AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 24 Noviembre 2005
Más multilingüismo, pero no menos español, por favor
Ramón Tamames, Mónica López Estrella Digital 24 Noviembre 2005

LLAMAMIENTO A FAVOR DE LA LENGUA ESPAÑOLA
www.llamamiento.com  24 Noviembre 2005

Hora de España
FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR  ABC 24 Noviembre 2005

Cinismo con "determinación y firmeza"
EDITORIAL Libertad Digital 24 Noviembre 2005

Las víctimas, en el cine también solas
VICENTE CARRIÓN ARREGUI El Correo 24 Noviembre 2005

Montilla, en entredicho
Editorial ABC 24 Noviembre 2005

Demasiados agujeros negros
Por EDUARDO SAN MARTÍN  ABC 24 Noviembre 2005

La tregua que no llega
GEES Libertad Digital 24 Noviembre 2005

Un escenario en el que sobran Montilla y Maragall
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 24 Noviembre 2005

Labor preventiva
Editorial El Correo 24 Noviembre 2005

Impulso político
KEPA AULESTIA El Correo 24 Noviembre 2005

"El presidente de la Generalitat, con olvido de todos sus deberes, se ha permitido proclamar el Estat catalá"
Jesús Cacho elconfidencial 24 Noviembre 2005

Montilla sale aún más debilitado de la sesión de control
Editorial Elsemanaldigital  24 Noviembre 2005

Zapatero se enfrenta a Rabanera y a Sanz
Pascual Tamburri elsemanaldigital 24 Noviembre 2005

Cuba y el macrojuicio a los etarras
Wenceslao Cruz Blanco elsemanaldigital 24 Noviembre 2005

El Gobierno, dispuesto a ceder ante ETA
Blog de Miguel Gil.   Enrique de Diego y Juan Delgado periodista digital  24 Noviembre 2005

Detenidos once argelinos acusados de financiar desde España la «guerra santa»
Juan C. Serrano La Razón 24 Noviembre 2005

Gustavo Bueno: «La identidad española corre peligro»
JORGE SÁINZ ABC 24 Noviembre 2005

LA CORRUPCIÓN NO CRISPA
E. RODRÍGEZ MARCHANTE ABC Cataluña  24 Noviembre 2005

Más multilingüismo, pero no menos español, por favor
Ramón Tamames con la colaboración de Mónica López Estrella Digital 24 Noviembre 2005

La fortuna, o la mala planificación, según se mire, ha querido que la semana en la que la Comisión Europea (CE) presenta la primera Comunicación de su historia sobre el multilingüismo sea la misma en la que los traductores de esta institución vayan a la huelga.

El conflicto con los 1.200 trabajadores que hacen posibles las versiones en cada una de las veinte lenguas oficiales de la Unión no parece muy complicado, y cabe la posibilidad de que pronto se llegue a un acuerdo sobre el cambio de su actual sede de trabajo por otra a las afueras de Bruselas.

Sin embargo, la cuestión de las diferentes lenguas en la UE es algo más complicada. La CE reconoce en su Comunicación que las lenguas son importantes en la sociedad, tanto por la diversidad y riqueza cultural que comportan, como por la incidencia que tiene su conocimiento en el desarrollo económico. Por todo ello, pretende mejorar el acceso de la información sobre la UE en cada una de las lenguas oficiales, aumentar la inversión en la investigación relacionada con la superación de las barreras lingüísticas a través de nuevas tecnologías y, al mismo tiempo, fomentar el aprendizaje de las lenguas.

En ese sentido, la CE aboga por el mejor conocimiento de cuantas más lenguas mejor por parte de los ciudadanos de la Unión, apoyándose en el dato del último Eurobarómetro en el que se recoge que el 50% (como media) de los europeos son capaces de mantener una conversación en un idioma distinto de su lengua materna (España está por debajo de esa media, con un 36%).

La Comisión hace un llamamiento a los Estados europeos para que trabajen en el acuerdo adoptado en el Consejo Europeo de Barcelona, cuya meta es la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana, propone crear un Grupo de Alto Nivel sobre el multilingüismo y convoca una conferencia ministerial sobre el mismo tema que se celebraría en la primavera.

Además, la CE inaugura su página web sobre las lenguas (http://europa.eu.int/languages), donde pone a nuestro alcance las políticas, actividades y competencias lingüísticas de la Unión. En ella sus ayudas a la navegación y textos de presentación de las diferentes secciones están en las veinte lenguas oficiales, sin embargo, llama la atención que avanzando más allá de esas primeras introducciones, casi todo esté en inglés.

Con relación al español, todavía es más significativo que al intentar leer la nota de prensa de una de las, de momento, tres noticias que se destacan en la citada página web sólo pueda hacerse en inglés, teniendo en cuenta que su titular es “Las lenguas cooficiales de España, por primera vez en las instituciones de la UE”.

En esta línea quizá no está de más recordar que desde que se produjo la última ampliación de la UE, con diez nuevos Estados miembros y nueve lenguas oficiales más, el uso del español en las páginas web de la Unión ha descendido drásticamente. Sin embargo, salvo alguna carta dirigida al presidente de la Comisión, el Gobierno español con respecto al tema que tratamos se está centrando en actuaciones relacionadas con las lenguas minoritarias españolas (catalán, gallego, vasco y, en menor medida, valenciano), como por ejemplo mediante un memorándum en el que se pedía “el reconocimiento oficial en la UE de las lenguas españolas distintas del castellano”.

Llegado este punto, conviene recordar que el español tiene un peso específico en Europa bastante grande, pero que es mucho mayor en el plano internacional, ámbito por el que la UE apuesta siempre. Además, el español es un puente más que necesario entre Europa e Iberoamérica, y sólo por eso merece la pena trabajar por él (http://www.llamamiento.com/).

LLAMAMIENTO A FAVOR DE LA LENGUA ESPAÑOLA
EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS Y LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
www.llamamiento.com  24 Noviembre 2005

La Unión Europea es una organización internacional basada en los principios de libertad, democracia, igualdad y respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

La Unión Europea ha sido posible gracias al respeto de la diversidad cultural y lingüística de sus pueblos y a la prohibición de toda discriminación por razón de la lengua. En efecto, uno de los primeros actos de las Instituciones Comunitarias, el Reglamento n.º 1/1958, consagra precisamente el principio de igualdad de todas las lenguas oficiales y de trabajo de la Unión.

En esa misma línea, la futura Constitución Europea proclama en su artículo I-3.3 "La Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo". La lengua, parte esencial del patrimonio cultural común más preciado de una nación, es fundamental para el ejercicio de la libertad y la democracia.

A pesar de estos principios, después de la última ampliación de la Unión Europea a diez nuevos Estados - que ha supuesto la incorporación de nueve lenguas oficiales más - se observa con preocupación la creciente hegemonía de la lengua inglesa, la reducción sistemática de las lenguas de trabajo a tres: alemán, francés e inglés, y el uso cada vez más restringido del castellano en las Instituciones Europeas.

La proximidad de las Instituciones a los ciudadanos, la identificación de éstos con el proyecto europeo, la plena participación de sus representantes en las Instituciones están fuertemente condicionadas por la posibilidad efectiva de utilización de la lengua oficial propia en todos los procesos y ámbitos de actuación así como en las relaciones de las Instituciones con los ciudadanos.

En este año 2005, en el que asistimos al cuarto centenario de la publicación del Quijote y a la ratificación de la Constitución Europea, los abajo firmantes HACEMOS UN LLAMAMIENTO

A LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS, para que:

Ø Exijan el respeto del principio de igualdad de todas las lenguas oficiales y de trabajo en las Instituciones Europeas.

Ø Promuevan el uso del castellano en todos los actos y documentos oficiales de las Instituciones Europeas, incluidas las páginas de internet.

Ø Creen una instancia encargada específicamente de coordinar, defender y fomentar el uso del castellano en las organizaciones internacionales.

A LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA, para que:

Ø Respeten el principio de igualdad de todas las lenguas oficiales y de trabajo.

Ø Velen por que sea efectiva la posibilidad de usar la propia lengua oficial en el proceso de elaboración legislativa.

Ø Faciliten el acercamiento de todos los ciudadanos a las Instituciones Europeas ampliando las posibilidades de contacto y de información en la propia lengua oficial.

Ø Fomenten la diversidad cultural y lingüística dentro de las Instituciones.

A TODOS LOS HISPANOHABLANTES, para que:

Ø Sea cual sea la función que desempeñen, ejerzan su derecho a utilizar la lengua española y reclamar su uso siempre que sea posible.


Este llamamiento, con las firmas recogidas, se transmitirá a la Presidencia del Gobierno Español, a las Presidencias respectivas de las Instituciones de la Unión Europea y a medios de comunicación de gran difusión. Para suscribirlo puede remitir sus datos a través de este formulario:  www.llamamiento.com

Hora de España
POR FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR CATEDRÁTICO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA. UNIVERSIDAD DE DEUSTO ABC 24 Noviembre 2005

... Hay algo más urgente que salvar imaginados agravios históricos. Hablo del futuro, que pasa ineludiblemente por el acuerdo constitucional entre los dos grandes partidos nacionales. Hay que volver a un consenso que permita la palabra entre socialistas y populares...

«HORA de España» fue la revista literaria más importante de la guerra civil y una de las mejores del siglo. Dispuso de las firmas de algunos de los más destacados exponentes de nuestra cultura liberal, aunque también recogió la voz ceñuda y severa de comunistas transformados en teólogos. Leer los ensayos y artículos publicados bajo su cabecera todavía conmueve porque nunca en medio de tanta pólvora se ha escrito y publicado nada igual y porque, a diferencia de otras empresas editoriales nacidas en aquel tiempo ensangrentado, fue un lugar en el que se podía pensar, discutir, disentir incluso. En sus páginas, concebidas, en cierto modo, de una manera azarosa y un tanto anárquica, había ya todo un porvenir de trabajo, la hora o una hora de España que aceptara íntegramente la voluntad de su ciudadanía y la objetivara en un Estado para las personas de carne y hueso, y no al revés.

Hablar hoy de una nueva hora de España podría parecer una absurda solemnidad si la impugnación de una nación de ciudadanos, transversal a creencias religiosas y opciones políticas no viniera acompañada de excesos aún mayores. El tormento y el éxtasis que se vivió en el alumbramiento del Estatuto catalán era la música de fondo de un ritual de fe, el resuello de los creyentes sobre los que se arrojaban los Mandamientos de su identidad como pueblo elegido. Naturalmente, sólo debe prolongarse la metáfora bíblica para recordar que los judíos de a pie estaban demasiado ocupados en otras cosas cuando el iluminado Moisés bajó con su mensaje a cuestas para dar un sentido a la existencia de aquel puñado de antiguos esclavos, repentinamente convertidos en un hecho diferencial, algo que obligó al profeta a arrojar las palabras divinas sobre unos seres más bien ajenos a tamaña circunstancia.

Hay pulmones rotos y gargantas rotas y también como un fenómeno marino agitado en oleadas y espumas, hervores y estruendos, un fenómeno que de alguna manera recuerda lo que unos amigos catalanes le dijeron a Giménez Caballero tras el populoso regreso del nacionalista Maciá a la Barcelona republicana de 1931: «¡Este es nuestro fascismo!... Con la condición de que nadie se entere que es fascismo... ¡Este nuestro caudillo, nuestro Duce!... Con la condición de que nadie lo compare con el Duce».

Un tiempo de crisis no siempre es una época infecunda. Los momentos en que una sociedad se interroga no son zonas históricas de lamentación, de incitación al conflicto artificioso, o no deberían serlo. Conviene recordar a Ortega cuando escribía, «es preciso que nos acostumbremos a entender toda unidad nacional no como una coexistencia inerte, sino como un sistema dinámico». Conviene recordar reflexiones de este tipo, porque en España hemos conquistado el presente, pero no sabemos dominar el pasado, porque como ayer los tradicionalistas, que se ponían en la trágica y cómica situación de únicos herederos de España y únicos sabedores de su sentido, cabalgan hoy los nacionalistas periféricos, agarrados con obstinación casi cósmica a un pasado milenario. Ímpetu ciego, pero con voz y con figuras.

Hubo un día que fue preciso derribar muchos tabiques para salir de un ensueño apesadillado, para romper la galería de fantasmas en que la guerra civil y la dictadura habían encerrado a España. Hubo un día un acuerdo en el que se abandonaron las huellas quemadas del 36 y se reunió a la inmensa mayoría de los españoles en algo que para ser permanente, había de ser reformable. Libertándolo de los dogmas sobre él acumulados, se restauró un país moderno y plural, que podía ser socialdemócrata, liberal, democristiano... y que, a través de las autonomías, hallaba un cauce jurídico para concretar la redención de las provincias ansiada por muchos. O se aceptaba la llamada del porvenir y se dejaba de hacer arqueología o se corría el riesgo de quedarse en personaje de novela. Personajes de novela son todos los españoles del siglo XIX, generales soberbios y políticos logreros, frailes sin escrúpulos y trampa, trampa por todas partes. Galdós, innumerablemente, nos lo muestra. Hubo un día en que se aceptó la llamada del porvenir, en que esa vieja y tantas veces frustrada hora de España pareció resonar de una vez y para siempre.

Como sabemos desde la Transición, el reformismo es la alternativa a la ruptura, a la división de España según criterios cerrados que nos devuelvan a zonas donde sea imposible compartir un mismo proyecto nacional. Tal vez del olvido de aquella hora, esta nueva hora de España, porque heredar al hidalgo catalán o vasco o gallego y dar estatuto de fe a su melancolía de castillos y palacios abandonados es un delirio parecido a querer jinetear otra vez sobre la España una, católica, defensora de sus dogmas hasta su propio aniquilamiento. Confundir el veredicto de una nación de ciudadanos iguales en derechos y obligaciones con un plebiscito fundado en la niebla de los siglos equivale a aplastarse de nuevo bajo la bóveda de los cielos teológicos. Otra vez los guardianes de las esencias patrias, tradicionalistas bien travestidos de progresismo. Otra vez la historia convertida en encerrona. Otra vez los herejes. Otra vez el ciudadano para el pasado.

Hay algo más urgente que salvar imaginados agravios históricos. Hablo del futuro, que pasa ineludiblemente por el acuerdo constitucional entre los dos grandes partidos nacionales. Hay que volver a un consenso que permita la palabra entre socialistas y populares, buscándose mutuamente como aliados para defender el criterio básico de la igualdad de todos, pues no otra cosa significa que la soberanía se origina en el pueblo español, del que parten los poderes del Estado. La soledad de Rajoy (¡una soledad de diez millones de votos!) es la soledad de Zapatero, y el diálogo y debate entre ambos debería desarrollarse respetando el espacio nacional que les da sentido. Tan rancio resulta entonar el Trágala de una nación de naciones como restaurar la dogmática acerca de la monarquía unitaria y el carácter trascendental y católico de España, ficción en la que van replegándose algunos, dando pulmón al viejo nacional-catolicismo y nueva patente de corso a la Iglesia.

Ninguna de estas cosas tiene sentido en pleno siglo XXI. Su absurdo recuerda la ceguera mostrada por Pío XII tras las elecciones italianas de 1948. En aquel tiempo la democracia cristiana sacó cerca del 50 por ciento de los votos y mayoría absoluta en el parlamento. De Gasperi tuvo que convencer a Pío XII de la necesidad de no comprometer ese triunfo entendiéndolo como la existencia de una mayoría absoluta de italianos que deseaban un gobierno confesional, sino de quienes habían optado, en plena guerra fría, por cerrar el camino al comunismo.

La tarea de nuestra reforma política actual no es sólo ajustar una Constitución y unos Estatutos. Es, o debería ser, sobre todo, restablecer una cultura política que acabe con la extravagancia de considerar cancelados como demócratas, en un caso, y como españoles, en otro, a millones de ciudadanos con cuya convivencia cívica se está jugando frívolamente. A la vista está la posible generación de un desprecio indiscriminado contra una Cataluña cuyos representantes políticos han elaborado un texto reaccionario con una Generalitat ultraintervencionista. Cualquiera puede oír también el viejo estribillo de cultura agredida, de comunidad desdeñada, tan del gusto del tradicionalismo de todas las épocas y tan peligroso para la estabilidad democrática de Cataluña en sus relaciones con el resto de España. La bilateralidad de la que hablan socialistas y nacionalistas catalanes puede cuajar en la radicalización de tales opiniones, que dirigentes políticos e intelectuales tienen la obligación de remediar.

Esa, quizá sea la nueva Hora de España. Una España plural pero moderna, que no deberíamos encerrar en el desván para salir del paso, como desean los nacionalistas. Una España viva y, por tanto, contradictoria, conflictiva, dispuesta al debate y al desencuentro de posiciones políticas, pero no a considerarse un lugar imaginario donde parece que nunca va a salir el sol. Caminamos por tierras de penumbra, decía C. S. Lewis en uno de sus cuentos, pero hoy caminamos también al borde de un acantilado institucional. Quizá ya sea hora de mirar a nuestro alrededor y realizar un ejercicio de racionalidad de una vez y para siempre, hora de regresar a la cultura del consenso básico en que se fundamentan todas las democracias de nuestro entorno, hora de reivindicar una nación de ciudadanos iguales en derechos y obligaciones más allá de cual sea su lugar de nacimiento o residencia, hora de vivir y hacer y pensar en sintonía con el siglo y no de acuerdo a la fantasmagórica ficción de los nacionalistas periféricos, hora de evitarnos una caída libre al fondo del Antiguo Régimen. O aceptamos esta hora de España o nos podemos quedar, como pudo ocurrir y no ocurrió en la Transición, en personajes de novela. Personajes de Galdós.

Cinismo con "determinación y firmeza"
EDITORIAL Libertad Digital 24 Noviembre 2005

El País y Zapatero ya dejaron claro el pasado domingo que ni la caída en los sondeos, ni las manifestaciones ciudadanas iban a hacer variar la radical y sectaria política del Gobierno. Todo lo contrario. La consigna al llamado "núcleo duro" del partido, consistente en defender con "determinación y firmeza" la política que ZP ha consensuado con sus socios separatistas, se ha disparado con los insultos y descalificaciones lanzadas contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial y el presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo.

Este miércoles, la "determinación y firmeza" de los socialistas se ha aplicado a respaldar al ministro Montilla, a defender la liberticida campaña del Gobierno contra la Cope y El Mundo y a enmascarar la nula voluntad de Zapatero de llegar acuerdos con el PP en el terreno educativo.

Más que el hecho de que el Gobierno prosiga en su radical huida hacia adelante, lo que llama la atención son las cotas de burla y desfachatez con la que lo hace. Una auténtica tomadura de pelo es que Fernández de la Vega sostenga un día que "hay que ser vigilantes en defensa de la libertad de expresión" –como dijo el pasado lunes en la sede del diario El Mundo–, para no condenar, menos de cuarenta y ocho horas después, los ataques de su gobierno contra este diario y la COPE. Además, la vicepresidenta ha tenido el descaro de sacar a colación el "caso Sogecable" que, si algo puso en evidencia, es hasta qué punto le puede resultar cara a un juez su pretensión de que todos –incluido Polanco– se sometan al imperio de la Ley.

Fernández de la Vega ha alcanzado, sin embargo, el colmo del cinismo cuando, más que defender, se ha dedicado a encumbrar la figura del ministro Montilla. La vicepresidenta ha enumerado, nada más y nada menos, que 19 razones por las que Montilla debe seguir en el Ejecutivo, siendo la primera de ellas haber sido promotor de "una ley de comercio para evitar morosidad en los pagos".

Ya hay que tener desfachatez para poner de ejemplo de lucha contra la morosidad a quien es el máximo responsable, no sólo de la morosidad del PSC, sino de que esta se haya saldado con una bochornosa y privilegiada condonación de más de seis millones de euros. Eso, por no hablar de la segunda razón dada por la vicepresidenta a favor de Montilla, que no ha sido otra que el privilegiado canal en abierto concedido a Polanco.

Zapatero –máximo responsable y exponente del cinismo de su gobierno– también se ha retratado en el Parlamento cuando se ha mostrado "dispuesto" a un pacto con el principal partido de la oposición en el terreno educativo; un curioso pacto que pasa por rechazar todas y cada una de las enmiendas del PP a la LOE, y que se ofrece al PP mintiendo sobre lo que este partido reclama. Es, simplemente, falso que el PP pretenda "imponer" la religión o "marginar" la escuela pública. Lo que pretende el partido de Rajoy es que la religión –y su optativa no confesional– estén en pie de igualdad con el resto de asignaturas, pretendiendo, al tiempo, que sean también los titulares del derecho a la educación los que tengan mayor libertad para elegir entre centros públicos o concertados.

En definitiva, y al margen de las tomaduras de pelo, la sesión de este miércoles en el Congreso ha sido todo un recital de lo que podemos esperar de la "determinación y firmeza" con la que el Gobierno sostiene y no enmienda su radical huida hacia delante.

Las víctimas, en el cine también solas
VICENTE CARRIÓN ARREGUI /PROESOR DE FILOSOFÍA El Correo 24 Noviembre 2005

Temo que, para cuando se publiquen estas líneas, la película de Iñaki Arteta, 'Trece entre mil', estará terminando su efímera vida en los cines vascos y su fracaso comercial habrá confirmado el fundamento que la hizo nacer: la terrible soledad de la mayoría de las víctimas del terrorismo etarra, tanto por las vidas arrebatadas como por la indiferencia, el vacío o el desafecto que incrementaron su dolor, de ser ello posible.

Me costaba creer que estuviera completamente solo cuando se apagaron las luces en la única sala de Álava en la que se estrenaba la película. Afortunadamente hubo tres rezagados, así que al final no estuve solo: entre miles de personas que atestaban el centro comercial a la caída de la tarde, éramos ya unos cuantos los que habíamos elegido la película de Arteta. Claro que gastar 5,60 euros para pasar hora y media con el corazón encogido por el dolor ajeno -cada testimonio más impactante que el anterior- no parece plato de gusto. Las mayorías prefieren a Torrente o a Harry Potter, pero uno quisiera suponer que siempre hay gente interesada por ponerse en el lugar de quienes han padecido la inesperada agresión terrorista, gente interesada por nuestro reciente ¿pasado?, gente curiosa por conocer cómo puede uno reaccionar cuando le arrebatan a sus seres queridos sin saber por qué. En fin, uno no acaba de perder la ingenuidad. Por lo visto, por 5,60 euros pueden hacerse muchas cosas aparentemente más provechosas que llorar.

Y sin embargo, tras la cortina primera del dolor, ¿cuánta humanidad encierra la película de Arteta! ¿Qué dinero tan bien invertido!

Está la niña que pone regularmente el vídeo con la imagen de su hermana, con miedo ya de que se le rompa la cinta de tanto usarla. O la señora que señala desde su casa la vivienda de quien mató a su marido. La madre que declara delante de su hijo cómo le rechazaba en el momento en que nació porque días atrás le habían arrebatado al padre. Se menciona a una niña que no salía de su habitación durante cinco años. Habla un señor que tardó un montón de años en poder llorar. Otro a quien la pérdida de su esposa y sus dos hijas le hizo desatender sus negocios hasta arruinarse. Hay quien lamenta no haber muerto, por los atroces dolores que le provocan las secuelas, entre ellos, la pérdida del sentido del humor que le caracterizaba antes del atentado, hay...

Tristeza, por supuesto, pero también dignidad. Entre quienes no fueron jamás entrevistados, entre quienes no tuvieron notificación oficial del crimen, entre quienes hubieron de mudarse o soportar agravios añadidos, más que quejas o reproches brota la manera en que buscaron preservar la presencia del asesinado en sus vidas y hablan con la víctima, la siguen considerando parte de la familia, la presentan a sus nuevos miembros, conservan sus habitaciones, sus fotos o sus vídeos con la naturalidad ¿supersticiosa? ¿conmovedora? de quien no acepta su pérdida, ya por injusta, ya porque, como dice uno de ellos, uno no acaba de morir hasta que pierden su memoria.

La mayoría de los testimonios recogidos nos presentan a personas modestas, humildes y poco politizadas: el perfil mayoritario de las víctimas de ETA. Personas cuyo nombre ni nos suena, sin fundaciones, sin relevancia mediática, que no pertenecen a asociaciones ni a entidades, que no pretenden avalar con su condición de víctima la verdad de sus razones, que son bien ajenas a los interminables rifirrafes que la palabra 'víctima' viene suscitando en los parlamentos de aquí o allá. Víctimas que siguen mereciendo una reparación, una calidez, un recuerdo que no esté emponzoñado por la adscripción ideológica de nadie, que no legitime la intencionalidad política de nadie, que no dignifique sino a esta sociedad civil que sigue mirando para otro lado, que sigue dejándolas solas hasta en el cine.

Ojalá que, aunque el ciclo comercial de 'Trece entre mil' se agote pronto, la película encuentre instituciones públicas o privadas -da igual si son escuelas, centros cívicos, gaztetxes o asociaciones civiles- que prolonguen su ciclo moral, que propaguen los testimonios en ella recogidos a los cuatro vientos de esta tierra nuestra tan olvidadiza. Para que tanta sangre derramada no sea baldía, para que las nuevas generaciones conozcan hasta dónde pudo llegar el fanatismo y la cobardía de sus mayores.

Montilla, en entredicho
Editorial ABC 24 Noviembre 2005

LA fuerte polémica que ayer se desató en el Congreso de los Diputados con motivo de las preguntas planteadas por el Partido Popular sobre José Montilla demuestra que la situación del ministro de Industria puede convertirse en un lastre cada vez más pesado para el Gobierno de Rodríguez Zapatero. El Ejecutivo tiene en contra la percepción de una parte sustancial de los ciudadanos que considera que en torno a Montilla hay un caso de financiación irregular del Partido de los Socialistas de Cataluña y que los evidentes beneficios financieros que ha recibido esta formación política no son ajenos a la condición de ministro que aquél ostenta en la actualidad. Más allá del aluvión de informaciones que se han publicado sobre la financiación del PSC, las relaciones con La Caixa y la responsabilidad personal de Montilla, lo cierto es que este asunto se ha convertido objetivamente en un grave problema para el Ejecutivo, en un momento especialmente delicado de la legislatura. Porque a nadie se le puede ocultar el peso específico del ministro de Industria en el Gabinete socialista y en el PSC, donde su figura se ha erigido como contrapunto a la del propio presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall. Por eso, la situación generada alrededor de su persona atañe a la propia estrategia socialista en la tramitación del Estatuto catalán. Nada peor para el PSOE que Montilla se sitúe en el centro del huracán político y económico, con los frentes del proyecto estatutario y la opa de Gas Natural abiertos de par en par.

En la sesión de control, el PP confrontó la situación de Montilla con el Código de Buen Gobierno aprobado por el Consejo de Ministros en febrero pasado, poniendo en evidencia la contradicción entre algunos de los principios éticos que recoge esa declaración y determinados comportamientos objetivos. El saldo fue negativo para el Gobierno. La respuesta del Ejecutivo no fue convincente, incluso movió a la hilaridad cuando la vicepresidenta primera refrendó al ministro de Industria apelando, entre otros méritos, a la Ley de Comercio, con la que se pretende reducir la morosidad. Sin duda, de todos los argumentos posibles para defender a Montilla éste era el menos conveniente, dadas las circunstancias.

El problema del Gobierno es, fundamentalmente, la falta de argumentos de peso para trasladar a la sociedad la convicción de que no hay problema ético y/o estético alguno en que una entidad financiera condone al PSC seis millones de euros, que el primer secretario del PSC sea José Montilla, que José Montilla sea ministro de Industria y que aquella entidad financiera esté actualmente inmersa en una OPA cuya autorización, en última instancia, está en manos del Ejecutivo. No se trata en ningún caso de establecer una relación de causalidad, sino de subrayar la inconveniencia, también para los propios intereses del Ejecutivo y de la propia Caixa, de mantener una estrategia de defensa numantina de un miembro del Gobierno sin más argumentario que su excelencia como ministro. No se trata de valorar la gestión de Montilla, sino de aclarar las dudas generadas en torno a su persona por unos hechos concretos.

Los ciudadanos valoran sus instituciones por el balance de resultados, pero también por criterios menos aprehensibles, basados en percepciones e impresiones sobre las personas que las dirigen. Y esto es lo que pesa sobre Montilla y, por extensión, sobre todo el Gobierno, en un asunto espinoso que cada día se complica más. El crédito del Gobierno socialista ante la sociedad pública no se recupera recurriendo al «y tú más», sino ofreciendo argumentos solventes. Lo que menos le interesa al Ejecutivo es embarcarse, precisamente ahora, en una campaña de descalificaciones sin matices. Si la defensa de Montilla se sustenta en la voluntariosa intervención que hizo ayer la vicepresidenta del Gobierno, habrá que convenir que resultó escasamente convincente.

Demasiados agujeros negros
Por EDUARDO SAN MARTÍN  ABC 24 Noviembre 2005

LA financiación de los partidos políticos españoles está montada sobre una enorme hipocresía, y de poco o nada sirve para camuflarla que los grupos pillados en falta rebusquen en los basureros de las cuentas fallidas del adversario para blanquear los pecados propios: tarde o temprano el chapapote de las deudas nunca pagadas, o de los canales irregulares ideados para advenir fondos imposibles de obtener por medios legales, termina por pringarlos a todos. El caso de la deuda condonada por La Caixa a los socialistas catalanes viene agravado, es cierto, por una circunstancia demoledora que lo hace diferente: una cantidad de dinero muy importante les fue perdonada cuando su máximo dirigente era ya el ministro competente para entender de decisiones económicas que afectaban a la entidad condonante. El asunto deberá ser aclarado hasta sus últimas derivadas porque la probidad de los servidores públicos, como la honra de la mujer del César, debe ser real desde luego, pero también aparente. No basta con proclamar que, mientras no se pruebe, hay que abstenerse de acusar a un alto funcionario de haber dispensado favores a quienes se los han otorgado a él; lo que importa de verdad es que ni siquiera haya sido puesto en situación de poder hacerlo. Además de la presunción de inocencia que cubre a todos los mortales, a los responsables de la cosa pública debe ampararles también la presunción de falta de interés personal en los asuntos sobre los que vienen obligados a decidir.

Nos encontramos, sin embargo, ante una miseria más -grave, pero una más- de un sistema que produce muchos más agujeros negros que los que son capaces de detectar los telescopios empañados de los tribunales de cuentas. De forma que tanto la reacción (lícita) del oponente que hurga en las llagas del infractor como la defensa (comprensible) de quien utiliza el ventilador para destapar las flaquezas del acusador carecerán de cualquier credibilidad mientras ambos no se sientan a una mesa para deshacer la falacia sobre la que descansa todo el entramado: la de que, sólo a los efectos de no irritar a los contribuyentes, se presupone a los partidos una austeridad espartana que luego son incapaces de llevar a la práctica. Los partidos gastan mucho más de lo que ingresan y el déficit sólo se puede cubrir «de aquella manera».

Hay dos tabúes sobre los que las formaciones políticas españolas prefieren seguir pasando de largo: éste de los dineros de los partidos y el de los sueldos de los cargos públicos. En ambos casos, prefieren no afrontar un debate público por temor a que les pueda lastrar con más dosis de popularidad de las que están dispuestas a soportar, como si la porquería que se filtra por entre los bajos de una apariencia que nadie se cree no les hubiera colocado ya en el banquillo de las instituciones que peor valoran los ciudadanos.

ETA
La tregua que no llega
GEES Libertad Digital 24 Noviembre 2005

La Moncloa sigue lanzando mensajes de que una tregua de ETA es inminente. En la Delegación del Gobierno en el País Vasco llevan desde verano esperando un fax que nunca llega. El señor López, Secretario General del PSE, se humilla cada vez más ante los terroristas proponiendo matrimonio de conveniencia a Batasuna, hablando de humanizar el conflicto, o reconociendo el derecho de autodeterminación por el que ETA ha asesinado a casi mil inocentes.

A pesar de todos los gestos, gestiones y humillaciones, el problema para Rodríguez Zapatero no sólo es que ETA no anuncie la anhelada tregua, sino que está intensificando de hecho sus acciones terroristas. Es verdad que por el momento no mata, pero cada vez pone más bombas. El número de ataques del denominado terrorismo callejero se ha disparado en el País Vasco en los últimos meses.

La conclusión de esta paradoja, un Gobierno que habla de paz y una banda terrorista que no para de poner bombas, no puede ser más elocuente: la debilidad del Estado es la fortaleza de ETA. La presión policial, judicial, política y social sobre todo el entramado terrorista ejercido bajo el liderazgo de José María Aznar había conducido a ETA a su momento de máxima debilidad, hasta el punto de que tanto su brazo político como el propio colectivo de presos empezaban a pensar que la actividad terrorista se había convertido más en un lastre que en la palanca con la que alcanzar sus objetivos estratégicos.

El panorama ha cambiado radicalmente desde que el Gobierno decidió abrir un proceso de dialogo con los terroristas. Los asesinos se han cargado de razón histórica para demostrar a quiénes dentro de su propio entorno dudaban de la eficacia, que no de la legitimidad, de sus métodos criminales. La predisposición del Gobierno a hacer concesiones a los terroristas les demuestra que las bombas son, en su visión, el mejor camino para alcanzar sus objetivos.

Rodríguez Zapatero es el único responsable del actual grado de cohesión, optimismo y fortaleza que se respira en ETA. En estas circunstancias, no es descartable que en vez de una tregua, ETA decida enviarle al Gobierno un cadáver sino se pliega a todos y cada uno de sus chantajes. Entonces será el rechinar de dientes.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Cataluña
Un escenario en el que sobran Montilla y Maragall
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 24 Noviembre 2005

Artur Mas y Alfonso Guerra nos indican por dónde irán los tiros cuando la comisión constitucional ponga las cartas estatutarias boca arriba. “Se gobierna más cómodamente con CiU que con ERC”, ha afirmado el socialista sevillano el mismo día en que el líder nacionalista declaraba su intención de (y proclamaba su derecho a) negociar directamente con el PSOE. Trastorno fenomenal para el tripartito, giro inesperado en un proceso al que CiU había llegado metida en un paquete con la etiqueta del PSC. Se va confirmando el verdadero sentido de la reunión Zapatero-Mas que salvó el Estatuto y desconcertó, sobre todo, a Maragall.

El nuevo escenario, además de rebajar algunos riesgos generales, conviene a fin de cuentas a Zapatero. Veremos cómo administra Mas la cal y la arena del maximalismo y la prudencia. También habrá que comprobar si el PNV prefiere seguir en el monte con Carod o valora la oportunidad. ERC ha percibido perfectamente la amenaza; sabe que los vientos van a girarse en su contra. La diferencia esencial entre CiU y ERC radica en el grado de realismo de sus análisis: los segundos creen de verdad que dentro de una década Cataluña será independiente. De este error original, de este increíble desconocimiento del tejido catalán, deriva la serie de errores encadenados que conocemos.

Pasqual Maragall no cabe en el nuevo escenario. Comparte en gran medida la visión de la Esquerra y ha metido a su partido y a su país en una aventura identitaria y confusa ajena a sus votantes. Para su desgracia, las diversas corrientes críticas que han aparecido en la izquierda catalana equivalen al vaciado intelectual del PSC. En el fondo tampoco cree en la aventura la formación de Mas. Pujol señaló el origen del nuevo estatuto: había que armar una poderosa reivindicación de cara al gobierno Rajoy, que se daba por seguro.

El nuevo escenario amortiza, con efectos inmediatos, a Montilla, puente entre Zapatero y Maragall. Su papel pierde sentido. Además, como puente es un desastre de la ingeniería. Ha devenido la voz más arisca, el talante más antidemocrático, el personaje más molesto de la política española. Amenaza a medios críticos, insulta a comunicadores, se encastilla en el lenguaje del enfrentamiento sin comprender que el último que puede hacer tal cosa es el gobernante. Sutilezas que escapan al zurupeto. Para colmo, ha servido desde el poder a los intereses de la entidad que le regaló a su partido más de mil quilos. Adiós, ambicioso bachiller. Cuán presto se va el placer.

Labor preventiva
Editorial El Correo 24 Noviembre 2005

En una operación dirigida por el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, la Guardia Civil detuvo ayer en diversas localidades del sureste español a diez personas presuntamente relacionadas con el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), una escisión del GIA argelino y, supuestamente, un 'satélite' de la organización terrorista Al-Qaida en Europa y el Norte de África. Según el ministro de Interior, los detenidos, que formarían una célula de apoyo logístico, se habrían dedicado al tráfico de drogas, la falsificación de tarjetas de crédito y el robo para financiar las actividades del grupo, y mantendrían contactos con argelinos radicales residentes en varios países europeos: Alemania, Holanda, Reino Unido, Bélgica y Dinamarca.

Después del 11-M, las fuerzas de seguridad del Estado, en colaboración estrecha con el aparato judicial y los servicios de inteligencia, mantienen una vigilancia estricta sobre los medios islámicos radicados en España y muy especialmente sobre los grupos organizados para la delincuencia común; conviene no olvidar que los autores de la matanza se financiaron por este medio. Las similitudes entre la organización y 'modus operandi' de este grupo con los autores del 11-M vienen a confirmar que la trama terrorista sigue en activo a la espera del momento de actuar. En este sentido, el Estado se ha dotado de mejores y más efectivos medios materiales y humanos después de aquel ataque letal e inesperado y estas detenciones son el resultado, aunque ahora está por comprobar el alcance de la trama.

El terrorismo yihadista de orientación salafista es más antiguo que el de Al-Qaida, que de hecho copia literalmente las técnicas empleadas por el GIA y el FIS en Argelia en sus años más sangrientos: el gran error de Europa fue pensar entonces que eso nunca ocurriría en la UE. La desarticulación de esta nueva célula, cinco meses después de haberse desactivado otra de similares características, evidencia que la batalla contra esta mortífera ideología del terror será larga y compleja y que no ha hecho más que empezar. Si con el aumento de la presión de las autoridades argelinas los combatientes del FIS saltaron a una Europa en la que pudieron reorganizarse más holgadamente, no cabe la menor duda de que conforme la persecución del yihadismo en Irak vaya creciendo o incluso muchos de sus seguidores regresen de su 'experiencia liberadora', el territorio europeo se convertirá en un escenario crucial de sus acciones terroristas.

Impulso político
KEPA AULESTIA El Correo 24 Noviembre 2005

El pleno de ayer en el Parlamento vasco volvió a trazar la línea divisoria entre el nacionalismo y el no-nacionalismo en relación a la ley de partidos y a la apertura de juicio oral en el sumario 18/98. Desde sus primeras providencias, la actuación de Garzón para desentrañar la trama que rodeaba al terrorismo fue juzgada por quienes ayer votaron a favor de la resolución parlamentaria como fruto del mismo impulso político que perseguía la ilegalización de la izquierda abertzale.

Hoy esa convicción adquiere una dimensión nueva. El conjunto del nacionalismo se muestra disgustado porque no se cierra la anterior etapa -la liderada por Aznar y secundada por el PSOE- para poder abrir otra nueva. Dentro de ese conjunto, los matices se diluyen. Es lo que permite a ETA escurrir el bulto tras la afirmación de Otegi de que el macrojuicio «es un gran obstáculo para la paz». De esa forma la izquierda abertzale puede continuar transfiriendo a las instituciones la responsabilidad sobre sus propios actos. Y evita por un tiempo que, al hablar de la necesidad de que se cierre la etapa anterior, todos miren hacia ETA.

La crítica a la «judicialización del conflicto político» es una formulación que, a la vez, reivindica y ataca la independencia judicial. Mediante dicha crítica el nacionalismo en su conjunto está sugiriendo -con la implicación que entraña una resolución parlamentaria- que convendría revocar la Ley de partidos y suspender los procesos que se siguen contra los presuntos adláteres de ETA para propiciar que ésta, en reciprocidad, se decida a brindarnos un gesto de distensión, sea cual sea. El argumento puede ser tan oportunista como poco oportuno, puesto que invita a pensar que toda acción contra ETA podría derivar en provocación y que, por ello, la primera obligación de las instituciones debe ser la de incentivar el supuesto ánimo pacificador que alberga la trama terrorista.

Es indudable que existió un «impulso político» proclive a reducir los espacios de impunidad que acomodaban al terrorismo etarra. Pero incluso en el caso de que ese 'impulso político' hubiese condicionado seriamente el comportamiento de los jueces, el asunto no tendría otra salida que la que los tribunales dicten en sus sentencias. En ese marco, la solicitud parlamentaria de la suspensión de los procedimientos judiciales abiertos contra personas acusadas de formar parte de las redes periféricas de ETA constituye un «impulso político» expreso que muy probablemente, más que el objetivo enunciado, busque un ambiente de complicidad respecto a la izquierda abertzale.

Lo que a estas alturas resulta difícil es negar la razón a la Ley de Partidos y a las decisiones judiciales sin dársela a ETA y a una izquierda abertzale que siguen exigiendo a los demás lo que ellos se resisten a ofrecer: el cierre de su particular «etapa anterior» mediante la renuncia a la violencia.

"El presidente de la Generalitat, con olvido de todos sus deberes, se ha permitido proclamar el Estat catalá"
Jesús Cacho elconfidencial 24 Noviembre 2005

“El Presidente del Consejo de Ministros tiene el honor de dirigirse a los españoles: A la hora presente, la rebeldía que ha logrado perturbar el orden público llega a su apogeo”. Así comienza el manifiesto que, en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra del domingo 7 de octubre de 1934, Niceto Alcalá-Zamora, en su calidad de Presidente de la República, y Alejandro Lerroux, del Consejo de Ministros, dirigen a los españoles con motivo del levantamiento revolucionario de Asturias y Cataluña.

“En Asturias, el Ejército está adueñado de la situación, y en el día de mañana quedará restablecida la normalidad. En Cataluña, el presidente de la Generalitat, con olvido de todos los deberes que le impone su cargo, su honor y su responsabilidad, se ha permitido proclamar el Estat Catalá. Ante esta situación, el Gobierno de la República ha tomado el acuerdo de proclamar el estado de guerra en todo el país”.

“Ante la rebeldía social de Asturias y ante la posición antipatriótica de un Gobierno de Cataluña que se ha declarado faccioso, el alma entera del país entero se levantará, en un arranque de solidaridad nacional, en Cataluña como en Castilla, en Aragón como en Valencia, en Galicia como en Extremadura, y en las Vascongadas, y en Navarra, y en Andalucía, a ponerse al lado del Gobierno para restablecer, con el imperio de la Constitución, del Estatuto y de todas las leyes de la República, la unidad moral y política que hace de todos los españoles un pueblo libre, de gloriosas tradiciones y glorioso porvenir”.

“Todos los españoles sentirán en el rostro el sonrojo de la locura que han cometido unos cuantos. El Gobierno les pide que no den asilo en su corazón a ningún sentimiento de odio contra pueblo alguno de nuestra patria. El patriotismo de Cataluña sabrá imponerse allí mismo a la locura separatista y sabrá conservar las libertades que le ha reconocido la República bajo un Gobierno que sea leal a la Constitución”.

Es verdad que la España de octubre de 1934 y la España de Noviembre de 2005 no tienen de parecido más que el nombre. Aquel era un país pobre de solemnidad, fundamentalmente agrícola, con una clase media apenas incipiente, víctima del oscurantismo religioso, por un lado, y del virus marxista, por otro. La España actual es un país rico, de amplias clases medias, plenamente integrado en un proyecto de futuro como el de la Unión Europea. Hay, sin embargo, y para desgracia de castellanos, catalanes, aragoneses y vascos, algunas cosas que no cambian. Algunas locuras se repiten con la pertinacia que la Historia aplica a sus peores episodios.

En el exordio del proyecto de Estatuto remitido por el Parlamento de Cataluña a las Cortes, se asegura que dicho Estatuto hinca sus raíces en la Generalitat refundada en 1931 como actualización de las instituciones históricas de autogobierno que había tenido Cataluña antes de 1714, estableciendo una línea de continuidad que, partiendo de ese 1931, abarca el exilio y enlaza directamente con las aspiraciones de las nuevas generaciones de catalanes.

Al margen de la peculiar reinterpretación de la Historia que supone olvidar cosas tan importantes como la integración de Cataluña en España (y previamente en la Corona de Aragón), la introducción o exordio del nuevo Estatuto olvida que tres años después de la fecha mágica de 1931, Maciá y Companys declararon el Estat Catalá, que suponía de facto la declaración de independencia de Cataluña del resto del Estado, en una ejemplo claro de traición a la legalidad democrática de la II República, intento que tuvo que ser impedido por el capitán general de Cataluña, Domingo Batet.

También ahora las nuevas elites políticas catalanas, oficiantes de esa religión de nuestro tiempo que es el nacionalismo, traicionan el espíritu y la letra de la Constitución de 1978 y vulneran el Estatuto nacido de esa Constitución y aprobado en referéndum por la mayoría de los catalanes. También ahora el presidente de la Generalitat, primo hermano de un partido que se dice Socialista, Obrero y Español, “con olvido de todos los deberes que le impone su cargo, su honor y su responsabilidad”, ha decidido mandar a la papelera el Estatuto de 1978 para embarcarse en “la insensata locura” (que decían Alcalá-Zamora y Lerroux) de un proyecto cuya estación término todos conocemos.

La Historia se repite. ¿Habrá leído Rodríguez Zapatero el parte oficial del Ministerio de la Guerra de 7 de octubre de 1934? Convendría que esa mayoría de catalanes que están en otras cosas totalmente ajenas al afán de poder que se ha apoderado de su clase política, esos catalanes capaces de “sentir en el rostro el sonrojo de la locura que han cometido unos cuantos” lo hicieran, y se pararan un momento a reflexionar sobre lo insensato de esta nueva intentona.

Montilla sale aún más debilitado de la sesión de control
Editorial Elsemanaldigital  24 Noviembre 2005

Sólo explicaría su continuidad la hipótesis de que, dando al ministro por "quemado", el presidente quiera que este asunto no "manche" a su posible sucesor.

24 de noviembre de 2005. Para el anecdotario del Congreso de los Diputados queda que María Teresa Fernández de la Vega comenzase la enérgica defensa de su compañero de gabinete citando, como primer punto, sus iniciativas contra la morosidad en los pagos. Sonó surrealista, justo cuando José Montilla se ve en el ojo del huracán –y tal era el tema estrella de la sesión de control al Gobierno– por un problema de esa índole. Unos minutos de incontenible carcajada rubricaron el fallo garrafal de los asesores de la vicepresidenta.

La cual, no contenta con esa línea argumental, citó también entre los méritos que se le deberían reconocer al primer secretario de los socialistas catalanes... la política de telecomunicaciones que ha permitido emitir totalmente en abierto a la televisión de Jesús de Polanco.

Pese a que la ministra de Presidencia parecía estar hurgando en la herida a base de humor negro, el tema era, desde luego, muy serio. Sin embargo, a las preguntas e interpelaciones de Ángel Acebes, Eduardo Zaplana, Jorge Fernández Díaz y Dolors Nadal, desde el Gobierno se contestó con la táctica del ventilador. Esto es, enumerando casos y circunstancias en que, señaló el ministro, el PP recibió similares favores bancarios a los del PSC; o bien con un elenco de pretéritos problemas de los interpelantes –caso del ex presidente de la Generalitat valenciana– con los medios de comunicación, que también salieron a colación a cuenta de los insultos que el titular de Industria dedica a aquellos que le critican.

Y es que el PP debería vigilar un poco más cómo y quién hace las preguntas, porque una cosa es que la posición del Ejecutivo no tenga defensa, y otra que no se vaya a defender.

Que no tiene defensa quedó patente ayer. En ningún momento los miembros del Ejecutivo interpelados explicaron satisfactoriamente la cuestión central: que siendo José Montilla secretario de Organización del PSC y consejero de La Caixa, La Caixa condonó al PSC un crédito milmillonario, y ahora José Montilla es miembro de un Gobierno que está tomando posiciones ante una OPA hostil de tintes monopolísticos que beneficia a La Caixa. Cuanto más se medita, más asombra que siga siendo ministro.

Sólo explicaría su continuidad la hipótesis de que, dando al ministro por "quemado", el presidente quiera que este asunto no "manche" a su posible sucesor.

Lo que pasa es que ese ministro ha añadido, a su imposible empeño de inocencia política (la personal nadie hasta ahora la ha cuestionado), una campaña de insultos a la prensa que no tiene parangón en los últimos lustros. Montilla olvida que la democracia consiste, entre otras cosas, en que la gestión de un Ministerio no sea un arcano sagrado al que haya de guardarse reverencia, sino un objeto de permanente debate público.

El próximo día 29 se debatirá en el Congreso una moción de reprobación propuesta por el PP. Será derrotada, con certeza, y con ella la esperanza de limpieza y transparencia con que ilusionó a algunos José Luis Rodríguez Zapatero.

Zapatero se enfrenta a Rabanera y a Sanz
Pascual Tamburri elsemanaldigital 24 Noviembre 2005

Zapatero plantea un cambio autonómico que es, en definitiva, un cambio en el régimen constitucional. Y la pregunta que los navarros y los alaveses se hacen es, sencillamente, qué va a pasar con sus fueros. Es decir, con su personalidad histórica. Dos españoles en concreto tienen en sus manos el porvenir de los dos "territorios forales" que nunca han dejado de serlo: el diputado general Ramón Rabanera en Álava y el presidente Miguel Sanz en Navarra.

Los fueros, "derechos históricos", son, como la existencia de la nación soberana, un presupuesto de la Constitución. Aunque en el PSOE-PSC esto no esté demasiado claro, las cosas son así: la Constitución existe y se promulgó porque previamente había una nación de la que emana la ley suprema; así que la nación no existe porque lo diga la Constitución, sino al revés. Del mismo modo, los fueros existen antes que esta Constitución y que todas las anteriores; como los fueros y la Constitución proceden de una única realidad superior y preexistente –España- se encontraron fórmulas ágiles para hacerlos compatibles.

¿Qué piensa hacer el actual presidente del gobierno con los fueros de alaveses y navarros? En su programa electoral se preveía una reforma limitada de la Constitución, en aspectos muy concretos que requerirían el consenso del Partido Popular y que en todo caso afectan exactamente igual a todos los españoles. Pero la "vía estatutaria" abierta por Pasqual Maragall tras el fallido intento del Plan Ibarretxe sí hace distinciones.

Zapatero se ha comprometido a una serie de reformas autonómicas que, en los deseos de los nacionalistas que lo mantienen en el poder, deben implicar la desigualdad entre los ciudadanos y las regiones españolas. Y en el caso concreto de los nacionalistas vascos se plantea la inmersión de la provincia foral de Álava y sobre todo de la Comunidad Foral de Navarra en una nueva "nación".

Muchos navarros tienen la impresión de que su destino se está negociando y decidiendo fuera de Navarra. Álava ya vivió hace treinta años algo así. No hay pues razones para una pasiva tranquilidad. Si Zapatero quiere convencer a alaveses y navarros de su respeto debe comprometerse a no modificar unilateralmente las circunstancias actuales. Pero el presidente necesita la negociación con ETA, y eso pasa por Vitoria y por Pamplona, como saben perfectamente Rabanera y Sanz.

Ambos defienden un espacio propio de libertades, dentro de España y demostrando la lealtad que otros temen. Y esa misión institucional, encomendada por la historia y por la gente, está creando una imagen de intransigencia de los dos en los medios "progresistas". La realidad es diferente, pero si se trata de defender la verdad y los intereses de los ciudadanos lo de menos es que se enfaden Jesús de Polanco o José Luis Rodríguez Zapatero.

Cuba y el macrojuicio a los etarras
Wenceslao Cruz Blanco elsemanaldigital 24 Noviembre 2005

Mientras se lleva a cabo el "macrojuicio" a 56 miembros de organizaciones del entorno de ETA, Prensa Latina, agencia de noticias de la dictadura cubana, empieza a difundir que lo que se está haciendo es un juicio político.

La reacción era de esperar: el primero en declarar ha sido el ex responsable de finanzas de KAS en Vizcaya, Vicente Askasibar, que trabajaba para la empresa Gadusmar, dedicada a la venta de bacalao al por mayor, y que tenía en Cuba -según descubrió la policía española- a dos apoderados etarras que residían en el barrio de Miramar: Karlos Ibarguren y Agustín Azcarate.

Luis Manuel Arce -periodista de Prensa Latina- arremete en su escrito contra la jueza Ángela Murillo de "intentar despolitizar" el proceso de los encausados; le da así la razón al entramado terrorista que se juzga, y que han convenido en llevar una estrategia común de aparecer como "reprimidos políticos".

No contento con ello, el mismo periodista señala a la Asociación de Víctimas contra el Terrorismo (AVT) cómo una asociación "muy ligada al conservador Partido Popular (PP)". Estas últimas afirmaciones, lamentablemente, no sólo han sido dichas desde la dictadura que asesora y cobija a etarras y terroristas de otros países. En España el Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces Barba, ha acusado a Francisco José Alcaraz – presidente de AVT- de sectario y de dividir a las víctimas del terrorismo. Hecho que ha provocado que la AVT pida su dimisión inmediata al presidente Zapatero.

Paralelamente a esto, Ricardo Alarcón de Quesada, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y uno de los hombres mejor posicionados dentro del castrismo, hace una gira por diversas regiones de España acompañado del español Hermenegildo Altozano, uno de los "nuevos ricos" en Cuba que comercian con la desgracia cubana, y que es el responsable en Cuba de la firma de abogados Lupicinio Eversheds, que tiene sus oficinas en el Centro de Negocios de la Zona Franca de Mariel, y se dedica a asesorar a empresas como la cadena hotelera Sol Meliá y otras en sus inversiones en la isla.

Alarcón aprovecha su estancia en España para defender a espías cubanos procesados y condenados en Estados Unidos. Y qué mejor lugar para defender a terroristas o espías que en la Asociación ASKE, asociación "cultural" de Alfonso Sastre, dramaturgo que defiende y justifica sin el menor pudor a los miembros de la banda terrorista ETA y que junto a la editorial Hiru, que dirige su esposa Eva Forest, implicada y procesada por un atentado terrorista en la calle del Correo de Madrid, con un saldo de 12 muertos, en el año 1974, promueve un libro del Sr. Alarcón.

Detrás del macrojuicio a los etarras hay también un juicio paralelo -quizás no tan evidente- que se hace al régimen dictatorial cubano por su apoyo directo e indirecto al terrorismo vasco. Las empresas que comercian con Cuba, asesoradas por abogados expertos en derecho internacional como el Sr. Altozano, vinculado empresarial e ideológicamente al gobierno cubano, deberían tener en cuenta que ese asesoramiento los involucra directamente no sólo en el mantenimiento y perpetuación de una tiranía por intereses espurios, sino que los hace cómplices del propio terrorismo que sufren sus conciudadanos españoles.

El Gobierno, dispuesto a ceder ante ETA
Blog de Miguel Gil Escrito por Enrique de Diego y Juan Delgado periodista digital  24 Noviembre 2005

Instituciones Penitenciarias ultima el acercamiento de 65 presos etarras a cárceles vascas. Éste es el paso imprescindible para que avancen las conversaciones con la banda terrorista. En ámbitos próximos al Ejecutivo se insiste en que las conersaciones están avanzadas, y fuentes policiales insisten en la existencia de dos ETA: los históricos y los formados por la kale borroka.

Quienes han vivido los procesos negociadores de Argel y Lausana no recuerdan una situación tan extraña como la que se está viviendo en el momento presente. En aquellos días, los Gobiernos de turno buscaron un cierto consenso nacional a través de contactos con las fuerzas políticas y los poderes fácticos del mundo de la comunicación. Sin embargo, actualmente la opacidad es total y es ETA-Batasuna la que administra la información, como cuando Arnaldo Otegi ha indicado que es preciso entrar en el terreno de las propuestas con documentos escritos.

Aunque en fuentes muy próximas al Gobierno se da por descontado que habrá en plazo breve declaración de tregua y que estamos en los estadios últimos del primer tramo de las negociaciones, ÉPOCA ha detectado escepticismo en las fuentes de la lucha contraterrorista tanto del Cuerpo Nacional de la Policía como de la Guardia Civil, para las que el Ejecutivo se está encontrando con la dificultad añadida de la existencia de dos ETA. “El debate y la negociación están ahora en el interior de la banda”, puntualizan esas fuentes, que siguen señalando a Josu Ternera como el interlocutor clave -“al que no se quiere detener”- junto a otro sector, compuesto por los jóvenes formados en la kale borroka, y que estarían por la continuidad de la actividad terrorista. “No es descartable que alguien en ETA rompa este impasse con un atentado mortal”, indican las fuentes consultadas.

Hay coincidencia en que se ha llegado a un punto en el que le toca al Gobierno mover ficha. La cuestión es que parte del precio político se ha pagado por adelantado, sin contrapartidas, como la permisividad respecto al Partido Comunista de las Tierras Vascas. “Se ha levantado el acelerador respecto a las investigaciones sobre el impuesto revolucionario”, lamentan las fuentes policiales, para las que, como en las ocasiones anteriores, se está dejando reorganizarse a ETA.

Acercamiento de los presos y legalización de Batasuna, para que de forma directa pueda presentarse a las elecciones municipales, con la consiguiente recuperación de poder y de vías presupuestarias de financiación, son las dos condiciones que se dan por supuestas para avanzar por una senda por la que ya se habría ido demasiado lejos y en la que parece confiar Zapatero para modificar el rumbo de su hundimiento en las encuestas.

Los presos son el grupo de la banda más proclive a la negociación, y al que el Gobierno ha permitido mantener reuniones en los traslados. Instituciones Penitenciarias ha venido trabajando en un plan de acercamiento. A ello apuntaría la aprobación por el Consejo de Ministros de la construcción de 18.000 plazas penitenciarias en todo el territorio nacional, y específicamente de dos cárceles de nueva planta en el País Vasco, uno de ellos en San Sebastián. Eso serviría para paliar el envejecimiento de Martutene y Nanclares de Oca.

Desde luego, esos nuevos centros no estarían operativos, pero su mismo anuncio se considera un guiño a ETA, así como la filosofía manifestada por el Ejecutivo para justificar el plan de nuevos centros penitenciarios, “de acercar a los internos a sus comunidades” para “evitar el desarraigo geográfico y social”, tal y como explicó el ministro del Interior, José Antonio Alonso.

Filosofía muy alejada de la política de dispersión de etarras que ha venido siendo factor de consenso entre las fuerzas mayoritarias desde que la puso en marcha el PSOE en tiempos de Felipe González.

A que se estaría en los últimos estadios del primer tramo de la negociación apuntan indicios como que fuera el propio Zapatero el que, con Artur Mas, desbloqueara el Estatut y que haya forzado a su partido a admitirlo a trámite. Según la tesis de Jaime Mayor Oreja, se trata de una imposición de ETA, para la que el hecho de que Cataluña sea definida como nación es fundamental de cara a abrir la vía para el llamado derecho de autodeterminación del País Vasco, cuestión a la que no piensa renunciar, según criterio unánime de los expertos.

La entrevista de Patxi López en el diario Gara sería otro indicio de que las conversaciones están muy avanzadas, y no sólo por el hecho en sí, ya suficientemente significativo, sino por su contenido: Patxi López no sólo da por supuesta la legalización de Batasuna, sino que asume como deseable un horizonte futuro de tripartito de izquierdas, en el que confluirían el PSE y Batasuna, algo que ha sublevado a la dirigente socialista Rosa Díez, para la que -como declaró en el programa Más se perdió en Cuba, de Radio Intereconomía- “no hay Gobierno en España que pueda traicionar a las víctimas”. Por si acaso, la AVT sigue preparando su macromanifestación.

Detenidos once argelinos acusados de financiar desde España la «guerra santa»
Los arrestados, en Alicante, Granada y Murcia, obtenían dinero de robos y el narcotráfico
Juan C. Serrano La Razón 24 Noviembre 2005

Madrid- La Guardia Civil ha detenido, en una operación desarrollada simultáneamente en Alicante, Granada y Murcia, a once argelinos acusados de formar parte de una célula de apoyo a la red terrorista de Al Qaida.

A los once se les relaciona con el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, escisión de los Grupos Islámicos Armados (GIA) de Argelia y principales asociados de Ben Laden en el norte de África.

De las investigaciones se desprende que los arrestados transferían de forma continuada dinero a cuentas bancarias en Argelia, vinculadas al grupo salafista, según las autoridades de ese país. Los fondos, cuyas cantidades ahora se investigan, procedían del robo de vehículos, asaltos a domicilios, falsificación de tarjetas de crédito y el tráfico de drogas, sobre todo hachís, pero también cocaína, sustancia de la que los agentes se han incautado un kilo durante los registros. Además de estas actividades de financiación, los detenidos también desarrollaban labores de apoyo logístico como la falsificación de documentos para facilitar los movimientos de extremistas argelinos por toda Europa.

Matrimonios de conveniencia.
Otra de sus funciones consistía en organizar matrimonios de conveniencia para «legalizar» a otros radicales argelinos en situación de irregularidad dentro de la Unión Europea. Para ello, buscaban mujeres nacionales de países de la UE dispuestas al fraude a cambio de grandes cantidades de dinero, según explicaron fuentes de la investigación. La Guardia Civil ha detectado vinculaciones de los supuestos islamistas detenidos con otros extremistas argelinos residentes en Alemania, Holanda, Reino Unido, Bélgica y Dinamarca.

Las investigaciones se iniciaron en Granada hace diez meses en torno a dos hermanos que regentaban un taller de reparación de vehículos y un locutorio, ambos situados en el barrio de la Cartuja de esa ciudad. Los dos se encuentran entre los detenidos. La Unidad Central Especial (UCE-2) de la Benemérita, dedicada a la investigación del terrorismo internacional, amplió las investigaciones y descubrió ramificaciones de la célula en Alicante.

Coordinado por el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, el dispositivo policial en estas dos ciudades se desplegó ayer por la mañana. En Alicante, fueron detenidos cuatro presuntos islamistas.
Se cree que dos de ellos lideraban el grupo. Más de treinta agentes de la Guardia Civil registraron un locutorio del centro de la ciudad, sospechoso de ser utilizado para el envío de fondos para la financiación del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate. Una de las detenciones se produjo en el interior de un domicilio de la calle Miguel Crevera, en el barrio de las Carolinas Bajas.

Al mismo tiempo, en el municipio de Torrevieja fueron arrestadas otras tres personas en las inmediaciones de la playa del Cura. Durante el registro de sus domicilios, los agentes se incautaron de abundante material en papel y soporte informático. Mientras, en Granada los dos hermanos argelinos fueron capturados, uno de ellos en su domicilio de la calle Fray Juan Sánchez Cotán y el otro, en el taller que regenta, a 200 metros de la vivienda de su hermano.

Como consecuencia de los registros, los agentes conocieron la presunta implicación de otro argelino con residencia en Murcia, detenido inmediatamente por agentes de la Comandancia de esa ciudad.

Además de los diez detenidos, el amplio operativo de la Benemérita desplegado en las cuatro ciudades permitió el registro de 10 domicilios, dos locutorios, un taller mecánico, una cafetería, un restaurante y una tienda de ropa, según fuentes de la investigación.

Estaba previsto que los arrestados fueran trasladados a Madrid durante la pasada madrugada una vez que terminaran los registros, que se prolongaron durante todo el día. El material informático incautado será examinado en la Dirección General de la Guardia Civil.

Gustavo Bueno: «La identidad española corre peligro»
JORGE SÁINZ ABC 24 Noviembre 2005

MADRID. Para el filósofo Gustavo Bueno, España está «amenazada» en el sentido popular, que «no jurídico», de la palabra, debido a los embates del nacionalismo y la «complicidad» del presidente del Gobierno. «Existe una estrategia definida. Ya no hay artistas nacionales, ni museos nacionales y el AVE es ahora AV», comenta.

Éste será uno de los argumentos fundamentales que esgrimirá Bueno en la conferencia «España no es un mito», que pronunciará hoy en el Aula de Cultura de ABC, organizada por la Fundación Vocento (a las 20 horas, en el Centro Cultural Círculo de Lectores de Madrid, calle O´Donnell, 10).

El pensador abordará las, a su juicio, «graves consecuencias» de la admisión a trámite de la reforma del Estatuto catalán y desglosará los problemas que genera su contenido. «Creo que la unidad administrativa de España no corre peligro; es la identidad española como país la que está en tela de juicio», comenta.

Bueno, que asentará su intervención sobre la base de su libro «España no es un mito. Claves para una defensa razonada», recientemente publicado, tratará de explicar las razones por las que cree que nuestro país es, «incontestablemente», una nación. «Voy a justificar esta afirmación, al contrario que en el Congreso, donde los partidos políticos presuponen que sus ideas son sabidas y se dedican exclusivamente al insulto recíproco», concluye.

LA CORRUPCIÓN NO CRISPA
E. RODRÍGEZ MARCHANTE ABC Cataluña  24 Noviembre 2005

Gracias a las enormes dosis de libertad expresión que disfrutamos en este país se pueden vivir situaciones tan chocantes como la de ayer: que unos cuantos ciudadanos en el inquebrantable ejercicio de su derecho a la libertad de expresión se manifiesten para impedir que otros cuantos ciudadanos ejerzan ese mismo derecho. Una manifestación de quince personas (según los organizadores de la manifestación) o de cinco o seis (según datos de la guardia urbana) se fue en masa hasta las puertas de la COPE en Barcelona para protestar por las opiniones que se vierten en su programación, y en especial en el espacio político de Federico Jiménez Losantos, y para pedir «democráticamente» que los empresarios no se anuncien en esa emisora y que los ciudadanos no hagan donaciones a la Iglesia. La tesis es más o menos la siguiente: O Federico Jiménez Losantos dice las cosas que nos gustan a nosotros, y si no es así, ejerceremos nuestro derecho a la libertad de expresión para que se quede totalmente callado.

Con lo fácil que lo pone la democracia: si la COPE dijera mentiras o difamara a alguien, lo que tendrían que hacer los manifestantes es irse a un juzgado y empapelar a la COPE o a Losantos como se merece. Ahora bien, si lo que se dice en esa emisora es verdad, el único recurso que les queda es ése: irse a la puerta a ver si se les calla mediante métodos «democráticos».

Pero la cosa tiene su explicación: según advierten las agencias, los manifestantes eran de algo así como el JEV, las juventudes de ICV, y no es de extrañar que piensen y actúen así de raro, cuando sus «mayores» no dudan en mostrar su fabuloso modo de razonar ... Ayer también, sin ir más lejos, alguien llamado Dolors Camats, portavoz de ICV, dio una prueba irrebatible del fruto de sus cavilaciones cuando, a la vista de cómo aplaudía el público de Madrid a Ronaldinho, supone que a quien aplaudían era al tripartito y puede llegar así a la conclusión de que «Rajoi es el único hooligan de la política española».

Se entiende que el ministro Montilla, su «zona» del PSC (todo el mundo está de acuerdo acerca de lo feliz que se siente Maragall con «el caso Montilla»), los de ERC y su presidente Carod Rovira estén todos enfilados con la emisora de la Conferencia Episcopal y con sus periodistas puntales: no hay derecho a que día tras día se les repase por la cara el dinero, o sea, el dineral, que se llevaron de la Caixa..., que se llevaron y que no han devuelto ni van a devolver. Lo «democrático» sería que los programas políticos de la COPE no hicieran ya más alusiones a ese caso. ¡Ya está bien!... Hablando de ello, lo único que se consigue es «crear un clima de crispación» y «fomentar el anticatalanismo»...

Como si el «catalanismo» o la «tranquilidad» consistieran en embolsarse varios cientos de millones de pesetas. Bueno, es obvio que los autores opinan que esos milloncejos no son motivo suficiente para que vengan aquí a «crispar el ambiente». Porque, vamos a ver, ¿alguien los había echado de menos?... Pero, si ni siquiera los propios vigilantes de la Caixa se habían quejado... Montar todo ese lío por un dineral invisible... ¿Cómo va a disfrutar uno ahora de esa millonada si está completamente «crispado»? ¡Se pueden callar ya los de la COPE y dejar que disfruten del poder y la gloria!. Y digo gloria, porque lleva una temporada Rovira en la que su tema estrella es la Iglesia Católica, la Santa Sede, y hasta el Más Allá... Y está todo el día azuzando a Zapatero, o a su muñegote, con «curas malos», su gran aportación al pensamiento religioso del siglo XXI.

Pero, al final, por más vueltas que le dé uno, lo que se pretende en nombre de la democracia es alucinante: que una emisora privada que hace sus oyentes y clientes mediante el ejercicio legal de su profesión (y si no es así, al juzgado y que les caiga la Ley encima), ha de doblegarse ante las amenazas de los políticos acusados de corrupción. La corrupción no crispa: sólo crispa hablar de ella.
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