AGLI

Recortes de Prensa     Lunes 21 Noviembre 2005
El Nuremberg de ETA
Editorial ABC 21 Noviembre 2005

EL OBJETIVO: ACABAR CON EL ENTRAMADO
DANIEL PORTERO DE LA TORRE ABC 21 Noviembre 2005

El "macrojuicio" contra ETA puede volverse contra Zapatero
Editorial Elsemanaldigital 21 Noviembre 2005

Un Preámbulo ambicioso, pero anticonstitucional
MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA ABC 21 Noviembre 2005

El bienio radicalsocialista de ZP
Isabel Durán Libertad Digital 21 Noviembre 2005

Del análisis político al psicológico
Agapito Maestre Libertad Digital 21 Noviembre 2005

Moncloa no descarta una crisis de Gobierno
Pablo Sebastián Estrella Digital21 Noviembre 2005

Lo que quieras Montilla, pero dimite y devuelve el dinero
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 21 Noviembre 2005

Montilla o la intimidación
EDITORIAL Libertad Digital 21 Noviembre 2005

CAC...
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 21 Noviembre 2005

Barroso, de la foto de las Azores al avión de Rodríguez
José Javaloyes Estrella Digital21 Noviembre 2005

La nación española
ANTONIO ELORZA El País 21 Noviembre 2005

El discurso del odio
Santi Lucas elsemanaldigital  21 Noviembre 2005

Sumario 18/98: que nos traicione el Gobierno, pero no el Estado
Santiago Abascal elsemanaldigital  21 Noviembre 2005

Si Zapatero fuera del PP
Eusebio Cedena Gallardo elsemanaldigital 21 Noviembre 2005

El andamiaje de ETA, cara a cara con la Justicia
R. Coarasa La Razón 21 Noviembre 2005

El nuevo decálogo nacionalista del PSE
C. Morodo La Razón 21 Noviembre 2005

Hernando: 'Podemos llegar a que el mismo hecho sea delito en una autonomía y no en otra'
EL MUNDO periodista digital  21 Noviembre 2005

El Nuremberg de ETA
Editorial ABC 21 Noviembre 2005

LAS instalaciones especiales de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo madrileña son, desde hoy, el escenario para el juicio contra 59 acusados de integrar, en distintos niveles y condiciones, algunos de los grupos creados por ETA para aprovechar la legalidad democrática en beneficio de su estrategia terrorista. En los próximos meses se practicarán innumerables pruebas para demostrar procesalmente lo que ha sido y es una evidencia política y social: la integración de la izquierda abertzale proetarra en la estructura de medios y fines organizada por ETA, tal y como, en el plano extrapenal, ya declaró el Tribunal Supremo al ilegalizar al entramado batasuno al amparo de la Ley de Partido Políticos.

Las confusas actitudes políticas que se están desarrollando en los últimos meses alrededor del posible fin de la violencia y la campaña de rescate de la izquierda abertzale emprendida por el socialismo vasco, con objetivos no declarados pero previsibles, han mermado la perspectiva histórica necesaria para dar a este juicio toda su dimensión. Quien desde hoy se sienta en el banquillo es una parte de los cooperadores necesarios que han hecho posible el régimen de terror extendido por ETA en el País Vasco. La casualidad ha hecho que este proceso dé comienzo un día después del sesenta aniversario del inicio del juicio de Nuremberg contra la jerarquía nazi que legitimó y sostuvo el terror hitleriano. También entonces se sometió a juicio a responsables de organizaciones, grupos y entidades que afirmaban no tener nada que ver con las deportaciones étnicas, ni los campos de concentración, ni los asesinatos masivos, pero, sin ellos, ninguna de estas atrocidades habría sido posible.

Las democracias son, por naturaleza, biempensantes. Y la española lo ha sido durante más de veinticinco años, con una ETA disfrazada que fue colonizando paulatinamente las instituciones políticas y sociales del País Vasco, con un consentimiento legal forzado por el respeto a la apariencia de licitud que presentaban asociaciones de presos, fundaciones culturales o medios de comunicación. Este juicio que hoy comienza es también fruto del retraso con que el Estado de Derecho ha asumido la realidad versátil del terrorismo, bien explicada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la «estrategia del desdoblamiento» con la que ETA situó en el ámbito de la legalidad sus frentes obrero, cultural, social, financiero, mediático e internacional. Descorrer el velo común entre la ETA armada y la ETA disfrazada es el mérito de la larga acción judicial codirigida por el juez Garzón y la Fiscalía de la Audiencia, y lo que desde hoy se va a juzgar es el resultado de la conexión entre las terminales proetarras y su organización nodriza. Ahí está esperando su veredicto el servicio que organizaciones como Ekin, Xaki y Kas; o entidades como la Fundación Zumalabe; o editoras como Orain, S.A. (diario «Egin») han rendido a los propósitos de ETA de intimidación social -«la socialización del sufrimiento», en lenguaje etarra-, de extorsión a los empresarios, de exilios forzosos y de coacciones masivas, que han configurado una sociedad vasca a la medida de las aspiraciones nacionalistas, depurando convenientemente su censo. Esto, claro está, para los que no fueron asesinados de forma sistemática después de ser señalados como víctimas no inocentes y marcados por el patrón común de defender el orden constitucional, la libertad de expresión, la independencia de la justicia o la representación popular.

ETA nunca habría ocasionado tanto daño a la sociedad vasca en particular -y al resto de la española, en general- si no hubiera dispuesto de la red de colaboradores que ahora se sienta en el banquillo. A los jueces de la Audiencia Nacional sólo les sirven las pruebas que se presenten en la vista oral y así debe ser en un Estado de Derecho como el español. También los fiscales de Nuremberg tuvieron que trabajar a fondo esta exigencia de la presunción de inocencia para que las evidencias públicas sobre la responsabilidad de los cómplices del nazismo adquirieran el rango de pruebas judiciales. Lo lograron. La certeza general es que tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como los servicios de información de las Fuerzas de Seguridad del Estado han hecho bien este trabajo. La percepción de que este juicio molesta los planes del Gobierno de negociar con los etarras es ya inocultable, porque algunos socialistas vascos no se han recatado en decirlo, de forma más o menos explícita, a pesar de la historia que acompaña a los acusados y de la apremiante necesidad de justicia que sienten las víctimas.

EL OBJETIVO: ACABAR CON EL ENTRAMADO
DANIEL PORTERO DE LA TORRE Presidente de la asociación Dignidad y Justicia. Hijo de Luis Portero, asesinado por ETA el 9 de octubre de 2000 ABC 21 Noviembre 2005

La empresa Ekhe, editora del diario Gara -sucesor de Egin-, que financió en su día mediante donaciones por importe de 60.000 euros los honorarios de cada uno de los principales abogados defensores en el juicio contra la cúpula de Jarrai-Haika-Segi, tendrá que plantearse si podrá, en el segundo de los macrojuicios contra el ETA (Sumario 18/98), colaborar económicamente con dichos abogados, que posiblemente serán los mismos que en el juicio de Jarrai.

En el macrojuicio que comienza hoy se juzgará a 56 imputados por la comisión del delito de pertenencia a organización terrorista en la Audiencia Nacional -Casa de Campo-. El día 9 de febrero de 2005 comenzó el juicio contra la cúpula de Jarrai, el primero de los siete macrosumarios contra el entorno de ETA, en el que 10 fueron los letrados que defendieron a los cachorros de la banda (apoyados por un público de 150 abertzales) frente a un fiscal y un único abogado de la Acusación Popular (respaldados, a su vez, por una una veintena de ciudadanos defensores de una España sin terrorismo).

En los siete macrosumarios contra el entramado de ETA, 302 implicados y 170 acusados de pertenencia a banda armada comparecerán en la Audiencia Nacional para ser juzgados por delitos de terrorismo, que no consisten sólo en apretar el gatillo o detonar la bomba. En estas vistas, lo que se pretende es demostrar quién ayudó a financiar esos asesinatos o quién prestó sus viviendas para esconder a los asesinos, dispuso sus locales para el diseño y preparación de los atentados o, incluso, calló ante la barbarie de un atentado o justificó en las calles o medios de comunicación afines cualquier matanza de ETA. Entre 1977 y 1982 se produjeron un total de 340 de los 857 asesinatos por ETA hasta el día de hoy. En este periodo de años se crearon asociaciones, partidos políticos y empresas que, aprovecharon la «legalidad burguesa» -como dicen ellos- que nos trajo la democracia, para convertir a ETA en una auténtica organización criminal.

Cada grupo de esta organización criminal aportaba su particular compromiso con la izquierda abertzale en la lucha por una «Euskadi independiente y euskalduna», pero siempre guiados y dirigidos por ETA, que era y es la organización responsable del «departamento de la muerte» que siempre ha sido el fin último para conseguir la independencia de su territorio de España y Francia.

Dentro de este holding de empresas y asociaciones se encontraban HB-Batasuna, como el departamento responsable de la «lucha institucional o política»; Egin -hoy Gara- y Egunkaria, como departamento responsable de la «lucha mediática»; Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro Amnistía, ASK -posteriormente Fundación Joxemi Zumalabe-, como grupos responsables de la «lucha de masas» u «organizaciones de presión social»; el sindicato LAB, como departamento con responsabilidades en la lucha sindical, y Xaki, como responsable de la «lucha internacional». Todas ellas estaban coordinadas por una organización ilegal que se hacía llamar KAS -posteriormente Ekin- y que trasladaba a dichas empresas las órdenes que ETA (como «vanguardia» u organización líder) dictaba para conseguir sus objetivos. Todas estas organizaciones pertenecientes a ETA precisaban de financiación para subsistir, por lo que obtenían fondos procedentes de subvenciones -muchas a fondo perdido- de los gobiernos autonómicos y provinciales del PNV e incluso a través de una red de empresas dependientes de las mismas que les confería cierta «independencia económica» de los recursos que ETA conseguía mediante extorsiones y secuestros.

El buen desarrollo del macrojuicio que empieza hoy podría contribuir decisivamente al fin de ETA y su entramado. A partir de este día, todos los responsables de Kas-Ekin, Xaki, Fundación Joxemi Zumalabe, Egin y las red de empresas financiadoras serán juzgados en la Audiencia Nacional para hacer así justicia a todos los familiares de los 857 asesinados y miles de heridos por ETA. Víctimas del terrorismo, amenazados y ciudadanos espontáneos acudiremos a todas las vistas orales de este importantísimo juicio que, por lo que a mí concierne, demostrará (o no) el grado de independencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo, máxime cuando se palpa una más que indeseable negociación entre el Gobierno y ETA. En este juicio, plantaremos cara a nuestro enemigo en todos los «frentes de lucha»: el mediático, el judicial y el frente de masas. Sólo espero que cuando vuelva a ver a mi padre pueda mirarle a los ojos y decirle que, al menos, no enterré los talentos que se me dieron en la tierra para invertirlos en la justicia de nuestro país.

El "macrojuicio" contra ETA puede volverse contra Zapatero
Editorial Elsemanaldigital 21 Noviembre 2005

Se juzga en Madrid a los colaboradores civiles de ETA. El PSE de Patxi López desea ahora pactar con los batasunos, pero esto no debe afectar al Estado de Derecho.

21 de noviembre de 2005. Comienza hoy en la Casa de Campo de Madrid el llamado "macrojuicio" del sumario 18/98, que en su momento instruyó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra todo el aparato "civil" de la banda terrorista ETA. Era convicción de Garzón y es hoy argumento básico de la Fiscalía que ETA no es sólo un conjunto de comandos armados, sino que implica toda una red de apoyos sociales, periodísticos, ideológicos, económicos e informativos. El juicio es contra 56 acusados particulares, pero tiene implicaciones muy graves para todo el movimiento radical abertzale.

Corresponderá a los jueces valorar los argumentos de la acusación y de la defensa, como es propio de nuestro Estado de Derecho. Pero en la sociedad española, y concretamente en la vasca, pocos dudan de que grupos y empresas como KAS, EKIN, XAKI, Egin y Ardi Beltza, por ejemplo, no sólo han compartido las metas de ETA y han colaborado con sus asesinos, sino que se han coordinado en un mismo movimiento hasta integrarse en una sola realidad.

En realidad, los nacionalistas radicales despliegan sólo una defensa técnica, que utiliza las garantías ofrecidas por nuestro régimen constitucional, pero no niegan la acusación básica: ellos mismos hablan sin disimulo de un "movimiento de liberación nacional vasco", un camino único con diferentes expresiones hacia la independencia, en conexión con los terroristas.

Sin embargo, las circunstancias políticas en España han cambiado mucho desde que se inició el sumario. Durante las dos legislaturas de José María Aznar no sólo se emplearon legalmente todos los medios del Estado contra los asesinos y los extorsionadores, sino que se ampliaron los objetivos de la acción antiterrorista. Y así ETA, por primera vez, vio cómo los medios de comunicación e información que eran necesarios para su actividad eran puestos fuera de la Ley, y cómo dejaba de ser legal la acción política, sindical o juvenil si se realizaba al servicio de ETA.

Hoy los acusados ven cómo se piden penas entre los 10 y los 51 años de cárcel, además de la ilegalización definitiva de ciertas publicaciones y asociaciones. Pero el cambio de rumbo que ha supuesto en España la llegada a La Moncloa de José Luis Rodríguez Zapatero amenaza con dar la vuelta a la causa: para algunos, los acusados se están convirtiendo en acusadores, y están recibiendo apoyos insospechados.

Una primera señal preocupante vino de la misma Audiencia Nacional, que en vía preliminar decidió no considerar las organizaciones juveniles Jarrai, Haika y Segi parte de ETA, aunque está probado que esos grupos han realizado tareas de información, reclutamiento y entrenamiento para ETA, y que han desarrollado acciones de terrorismo callejero. Y esta decisión sorprendente ha sido recientemente completada con las declaraciones del secretario general del PSOE vasco, Patxi López, precisamente en el diario Gara, aceptando un acuerdo de gobierno con Batasuna en el futuro y negando que los procesados en este "macrojuicio" formen parte de ETA.

Una gran mayoría de españoles desea que ETA sea perseguida sin límites, y el PP espera "que la condena al entramado de ETA sea firme y definitiva". Sin embargo los cálculos electorales del PSOE y los deseos socialistas de "tregua y negociación" con los terroristas pueden impedir que se complete en este proceso el cerco a los asesinos. No se trata ya de condicionar la decisión de los magistrados, que debe ser absolutamente independiente; pero en ningún caso puede permitirse que los acusados empleen el juicio para plantear su postura política, que es –nadie lo niega- la de ETA. La responsabilidad sería de Zapatero y de quienes, como él, han preferido romper la unidad antiterrorista por razones de partido.

Un Preámbulo ambicioso, pero anticonstitucional
POR MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS ABC 21 Noviembre 2005

... No es admisible, en el debate público de estos días, ampararse en las frases más o menos retóricas que figuran en el Preámbulo, carentes como tales de eficacia jurídica, para sostener que todo lo que se afirma en el Preámbulo no debe preocupar a nadie...

ES ambicioso el Preámbulo del proyecto de Estatuto de Cataluña en cuanto abriga un deseo ardiente de conseguir poder, pero resulta anticonstitucional. No se califica adecuadamente ese texto diciendo sólo que es inconstitucional. El enjuiciamiento ha de ser más severo. No basta con afirmar que resulta inconstitucional. Es anticonstitucional.

Como tengo escrito en otro lugar, la norma inconstitucional es la que viola un principio o precepto de la Constitución. La declaración de inconstitucionalidad afecta a un componente del Ordenamiento, sin que resulte lesionado el conjunto de principios y reglas que lo integran. La disposición anticonstitucional, en cambio, aspira a cambiar los cimientos del edificio jurídico-político. Todo se derrumba. Sobre el solar de lo que antes había se pretende levantar otra manera de convivir políticamente.

He aquí lo que tendríamos si un día entrase en vigor el propuesto Estatuto de Cataluña. La Nación española, de unidad indisoluble, patria común e indivisible de todos los españoles, dejaría de ser el fundamento del sistema constitucional. El artículo 2 de nuestra Gran Carta se convertiría en letra muerta.

Algunos de los que defienden la corrección jurídica del proyecto de Estatuto alegan que las afirmaciones más discutibles, las más radicales, se encuentran en el Preámbulo. Para ellos estas declaraciones son intrascendentes. El Preámbulo -sostienen- no contiene normas jurídicas, directamente aplicables, sino postulados políticos y morales. Resultaría irrelevante para el Ordenamiento constitucional que se afirmase, por ejemplo, que «Cataluña considera que España es un Estado plurinacional» o que «El derecho catalán es aplicable de manera preferente». Ninguna importancia poseen tales enunciados si no son luego incluidos en el articulado del Estatuto.

Con esta argumentación se está reproduciendo la distinción entre declaración de derechos y garantía de derechos. Fue una polémica que se entabló entre los juristas a finales del siglo XVIII. Los Preámbulos de los textos constitucionales (también ahora de los Estatutos de Autonomía) serían demasiado imprecisos para poder ser considerados auténticas prescripciones, mandatos de hacer algo o de dejar de hacerlo. «Se enuncian en los Preámbulos principios de carácter político, o incluso de carácter moral, pero no hay en ellos reglas jurídicas de obligado cumplimiento», se aduce en contra del valor de los Preámbulos.

Ha contribuido a crear el confusionismo la equiparación de los Preámbulos a las Exposiciones de Motivos que suelen encabezar las leyes. Se trata, sin embargo, de dos clases distintas de textos. En las Exposiciones de Motivos, como su nombre indica, el legislador explica las razones que le han llevado a elaborar las nuevas normas. El Preámbulo, por el contrario, anticipa las ideas que han de configurar el sistema constitucional, o el régimen estatutario, debiendo manifestar las opiniones en las que la mayoría está de acuerdo.

Ahora bien, en todos los Preámbulos constitucionales (también en los estatutarios) hay generalmente dos clases de afirmaciones. Unas son verdaderas prescripciones jurídicas que poseen la misma fuerza vinculante que los preceptos del articulado. Además de con las más asombrosas proclamas («Cataluña es una nación»; «España es un Estado plurinacional») nos topamos ahora con la siguiente declaración: «Este es un Estatuto de personas libres para personas libres», lo que parece querer decir que se elimina de Cataluña cualquier tipo de dependencia o servidumbre que atente contra la libertad de las personas. ¿Sólo en Cataluña?

En el Preámbulo, sin embargo, abundan las proclamaciones que no son auténticas normas jurídicas. Valga un ejemplo: «Cataluña es un país rico en territorio y gente, una diversidad que la define y la enriquece desde hace siglos y la refuerza para el tiempo venidero».

No es admisible, en el debate público de estos días, ampararse en las frases más o menos retóricas que figuran en el Preámbulo, carentes como tales de eficacia jurídica, para sostener que todo lo que se afirma en el Preámbulo no debe preocupar a nadie. La Constitución quedaría a salvo.

Una infravaloración constitucional de los Preámbulos ha sido rechazada por notables juristas que se han interesado por el tema. Concretamente en Francia se discutió mucho sobre el Preámbulo de la Constitución de 1946, luego reafirmado en el texto de la V República, en 1958. Como razón de peso en pro de la fuerza vinculante de los Preámbulos se dijo que en el referéndum se sometía a la aprobación popular la totalidad de los textos, con los Preámbulos incluidos, y que sería ilógico restar importancia a unas declaraciones efectuadas en los Preámbulos y sancionadas favorablemente de forma directa por los ciudadanos.

Los Preámbulos de las Constituciones (y de los Estatutos) deben ser redactados con especial cuidado ya que sirven de guía a los intérpretes. En ellos se condensa, en unos párrafos, lo que el constituyente (o el estatuyente) quiere regular. Un buen Preámbulo reduce las dudas y las incertidumbres que frecuentemente generan los documentos normativos.

Nos enseñó Georges Vedel que con el Preámbulo «se puede introducir un cierto orden en el caos». Y el maestro murió sin conocer el proyecto de Estatuto de Cataluña. ¿Qué nos diría ahora? El Preámbulo del proyectado Estatuto es, además de ambicioso y anticonstitucional, confuso, desordenado. Es el caos que, con su aguda mirada, entreveía el gran profesor francés.

Caótico y aislacionista. Juan Velarde Fuertes nos acaba de poner de manifiesto que el proyecto de Estatuto está impregnado de un particularismo enfermizo: para poder «vivir aparte» se acepta vivir mucho peor. Las palabras de Ortega en 1932 recobran especial actualidad: «El problema catalán es un caso corriente de nacionalismo particularista». No les importa romper vínculos con el resto de España. Se vivirá peor económicamente, culturalmente, judicialmente, financieramente, universitariamente, pero se vivirá aparte, de modo diferente. El gran objetivo, «el hecho diferencial», al alcance de la mano.

Desasosiego y juego sucio
El bienio radicalsocialista de ZP
Isabel Durán Libertad Digital 21 Noviembre 2005

A falta de un trimestre largo para que se cumplan dos años de la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero, España está sumida en un proceso de amplio retroceso democrático. La nueva alianza de las izquierdas nos retrotrae al guerracivilismo de hace siete lustros. Nos sume de hecho, inesperada y peligrosamente, en una vuelta atrás en el tiempo que nada bueno puede traer. La actitud y la acción de Gobierno de ZP producen inquietud y desasosiego. Inquietud porque el inquilino de La Moncloa juega con las cartas marcadas, y desasosiego porque su juego sucio hace que sea imposible predecir cual será la próxima puñalada por la espalda al interés general de los españoles, en aras de un partidismo sectario y destructivo para la Nación.

Si ayer sabíamos que, en vísperas del debate del Plan Ibarretxe, el presidente Rodríguez Zapatero se reunió en secreto en el palacio monclovita con Josep Lluis Carod Rovira y con Juan José Ibarretxe para hablar de la negociación con la banda terrorista ETA, hoy conocemos que secretamente ha transportado a su residencia oficial en el avión presidencial al máximo responsable de la Comisión europea, José Manuel Durao Barroso, a una cena celebrada semana y media antes de que el organismo comunitario tomara la decisión de favorecer al Ejecutivo zapateril en la OPA de Gas Natural sobre Endesa. Son sólo dos ejemplos.

ZP va de treta en treta. No sólo se desploma su imagen en las encuestas. Con él arrastra a las instituciones del Estado y a las supranacionales. El presidente ha conseguido que el terrorismo etarra saque pecho y que el nacionalismo antiespañol se crezca como nunca. Con sus malas prácticas, ha escenificado también porqué había que votar “no” a la mal llamada Constitución europea, que consagra los intereses coyunturales de los gobiernos de turno con instituciones comunitarias que vuelven la espalda al interés general de los ciudadanos europeos.

Pero lo más grave es que el presidente “rojo”, que ha hecho descarrilar a España del progreso y el avance democráticos, nos haya sumido en pleno siglo XXI en un bienio radicalsocialista sin escrúpulos cuya tramposa metodología supone el principio del fin de la democracia y de sus reglas de juego alumbradas en la Transición.

El fenómeno Zapatero
Del análisis político al psicológico
Agapito Maestre Libertad Digital 21 Noviembre 2005

Un ideólogo socialista escribe sobre “el fenómeno Rodríguez Zapatero” sin reparar en que éste es antes un asunto psicológico que político. Ignacio Sotelo, pobre, ya sólo sirve para dar una pobre cobertura ideológica a quien está necesitado de cura moral. En España estamos pasando del análisis de los sucesos del Gobierno a la evaluación psicológica del sujeto que preside tan alta magistratura. Después de las últimas encuestas, casi nadie cuestiona que Zapatero, el presidente del Gobierno, es el origen de buena parte de los grandes problemas de España, especialmente es el principal irresponsable, junto a algunos otros miembros de su Gabinete, de cuestionar la unidad de España. Al pasar de solución a problema, de hombre de gobierno a individuo sin prudencia política, el presidente de Gobierno ha dejado de ser sujeto de atención política para pasar a ser objeto de análisis psicológico.

Las columnas sobre la capacidad intelectual de Zapatero empiezan a ser superiores a los textos que analizan las graves consecuencias que traen aparejadas su toma de decisiones. Algo grave está pasando en España, cuando pasamos del análisis de acciones y hechos políticos más o menos contrastables a evaluaciones psicológicas sobre el presidente del Gobierno. “No es tan tonto como la gente cree”, “no explica para evitar dar pistas a los adversarios”, “algo tendrá el hombre cuando ha llegado a secretario general del PSOE”, “ha dado muestras de inteligencia al recibir a los manifestantes contra la LOE” y así podría seguir citando “frases” que, de una u otra forma, se refieren a las capacidades intelectuales del presidente del Gobierno. Es para sentir vértigo, si fuera verdad lo que ha dicho Vidal Quadras de Rodríguez Zapatero: “tiene menos inteligencia que un mosquito”. Y, ciertamente, siento vértigo, pues que, si hay alguien en España del que no puede ponerse en duda su inteligencia, este es Alejo Vidal.

No se trata, en fin, de descalificar a Zapatero, porque nos guste más o menos su política, sino que ante la imposibilidad de comprender cuáles son los fines que quiere para España, los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a recurrir a cualquier tipo de “ciencia”, incluida la psicología, para averiguar cuál es la patología de un político, de un hombre público, del primer representante del Gobierno, que no quiere, no sabe o no puede explicar a sus ciudadanos qué pretende hacer con la nación española. Acaso, por eso, el estudio psicológico de un personaje público puede ser de gran utilidad para ayudarnos a conocer sus reacciones ante un determinado problema. Saber de la psicología de un político, sin duda alguna, puede orientarnos para comprender tanto la relación con sus compañeros de partido como con sus adversarios políticos.

Pero, no nos engañemos, sólo recurrimos al estudio psicológico, a veces psicopatológico, de un político, cuando no logramos entender ni su discurso intelectual ni su acción de gobierno. Precisamente, por eso, a los columnistas y analistas políticos no les queda otro remedio qué buscar las capacidades intelectuales del hombre que parece llevarnos, según también las encuestas, al despeñadero. Sin embargo, hay gentes que se autoproclaman “intelectuales” y “científicos sociales”, como Ignacio Sotelo, que prefieren cantar las bondades ideológicas del “fenómeno Rodríguez Zapatero, incluso justificar arteramente su carencia absoluta de “discurso programático” –hay que ser muy necio, intelectualmente hablando, para mantener que un político demócrata no necesita un discurso programático-, antes que reconocer que estamos ante un “fenómeno, sí, psicológico”, casi patológico, que está arruinando un país.

Moncloa no descarta una crisis de Gobierno
Pablo Sebastián Estrella Digital21 Noviembre 2005

El suspenso de la última encuesta del CIS ha encendido las alarmas en el Palacio de la Moncloa y en el PSOE, lugares donde no se descarta una crisis de Gobierno y la ruptura de las negociaciones sobre el nuevo Estatuto de Cataluña para provocar su devolución a Barcelona, una vez que el tripartito catalán les apruebe los Presupuestos del 2006. Y para intentar poner fin a una polémica y a una política errónea que no sólo daña las expectativas electorales del PSOE sino que está poniendo bajo mínimos la credibilidad y la capacidad política del presidente Zapatero y de su Gobierno. Basta ver a Zapatero perdiendo los nervios y el talante hablando “bazofia informativa del PP” y a su ministro Montilla, bajo sospecha de corrupción y tráfico de influencias políticas, insultando a los que democráticamente les piden una explicación o su dimisión.

La estrategia de culpar al PP de la crispación o del deterioro del presidente y del PSOE en las encuestas del CIS carece de la menor credibilidad porque numerosos dirigentes del PSOE —ayer mismo lo repetía Alfonso Guerra, criticando el Estatuto de Cataluña y pidiendo un pacto con el PP— y notorios miembros del Gobierno, como el titular de Defensa, José Bono, coinciden con el Partido Popular a la hora de rechazar el proyecto de Estatuto catalán y de reforma constitucional. Dos arriesgadas iniciativas pilotadas por nacionalistas y abanderadas por un presidente del Gobierno que, desde una exigua minoría parlamentaria y sin saber a dónde va, se ha internado en un laberinto de donde no sabe salir y donde cada día que pasa parece más perdido.

El mensaje de “optimismo” lanzado por la Moncloa en el diario El País este domingo, diciendo que se va a reafirmar “el núcleo duro del Gobierno”, integrado por Zapatero, De la Vega, Solbes, Serrano, Moraleda, Rubalcaba y Blanco, es patético por la calidad y capacidad política de muchos de los citados, excepción hecha de De la Vega y Solbes, lo que prueba que la crisis del Gobierno está en puertas y es más necesaria que nunca. ¿Cómo van arreglar la crisis del Gobierno y del PSOE con unos fontaneros de segundo nivel? Rubalcaba, el más experimentado de todos, hace semanas que ya se ocupa un poco de todo, del Parlamento, del Gobierno y del PSOE, lugar donde haría falta hacer otra crisis del equipo directivo.

Además, el propio vicepresidente Solbes ha hablado más de una vez de su cansancio político y sus dolores de espalda —“soy como el abuelo de Heidi”, dijo hace poco—, insinuando su retirada, y el ministro de Defensa, José Bono, el político mas valorado en las encuesta del CIS, ha dicho a quien ha querido oírle y delante del Rey que está decidido a abandonar el Gobierno si sigue adelante el Estatuto catalán. El problema de Bono está en que si no dimite lo van a cesar, porque Zapatero y su entorno creen que está jugando sus cartas para sustituir al presidente en caso de problemas de una mayor envergadura. Una eventualidad extrema para la que en ciertos círculos del PSOE —de Prisa y Gobelas, o de Polanco y González— ya se ha mencionado más de una vez el nombre de Javier Solana.

Del resto del Gobierno, y salvo muy pocos casos
—Interior, Justicia, Sanidad—, nada positivo a destacar, salvo señalar que empeoran con su mala imagen y gestión pública la propia imagen del presidente. De manera que lo del “núcleo duro” es un truco infantil, un parche que podría solucionar un pinchazo pero que no arregla los fallos del motor ni del piloto del vehículo del poder. Y que desvela que el problema planteado no es sólo del presidente y de su Gobierno, sino también del equipo monclovita y de la dirección del PSOE, donde José Blanco está demostrando una incapacidad personal y política a juego con la de Zapatero en el Gobierno.

Y aunque el relevo en numerosos ministerios del Gobierno —Exteriores, Industria, Fomento, Cultura, Medio Ambiente, Trabajo, Educación, Vivienda y Agricultura— es una necesidad perentoria y le daría un respiro al presidente, sería insuficiente si no se produce un cambio radical en las políticas que se habían convertido en el objetivo de la presente legislatura, como la reforma constitucional y de los Estatutos de Autonomía, así como la negociación con ETA, que de momento no conduce a ninguna parte y que no será viable sin el consenso del PP.

Porque si a la crisis de Gobierno no se le añade la liquidación del Estatuto catalán, siguiendo el modelo del Plan Ibarretxe, es decir, devolviéndolo a sus autores para que sean ellos quienes lo rectifiquen, el deterioro actual del presidente irá a más y en caída libre. Y además resulta impensable que políticos de primer nivel y de talento, visto lo que pasa en la Moncloa, se quieran embarcar en un Gobierno que viaja sin rumbo y a la deriva. Y si no hay crisis de Gobierno ni de proyectos políticos, el presente y el futuro de Zapatero será tan complicado como el de su aliado Pasqual Maragall, hoy preso de su partido y pendiente para su supervivencia política del incierto o más bien negro futuro del Estatuto catalán. La piedra de granito que se colgó del cuello antes de echarse a nadar.

Lo que quieras Montilla, pero dimite y devuelve el dinero
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 21 Noviembre 2005

El todavía ministro de Industria, pese a descubrirse que está financiado por La Caixa, actor esencial de la OPA hostil sobre Endesa, se niega a dimitir. El todavía ministro de Telecomunicaciones, pese a tener a su cargo y bajo su protección a todos los medios de comunicación, privados y públicos, sigue insultando a los pocos que piden su dimisión. Pero por mucho que insulte y por mucho que ataque, la cuestión de fondo no cambia: el secretario general del PSC debe dimitir como miembro del Gobierno de Zapatero y debería abandonar cuanto antes la dirección política de su partido, porque el Gobierno tripartito toma a diario multimillonarias decisiones que afectan a La Caixa, la entidad que le ha regalado mil millones de pesetas, obviamente a cambio de sus futuros favores. ¿O son ya pasados? ¿O siguen siendo presentes? En todo caso, Montilla debe dimitir.

Y puesto que ERC también ha sido descubierta como una receptora de los favores de La Caixa, no estaría mal que dimitiera también su secretario general, porque lo que puede decirse de los mil millones regalados al PSC también puede afirmarse de los más de cuatrocientos regalados a los republicanos, al parecer para chantajearlos en la regulación de las autopistas, o eso han dicho para excusar su condición de morosos.

Por cierto que el CAC, Consejo Audiovisual de Cataluña, está presidido y compuesto por distinguidos militantes o simpatizantes del partido del señor Montilla. ¿Sería mucho pedir que se abstuvieran en todo lo que se refiera a la COPE, entidad privada a la que el señor Montilla, pillado en un gravísimo delito de financiación ilegal, distingue con sus injurias? ¿Cabe esperar del socialista que la dirige un comportamiento seriamente democrático y mínimamente razonable cuando su jefe político trina y truena a diario contra ese medio, precisamente por denunciar la corrupción que representa y criticar el Estatuto anticonstitucional que ha pergeñado? ¿O es que el CAC, como en una puesta en escena de "La hija del Capitán" valleinclanesca a cargo de "El Joglars", está dispuesto a tapar el robo de un billete premiado de lotería con un Golpe de Estado? Y hay muchas formas de golpismo y de dictadura. Silenciar a los medios críticos es una de las más conocidas. En rigor, la diferencia entre una dictadura y una democracia es que en una democracia el Gobierno está bajo sospecha de los medios de oposición y en una dictadura el Gobierno tiene bajo sospecha a los medios de oposición. ¿A qué se parece más la Cataluña de Montilla? ¿A qué se parece más, señores del CAC?

Dimite, Montilla. Y devuelve el dinero. Para cavernas, las de Sierra Morena.

Montilla o la intimidación
EDITORIAL Libertad Digital 21 Noviembre 2005

Sin descanso, como gato panza arriba. José Montilla, ministro de Industria y líder del PSC, ha vuelto este fin de semana a arremeter contra la cadena COPE, con más virulencia si cabe que en anteriores ocasiones. Fue durante la sesión de clausura de la IV Conferencia Nacional del socialismo catalán. La ocasión la pintaban calva para galvanizar a los suyos y para, ya de paso, mostrar públicamente que, no sólo no piensa desdecirse, sino que irá aun más lejos en el insulto y la descalificación de quiénes no piensan como él. A las ya consabidas, y casi obligatorias, invectivas contra el editor de Libertad Digital y el director del diario El Mundo, le sumó ataques al PP en la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Según Montilla, los populares Rajoy y Esperanza Aguirre, y cierta prensa –a los que bautizó como "derecha nacionalcatólica"– no hacen más que crispar a conciencia e inventarse conspiraciones y tramas ocultas en torno al 11-M. Dicho esto, terminó adobando el pastel con una referencia a la supuesta "caverna mediática" que se opone al Estatuto. Muy mal debe andar el inquieto y mitinero ministro cuando ha sacado del armario uno de los fetiches prohibidos del PSOE. Desde el cierre de la Comisión parlamentaria, no se han prodigado demasiado los mandarines socialistas con el 11-M, por lo que cabe suponer que si Montilla ha echado mano de él es que se encuentra muy nervioso. Otra referencia antológica del mitin fue comparar la oposición que el PP está llevando a cabo actualmente con la de hace diez años, oposición que para Montilla fue modelo de "crispación política y descalificación". Ni una cosa ni la otra fueron necesarias entonces, ni lo son ahora. El PSOE gobernando se descalifica solo, sin ayuda de nadie.

Exactamente igual que el propio Montilla, que debería presentar su dimisión de inmediato por dos motivos que, en otro país, hubiesen constituido un gran escándalo. El primero es que el todavía ministro regulador del sector audiovisual no tiene bien claro que ni debe ni puede seguir vilipendiando a una cadena de radio y a un periódico, por el simple hecho de ejercer su sagrada libertad de expresión. Como no lo entiende y sigue erre que erre con sus ataques, no le queda salida más honrosa que dimitir, ya mismo, sin esperar a que le vuelva a tentar su furor liberticida, que volverá a hacerlo. El segundo es que, el todavía mandamás del PSC, no se entera o no se quiere enterar de que su partido está envuelto en un embarazoso caso de financiación ilegal. ¿O acaso pensaba que pedir un crédito y no pagarlo es muy distinto a lo que hacía Fali Delgado en Ferraz y Galeote en Filesa?

Cualquiera de las dos tiene entidad suficiente para hacer que el ministro dimita sin más dilación. No es digno de ocupar un cargo de tanta importancia, porque ha cometido la imperdonable ligereza de insultar e intimidar a periodistas y medios de comunicación que son críticos con su Gobierno. Eso no se ha visto en ninguna democracia civilizada y sí es, en cambio, tristemente habitual las repúblicas bananeras y democracias de pacotilla. Cada día que pasa y Montilla sigue siendo ministro, nuestro país se aleja más de las primeras y se acerca más a las segundas. Tampoco es digno de ocupar un alto cargo en un partido político que ha pedido y no ha devuelto mil millones de pesetas de una caja de ahorros que, a su vez, espera del Gobierno un trato de favor en una gran operación financiera. Este mes que ha sacado a la luz lo peor de un ministro impresentable sólo puede terminar con el fin político de ese ministro. A estas alturas, la dimisión para Montilla ya no es una opción, es un imperativo.

Cataluña
CAC...
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 21 Noviembre 2005

El viejo abismo entre la España real y la oficial pervive en Barcelona, que lo mantiene por si algún día un epígono de Machado presiente que una de las dos Cataluñas ha de helarte el corazón y un epígono de Joan Manuel Serrat quiere cantarlo. Tales seguidores aún no han nacido. A lo sumo, estarán siendo programados en un aula de inmersión neurolinguoemocional.

Sólo en un país cocido largamente en su propio jugo, endogámico y sedado a conciencia por televisiones públicas, diarios compradetes y emisoras sometidillas se concibe que una cosa como el CAC haga lo suyo (caca) sin que se organice un fenomenal escándalo. Aquí parece de lo más normal que un organismo envíe informes a empresas de comunicación, cite y valore frases pronunciadas por sus colaboradores, advierta de desviaciones en el ejercicio de la sagrada libertad de expresión y conceda plazos para presentar alegaciones. ¿Quién se han creído que son? La mera existencia del CAC es una agresión.

La libertad de expresión es inherente a la sociedad abierta y no admite más limitaciones o matices que la previsión de delitos como los de injurias y calumnias en el Código Penal. Cualquier intento de regularla por parte de las administraciones no sólo es inaceptable; es signo inequívoco de que la democracia está gravemente amenazada. Y exige una reacción de los afectados presentes y futuros. En el sucio y maloliente asunto CAC, los amenazados presentes somos todos los colaboradores de la COPE. En cuanto a los futuros, los cacos ya están apuntando a El Mundo y a Carlos Herrera.

Sería insensato que los discrepantes de la línea editorial de la COPE no se opusieran el cercenamiento de las libertades de sus adversarios. Sería no comprender que lo que está en juego es innegociable, que no tienen ninguna posibilidad de imponerse sobre la libertad, que no nos callaremos, que no renunciaremos a criticar al poder con claridad. Reflexionen: si se impusiera la filosofía del CAC, ningún medio de comunicación estaría seguro en Cataluña.

Siervos indignos, muchos callan ante la represión que un día puede girarse contra ellos. Comisarios políticos con sede en medios encabezan el linchamiento, preparan la atmósfera para que el tripartito se provea de razones antes del acto inadmisible que proyectan. ¿Qué enfermedad nos aqueja cuando los periodistas aplauden junto a los políticos revelando su unidad esencial? ¿Qué ética se ha impuesto para que la expectativa o mantenimiento de favores y subvenciones pueda más en las empresas que la independencia de criterio? El CAC sólo conviene a quienes sueñan un espacio de impunidad para sus condonaciones, comisiones, convolutos y abusos. El día menos pensado incluyen un nuevo derecho en el estatuto: el derecho a abusar del poder.

Barroso, de la foto de las Azores al avión de Rodríguez
José Javaloyes Estrella Digital21 Noviembre 2005

Será la sintonía ibérica (siempre con Madrid, mande quien mande) aquello que prevalece en Durao Barroso. Por el 2003, en las vísperas de la Guerra de Iraq, cuando el ahora presidente Rodríguez era todavía oposición y crecía políticamente en la calle, compartiendo pancarta con Llamazares, el entonces primer ministro de Portugal y cuarto integrante de la foto de las Azores, con Bush, Blair y Aznar, preside ahora la Comisión Europea y comparte en la Moncloa cenas de tapadillo, secretas (hasta que lo dejan de ser), con quien dos años atrás, a propósito de la intervención angloamericana en Iraq, tenía en sus antípodas políticas.

El presidente del Gobierno, faltaría más, usaba de nuestros recursos como contribuyentes para enviar su avión a Bruselas, para traerse al invitado y para devolverlo a Flandes tras los postres. El dispendio lo explicaba el interés del encuentro, muy poco general y sí mucho partidista.

El portugués guardaba el son con Madrid, como en los tiempos de Aznar, y su anfitrión de la actual Moncloa soñaba con el Cuadro de las Lanzas. Ponía otra pica en Flandes al servicio del imperio energético que se quieren montar los nacionalistas catalanes, a través de La Caixa, con la OPA de Gas Natural contra Endesa. La pica puesta era la atribución al Gobierno de aquí de la jurisdicción sobre la OPA, que, por razón de las circunstancias (rebus sic stantibus), correspondía a la Comisión Europea. Así cupo explicar, días después de la cena, que la comisaria de la Competencia dijese que no concurrían circunstancias “excepcionales” para justificar el cambio de criterios contables planteado por Endesa. Cambio preciso para que el asunto de la OPA fuera analizado desde la imparcialidad Bruselas y no desde la doble condición —juez y parte— del Gobierno de Rodríguez. La bazofia política es un hecho, la “informativa” —de que habla el destemplado Rodríguez—, un explicable desahogo por la falta de argumentos convincentes y razonables.

Desvelado el tapadillo, los portavoces de la Comisión confirmaron que en la cena de la Moncloa se había abordado el asunto de la OPA. ¿De qué otra cosa se podía hablar para que tuviera algún sentido el secreto montaje de la cena dentro de la ejecutoria gubernamental menos transparente, más opaca, que se recuerda desde el principio de la Transición? Lo del sitio político puesto a Endesa por el Gobierno y sus aliados del tripartito era menos el plato principal que el único plato de aquel encuentro: ágape con prólogo y epílogo también a cargo del contribuyente. Al que se quiere prefigurar como doblemente pagano —con los impuestos y con las tarifas energéticas— de esa tramada captura nacionalista del mercado energético nacional.

El papelón de Durao Barroso ha puesto en un brete a las propias instituciones de la Unión Europea, toda vez que ahora es el Tribunal de Luxemburgo al que llega la patata caliente del recurso presentado por Endesa. El recurso a Luxemburgo es otro test a la Unión Europea como universo de garantías frente a los abusos y los dislates del desprestigiado y en barrena poder gobernante.

La palma de los méritos se las lleva el titular de Industria. Como no pasó del primer curso de Derecho —ni tampoco del primero de Medicina—, el ministro Montilla muestra en todo su esplendor el cuadro carencial de que adolece, al no ser suplido por el excedente de saberes jurídicos del licenciado leonés anfitrión de Barroso. Si Montilla reguló el espacio radioeléctrico con efectos retroactivos para que la Comunidad de Madrid no disponga de un segundo canal analógico de televisión, como otras Autonomías, recompuso ex post, tras del lanzamiento de la OPA, la Comisión Nacional de la Energía, y elevó puntualmente el precio del gas para que el portainjerto de la operación de La Caixa pudiera elevar el componente líquido del precio ofrecido por la acción de Endesa. Eso, y las inducidas presiones sobre la compañía “opada” de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, conforma un bloque de evidencias que habrá de contar, necesariamente para los jueces de Luxemburgo, a los que no parece previsible que el presidente Rodríguez monte otra cena en la Moncloa. Ya es mucho subvertir la ética del Estado, al constituirlo en lobby de los partidos que le sostienen en el Parlamento.

En lo que se refiere al presidente de la Comisión Europea, posiblemente sean la cena y el avión de Rodríguez un error más grave que el sustanciado en la foto de las Azores. Le ha hecho quedar mal a él, personalmente; ha puesto la Comisión que preside a los pies de los caballos, y ha dejado para el arrastre la propia imagen del Gobierno español. Un Gobierno que igual renuncia a lo que no debe, como a la batalla de los fondos y a la estructura diplomática de siempre sobre Gibraltar, que pelea por una causa
—la de La Caixa sobre Endesa— que se imbrica con la del Estatuto de Cataluña y colisiona con la independencia del mercado, compromete la unidad nacional y menosprecia el sentir mayoritario de los españoles.

Mejor que en Madrid hubiera cenado Barroso, tras de un vuelo regular con la TAP, en su Lisboa antigua y señorial.

jose@javaloyes.net

La nación española
ANTONIO ELORZA El País 21 Noviembre 2005
 
Una reciente entrevista de Pasqual Maragall permite apreciar el doble juego de que se sirve el político catalán para lograr que su proyecto adquiera un barniz de constitucionalidad. Por un lado, insiste una y otra vez en que considera España como una nación de naciones, lo cual le aproxima al juego de "nación" y "nacionalidades" que refleja el artículo 2 de la Ley Fundamental. "Nosotros somos una nación de naciones que tiene un Estado", define. Pero de inmediato añade que las "varias" naciones que lo integran son en número de "tres seguras, y alguna probable" (Abc, 6 de noviembre). Dado que en una reunión con partidos nacionalistas celebrada después del 30 de septiembre identificó a esas tres naciones como Cataluña, Euskadi y Galicia, la consecuencia no ofrece dudas. La plurinacionalidad corresponde en el caso español al Estado, de acuerdo con la caracterización fijada en el nuevo Estatuto: "Cataluña considera que España es un Estado plurinacional". Nunca en el articulado del Estatuto aparece España; siempre "Estado español". "Gozan de la condición política de catalanes los ciudadanos del Estado..." (artículo 7). La confusión se mantiene porque ni Maragall a título personal ni el proyecto de nuevo Estatuto rechazan ese marco estatal hispano, aun cuando en el segundo pueda ser dicho de Cataluña que "su espacio político y geográfico de referencia es la Unión Europea" (artículo 3). A diferencia del valle de Arán, que es "una realidad nacional occitana", España queda fuera de la lucha por ese título.

El problema planteado por el nou Estatut no es, pues, la afirmación nacional de Cataluña. Éste sería sólo un obstáculo formal perfectamente superable si la concepción del tema descansara sobre ese engarce entre naciones como la vasca o la catalana y el eje nacional español, en torno al cual está configurado el Estado-nación desde que la Constitución de Cádiz definiera su contenido en 1812. El problema reside en la negación que de hecho recae sobre la nación española. Por eso los redactores se preocupan de algo tan insólito como definir qué es España. La nación catalana queda entonces como un sujeto "singular", desligado por su supuesta historia y rasgos propios de cualquier otra entidad nacional. De ahí el postulado del derecho de autodeterminación (Cataluña puede "determinar libremente su futuro como pueblo"), a partir del cual, respecto del Estado, y en eso el proyecto es coherente, las relaciones políticas se establecen de acuerdo con "el principio de bilateralidad". De ese federalismo que según Maragall constituye la base del socialismo moderno, nada.

La declaración de que España no es una nación se encuentra ya en textos catalanistas de fines del siglo XIX y ha mantenido su vigencia entre nacionalistas radicales, y otros que no lo parecían tanto. Su presencia en medios académicos se vio reforzada por la publicación en 1990 de un artículo del historiador Borja de Riquer. A su juicio, la monarquía de los Borbones no habría logrado "integrar de forma eficaz los muy heterogéneos países hispánicos" -como si Alemania o Italia lo estuvieran entonces- y el proyecto de nación española fue posterior a la pérdida del imperio en América. Resultó un intento fallido. Consecuencia: "¿Se puede hacer historia de lo que no ha existido, de la 'nación española'?". Respuesta obvia: "No se puede hacer mitología y pretender historiar lo que no fue, lo inexistente". En años sucesivos, la condena de la nación se hizo más matizada, sin alterar el papel jugado por el imperio, situando en las Cortes de Cádiz el acta de nacimiento de ese proyecto al fin fallido.

Quedaba por superar el obstáculo de esa guerra de Independencia que según la interpretación tópica fuera un estallido de resistencia nacional. La investigación de J. Álvarez Junco, hoy presidente del Centro de Estudios Constitucionales, pareció eliminarlo. "La lucha", diagnostica este autor en su Mater dolorosa, "no tuvo nada que ver con un intento de liberación e independencia nacional". Añade que nadie habría hablado de independencia hasta que el término surgió como eco de los procesos de independencia en América. La guerra de Independencia fue así una invención tardía y el "mito nacional" español emerge cuando "la soberanía nacional se convirtiera en el caballo de batalla de las primeras -y decisivas- sesiones del debate constitucional". Consciente o inconscientemente, la tesis catalanista recibía un respaldo más que estimable.

Sólo que los documentos dicen otra cosa. Hay una lucha armada que se autodefine de liberación y por la independencia desde el primer momento, y con esas palabras. A principios de junio de 1808, la Junta Suprema de Sevilla declara la guerra a Napoleón por la independencia y a partir de ese momento hay independencia hasta en la sopa. Luego de invención de la guerra de la Independencia, nada. El protagonista colectivo de la insurrección patriótica asume el nombre de nación, obviamente por la pluma de una minoría de ilustrados, y en nombre de la "soberanía nacional" exige una reforma política con la convocatoria de Cortes como eje. No es el debate en las Cortes lo que hace entrar en escena a la nación y a la soberanía nacional españolas; es la generalizada asunción de ambas lo que determina la convocatoria de Cortes. La Constitución procede de la nación española, y no a la inversa, surgiendo al mismo tiempo la imagen de su composición plural. Por algo la de Cádiz es la primera Constitución de la historia que precisa, y en su primer artículo, el contenido del Estado-nación, según advierte Miguel Artola. Más tarde, y con el desplome económico como telón de fondo, vinieron los estrangulamientos y las limitaciones en la construcción de la España liberal y en el proceso de construcción nacional. Pero la nación española no fue un invento de la revolución liberal. Lo explicó en su día Pierre Vilar: el nuevo régimen se establece en nuestro país coincidiendo con la desaparición de las precondiciones que lo hicieran posible. Y es la demostración de las limitaciones subsiguientes en el funcionamiento del Estado, visible en el doble episodio de la guerra de Cuba y del desastre ante Estados Unidos, lo que sirve de palanca al ascenso político de los nacientes movimientos catalán y vasco.

Más tarde, la modernización española a partir de la década de 1960 sentó por fin las bases económicas y culturales de una integración eficaz en el Estado-nación español. Sólo que a esas alturas, y con el franquismo creando la imagen aún vigente hoy de identificación entre nacionalismo catalán o vasco y progresismo, la consolidación de ambos movimientos era ya un hecho inevitable. Y ha sido precisamente el éxito de las dinámicas de construcción nacio

-nal en ambas comunidades, más la incidencia de ETA en un sentido de radicalización, lo que explica el doble reto que encarnan, cada uno a su modo, el proyecto de Estado asociado vasco y el nou Estatut, contra el orden constitucional de 1978. Aplicando el esquema interpretativo que Tocqueville planteara para la Revolución francesa, la alternativa al vigente Estado de las autonomías no es producto del fracaso ni de la miseria, sino de un sentimiento de insatisfacción en las élites catalanas y vascas que surge del mismo proceso de crecimiento y de afirmación nacional puesto en marcha a partir de la transición.

Ahora bien, una cosa es que una toma de posición política sea explicable, y otra que sea obligado comulgar sin más con sus planteamientos, en este caso verdaderas ruedas de molino consistentes en falsas evidencias. Su composición puede ser plurinacional, pero España no es una simple superestructura estatal que cubre una serie de realidades nacionales, como ocurriera con Yugoslavia y el Imperio austro-húngaro. La identidad hispánica cuenta con un larguísimo recorrido secular, desde el De laude Hispaniae de Isidoro de Sevilla y el lamento por "la pérdida de España" de la crónica mozárabe del año 754, lo cual en modo alguno significa que entonces existiera una nación española, como sin duda afirmarían nacionalistas vascos y catalanes si contaran con tales antecedentes, pero sí que esa identidad no es un invento del siglo XIX. Incluso los mitos nacionalistas románticos arrancan de atrás. En su reciente libro Las esencias patrias, Fernando Wulff nos recuerda la significación de la Numancia de Cervantes, recuperada por Alberti en la guerra civil, con una España personificada de protagonista, y de la Historia de España de Mariana. En torno a 1600, la conciencia de crisis económica propicia una presencia constante del sujeto España en las obras de arbitristas y literatos. El Imperio no está ausente, si bien para subrayar la cadena de dependencias: España como las Indias de Europa. No hay una suplantación de España por su imperio colonial, ni siquiera cuando en la Ilustración el periódico El Censor la denomine Cosmosia. De nuevo una conciencia aguda de los problemas, ahora culturales, políticos y económicos, vinculados a la problemática modernización, es lo que genera esa dimensión nacional que literalmente estalla en 1808.

El factor económico interviene en lo sucesivo a la hora de provocar estrangulamientos decisivos en la eficacia de los agentes de socialización (escuela y ejército), en la configuración del mercado nacional y de la política exterior, de manera que en el tránsito de la monarquía de agregación del Antiguo Régimen al Estado-nación las fracturas de éste abren paso a las alternativas de los nacionalismos. Las dobles identidades estaban ya consolidadas en el 800 y la federación -algo bien distinto de la confederación-, entonces como ahora, resulta la única fórmula viable de articulación democrática para España. Claro que también cabe emprender el camino de la disgregación y de las identidades únicas a que apuntan sin reservas los proyectos nacionalistas de Cataluña y de Euskadi.

Antonio Elorza es catedrático de Ciencia Política.

El discurso del odio
Santi Lucas elsemanaldigital  21 Noviembre 2005

El Grupo Parlamentario Popular, a través del diputado Gustavo de Arístegui (quien acaba, por cierto, de publicar su nuevo libro La yihad en España, muy a propósito de este asunto), va a defender mañana martes en la sesión del Pleno de la Cámara Baja una muy interesante Proposición no de Ley sobre la prohibición de entrada a los ideólogos del fundamentalismo islámico en España.

El detonante de la iniciativa política ha sido la reciente presencia en nuestro país de un siniestro personaje llamado Tareq Ramadán, que excusa y minimiza el terror allá por donde diserta. Este andoba estuvo aquí para intervenir en un encuentro auspiciado por la mandanga de la Alianza de las Civilizaciones y patrocinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Desatada la polémica por la indignante hospitalidad oficial a Ramadán, frente a la prohibición expresa que pesa sobre él para entrar en otros países de la Unión Europea, el presidente Zapatero, y a pesar de haber anunciado su presencia en el mismo acto, hizo mutis por el foro y evitó salir en la foto.

La Proposición del PP dice algunas cosas que merece la pena tener en cuenta y reflexionar sobre ellas. Por ejemplo, que el cerval odio hacia Occidente, traducido en los brutales ataques terroristas de Nueva York, Madrid y Londres, se ha ido cultivando desde hace mucho tiempo por parte de los ideólogos del islamismo más radical. "El discurso del odio es la motivación indispensable para que los terroristas cometan sus masacres". El fanatismo requiere un adoctrinamiento constante que se imparte y se recibe, en ocasiones, delante de nuestras propias narices.

"La lucha contra el terrorismo debe implicar, necesariamente, una lucha contra los ideólogos del fanatismo asesino". Los discursos del odio dejan huellas y surcos que hay que perseguir y borrar para que otros no sigan esa estela terrible. Una alianza muy positiva para salvaguardar la libertad y la democracia civilizadas sería, por ejemplo, la de identificar y fichar internacionalmente a los apologistas del terror y declararlos personas non gratas en nuestro país.

Las sociedades libres no pueden permanecer pasivas ante quienes se proponen destruirlas, socavando sus valores y fomentando el terror impunemente dentro de sus propias fronteras. Creo que la oportunidad y objetivo de este planteamiento merecen ser respaldados por todas las fuerzas políticas. Pero, claro, olvidaba que el tripartito (PSOE-ERC-IU) tiene prohibido apoyar ninguna propuesta que venga del PP. Si es así mañana en el Congreso de los Diputados, se habrán retratado con Ramadán.

Sumario 18/98: que nos traicione el Gobierno, pero no el Estado
Santiago Abascal elsemanaldigital  21 Noviembre 2005

Hoy comienza el mayor juicio de nuestra Historia contra la mafia etarra. Dentro del sumario 18/98 serán juzgados numerosos capos vinculados a una u otra de las tapaderas y negocietes de la Cosa Nostra vasca.

Esto preocupa al ex compañero de Fernando Buesa, que hoy dirige el PSE, que concede entrevistas al periódico de la banda, y que -o amenazado o ávido de entrar en el chiringuito- responde al reportero del Gara cuando le inquiere sobre si también él cree que los gudaris juzgados y las organizaciones disueltas son ETA. La respuesta de López es de juzgado de guardia: "Pues no, pero eso lo tendrán que dictaminar los jueces. Yo personalmente no lo creo así, pero pasamos una legislatura con Aznar en la que prácticamente toda Euskadi estaba bajo sospecha. No coincido con ese planteamiento. Ahora la Justicia tendrá que actuar en base a su independencia".

Vamos, que cuando el juez Garzón ordena el inicio de las detenciones, lo hace teledirigido por un Aznar al que, de modo enfermizo, detesta. Que los padrinos y madrinas de la ETA son vascos honrados y decentes a los que la dependiente Justicia aznarista encarceló e imputó para molestar. Y que ahora la independiente justicia zapateril habrá de absolver e indemnizar como Dios manda a las víctimas de Aznar , de su justicia particular y de su vasallo Nicolás Redondo.

Este Patxi López, que se pasa el día leyendo novelas en el Parlamento vasco, actúa como un frívolo y un indocumentado, sin principios ni convicciones. A ustedes, este juicio quizá les parezca excesivo, pero yo no encuentro otra explicación a tanta iniquidad, tanta mentira, tanto viraje y tanta traición. ¡Conceder una entrevista al periódico que jalea el crimen y da cuenta de los atentados –incluido el de Buesa- como acciones de guerra!

¿Qué ha pasado de Nicolás a Patxi? ¿Qué ha ocurrido entre 1998 y 2005? ¿Cuál ha sido el suceso que explica el cambio de sentido? El suceso es Zapatero.

Algunos seguimos teniendo claro que la ETA es un amplio conglomerado mafioso, y permanecemos, inquietos pero esperanzados, atentos al veredicto de la Audiencia Nacional. ¡Que el suceso del 14 de marzo de 2004 no haya penetrado en nuestra audiencia antiterrorista!

Tal es nuestra esperanza. Que no haya una Audiencia en 1998 y otra en 2005. Que la justicia permanezca al margen de los vaivenes, las traiciones, las sectas y las mafias.

En definitiva, que nos traicione el Gobierno, pero que no lo haga el Estado.

Si Zapatero fuera del PP
Eusebio Cedena Gallardo elsemanaldigital 21 Noviembre 2005

Imagine el lector a Rubalcaba y Blanco, esos malvados geniales que vuelven cada día el mundo del revés, en el escenario imposible de hacer oposición al presidente Zapatero si éste fuera del PP. Es un ejercicio edificante: adivinar a ambos cualificados socialistas, y otros de la cuerda, con sus lenguas afiladas y su limitado amor por la verdad, metidos en harina y pertrechados de todo su arsenal lingüístico, político, mediático y pancartero, que tan famosos les hizo, por ejemplo, el 11-M, para decirle a un Zapatero del PP lo que piensan de su forma de desgobernar.

Un suponer: ¿qué dirían Rubalcaba y Blanco de un presidente del PP que hubiera sufrido ya, en poco más de año y medio, cuatro grandes manifestaciones ciudadanas con millones de personas? ¿Qué dirían de un Zapatero popular que ha puesto España patas arriba para desbaratar todo lo del anterior Gobierno y aislar al principal partido de la oposición, pactando la legislatura con nacionalistas radicales y antiespañoles declarados? ¿Qué dirían de un presidente que ha rescatado del naufragio un Estatuto catalán inconstitucional y de voluntad insolidaria y rupturista? ¿Qué de un ZP en pie de guerra con todo tipo de sectores?

Imaginar el repertorio de Blanco y Rubalcaba, y corifeos, en tales circunstancias es como pensar en un pobre corderillo perdido en un bosque de lobos. Ay, si Zapatero fuera del PP.

¿Cómo no iban a entrar a saco cuando está sumido ya en su otoño y no ha hecho más que empezar? ¿Cómo no someter al acoso político más contundente a un presidente que encarna la debilidad y que paga tales hipotecas que hasta se ha encerrado en el silencio cuando, por ejemplo, sus socios se envalentonan ante el Rey? ¿Cómo no zarandear a un Zapatero que ya ni condena a ETA? ¿Cómo iban a dejarse escapar entero a un presidente del PP que se derrumbara en las encuestas, incluidas las del CIS, porque no ha hecho otra cosa que volver a 1931, rescatar la guerra civil, cargarse el espíritu de la Transición y crear tensión entre españoles a cuenta de una política sectaria, disparatada, sentimental y contra toda lógica y razón? ¿Cómo no alzar la voz ante un ZP que tiene abierto en canal a su propio partido?

¿Cómo no levantar, en fin, todo el aparato crítico frente a quien se presenta como el campeón de la transparencia y el diálogo y, en realidad, está ciego y sordo y ha celebrado ya más reuniones secretas que Aznar en todo su mandato? ¿Cómo se iban a callar Blanco y Rubalcaba ante un Zapatero del PP al que la sombra de la corrupción está llamándole a la puerta?

¿Cómo callarse ante este panorama? ¿Cómo, cómo?

El andamiaje de ETA, cara a cara con la Justicia
- La Audiencia Nacional juzga desde hoy a 59 miembros del supuesto entramado político, internacional y mediático de ETA - Los acusados se enfrentan a 991 años de prisión - En el juicio, que durará al menos tres meses, declararán casi 400 testigos
R. Coarasa La Razón 21 Noviembre 2005

Madrid- Casi mil años de prisión para 59 acusados, cerca de 400 testigos y más de 60 peritos. Las cifras del mayor proceso judicial contra los supuestos andamiajes de ETA, con ser significativas, no ensombrecen la verdadera trascendencia de éste. Porque el «macrojuicio» que, a partir de hoy, sienta en el banquillo a buena parte del entramado político, mediático, internacional y social de la banda terrorista supone, sobre todo, la culminación de la tesis -defendida por el instructor del sumario 18/98, Baltasar Garzón, y por el fiscal del caso, Enrique Molina- de que quienes integran las organizaciones «satélite» de ETA son tan terroristas como los que aprietan el gatillo. No en balde, tras tender el Gobierno la mano a una posible negociación con la organización terrorista, los dirigentes abertzales han redoblado sus esfuerzos para desacreditar este «macrojuicio» que, según ellos, es reflejo de etapas del «pasado» y resulta inapropiado políticamente cuando sobrevuela la posibilidad de una tregua que no acaba de llegar.

El proceso será largo: tres meses según las previsiones más optimistas (con sesiones tres días a la semana) e incluso medio año si, como aseguran fuentes jurídicas, al tribunal «se le fuese de las manos» un juicio que el mundo batasuno quiere convertir en un altavoz político de su propuesta de Anoeta. La intención del tribunal es terminar con las declaraciones de los procesados antes de Navidad (en diciembre, con el «puente» de la Constitución por medio, sólo habrá una semana «hábil»).

- Desafío al tribunal
 Por lo pronto, los acusados ya dieron muestras el pasado martes de la actitud que piensan adoptar durante el proceso, desafiando a la Audiencia Nacional al intentar acreditarse con el DNI vasco, una iniciativa de desobediencia civil que, precisamente, ha supuesto para algunos de los 59 procesados estar incluidos en esta causa. Cincuenta y nueve porque de los 62 inicialmente acusados tres ya no están en la lista. Uno de ellos por fallecimiento (Manuel Aramburu) y otros dos por incapacidad: el periodista Pepe Rei y el ex consejero de Orain, empresa editora de «Egin», Ramón Uranga, que se enfrentaba a una de las penas más altas (51 años).

A la mayoría de los acusados (51) se les imputa un delito de integración en organización terrorista. En algunos casos, además, las penas se agravan por presuntas falsedades contables, insolvencias punibles y delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública.

En su escrito de calificación, el fiscal Enrique Molina desgrana minuciosamente el «esqueleto» que sustenta a la organización terrorista: un comité ejecutivo encargado de la dirección política; un «aparato político» que vela por la unidad de acción; otro «internacional» encargado de estrechar lazos con organizaciones afines; un «aparato militar» que ejecuta las acciones criminales y un organigrama logístico que procura los elementos materiales que precisa la banda para su infraestructura.

- EKIN, el control político
La pieza principal del sumario hace referencia a Ekin, la «heredera» de la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) -declarada ilegal en noviembre de 1998- en el control de la estructura organizativa de ETA. Diecinueve de los procesados están relacionados con Ekin, que según el fiscal se encargaba de aplicar la estrategia politico-militar; actuaba como «comisario político» de la banda; controlaba al colectivo de presos (por medio de Gestoras Pro-Amnistía) y también tenía a su cargo las relaciones exteriores (a través de XAKI). Tanto KAS como EKIN (disuelta por orden judicial en abril de 2001) fueron considerados por Garzón «supuestos aparatos políticos de ETA».

El fiscal relata cómo KAS se estructuró para permitir a ETA el «control del entramado de organizaciones que constituyen el denominado "Movimiento de Liberación Nacional Vasco" (MLNV)». El acoso judicial y policial a la banda terrorista en los años 80 obligó a ETA a transferir a KAS parte de sus competencias, que tras su disolución asumiría EKIN.

- Desobediencia civil.
Otro de los pilares de este entramado es la trama de desobediencia civil impulsada por la Fundación Joxemi Zumalabe (nueve de cuyos miembros se sientan en el banquillo), que se encargó de su «difusión y puesta en marcha a través del denominado "Taller de Desobediencia"». Entre sus propuestas destaca la campaña para sustituir el documento nacional de identidad por un DNI vasco al que designaron como Euskal Nortasunaren Agiria (ENA), el mismo con el que los acusados pretendieron recibir la notificación judicial el pasado lunes en la Audiencia. Esta campaña tenía como objetivo, según documentación intervenida a ETA, «propiciar la ruptura total con España y sus instituciones, subvertir el orden constitucional y crear espacios de contrapoder».

- La «embajadora» XAKI.
Las relaciones internacionales eran el principal cometido de XAKI (nueve de sus militantes están procesados), creada en 1996 como una organización «en apariencia desvinculada de ETA y KAS con personas formalmente independientes». Este nuevo apéndice de la banda se encargaba de controlar al «colectivo de deportados y refugiados» de la banda; facilitarles su reintegración en los «comandos»; contrarrestar las peticiones de extradición de las autoridades españolas; deslegitimar internacionalmente el ordenamiento jurídico español y denunciar los supuestos medios represivos utilizados por España; difundir la cultura abertzale y facilitar alojamiento a los terroristas huidos.

Orain, «instrumento» de ETA.
En cuanto a Orain, empresa editora de «Egin», el fiscal la considera en su escrito un «instrumento» de ETA que ésta controlaba a través del «Proyecto Udaletxe» (complejo de empresas coordinado por KAS con el objetivo de «planificar las consignas económicas para todas las estructuras de la organización terrorista»), una trama descubierta con la intervención, en marzo de 1992, de la documentación de Bidart. El representante del Ministerio Público no se anda con medias tintas.
«El diario "Egin" -señala- estuvo subordinado en sus funciones y finanzas a la estrategia global de la banda terrorista ETA. ETA militar era quien fijaba las directrices, a través de claves secretas y directas de comunicación y recibía información a la par que daba instrucciones sobre la designación de cargos de la editorial y su gestión financiera». Para Molina, ETA utilizaba el periódico como «medio de coordinación y publicación de claves para sus "comandos" en el interior de España».

«Egin» y su grupo editorial llegaron a ser «una estructura más de la organización terrorista, la formada por su cuarto frente, el mediático o informativo». Cuando Garzón decretó, en julio de 1998, el cierre de «Egin», el equipo de investigación capitaneado por Pepe Rei se trasladó en bloque a la revista abertzale «Ardi Beltza», que se caracterizó por informaciones donde figuraban «todos los profesionales de los medios de comunicación caracterizados por el rechazo a la violencia de ETA» (de ellos, 116 aparecieron en documentación intervenida a la banda terrorista). Esta publicación cumplió «desde el comienzo de su edición» la «labor de señalamiento» encomendada por los terroristas a su «frente informativo». Catorce de los acusados están relacionados con este apéndice mediático de la banda terrorista ETA.

El nuevo decálogo nacionalista del PSE
El giro copernicano de su discurso se acompaña de una ruptura política y hasta personal con el PP
C. Morodo La Razón 21 Noviembre 2005

Madrid- El PSE es el partido que más ha cambiado su discurso desde 2003, fecha muy simbólica porque coincide con la ilegalización de Batasuna y su expulsión de los ayuntamientos vascos. Del frente común que entonces constituían populares y socialistas en esa comunidad se ha llegado a una situación en la que, bajo el ruido de los tambores que periódicamente vaticinan una inmediata tregua, no es que se hayan roto los puentes de diálogo entre las dos fuerzas constitucionalistas, sino que prácticamente han dejado de hablarse. Un parlamentario popular lo describe con mucha plasticidad: «Ha llegado un momento en el que nos resulta más fácil entendernos con el PNV que con el PSE porque sabemos dónde están los primeros, pero no los segundos».

La visceralidad del enfrentamiento ha dañado hasta las relaciones personales, que son casi inexistentes salvo entre dirigentes sin responsabilidad. No hay conversaciones fuera de las impuestas por el patrón institucional, y resulta que Emilio Guevara, ex dirigente del PNV expulsado por Arzallus, y hoy parte del PSE, es quien más guiños hace a la bancada popular en el Parlamento autonómico. Tampoco hay reductos no contaminados por la pelea en ninguna de las tres provincias, y de la política de marcar distancias no se salvan ni las víctimas.

Día sí y día también se repiten escenas impensables hace años, como la del socialista Rodolfo Ares negándose a hacer causa común con el PP en la utilización contra el Gobierno de Ibarretxe de una carta firmada por todos los colectivos de víctimas, menos por el de Fernando Buesa.

Un análisis comparativo entre 2003 y el momento actual de los discursos de los principales agentes en la política vasca, en relación a las grandes cuestiones que marcan el debate (ETA, paz, tregua, Estatuto, víctimas, ilegalización, presos o Navarra), resulta muy «clarificador», según explica el presidente del PP vizcaíno, Antonio Basagoiti.

El partido de Patxi López ha pasado de defender la derrota de ETA y la entrega de las armas a hablar de negociación; de creer en el fin de la banda desde la aplicación del Estado de Derecho a propugnar el diálogo y la constitución de mesas para alumbrar un «nuevo marco»; de considerar insuficiente una tregua a plantearla como positiva y defender la negociación; de reivindicar el cumplimiento del Estatuto a tacharlo de insatisfactorio y avalar un nuevo texto que incluya el concepto de «nación»; de ser partidario de acuerdos con el PP para sustituir al nacionalismo gobernante a renegar de las alianzas con esta fuerza; de creer en el principio de que las víctimas «siempre tienen la razón y no se pueden manipular» a mantener que «algunos colectivos están manipulados»; de propugnar que Batasuna no puede ser considerada un partido porque ampara al terrorismo a dejar que el mundo abertzale concurra a las elecciones bajo la marca del Partido Comunista de las Tierras Vascas y no descartar alianzas; de exigir que los presos de ETA deben arrepentirse y pedir perdón para reinsertarse a propugnar que son importantes para el proceso político; y de defender el respeto de la autonomía de Navarra, dentro del marco constitucional, a plantear fórmulas de acercamiento con Euskadi.

Las fichas de Zapatero.
Ni en el PNV, ni en Batasuna ni en ETA, y mucho menos en el PP, se puede constatar una mudanza tan radical. El PNV guarda fidelidad a su discurso, con ligeras variaciones sobre el de 2003: entonces, la «paz» la circunscribía al respeto al derecho de decisión (plan Ibarretxe), mientras que ahora, además de esa condición, reedita la idea de las mesas extraparlamentarias de negociación (una de partidos y otra del Gobierno con ETA); y en relación a las víctimas, el matiz está en que reconoce que «merecen compasión».

En ETA y Batasuna, las variaciones son también muy calculadas: aumento de las expectativas y recuperación de la bandera de los presos, además de la reactivación de la «kale borroka». Los terroristas barajan de nuevo la tregua como estrategia para cumplir sus objetivos, mientras que sus planteamientos no cambian: Euskal Herria independiente, Navarra como parte indivisible, paz por territorialidad y autodeterminación. «Con estas fichas juega Zapatero su nueva política antiterrorista», apunta un dirigente popular.

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO
Hernando: 'Podemos llegar a que el mismo hecho sea delito en una autonomía y no en otra'
EL MUNDO periodista digital  21 Noviembre 2005

MADRID.- El Presidente del Tribunal Supremo ha advertido del riesgo que suponen los cambios en la organización de los tribunales que plantea el nuevo Estatuto de Cataluña. EL MUNDO recoge hoy la entrevista de Victoria Prego a Francisco José Hernando, la primera que concede a un diario desde que accedió al cargo.

Asimismo, el también presidente del Consejo General del Poder Judicial avisa del peligro que supone reformar un estatuto sin que los dos partidos mayoritarios alcancen un "consenso".

Nuevo marco de convivencia
"La introducción de cambios en la organización de los tribunales que pueda conducir al establecimiento de soluciones distintas por los jueces en diferentes puntos de España afectaría a cuestiones muy importantes [...] Podría afectar a la manera en la que un empresario puede comercializar sus productos en cualquier punto del territorio nacional. Podría afectar de manera especialmente significativa a las garantías y los procedimientos de cobro de sus clientes. Porque, al final, nos podemos encontrar con que un mismo hecho puede ser delito en una comunidad autónoma y no serlo en otra cuyo territorio esté a unos metros de distancia".

"Al margen de las iniciativas en materia de Justicia que contiene [la reforma estatutaria catalana], no cabe duda de que supone un nuevo marco institucional de convivencia entre los españoles y de inserción de Cataluña dentro de España".

La carrera judicial, contraria a las reformas
"Tanto en la reunión de jueces decanos en la ciudad de León, como en la de presidentes de tribunales superiores de Justicia celebrada con carácter extraordinario en Granada, ambos colectivos se pronunciaron unánimemente en contra de [...] la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial [...] y la propuesta de Estatuto de Autonomía catalán, en la medida en que, ambas reformas son interdependientes entre sí. Lo mismo han hecho de modo espontáneo las distintas asociaciones judiciales. Todo ese conjunto de opiniones deben entenderse pues como un rechazo de la carrera judicial a esas dos reformas en materia de Justicia".

El Supremo y su relación con el Constitucional
"El Tribunal Supremo debe tener en todo caso jurisdicción efectiva, es decir, debe poder resolver con efectos directos e imperativos sobre el caso concreto. Debe también estar en condiciones de garantizar de modo eficaz, y no a modo de Cámara Consultiva, la unidad, la coherencia y la armonía del Derecho común".

"El Tribunal Supremo es la cúspide de la jurisdicción ordinaria y el Tribunal Constitucional es el máximo titular de las garantías constitucionales. Es verdad que se han producido roces y asperezas. Pero para evitar eso se requiere decisión, generosidad y esfuerzo por parte de todos".

La tarea del CGPJ
"El Constituyente fue claro al decir que las funciones de gobierno del Poder Judicial correspondían al Estado y no a las comunidades autónomas. También fue muy claro a la hora de establecer un Poder Judicial único y no fragmentable como emanación, que lo es, de una soberanía que también es única y no fragmentable".

"Lo que no parece razonable es crear el órgano y asignarle un perfil político elevado para, inmediatamente después, decirle que no intervenga en las decisiones de mayor trascendencia que afecten a la Justicia".

Recortes de Prensa   Página Inicial