente entiende que, guardadas estas formas, podemos desentendernos de un contenido cuya bondad se nos dará por añadidura. Sospecho que tan descansado pensamiento tiene una fórmula aún más general y un precedente nada lejano.

Pues ha venido a ser creencia casi común por estos pagos que los medios pacíficos de que se sirva, y nada más que por no ser violentos, otorgan a una acción o proyecto políticos la firme presunción de democráticos. Se trata seguramente de una de las mayores distorsiones que ha producido en la conciencia colectiva la brutal situación vivida en el País Vasco. Igual que en Euskadi lo único o lo que más importaba era acabar con el terrorismo y entre tanto unas cuantas medidas censurables pasaban como de puntillas, así también en Cataluña y en Galicia las incesantes mercedes a los nacionalistas apenas eran objeto de crítica porque no venían amparadas por la amenaza terrorista. Allí cuestionar ciertas políticas carecía de sentido o de oportunidad mientras se matara (y a menudo también como precio para dejar de matar) y acá precisamente porque no se mataba. De suerte que, en uno y otro lugar, indecente era sólo el acto criminal; decente y enseguida democrático, al contrario, todo lo que discurriera por cauces pacíficos, incluidas las probables aberraciones.

Eso que es condición necesaria de la política a secas se convierte así en condición necesaria y suficiente de la política democrática. "En ausencia de violencia", se matiza con cacofonía, y lo que indica tan sólo el ingreso en un estado civil resplandece ante el ciudadano medio como el síntoma más palmario de llevar una vida democrática. Por si hiciera falta resaltarlo, así se comprenden las reticencias con que muchos declaraban (o, mejor, declamaban) su ritual condena de ETA. Se limitaban a abominar de sus medios terroristas, a fin de no entrar a dirimir la justicia de sus fines, que eso podría acarrearles algún embarazo que otro. Y tampoco habían de mostrar excesivo ardor en el repudio de esos medios quienes, vascos o catalanes, propugnan objetivos similares y desde justificaciones etnicistas afines.

5. Tan roma y perezosa como la anterior, el debate acerca del Estatut está consagrando a diario otra paralela reducción del discernimiento político. A saber, la que equipara lo mayoritario sin más con lo democrático y proclama que, a mayor mayoría, más impecablemente democrático será el acuerdo que adopte. Así que mucho cuidado a la hora de atreverse a introducir algún cambio en un asunto tan atado y bien atado. Es verdad que, por ahora, la única mayoría efectiva ha sido la de los parlamentarios catalanes, pero todo se andará... Expertos en la aritmética parlamentaria, nuestros políticos profesionales no muestran parecido dominio de asignaturas como la historia o la filosofía políticas. Regímenes autoritarios como el franquista, totalitarios como el nazi y el soviético, o populistas de variado pelaje contaron en su inicio o después con abrumadoras mayorías que los refrendaron.

Y es que la voluntad de la mayoría, y más si se presume desinformada, manipulada, temerosa o indiferente (como, por desgracia, resulta lo habitual), sólo será la máxima expresión política de la mayoría. No siempre, ni mucho menos, merece además el calificativo de democrática. La desidia o la simpleza confunden esa legitimación que otorga el respaldo social con la legitimidad moral, que es algo más hondo. Una resolución mayoritaria que cercenara derechos fundamentales de alguna minoría sería sin lugar a dudas antidemocrática; el acuerdo unánime de una parte, pero que contraríe las necesidades o derechos del todo en que se integra, nada tendría de respetable. ¿Habrá que repetir que la democracia no es sólo ni primero un procedimiento para la toma de decisiones mediante el sufragio popular ni se limita al empleo de la regla de la mayoría? Todo ello la rebaja a simple técnica, a poco más que un mercadeo político para la expresión y suma de las preferencias individuales en torno a lo común. La democracia, junto a instaurar sobre todo el principio de igualdad de los sujetos políticos, aspira a poner las condiciones que ayuden a educar la voluntad cívica de estos sujetos.

Por supuesto que, siendo también un modo de decidir, todo régimen democrático se dispone al final a contar votos. Pero antes, a fin de que la votación adquiera pleno sentido, habría de procurar informar, enriquecer y contrastar las voluntades que se expresarán mediante esos votos. A falta de este empeño en extender la competencia ciudadana, tratemos al menos de no pronunciar el nombre de "democracia" en vano. Pues algo esencial falla cuando sólo unos pocos representados conocen, o están interesados en o poseen criterios propios acerca de eso que cambiará su vida ciudadana y que, sin embargo, aprueba una abultada mayoría de sus representantes parlamentarios.

6. Por eso creo, en fin, que el momento presente requiere bastante más que el obsesivo ir y venir en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del intento reformador. La mentalidad reinante da por descontado que la mirada legal agota el examen de estas cosas y nos ahorra cualquier otro juicio político. Pero la Constitución, que los nacionalistas sólo ven como una camisa de fuerza que les impide encajar sus desaforadas demandas, tampoco es un texto sagrado al cuidado de una casta de intérpretes cuyo dictamen zanja sin remisión los más enconados desacuerdos políticos. Esa Constitución no ha venido del cielo ni se basta a sí misma, sino que buscó plasmar los principios democráticos en nuestro aquí y ahora, y se justifica en la medida en que alcanza a plasmarlos. De ella importa, pues, menos su letra particular que su espíritu universal y por eso resulta más grave contravenir éste que aquélla. Así las cosas, ante varias premisas y pronunciamientos básicos de aquel proyecto de Estatuto suena a muy poco decir que no son constitucionales. Lo debido sería decir que no son democráticos.

Aurelio Arteta es catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad del País Vasco.

Vértigo
KEPA AULESTIA El Correo 17 Noviembre 2005

El reconocimiento institucional de las víctimas del terrorismo ha reproducido demasiadas veces la división que la propia ETA ha querido provocar entre las opciones políticas que eran objeto de su fatua y aquellas otras cuyos seguidores podían sentirse razonablemente a salvo del acoso terrorista. La dificultad del nacionalismo para asumir con todas sus consecuencias un tratamiento singular de la memoria de quienes han sido o son víctimas de ETA -en relación a cualquier otra vulneración de derechos humanos o expresión de violencia- es mucho más que el reflejo de su concepción del terrorismo como expresión del contencioso vasco. Evidencia la incapacidad de los nacionalistas para admitir que la coraza que les protege del terrorismo etarra es su ideología y el universo simbólico que pueden compartir con la izquierda abertzale.

La salida de EHAK de la ponencia representa la garantía mínima para evitar que el recuerdo de los asesinados y perseguidos resulte agraviado. Pero persiste el riesgo de que la ponencia se vea sometida a un desfile desordenado y confuso de denuncias que propicie la analogía entre el terrorismo de ETA y «las otras violencias».

Los esfuerzos por equiparar el sistema terrorista implantado por ETA con el terrorismo del GAL, con las abominables andanzas del Batallón Vasco Español o, en otro orden de cosas, con las denuncias de torturas en comisarías y cuarteles han respondido, en el pasado, a la necesidad que sentía la izquierda abertzale de dar cobertura a ETA. Pero hoy, cuando se anuncia el pronto inicio de un «proceso de paz», esa cobertura adquiere una nueva dimensión. La izquierda abertzale necesita justificar su pasado especialmente ahora, cuando no sabe cómo afrontar el futuro.

La evocación de «las otras violencias» constituye un recurso esencial para ETA, en tanto que trata de evitar lo que sería, desde la perspectiva de los terroristas, su verdadero fracaso histórico: verse obligada a rebajar drásticamente sus aspiraciones en un trueque de «paz por presos». Pero este temor no sólo afecta a los activistas de la violencia y a la izquierda abertzale en general. Es algo que aterra también a muchos otros nacionalistas que, aun condenando taxativamente el empleo de la violencia como arma política, preferirían aprovecharse de la enorme palanca que representaría un eventual «proceso de paz» para conquistar a cuenta de ésta lo que no consiguen a través de la actividad política ordinaria.

La mención equívoca a «las otras violencias» no sólo conlleva una intencionalidad retrospectiva. ETA está experimentando el vértigo de sentirse obligada a dar pasos hacia su desaparición. Es ahí donde recrear la existencia de un «conflicto armado», de «otro bando» imaginado a la norirlandesa, le permite escurrir el bulto. Especialmente si hay nacionalistas gobernando dispuestos a secundarles en el juego.

Los parias de la Unión
DANIEL REBOREDO /HISTORIADOR EL Correo 17 Noviembre 2005

La UE se encuentra en un proceso de transformación que acabará teniendo un gran impacto sobre el conjunto de Europa. Las fronteras se han difuminado, aunque los límites y las diferencias entre sociedades siguen siendo significativos. Durante mucho tiempo, hablar de ganadores y perdedores en la integración europea estaba mal visto. No era 'políticamente correcto', puesto que la integración pretendía ser el paradigma de la democracia, la paz y el bienestar. Hoy en día, señalar la existencia de perdedores sigue generando polémica y socavando consensos. Y sin embargo, existen, están ahí, no pueden desaparecer (ciudadanos, Estados, pueblos). Es curioso constatar cómo en el mencionado grupo no aparecen los innombrables, los ausentes, los parias; es decir, las minorías. Minorías que incluyen, guste o no, a los que, considerados sobre el papel ciudadanos europeos, como los inmigrantes de segunda y tercera generación, son despreciados y repudiados por los países de la Unión que los acogen. Parias cuyo grito se escucha en las ciudades francesas estos últimos días.

Los cambios que en los países europeos del antiguo telón de acero generó la caída del muro de Berlín han iniciado una nueva fase histórica de afirmación estatal y construcción nacional, en gran medida etnonacionalista, que ha hecho renacer el problema de las minorías, los conflictos étnicos y que también se manifiesta en el trato que se da a las capas más desfavorecidas de las sociedades europeas. Los desacuerdos y roces políticos, económicos y étnicos hicieron que estos países siguieran el camino opuesto al de los Estados-nación occidentales. Las fronteras políticas y lingüísticas de estos últimos se han mantenido relativamente estables respecto a lo acaecido en la Europa oriental. Al desajuste lingüístico y étnico se sumó la situación emanada de sus últimos años de historia con minorías, más o menos numerosas, de diferente índole (gitanos, judíos, húngaros, rusos, albaneses, turcos, etcétera). La mezquindad y el oportunismo político han fomentado la manipulación de los habitantes de estos países para asentar su poder, fracturando las sociedades, discriminando a las minorías y cercenando los derechos individuales de los ciudadanos en pro de identidades nacionales mayoritarias.

¿A quién beneficia la falta de resolución de estas situaciones? La respuesta es sencilla. A las nuevas elites de las citadas naciones y a los grupos extremistas de las mismas. El nacionalismo étnico y los lemas contrarios a la UE suelen coincidir. Las minorías representan la negación de la continuidad histórica y de la identidad entre territorio, Estado y mayoría que las 'naciones democráticas jóvenes' intentan construir. Las políticas de minorías son un asunto interno de los Estados y de ahí que los países comunitarios no sean controlados en este ámbito al no existir normas y políticas homogéneas que eviten los conflictos de valores. Por eso, éstas están muy interesadas en identificarse con el proyecto de la Unión; una Europa más homogénea resolvería con mayor facilidad que los actuales Estados-nación las viejas y las nuevas tensiones suscitadas por la diversidad étnica y los intereses nacionales, así como la pobreza que aumenta cada vez más en los países desarrollados y que, cada cierto tiempo, explosionará como ha ocurrido en la República francesa.

La protección de los grupos minoritarios es uno de los principios fundacionales de la UE tal y como lo atestiguan el Tratado de Maastricht, el Consejo Europeo de Copenhague, el Pacto de Estabilidad para Europa de la Unión, los Acuerdos europeos con los países de Europa Central y Oriental y el Tratado de Amsterdam. La Unión no posee ningún reglamento, norma o documento que incluya el respeto de sus derechos, por lo que ha delegado en organismos internacionales la labor de su regulación. La Declaración de Derechos Humanos y el reconocimiento de nuevos Estados de la Unión (1991) fueron el punto de partida de una sucesión de declaraciones y convenciones relativas a la protección de los derechos de minorías en distintos órganos internacionales y, especialmente, en el Consejo de Europa, Naciones Unidas y OSCE: Carta Europea para las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa (1992), Declaración de los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías étnicas, lingüísticas y religiosas de Naciones Unidas (1992), Recomendación 1.201 del Consejo de Europa (1993) y Tratado Marco para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa (1995).

Las citadas declaraciones reflejan, al menos sobre el papel, que Europa es, sobre todo, una comunidad de valores y que el objetivo de la obra de unificación europea es el «mantenimiento, la mentalización, el examen crítico y el desarrollo ulterior de dichos valores» (humanismo, tolerancia y fraternidad). A tal efecto corresponden la defensa de los derechos humanos, la protección de las minorías y la salvaguarda de los ciudadanos. La inmigración procedente de países del sur y del este a la UE es un viejo fenómeno que está adquiriendo en nuestra época una mayor dimensión y que se genera con la desestructuración interna de los citados países y las nuevas necesidades derivadas del ansia de acumular y de explotar globalmente la fuerza de trabajo. El deterioro de las condiciones de estos países, la atracción que ejerce el modelo de bienestar y de consumo de la Unión y la masiva utilización de mano de obra más barata por parte de los empresarios son los factores que han contribuido al incremento constante del número de personas obligadas a desplazarse para buscar un puesto de trabajo en los países ricos. La mayoría de los Estados han restringido la libre circulación de personas a través de sus fronteras y se han resistido a reconocer a esos trabajadores derechos fundamentales, mientras que no ponen obstáculos a la libre circulación de capitales. Existe una obsesión por impedir entrar a la rica Europa a los que no reúnen los requisitos necesarios para ser asimilados (pobres, refugiados, desplazados). Inmigración y minorías son dos caras de un mismo problema.

Claro que esta situación nos recuerda que Europa es en primer lugar, y ante todo, un mercado. Tanto la CECA como el Tratado de Roma que creó las condiciones para la realización del mercado interior, el Acta Única que aceleró su consecución, el Tratado de Maastricht que fijó las condiciones del ajuste estructural de los países europeos y, por último, los tratados de Amsterdam y de Niza que elaboraron las normas de ampliación de este mercado a los países de la Europa del Este son textos con una finalidad económica y un punto de partida mercantil. La libre circulación de capitales, mercancías, bienes y personas ha provocado una mutación fundamental en Europa: la conquista de todos los mercados integrados en la Unión por las multinacionales europeas y estadounidenses y el papel preponderante del mercado de capitales gracias a la liberalización de los flujos financieros, con el consiguiente deterioro de las condiciones de vida, trabajo y salario de los desfavorecidos.

El tiempo dará y quitará razones, pero las minorías (en sus diversas caras), la pobreza y la marginalidad son una realidad en la Unión, a la par que un problema que se tiene que solucionar lo mejor posible para evitar el fracaso del sueño europeo. Para ello necesitamos una gran dosis de pluralismo de valores, un racionalismo moderado y una actitud de humildad y rechazo de las soluciones magistrales y globales.

A Savater se la suda España
Santiago Abascal elsemanaldigital 17 Noviembre 2005

"Os permito, tolero, admito, que no os importe la República, pero no que no os importe España. El sentido de la Patria no es un mito". Tal fue lo afirmado por Manuel Azaña el 18 de julio de 1936, en un recordado discurso, nada más conocer la sublevación de los nacionales.

A Fernando Savater, no es que no le importe España, es que –además- se la suda. Y no sólo se trata de que se la sude, es que se la suda en público, ante muchas personas que sanamente se sienten no sólo ciudadanos, sino españoles. Así lo afirmó, soez, burdo y gritón ante algunos a los que más podía ofender. Yo estaba allí y le padecí: "La idea de España es para fanáticos y semicuras", pontificó como un prepotente cura laico. "La idea de España me la sopla, me la suda", vociferó –literalmente- a los asistentes al acto.

Una parte de la izquierda española –concédanme la licencia- sólo sabe oponerse a la ofensiva separatista con el escarnio a España. Proclaman -así lo hizo Savater- que sólo les conmueve el Estado de Derecho, la Democracia, la Libertad. Parafraseando a Azaña, única y exclusivamente les importa la República. Pero el Estado de Derecho -en abstracto- no existe; sólo existe el Estado de Derecho francés, o el alemán, o el español. Y la democracia -en abstracto nada es; sólo es algo tangible, real, cuando es la democracia concreta: española, o italiana, o china.

Pero no es sólo la democracia lo que está en cuestión, no es sólo la libertad lo que se niega, no es sólo el Estado de Derecho el enemigo a batir. La verdadera presa es España, y lo demás: la democracia, las libertades, y el Estado de Derecho, es zarandeado en la medida en que el zarandeo es útil para destruir España.

Un ejemplo evidente: los etarras y sus secuaces me han llamado y me han pintado de todo. Pero nunca me han insultado llamándome liberal, ni defensor del Estado de Derecho, ni demócrata, ni igualitarista. Me han gritado, creyendo que insultaban, español.

No nos equivoquemos, no nos acomplejemos. Lo que los nacionalistas quieren, en su ámbito, en su terruño, en sus dominios, en instaurar su Estado, con su Estado de Derecho catalán o vasco, su democracia catalana o vasca, con sus libertades, con su igualdad entre los suyos. Quienes sólo eso defienden –el Estado de Derecho metafísico y abstracto-, quienes de España abominan, ¿para qué luchan frente a los separatismos?

¡Que les concedan su Estado, les autoricen su democracia, y les regalen la soberanía! ¡Redáctese una Constitución catalana –y otra vasca-, cópiese, para tal fin, la española, cámbiense sólo las referencias patrias. Allá donde ponía "todos los españoles son iguales ante la Ley" , póngase que todos los catalanes son iguales ante la ley. Acá donde decía que "España se constituye en Estado Social y de Derecho" ,dígase que es Euskadi la que se constituye en tal cosa. ¿Qué puede oponer la debilidad argumental de quienes sólo defienden el Estado de Derecho ante semejante pretensión secesionista? Absolutamente nada.

Pero los "fanáticos" y "semicuras" sí podemos. Oponemos España, su realidad histórica innegable, su existencia, el deseo justo de no dilapidar un legado y la pretensión honrada de no traicionar a quienes nos lo dieron. Y el afán –único legítimo- de mejorarlo.
Al contrario que Azaña, tolero, admito, acepto que a Savater no le importe España, que se la sude incluso. Lo que no tolero, ni admito ni acepto es que haya engrandecido y labrado su nombre engañando – y liderando- a millares de españoles que, de buena fe, le hemos seguido tras la pancarta, y a los que España no nos la suda.

Negro horizonte terrorista
Blog Gustavo Arístegui Periodista Digital 17 Noviembre 2005

Los brutales atentados de Ammán nos recuerdan de manera dramática que no se puede bajar la guardia frente al terrorismo. El director del Centro de Violencia Internacional y Terrorismo de Singapur, Rohan Gunaratna, seguramente el mayor experto mundial en terrorismo yihadista, cree que podemos desarticular a las células, incluso derrotar a las organizaciones, pero la ideología islamista radical va a perdurar, será difícil de erradicar.

Tuve con él una conversación de casi siete horas en la que llegamos a algunas conclusiones muy preocupantes. Primero, como he dicho en más de una ocasión en estas páginas, el problema no son las siglas, las organizaciones; por lo menos, no el más grave y acuciante.

Es la ideología que alimenta al yihadismo y la nueva fase de la yihad global y total. La ideología crece y se extiende, se está haciendo popular entre personas que no tienen ningún vínculo con organizaciones, redes o incluso ONG radicales. Un síntoma es que ya no se pone el acento en la nacionalidad de los muyahidines (combatientes), pues éstos se entrenan en campamentos multinacionales y las organizaciones y sus células están conformadas por ciudadanos de las más diversas nacionalidades, incluso de países occidentales, como el campamento de Abu Hudeifa en Kandahar, que dirigió personalmente el número tres de Al Qaida, Mohamed Atef, alias Abu Hafs Al-Masri, muerto en los bombardeos de Tora Bora en Afganistán.

De hecho, se ha podido identificar a un número de musulmanes ciudadanos de países occidentales que se incorporaron a células terroristas en Irak: 90 de Alemania (pertenecientes a la red que Al-Zarqawi tiene en ese país), 60 de Francia, 40 del Reino Unido, 10 canadienses, dos estadounidenses, aunque puede que sean muchísimos más.

Por otra parte, empieza a haber conversos en las mismas, como me reveló John Afable, ministro filipino, encargado del proceso de paz en Mindanao, pues, al parecer, el grupo terrorista yihadista filipino afiliado a Al Qaida, Abu Sayyaf, ha reclutado a conversos para las células que operan fuera, en el resto de Filipinas.

El problema crece en complejidad y algunas informaciones ponen en cuestión verdades consideradas, hasta ahora, como incuestionables por islamólogos y servicios de inteligencia; se tambalean ante nuevas evidencias.

El ejemplo más claro es el de la posible presencia en Irán de dos de las esposas de Bin Laden y de dos de sus hijos, junto al sanguinario Saif Al-A´ader, ex jefe de seguridad de Al Qaida, y del kuwaití Suleiman Abu-Geith, jefe del Comité de Propaganda de Al Qaida, si bien el propio Gunaratna me indica que se encuentran confinados o en arresto domiciliario.

Esto no es una novedad, pues algunos servicios de inteligencia de Oriente Medio habían detectado la cooperación del ministerio de Inteligencia iraní con Al-Ansar Al-Islam, la rama kurdo iraquí de Al Qaida, hoy bajo las órdenes del megaterrorista de origen jordano Abu Musab Al-Zarqawi, seguramente responsable de los atentados del 9 de noviembre en Ammán.

De Zarqawi no se sabía apenas nada hace dos años; ahora abundan las biografías en internet y va a aparecer un libro escrito por Loretta Napoleni. Sin embargo, muchos análisis olvidan que Zarqawi empezó a construir su red en Europa en torno a 1999, sobre la base del grupo Al-Tawhid, entrenado en el campamento de Herat, en Afganistán, como él mismo.

En ese momento Al-Zarqawi no estaba integrado en Al Qaida; de hecho, su aspiración, y nada indica que haya perdido la esperanza, era crear una red yihadista global propia al margen de Bin Laden. En el año 2001 Al-Zarqawi estuvo en Irán, donde pasó dos meses bajo arresto, y en 2002 entra en Irak, donde contacta con Al-Ansar Al-Islam y empieza a montar su propia red en preparación de la posguerra iraquí, pues era firme creyente en la tesis de Yusuf Al-Ayyeri, jefe de Al Qaida en Arabia Saudí (abatido por los servicios de seguridad del Reino en junio de 2003) según la cual «si se instala una democracia en Irak, eso sería el final del islam», frase textual de su libro «Guerra de cruzados», una obra más en la que se diseña la yihad global y total, además del libro «Los caballeros bajo el estandarte del Profeta», del número dos de Al Qaida, el egipcio Ayman Zawahiri.

La red de Zarqawi no acababa de cuajar, y su temor era que triunfase una «resistencia laica» alejada del yihadismo. Por ello tuvo que acabar sometiéndose, muy a su pesar, a Bin Laden y a su red, pero a diferencia de lo que erróneamente mantienen algunos analistas, no sólo fue nombrado emir de Irak, sino de todo el Creciente Fértil y el Levante del Mediterráneo oriental, es decir de Siria, Líbano, Jordania, Palestina y Turquía.

El yihadismo odia de forma especialmente intensa a los hachemíes de Jordania y a su extraordinario Monarca, por ser buenos aliados de Occidente y porque los consideran corruptos antiislámicos y apóstatas.

Hace algunos meses intentaron volar la sede del servicio de inteligencia jordano y la oficina del primer ministro con camiones bomba cargados con sustancias químicas que hubiesen podido causar la muerte, según las autoridades de ese país, a más de 80.000 personas. Los atentados de Ammán son su primer bestial éxito fuera de Irak desde su designación.

No serán los últimos, y los europeos tenemos que pensar en que su red en Europa está bastante intacta, a pesar del excelente trabajo de los servicios de inteligencia alemanes del BND, pues su principal base estaba en ese país. Hoy hay que pensar que puede estar en cualquier país y que cuenta, además, con el apoyo de las que Al Qaida ha conseguido establecer en Europa, especialmente del Grupo Salafista de Predicación y Combate (GSPC), que ya no es una organización exclusivamente argelina, y de la que es ideólogo principal el jordano Abu Qatada, así como del Grupo Islámico de Combate Marroquí (GICM), establecido por orden de Al Qaida en 2002, posiblemente en Londres, y cuyo jefe visible (aunque se duda que sea su verdadero emir) es Mohamed Guerbuzi.

Algunos llevamos años diciendo que este problema va mucho más allá de Al Qaida, que el problema era la ideología islamista radical. Ahora lo confirman inequívocamente muchos de los mayores expertos del mundo, como Gunaratna. ¿Es ya demasiado tarde para derrotar no sólo al terrorismo yihadista sino a la ideología islamista radical que lo inspira?

Rotundamente sí, pero no con exceso de optimismo, información parcial, y desde la ignorancia de los fundamentos del fenómeno al que nos enfrentamos. No es paranoia; es la durísima y crudísima realidad que una brutal, violenta y opresiva ideología crece y se consolida y que inspira asesinatos masivos, indiscriminados y feroces para conseguir sus objetivos: extender su dominio primero por el mundo islámico, derrocando a gobiernos o eliminando a todo aquel que no piense como ellos o no se someta a su despiadada voluntad (pues los yihadistas y los radicales odian a la inmensa mayoría de sus correligionarios por tibios o por apóstatas), reconquistar los territorios que alguna vez estuvieron bajo el dominio del islam; crear (ellos dicen reinstaurar) un Califato islamista radical y extender su dictadura del horror al mundo entero. Éstos son sus objetivos.

No son, como absurdamente dicen algunos, nihilistas; saben perfectamente lo que quieren, el problema es que muchas veces Occidente lo ignora. Y lo que es peor, muchos creen que contemporizar traerá la paz, y sólo nos traerá la dictadura del terror y del fanatismo.

Ya va siendo hora de despertar, pues casi nada en el siglo XXI ocurre por casualidad, y estos monstruos se saben de memoria su guión.

Un año que vivimos peligrosamente
POR FRANCIS FUKUYAMA CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA POLÍTICA EN LA JOHN HOPKINS UNIVERSITY ABC 17 Noviembre 2005

... El verdadero reto para la democracia radica en Europa, donde el problema es interno, y consiste en integrar a elevados números de jóvenes musulmanes airados, y hacerlo de manera que no provoque una reacción aún más airada por parte de los populistas de extrema derecha...

HACE un año, el director de cine holandés Theo van Gogh fue asesinado de un corte ritual en el cuello por Mohamed Buyeri, un musulmán nacido en Holanda que hablaba holandés perfectamente. Este hecho ha transformado completamente la política holandesa, y ha hecho que se refuercen los controles policiales que ya han interrumpido prácticamente la inmigración a ese país. Junto con los atentados del 7 de julio en Londres (también perpetrados por musulmanes de segunda generación que eran ciudadanos británicos), este hecho también debería cambiar drásticamente nuestra visión de la naturaleza de la amenaza del islamismo radical. Hemos tendido a ver el terrorismo yihadista como algo que aparece en partes disfuncionales del mundo, como Afganistán, Pakistán u Oriente Próximo, y que luego se exporta a Occidente. Para protegernos debemos o construir muros para aislarnos, o, según la administración Bush, ir «hasta allí» e intentar resolver el problema de raíz promoviendo la democracia. Sin embargo, hay buenas razones para pensar que una fuente fundamental del islamismo radical contemporáneo está, no en Oriente Próximo, sino en Europa Occidental. Además del caso de Buyeri y de los terroristas suicidas de Londres, los terroristas del 11-M en Madrid y los cabecillas de los atentados del 11-S, como Mohamed Atta, fueron adoctrinados en Europa.

En Holanda, donde más del 6 por ciento de la población es musulmana, hay mucho radicalismo a pesar de que es un país moderno y democrático. Y la opción de aislar al país de este problema mediante un muro no existe. Cuando vemos la ideología islamista contemporánea como una afirmación de la cultura o los valores musulmanes tradicionales la estamos malinterpretando profundamente. En un país musulmán tradicional, la identidad religiosa no es una cuestión opcional; se recibe, junto con el estatus, las costumbres y los hábitos, incluso la futura pareja en matrimonio, del entorno social. En una sociedad así no hay confusión acerca de quién es uno, puesto que su identidad le es dada y confirmada por todas las instituciones sociales, desde la familia hasta la mezquita, pasando por el Estado. No puede decirse lo mismo de un musulmán que vive como inmigrante en un suburbio de Ámsterdam o de París. De repente, la identidad está a disposición de uno; se tiene, al parecer, una capacidad de elección infinita a la hora de decidir hasta qué punto se quiere uno integrar en la sociedad no musulmana que le rodea.

En su libro «Globalized Islam» (El Islam Globalizado) (2004), el académico francés Olivier Roy sostiene de manera convincente que el radicalismo es precisamente el producto de la «desterritorialización» del Islam, que despoja a la identidad musulmana de todos los apoyos sociales que recibe en una sociedad musulmana tradicional. El problema de identidad es particularmente severo para los hijos de los inmigrantes de segunda o tercera generación. Se crían fuera de la cultura tradicional de sus padres, pero a diferencia de la mayoría de los recién llegados a Estados Unidos, pocos se sienten verdaderamente aceptados por la sociedad que les rodea.

Los europeos contemporáneos otorgan poca importancia a la identidad nacional en favor de una europeidad abierta, tolerante, «pos nacional». Pero los holandeses, alemanes, franceses y demás, retienen un fuerte sentido de su identidad nacional y, en grados diferentes, se trata de una identidad que no resulta accesible para la gente que llega de Turquía, Marruecos o Pakistán. La integración está aún más dificultada por el hecho de que las rígidas leyes laborales europeas han hecho que para los inmigrantes recientes o para sus hijos no sea sencillo encontrar empleos poco cualificados. Una proporción significativa de los inmigrantes vive gracias a subsidios, lo que significa que no tienen la dignidad de contribuir con su trabajo a la sociedad que les rodea. Ellos y sus hijos se ven a sí mismos como extraños.

En este contexto aparece alguien como Osama bin Laden, que ofrece a los jóvenes conversos una versión universalista y pura del Islam que ha sido despojada de sus santos, costumbres y tradiciones locales. El islamismo radical les dice exactamente quiénes son: miembros respetados de una umma musulmana global a la que pueden pertenecer a pesar de que vivan en territorios infieles. La religión ya no se ve apoyada, como en una verdadera sociedad musulmana, por la conformidad con una serie de costumbres y observancias sociales externas, sino que es más bien cuestión de creencia interior. De ahí la comparación que hace Roy del islamismo moderno con la Reforma Protestante, que, de forma similar, hizo que la religión se centrara en sí misma y la despojó de rituales externos y apoyos sociales.

Si esto resulta ser en efecto una descripción acertada de una importante fuente del radicalismo, pueden derivarse de ella varias conclusiones. En primer lugar, el reto que representa el islamismo no es extraño ni desconocido. La transición rápida hacia la modernidad siempre ha provocado una radicalización; hemos visto formas exactamente iguales de alienación entre los jóvenes que en generaciones anteriores se convertían en anarquistas, bolcheviques, fascistas o miembros de la Bader-Meinhof. La ideología cambia, pero la psicología subyacente es la misma. Además, el islamismo radical es tanto un producto de la modernización y de la globalización como un fenómeno religioso; no sería ni mucho menos tan intenso si los musulmanes no pudieran viajar, navegar por Internet, o desconectarse de cualquier otra manera de su propia cultura. Esto significa que «arreglar» Oriente Próximo llevando la modernidad y la democracia a países como Egipto y Arabia Saudí no solucionará el problema del terrorismo, sino que podría empeorarlo a corto plazo. La democracia y la modernización del mundo musulmán son deseables en sí mismos, pero seguiremos teniendo un gran problema de terrorismo en Europa al margen de lo que allí suceda.

El verdadero reto para la democracia radica en Europa, donde el problema es interno, y consiste en integrar a elevados números de jóvenes musulmanes airados, y hacerlo de manera que no provoque una reacción aún más airada por parte de los populistas de extrema derecha. Hace falta que ocurran dos cosas: en primer lugar, países como Holanda y Reino Unido deben dar marcha atrás en sus contraproducentes políticas multiculturales que han protegido al radicalismo, y tomar medidas enérgicas contra los extremistas. Pero en segundo lugar, también deben reformular sus definiciones de la identidad nacional para aceptar mejor a las personas que vienen de un entorno no occidental. Lo primero ya ha empezado a ocurrir. Holandeses y británicos han llegado al reconocimiento tardío de que la versión del multiculturalismo que solían practicar era peligrosa y contraproducente. La tolerancia liberal era interpretada como un respeto no por los derechos de los individuos sino de los grupos, algunos de los cuales eran intolerantes. Por un equivocado sentido del respeto hacia otras culturas, se dejaba que las minorías musulmanas regularan su propio comportamiento. En Holanda, donde el Estado apoya colegios separados católicos, protestantes y socialistas, fue fácil crear un «pilar» musulmán que pronto se convirtió en un gueto desconectado de la sociedad circundante.

Desde el asesinato de Van Gogh, los holandeses se han embarcado en un debate vigoroso y a menudo impolítico sobre lo que significa ser holandés, en el que algunos exigen a los inmigrantes no sólo la capacidad de hablar holandés, sino también un conocimiento detallado de la historia y la cultura holandesas que ni siquiera muchos holandeses poseen. Pero la identidad nacional ha de ser una fuente de inclusión, no de exclusión; y tampoco puede basarse, a diferencia de lo que afirmaba Pym Fortuyn, asesinado en 2003, en una tolerancia infinita y la ausencia de valores. Los holandeses al menos han roto la asfixiante barrera de la corrección política que ha impedido a la mayoría de los demás países europeos iniciar siquiera el debate acerca de los temas interconectados de la identidad, la cultura y la inmigración. Pero acertar con el problema de la identidad nacional es tarea delicada y escurridiza. Muchos europeos afirman que el crisol estadounidense no puede transportarse a suelo europeo. En Europa, la identidad sigue enraizada en la sangre, la tierra y en antiguos recuerdos compartidos. Esto puede ser cierto, pero, si lo es, la democracia en Europa tendrá serios problemas a medida que los musulmanes se conviertan en un porcentaje aún mayor de la población.

THE WALL STREET JOURNAL © 2005 Dow Jones & Company, inc.

Aznar: «El yihadismo ha sustituido al comunismo» en la amenaza a la libertad
Cree que «el islam político» es un fenómeno a abordar con fuerzas policiales y de Inteligencia
Marta G. Hontoria La Razón 17 Noviembre 2005

Washington- El ex presidente del Gobierno español José María Aznar defendió ayer en Washington una «nueva OTAN» para hacer frente a la «ferocidad» del terrorismo islamista y explicó que «el yihadismo ha sustituido al comunismo, al igual que el comunismo sustituyó al nazismo».«Estamos asediados tanto fuera como dentro de nuestras fronteras por el terrorismo», señaló ayer Aznar, que explicó que el islam político es un fenómeno que hay que abordar con «los servicios de Inteligencia y las fuerzas policiales».

Ante un poderoso foro conservador, el American Enterprise Institute (AEI), Aznar aseguró que «los días felices en los que creímos estar libres de amenazas han quedado atrás» y que la OTAN debe ahora «garantizar la seguridad de nuestra gente y de nuestros intereses». En un discurso efectista, el presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), afirmó que «el yihadismo ha sustituido al comunismo, al igual que el comunismo sustituyó al nazismo como amenaza existencial para las democracias liberales».

Durante la presentación de la propuesta de reforma de la OTAN que ha elaborado su fundación, Aznar señaló que la Alianza Atlántica debe pasar de ser «una organización fantasma» con escaso interés a un foro de democracias liberales comprometidas con la defensa colectiva. Para ello, los miembros de la OTAN, sobre todo los europeos, «deberían invertir más y mejor en Defensa», sostuvo Aznar, aunque advirtió que subsanar las deficiencias materiales no cerrará de forma automática la «profunda crisis» que atraviesa la actual Alianza.

El informe apuesta por que la OTAN amplíe su alcance geográfico abriendo las puertas a países como Japón, Australia e Israel. Además, otros países como Colombia están invitados a desarrollar asociaciones estratégicas con la Alianza. La ampliación, según Aznar, servirá para reflejar mejor la identidad de la organización: «Naciones que quieren defender sus valores, su prosperidad y su libertad». Con una retórica acorde a la que con frecuencia utiliza el presidente Bush, el ex presidente español advirtió que «se trata del terrorismo o de nosotros, de nuestra victoria o de nuestra derrota». «Creo firmemente que nos enfrentamos a un enemigo mortal», dijo Aznar.

El ex presidente aseguró que durante la década de los 90, el terrorismo islamista estaba preparándose para asestar un «golpe mortal», que se materializó en los atentados del 11 de septiembre de 2001, unos ataques que no supusieron «el inicio de las hostilidades» pero que sí revelaron la existencia de «una nueva amenaza existencial». A juicio del presidente de la FAES, los ataques del 11 de septiembre sirvieron de «revelación» para la OTAN al considerar que las políticas de contención y de disuasión que hasta entonces había utilizado «dejaron de ser viables» para conseguir garantizar la seguridad internacional.
«Como en casa». El ex presidente del Gobierno español dijo sentirse «como en casa» en la American Enterprise Institute. Este centro de estudios, o «think tank», es uno de los foros más poderosos de EE UU, con estrechísimos lazos con la Administración Bush. Aznar destacó ayer que el AEI es un referente en la lucha por la libertad y elogió su agenda conservadora, que es «la correcta», dijo.

Entre el numeroso público que escuchó las palabras del ex presidente español se encontraba la ex ministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio, a la que miembros del AEI preguntaron en clave de humos si había escrito ella misma la propuesta para reformar la Alianza Atlántica. presentada por el ex mandatario.

Lo cierto es que José María Aznar se ha convertido en un asiduo de la capital norteamericana debido a su compromiso con la Universidad Georgetown, en la que este curso imparte clases privadas, y no conferencias públicas.

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