AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 20 Noviembre 2005
N.A.S.
Ernesto Ladrón de Guevara elsemanaldigital 20 Noviembre 2005

El desplome
IGNACIO CAMACHO ABC 20 Noviembre 2005

LA HIPÓTESIS DEL CAOS
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 20 Noviembre 2005

La desastrosa gestión de lo cotidiano
Ignacio Cosidó Libertad Digital 20 Noviembre 2005

Política y economía
José Vilas Nogueira Libertad Digital 20 Noviembre 2005

Franco
JON JUARISTI  ABC 20 Noviembre 2005

Lo que no hará Zapatero
M. MARTÍN FERRAND ABC 20 Noviembre 2005

PIENSA MAL...
JOSÉ CAVERO El Ideal Gallego 20 Noviembre 2005

"Trece entre mil": más allá de las víctimas
José Antonio Ullate elsemanaldigital 20 Noviembre 2005

Rajoy compara al Gobierno con una tropa indocumentada de republicanos de los 30
C. Morodo Enviada especial La Razón 20 Noviembre 2005

Consenso unánime y sin precedentes contra la reforma judicial del Gobierno
F. Velasco La Razón 20 Noviembre 2005

Mayor Oreja: «El Estatuto es fruto de Perpiñán como el plan Ibarretxe de Estella»
ÁNGEL COLLADO ABC 20 Noviembre 2005

«Abogado» de la izquierda abertzale
M. LUISA G. FRANCO ABC 20 Noviembre 2005

N.A.S.
Ernesto Ladrón de Guevara elsemanaldigital 20 Noviembre 2005

Como demuestro en mi reciente libro Educación y Nacionalismo, los nacionalistas necesitan un profesorado adicto para formar el "espíritu nacional" y convertir el sistema educativo en un engranaje adoctrinador. Es una pieza esencial en su proyecto totalitarista.

Uno de los creadores del nacionalismo, Eleizalde, dijo en 1910 que había que desarrollar tres fases para alcanzar el objetivo de la nación vasca: la primera, la fase de las escuelas, para lograr el sustrato ideológico nacionalista; la segunda, subsistiendo la anterior, la de la política, para el control institucional y el proselitismo; y la última, sin desaparecer las anteriores, la del "dominio absoluto y control total". Eso en el siglo XX tenía un nombre que no quiero escribir pero que los que no hemos estudiado en la LOGSE conocemos.

Para eso era importantísimo tener el control sobre el profesorado. Y, por tanto, había que echar del sistema a aquel que fue transferido por el Estado hace veinte años, o tratar de asimilarlo a la superestructura doctrinaria del nacionalismo. Con lo cual se desarrollaron varias episodios, con presión socio-política incluida; lo que ocasionó en un primer momento la diáspora de centenares de docentes en los años iniciales de aquella andadura, y también la concienciación política por una euskaldunización que ha sido una verdadera criba ideológica. Y la transformación de los puestos de trabajo para forzar la marcha de aquellos que no hubieran sido asimilados por el sistema. Los llamados "N.A.S".

Pues bien. En la pasada legislatura vasca se pretendió la expulsión de 157 interinos "N.A.S" de sus puestos de trabajo, con la colaboración de los sindicatos nacionalistas, que contribuyeron decisivamente a dicha purga. El actual consejero, heredero de la nefasta política de Iztueta, se hizo cargo de consumar el despropósito. Pero se ha topado con una sentencia justa del TSJPV que dice algo tan lógico como lo siguiente: "La legitimidad constitucional de esa exigencia se halla necesariamente vinculada a su ineludible necesidad de acuerdo con la naturaleza de las funciones asignadas a cada uno de los puestos, pues si dicha realidad no demanda el conocimiento del euskera, su exigencia deviene desproporcionada y vulnera el principio de igualdad, al introducir un factor de diferenciación que no se justifica desde la perspectiva del interés público que está llamado a servir el puesto de trabajo en cuestión".

Batasuna ha dicho que no va a permitir que estos profesores vuelvan a sus puestos de trabajo, lo que deja al descubierto la verdadera naturaleza de la purga política.

Tontxu, el nuevo Consejero de Educación, tiene dos meses para hacer efectiva la sentencia. ¿Qué argucias emplearán a partir de ahora para privar de sus derechos al profesorado no sometido a sus dictados ideológicos?

El desplome
IGNACIO CAMACHO ABC 20 Noviembre 2005

«Toda fácil caída es precipicio»
(Luis de Góngora)

SE cae. Y bastante deprisa, en una caída constante y progresiva. Cae en confianza, en valoración personal, en expectativas de voto. Encuesta tras encuesta, el crédito del presidente Zapatero se desploma a una velocidad preocupante para quien sólo lleva año y medio de Gobierno, ese tiempo en el que un hombre recién llegado al poder suele desplegar sus estados de gracia. La sonrisa, el talante, el diálogo, toda esa fachada cosmética y amable de los primeros meses se está desmoronando ante la terca realidad de un clima de inquietudes, zozobras y fracasos. Y aparece, entre la bruma del desasosiego colectivo, la pavorosa sensación de que no hay nadie en el puente de mando de un Gobierno entregado a la deriva errabunda de los nacionalismos, las minorías y los radicalismos.

Es sabido que el nuestro es un país de juicios volátiles y opiniones contingentes, pero desde el mes siguiente a su inesperada victoria, apenas disipado el humo de las bombas que le llevaron en volandas hasta la cima, la curva de prestigio del presidente no ha dejado de bajar con apenas un leve repunte en el primer trimestre de este año, cuando el rechazo al plan Ibarretxe le dio un oxígeno tan engañoso como provisional. La línea de confianza de los españoles en Zapatero, que ABC presentaba el viernes en su portada con la contundente simpleza de un gráfico obtenido a partir de las oleadas trimestrales del CIS, es la de una empresa en quiebra técnica. Y está ya en ese punto en que saltan todas las alarmas y los accionistas se rebelan contra el gerente presos del pánico.

Como no podía ser de otro modo, el Estatuto catalán ha hecho crisis en la opinión pública. El gobierno ha ordenado al CIS que no preguntara por el polémico proyecto, pero la respuesta ha aflorado sin necesidad de plantear cuestión alguna. El infierno es ese lugar en que te dan las respuestas antes que las preguntas, escribió Bukowsky. Y el presidente acaba de comprobarlo.

Treinta puntos de confianza perdidos en sólo 18 meses. No sólo por el Estatuto. Zapatero, como Aznar, ha perdido el oído de la calle, como acertadamente le señaló esta semana Ruiz Gallardón, aprovechando para meter su clásico rejón de autocrítica. Pero Aznar, al igual que Felipe González, tardó seis años en quedarse sordo. Y a su sucesor -González dixit- le han bastado seis meses. En octubre de 2004 ya había perdido 14 puntos desde los eufóricos 66,8 de abril. Y en el año restante se ha caído otro tanto, hasta contar ya sólo con el 38 por ciento de respaldo ciudadano. El Estatuto, sí, pero no sólo eso.

El problema no es sólo el Estatuto. El problema es que la gente se está dando cuenta de que detrás de la sonrisa no había un plan de gobierno, ni un equipo capaz de hacerse cargo de la responsabilidad del poder, ni un proyecto que vaya más allá de algunas leyes gratuitas y de un revisionismo absurdo. El problema es que la ciudadanía ha percibido que no la están gobernando, que no hay propuestas concretas para los problemas de un país desarrollado que necesita encarar los desafíos de su papel en un mundo cada vez más competitivo. Y que la única prioridad de su Gobierno parece ser un enredo incomprensible con el modelo del propio Estado, que le marcan desde fuera unos aliados nacionalistas descomprometidos con el proyecto común de España.

Por ahí se le está escapando a chorros a los socialistas el crédito del poder. El presidente está en ese momento delicadísimo en que un dirigente público ve cómo cuaja una imagen demoledora en el espejo de la opinión pública. Le pasó a Aznar cuando su euforia cesárea se transformó en un aura autoritaria que le destrozó ante las jóvenes generaciones. Sus adversarios le machacaron por ese flanco a través de poderosas terminales mediáticas, y acabaron con él tras el shock trágico del 11-M. Lo asombroso de Zapatero es que se está cayendo él solo, pese a controlar la mayoría de las televisiones y gran parte de los medios de opinión. Que la calle empieza a verlo como un gobernante errático, preso de las minorías, al que está a punto de írsele el país de las manos.

La encuesta del CIS que ha encendido las luces rojas en el PSOE y en Moncloa se efectuó antes del debate del Estatuto y de que asomaran de nuevo las ominosas sombras de corrupción que afloran por la trama socioeconómica del socialismo catalán. Hoy quizá sean aún más graves los indicadores. Algunos socialistas lúcidos tratan de buscar el lado positivo de esta tormenta en la esperanza de que le sirva al presidente para entender que ha llegado el momento de girar el timón. Pero lo peor es que quizá el timón no esté en sus manos, sino en las de esos socios desaprensivos que se aprovechan de su debilidad para conducir la nave hacia la escollera de sus intereses. Y a ellos no les importa que embarranque, porque tienen preparados los botes de salvamento. Se los está fletando el propio Zapatero.

El desplome es tan rápido que, para su suerte, aún no ha dado tiempo a que la oposición se erija en alternativa de poder. Pero está entera, mucho más de lo que se esperaba tras la debacle del 14 de marzo. Pisándole los talones al Gobierno, echándole el aliento en la nuca. En condiciones incluso de ganar por la mínima en unas elecciones que difícilmente volverán a registrar los índices de participación que permitieron el vuelco de 2004. Y ello sin haber hecho aún más que ejercer la crítica, sin haber levantado un proyecto de alternancia.

Ésa va a ser la auténtica piedra de toque de Mariano Rajoy. A partir de ahora, en sus manos va a estar buena parte de la responsabilidad que significa convertir el desaliento ciudadano ante un Gobierno inepto en la esperanza de un relevo razonable. Zapatero y los suyos le han facilitado bastante las cosas; si los socialistas hubiesen estado a la altura de sus expectativas, el Partido Popular estaría hecho un guiñapo. Ahora, la deriva gubernamental le ha puesto en la rampa de lanzamiento hacia el poder.

Las encuestas envían un mensaje bastante claro al respecto: el Gobierno se cae y la oposición aguanta, pero aún no emerge con claridad como una opción de recambio. Por eso la tarea de Rajoy ha de consistir ahora en combinar su ariete destructivo con la construcción de un proyecto en el que los españoles puedan confiar por su propio valor intrínseco, no sólo como escapatoria ante el desasosiego. Está en un momento dulce para ello, sobre todo porque el Estatuto se ha convertido en una trampa para Zapatero: si no sale, mal, y si sale puede ser aún peor en cuanto que el PP sea capaz de continuar percutiendo sobre la evidencia de que ese proyecto consagra unos privilegios inaceptables que rompen el concepto de una nación de ciudadanos iguales. Pero necesita más. Necesita propuestas, ideas, planes. Necesita plantear a los ciudadanos una alternativa que los ilusione más allá de la simple necesidad de hacer las cosas razonablemente y poner orden en este delirio.

De aquí a febrero -cuando el Estatuto entre en la Comisión Constitucional y el PP celebre su Convención para buscar ese proyecto de alternancia- van a transcurrir unos meses decisivos. En ellos se sabrá si este estado de opinión y alarma tiene o no punto de retorno. Si Zapatero tiene frescura y reflejos para rectificar, si está objetivamente en condiciones de hacerlo o si, como dejó escrito Arthur Miller en «El precio», hay hombres que no suben después de caer. Quizá porque no pueden devolver el precio que pagaron por la subida.

director@abc.es

Se le está escapando a chorros el crédito del poder. El presidente está en ese momento delicadísimo en que un dirigente público ve cómo cuaja una imagen demoledora en el espejo de la opinión pública. La calle empieza a verlo como un gobernante errático, preso de las minorías, al que está a punto de írsele el país de las manos

LA HIPÓTESIS DEL CAOS
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 20 Noviembre 2005

La encuesta del CIS ha confirmado, punto arriba, punto abajo, lo que ya declaraban las publicadas antes: el PSOE desciende hasta empatar, o casi, con el PP, y Zapatero se derrumba ante la opinión. El pronóstico es malo en sí para los socialistas, y peor si se introducen factores temporales. En efecto, de aquí a que venza la legislatura, faltan dos años largos, y no es fácil que durante este lapso los acontecimientos jueguen a favor del presidente. El desmadre territorial, causa principalísima del declive del Gobierno, tenderá a crecer, y no es improbable que para colmo se estropee la economía, montada sobre premisas no sostenibles en el medio plazo. El aire, en fin, huele a crisis. La «Grosse Koalition» a que pareció aludir González semanas atrás empieza a pasearse por tertulias y mentideros.

La idea de una coalición PP/PSOE suscita dos preguntas elementales. La primera se refiere a qué habría de suceder dentro de los partidos para que éstos puedan coaligarse. A mano derecha, la cuestión está más o menos decidida. Desde enero pasado, Rajoy viene haciendo ofertas que apuntan hacia un entendimiento entre su formación y la que preside Zapatero. No ocurre lo mismo a mano izquierda. Desautorizar el pacto del Tinel e invertir el sistema de alianzas no sería compatible con la continuidad de Zapatero ni con la permanencia del PSC en la estructura federal socialista. El PSOE tendría que presentar en Cataluña listas separadas, renovarse desde el sótano al tejado en el País Vasco y admitir que se ha equivocado de estrategia. Es mucho tomate. El presidente se resistirá a que lo lleven al degolladero. Y el partido se lo pensará quinientas veces antes de aventurarse a una muda portentosa o a ceder, ¡ay!, el liderazgo moral a la derecha.

La segunda cuestión no es de carácter práctico sino teórico. Se puede resumir así: ¿por qué una Gran Coalición? ¿A qué objetivos serviría? La reflexión de fondo es que la presión nacionalista ha hecho inviable al sistema. La descomposición política a que ahora asistimos es la expresión acelerada de un proceso que también habría ocurrido con el PP en el poder. Habrían variado los ritmos, no la conclusión del silogismo nacional. Imaginemos que no hubiese tenido lugar el atentado de marzo, y que hoy, 20 de noviembre del 2005, el PP estuviera gobernando con el apoyo de CiU. CiU no ha querido nunca, es verdad, una reforma estatutaria. Esta contención no reflejaba, sin embargo, una renuncia al esquema confederal. Se debía sólo al hecho de que los convergentes preferían eludir el desplante constitucional y llegar a la confederación por la vía de avances sucesivos, discretos, e irreversibles. El escenario más verosímil, en el caso de una victoria popular, habría sido el de concesiones peligrosas a Cataluña, en un clima, además, de radicalización nacionalista por parte de ERC, y también del PSC. Estaríamos, en fin, menos urgidos, aunque no mejor orientados, que en la hora presente. La conclusión es que hay que inventar algo, algo que infunda estabilidad duradera al sistema.

¿Qué, exactamente? Montar una Gran Coalición para proyectos modestos, es un disparate. La suspensión de la alternancia sólo tiene sentido cuando, gracias a la irregularidad excepcional, se introduce una novedad también excepcional en la maquinaria pública. La novedad tendría que ser, claro, una reforma de la Carta Magna, concebida para cerrar el sistema autonómico y, a la vez, desactivar la capacidad de chantaje de los partidos pequeños con base territorial. Esto, en cuanto a los contenidos. No conviene, sin embargo, olvidar los tiempos. Sería preciso rechazar el Estatut en los meses inmediatos, devolver a su funda el estatuto valenciano y buscar una fórmula para suprimir, del modo que fuere, los privilegios fiscales del País Vasco y Navarra. Recuerdo lo último porque resultaría inexplicable, amén de poco realista, pretender que los catalanes se queden dentro de España en una situación de agravio comparativo respecto de otras regiones generadoras de renta.

¿Se encuentra preparada la clase política, se encuentra preparado el país, para esta revolución? Me temo que no. La sensación cada vez más intensa de malestar, y el sentimiento difuso de que el Estado está descarrilando, no han cristalizado aún en actitudes ni conceptos claros. Y el tiempo aprieta. Tanto, que pudiera ser que en verano estuviese aprobado el Estatut, y las fuerzas centrífugas predominasen ya sobre las centrípetas. No parece probable que nuestro país consiga enquiciarse sin experimentar primero un periodo de caos.

Crisis de confianza
La desastrosa gestión de lo cotidiano
Ignacio Cosidó Libertad Digital 20 Noviembre 2005

Dos cosas llaman la atención del hundimiento de Rodriguez Zapatero en las encuestas. La primera es que se produzca de forma tan acelerada, apenas un año y medio después de conquistar el poder. La segunda es que el deterioro de su imagen se produzca mientras la economía del país sigue creciendo a buen ritmo. Ambas cosas resultan relativamente inéditas en nuestra democracia.

La crisis de popularidad del presidente es sobre todo una crisis de confianza. Rodriguez Zapatero da la impresión a una mayoría de españoles de que ni sabe bien a dónde quiere conducir el país ni tiene la capacidad para conducirlo a sitio alguno. Es en gran medida un problema personal, porque ni sus vicepresidentes ni su ministro de Defensa salen tan mal parados en las encuestas como el propio presidente.

El segundo problema del Ejecutivo es de discurso. Es cierto que hasta ahora el Gobierno ha logrado vencer en todas las batallas que ha planteado, apoyado en última instancia por sus socios más radicales, pero no es menos cierto que todas las batallas ganadas hasta la fecha han sido batallas equivocadas. El ejemplo más paradigmático de esta realidad es el Estatuto de Cataluña. Rodríguez Zapatero pudo ganar el debate en el Congreso de los Diputados, porque a la postre el proyecto de Estatuto recibió más votos a favor que en contra, pero perdió el debate en la calle, especialmente entre su propio electorado.

El problema de fondo del PSOE es que venció en las elecciones del 14 de marzo sobre una situación de excepcionalidad provocada por los brutales atentados de tres días antes. Mantener ese clima de excepcionalidad le exige prolongar desde el poder un discurso radical de confrontación con los sectores moderados de la sociedad, de revisión de nuestra historia reciente y de ruptura de los consensos básicos construidos desde la transición democrática. El riesgo de no hacerlo es que los tres millones de votos más radicales que le dieron la victoria en las últimas elecciones se sientan desencantados y no vuelvan a apoyarle en las siguientes. Pero el riesgo de mantener ese discurso es que la inmensa mayoría de ciudadanos de este país, que considera la Constitución como un pacto razonable que ha contribuido decisivamente a restañar nuestras viejas heridas y nos ha proporcionado un cuarto de siglo de libertad y prosperidad, está cada vez más asustada con esa deriva radical del presidente.

El tercer problema es que mientras continuamos enzarzados en debates existenciales sobre lo que es y no es la Nación o sobre el sexo de los cónyuges, la gestión de lo cotidiano es un verdadero desastre. La mayoría de los miembros del Gobierno obtienen año y medio después de llegar a su cargo un rotundo suspenso. La impresión es que este Gobierno no se ocupa de los problemas reales de las personas y que cuando lo hace es mejor que no lo hiciese.

Para oscurecer el panorama asoma ahora el viejo fantasma socialista de la corrupción. El escándalo de las condonaciones de deuda a los miembros del tripartito catalán está haciendo probablemente más daño al PSOE que el propio debate del Estatuto. Es posible que la gente no entienda bien por qué ese Estatuto nos puede costar a los castellanos y leoneses del orden de 600 millones de euros anuales, 2.500 si el sistema de financiación autonómica propuesto por Cataluña se generaliza a toda España, pero a quien se esfuerza mes a mes por pagar su hipoteca le indigna hasta el extremo ese trato de favor. Si además hay en juego intereses económicos tan importantes como el de la OPA de Gas Natural a Endesa la cuestión entra de lleno en las peores prácticas de corrupción política.

Rodriguez Zapatero va a enfrentarse a un difícil dilema en los próximos meses. Por un lado, el escenario económico va a tender a oscurecerse, como ya anunciaba el propio comisario de Economía de la Unión Europea, el socialista español Joaquín Almunia. Por el contrario, la situación política ha colocado al Gobierno en un momento de suma debilidad. En estas condiciones, convocar elecciones anticipadas podría ser un suicido para Rodríguez Zapatero, pero esperar por más tiempo podría resultar una hecatombe para el PSOE.

Ignacio Cosidó es senador del PP por Palencia.

Crispando un poco
Política y economía
José Vilas Nogueira Libertad Digital 20 Noviembre 2005

Ha habido teóricos muy ambiciosos que han pretendido encontrar una respuesta universal a la relación entre política y economía. El más conocido e influyente fue Marx. Sentenció categóricamente que el modo de producción determina inexorablemente las instituciones políticas y sociales y las formas de conciencia social (la “superestructura”). Cuando los marxistas han tratado de justificar empíricamente tan reduccionista sentencia, se han visto obligados a prolijas y abstrusas justificaciones de las excepciones empíricas. Lukacs lo resolvió donosamente, la verdad de la tesis de la determinación económica de la vida política y social no se evidencia por su refrendo empírico sino, paradójicamente, por sus sucesivas negaciones.

Si la historia niega la “teología materialista” (en contra de su petulante afirmación, lo que invirtió realmente Marx no fue la dialéctica hegeliana, sino una versión rudimentaria de la teología cristiana), peor para la historia, habrá que falsificarla. Pero. ¡y el placer dispensado por esta escolástica a modestos y obstinados profesores de filosofía, cuya vida sexual no siempre era muy excitante! En el terreno de la práctica revolucionaria los marxistas se volcaron en incidir en lo “determinado” (la superestructura) despreciando enteramente lo “determinante” (la estructura). En toda la historia de la humanidad, no hay ninguna doctrina que ofrezca mayor inconsecuencia.

En el extremo opuesto, algunos escritores posteriores postularon una virtual indiferencia entre tipo de régimen político y de sistema económico, lo que es todavía menos convincente que la posición marxista. Ciertamente, el capitalismo no es condición suficiente para la democracia, pero sí condición necesaria. En sentido opuesto, el socialismo es incompatible con la democracia. Sin propiedad privada y sin separación de poder económico y político no hay democracia.

Hoy se nos llena la boca con la palabra democracia. Los partidarios de cualquier posición, los contenedores de cualquier demanda, pretenden maximizar su legitimidad invocando la justificación democrática. Incluso los asesinos de la democracia justifican, paradójicamente, sus crímenes con la apelación a ella: los terroristas de ETA y otros “valientes” matarifes; los gobernantes que coartan la libertad de expresión; los gobernantes corruptos afanados en sus peculados... Pero, ¿qué es la democracia?

No hay una definición unánime. Sin embargo se pueden señalar algunos rasgos constitutivos, generalmente aceptados. La democracia es un régimen de convivencia de individuos libres. La libertad de los ciudadanos democráticos ha de poderse proyectar en libertades particulares, tanto en la esfera política como económica, sin otros límites que los establecidos por la ley en interés general (interés general que comporta una adecuada protección de las minorías). La democracia es igualmente un régimen participativo. El gobierno es elegido por los ciudadanos y responde ante ellos. En consecuencia, los gobernantes han de reconocer la legitimidad de una oposición política organizada y, periódicamente, han de someterse a procesos electorales que los confirmen o los releven en sus cargos. De aquí, la importancia de las elecciones en régimen democrático pero también la desgraciada tendencia a reducir la democracia a la mera celebración de elecciones. Sin embargo, la democracia es más que eso.

El entierro de Montesquieu, en el que se afanan tiempo ha los socialistas, no sólo arruina la independencia de la justicia (No es casualidad que el juez de Barcelona, que amenazó miserablemente a Jiménez Losantos, sea un juez “político”; accedió a la carrera por el tercer turno); entierra también la sabia percepción del señor de La Brède: cada tipo de régimen político tiene sus valores propios. La virtud democrática exige hombres moralmente libres, esto es, en aparente paradoja siervos de su conciencia. Con el hedonismo primario y la laxitud de conciencia típicos de nuestra progresía, ¿cómo puede haber democracia?

Pese a muchas afirmaciones en contrario, es requisito constitutivo de la democracia su reducción al terreno de la política. La economía, por el contrario, es del dominio de la sociedad civil. Su institución fundamental es el mercado, mecanismo cooperativo de asignación de recursos y de satisfacción de las necesidades individuales, que obra el “milagro” de conciliar los egoísmos individuales y el interés general. A partir de ahí, algunos partidarios extremos del liberalismo económico, los “anarcocapitalistas”, proponen la eliminación de la política. Pero tal pretensión es inconsistente. El mercado requiere agencias y normas de autoridad. No se entiende cómo los propios mecanismos del mercado pueden determinar agencias y normas que lógicamente los preceden. El mercado se basa en la propiedad privada; no la propiedad privada en el mercado.

El mercado no es una institución “natural”, ni todos los “mercados” son iguales. Un zoco árabe no se parece demasiado a un mercado capitalista y muchos de los méritos que a éste se atribuyen no le son aplicables. La eficacia cooperativa del mercado depende mucho de los valores que rijan la conducta de los que en él interactúan. No funciona igual un mercado de gente decente que de ladrones. Es necesario definir las prácticas admisibles y las que no lo son. Por incómodo que resulte, es necesaria una regulación autoritaria del mercado.

Tal necesidad se acentúa en nuestros tiempos por la enorme dimensión adquirida por las grandes corporaciones económicas, porque los Estados son frecuentemente los mayores consumidores de muchos bienes y servicios, por la complejidad producida por los desarrollos tecnológicos, etc. Se produce, así, una situación endemoniada. La vida económica es cada vez más dependiente de la regulación pública. Si los titulares de las instituciones y agencias reguladoras actúan al servicio de intereses y propósitos partidistas, un Estado puede condicionar enérgicamente la actividad de las corporaciones financieras o industriales, incluso aquéllas de gran tamaño (El ejemplo de la OPA de Gas Natural sobre Endesa es una buena ilustración). Pero, en aparente paradoja, la vida política es también cada vez más dependiente de las grandes corporaciones económicas (El gobierno de la Generalidad catalana no es mucho más que “el brazo político” de La Caixa).

Naturalmente, no tengo una solución para el problema. Mi única pretensión es recordar que no hay democracia si no hay separación del poder político y del poder económico. Y en este aspecto la situación española es cada vez peor, tanto respecto a nuestro pasado inmediato, como respecto de otros países más afortunados. El régimen zapateril ya no es una democracia, sino una demagogia, en la doble vertiente que ello comporta: uno, la seducción de las masas mediante apelaciones viscerales (a patrimonios identitarios; a la limpieza ideológica: contra los curas y los “semicuras”, que dijo el ético Savater); y dos, la oligarquización del poder en manos de caballeros de fortuna y de políticos, tan carentes de moral como de ilustración (Ah, y perdón por la crispación).

José Vilas Nogueira es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Santiago de Compostela

Franco
JON JUARISTI  ABC 20 Noviembre 2005

ME tocó nacer antifranquista como a otros les toca nacer chinos o marqueses, no tengo la culpa. Dejé de ser antifranquista cuando desapareció el franquismo, y a otra cosa, que la vida es corta y el arte, un juguete. Supongo que juzgar a Franco con objetividad comenzará a ser posible sólo cuando hayamos desaparecido todos los que fuimos antifranquistas o franquistas, por cuna o por afición. No digo los que somos, sino los que fuimos. Franquistas y antifranquistas en activo quedan unos cuantos, pero ya no se pegan por Franco ni por Licinio de la Fuente, sino por unas cuantas estatuas ecuestres y por el remoto y desangelado Valle de los Caídos. Hay también nostálgicos y coleccionistas de cromos. La nostalgia es un burdo pasatiempo, escribió el poeta Luis Alberto de Cuenca y Prado. Además de burdo, inú-til, añado. Quizá el tiempo pasado fue mejor, pero nunca vuelve.

Para mí el franquismo, en su sentido cronológico, fue mejor que el tiempo presente en algunas cosas y peor en otras. Era más joven y muchas personas que quise aún vivían. Eso estaba bien. Sabía menos que lo que he llegado a saber -que no es mucho- y no habían nacido o no se habían cruzado todavía conmigo las personas que más quiero, y en esto los tiempos han mejorado, qué duda cabe. A partir de una cierta edad, ser antifranquista a tiempo completo me acarreó riesgos y disgustos. Menores, en todo caso, que los posteriormente derivados de mi oposición al tribalismo nacionalista. Reconozco que los de mi generación pillamos al régimen en baja forma y que no suponía lo mismo, ni de lejos, ir de antifranquista a finales de los sesenta que veinte años atrás. Y no es que el franquismo me gustase, pero era mucho más soportable la congoja que producía el temor a la detención que el miedo al tiro en la nuca.

Un cretino evidente, Francesc-Marc Álvaro, afirma en «La Vanguardia» que fui terrorista, e incluso terrorista de extrema izquierda, supongo que en tiempos de Franco (nunca, Álvaro, macu; nunca lo fui, pequeño tontolculo, pero no voy a llevarte a los tribunales: me basta con recordarte que eres un mierdilla y un cursi). La idea de que el País Vasco se llenó de terroristas en los sesenta es simplemente estúpida, pero bastó un par de docenas de críos alucinados e inexpertos para que el franquismo (político) se replegase a sus esencias pretéritas, y aquello deslució mucho el final de la función. Como ha observado Eduardo Uriarte Romero -Teo Uriarte- en sus muy recomendables memorias, alguien infló el perro y al régimen empezó a fallarle el dispositivo homeostático de adaptación a las circunstancias. El mismo que le había permitido sobrevivir veinticinco años a la derrota de los fascismos.

A Franco le habría resultado imposible, en cualquier caso, abandonar airosamente el escenario, pero si la tímida apertura amagada a mediados de los sesenta hubiera tirado adelante, contra lo que ETA pretendía, nos habríamos ahorrado el terrorismo y la Transición habría sido menos convulsa. A pesar de ello, ésta no salió rematadamente mal, por más que ahora la mayoría parlamentaria se la pase por el arco del triunfo. Salió bastante mejor que la yugoslava, por ejemplo (y si hubo algo parecido al franquismo en la Europa de posguerra fue el titismo, salvadas las diferencias ideológicas). No terminó el franquismo con un baño de sangre: las víctimas de atentados y fusilamientos en su período terminal, sumadas, no llegan ni con mucho a la media diaria de las que produjeron las guerras nacionalistas de los noventa en la ex Yugoslavia. Con todo, es necesario recordar que los franquistas se resignaron al cambio político, mientras ETA jamás lo hizo. Y es que ETA no surgió para acelerar el declive del régimen, sino para blindarlo y fortalecerlo ante cualquier tentación aperturista. Ahí discrepo con mi amigo Teo Uriarte: el franquismo no necesitaba para nada a ETA. Era ETA la que necesitaba al franquismo o, más exactamente, un franquismo involutivo, muy distinto del franquismo desarrollista de los sesenta que provocó la alarma de las clases medias nacionalistas del País Vasco y Cataluña, acostumbradas a prosperar a expensas de la España aherrojada y de su acomplejado dictador.

Lo que no hará Zapatero
M. MARTÍN FERRAND ABC 20 Noviembre 2005

NO fue el entusiasmo la fuerza que empujó a los más notables sectores del PSOE a consagrar como secretario general del partido a José Luis Rodríguez Zapatero. Atrapados por las circunstancias, víctimas de la fatiga que produce la estancia en los bancos de la oposición y tras el fracaso de dos buenas opciones sucesorias a Felipe González, optaron por el mal menor y, como demuestra la experiencia, ése es el camino más eficaz y rápido para que el mal sea, verdaderamente, máximo. Después, cuando contra todo pronóstico y con la impensable ayuda del 11-M, Zapatero llegó a La Moncloa, algunos -quienes estaban en el secreto- se llevaron las manos a la cabeza, pero ya era tarde para reaccionar.

Ahora las filas socialistas andan inquietas porque, con desusada precipitación, decae el prestigio del líder y la ad-hesión popular a su sonrisa hueca. En el ecuador de la legislatura, previsiblemente la única que disfrute como presidente del Gobierno, Zapatero ya ha gastado más cartuchos de los que tenía en el zurrón y, a decir de las calas que los encuestadores hacen en el melón nacional, ya ha comenzado la caída libre que es común a todos cuantos pierden su punto de apoyo. En el caso de un político, la confianza de sus electores.

Zapatero, sin verlas venir, cometió un error de los que no tienen remedio: para ser presidente del Gobierno de España, sobre las siglas de un partido que se titula español, aceptó el respaldo de un grupo como el ERC que tiene como principal punto de su ideario el dejar de ser español con su deseada independencia de Cataluña. No es que la ética cotice mucho en la política actual, pero sí que resulta exigible una mínima coherencia para conseguir y, sobre todo, mantener el respeto de los distintos y la adhesión de los próximos. El de León vendió papeletas para la rifa de España y, antes del sorteo, lo han advertido quienes le son próximos, los ajenos y, sobre todo, quienes le compraron las papeletas y le sentaron en La Moncloa.

El fracaso de Zapatero ya es palpable en datos y en sensaciones. Como organizó un Gobierno con criterios de guateque -chicos y chicas- la máquina no le funciona, en la sede socialista surge la discordia, la opinión pública se desengancha y sus socios miran ya hacia otros horizontes. De hecho, la única salida digna que le queda al personaje es acudir al Congreso, como lo hizo Francisco Silvela en 1903, y decirle a los allí reunidos: «Tened caridad al juzgarme por el único acto del que me considero culpable, el de haber tardado en declarar a mi país que no sirvo para gobernar». Silvela, que era un señor, tenía una gran diferencia con Zapatero, una larga y brillante historia de servicio a España y, además, no entra en el repertorio de lo previsible una dimisión de Zapatero. Todavía sonríe.

PIENSA MAL...
POR JOSÉ CAVERO El Ideal Gallego 20 Noviembre 2005

Es ya hábito corriente y consolidado: Haga lo que haga el Gobierno de turno, bastarán unos pocos minutos para que esté en circulación, y se afiance y consolide en el mercado de la opinión, la versión en negro de los hechos acontecidos.

Por ejemplo: Zapatero consigue que Maragall y Mas no rompan el diálogo sobre el Estatuto, y que logren cerrar un acuerdo básico y mínimo sobre su texto, siempre condicionado a lo que las Cortes generales determinarán en su momento acerca de tal texto. La versión en negro hace saber que el problemático Estatuto sobrevive gracias a que Zapatero cede ante los separatistas nacionalistas catalanes.

Zapatero es el máximo responsable del despedazamiento de la Nación a la que los nacionalistas catalanes nos conducen sin remedio.

Otro caso reciente: la LOE recibe un severo varapalo en las calles de Madrid, con muchos cientos de miles de manifestantes. Resulta que, según se sabe en los días siguientes, el Gobierno ha hecho esfuerzos por lograr la aproximación de la Conferencia Episcopal y del PP, a quienes se ha invitado a hacer aportaciones y a dialogar reiteradamente. Y, por supuesto, que la LOE aún no existe más que en anteproyectos y está en el comienzo de una tramitación de la que cabe esperar cualquier final.

En estas últimas horas, el bulo ha nacido a raíz de saberse que el jefe del Gobierno mantuvo un encuentro con el presidente de la Comisión Europea, en una semana en la que ha tenido como interlocutores, además, al presidente chino Hu Jintao, al Rey de Marruecos, Mohamed VI y al primer ministro marroquí Driss Jettú.

De todos esos encuentros cabe suponer que ha podido emanar algún buen entendimiento, pero todos han tenido, también su visión en negro: Zapatero sigue cultivando la amistad de los genocidas y antidemócratas del mundo, y a Chávez y Castro ha añadido los tampoco nada recomendables líderes de China y de Marruecos.

En cuanto a Durao Barroso, cabe suponer que hay docenas de asuntos de interés mutuo entre la Unión Europea y España. Pero se ha preferido detener la atención en dos: La Opa de Gas Natural sobre Endesa y la discusión de los presupuestos de la Unión para el sexenio 2007-2013.

La versión malévola cree saber que Zapatero puso un avión a Durao Barroso y que ambos políticos habrían llegado a un entendimiento: la CE cede en la Opa para que sea el Gobierno español el que decida, y a cambio, el Ejecutivo español cede en sus aspiraciones en los presupuestos de esos seis años venideros, y consiguientemente, España pasará de ser beneficiario neto a contribuyente neto en los presupuestos comunitarios. Como si eso no estuviera ya decidido cuando se elaboraron y acordaron los presupuestos elaborados hace un lustro y cuya vigencia termina el año que viene.

Y cualquier mentís será insuficiente porque la mala imagen y los malos presentimientos siempre se imponen con extraordinaria facilidad.

"Trece entre mil": más allá de las víctimas
José Antonio Ullate elsemanaldigital 20 Noviembre 2005

Iñaki Arteta presenta en este documental el rastro y los rostros que deja el dolor causado por el terrorismo.

Iñaki Arteta ha dirigido la película Trece entre mil, obra cargada de patetismo que da voz a los familiares y supervivientes de atentados terroristas de ETA. Película silenciada por los que habitualmente gritan y alabada por los que desde hace años callan.

El terrorismo busca la muerte para amedrentar, para "aterrorizar". La mayoría de los muertos no eran "objetivos" significativos. Muertos indiscriminados, muertos de páginas interiores, y nombre tan común como desconocido, que se atrevieron a romper las siniestras reglas del terror desde la vida vulgar. Esos son los que con más ahínco han buscado los terroristas. Esos muertos recuerdan a los vivos de toda extracción que, al margen de la ley de los códigos, hay otra ley, que se aplica, que se puede aplicar a todos, si no cuidamos la boca. La amenaza del terror genera miedo. Miedo universal, debilitante, silenciador; miedo que castra. Ese miedo ha debilitado al País Vasco y a gran parte de Navarra. La gran porción de esta tierra que creyó que callando preservaba su independencia interior no se hacía cargo de hasta qué punto esta guerra y esta estrategia nos han privado de nuestra mayor fuerza y nos ha hecho encerrarnos en nuestras vidas privadas. El silencio ha resquebrajado nuestra sociedad.

El documental de Arteta tiene buena intención, pero inadvertidamente ejemplifica el mal a que nos han conducido tantos años de silencio. Nada que objetar al emocionante, desgarrador, caótico a veces y desigual testimonio de los golpeados por el terror. Pero la película, al dar un continuo primer plano del dolor de las víctimas, eclipsa las razones del combate contra ETA, que van más allá del dolor, hasta llegar a la afirmación de un bien común, parte del cual es la unidad de España. La cinta se confina a las catástrofes privadas –pavorosas– pero olvida mencionar el daño al bien común que supone el terrorismo. Ésa es una victoria del terrorismo: que sólo seamos capaces de cargarnos de razón por los muertos.

Rajoy compara al Gobierno con una tropa indocumentada de republicanos de los 30
Arenas convoca a todos los andaluces a la concentración del día 3 en apoyo de la Constitución
Mariano Rajoy inauguró la segunda fase de la campaña contra el Estatut con un contundente discurso en defensa de España y corrosivo en la crítica de Zapatero. Sevilla olió ayer a ambiente preelectoral.
C. Morodo Enviada especial La Razón 20 Noviembre 2005

Sevilla- El PP andaluz congregó ayer en El Palenque de Sevilla a más de 3.500 personas en un mitin con un ambiente de movilización, aprovechando el desgaste del Gobierno, más propio de un periodo preelectoral que de una legislatura que aún no ha llegado a su ecuador. Mariano Rajoy, hábilmente, eligió precisamente una «plaza» en la que la militancia no falla para dar el pistoletazo de salida a la segunda fase de la campaña en defensa de la Constitución frente a la amenaza que cierne el Estatuto catalán sobre el pacto de convivencia del 78.

Con el aliento de los «teloneros», entre los que destacó Javier Arenas, y de un público que coreaba como si estuviera en campaña, Rajoy hizo un discurso de candidato a la Presidencia, sólido en el contenido y corrosivo en la denuncia y en la crítica, con la defensa de España como gran bandera, pero sin dejar pasar por alto las demás vías de agua en la línea de flotación del Gobierno, especialmente la que afecta a la política antiterrorista. Mientras desde el corifeo de Moncloa se acrecienta una vez más el rumor de tregua, el jefe de la oposición habla de un Ejecutivo que «mendiga» a ETA después de haberla sacado de las «catacumbas». Muy lejana queda la etapa de la «alternativa constitucionalista» en Euskadi y Rajoy puso también voz a ese sentimiento de traición del que se lamentan sus compañeros vascos. «Los socialistas ya se dejan entrevistar en los periódicos de ETA, tratan mejor a Batasuna que al Foro de Ermua, compadrean con el señor Otegi... Esto no es socialismo, esto es faltar a la verdad, a la ley y a la moral».

Programa: el sentido común. Arenas le preparó bien el camino al despedirse de la tribuna con una llamada a los andaluces a respaldar a su partido en la concentración en defensa del pacto constitucional que se ha convocado en Madrid para el próximo 3 de diciembre, en vísperas del «Día de la Constitución», que se celebra el 6. Y Rajoy le tomó la palabra con la misma idea eje con la que concluyó su intervención: «Si me preguntaran cuál es mi programa electoral, lo resumiría en dos palabras: moderación y sentido común, que es lo que España necesita en estos momentos».

Con las encuestas de su parte y al hilo de las teorías revisionistas sobre el franquismo y la Guerra Civil alentadas desde el Gobierno –que en el PP se observan con mucha preocupación–, Rajoy se liberó de complejos para poner calificativos a José Luis Rodríguez Zapatero y a su gabinete. «En el Gobierno están unos doctrinarios de asamblea universitaria, dirigidos por un señor que está más interesado por lo que pasó en España hace 70 años que por el futuro de los españoles. Nadie quiere debatir de Franco ni sobre Felipe V. ¡Estamos en el siglo XXI! Lo que quiere la gente es que el Gobierno se ocupe de sus problemas reales».

Las andanadas en esta línea se sucedieron a lo largo de un prolijo discurso en el que un entregado público, sobre todo el sector de las Nuevas Generaciones, le «calentó» las gradas hasta con gritos de «presidente, presidente». Él les correspondió sin las complicadas florituras irónicas que en la campaña de 2004 tanto le separaron en ocasiones de la militancia: «Se creen líderes republicanos de los años 30, y lo que acaban siendo es una tropa de indocumentados»; «yo no estoy debatiendo con dirigentes del PSOE, como sería lo normal en democracia, estoy debatiendo con una colección de irresponsables que no tienen la más remota idea de qué quieren hacer con su país y que están generando problemas ridículos»; «tenemos el peor Gobierno desde que empezó la democracia»...

Chaves, en la picota. Lógicamente, el «pacto del Tinell», que alumbró el tripartito y en el que como cláusula figura el veto a cualquier acuerdo con el PP, es la columna vertebral en la que los populares sostienen la respuesta al eslogan del PSOE sobre su «soledad». Y ayer Rajoy desplegó todo el argumentario de su partido al respecto con la intención de dejar en evidencia ya no sólo a Rodríguez Zapatero, sino también el «silencio» de Manuel Chaves frente a una política de alianzas con ERC o IU de la que nacen proyectos, como la reforma catalana, que son un agravio «para Andalucía y para España» –detrás de la focalización en el «barón» socialista está la sombra de las próximas autonómicas, que el PP regional afronta con buenas perspectivas.

Según detalló Rajoy, el origen de la inestabilidad que tensiona al país reside en la decisión de Zapatero de pactar la idea de España «con quienes no quieren España». «¿Pero en qué cabeza cabe que un partido nacional como el PSOE, que ha votado la Constitución, que se supone que cree en la unidad nacional, en la solidaridad y en la igualdad, tenga como objetivo político aislar al PP y pactar con ERC?, ¿cuál es el patriotismo de Zapatero?», se preguntó, antes de imputar al presidente la responsabilidad de haber «dinamitado» todos los pactos de Estado desde la Transición.

Después de más de un año y medio de legislatura socialista, el PP, crecido, recupera incluso el eslogan electoral del PSOE del 14-M, «merecemos un Gobierno que no nos mienta», para echárselo en cara a Zapatero –«nos prometieron muchas cosas, talante, buen gobierno, transparencia, diálogo, pero todo era mentira»–; y saca también pecho sin complejos de la «era Aznar» –«tenían una base extraordinaria para realizar una excelente labor de gobierno, les habría bastado con no hacer nada»–. Desde la cómoda tribuna que ayer le ofreció Sevilla, el jefe de la oposición, además de hablar de la cuestión territorial, hizo un obligado repaso por cuestiones polémicas y, por otra parte, muy ligadas con la crisis del Estatut. La OPA de Gas Natural sobre Endesa, la condonación de créditos al PSC y la reunión secreta con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, la saldó con una petición de explicaciones de Zapatero y con la exigencia de la dimisión del ministro Montilla, ya que mientras siga en el cargo, «la bandera de la ética, de la transparencia y del buen gobierno estarán arriadas».

Si Arenas cerró su intervención llamando al PP andaluz a «pensar en ganar las próximas elecciones», Rajoy lo hizo con una declaración de intenciones que sonó a promesa electoral. «Yo quiero un Gobierno que se ocupe de lo importante, que explique a los españoles qué pretende hacer, que no juegue con las cosas de comer. Y voy a seguir trabajando para que España recupere la normalidad y la sensatez».

Consenso unánime y sin precedentes contra la reforma judicial del Gobierno
El Consejo General del Poder Judicial, magistrados, tribunales superiores de Justicia, audiencias provinciales y asociaciones profesionales rechazan de plano las propuestas de López Aguilar
El proyecto de reforma judicial del Gobierno, uno de los proyectos estrella del ministro Aguilar, ha tenido la gran «virtud» de lograr un grado de consenso nunca visto hasta ahora en todos los ámbitos de la Justicia.
F. Velasco La Razón 20 Noviembre 2005

Madrid- Jueces, fiscales, audiencias provinciales, tribunales superiores, asociaciones profesionales y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han coincidido en dar un rotundo «suspenso» al núcleo de esa reforma: Consejos de Justicia de ámbito autonómico y Justicia de Proximidad. Y junto con ello, un claro aviso: el Tribunal Supremo no puede perder su situación de preminencia en la cúspide judicial. Ahora falta por ver si el Ejecutivo mantendrá su propuesta inicial o tendrá a bien acoger las rectificaciones que a diestro y siniestro han venido reclamando los distintos agentes.

La semana que acaba de terminar ha cerrado el círculo de quienes faltaban por hacer oír su voz sobre la reforma de Justicia: presidentes de audiencias provinciales y la Asociación Judicial de Francisco Vitoria se han sumado al criterio inmensamente mayoritario de pedir un cambio radical de la reforma anunciada y que las modificaciones que se puedan introducir no se queden en meros lavados de cara.

Nada más conocerse las grandes líneas maestras de esa reforma, comenzaron las reacciones en el amplio espectro judicial y, prácticamente, todas apuntaron en una misma dirección. El rechazo era casi unánime y las críticas de que en buena parte se actuaba por intereses políticas y para favorecer a los socios nacionalistas del Gobierno no eran escasas.

Todo ello, al margen de tildar de inconstitucional aspectos esenciales del texto aprobado por el Ministerio de Justicia. De forma muy especial, lo relativo a la Justicia de Proximidad, y a la intervención directa de los ayuntamientos en los candidatos a ocupar esos puestos. Estos aspectos no dejaban espacios para la duda y todos venían a coincidir en que lo mejor es hacer borrón y cuenta sobre esa pretensión, en su actual redacción.

Las audiencias provinciales, en contra. Haciendo una especie de cronología, nos encontramos con esa extraña coincidencia a la hora de valorar un proyecto del Ejecutivo. La pasada semana, los presidentes de las audiencias provinciales se reunieron en Sevilla y, entre otras cuestiones, abordaron la reforma judicial.

En este aspecto la decisión fue unánime: rechazo a la propuesta, en su actual redacción, al entender que la creación de órganos de este tipo, que consideraron, eso sí, conveniente, debería ser uniforme en todo el territorio y ser cubierto por el cuerpo único de la Carrera Judicial, tal como está diseñado en la Constitución.

Es decir, oposición a que puedan acceder a esos juzgados abogados con más de seis años en el ejercicio profesional, tal como prevé el anteproyecto de Justicia.

En cuanto a los consejos de Justicia de ámbito autonómico, también se produjo un rechazo, aunque en esta ocasión sí había división al respecto. Con 22 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones, los presidentes respaldaron la tesis de que el actual diseño del modelo del Poder Judicial es «absolutamente respetuoso con el diseño territorial político del Estado que realiza la Constitución, y, por tanto, no es necesario acudir a nuevas fórmulas para adaptarlo al Estado de las Autonomías».

Además, advertían de que el agotamiento de todas las instancias procesales en los tribunales superiores de Justicia «debe ser compatible con la función del Tribunal Supremo de unificación de doctrina y de aplicación uniforme del derecho estatal, por lo que es necesario definir perfectamente las competencias que deben asumir los TSJ respecto de este derecho estatal».
Precisamente, los presidentes de los tribunales superiores de Justicia habían expresado semanas antes el rechazo de forma unánime tanto a la Justicia de Proximidad como a los consejos de Justicia de ámbito autonómico. Las conclusiones alcanzadas por los 17 presidentes de TSJ en Granada no dejaban lugar a dudas ni especulaciones sobre las mismas.

Los TSJ dan la espalda. Así, en cuanto a este aspecto el rechazo al modelo propuesto en el anteproyecto se resumía en tres aspectos: se introduce un modelo de juez que «quiebra las garantías de imparcialidad, inamovilidad e independencia»; la desigualdad en la implantación territorial crea «factores de desigualdad en el acceso de los ciudadanos» a la Justicia; y, en tercer lugar, y como colofón a todo lo anterior, porque «no se encuentra ninguna ventaja respecto al modelo vigente».

En cuanto a los consejos autonómicos de Justicia, los presidentes de TSJ resumieron el modelo propuesto con una frase: resulta «perturbador». La razón estaba muy clara para los responsables de estos tribunales: no existe una «verdadera necesidad de suprimir o sustituir las salas de Gobierno», teniendo en cuenta el punto de vista de la eficacia y legitimidad de las funciones que actualmente desempeñan.

Las asociaciones dicen no En lo que se refiere a las asociaciones de jueces, éstas también se han posicionado, de una forma muy mayoritaria, en contra. La Asociación Profesional de la Magistratura ha cargado en distintas ocasiones y con un tono bastante duro contra los aspectos esenciales de la reforma, hasta el punto de vincularla directamente a los apoyos nacionalistas del Gobierno. La APM sostiene que los «verdaderos propósitos que esconden las reformas propuestas» son «intereses políticos partidistas». Pero incluso desde Jueces para la Democracia se ha expresado el rechazo a la Justicia de Proximidad, al estar en oposición tanto a la participación de los ayuntamientos en la selección de los candidatos como a que esos juzgados sean ocupados por miembros que no formarán parte de la carrera judicial.

El Estatut, la punta de lanza del proyecto
Sin embargo, hay un informe que marca un punto de inflexión en toda la polémica que rodea a esta reforma judicial desde, prácticamente, el primer día que se anunciara. El Consejo General del Poder Judicial daba un paso más allá y no sólo criticaba de forma muy dura las pretensiones del Ejecutivo, sino que dejaba entrever que la reforma del Estatut de Cataluña era, en buena parte, la que había servido de punta de lanza. La reforma judicial, en lo que afecta a la creación de los consejos de Justicia de ámbito autonómico y a la Justicia de Proximidad, responde prioritariamente al «actual proceso de reforma estatutaria que viene protagonizando Cataluña» y, en el caso de la Justicia de Proximidad, también al «proyecto de ley que regula el régimen especial del Municipio de Barcelona». Junto a ese análisis, la conclusión: la reforma es inconstitucional.

Desde ese momento, el CGPJ y, en concreto, los vocales del grupo mayoritario recibieron críticas en tonos elevados tanto desde el Ministerio de Justicia como desde sectores próximos al PSOE.

Se los acusó de actuar al dictado del Partido Popular y de hacer «seguidismo» del mismo. Estas críticas, en cambio, no se escucharon cuando todo el espectro jurídico expresó igualmente su rechazo a la reforma. Ahora sólo falta por ver si el Ejecutivo tiene el talante necesario para escuchar a quienes tienen motivos más que sobrados para ser escuchados.

Mayor Oreja: «El Estatuto es fruto de Perpiñán como el plan Ibarretxe de Estella»
El ex ministro del Interior sostiene que «ETA necesita a Zapatero igual que Zapatero necesita a ETA para que todo lo que hace en Cataluña tenga explicación política en España»
ÁNGEL COLLADO ABC 20 Noviembre 2005

MADRID.«La hoja de ruta de ETA es muy clara, la ruptura de España; la de Zapatero es mucho más confusa, es un impulso, una venganza, romper con la Transición». Jaime Mayor Oreja se ratifica en su mensaje de los últimos meses apoyado ahora por la realidad de los hechos.

-Batasuna alaba los pasos de Zapatero hacia el federalismo y Patxi López habla de gobernar con la coalición. ¿Se cumplen sus peores pronósticos?
-Se está confirmando lo que algunos dijimos. Es el resumen de lo que va de Estella a Perpiñán y ratifica que todo es lo mismo, que es un proceso global: el Estatuto y la negociación con ETA. No se pueden trocear los acontecimientos. ETA ha estado presente tanto en el País Vasco como en Cataluña. El fruto del Estatuto de Cataluña es el fruto de Perpiñán, y el plan Ibarretxe el fruto de Estella. Y culminará con una negociación pública y formal con la banda que tendrá que ser protagonizada por los dos grandes actores del proceso: Rodríguez Zapatero, por un lado, y ETA por otro.

-¿Vía Batasuna?
-Es lo mismo Batasuna que ETA. No nos creamos las mentiras de quienes llevan la operación. No nos engañemos. En ETA no ha cambiado nada, el PNV no se ha movido un milímetro desde Estella y Batasuna es ETA. La banda necesita a Zapatero de la misma manera que Zapatero necesita a ETA.Para que todo lo que hace en Cataluña tenga explicación política en España. Para dar un sentido finalista a su proyecto: alcanzar «la paz» que otros no han alcanzado. ETA quiere sostener y apoyar a Zapatero, que es un presidente insustituible para ellos, pero no quiere lanzarse a un «proceso de paz» sin un acuerdo político real e irreversible que permita tenerle cogido para siempre.

-¿Por qué da por hecho que la negociación está en marcha?
-Según dijeron los dirigentes de Batasuna la semana pasada en París están ya en una fase de documentos escritos. No me lo invento yo, lo ha contado Xavier Larralde, jefe de la coalición en Francia. Yo no sé cuándo puede convenirle a ETA facilitar las cosas a Zapatero con una tregua - o algo más, porque no se puede repetir la tregua indefinida de 1998-, pero lo importante es que los españoles sepan que todo es lo mismo para que luego emitan su juicio ante lo que está sucediendo.

-Hasta Piqué habla ya de la relación entre el desafío del Estatuto catalán y los planes de ETA que usted fue el primero en advertir.
-Lo que pasa es que llevo toda mi vida en la política del País Vasco, treinta años dedicado a conocer lo que es el nacionalismo y ETA. Mi obligación moral y ética siempre ha sido hacer un juicio de intenciones sobre lo que la banda pretende. Y decir eso, que para algunos era una temeridad, que me ha costado muchas descalificaciones y me llevado a vivir cierta soledad política, era mi obligación. ¿Cómo no voy a debérselo a Gregorio Ordóñez o a Miguel Ángel Blanco? ETA tiene un proyecto de ruptura de España y algunos tenemos la obligación de explicárselo a los españoles porque lo conocemos.

-¿Una reforma a fondo del Estatuto catalán podría frenar ese proceso de cambio de régimen que su partido denuncia?
-De ese texto, a ETA le da igual la financiación o el blindaje de competencias. Sólo le importa el preámbulo y el artículo 1, donde se sostiene que Cataluña es una nación. A partir de ese momento no hay debate sobre los derechos de una Autonomía, sino sobre los derechos de una nación. Le permite a ETA negociar con el Gobierno de España autodeterminación. La banda necesita dos cosas del Estatuto: que Cataluña sea una nación y el apoyo de ERC. Lo demás le resulta indiferente.

-¿Sigue convencido de que su partido no debe participar en el proceso parlamentario de enmiendas al texto del Estatuto?
-Mi partido debe aprovechar todos los resquicios para hablar, para explicar su posición en todos los puntos. Lo que digo es que el PP no debe permitir ser utilizado como pretexto o excusa para decir que apoyamos el Estatuto en un porcentaje determinado.

-Pero también pueden colaborar en rebajar la inconstitucionalidad del texto.
-Nosotros vamos a presentar una enmienda al artículo primero y al preámbulo. Eso es la esencia que, insisto, también es lo único que importa a ETA. Ahí es dónde el PP tiene que explicar su planteamiento.

-¿Cómo ve a Rajoy ante el reto?
-La intervención de Rajoy en el Congreso fue el único discurso de Gobierno que se escuchó aquel día. Y ha sido un elemento de esperanza para muchos millones de españoles que ven en Rajoy la única posibilidad de salir de esta pesadilla que vivimos. Rajoy consolida su liderazgo en la sociedad.

-¿Cómo se ve desde las instituciones europeas la crisis interna de España?
-Estamos sumidos en una situación de crisis en muchos países europeos y en la propia Unión, con lo que todo se difumina. La diferencia es que las crisis de otros países son reales y la española es inventada, no se basa en problemas reales. Zapatero amenaza con ser un presidente del Gobierno de una Nación que permitió que hubiera en su seno tres nuevas naciones. Con esa tarjeta de jefe de Ejecutivo que abdica de sus responsabilidades y de la lógica de representar a todos los españoles es imposible que alguien le escuche en asuntos importantes.

-¿Puede llegar el caso en España de tener que plantearse un Gobierno de coalición PSOE-PP ante la magnitud de la ofensiva nacionalista?
-Es evidente que si dijera que sí podría lanzar un mensaje falso. Primero porque no hay ninguna posibilidad y segundo, porque antes hay que parar desde el PP, en la medida que podamos, la ofensiva nacionalista y la administración de la misma que hace Zapatero. Eso es lo urgente.

-¿Usted recuerda un desgaste tan acelerado en un Gobierno como el que señala el CIS al de Zapatero?
-No en el Partido Popular, pero sí en la Unión de Centro Democrático. Nuestro proceso en UCD fue muy rápido porque nuestra finalidad social terminó en cuanto se aprobó la Constitución. No supimos hacer más y por eso fue un proceso rápido. La etapa de Rodríguez Zapatero será aún más corta porque ni siquiera tiene un proyecto serio como existía en la Transición. La segunda transición es la ruptura, un disparate.

-Pero su alianza con todos los nacionalistas parece destinada a propiciar una larga etapa en el poder.
-Yo no lo creo. Estos procesos tienen un deslumbramiento de nueve meses. Quienes crean que el Estatuto catalán es el punto final a la insatisfacción de los nacionalistas es que no los conocen. Luego tocará la autodeterminación.

-¿Se puede hablar de cierta reacción social en las últimas semanas?
-Sí, pero no es suficiente. Tenemos que seguir movilizándonos, y no sólo el PP. Tenemos que ser más valientes, alzar un poco más la voz. Hemos sabido hacer frente al terrorismo y ahora se trata de hacer frente a la mentira política en la que estamos envueltos. Y tenemos que hacerlo con las mismas armas: fortaleza moral, tenacidad y atreverse a decir la verdad.

-¿Qué más puede hacer su partido?
-Todos podemos hacer más. Tenemos que llegar a todos los rincones para denunciar esto que sucede, perder el miedo y no creernos eso de que somos intolerantes. No podemos ser esclavos de las acusaciones de los demás. Debemos tener más confianza en lo que hemos hecho en nuestros años de Gobierno. No podemos tener complejo alguno respecto de lo que pensamos de España, la Constitución y lo que hace Zapatero.

«Abogado» de la izquierda abertzale
M. LUISA G. FRANCO ABC 20 Noviembre 2005

BILBAO. Durante el último año, el secretario general del PSE-EE, Patxi López, ha protagonizado un proceso de acercamiento a la izquierda abertzale tan sorprendente como las «palmaditas en la espalda» que está recibiendo del dirigente de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, quien el pasado lunes afirmaba que declaraciones de López en el sentido de que «no puede haber impedimento a lo que los vascos decidamos» son reflexiones que «están hechas en la buena dirección».

Las alabanzas que Patxi López dedicó el pasado mes de septiembre al secretario general de LAB, Rafael Díez Usabiaga, llamaron la atención, pero su afirmación del pasado domingo en Gara -donde señaló que no creía que los procesados en el macrosumario 18/98 fueran parte de ETA-, ha dejado perplejos a sus propios compañeros de partido, especialmente a los que mantienen doble militancia con asociaciones cívicas de lucha contra el terrorismo.

Críticas del Foro de Ermua
Se da, además, la circunstancia de que el respaldo a Díez Usabiaga se produjo dos días después de que el secretario general de LAB compareciera ante el juez Grande-Marlaska como imputado por su presunta pertenencia a ETA, lo que no impidió a López afirmar que Usabiaga es una persona «relevante en el mundo de la izquierda abertzale», que tiene «mucho peso en este país y en un sector importante (de la población) que tiene mucho que decir en el proceso de paz», unas manifestaciones duramente criticadas por la AVT.

También el Foro Ermua, en el que militan cargos públicos socialistas, criticaba hace unos días la «amabilidad» y «comprensión hacia los asesinos» del máximo dirigente del PSE. Y lo hacía en un comunicado en el que recordaba que los procesados del 18/98, sobre los que López alberga dudas de su relación con ETA, van a ser juzgados por formar parte de distintos grupos de la banda.

A pesar de este proceso de acercamiento a la izquierda abertzale, el PSOE no ha dado muestras de intranquilidad hasta que López no descartó, en la entrevista en Gara, una futura alianza de los socialistas con Batasuna en el País Vasco, lo que provoca el rechazo de una parte importante de su propio electorado.

Fue en plena precampaña vasca, el 5 de marzo de 2005, cuando López echó su primer «cable» a la izquierda abertzale. Lo hizo en un mitin en el que también participó José Blanco. López dijo que «las políticas de exclusión», términos con los que el nacionalismo se refiere a la ausencia del entorno etarra de las urnas, «tienen que quedar en el pasado».

En mayo del 2005, López volvió a apoyar a la izquierda abertzale convocando a EHAK a la ronda de contactos que realizó para presentar su candidatura a lendakari. La distensión en la que se celebró ese encuentro, en contraste con la tensión que se respiró en la entrevista que mantuvo con la presidenta del PP vasco, María San Gil, provocó un reproche público de cargos del PSE, entre ellos de la europarlamentaria Rosa Díez, a su secretario general.

El respaldo de López a la izquierda abertzale ha venido precedido de una meteórica «evolución» política que ha llevado al dirigente del PSE de la defensa del actual marco legal del País Vasco en septiembre de 2003, a elaborar una propuesta de un referéndum para modificar dicho marco legal.

Sorprendente giro
En septiembre de 2003, López afirmaba que «dentro de las competencias del lendakari no está la de plantear consultas a la sociedad vasca, por lo que más vale que deje de jugar con esas cosas». Seis meses después presentaba ante el Comité nacional de su partido una propuesta de reforma del Estatuto vasco, con la voluntad de encontrar un «punto intermedio» entre la posición del PNV y la del PSE y como forma de mostrar su «voluntad política» de diálogo. En diciembre de 2004 el Comité nacional del PSE aprobaba un proyecto concreto de reforma del Estatuto de Guernica en el que se hablaba de «comunidad nacional vasca», texto que fue calificado por Nicolás Redondo Terreros, como «el punto final a la historia del PSE».

El nuevo socialismo de Patxi López, con un programa electoral que en las pasadas autonómicas fijaba como objetivo del partido la construcción de una «verdadera patria vasca», ha cosechado, sin embargo, buenos resultados en las urnas.

En un meteórico giro político, López ha pasado de defender el actual marco legal vasco a ensalzar a Díez Usabiaga, exculpar a los procesados de Ekin y apostar por la «no exclusión» de Batasuna
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