AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 25 Noviembre 2005
España no es un mito
Agapito Maestre Libertad Digital 25 Noviembre 2005

ETA quiere «Estatut»
Editorial ABC 25 Noviembre 2005

«Lo mejor, los españoles»
BENIGNO PENDÁS ABC 25 Noviembre 2005

Carod amenaza, Montilla se crece y Zapatero hace equilibrios en la cuerda floja del delito
Federico Quevedo elconfidencial  25 Noviembre 2005

Bargalló enseña la patita
Ignacio Villa Libertad Digital 25 Noviembre 2005

Somos libres
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 25 Noviembre 2005

Sobre lo catalán
Amando de Miguel Libertad Digital 25 Noviembre 2005

Justicia, injurias y Estatut
Aurelio Alonso Cortés Libertad Digital 25 Noviembre 2005

MI BALANCE
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 25 Noviembre 2005

Incertidumbre y popularidad
Jorge Vilches Libertad Digital 25 Noviembre 2005

Máscaras del sectarismo
José María Marco Libertad Digital 25 Noviembre 2005

El silencio de Caja Madrid
LAS PESQUISAS DE MARCELLO Estrella Digital  25 Noviembre 2005

El número no da la razón
M. MARTÍN FERRAND ABC 25 Noviembre 2005

ETA marca al Gobierno el precio para dejar las armas
Editorial Elsemanaldigital 25 Noviembre 2005

Boicots, la paja en el ojo ajeno
EDITORIAL Libertad Digital 25 Noviembre 2005

Zapatero, ¡regenera!
Juan Delgado elsemanaldigital 25 Noviembre 2005

ETA le saca los colores a Zapatero
Carmelo López-Arias elsemanaldigital 25 Noviembre 2005

Separatismos: PSOE, colaborador imprescindible
Blog de Fernando Gallego Periodista Digital 25 Noviembre 2005

ETA se rearma y amenaza al Gobierno de Zapatero con un “doloroso” 2006
El Blog de ALBA Carlos Esteban Periodista Digital  25 Noviembre 2005

Cajas de ahorros y partidos políticos
Alberto Recarte Libertad Digital 25 Noviembre 2005

El Islam, contra Occidente
Gorka Echevarría Zubeldia Libertad Digital 25 Noviembre 2005

Con algo de retraso
Nota del Editor 25 Noviembre 2005

EL ESPAÑOL EN EL ACTUAL DEBATE DEL RÉGIMEN LINGÜÍSTICO EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS
Jorge Toledo ARI Nº 136/2003 (19/11/2003) 25 Noviembre 2005

LOS ARGUMENTOS ECONÓMICOS DE LA LENGUA ESPAÑOLA
Jaime Otero ARI Nº 42/2005 (31/3/2005)  25 Noviembre 2005

UGT, siguiente beneficiario
Editorial ABC 25 Noviembre 2005

La Generalidad estudia acciones legales contra supuestos boicots mientras persigue a los productos sin etiqueta en catalán
EFE Libertad Digital  25 Noviembre 2005


 

 

NUEVO LIBRO DE GUSTAVO BUENO
España no es un mito
Por Agapito Maestre Libertad Digital 25 Noviembre 2005

Soy muy pesimista sobre el devenir de la democracia española. La historia más reciente me da la razón. España como nación está en cuestión. La Constitución española está puesta entre paréntesis porque se niega España. La nación como voluntad de individuos libres e iguales, en la historia, para defender un proyecto de vida en común con visión de futuro está en crisis.

El presidente del Gobierno de España, negando la nación, sin duda alguna, cuando niega la exclusividad del término "nación" para referirse a España, no es menos indecente que la opinión de un intelectual al que, según sus palabras, "se la suda España". Ahí estamos. Detenidos en lo soez cuando no queremos pensar.

Resulta más grave, en términos intelectuales, la posición de Savater que la de un presidente del Gobierno con escasos conocimientos para distinguir la diferencia entre Nación y Estado. La posición de Savater es fiel reflejo de una de las escisiones más graves que ha vivido España en los últimos siglos. Lo veíamos venir: el desprecio a la patria española en los últimos treinta años terminaría también con el desprecio al Estado-nación España, pero pocos quisieron percatarse del asunto. Al final, la expresión soez de Savater lo aclara todo con nitidez.

Savater defiende, por un lado, a "España como una nación de ciudadanos constituida como Estado de Derecho"; pero, por otro lado, se la suda –cito sus palabras– España como una "entidad eterna, platónica, invulnerable al paso del tiempo, que lo mismo vale para la dictadura franquista que para la democracia actual…". A Savater, pues, se la suda la realidad histórica de España; sí, se la sudan, para ponérselo fácil, todos los elementos de inercia, estabilidad y permanencia de la sociedad española; sí, se la suda todo ese conjunto de tradiciones, usos y costumbres que cambian muy lentamente en la historia de las sociedades; sí, a Savater, por decirlo en términos de Ortega, se la suda la creencia o creencias en España. Se la suda, en fin, que la Legión española cambie su mascota, la cabra, por un mono…

A Savater sólo le interesan las "ideas"; más aún, a Savater sólo le interesa la idea de España como un conjunto de ciudadanos vertebrados en torno al Estado de Derecho. Vale. El problema, y sospecho que Savater lo sabe tan bien como yo, es que una nación de ciudadanos no es nada sin la carne de un pueblo, de una sociedad, de unas costumbres, de unas creencias, de una realidad que se mantiene al paso del tiempo.

Es terrible, casi patético, que quienes defendimos, por encima de todo, la nación de ciudadanos –más aún: tuvimos que esforzarnos por enseñar su poderío racional a quienes no creían en el Estado nada más que para matarlo– tengamos ahora que defender la carne de la nación, el sentimiento de amor, digno de ser racionalizado, por la patria. Uno y otro son inseparables.

Sobre la alianza, o mejor, la capacidad de aliar estos dos asuntos, el primero contingente y cotidiano, y necesario y excepcional el segundo, hasta el punto de mostrar que pueden ser la misma cosa, hay una inmensa y grandiosa literatura en España, de la que vendría a formar parte este libro de Gustavo Bueno. Bienvenido al club, del que, sin ánimo exhaustivo, quizá convenga recordar algunos nombres: baste recordar a Feijoo, por no citar antes al gran Quevedo, después a Donoso Cortés y a Menéndez Pelayo, también a los siempre actuales Unamuno y Ortega; y, más recientemente, a Sánchez-Albornoz y a Américo Castro; y ahora, ya, cómo no citar a Jiménez Losantos y a César Alonso de los Ríos como autores que han precedido a Gustavo Bueno en este esfuerzo, siempre renovado en España, por vincular la carne y el espíritu, la nación y la democracia, en fin, el destino y la razón de España.

Originalidad, orden y sistema pone Gustavo Bueno en sus valiosos argumentos, pero, a pesar de todo, sería ingenuo olvidarnos de que es, precisamente, su voluntad de insertarse en esa tradición intelectual lo que otorga grandeza a España no es un mito. Un magnífico resumen de los argumentos que desde 1998 viene desplegando el autor contra quienes niegan España. Un genuino contraataque "filosófico", o sea, una serie de argumentos objetivos contra quienes consideran que España es un mito, "algo" a lo que atribuimos, según la acepción cuarta del Diccionario de la Real Academia Española, cualidades o excelencias que no tiene, o bien una realidad de la que carece.

Siete preguntas –¿España existe?, ¿España amenazada?, ¿desde cuándo existe España?, ¿España es una Nación?, ¿España es Idea de la Derecha o de la Izquierda?, ¿existe, en el presente, una cultura española?, ¿España es Europa?– y un epílogo, titulado 'Don Quijote, espejo de la nación española', estructuran una obra que puede servirnos, a veces con brillantez, para defendernos de aquellos a quienes se la suda España.

Gustavo Bueno: España no es un mito. Temas de Hoy, 2005, 302 páginas.

ETA quiere «Estatut»
Editorial ABC 25 Noviembre 2005

ETA ha llevado hasta un punto crítico su percepción estratégica sobre la actitud del Gobierno socialista al fundir en una sola apuesta el proceso de negociación sobre «el fin de la violencia» y el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña. Han sido los terroristas, y no maledicentes intérpretes de las oscuras reuniones de Carod-Rovira en Perpiñán, quienes han abrazado las causas del soberanismo catalán y su propósito de sentar al Estado a negociar las condiciones de la solución al «conflicto». Así lo ha hecho la banda en el comunicado que ayer difundió a través de la BBC y dirigido a la comunidad internacional. Los etarras afirman expresamente que la contradicción principal del Estado es «el futuro de Euskal Herria y Catalunya y el reconocimiento de los derechos colectivos de estas dos naciones». Este mensaje es la culminación del chantaje emocional que habían puesto en marcha algunos redactores del proyecto de Estatuto para Cataluña, como Carod, quien vinculaba la aprobación de la reforma estatutaria con la solución al problema vasco. No ha sido el único que ha defendido esta relación de causa-efecto entre nuevo Estatuto y negociación con ETA. También en el socialismo catalán ha habido quien la ha hecho suya.

Rodríguez Zapatero se enfrenta a un comunicado que no habla de tregua, ni de ausencia de violencia, pero le pone sobre la mesa el aprovechamiento que los etarras obtienen de su decisión de abrir dos procesos para los que carecía de fuerza política y respaldo ciudadano. ETA se aprovecha del Gobierno porque ha entendido que el proyecto de Estatuto catalán rompe el modelo de Estado y permite hablar de naciones distintas de la española, de derechos colectivos y de la autodeterminación. Es exactamente lo que ETA ha buscado constantemente: la crisis constitucional de España.

Lamentablemente, es posible que, por vez primera, los terroristas puedan llegar a poner contra las cuerdas a un Gobierno democrático no por sus atentados sino por sus comunicados, porque la banda confirma los temores fundados hacia los proyectos de Zapatero. No son los etarras los padrinos del binomio «Estatuto catalán-final dialogado de la violencia», sino quizás el ambiente propiciado por el Gobierno de que la reforma estatutaria tendría efectos taumatúrgicos para los problemas de España, dejando hacer a sus socios sobre la influencia del nuevo modelo territorial en el cese de la violencia.

La peor noticia para el nuevo Estatuto catalán es que ETA lo tutele, no porque quiera un modelo confederal, sino en la medida en que le sirva de llave para allanar sus reivindicaciones de máximos. ETA quiere «Estatut», porque quiere quebrar las resistencias constitucionales a sus objetivos. Mal asunto es también para el Gobierno que los terroristas exhiban tan obscenamente su satisfacción por «la crisis abierta con las acciones armadas del 11-M de 2004», afirmación con la que la banda se desembaraza de cualquier presión que aún pudiera sentir por aquella matanza. No se puede pasar por alto que esta es la primera vez que los etarras se refieren al 11-M como un factor de consolidación de su estrategia de debilitamiento del Estado y de las instituciones.

Si ETA quiere un Estatuto catalán que abra en canal el Estado, la obligación del Ejecutivo es negarle toda posibilidad a los terroristas. Zapatero ya no se enfrenta sólo a un problema de constitucionalidad del Estatuto, sino a la obligación de no ceder a este chantaje. Porque lo único novedoso del comunicado es Cataluña, corolario de la tregua territorial negociada por Carod en Perpiñán. El comunicado agrava, sin duda, las fatigas que ocasiona al Gobierno el «Estatut». La crisis es mayor desde anoche. Al establecer un texto de máximos -unos de forma malintencionada, como ERC, y otros de manera irresponsable, como el PSC- el proyecto del tripartito debe cargar ahora con el envenenado apoyo una banda con un millar de asesinatos a sus espaldas.

Pero de tregua, nada. Es más, el tenor del comunicado da a entender que los terroristas no van a ir más allá del cierre del frente contra cargos electos. Su gesto es indultar a los representantes de los ciudadanos españoles, presentándose como señores de horca y cuchillo sobre las vidas de sus víctimas. Ahora más que nunca, la sociedad española merece una explicación del Gobierno.

«Lo mejor, los españoles»
POR BENIGNO PENDÁS PROFESOR DE HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS ABC 25 Noviembre 2005

... Esta sociedad tiene unas cuantas deudas consigo misma: desconfía del mérito, le incomoda la excelencia, prefiere a veces una ocurrencia ingeniosa a muchas obras bien hechas... Le gusta inventar el pasado. A pesar de todo, vale la pena...

LA política no es geometría. Las piezas no encajan, aquí y ahora. El observador se desespera. Necesita saber para prever, porque sólo adquiere fama si triunfa como profeta. Servidumbres del oficio, pródigo en adivinanzas que dejan al agorero «de mala traza y de peor talante», igual que al hidalgo y a su escudero después de topar con unos desalmados.

Veamos primero el todo y luego los fragmentos. Cumplidos los treinta años de Monarquía, España es ahora mejor que antes; en algunos aspectos, mucho mejor. Nadie de buena fe y juicio sereno puede negar la evidencia. Sin embargo, el ánimo flaquea. Hay razones objetivas: no basta con invocar ese pesimismo tan nuestro que nunca se va del todo. El Gobierno se comporta como un adolescente en plena crisis: carece de proyecto vital, trabaja poco, le gusta frecuentar compañías extrañas. La oposición cumple con holgura los plazos de convalecencia, pero acecha el temor a los idus de marzo, el fantasma sombrío de una recaída. Los enemigos de la España constitucional trafican sin pudor con su mercancía averiada. La gente está nerviosa. Confía poco en nuestras virtudes cívicas. Motivos hay: sin necesidad de repasar los libros de historia, basta con recordar el trauma que supone cada cambio de gobierno en la presente experiencia democrática. Se intuyen, pero no se remedian, los defectos de un buen sistema: partidos que absorben a la sociedad civil; facciones que quiebran la solidez de los organismos neutrales; fórmulas electorales que no reparten con justicia las cuotas de poder cuando traducen los votos en escaños. Lo peor de todo: la educación amenaza ruina y tal vez ya sea tarde para remediar el despropósito. En cambio, progreso económico y equilibrio social superan con buena nota la prueba de madurez. La arquitectura institucional parece sólida. La calidad de la vida mantiene un nivel razonable. País contradictorio, en efecto. También apasionante.

El éxito se percibe como fracaso cuando entra en juego la cuestión territorial. El egoísmo insaciable del interés particular nos impide disfrutar de la convivencia. La Constitución, expresión suprema de la voluntad general, ha sido generosa. De poco ha servido, prefieren pensar los pesimistas profesionales. ¿Qué más podemos hacer? Nuevas concesiones, proponen unos. Decir basta, exigen muchos. De la necesidad, virtud. O, tal vez, de la virtud, necesidad. Al final, optamos por aguantar una y mil veces. En política, como en la vida, no queda otro remedio. Debemos trazar un límite infranqueable, creo, en torno al modelo vigente. Sin rigidez ni dogmatismo, pero con firmeza. El Estado de las autonomías ha liberado a las fuerzas centrífugas. Las oligarquías locales (en sentido empírico, no valorativo) desplazan sin remedio a la administración periférica del Estado.

Por eso reclaman ahora la Hacienda y el Poder Judicial, penúltimo reducto de la soberanía interior, antes de reclamar la defensa y la diplomacia. Nadie ha conseguido alterar el rumbo: ni la extinta LOAPA, ni aquel PSOE de los ochenta que muchos añoran, ni siquiera el PP de Aznar acusado de promover una sedicente «regresión autonómica». Hubo, sin duda, una fuerte reacción moral, que consiguió por un tiempo equilibrar las fuerzas en la batalla de las ideas. Por eso, el constitucionalismo vasco ha sido la primera víctima de la apuesta por un nuevo poder constituyente. Han acusado tantas veces de centralismo al Tribunal Constitucional, que hasta parece verdad. Lo cierto es que -con mejores o peores argumentos técnicos- la jurisprudencia del intérprete supremo ha expulsado al Estado del territorio en materias tan sensibles como el urbanismo, el patrimonio cultural o el medio ambiente. Un cuarto de siglo de gestos destemplados, discursos victimistas y construcción «nacional» coactiva nos conduce al momento en que el supuesto poder originario pretende acceder a la letra de la ley, cuyo espíritu ya había invadido. Si no es nación, sea algo parecido. Si no es soberanía, llámese autodeterminación o derechos históricos. Si no cabe en el cuerpo normativo, quizá se conformen con el preámbulo. Conviene no engañarse: cuando se toca la soberanía nacional, nos encontramos ante el Gran Salto Adelante, valga el ejemplo chino. No es la ruptura definitiva, es cierto, pero hay grietas que terminan por derribar el edificio más sólido.

Llega la hora de adivinar. «Gobierno a miles de hombres, pero debo confesar que soy gobernado por pájaros y truenos», se quejaba Julio César en la estupenda novela de Thornton Wilder. Escenario probable. Habrá Estatuto catalán, con nación camuflada, financiación abundante y notable mejora competencial. En la fase previa, amagos de ruptura, en Madrid igual que en Barcelona. Zapatero repetirá discurso sobre la España plural. El tripartito exhibirá la oferta de novedades. CIU dirá que se queda corto. El PP exprimirá las rentas políticas. El PSOE territorial negociará ventajas que justifiquen los votos. Fin de la primera parte de la legislatura. Viene después el País Vasco, asunto para trabajar con el pincel y no con la brocha gruesa. Tregua, más o menos pronto, y «paz» más bien tarde. Regateos sobre el precio. Riesgo permanente de atentados. Batasuna volverá, si es que alguna vez se ha ido. Habrá nacionalismo vasco de izquierdas, dispuesto al pacto con el PSOE confederal. Víctimas divididas. Presos cercanos; después, ya se verá. Nuevo Estatuto vasco, con cuerpo de fábrica catalana y alma de ley plurinacional. Pero hay demasiadas incógnitas. ¿Puede salir bien una operación tan compleja pilotada por gente tan poco sutil? Por ahora, no parece. ¿Ha llegado al límite el significado político de la indignación?

Espero que no. ¿Surgirán en toda España dos bloques ideológicos sin cortes transversales por razón de territorio? Puede ser una consecuencia interesante... El ser humano, decía Bertrand de Jouvenel, no goza del arte de adivinar el futuro. Pero no deja de intentarlo: forma parte del código de la especie.

Todo esto, ¿para qué? Se explica, pero no se justifica, por razones elementales de poder y por querencias de naturaleza simbólica más que ideológica. Se trata de recuperar el antifranquismo como fuente de legitimidad, para negar que el verdadero origen del Estado democrático es la Transición. Vale la Constitución como pura semántica, desprovista de sustancia política. Por eso no importa su reforma, que acaso se limita a un barniz técnico. He aquí la brújula que orienta una hoja de ruta menos errática de lo que aparenta. Si es preciso, aparecerán nuevas cortinas de humo en forma de debates morales y objeciones de conciencia. El éxito del proyecto depende también, como es natural, de la inteligencia política de su adversario. Aislado con sus diez millones, el PP se ha librado de la hipoteca del 11-M y pone velocidad de crucero, tal vez un poco precipitada.

Acierta en el enfoque, siempre que el sentido común consiga templar el ánimo de algunos amigos circunstanciales: es imprescindible evitar el peligro de que lleguen a espantar al voto moderado y reflexivo.

«Lo mejor, los españoles», dice con razón el Rey. «Lo mejor, el Rey», opinan los españoles cada vez que les preguntan. Los dos dicen la verdad. Pero conviene evitar la complacencia. Esta sociedad tiene unas cuantas deudas consigo misma: desconfía del mérito, le incomoda la excelencia, prefiere a veces una ocurrencia ingeniosa a muchas obras bien hechas... Le gusta inventar el pasado. Mira hacia el exterior con una venda en los ojos. A pesar de todo, vale la pena. Maniobras, tácticas, estrategias... de acuerdo, pero, en democracia, el pueblo es el dueño del poder y decide sin apelación sobre el futuro.

Carod amenaza, Montilla se crece y Zapatero hace equilibrios en la cuerda floja del delito
Federico Quevedo elconfidencial  25 Noviembre 2005

El pasado mes de agosto, cuando hasta los más optimistas –o pesimistas, según se mire- daban por enterrado el Estatuto catalán a la vista de las desavenencias que había generado entre lo que ya se conoce como el Cuatripartito, el portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, el hombre que cocina en todas las salsas y que está tras el telón de todos los dramas, descolgó el teléfono para hablar con su homólogo en ERC, Joan Puigcercós, la camisa negra del Congreso, dicho en todos los sentidos. “No te preocupes, Joan, porque si no sale el Estatuto lo de la OPA sobre Endesa está hecho”, le vino a decir mi pequeño Rasputín al maestro de la tergiversación. La OPA, como alguno de mis compañeros ha dicho estos días, era –es- la mitad del Estatuto, de manera que, si fallaba una mitad, al menos quedaría la otra media. En efecto, en septiembre la operación quedaba al descubierto, al tiempo que el Cuatripartito encontraba el camino para la disgregación de España a través del Estatut, con el impulso decidido de Rodríguez.

Estos días escucho de todo e, incluso, desde estas mismas páginas hay quien pretende justificar lo injustificable. Cada uno puede atender a los intereses que le convengan, pero ya me explicarán a mí cómo se llama al hecho de que la entidad financiera accionista principal de la empresa que lanza la OPA sobre Endesa, a la sazón una caja de ahorros, dominada en su estructura orgánica por el poder político mediante y sin ninguna clase de sometimiento a las leyes del libre mercado, le condone una deuda de más de mil millones de las antiguas pesetas al partido político que tiene en sus manos el poder de dar el visto bueno a la citada operación, y que todo se lleve a cabo en el tiempo en el que se hacen posibles unas cosas y las otras. Yo lo tengo muy claro, aunque, obviamente, deberán ser los jueces los que digan si existe o no un delito de prevaricación. ¿Alguien toma nota?

Porque el quid de la cuestión no está en el hecho de la condonación de la deuda, práctica habitual entre las entidades financieras y los partidos políticos y otras organizaciones –ONGs-, por mal, muy mal, que nos parezca y lo mucho que nos hace pensar en la necesidad de cambiar radicalmente el sistema de financiación de los partidos políticos para acabar con ese nicho de corrupción que ha venido llenando de estiércol los arcenes del camino de la Democracia. La llaga en la que hay que meter el dedo hasta el fondo está en el hecho de que quien otorga un trato de favor condonando parte de una deuda y aplazando la decisión sobre la otra, espera actualmente otro trato de favor del receptor del primero, que no es otro que el PSOE. De ahí que, en mi opinión, Montilla no sea más que el firmante de las letras de cambio en nombre de su partido, el partido que lidera el presidente Rodríguez.

Todo en esta OPA huele, y perdónenme la expresión, que apesta, y no lo digo sólo por la reunión secreta –no saben cómo les fastidia que se diga esto en La Moncloa- entre Durao y Rodríguez. En los próximos días, la gasista solicitará a Montilla permiso para seguir adelante con la operación. ¿Alguien duda de cuál va a ser la respuesta? Yo no, ni siquiera esperará a tener encima de su mesa el informe del Tribunal de Defensa de la Competencia. Pero en ese momento se habrá consumado la transgresión del Estado de Derecho, y alguien debería poner el asunto en manos de un juez, antes de que el Gobierno lleve a cabo su pretendida reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial con la que trata de acabar, de una vez por todas, con la independencia de la magistratura. A mi no me extraña que Montilla se crezca en la adversidad, todo depende de él, incluido el futuro de su jefe.

Ni me extraña que en el solapamiento de un debate, el de la OPA, con otro, el del Estatuto Catalán, el insigne Carod Rovira amenace al Gobierno con romper todos sus acuerdos –menos ese que les impide a ambos pactar con el PP, firmado en el Tinell con factura antidemocrática- si el Estatuto –y la OPA, viene a decir en la letra pequeña del contrato- no sale adelante. Hace tiempo, mucho antes de ser presidente de Endesa, Manuel Pizarro, en una de sus escasas concesiones a la confidencia, me alertaba sobre los afanes expansionistas de La Caixa y de su entramado energético sobre el resto del país. Gobernaba entonces el PP, así que todo lo que está ocurriendo no cabía ni en sueños, pero se avecinaba el primer intento de Gas Natural por hacerse con una buena parte del mercado eléctrico, con aquella OPA inconclusa sobre Iberdrola. Ese convencimiento en que aquello era algo más que una mera operación empresarial fue lo que llevó a Endesa a salir en ayuda de su competidora, sin que ahora haya tenido la misma suerte ni la moneda de cambio.

Por eso Carod, y Montilla, y Maragall y, en definitiva, Rodríguez, tienen tanto empeño en que la operación salga adelante estrechamente vinculada al camino que lleve el Estatuto Catalán en el Congreso. No se trata de una mera toma de control de una compañía, un asunto que debería quedar relegado en un mercado libre a las decisiones de los accionistas, sino de la ocupación del poder y de la búsqueda de sus fuentes de financiación. Una Cataluña semi-independiente –por ahora- necesita recursos, y con la OPA en una mano y el Estatuto en la otra, si se logra el modelo de financiación que propone el Cuatripartito, todo el IVA que paguemos los usuarios del gas y la electricidad en el resto de España –y habrá cinco comunidades autónomas en las que la nueva empresa resultante de la fusión domine el mercado en régimen de monopolio- irá a parar a las arcas de la Generalitat. ¿Cómo quieren que le llame yo a esto? Me lo callo porque luego hay quien se queja, pero confío en que alguien esté preparando el recurso jurídico correspondiente. De lo contrario, no sólo habremos perdido nuestra libertad a favor de los planes absolutistas de Rodríguez... le habremos entregado también nuestro bolsillo.

Bargalló enseña la patita
Ignacio Villa Libertad Digital 25 Noviembre 2005

El consejero primero del Gobierno catalán ha vuelto a enseñar a todos como se hace la política cuando ésta se entiende desde el sectarismo. Bargalló, sencillamente, ha dejado al descubierto sus verdaderas intenciones. Critica a los que, según dice, incitan los boicots a los productos catalanes; luego promueven –bajo cuerda– el boicot a productos españoles. Para completar ya esta lista de contradicciones el señor Bargalló se ha despachado contra Freixenet por catalogarse –en Alemania– como una empresa española.

Después de tantas historias, de tanta majadería, lo único que nos queda claro es que este hombre está enfadado con todo el mundo, incluidos los empresarios catalanes. Hasta no hace mucho días Freixenet era una referencia en Cataluña, pero ahora como se ha salido del guión oficial del nacionalismo más rancio, se convierte inmediatamente en "reo de muerte". Con estos dirigentes políticos están llevando a Cataluña a una dictadura del miedo. El Gobierno catalán dice lo que hay que hacer, lo que hay que declarar y como hay que actuar; y a quién se le ocurra salirse del guión estacazo al canto.

Con esta última de Bargalló hacia Freixenet quedan suficientemente explicadas las razones por las que en Cataluña se escuchan pocas voces discordantes. A quién se le ocurra hablar o romper las directrices totalitarias del Tripartito, se convierte en la "bestia negra" de Cataluña. Así pasa con la COPE en el terreno de la libertad de expresión, pero, por lo que parece, están dispuestos que ocurra con quién sea al precio que sea.

Es más, en este caso, Freixenet no es sospechoso de estar en contra del Gobierno catalán. Las declaraciones de sus directivos de apoyo al Estatuto no ofrecen dudas, pero –¡ay amigo!– un desliz en una presentación internacional en Berlín les puede costar el "carné de catalanidad". Y es que Bargalló no defiende los intereses de catalanes, ni siquiera de Cataluña. Bargalló defiende su cortijo, y para hacerlo no escatima ningún medio.

El Gobierno catalán, con actitudes como esta, ahoga la libertad en Cataluña. Si esto ocurre sin Estatuto, con el nuevo texto, intervencionista y estatalista, ¿dónde quieren llegar? Bargalló ha enseñado la patita, sólo la patita de los que quieren postrar a Cataluña bajo la bota del nacionalismo totalitario. Eso es lo que ahí, y lo demás son fábulas infantiles.

Cataluña
Somos libres
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 25 Noviembre 2005

Seguimos esperando que la vieja guardia de UDC responda por fin a la pregunta: ¿Qué pasó a principios de los ochenta que impidió a Duran acceder a la presidencia del comité de govern del partido y a cualquier otro cargo orgánico? La enfermiza obsesión de Duran con la COPE le va a perder. Gente tan vulnerable no debería emprender según qué batallas, y menos si las estratagemas exigen disfrazarse de Teresa de Calcuta. Lo suyo tiene más que ver con otras; Carolina Herrera y Purificación García.

Mientras corren los días y Concepció Ferrer demora la respuesta, también se va agotando el periodo de alegaciones al informe del CAC contra uno de los últimos reductos de la libertad de expresión en Cataluña. Como en la COPE son gente educada, seguro que alegarán lo que haya lugar con educada firmeza. En realidad el CAC no merece que se le haga el menor caso, salvo para exigir su disolución. Por cierto: ¿Cuánto cobra un miembro del CAC? ¿Y su presidente? Tras abandonar el cargo, ¿siguen recibiendo algún emolumento?

¿Cómo se llama el presidente del CAC? Esta es la más fácil: se llama José María Carbonell, es socialista, y su concepto de la libertad de expresión y de prensa, así como su sentido de la equidad, quedó patente en 2003, cuando, en nombre del grupo socialista del parlament de Cataluña firmó una proposición no de ley en contra del cierre de Egunkaria, ordenado por el juez. Contra aquella sentencia se pronunció el tetrapartito en pleno. Qué curioso. Carbonell consideró que se lesionaba una serie de derechos que ahora no cuentan. Porque ahora son ellos los que están en el poder, y es inadmisible que un medio se atreva a criticarlos, o a informar sobre el Carmelo, o sobre el 3 %, o sobre el condonado Montilla. Anticatalanismo, ya se sabe.

Para el tripartito, y para UDC, las garantías democráticas no son un bien en sí mismo sino el código que regula el trato a los amigos. El adversario queda excluido, una vez ha sido convenientemente estigmatizado, bestializado, cosificado, amedrentado, acorralado y silenciado. No estamos ante un conflicto político más. Nos estamos jugando la libertad.

La lengua viva
Sobre lo catalán
Amando de Miguel Libertad Digital 25 Noviembre 2005

José Luis Iglesias Burgos (Madrid) cuenta una bonita historia a propósito del “problema catalán”. Tuvo que residir unos años en Cataluña y se empadronó en una localidad que no cita. Al regresar a Madrid, en 1993, se dirigió al Ayuntamiento a pedir la baja del padrón para presentarla en Madrid. El funcionario le dijo que volviera a las 10 de la mañana, que era la hora en la que el jefe ─el “comisario político de CiU”─ salía a tomar un café. De esa forma el funcionario le podía dar la baja en castellano (firmada por orden), pues el “comisario” se negaba a firmar nada que estuviera escrito en castellano. Sí, señor, todo un ejemplo de seny (= buen sentido) por parte del funcionario y de rauxa (= desmesura) por parte del “comisario”.

Josep Rodo (Barcelona) me proporciona un dato interesante. En su empresa los únicos que se expresan en catalán son los que proceden de Extremadura o Andalucía. En cambio, los que llevan apellidos catalanes se expresan habitualmente en español. Pues sí que es curioso. No es esa mi impresión después de haber sido catalán algunos años. En fin, puede que don Josep aluda a lo que se llama el “síndrome del converso”, del “jenízaro” o del “charnego agradecido”. Está en la Literatura. Me recuerda un pequeño suceso de hace unos meses. Daba yo una conferencia en una hermosa ciudad mediterránea, en la que se hablan don lenguas, el castellano y el catalán. En la mesa estaban conmigo varias eminentes personalidades de la vida política y cultural de la ciudad. Todas ellas tenían un pequeño parlamento de cortesía. Previamente, sin decirme nada, se habían puesto de acuerdo en que, por consideración a mi persona, iban a hablar en castellano. Efectivamente, así lo hicieron. Solo se saltó el pacto un destacado político quien pronunció su discursito en catalán. Lo curioso era que, a diferencia de todos los demás, su lengua materna no era el catalán. Bien es verdad que, en uno u otro idioma, todos fueron muy amables conmigo. De haberme preguntado, mi respuesta hubiera sido que hablara cada uno en la lengua que fuera más familiar. En la sala seguramente todos entendían las dos lenguas. Qué fácil sería entenderse si dejaran que nos entendiéramos.

Jordi Molins i Coronado asegura que él no dijo esa barbaridad de que el catalán procede del sánscrito. “Será otro Jordi”, viene a decir. Pues será, porque yo no me lo inventé. Debe de ser que se han traspapelado los mensajes. Son tantos que me inundan. Pido perdón por el desorden. Por otra parte, tampoco es tan extravagante asociar las raíces del catalán con el sánscrito, a través del latín y del griego. Don Jordi considera insultante la expresión “lengua regional” aplicada al catalán. El hombre se siente profundamente ofendido. Pido perdón otra vez, pero no ha sido mi intención insultar a nadie. Sobre el particular he escrito ya diversos comentarios. Si los catalanes que se sientan insultados consideran que el catalán es una lengua internacional, pues adelante. En cambio, a mí no me molesta que el castellano que yo hablo sea considerado como un dialecto regional de un español hablado fundamentalmente en América. Sigo sin entender por qué esta cuestión de los idiomas genera en España tanta ira y resentimiento. ¿No podríamos enraonar (= hablar razonadamente) con sosiego? Voy viendo que eso del seny es una leyenda, por lo menos a través de muchos catalanes que me escriben.

Antonio Campoy (filólogo) me recrimina con firmeza profesoral y abundancia de imperativos: “No pocas veces incurre usted en errores que son, permítame, sorprendentes. Créame que me he quedado de piedra con esa definición que hace usted de diglosia”. Decía yo que es la situación en la que, cuando coinciden dos lenguas en los habitantes de un mismo espacio, una de ellas se adscribe a las clases altas y la otra a las clases populares. Puede que esa apreciación no sea muy precisa, pero creo que es consonante con la definición que da el DRAE: “Diglosia. Bilingüismo, en especial cuando una de las lenguas goza de prestigio o privilegios sociales o políticos superiores”. Don Antonio sostiene que “la diglosia se produce cuando, coexistiendo dos lenguas en un mismo territorio, estas tienen usos sociales diferentes”. Ese uso alternativo, para don Antonio, “no tiene que ver con las clases populares o [las] altas. Aquí, en Cataluña, como sin duda no ignora, el castellano lo habla tanto ese supuesto camarero de su ejemplo como las altas aristocracias y burguesías”. Yo sigo creyendo que los fenómenos de diglosia sí tienen que ver muchas veces con las clases sociales. Lo que ocurre es que no se trata de una correspondencia fija, sino variable en cada tiempo y lugar. Qué manía la de considerar que los que no piensan como uno cometen “sorprendentes errores”. No veo por qué es un error llamar diglosia a la situación en la que los comensales de un restaurante de postín en Barcelona hablan catalán entre ellos y se dirigen al camarero en castellano. Esa situación la he visto docenas de veces y, además, me parece naturalísima. Entra perfectamente en la definición de diglosia que da el DRAE y la que aporta el fino de don Antonio.

Gustavo Sánchez Sánchez me espeta: “Es usted un analfabeto a la hora de tocar ciertos temas lingüísticos. Lo de los comensales catalanohablantes que se dirigen al camarero en castellano es para morirse de risa. Usted no tiene ni idea”. Hombre, alguna idea tengo. Pero ¡qué españolazo es usted, don Gustavo, con esos juicios tan apodícticos! La escena del restaurante la he presenciado bastantes veces. Aunque puede que sea una falsa percepción de un analfabeto, como usted me considera. Es más, también la he registrado en Estados Unidos. Los comensales instruidos hablan en inglés y se dirigen al “mesero” en español. La cosa es bien natural y no desmerece a nadie.

José Antonio Méndez no se extraña nada del caso que aquí se recogía de un vasco que llamó a su compañía de Seguros y le salió un contestador solo en catalán. Don José Antonio asegura que hizo una compra en la web del Cádiz C.F. y, al ver que se retrasaba el pedido, llamó al número que le indicaban. Su sorpresa fue mayúscula al comprobar que el contestador del Cádiz C.F. le hablaba solo en catalán y sin acento gaditano. Mi impresión es que lo del Estado Catalán va en serio. A este paso, las Navidades próximas van a ser la apoteosis de la sidra El Gaitero.

Está visto que el asunto de las lenguas regionales propende a la diatriba, el insulto. Jean Solé me llama “facha” y “fascista” porque ignoro que “el catalán es un idioma hablado por más de seis millones de personas”. Sigue: “Además le informo de que Catalunya ya en la Edad Media era Nación, con su Parlamento, el más antiguo de Europa”. Concluye: “A mí me produce asco todo lo español y entérese de una vez, los catalanes no somos separatistas por la sencilla razón de que jamás estuvimos unidos, por lo que aquello de que jamás formamos parte es imposible que se pueda separar”. ¡Qué agobio!

Opinión
Justicia, injurias y Estatut
Aurelio Alonso Cortés Libertad Digital 25 Noviembre 2005

El PSOE y sus asociados republicanos han dirigido su vejatoria artillería –y luego se quejan de crispación– contra el magistrado Hernando, Presidente del Tribunal Supremo y también del Consejo General del Poder Judicial –CGPJ–. Su carácter representativo convierte las injurias en un ataque a la Justicia uno de los tres Poderes del Estado junto al Gobierno y al Legislativo. Entre otras lindezas le motejan de “mentir a conciencia”, “descarada falsedad”, “falacia” y de “payasada”. Y además le “dan la oportunidad” de comparecer en el Parlamento a dar explicaciones.

¿Porqué tanto ataque si lo declarado por el presidente Hernando es que con el Estatut catalán se dará la paradoja de que un mismo hecho pueda ser delito en una Comunidad Autónoma y no en otra? Con toda razón ya que sus redactores no han previsto que los jueces de lo Penal estén sujetos al recurso de unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo cuando sentencian por delitos menores a penas de hasta 5 años. La razón del disparatado cabreo no puede ser la que declaran pues en el trámite legislativo aún cabe añadir el citado recurso de unificación.

Lo que les atraganta es que el informe de la Comisión de Estudios del CGPJ encuentra nada menos que 17 causas de inconstitucionalidad en el Estatut catalán. Y ello sólo en la parte que se refiere a Justicia. Figúrense como estará el resto cuando el mismo Consell Consultiu de la Generalitat reconocía en el total hasta 60. El informe concluye que "es inconstitucional porque asienta las bases para la creación de un Poder Judicial estrictamente catalán, distinto del estatal", que "tendría su propio órgano de gobierno, crearía sus propios tribunales, determinaría la demarcación Judicial, seleccionaría a sus propios jueces y contaría con su propio tribunal de casación para toda jurisdicción y cualquiera que sea la norma aplicada, estatal o autonómica".

Si en vez de insultar, los del PSOE se leyeran el informe de 39 páginas renunciarían a la imposible enmienda del Estatut y lo devolverían a su origen. Es inconstitucional “de cabo a rabo”. ¿O pretenderán los vociferantes una operación de “salvoconducto” eliminando la posibilidad actual de que les enjuicie –llegado el caso –un juez independiente designado por el soberano CGPJ que preside Hernando? Es indudable que prefieren al juzgador que nombre la Generalitat mediante su proyectado Consejo de Justicia. ¡Qué hipoteca la del que deba a los políticos el favor del nombramiento!

Molesta a ciertos políticos que los jueces, al estar exentos de disciplina partidista, les pidan cuentas de sus fechorías. Como el del juzgado contencioso-administrativo número 6 de Madrid que el viernes pasado rechazó la pretensión del Ministerio de Industria, es decir de Montilla, de cerrar las emisiones en analógico de “La Otra”, la segunda televisión de la Comunidad, corrigiendo así la discriminación respecto a Cataluña, País Vasco, Andalucía y Valencia que disponen de un segundo y hasta un tercer canal analógico.

¿Qué sería del prestigio de los “buenos políticos” si de vez en cuando un tribunal no sentara la mano a los indeseables? ¿O a los prebostes económicos “de la gabardina”? Lo que tiene por seguro el españolito de a pie es que –a diferencia de una política sujeta a mercadeo– con un juez no vale la chequera. La justicia, aunque lenta, siempre llega.

Vano intento el de los “otros políticos” de tachar de mentirosos a jueces que, como el presidente de su Consejo, merecen el crédito moral de la gente. Es comprensible su temor y precauciones cuando regresa el fantasma de la corrupción. Son políticos que todo lo deben a haber sido incluidos en listas cerradas, formadas discrecionalmente y en secreto para “actuar a la orden”. La verdad no cuenta, sólo los intereses de partido. Los jueces en cambio acreditan su capacidad en pruebas de selección, por oposición hecha a la luz y entre muchos candidatos. Por eso pueden aplicar la ley en interés general; algo que se quiere ahora cargar el Ministro de Justicia con los nombramientos a dedo de los “jueces de proximidad”, otro estigma estatutario. De proximidad...a los políticos potencialmente enjuiciables, digámoslo claramente.

La exigencia del PSOE de pedir explicaciones en el Parlamento al presidente Hernando ignora que el principio de separación de poderes excluye al Judicial de control del Legislativo. El “controlable” según la Constitución es el Gobierno. A quien hay que pedir esclarecimientos es, por ejemplo, a Montilla por sus relaciones con La Caixa. Los Jueces y Magistrados “integrantes del Poder Judicial, están “sometidos únicamente al imperio de la ley” según su artículo 117, es decir al enjuiciamiento de los tribunales del rango superior al juzgador si éste infringe –caso raro– la Ley. Quien personifica al Poder Judicial no puede ser interpelado ni siquiera cuando el próximo diciembre presente, como es de reglamento, la memoria anual de actividades del Consejo.

MI BALANCE
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 25 Noviembre 2005

El balance de estas tres últimas décadas coincide con una gravísima crisis nacional y, sin embargo, se nos está presentando como un gran éxito histórico. No voy a insistir hoy en la profundidad de esa crisis, a la que desgraciadamente tendremos que volver a referirnos mañana, y pasado, y al otro, ya que una de las características de esta va a ser su prolongada, interminable, exasperante duración.

Lo que me importa denunciar hoy es este gusto que tenemos los españoles por huir de la realidad. Me llama la atención el hecho paradójico de que nos empeñemos en celebrar como el cierre feliz de una época lo que debería ser motivo de amargas reflexiones.

Yo entiendo que sobrevaloremos el paso (el salto cualitativo) de un régimen a otro. En realidad, pienso que las bases de la transición ya habían sido puestas por el franquismo, y el resto entre todos, y bajo la dirección de los últimos franquistas.

Pienso también que esta feliz solución no hubiera sido posible sin la Corona. Como no creo que sin ella podamos superar la crisis que nos está amenazando. Pero hecha esta valoración, ¿cómo no ver los enormes errores por los que se explica la inseguridad que vivimos en estos momentos?

Esto no es cosa de Carod Rovira ni de Arnaldo Otegi. ¿Por qué no aprovechar la ocasión de las conmemoraciones -muerte de Franco, reinado de Juan Carlos I- para hacer un recuento de errores?

En realidad, los que se resisten a mirar cara a cara estos treinta años lo hacen no sólo por miedo a la autocrítica, sino porque de hacer ésta se derivarían conclusiones que llevarían a mantener determinados principios.

Por ejemplo, ¿cómo podrían los socialistas mirar autocríticamente los años que gobernaron con el Partido Nacionalista Vasco si ahora precisamente están pensando en repetir la experiencia en peores condiciones, esto es, con un PNV pasado por Estella y descaradamente acompañado por Batasuna y con un proyecto de Constitución para un Estado libremente asociado?

El balance de estos treinta años es la aparición del odio entre españoles; la amenaza de una guerra de territorios, que es la más temible de todas por su irracionalidad; el silencio de los intelectuales, cuando no su deserción desde el punto de vista de los principios; el miedo a la ruptura del mercado por encima del temor a la desaparición de los lazos históricos y solidarios; las diferencias de los dos grandes partidos en relación con la organización de la convivencia y, por terminar, la desaparición de aquel espíritu de la transición del que históricamente nos habíamos sentido tan satisfechos.

Este es «mi» balance.

Gobierno Zapatero
Incertidumbre y popularidad
Jorge Vilches Libertad Digital 25 Noviembre 2005

La impopularidad se produce porque los ciudadanos dejan de ver a los políticos como un instrumento para la resolución de los problemas generales. Y crece, en cambio, la sensación de que su actividad, actitud y palabras sólo sirven para crear dificultades allí donde no las había, mientras olvidan los obstáculos cotidianos de los contribuyentes. Es el caso de Zapatero y la sociedad española.

La política del gobierno Zapatero ha creado una gran incertidumbre entre los españoles, lo que explica su escalofriante pérdida de popularidad. La sociedad no percibe con claridad la necesidad de reformar el Estado sin el concurso del PP, sobre todo si este partido defiende algo con tanta aceptación y buen resultado como es la Constitución y el espíritu de la Transición. La sensación es palpable. Algo no marcha bien cuando el partido de la oposición, con gran respaldo por más que quieran sumirla en una falsa soledad, clama por el respeto a la Carta Magna y al consenso de las grandes fuerzas para su reforma.

Y la incertidumbre del español sentado no es gratuita. El gobierno de su país cuestiona la existencia de su identidad nacional, y, no contento con eso, pretende vaciar de facultades a la administración central que gestiona. Dice, por otro lado, que ha sacado a España del “eje de la guerra” para ser “promotora de la paz”, pero vende barcos y aviones de guerra a Venezuela, desestabilizando, así, Centroamérica. Asegura que encaminan al Estado español a la modernidad, al ciudadanismo, pero promueve un Estatuto de Cataluña que nos devuelve al Antiguo Régimen, a la desigualdad por nacimiento. Afirma que garantiza la pluralidad informativa, la televisión de todos, pero llama “bazofia” y “caverna mediática” al que discrepa de la verdad oficial. Promete una mejor educación, pero publica una segunda edición de la LOGSE, la ley que ha creado más analfabetos funcionales del mundo civilizado.

El discurso para señalar a un PP demiurgo de los problemas está pronto a caducar porque crea más desazón e incertidumbre. La sociedad percibe como algo irreal el que sea el partido de Rajoy el que, sin estar en el poder, esté poniendo en peligro la convivencia del país. En el PSOE, en consecuencia, están muy preocupados. Saben que la solución inmediata –esconder a Zapatero y sacar a hablar a los ministros– es mucho peor. En su ceguera, los socialistas aún se atreven a decir que no están “aquí para que el ciudadano nos aplauda, sino para hacer mejor su vida y para cumplir la palabra dada”… “aunque el ciudadano no quiera”, se les olvidó decir.

En esta tesitura, han ideado frenar el descenso de popularidad del líder acelerando una tregua con ETA. Y sale Patxi López, para vergüenza de muchos socialistas vascos, entre otros, asumiendo los postulados entreguistas y nacionalistas. Y Peces Barba acusa de “sectarismo” a Alcaraz, presidente de la AVT. Entonces será cuando los medios de comunicación adictos comiencen la “pedagogía”, porque el que vota y paga sus impuestos no sabe nada, animada por la frase de Zapatero: “Nadie nos va a parar”. A no ser que Carod diga lo contrario.

Azaña y Peces Barba
Máscaras del sectarismo
José María Marco Libertad Digital 25 Noviembre 2005

En algunas fotos recientes, Gregorio Peces Barba guarda un sorprendente parecido con un personaje de la historia española del siglo pasado. Vean ustedes algunas de las fotos que le hicieron a Azaña en los últimos años, en particular en sus últimos meses. Comparen luego con las últimas de Peces Barba. Se parecen muchísimo

Es el mismo corte de cara, la misma boca, la misma mirada un poco extraviada o concentrada en una visión interior, una visión que por lo que se adivina, debe ser atroz.

En el caso de Azaña, sabemos en parte lo que veía: su miedo, la conciencia de su responsabilidad, el sufrimiento, la destrucción y los miles de muertos que el régimen republicano había provocado.

En el caso de Peces-Barba, es más difícil decirlo, porque a pesar de su repulsiva conducta con las víctimas del terrorismo, Peces-Barba no tiene ni de lejos la dimensión trágica de las responsabilidades que asumió Azaña.

Pero algo debe haber que los hermana en el tiempo.

En contra de lo que se ha dicho muchas veces, no hay un último Azaña arrepentido de su conducta. Lo que hay es un Azaña que se sabe culpable, eso sí. Y además, y sobre todo, un Azaña obsesionado con el papel que la historia le asignará en la tragedia española. Al final, Azaña habría dado cualquier cosa con tal de rectificar su alianza con los nacionalistas catalanes y con los socialistas, a los que siempre despreció, por otra parte. Pero no lamentó nunca su proyecto político. Lo consideró fracasado por culpa de sus aliados, no en sí mismo. Fue un fracaso accidental. Hasta el final, Azaña siguió siendo el mismo sectario que siempre quiso ser.

Y eso, justamente, es aquello en lo que se parecen Peces-Barba y Azaña. También en Peces-Barba hay esa voluntad decidida de no estar dispuesto a rectificar nunca. Los dos están convencidos de que tienen razón, que la tenían antes y que la tendrán siempre, pase lo que pase, en el caso de Peces-Barba incluso cuando los etarras o los islamistas vuelvan a asesinar en España. En el fondo, para Peces-Barba las víctimas del terrorismo son simples peones en la fantasmagórica lucha que el socialismo español sigue empeñado en mantener con una derecha que sólo existe en su imaginación, como Azaña se inventó una lucha que él llamaba quijotesca con la España tradicional. Más aún: Azaña lo intuía en su tiempo, y Peces-Barba intuye ahora, que sin esa fantasmagoría todo su proyecto se viene abajo.

Por eso, las víctimas del terrorismo son buenas si aceptan el papel que la izquierda les quiere dar. Dejan de serlo en cuanto asumen la dignidad que les corresponde, una referencia moral ajena al partidismo político. Entonces se convierten en víctimas no ya del terrorismo sino de esa derecha fantasmal a la que Peces-Barba y Azaña plantan la misma triste, patética máscara.

El silencio de Caja Madrid
LAS PESQUISAS DE MARCELLO Estrella Digital  25 Noviembre 2005

La OPA de La Caixa y Gas Natural contra Endesa ha quedado al descubierto en el caso Montilla, que está relacionado con la corrupción política y la financiación ilegal del PSC-PSOE en un tiempo en el que el citado ministro de Industria había participado como consejero de La Caixa a la vez que había sido negociador y artífice de una condonación de 6,5 millones de euros en beneficio de su partido. El mismo que desde los gobiernos de Cataluña y de Madrid ha favorecido el desembarco de La Caixa en el sistema energético español en un intento flagrante de quedarse casi con todo como consecuencia de una operación financiera que tiene su origen en la política y que a la vez se relaciona con el órdago que el Estatuto catalán está dando a la Constitución española y a la unidad de España. Quienes a estas alturas, y a la vista de estos hechos, consideren que la famosa OPA sólo responde a una operación empresarial no dicen la verdad o simplemente están ciegos.

El propio comportamiento del presidente del Gobierno en sus reuniones secretas con el presidente de la Comisión Europea para evitar que los problemas de competencia de la OPA —que además existen— se decidan en Bruselas es otro dato más al que hay que añadir el activismo descarado de Montilla en favor de la operación, la presencia de una dirigente del PSC al frente de la Comisión Nacional de la Energía y la no menos descarada actuación del presidente de la CNMV, conformando todos ellos un equipo político de acción en favor de La Caixa y en contra de Endesa, bien por puros motivos políticos, bien por los favores financieros recibidos (de los que también se ha beneficiado ERC) o puede que las dos cosas.

La oposición política al Gobierno de Zapatero, el PP, ha denunciado la trama y el escándalo que subyace por la corrupción política y el tráfico de influencias. Otro tanto han hecho numerosos medios de comunicación y profesionales de prestigio desafiando al poder imperante, que no es pequeño ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo financiero. Los primeros dirigentes de Endesa, en defensa de sus accionistas, han hecho otro tanto. Pero una parte destacada de sus accionistas, la que lidera Caja Madrid, aunque permanece del lado de Endesa, guarda un sonoro silencio que alguien debería romper. A no ser que estén jugando en los dos tableros de la partida por si la OPA sale ganadora, a pesar de los muchos pesares, y se quieren recolocar y posicionar en puestos de privilegio como posterior coartada españolista de una operación nacionalista que afecta a un sector estratégico de la vida nacional de la mano de quienes están echando un pulso a la Constitución española.

Sabemos que las relaciones entre Endesa y Caja Madrid no son, o no eran, las óptimas y que las desavenencias entre Pizarro y Blesa por la representación de la Caja madrileña en el consejo de Endesa se habían deteriorado meses atrás, y puede que las dos partes tuvieran sus razones en la disputa. Pero ahora estamos ante un asunto de mayor cuantía financiera, empresarial, política y constitucional. Y el presidente de Caja Madrid, su consejo de administración y sus portavoces deberían estar más activos y decididos denunciando los abusos políticos de la tramitación de la OPA y advirtiendo al resto de accionistas y al conjunto de los ciudadanos de los riesgos que comporta la operación.

Así se lo han hecho saber algunos dirigentes políticos a los máximos responsables de la Caja madrileña, y también conviene que se lo recuerden de vez en cuando los medios de comunicación, porque se está muy bien sentado en los grandes salones del poder lamentando lo que ocurre para dejar en manos de unos pocos la defensa de una fortaleza que, aunque sólo sea una empresa eléctrica, en este momento se ha convertido en un símbolo y en un desafío a la unidad nacional.

La actual cúpula de Caja Madrid llegó al poder en esta compañía en otras circunstancias políticas, y en un marco económico y social en el que las garantías de la competencia y de los procedimientos de OPAs alcanzaron cotas de independencia importantes, como las que se vieron durante el intento de fusión entre Endesa e Iberdrola, como bien lo sabe Caja Madrid y su equipo directivo. Por todo ello sorprende esta pasividad, que de momento irrita a ciertos sectores empresariales, financieros y políticos, pero que va a empezar a calar en la opinión pública, y en especial la madrileña si las cosas siguen como van.

Por todo ello sería bueno que Caja Madrid dejara de desempeñar el papel de don Tancredo, aunque por el momento esté de parte de Endesa —¡faltaría más!—, y pasara a una posición más comprometida. Sabemos que en su consejo de administración también hay algunas opiniones políticas comprometidas con la OPA, pero la dirección de la Caja no debe dudar ni dar un paso atrás, sino dos hacia delante, que es lo que esperan los ciudadanos madrileños y los españoles en general.

El número no da la razón
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 25 Noviembre 2005

CUANDO, perdida la vergüenza, un partido en el Gobiernreduce los planteamientos de la razón a la mera contabilidad de los escaños, la democracia se ahueca y se nos vuelve fofa. Estoy pensando en José Montilla. Nadie no afectado por la fiebre partidista podría defender, desde la decencia y el rigor, la posición política del personaje. Aunque la voluntariosa vicepresidenta del Gobierno haya encontrado «19 razones» para avalar el trabajo del ministro de Industria y defender su continuidad en el Gobierno, es evidente la incompatibilidad entre el secretario general de un partido moroso y su estancia al frente de una cartera directamente relacionada con la institución financiera que alegre e irresponsablemente, en perjuicio de sus impositores, administra el interés común con el más personalizado de los criterios.

Muy posiblemente, Montilla, el promotor de una norma para evitar la morosidad en los pagos -¡ole, señor ministro!- , seguirá en sus puestos y con ello el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero habrá perdido su dignidad al tiempo que el partido de Pasqual Maragall, otrora socialista y hoy nacionalista, diluirá su respetabilidad. Ese es el inconveniente de los juicios de valores correspondientes al orden ético: no se ganan o pierden por razones de número o cantidad, sino en función de los criterios morales del observador.

De nuevo es una historia furtiva relacionada con la financiación del socialismo la que compromete el respeto de uno de los dos grandes partidos nacionales y abre una vía de agua en su línea de flotación. Esta nueva «filesa», valga la expresión, es una bomba de tiempo situada en el corazón del PSOE y de sus franquicias nacionalistas. Si esperan neutralizarla con la réplica de las acusaciones, con la falsa asunción de que «todos somos iguales», pincharán en hueso. Todos somos iguales, claro está, en los derechos; pero, afortunadamente para el bien común, no todos lo son en la conducta.

Es posible que la fuerza de Montilla resida en su sabiduría. Seguramente, dados su cargo y su experiencia, sepa cosas mucho peores y más escandalosas que las que ahora le señalan como un ministro indeseable y un secretario general impresentable; pero, aunque la vicepresidenta De la Vega haya encontrado «19 razones» que le defiendan, ¿cuántas son las que le señalan como inadecuado? En esto, contra lo que marca la tradicional astucia al modo socialista, dejar pasar el tiempo no suele actuar en defensa del personaje al que se ha pillado en falta; sino, por el contrario, lo frecuente es que extienda el mal a su entorno catalán, y el desprestigio, dada la coincidencia de la opa contra Endesa y el curso del nou Estatut, a todo el ámbito socialista nacional.

ETA marca al Gobierno el precio para dejar las armas
Editorial Elsemanaldigital 25 Noviembre 2005

ETA se muestra satisfecha con la situación política española, al tiempo que pide la internacionalización de su "conflicto" y fija el precio del trueque: "armas por naciones".

25 de noviembre de 2005. Contra su costumbre, la banda terrorista ETA remitió ayer un comunicado a la emisora británica BBC, dirigido a las "organizaciones internacionales" y no a su público nacionalista habitual. En los dos folios del documento, la organización criminal hace su propia valoración de los últimos acontecimientos políticos y describe su percepción del futuro inmediato.

Los etarras no hacen mención a tregua, y mucho menos a rendición, pero la banda constata que pese a que la "opresión" española y francesa sigue en los territorios de su nación soñada, el Gobierno español ha dado pasos oportunos hacia su idea de la "superación del conflicto". Así, ETA constata la debilidad de España tras las "acciones armadas" del 11 de marzo de 2004, y hace suya la propuesta de Batasuna de una doble negociación.

ETA se muestra contenta en el comunicado porque aprecia en la política española "elementos novedosos", en una clara referencia a la satisfacción que la banda terrorista ha obtenido con la ruptura del Pacto antiterrorista entre PSOE y PP y la aprobación del Estatuto catalán en el Parlamento de Cataluña y posterior tramitación en el Congreso de los Diputados.

De hecho, por primera vez desde Perpiñán ETA incluye a Cataluña entre sus éxitos, haciendo suya también esa reivindicación independentista. Porque la "salida democrática" de ETA, que los asesinos ven posible y cercana, pasa por un acuerdo entre los partidos políticos nacionalistas y el PSOE que reconozca los principios básicos de la doctrina nacionalista: autodeterminación y territorialidad. Y Pasqual Maragall ha abierto la puerta de tales reivindicaciones.

ETA no ha declarado una tregua, pero ha explicado por qué aún no. Todavía no, porque antes ha de solucionarse su reivindicación política fundamental, es decir la legalización de Batasuna ("permitiendo la participación de todas las opciones políticas") y la "negociación sin exclusiones". Es decir, con la exclusión del PP y de al menos la mitad de los vascos.

ETA mete a Cataluña y al País Vasco en el mismo saco, al tiempo que se felicita por la ruptura del Pacto Antiterrorista. Zapatero quiere una tregua, y aún no la tiene; pero los terroristas ya dan por cumplida la primera condición, que era el aislamiento del PP y el inicio de un proceso de reforma institucional sin límites.

ETA no ha cambiado, sigue diciendo lo mismo que siempre con las mismas palabras, y sigue exigiendo lo mismo. Ha cambiado, sin embargo, su interlocutor. España tiene hoy un Gobierno dispuesto a admitir que en el país hay varias naciones, o lo que es lo mismo que existe un derecho a la autodeterminación. Una vez aceptada la idea de que puede haber un precio político por los asesinatos, lo de menos es discutir el importe. ETA se ve a sí misma con posibilidades de victoria.

Boicots, la paja en el ojo ajeno
EDITORIAL Libertad Digital 25 Noviembre 2005

Según están las cosas, era de prever que no tardase en saltar a primera plana el tema de los boicots. Ayer, desde dos instancias diferentes de la Generalidad, sendos miembros del Gobierno autónomo se hicieron eco de algo que, en el resto de España, está pasando completamente desapercibido. El portavoz del Ejecutivo de Maragall, Joaquim Nadal, animó a consumir "productos buenos, vengan de donde vengan", a la vez que se hizo eco de supuestas "actitudes beligerantes" contra los productos catalanes. Por su parte, el consejero de Comercio, el esquerrista Josep Huguet, el mismo que hace pocos meses clamaba por lo inevitable de una "guerra civil" si no se aprobaba el Estatuto, anunció que su departamento piensa tomar medidas legales contra los que alienten un boicot comercial contra Cataluña. Un presunto boicot que, según el consejero, viene atizado por medios próximos a la derecha española.

Huelga decir que nadie, absolutamente nadie; ninguna asociación, ningún colectivo, ninguna organización y, naturalmente, ningún periódico, ha pedido formalmente que se boicoteen los productos fabricados en Cataluña. Más bien al contrario, tanto el Partido Popular como infinidad de periodistas han rechazado de plano esa posibilidad. Esta, y no otra, es la realidad, por más que se empeñe Huguet en ver otra cosa. Por lo tanto, sus amenazas no sólo son inaceptables, sino algo propio de alguien que no está en sus cabales y a quien puede un anhelo desmedido de jugar al sempiterno victimismo nacionalista. Puede ahora, con los hechos en la mano, tomar las medidas que crea oportunas. Eso sí, antes de nada debería empezar a mirar quién y quiénes son los que, desde la propia Cataluña, llevan años organizando un planificado y sostenido boicot contra todos y cada uno de los productos que no están etiquetados en catalán.

El boicot catalanista, que tiene como escaparate público una página web, lleva operando desde hace tres años con total impunidad y gracias a, dicho sea de paso, jugosas subvenciones públicas. En concreto, sólo este año, los promotores han recibido 548.000 euros, unos 90 millones de las antiguas pesetas, destinados a mantener un proyecto cuyo santo y seña es "compreu i no compreu". En la web se especifican las marcas que el "buen catalán" debe comprar y las que no debe hacerlo bajo ningún concepto. La campaña, orquestada desde una asociación cercana a ERC llamada Òmnium Cultural, va destinada, además, no sólo a la comunidad catalana, sino a ese invento de los Países Catalanes que engloba Valencia, las Baleares, parte de Aragón y el departamento francés de los Pirineos Orientales.

Dice Huguet que promover un boicot contra los productos catalanes puede constituir un delito, en tanto en cuanto supone una discriminación por razón de origen. Evidentemente no se le cae la cara de vergüenza al consejero. La iniciativa del Òmnium Cultural, en su delirio por conseguir la perfecta cesta de la compra catalana, explica cuál ha de ser la compra de la semana, detallando los productos y marcas que deben figurar en ella junto a los que no deben ser comprados. Es, como bien apuntan sus promotores, un "boicot activo" en toda regla, destinado a obligar a todas las marcas a pasar por el aro y etiquetar los productos en una lengua cooficial en la región, pero que los catalanes no tienen el deber de hablar.

Esto es lo que hay, mientras a los nacionalistas les ha faltado el tiempo para denunciar un boicot que, oficialmente, no existe, ignoran, o fingen ignorar, que la semilla de la discordia la plantaron ellos hace mucho tiempo. Se esmeran, en definitiva, en ver la paja en el ojo ajeno antes que la viga en propio. Es un viejo recurso nacionalista que, por abusar tanto de él, canta a la primera. Los que empezaron creando categorías diferentes de ciudadanos fueron ellos con sus delirios identitario-lingüísticos. Los que llevan décadas azuzando el enfrentamiento interterritorial sobre la demagogia más rastrera han sido siempre ellos. Que vengan ahora los que han pasado años insultando, denigrando, menospreciando y boicoteando activamente, a quejarse de lo mal que les trata el resto de España suena, cuando menos, chocante. Es la mercancía de siempre aunque, esta vez, se le ven demasiado las costuras.

Zapatero, ¡regenera!
Juan Delgado elsemanaldigital 25 Noviembre 2005

Conforme pasan los días y languidece la legislatura, más se ponen en evidencia las dolencias de nuestro régimen democrático. No hay manera de enmascararlas. Ni la sonrisa ni los discursos "tranquiconciencias" de Zapatero consiguen tapar la podredumbre que está generando los múltiples focos de infección de nuestro sistema político.

A bote pronto, he aquí algunos de nuestros males: la impunidad de nuestros mandatarios. Aquí, pueden insultar, injuriar y mentir sin ningún coste. Y si no, basta echar un vistazo, como simples ejemplos, a Montilla y Peces-Barba. Aquí está permitido trapichear con una entidad. El código del buen gobierno que tanto vendieron se ha quedado muerto de risa en los archivos informáticos. Las emisoras de radio y televisión son como las chucherías que los padres les dan a los niños como premio por comer bien. Un partido con 600.000 votos condiciona el futuro de una nación. Los ciudadanos no pueden elegir a quienes quieren, sino a quienes les imponen las direcciones de los partidos. El fiscal general del Estado actúa cuando se lo dice quien le ha nombrado. Los tribunales de justicia resuelven en función de los contextos políticos. Las demandas sociales son escuchadas cuando le gustan al gobernante...

Pero no. Zapatero no está preocupado. Su democracia ejemplar no termina de llegar. En lugar de llevar a cabo una serie de reformas saludables para nuestra democracia, se dedica a inventar problemas inexistentes. Inventos que están trastornando a una sociedad. Probablemente, en los últimos 30 años, nunca los ciudadanos han estado tan radicalizados y crispados como ahora.

Zapatero tiene todavía una oportunidad, pese a que en sólo un año ha despilfarrado más capital político que el hijo pródigo. Aún está a tiempo. Una forma de empezar esa regeneración es pactar con el PP una reforma profunda del sistema electoral. Ya sabemos que a Carod y compañía le pondría de los nervios, al igual que a algunos parásitos de los partidos, pero a España en su conjunto le vendría de maravilla.

Pero, tal y como están las cosas, me temo que tendremos que seguir viviendo durante algún tiempo más de la ilusión.

ETA le saca los colores a Zapatero
Carmelo López-Arias elsemanaldigital 25 Noviembre 2005

La buena capacidad de síntesis de Ignacio Astarloa –uno de los más eficaces comunicadores del PP– ha reducido a tres palabras el mensaje etarra del jueves: armas por naciones. No parece casual que en un texto consagrado a celebrar el fin del Pacto Antiterrorista y a respaldar a Arnaldo Otegi y su fantasmal "espíritu de Anoeta", se hable de un "debate en torno al modelo territorial español" que debería resolverse con el "reconocimiento de los derechos colectivos de estas dos naciones... Euskal Herria y Catalunya".

Faltó decir "derechos históricos" en vez de "colectivos" para transcribir literalmente la reclamación básica del Plan Ibarretxe y del proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña. Y, desde luego, a los de las bombas no se les ocurrieron ocho fórmulas mágicas: no reclaman "identidades nacionales" o "comunidades nacionales". Se proclaman "nación" y en consecuencia exigen el derecho a autodeterminarse. Ésa es su clave negociadora, la aspiración cuyo cumplimiento alumbraría la posibilidad del manido abandono de las armas.

Parece mentira que el Zapatero que presumía –y era verdad– de haber ideado e impulsado el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo del 8 de diciembre de 2000, se vea ensalzado cinco años después, en un papel que firman el hacha y la serpiente, a causa de los "elementos novedosos" que ha introducido en el asunto. El principal, haber liquidado el Pacto.

Es cierto, se le censuran la "estrategia represiva" y el "estado de excepción". Pero es que, como asimismo sentenció Astarloa, estamos "ante la misma monserga de siempre y con la literatura de siempre". Aunque sí hay algo que antes no había: la sensación de que el entendimiento entre el Gobierno y ETA podría ser posible.

O quizá habría que precisar: entre parte del Gobierno y ETA. Porque José Antonio Alonso sí fue, pocos minutos antes de conocerse el comunicado, muy franco en la entrevista que concedió a Germán Yanke: "ETA está viva, activa y operativa", seguirá siendo perseguida, la política penitenciaria mantendrá "un determinado nivel de dispersión", y la legalización de Batasuna "no es un escenario que contemple el Gobierno".

En cualquier caso, lo último que le faltaba ahora a La Moncloa es que en un comunicado de ETA apareciese otra vez el nombre de Cataluña. Es tanto como darle la razón a Jaime Mayor Oreja, que lleva meses recordando que el Pacto de Estella es al Plan Ibarretxe lo que Perpiñán al Estatut: esto es, ETA como sostén y punta de lanza del nacionalismo, incluso de aquel que rechaza sus crímenes.

Entre los cuales, por cierto, y también son daños personales, figura destrozarle el negocio a personas que viven de un trabajo honrado, y no de la delincuencia organizada.

Separatismos: PSOE, colaborador imprescindible
Blog de Fernando Gallego Periodista Digital 25 Noviembre 2005

Las derechas nacionalistas del País Vasco y de Cataluña han logrado algo inaudito. Al cabo de algo mas de dos décadas de imposición hegemónica de sus criterios políticos y de su lenguaje, han conseguido que la izquierda, paradigma del universalismo, la equidad y la solidaridad, haya aceptado mediante un gota a gota, la transfusión de la savia ideológica nacionalista, para terminar asumiendo dicho credo de principio a fin.

En las dos comunidades los partidos de izquierda han renunciado a sus principios para encaramarse al carro hegemónico, a costa de renunciar a la defensa de la unidad de España, e ignorar los derechos de los Españoles que en esas comunidades no asumen el sofocante credo nacionalista. Madrazo por IU, y el impresentable cuadro de personajes del PSE, traidores a la memoria de su partido y de las personas que en el País Vasco defienden la libertad, son botón de muestra en un sitio. Por el otro, un personaje como Maragall, que sin mas activo que su apellido, ha sabido sacar provecho de las oportunidades que brinda la política, y entre disparate y disparate, se ha situado al frente del PSC conduciéndolo a una deriva nacionalista que ha convertido su formación al nacional socialismo.

El nacionalismo periférico ha dado muestras de una estrategia impecable. Su ofensiva en los últimos 20 años, se ha encontrado con el intelecto embotado de millones de ciudadanos y la incompetencia irresponsable de cientos de políticos, embaucados y atrapados por la imposición de ciertos tabúes ideológicos y trampas en el lenguaje, que por desgracia no fueron desactivadas a tiempo. Ahora, están a punto de imponernos sus objetivos, que no son otros que la destrucción de la identidad nacional Española, la debilitación de la convivencia entre comunidades y la imposición de un credo basado en la superioridad de unos Españoles sobre otros.

Sin embargo, el principal activo de los nacionalistas, con mucha diferencia, no es otro que el de haberse servido de la izquierda para fomentar por todo el territorio español un odio irracional a la idea de una España unida y fuerte, que afronte los retos que nos deparará el siglo XXI.

Por esto, lo escandalosamente grave, es que la izquierda con posibilidades de gobierno, o sea el PSOE, haya caído en la tentación de asumir el credo nacionalista y extender entre sus conmilitones y simpatizantes una corriente anti española que no tiene parangón en ningún país de nuestro entorno. Visto desde las cancillerías de Francia o Inglaterra tiene que producir conmiseración, al tiempo que un disimulado cachondeo, ver como un viejo competidor histórico se entierra en la estulticia de algunos de sus ciudadanos, y en el egoísmo suicida de muchos de sus políticos, en teoría encargados de velar por la Nación.

Los lectores que estén atentos a nuestro entorno social, se habrán dado cuenta de que hay militantes y simpatizantes del PSOE e IU, que ningunean el concepto de España, repartidos por todo el territorio y no solo en las comunidades separatistas. La alarma de la disgregación de España no llega por la virulencia del terrorismo, ni por la intensidad reivindicativa de los nacionalistas. El auténtico peligro para la integridad de España es la debilidad de criterios y la asunción del credo nacionalista por una gran parte de la izquierda en el resto del territorio nacional.

Sería impensable lo que está sucediendo, si el fenómeno de desarraigo se diera solamente en las comunidades afectadas. Jamás hubieran llegado tan lejos en la amenaza que están a punto de perpetrar, si el PSOE no fuera el coadyuvante imprescindible para la consecución de este objetivo. Tras muchos años de complejos y debilidad ante los nacionalistas, con continuas cesiones por gobiernos socialistas y en menor medida del PP, los avatares de la política y el 11M nos condujeron a la tormenta perfecta, al gobierno perfecto para la consecución de lo que los separatistas tenían proyectado: El gobierno de ZP, un oportunista sin criterios y un anti español fruto de una generación acomplejada y confundida tras 20 años de nacionalismo políticamente correcto.

Solo la desactivación de esta actitud en la izquierda social, o la reflexión de un gran número de sus miembros, podrá aglutinar a la mayoría ciudadana necesaria para que la amenaza de la secesión separatista no fructifique.

ETA se rearma y amenaza al Gobierno de Zapatero con un “doloroso” 2006
El Blog de ALBA Carlos Esteban Periodista Digital 25 Noviembre 2005

Fuentes de Inteligencia han informado a ALBA que el núcleo militar de ETA, comandado por ‘Txeroki’, está aprovechando la tregua oficiosa para rearmarse y preparar una ofensiva que, según Batasuna ha comunicado al presidente Zapatero, comenzará el 15 de diciembre y se prolongará a lo largo del próximo 2006, si el Gobierno no cumple para entonces las condiciones impuestas por la banda en agosto: amnistía de algunos presos, reagrupamiento de otros en cárceles del País Vasco, aceptación de Batasuna como interlocutor válido, y compromiso de respetar la voluntad salida de las urnas de un futuro referéndum.

Según las mismas fuentes, la ETA de ‘Txeroki’ tiene poder para actuar en cualquier punto de España, dispone de varios comandos que se mueven clandestinamente por el país, y de otro que entra y sale de Francia.
Txeroki tiene un compromiso con Josu Ternera en el sentido de que si no se cumplen las condiciones impuestas por la banda, el primero quedaría libre para marcar objetivos personales.

ALBA informa además de que los partidos políticos PSOE e IU son los que más deudas tienen contraidas con las cajas de ahorro españolas. Según los informes de gobierno corporativo de las entidades, PSOE debe más de 30 millones de euros, mientras Izquierda Unida tiene un saldo negativo que supera los 12 millones, en los dos casos contando las alianzas de los grupos con las organizaciones regionales.

El semanario publica una entrevista en exclusiva con la nueva ministra de Familia de Alemania, Ursula von der Leyen, nombrada por Angela Merkel. “Hemos de crear un marco en el que sea posible aceptar a los niños y que nazcan”, declara. La ministra asegura que va a crear las condiciones necesarias para “que los jóvenes tengan la valentía de tener hijos”. “Se trata de sentar las bases que permitan compaginar la profesión con la familia”, explica esta protestante de 47 años.

La Caixa
Cajas de ahorros y partidos políticos
Alberto Recarte Libertad Digital 25 Noviembre 2005

Segunda entrega de los dos artículos escritos por Alberto Recarte sobre el sector de las cajas de ahorros en España. Tiene a su disposición la primera entrega aquí.

IV. El papel de las cajas de ahorro en la economía española
Las cajas de ahorro han jugado un papel importantísimo en la modernización de la economía española, en la extensión de la propiedad inmobiliaria, en la financiación de pequeñas y grandes empresas, y han desarrollado una ingente obra social. Han sido –y son– la única y gran competencia de los bancos nacionales, lo que se ha traducido en el abaratamiento del crédito, y en la auténtica bancarización de la sociedad española, –una de las que más sucursales por número de habitantes tienen en el mundo, lo que ha limitado, por otra parte, la penetración de entidades financieras extranjeras–.

Pero puede que al conjunto de las cajas de ahorro les ocurra lo que ya le ha ocurrido a La Caixa y a otras instituciones mucho más importantes que se han ido creando al amparo de la Constitución de 1978: que cuando los políticos responsables deciden no respetar la Constitución, el mal ejemplo se extiende inmediatamente. En ese momento se rompe el orden legal. Ha ocurrido, primero, en el Congreso de los diputados, al admitir a trámite la reforma del estatuto de Cataluña sin tener en cuenta que el texto es inconstitucional y, después, previsiblemente, ocurrirá lo mismo en el Tribunal Constitucional, que dará por buenas normas inconstitucionales. Y como no ocurre nada, como no hay sanción para esos comportamientos anticonstitucionales, cada institución, cada empresa, puede llegar a decidir que puede y debe hacer la guerra por su cuenta; que puede decidir, en definitiva, que es mejor pactar con los partidos políticos; como si fueran mafias.

Esos comportamientos sin sanción, ni legal ni social, ratifican que el orden legal se puede quebrantar, que siempre es posible negociar y pactar, que hay jueces, como el juez Fanlo de Barcelona, capaz de proponer y defender crímenes atroces y que no pasa nada. La Caixa ha negociado tanto con el PSC-PSOE como con ERC. ¿A cambio de qué? Es posible que a cambio de apoyos en la operación de toma de control sobre Endesa; y no sabemos en qué otras operaciones o, ¿acaso, los créditos se han condonado por pura amenaza de represalias políticas y personales? Hace poco, el gobernador del Banco de España manifestaba su preocupación por la actividad de toma de control de empresas no financieras por parte de las cajas de ahorro. Fue reprendido por el Vicepresidente económico y por la propia CECA, que veía discriminación en las advertencias que se le dirigían, frente a la permisividad con los bancos nacionales en operaciones similares. Tenía, y tiene, razón el gobernador, porque el control que ejercen los partidos políticos sobre las cajas de ahorro les obliga, a éstas, a ser mucho más cuidadosas que los bancos en operaciones que son esencialmente las mismas.

V. La especial relación de las cajas de ahorro con los partidos políticos
En muchos bancos –como en todo tipo de sociedad humana– ha habido corrupción, y previsiblemente la seguirá habiendo; pero puede haber cambios en los equipos gestores y en los administradores cuando esos comportamientos salen a la luz. En las cajas de ahorro, es más complicado. La implicación de los partidos políticos es tan grande, y la disciplina de partido tan importante –en un sistema de representación parlamentaria que funciona como una partitocracia más que como una monarquía parlamentaria–, que si la corrupción llega a esas instituciones, su naturaleza jurídica se torna destructiva y su razón de ser puede desaparecer. La extensión de estas prácticas irregulares a otras cajas de ahorro obligaría a modificar esa naturaleza jurídica y a plantear operaciones de privatización, vía ampliación de capital para que, como las otras instituciones financieras, tengan dueños privados, interesados en su buen hacer y en un comportamiento acorde con la legalidad vigente.

Es posible que sin cajas de ahorro haya –de entrada– muchas menos obras sociales y culturales, pero hay, hoy, suficientes ingresos presupuestarios para financiar todas y cada una de esas políticas; es posible que su sustitución por otro tipo de entidades financieras pueda significar menor competencia en el sistema financiero español, pero hay que tener en cuenta que habría que transformar esas cajas en bancos privados y competidores de los ahora existentes y no permitir una mayor concentración bancaria de lo que ya hay. Es posible que se pierda parte de una cultura hipotecaria que ha sido pionera en todo el mundo. Pero los riesgos de continuar con un sistema de cajas de ahorro dependientes de partidos políticos que han decidido no respetar la ley y que esa falta de respeto no tenga consecuencias, obliga a modificar el sistema de gobierno de las cajas de ahorro cuanto antes.

Seguirá habiendo corrupción, en los bancos actuales y en los que, en sus caso, sustituyeran a las actuales cajas de ahorro, como ocurre en todas las instituciones humanas; pero no habría un sistema de financiación que ponga en peligro la esencia misma de la democracia, al eliminar –en la práctica y por la vía crediticia– el control parlamentario sobre los ingresos y gastos públicos. Una política crediticia politizada y sin control democrático por parte de nadie, ése sí que es un cáncer para cualquier democracia. Aun siendo la desaparición del control parlamentario de los gobiernos el mayor de los problemas, no lo sería menor una posible consecuencia adicional, como podría ser una crisis económica sobrevenida y ajena al ciclo económico normal, si se distorsionan las políticas crediticias, financiando, por ejemplo, sectores que se quieran proteger de la competencia o alimentando la creación de los llamados “campeones nacionales”; una tentación en la que está deseando caer un gobierno como el tripartito catalán.

El PSC-PSOE de Maragall y Rodríguez Zapatero ha corrompido el sistema de las cajas de ahorro, tutelado desde la transición democrática por los partidos políticos bajo estrictas condiciones de neutralidad política en la gestión y en la política crediticia. La Caixa es sólo la primera de las grandes instituciones de ahorro que ha sido prostituida por los políticos que debían tutelarlas. A partir de ahora la corrupción puede extenderse a otras cajas, pues cada gobierno autonómico reivindicará la aplicación de políticas similares en defensa de lo que consideren los intereses de los ciudadanos, aunque sean, en verdad, intereses de las clases políticas autonómicas.

Tanto la Unión Europea como el FMI están analizando, en estos momentos, el papel que desempeñan en una economía globalizada y en una Europa con libertad de movimientos de bienes, servicios, capitales y personas, las cajas de ahorro. Hasta ahora, aunque fuera con algunos borrones significativos, su presencia ha sido positiva. A partir de ahora quizá ya no podremos decir lo mismo. La actuación de La Caixa en los créditos al PSC-PSOE y a ERC y su comportamiento en la OPA sobre Endesa ponen en duda, tanto en España como internacionalmente, que su funcionamiento vaya a seguir siendo positivo para la economía española y ha acercado el día, no ya de las cuotas participativas, sino de su desaparición como entidades financieras de referencia en el ámbito español.

OCCIDENTALISMO
El Islam, contra Occidente
Por Gorka Echevarría Zubeldia Libertad Digital 25 Noviembre 2005

A nadie se le escapa que la gran amenaza a que se enfrenta Occidente es el Islam. Evidentemente, esto no es del todo cierto, porque hay quien piensa aún que la religión del Corán sólo predica el amor al prójimo y trata a las mujeres como las feministas desearían. Nada más lejos de la realidad: la yihad pretende exterminar a los infieles para, en las cenizas de la civilización occidental, erigir el Imperio de Mahoma.

El libro que comentamos esta semana, Occidentalismo, es un interesante análisis de las ideas que mueven a los seguidores de Ben Laden, principalmente, porque rastrea en el legado que los propios occidentales han brindado a los asesinos de Alá.

Fueron precisamente occidentales quienes comenzaron a criticar el sistema de libertades en que vivían. Empezando por los románticos alemanes, que renegaban del mundo moderno y miraban atrás en búsqueda de una Arcadia feliz, la izquierda y la extrema derecha se unieron en su deseo de destruir el materialismo reinante.

De hecho, como señalan los autores, según esta visión sesgada de la realidad, "Occidente adora la materia; su religión es el materialismo y la materia, a ojos del maniqueísmo, es el mal (…) Por este motivo, en 1998 Osama Ben Laden hizo un llamamiento a todos los musulmanes para que participasen en una guerra santa contra las 'satánicas' tropas de Estados Unidos y los demoníacos aliados que las respaldaban". Por su parte, Marx calificó a los capitalistas judíos de "ladillas" (sic).

Sin duda, ambos, tanto el líder del terrorismo islamista como el mentor de los genocidas soviéticos, partían de un mismo resentimiento hacia la sociedad de los derechos humanos y las libertades: uno, aun habiendo vivido en Alemania buena parte de su vida; y el otro, pese a haber disfrutado de una educación exquisita en ese maldito mundo secular.

Para ambos, lo ideal tenía que llegar de la mano de la fuerza que acabara con la corrupción de la actual Sodoma. La purificación vendría, en el caso de Marx, del proletario, el elegido para efectuar el cambio preciso que superara el estadio capitalista. Osama, en cambio, creía que sólo su versión del Islam podría cauterizar las llagas putrefactas de un Occidente henchido de amor al dinero y desprecio a la verdadera religión. Sólo las suras de Mahoma traerían la verdadera paz social y la igualdad de todos.

El resultado del marxismo fue atroz. Según los autores, los jemeres rojos "dejaron Phnom Penh convertida en una ciudad fantasma". Las escuelas fueron transformadas en cámaras de torturas, y "más de dos millones de personas" fueron pasadas a cuchillo. Años más tarde, los talibanes afganos cortaban los testículos al presidente Najibulá y lo asesinaban sin miramientos. A continuación, establecieron la sharia de forma brutal y aniquilaron todo signo de decadencia occidental, como cortarse el pelo o llevar ropa sensual.

En nombre de un ideal puro, el comunismo y el islamismo se decidían a cambiar el mundo. En el papel, todo parecía perfecto. El amor y la solidaridad primarían entre los hombres. No habría guerras. En suma, un vergel hecho realidad. Sin embargo, el derramamiento de sangre fue espectacular.

El sino totalitario también tomó otras sendas que, curiosamente, sirvieron como fuente de sabiduría para los yihadistas: el nazismo. De ahí que antiguos miembros de las SS nombraran hijo predilecto a Ben Laden hace un par de años. No fue casual. Ni que el gran muftí de Jerusalén, familiar de Arafat, fuera íntimo de Hitler.

En el fondo de estas llamadas al sacrificio humano late una sed de heroísmo que no ofrece una sociedad como la occidental, donde prima la libertad y la tolerancia. Para algunos, ese tipo de vida tranquila no era suficiente. Necesitaban una idea por la que luchar y a la que dedicar sus tristes vidas. Sólo con ello resurgirían y harían despertar a los drogados por el opio materialista.

Un buen ejemplo de esta visión del mundo lo encontramos en el egipcio Sayid Qutb (1906-1966), activista de la Hermandad Musulmana. Para Qutb, "desde el decadente El Cairo hasta el bárbaro Nueva York" se hallaban "sumidos en un estado" de "codicia, conducta inmoral, desigualdad y opresión política". Ante tal situación, sólo cabía, a su juicio, gobernar el planeta por las leyes de Dios. Como apuntan los autores de este libro, "la oportunidad de morir en una guerra santa permitiría a los hombres superar las ambiciones egoístas y también a los opresores corruptos".

El wahabismo, doctrina musulmana de Muhammad Ibn Abd al-Wahhab e Ibn Saud, también sirve como botón de muestra, puesto que es la corriente del Islam imperante en Arabia Saudí y de la que bebe Ben Laden. El objetivo de esta variante de la religión de Mahoma era establecer un Estado coránico para purificar aquel reino. Hoy este país es la cuna de los terroristas islámicos, porque obtienen sus fondos del Gobierno o porque se han criado ahí, como es el caso del líder de las hordas que arrasaron con las Torres Gemelas.

Muchos pueden decir que todas estas ideas, que someramente hemos extraído de la obra de Buruma y Margalit, son la reacción lógica al imperialismo occidental y al hambre que padecen buena parte de los países que hoy se han rendido al fanatismo religioso. Pero a todos ellos les conviene leer este libro, porque ninguna de esas causas pseudomarxistas sirven para entender el increíble poso de odio que crece día a día entre quienes quieren destruirnos.

Ni todo el dinero del mundo haría que países como Irán, Irak, Palestina o Siria se apartaran del totalitarismo. Da igual las veces que Rodríguez Zapatero ofrezca una "alianza de civilizaciones". Si el aceite y el agua no se pueden mezclar, ¿cómo va a ser posible que nos llevemos bien con nuestros potenciales asesinos?

Ian Buruma y Avishai Margalit: Occidentalismo. Breve historia del sentimiento antioccidental. Península, 2005. 160 páginas.

Con algo de retraso
Nota del Editor 25 Noviembre 2005

Dado su indudable interés, y a pesar del retraso, a continuación copiamos estos dos artículos del www.realinstitutoelcano.org. (ARI: Análisis del Real Instituto Elcano)

EL ESPAÑOL EN EL ACTUAL DEBATE DEL RÉGIMEN LINGÜÍSTICO EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS
Jorge Toledo ARI Nº 136/2003 (19/11/2003) 25 Noviembre 2005

Tema: La próxima ampliación de la Unión Europea a los países de Europa Central y Oriental hace necesario que se encuentre una solución al problema logístico y presupuestario que supone el paso de 11 a 20 lenguas oficiales en la UE, especialmente para la interpretación en las reuniones en las que participan representantes de los Estados miembros.

Resumen: Éste es un asunto fundamental para España. La discusión de esta cuestión presenta una oportunidad para consagrar al español como lengua de trabajo y lengua “pivote” en la UE (las que se utilizan como intermediarias en la interpretación de otras dos lenguas); pero también la amenaza de que la solución que se adopte ahora pueda relegar a nuestra lengua a un segundo plano en la Unión ampliada. El peligro fundamental al que nos enfrentamos es que se consagre en las instituciones de la Unión Europea un régimen limitado de “lenguas de trabajo” que no incluya al español. Por ello, se hace necesaria una acción decidida, sistemática y concertada de todos los órganos de administración española implicados en las relaciones con las instituciones europeas y en la promoción de la lengua española.

Análisis: Es importante hacer una distinción entre la teoría y la práctica en cuanto al régimen lingüístico en las instituciones europeas. Según la legislación vigente, el español y las otras 11 lenguas de la Unión son idiomas oficiales y de trabajo. En la práctica, sin embargo, hay determinadas situaciones en las que se “tolera”, aunque la práctica es de dudosa legalidad, el empleo de solo tres: el inglés, el francés y el alemán. Además, se plantea el problema del gran número de grupos de trabajo y comités del Consejo, muchos de los cuales tienen un régimen de interpretación limitado a las cinco ó seis lenguas más utilizadas. La ampliación a diez lenguas más a partir del 1 de mayo de 2004 supondría una carga excesiva en términos logísticos y presupuestarios. Dadas las diversas soluciones propuestas a este problema, el reto para España es lograr mantener al español como lengua de trabajo y lengua “pivote” en las instituciones comunitarias.

La situación actual: la teoría
Los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y de la Unión Europea consideran “auténticas” las versiones de los mismos en las 12 lenguas oficiales de sus Estados miembros, incluida la lengua “irlandesa” (gaélico). A éstas habrá que añadir las diez lenguas de los nuevos Estados miembros cuya adhesión será efectiva el 1 de mayo de 2004, y el rumano y el búlgaro cuando se produzca su adhesión, previsiblemente en 2007.

El régimen lingüístico de las instituciones de la Unión está regulado muy someramente en los artículos 290 del Tratado de la Comunidad Europea y 28 y 41 del Tratado de la Unión Europea, según los cuales el régimen lingüístico de las instituciones debe ser fijado por el Consejo, por unanimidad.

En uso de esta atribución, el Consejo, en su Reglamento Nº 1 de 1958 (adaptado después a las sucesivas ampliaciones), estableció que:

“Las lenguas oficiales y las lenguas de trabajo de las instituciones de la Comunidad serán el alemán, el inglés, el danés, el español, el finlandés, el francés, el griego, el italiano, el holandés, el portugués y el sueco”.

Nótese que se citan 11 lenguas, pero que no se menciona el “irlandés” o gaélico.

“Los textos que las instituciones envíen a un Estado miembro o a una persona sometida a la jurisdicción de un Estado miembro se redactarán en la lengua de dicho Estado.”

“Las instituciones podrán determinar las modalidades de aplicación de este régimen lingüístico en sus reglamentos internos”.

En aplicación del Reglamento nº 1, el art. 10 del Reglamento Interno del Consejo dispone:

“1.- Salvo decisión en contrario adoptada por el Consejo por unanimidad y motivada por la urgencia, el Consejo deliberará y decidirá únicamente sobre la base de documentos y de proyectos establecidos en las lenguas previstas por el régimen lingüístico en vigor.

2.- Cualquier miembro del Consejo podrá oponerse a la deliberación si el texto de las eventuales enmiendas no se ha establecido en aquellas de las lenguas contempladas en el apartado 1 que él designe.”

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea no ha hecho sino reafirmar, en las ocasiones en que se ha pronunciado sobre ello, el principio aplicable a todas las instituciones en todos sus niveles según el cual los Estados miembros tienen el derecho a utilizar su lengua oficial con las instituciones y, por lo tanto, pueden exigir interpretación activa y pasiva y traducción de los documentos a las lenguas oficiales en sus comunicaciones con las instituciones y en las reuniones organizadas por éstas.

En resumen, según la legislación y la jurisprudencia vigente, las Instituciones europeas tienen en la actualidad 11 lenguas oficiales y de trabajo, a las que se unirán las de los diez nuevos Estados miembros el 1 de enero de 2004 y el búlgaro y rumano en la fecha de su adhesión. En principio, todos los Estados miembros tienen derecho, por tanto, a exigir interpretación activa y pasiva a su lengua oficial en las reuniones organizadas por y con las instituciones y a comunicarse con ellas y a recibir los documentos en su lengua oficial.

Situación actual: la práctica
Aunque está por hacer un estudio detallado sobre la utilización de las lenguas y, más concretamente, sobre la utilización del español en las instituciones europeas, sí que puede describirse someramente la situación en las principales instituciones, como son el Consejo Europeo y el de Ministros, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Actualmente todas las reuniones del Consejo Europeo y las reuniones formales del Consejo de Ministros disponen de interpretación activa y pasiva a todas las lenguas oficiales. Asimismo, los documentos sometidos a debate y que se someten a aprobación deben estar traducidos a todas las lenguas. Las reuniones del Comité de Representantes Permanentes disponen, por su parte, de interpretación a inglés, francés y alemán, “práctica tolerada” pero no recogida legalmente, aunque establecida antes de la adhesión de España. En lo que se refiere a los grupos de trabajo y comités del Consejo, salvo unos pocos con interpretación a todas las lenguas, disponen bien de un régimen de NO interpretación, bien de un régimen restringido por razones logísticas, que en la gran mayoría de los casos incluye el español. El Presupuesto comunitario sufraga todos estos regímenes de interpretación.

La Comisión Europea tiene un régimen interno de uso del inglés, francés y alemán como “lenguas de trabajo”. Este régimen es, cuando menos, de dudosa legalidad de acuerdo con el Reglamento Nº 1 del Consejo, que es aplicable a todas las instituciones. Pero lo cierto es que, al menos en los documentos que se someten formalmente a los comisarios, se utilizan estas tres lenguas y en las reuniones del Colegio de Comisarios hay interpretación limitada a las mismas.

Además, la Comisión intenta trasladar este régimen a todas las reuniones de los comités llamados “de comitología” (comités que reúnen a los Estados miembros bajo presidencia de la Comisión en materias de competencia de esta última) con los Estados miembros así como a los nuevos organismos y agencias presididos por esta institución. España ha venido oponiéndose hasta ahora a esta pretensión

En el Parlamento Europeo las lenguas oficiales y de trabajo siguen siendo, a todos los efectos, todas las lenguas oficiales de los Estados miembros de acuerdo con el Reglamento Nº 1 del Consejo. Por tanto, hay interpretación a todas ellas y los documentos, al menos cuando son objeto de debate legislativo, se traducen a todas.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se rige también en la práctica por el Reglamento Nº 1 del Consejo. Los Estados miembros tienen el derecho, que ejercen al menos en el caso de España, a comunicarse con el Tribunal tanto oralmente como por escrito en su idioma oficial.

El debate actual
El debate actual se centra en los llamados grupos preparatorios del Consejo: el COREPER, los grupos de trabajo y los comités con vistas a la adhesión de los diez nuevos Estados miembros el 1 de mayo de 2004.

Existen más de 300 diferentes grupos de trabajo y comités del Consejo sobre las más variadas materias que reúnen a expertos representantes de los Estados miembros, ya sea de las respectivas representaciones permanentes en Bruselas o de las capitales. Si se suman a las más de 100 reuniones anuales del COREPER, se pueden contar más de 2.000 reuniones al año de grupos preparatorios. En la práctica, algunos grupos y comités se reúnen sin interpretación, y sólo un número limitado de estas reuniones se celebran con interpretación a todas las lenguas oficiales, siendo la regla general un régimen de interpretación limitado a las cinco ó seis lenguas más utilizadas. Sin embargo, la ampliación a diez lenguas más sometería al sistema a unas presiones presupuestarias y logísticas, por falta de salas con cabinas suficientes y de intérpretes, enormes. Por ello, desde hace más de un año se está intentando en el seno del Consejo cerrar un acuerdo, aunque sea informal, para reducir las necesidades de interpretación y su coste para el presupuesto comunitario.

Para intentar solucionar, o al menos paliar, estos problemas se han planteado cuatro medidas. En primer lugar, reducir el número de grupos de trabajo. Aunque ya puesta en marcha, esta medida ha demostrado ser manifiestamente insuficiente y sin efecto apreciable.

Segundo, la ampliación del número de grupos que funcionan sin interpretación. Éste es el régimen actual de, entre otros, los grupos que se ocupan de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). Ahora, en la práctica, es un régimen de inglés y francés, pero con la ampliación podría convertirse en un English only ya que gran parte de los delegados de los nuevos países miembros no hablan ni entienden francés. Por ello, Francia lo ve con recelo e intenta asegurar de alguna forma su derecho a hablar francés. Alemania, por su parte, que intenta a toda costa asegurarse su derecho a la interpretación al alemán, se manifiesta en contra de la ampliación de este régimen. Para los demás países es aceptable en la medida en que se limite a grupos en los que sus delegados dominen al menos el inglés, es decir, los grupos cubiertos por funcionarios de sus REPER en Bruselas.

En tercer lugar, se propone reducir el número de grupos y comités que disponen de un régimen de interpretación completa sufragado por el presupuesto común a los estrictamente necesarios por su carácter legislativo o por tratar de materias muy técnicas.

Finalmente, se ha propuesto un sistema de Request and Pay o “Pide y Paga”. Con diferentes modalidades, este sistema se basa en el principio de que cada país pueda pedir, cuando lo estime necesario, la interpretación activa y/o pasiva en los grupos de trabajo del Consejo a los que se aplique este régimen, pagando el coste de la misma. Alemania ha sido la principal impulsora de este sistema, ya que su objetivo es incluir el alemán en todos los regímenes lingüísticos utilizados en la UE, aunque sea pagando su coste. Además, su alta participación en el presupuesto comunitario hace que cualquier sistema que “nacionalice” el coste de la interpretación le sea favorable. Por lo demás, puede decirse que hay un consenso favorable a la instauración de este sistema, aunque subsisten diferencias relativas a sus modalidades de aplicación:

a) La extensión del mismo, es decir, si debe o no aplicarse a todos los grupos que no tengan interpretación a todas las lenguas.

b) La existencia o no de un régimen básico, pagado por los Estados miembros beneficiarios, limitado a las lenguas más utilizadas en todos los grupos de trabajo; los demás Estados miembros podrían solicitar, caso por caso, interpretación a su idioma. Esta posibilidad encuentra la oposición de los países cuyo idioma no está incluido en el eventual régimen básico.

c) La inclusión o no del “Régimen COREPER”. Aunque no se cuestiona la práctica de interpretación del COREPER, al implantarse el régimen de “Pide y Paga” a los órganos preparatorios del Consejo, es natural que los beneficiarios de esta práctica sufraguen el coste de la interpretación al inglés, francés y alemán.

d) La previsión de fondos del presupuesto del Consejo repartidos en “sobres” o cuotas iguales, por Estado o por idioma, a disposición de los Estados para cubrir los costes de sus solicitudes de interpretación hasta agotar la cuota prevista, debiendo pagar cada Estado miembro las peticiones suplementarias. Este sistema es defendido fundamentalmente por los Estados “pequeños” con idioma poco utilizado, cuyas disponibilidades presupuestarias limitarían sustancialmente sus solicitudes de interpretación si las tuvieran que pagar y que por tanto pretenden, además, que las cuotas sean importantes. Ello tiene varios inconvenientes: las cuotas incentivan las solicitudes de interpretación, precisamente lo que el sistema pretende evitar, y cuanto más grandes sean las cuotas, más inviable técnicamente será el sistema. El sistema de Request and Pay se convierte en la práctica en simplemente Request (“Pide”), o lo que es más absurdo, Request or Cash (“Pide o Embólsate”) si el sistema permite a los Estados embolsarse la parte no utilizada de su cuota.

Conclusiones: La presencia del español como lengua de trabajo y lengua “pivote” en las instituciones comunitarias es y debe ser un interés prioritario de la acción española en la Unión Europea. La inclusión del español en un régimen limitado de lenguas de trabajo y lenguas “pivote” que se imponga de iure o de facto en las instituciones es un objetivo prioritario para que nuestra lengua no se vea relegada a la segunda o tercera división de las lenguas de la Europa del futuro.

El actual proceso de ampliación supone un momento crucial para ello. Es necesaria una política sistemática y coordinada de todas las instancias involucradas tanto en las relaciones con las instituciones de la Unión Europea como en la promoción de nuestra lengua. Ello implica no sólo la defensa firme y sistemática de la inclusión del español en todas las instancias y niveles de las instituciones comunitarias en las que se plantee la necesidad de adaptación del régimen lingüístico a las nuevas circunstancias; también exige acciones específicas de los organismos competentes en la promoción de nuestro idioma para facilitar y promover la disponibilidad de intérpretes y traductores de y al español desde y hacia las demás lenguas de la Unión y en especial de las lenguas de los nuevos Estados miembros y la promoción de la enseñanza del español entre los funcionarios de las instituciones. Al final se impondrán las lenguas que tengan tanto demanda, del lado de los Estados y de los funcionarios de las instituciones, como oferta, es decir, aquéllas que puedan garantizar la disponibilidad de intérpretes y de traductores en cantidad y calidad suficiente.

Jorge Toledo
Director del gabinete del Secretario General de Asuntos Europeos del Ministerio de Asuntos Exteriores

LOS ARGUMENTOS ECONÓMICOS DE LA LENGUA ESPAÑOLA
Jaime Otero ARI Nº 42/2005 (31/3/2005)  25 Noviembre 2005

Tema: Entre los argumentos que suelen emplearse para explicar el auge internacional de la lengua española, los económicos empiezan a ser objeto de un creciente interés.

Resumen: El III Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en noviembre de 2004 en Rosario (Argentina), ha puesto de manifiesto el reconocimiento creciente del español como idioma internacional por sus propios hablantes. El lema del Congreso, “identidad lingüística y globalización” indica la preocupación de sus organizadores por hacer compatibles las ventajas del valor comunicativo de la lengua con el respeto a la diversidad lingüística y cultural reinante en la mayor parte de los países de habla hispana. Menos atención se prestó en esta ocasión a la dimensión económica de la lengua, tema de una sección del anterior Congreso (Valladolid 2002), que sin embargo es objeto de una atención cada vez mayor por parte de las empresas, los responsables políticos y los investigadores académicos.

Análisis: Durante cuatro días de la pasada primavera argentina, 160 panelistas, más de 600 reporteros y casi dos mil espectadores se reunieron en la ciudad de Rosario para participar en el III Congreso Internacional de la Lengua Española. El rey don Juan Carlos y el presidente Kirchner inauguraron el Congreso el miércoles 17 de noviembre.

Es la tercera vez, o la cuarta si contamos el “congreso cero” de Sevilla en 1992, que hispanohablantes de todo el mundo se han reunido en medio de tal aparato político y mediático para debatir el presente y el futuro de la lengua española. Esta versión hispánica de la Francophonie empezó a gestarse en la Exposición Universal de Sevilla de 1992, alrededor de las celebraciones del V Centenario del descubrimiento de América. España buscaba entonces argumentos para relanzar sus relaciones con Hispanoamérica, sobre las que no dejaba de planear el recuerdo de la época colonial y la tradicional retórica de la raza y la madre patria.

La lengua española es un poderoso argumento. En una veintena de países es la lengua nacional, y la lengua predominante en la administración y la educación. Sólo el inglés y el francés son oficiales en mayor número de Estados. En aquellos países donde el español es oficial, la proporción media de hablantes nativos de español es superior al 90%, por delante del francés o del inglés, con el 35% y el 28% respectivamente. Trescientos cincuenta millones hablan español como lengua materna, y forman el tercer o cuarto grupo de hablantes nativos tras los del chino mandarín, el inglés y el hindi. El español es una de las seis lenguas oficiales de las Naciones Unidas, y lo es además en la Unión Europea y en las organizaciones regionales de América.

Como otras lenguas internacionales, el español tiene también una dimensión económica. Es el idioma de un vasto mercado de renta media para las industrias culturales y de la comunicación. España es, por sí sola, el quinto productor mundial de libros (por número de títulos) y el octavo consumidor de cine en sala. Según un estudio de la consultora Price Waterhouse Coopers, el mercado de ocio y entretenimiento crecerá en América Latina a un ritmo anual medio del 6,5% en el período 2004-2008. Sólo en Estados Unidos, hay 40 diarios y 300 semanarios en español, además de tres canales nacionales de TV y centenares de emisoras de radio que usan el español como idioma principal.

¿Cuál es el valor económico del español? Es una intuición generalizada que el hecho de poseer una lengua tan extendida reporta a España –y a los demás países que la comparten– una cierta ventaja en la hora de la internacionalización de la economía. “Nuestro petróleo”, lo llegaron a calificar en el II Congreso Internacional de la Lengua, celebrado en Valladolid en 2002. Pero la cuantificación de esa ventaja no es tarea sencilla. Sabemos que las lenguas se extienden o se contraen en buena parte debido a impulsos económicos, pero no es tan fácil determinar si una economía nacional se beneficia en su conjunto y en qué medida de la difusión internacional de la lengua en la que se realiza el grueso de su actividad.

No son pocos los estudios que han abordado, desde muy diversos puntos de vista, la relación entre lengua y economía, sobre todo en el mundo académico anglosajón y desde que el inglés se ha consolidado como la primera lengua de comunicación internacional. Entre nosotros, el estudio más elaborado hasta la fecha, publicado en 2003 bajo la dirección del académico Angel Martín Municio, arrojaba como resultado que el español representa para España un valor económico equivalente al 15% del producto nacional bruto. Esta cifra tiene, sin embargo, un significado relativo hasta que no se establezcan algunas comparaciones internacionales, porque si aplicando los mismos criterios resulta que el polaco tiene el mismo valor para Polonia (por escoger un país europeo del mismo tamaño que España con una lengua apenas limitada a su territorio) que el español para España, entonces el español no aporta valor añadido alguno a la economía española.

Se ha señalado también que la existencia de un idioma común es una ventaja competitiva para los empresarios hispanohablantes que pretenden negociar en otros países hispanohablantes. En la década de 1990, España se convirtió en el primer inversor extranjero en América Latina, y según algunas encuestas muchos ejecutivos de las empresas inversoras percibieron que la lengua y cultura comunes, unidas a ciertos valores compartidos y experiencias políticas similares, ofrecían excelentes oportunidades a los inversores peninsulares. Conociendo la impermeabilidad de los españoles a las lenguas extranjeras, puede ser que el idioma y la cultura fueran, más que incentivos para invertir en Hispanoamérica, factores disuasorios en otros escenarios, que habrían empujado a los españoles a concentrar su actividad exterior allí donde se podían hacer entender con menor esfuerzo. Puede ser también que la América de habla hispana, por sus denominadores comunes (idioma, cultura, instituciones, contigüidad geográfica), constituya un “mercado natural”, donde la información, “recurso clave para el éxito de una empresa, fluye mejor y por ello el riesgo y el costo de la expansión internacional disminuye” (Lourdes Casanova en Foreign Affairs en español, Verano 2002). De otro lado, es evidente que compartir el idioma no es garantía de éxito empresarial. En todo caso, tanto si el idioma es un factor en los negocios como si no lo es, lo cierto es que las inversiones en América permitieron a algunas compañías españolas ganar tamaño y prepararse para competir en mayores mercados.

También hay un mercado de la enseñanza del español como lengua extranjera, y éste es un sector económico de cierta importancia que admite mejor una cuantificación precisa, aunque la dispersión y heterogeneidad de los datos (escuelas oficiales y academias privadas de diferentes países, libros, material audiovisual) no facilitan la labor. No existe un estudio general y completo sobre la enseñanza del español en el mundo en términos comerciales, pero tenemos algunos indicadores de que la demanda ha crecido considerablemente en los últimos años. Por ejemplo, las matrículas del Instituto Cervantes en los más de cuarenta centros que tiene repartidos por el mundo crecieron de 81.700 en el curso 2002-2003 a 93.000 en el curso 2003-2004. Según el diario La Nación, el número de escuelas privadas de español de Buenos Aires aumentó de 5 a 16 en el período 2002-2004. Más de 40.000 visitantes de la Argentina lo fueron por motivos de estudios en 2003 (el 1,4% del total de los turistas).

¿Quién y porqué quiere aprender español? Según el director de la Real Academia Española, Víctor García de la Concha, es porque el español es “práctico” y “fácil”, y tiene una unidad comparativamente mayor que otros idiomas internacionales: es decir, un chileno y un catalán pueden entenderse en castellano sin grandes dificultades. Naturalmente, los motivos para estudiar español varían según los países y las personas. En Europa central y septentrional, donde muchos jóvenes terminan su educación secundaria sabiendo razonablemente dos o tres idiomas extranjeros, el español es a menudo la tercera o la cuarta lengua en las preferencias de los estudiantes. Como han observado Emilio Lamo de Espinosa y Javier Noya en Alemania, en muchos países desarrollados existe una apreciación del español como lengua expresiva más que como lengua instrumental. Por el contrario, la relación es la inversa en determinadas áreas de Estados Unidos como Florida, donde los salarios en ciertos sectores económicos pueden ser mayores para los bilingües que para los monolingües en inglés.

Como idioma extranjero, el español a menudo compite por el segundo puesto en las preferencias de los estudiantes de lenguas extranjeras… salvo en algunos países de habla inglesa. En los Estados Unidos, casi el 60% de los estudiantes de lenguas modernas escogen el español en el College. El número de doctorados en Spanish Language y Literature superó en la década de 1990 al de doctorados equivalentes en francés y alemán. En los últimos años, los países hispanohablantes han sido en conjunto el segundo destino de los universitarios estadounidenses que estudian en el extranjero, después de los países anglohablantes. España es la primera receptora de estudiantes del programa de intercambio universitario Erasmus, que todos los años mueve a decenas de miles de jóvenes por Europa.

Los estudios hispánicos no son nada nuevo en Estados Unidos, donde la atención a América Latina siempre fue un vector quizá secundario pero permanente de la política exterior. Pero su auge reciente tiene que ver con el crecimiento de la población de origen hispano, debido sobre todo a la inmigración procedente de México. Según datos de la Oficina del Censo, 28,5 millones de americanos dicen hablar español en casa. Y sin embargo su integración en la sociedad americana es cada vez mayor. Para llegar a sus votantes hispanos, los candidatos en la última elección presidencial utilizaron de nuevo la lengua de Cervantes, esta vez con más acierto que en 2000. Por su nivel adquisitivo, la minoría hispana de Estados Unidos está cerca de ser la comunidad hispanohablante más rica del mundo. Es poco probable que se cumpla la profecía de Samuel Huntington sobre un conflicto divisorio entre la cultura latinoamericana y los pilares anglosajones y protestantes de la nación estadounidense; pero la permanencia de una minoría con una fuerte querencia por sus raíces hispanas y el deseo de mantener o recuperar el idioma de sus antepasados está asegurada durante al menos las próximas décadas. Según Humberto López Morales, secretario de la Asociación de Academias de la Lengua, 120.000 hispanos aprenden español en Florida.

Después de los Estados Unidos, Brasil es seguramente el segundo mercado del español como lengua extranjera. La creación del Mercosur en 1991 y el aterrizaje de las compañías españolas han dado impulso a la demanda de español. Su enseñanza se ha extendido en el sector privado, y se han promovido iniciativas legislativas para introducirla como lengua obligatoria en la enseñanza pública. En su reciente visita oficial, a finales de enero de 2005, el presidente del gobierno español anunció la apertura de siete nuevos centros del Instituto Cervantes en Brasil, que serán transferidos por el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Casi al mismo tiempo, los ministros de Educación de Argentina y Brasil expresaban su deseo de profundizar en la integración educativa entre ambos países, incluyendo el establecimiento de escuelas bilingües en áreas fronterizas. En un reciente artículo, las profesoras Celada y Dos Santos de la Universidad de São Paulo analizaban las transformaciones que ha experimentado el español en el imaginario brasileño en los últimos años, y señalaban cómo el español está superando algunos estereotipos arraigados en la sociedad brasileña.

En otras áreas la presencia del español es más débil. En el mundo árabe se considera lo español con una remota simpatía, pero los hispanohablantes son pocos, si exceptuamos los pequeños grupos de hablantes sefardíes de ladino dispersos alrededor del Mediterráneo o los saharauis que han recibido educación en español. El norte de Marruecos conserva cierta influencia española, reavivada después del fin del gobierno colonial por el comercio, el turismo, las migraciones y la señal de televisión. En Guinea Ecuatorial, el español hace todavía las funciones de lengua de comunicación entre hablantes de las distintas lenguas nativas, pero la actividad empresarial y de cooperación española no parece evitar la extensión del inglés como principal lengua franca. Los vestigios del español en Asia se limitan a algunos dialectos y a una abundante toponimia y antroponimia en los archipiélagos filipino y mariano. Después de la pérdida de las Filipinas en 1898, la presencia española en Asia declinó, pero esta tendencia podría empezar a cambiar a medida que se internacionalizan las principales economías asiáticas. Según un estudio reciente del Real Instituto Elcano, el 39% de los japoneses entrevistados encontraban atractiva la idea de aprender español. Por su parte, y como ocurre en tantos otros sectores de la economía, China podría ser el mercado asiático más prometedor para la enseñanza de la lengua española, en especial si tenemos en cuenta sus crecientes relaciones económicas con América Latina.

Seguramente es España, entre los países hispanohablantes, el que está en mejores condiciones de obtener provecho económico de la difusión del español, por su capacidad productiva, por el desarrollo de sus industrias culturales, por su posición geográfica intermediaria entre continentes y por un cierto prestigio cultural que conserva entre las naciones de habla hispana. De un modo quizá parecido al de Irlanda, el mayor crecimiento relativo de España en Europa podría relacionarse no sólo con las ayudas comunitarias o los beneficios de una política monetaria favorable, sino también con la pertenencia a una gran área lingüística y cultural que ha favorecido el progreso de algunas de las industrias más dinámicas de la economía dentro del sector de los servicios.

De hecho, los esfuerzos oficiales que se han invertido tanto en la cohesión interna de la lengua como en su promoción internacional –Asociación de Academias, Instituto Cervantes, Congresos de la Lengua– han tenido un marcado protagonismo español, que no se ha producido sin recelos por parte de otros países hispanohablantes. No deja de ser cierto que para los sucesivos gobiernos españoles, la defensa del idioma no ha sido sólo una apuesta comercial, o no principalmente, sino que es sobre todo una cuestión de interés nacional, una causa “que dista de ser estética, y llega a ser decididamente política”, como argumentaba Fernando Lázaro Carreter en la apertura del Congreso de Sevilla.

Si de la comunidad lingüística y de la difusión internacional del español puede España sacar partido político y ganar influencia en el mundo, es asunto de otro debate. En cualquier caso, es claro que, político o económico, el español no es asunto exclusivo de España, donde vive apenas uno de cada diez hispanohablantes, y ni siquiera de los países donde es la lengua oficial o mayoritaria. El mundo de la empresa es libre y en torno a la industria del español se han creado intereses en todos aquellos países donde su enseñanza ha alcanzado cierta difusión. Son pocas las multinacionales de la edición, de la comunicación o de la producción de contenidos culturales que no hayan entrado de un modo u otro en el mercado hispano. Así lo han comprendido autoridades y empresarios españoles, y la misma conciencia ha empezado a extenderse por los principales países hispanohablantes, o al menos esa parece ser la intención de los itinerantes Congresos de la Lengua.

El gobierno de México, primer país hispanohablante, organizó el I Congreso Internacional de la Lengua en 1997, en Zacatecas. La colaboración hispano-mexicana en materia de política lingüística no se para ahí, ni en los trabajos conjuntos en el marco de la Asociación de Academias. La mayor universidad de Hispanoamérica, la Autónoma de México, firmó recientemente un acuerdo con el Instituto Cervantes para desarrollar un certificado común de enseñanza del español como lengua extranjera. Este diploma panhispánico, que sustituirá al Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), une español de América y español de Europa y será válido a ambos lados del Atlántico.

El II Congreso se celebró en Valladolid en 2001. Una de las secciones del Congreso, que presidieron junto al rey de España los presidentes de México, Argentina y Colombia, estuvo dedicada precisamente al “activo del español”. En sus paneles se analizaron cuatro de los ámbitos de actividad que proporcionan al español una “sólida base económica”, en palabras del coordinador, José Luis García Delgado: la industria del español como lengua extranjera, la edición en español, la difusión de la música en español y la publicidad en español. Enrique Iglesias, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, afirmó en la ponencia principal “que la comunidad hispana, en un sentido amplio, comparte un capital social común que puede servir para apoyar las bases de un crecimiento dinámico y compartido”.

En Argentina, sede del III Congreso, el futuro empieza a verse con optimismo. Dentro de poco los argentinos habrán terminado de salir de su bache económico y estarán en condiciones de ampliar con sus reservas de capital humano la geografía del español. Sus relaciones incipientes con China son prometedoras, y junto a otros países americanos de la ribera del Pacífico que se sientan en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) forma la vanguardia de una dimensión asiática que le falta a la lengua española.

El lema del Congreso de Rosario ha sido identidad lingüística y globalización. El presidente de la Academia Argentina de Letras declaró que los debates del congreso buscarían la integración de dos objetivos: la adaptación de la lengua a los cambios globales sin perder su unidad comunicativa, y el respeto a sus “sustratos aborígenes” y a las distintas expresiones literarias. Una palabra clave en Rosario fue plural. Los hispanohablantes desean verse como una comunidad lingüística en la que caben una amplia variedad de lenguas y culturas. Como dijo el profesor Julio Ortega, de la Universidad de Brown, el español es lo que el quechua y el catalán, el nahuatl y el gallego tienen en común.

La próxima cita será en 2007 en Cartagena de Indias, considerada por muchos (entre ellos algunos colombianos) como el lugar donde se habla el español más bello de la hispanofonía.

Conclusiones
Trece años después del Congreso cero, en Sevilla, el español sigue teniendo buenas perspectivas, pero también presenta algunas sombras. Los países hispanohablantes tienen en conjunto un índice de desarrollo humano (renta, esperanza de vida y nivel educativo) medio alto, pero aún padecen graves desigualdades sociales y obstáculos institucionales al desarrollo. En muchos países hispanohablantes crece la conciencia del peso internacional de la lengua, y con ella también los esfuerzos por hacer compatibles el aumento de los niveles educativos y de integración social con el respeto a las culturas minoritarias. El español lleva camino de convertirse en una mercancía internacional, pero su presencia en Internet está lejos de ser proporcional a su peso demográfico. Aunque no faltan grandes escritores y filósofos de habla hispana, el español ha de demostrar todavía que puede ser una lengua para la innovación científica y para el pensamiento.

La expansión del español depende de la capacidad de los hispanohablantes de subirse al tren de la globalización. El éxito internacional de la lengua no es un fin en sí mismo, pero es algo más que un indicador del bienestar de sus hablantes. Puede ser, él mismo, una herramienta de progreso.

Jaime Otero, investigador principal para el área de Lengua y Cultura, Real Instituto Elcano

Documentos relacionados
www.realinstitutoelcano.org/publicaciones/libros/librojapon.pdf
La imagen de España en Japón
http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/695.asp
El español en Brasil: actualidad y memoria (ARI)
http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/580.asp
El idioma español en África subsahariana: aproximación y propuestas (ARI)
http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/166.asp
La lengua española y el sistema lingüístico de Asia-Pacífico (DT)
http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/123.asp
De Bogotá a Rosario. La lengua española y la política regional de España en América Latina (DT)
http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/45.asp
La lengua española en Estados Unidos: luces y sombras (DT)
http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/479.asp
El futuro de la lengua española en los EEUU (ARI)
http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/363.asp
El español en el actual debate del régimen lingüístico en la instituciones europeas (ARI)
http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/461.asp
La lengua española en la universidad estadounidense (ARI)
http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/633.asp
Spanish Speakers Get Together to Discuss the Future of their Language (ARI)

UGT, siguiente beneficiario
Editorial ABC 25 Noviembre 2005

EL Congreso de los Diputados aprobó ayer la convalidación del decreto ley que permite la devolución del patrimonio sindical histórico a UGT y CNT, por importe de 151,3 y 3,7 millones de euros, en cada caso. La cantidad que recibirá el sindicato socialista encaja como un guante con la deuda que mantiene con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a cuenta del escándalo de la cooperativa PSV, que terminó convirtiéndose en una especie de engaño masivo con el que de la noche a la mañana 12.000 personas perdieron sus ahorros. Inevitable resulta estudiar con atención las concomitancias que suscita el asunto. Una entidad sindical socialista, atosigada por las deudas, se beneficia de una medida de un Ejecutivo socialista. ¿A qué les recuerda la peripecia? Con Rodríguez Zapatero parecen haber llegado los tiempos de la condonación, implícita o explícita, de la morosidad multimillonaria de sus conmilitones.

Los reproches por este supuesto trato de favor no se circunscriben, en este caso, a la etiqueta favorita del Gobierno: «Son quejas del PP». Hasta cinco partidos políticos del Congreso votaron en contra de este nuevo decretazo o se abstuvieron. Incluso alguno de los que lo apoyó, como CiU, lo hizo con la nariz tapada y calificó el asunto de «poco transparente, torpe y de escasa responsabilidad». La quiebra del consenso que requiere una medida como esa no sólo alcanza a la esfera política sino que corre el riesgo de llevarse por delante la unidad de acción sindical tras la crítica, abierta y sin matices, de Comisiones Obreras, que también ha denunciado esta «subvención multimillonaria» y anunciado «acciones sindicales y jurídicas» contra un decreto ley que, además, contraviene los acuerdos firmados por ambos sindicatos. Todo ello sin dejar pasar por alto las lagunas jurídicas -de enorme diámetro- que presenta la cuestión al no haber podido acreditar documentalmente el sindicato agraciado parte del patrimonio que reclama.

Hace tiempo que, además de la razón, el Gobierno de Zapatero ha comenzado incluso a perder las formas y la supuesta ética política que dijo que iba a poner en práctica tras la victoria electoral del 14-M. Tanto es así que ya no se entretiene ni en disimular las arbitrariedades partidistas (el «gordo» siempre cae del mismo lado) que comete. La reparación de esas incautaciones realizadas tras la Guerra Civil se está convirtiendo en un trágala con demasiadas sombras que se aproxima más al clarísimo trato de favor que a cualquier demanda de justicia.

PIDE AL "MINISTERIO CORRESPONDIENTE" QUE ACTÚE
La Generalidad estudia acciones legales contra supuestos boicots mientras persigue a los productos sin etiqueta en catalán
La Generalidad ha encargado un informe para saber si puede emprender acciones legales contra algunos medios (de comunicación) por una supuesta llamada al boicot a los productos catalanes, y pedirá al ministerio correspondiente que tome cartas en el asunto. Como reveló Libertad Digital, la Generalidad patrocina desde 2002 un boicot desarrollado por la sociedad Omnium para que no se compren productos que no están etiquetados en catalán.
EFE Libertad Digital  25 Noviembre 2005

En declaraciones a COM Radio recogidas por EFE según un comunicado de esta emisora, el consejero de Comercio, Turismo y Consumo, Josep Huguet, ha señalado que algunas actuaciones anónimas, como pintadas en algunas tiendas, "se pueden vincular a un delito" porque el Código Penal así considera la discriminación en función de la raza o del origen. El consejero ha lamentado que estas actuaciones "por desgracia, recuerdan las de la época de los nazis, de poner símbolos para marcar a unas minorías". Huguet olvida que la misma Generalidad promueve desde 2002 que no se compren productos que no vengan etiquetados en catalán y las presiones que ha ejercido sobre las multinacionales asentadas en Cataluña para que utilicen esta lengua en sus productos.

Sin embargo, a estos boicots y presiones Huguet las llama "campañas" para potenciar el consumo de productos autóctonos entre los catalanes "porque a veces el problema lo tenemos en casa". En declaraciones a los medios, después de presentar el Bus del Comercio, Huguet ha insistido en que el boicot sólo lo lleva a cabo una "minoría fanática" atizada por medios próximos a la derecha española.

Mientras, el portavoz del gobierno catalán, Joaquim Nadal, ha animado a los ciudadanos españoles a consumir "productos buenos, vengan de donde vengan" y a "no hacer caso" de aquellas "actitudes beligerantes" que incitan al boicot contra productos catalanes. Tampoco ha hecho referencia a su boicot a los productos no etiquetados en catalán. En declaraciones en los pasillos del Parlamento, Nadal ha afirmado que "al gobierno de Cataluña no le cabe en la cabeza que puedan existir actitudes beligerantes contra productos españoles fabricados en Cataluña o en cualquier otra región del Estado español".

"Del mismo modo que hay productos buenísimos fabricados en la comunidad de Cataluña, también hay productos buenísimos fabricados en la comunidad de Andalucía, de Extremadura, de Castilla, de Galicia, de Asturias o de donde sea. Yo no pienso renunciar a ninguno de estos productos, vengan de donde vengan", ha señalado. Según Nadal, "las actitudes beligerantes amparadas en una actitud política de rechazo a determinadas voluntades de autogobierno son un sinsentido y no hay que hacerles mucho caso".
Recortes de Prensa   Página Inicial