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Recortes de Prensa     Domingo 27 Noviembre 2005
La línea de sombra
IGNACIO CAMACHO ABC 27 Noviembre 2005

La estrategia de ETA y Cataluña
EDITORIAL Libertad Digital 27 Noviembre 2005

TODOS ENEMIGOS
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 27 Noviembre 2005

Réquiem por una generación de ignorantes
Juan Carlos Escudier elconfidencial.com 27 Noviembre 2005

"Trece entre mil"
Ernesto Ladrón de Guevara elsemanaldigital 27 Noviembre 2005

Arcadi Espada anuncia un nuevo partido para integrar "a los ciudadanos que no tienen representación" en Cataluña
EFE Libertad Digital 27 Noviembre 2005

La Generalitat recauda en el último año 81.250 euros en multas a empresas que no usan el catalán
EL MUNDO 27 Noviembre 2005

La Comisión Europea desmiente que vaya a quitar traductores de español
EFE El Mundo  27 Noviembre 2005

La línea de sombra
Por IGNACIO CAMACHO ABC 27 Noviembre 2005

LO peor que le podía pasar al Estatuto de Cataluña es que saliese a defenderlo ETA, y ya ha pasado. Con más de media España en estado de cabreo por el zarpazo egoísta a la cohesión nacional que Zapatero pretende permitirle a sus socios, lo único que faltaba para complicar las cosas es que la banda asumiera como propia la reivindicación nacional catalana. Ya sé que nadie tiene la culpa de que ETA, con su perversa intuición para acentuar las debilidades del sistema, se apunte a la defensa del nacionalismo de moda, pero con esa clase de gente conviene estar en desacuerdo. Por decencia, más que nada.

Sin embargo, el pasado viernes, todavía estaban estudiando los agentes antiterroristas el último comunicado etarra cuando el jardinero Benach, elevado a la Presidencia del Parlamento de Cataluña por una carambola del principio de Peter en su enésima potencia, le pasó por la cara al Príncipe de Asturias media docena de veces la cantinela de la nación catalana. No se trata de un gesto de descortesía, sino de falta de decoro moral. Cuando se pertenece al partido cuyo jefe se reunió en Perpiñán con Josu Ternera y Mikel Antza, es menester elegir al menos con cuidado el momento en que se dicen las cosas.

Porque es que, aunque el Gobierno se irrite, están ocurriendo demasiadas coincidencias. Pertenezco al numeroso grupo de ciudadanos que inicialmente tomaron por tremendista el discurso admonitorio de Jaime Mayor Oreja en torno a la «línea de sombra» que según él une el conflicto vasco con la génesis del Estatuto catalán, pero a estas alturas parece necesario admitir que el sombrío diagnóstico del ex ministro del Interior se corresponde al menos con unos preocupantes indicios de la realidad. Y la responsabilidad de que ello suceda no es en modo alguno del que lo señala, como pretenden los ministros que se han lanzado a degüello contra Mayor, Acebes y otros dirigentes peperos que, en el peor de los casos, no hacen sino poner de manifiesto ciertas tercas sospechas que más valdría aclarar para tranquilidad de todos.

Mientras el presidente guarda el silencio de costumbre -últimamente cuando lo rompe suele ser para enseñar colmillos amenazadores bajo su sonrisa-, el difícil panorama político español está arrojando síntomas que no invitan precisamente al sosiego. El más intranquilizador de ellos lo constituye la hipótesis de que todo el monumental lío estatutario responda a un plan de La Moncloa para crear un escenario a la medida de ETA, con el que tener algo que ofrecer llegado el caso de esa negociación que la banda reclama y el Gobierno sueña. Por el momento, lo mejor que se puede pensar es que, si ETA está exigiendo que se abra el proceso, es que el Gobierno no se lo ha concedido. Otra cosa es que no lo desee.

Lo que los indicios apuntan es a la teoría de la línea de sombra. Una línea que pudo empezar en Perpiñán -hasta el momento, Cataluña sigue siendo territorio virgen para la escasa y testimonial actividad de ETA- y acaba, de momento, en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, donde el Estatuto empezará a debatirse en febrero. Se trataría de crear un escenario de negociación en el que el mundo etarra pudiese ver una salida: la de cambiar el abandono de las armas por una legalización política en la que Batasuna -o cualquiera de sus marcas sucedáneas- viniese a desempeñar un papel similar al de Esquerra Republicana. Con el concepto de nación encima de la mesa, para empezar a hablar.

Claro que la cosa es mucho más complicada. Exige un cese de la violencia que al menos debería empezar por esa tregua que los terroristas niegan porque a todas luces desean que comience primero el baile y sea el Gobierno el que salga a la pista. Si lo hace, Zapatero se habrá suicidado políticamente. Por eso existe tanta ansiedad en La Moncloa por ese alto el fuego que ETA, con su calculada estrategia de tensión, se resiste a proclamar para dejar que los nervios causen estragos en el adversario de esta compleja partida.

¿Y Cataluña? Pues Cataluña vendría a ser el tubo de ensayo, o más bien el piso piloto en que la banda podría ver cómo quedan los muebles después del arreglo. Pero no es tan sencillo, desde luego. Entre otras razones, porque la política catalana tiene sus propias lógicas internas, que impiden conducir razonablemente ningún proceso ordenado de antemano. Porque la ciudadanía se ha levantado en ira, porque la nación -la nación constitucional, es decir, España- tiene un cabreo de aquí te espero, porque Zapatero se desploma en las encuestas y porque cunde el miedo a no saber adónde vamos. Y lo peor -Alfonso Guerra lo reconocía en privado hace pocos días-, el miedo a que no lo sepa el que maneja el timón.

En este caso, la autoconfianza infinita del presidente no vale como salvoconducto, porque depende de demasiada gente y de demasiados factores. Depende de la insaciable y oportunista voracidad de ERC, de las veleidades erráticas de Maragall y sus «pijos por el cambio», de la poco contrastada responsabilidad de un Artur Mas que se ve gobernando con el PSOE a medio bien que le salgan las cosas, y sobre todo depende de la imprevisible capacidad de movimiento de ETA. Excesivas piezas para un tablero en el que Zapatero ni siquiera se mueve con la comodidad del respaldo de los suyos, que son los primeros que están asustados, asomados a la borda del barco gritando la proximidad de unos arrecifes con muy mal aspecto.

El optimismo antropológico tiene la ventaja de que permite confiar en la bonanza del desenlace, pero tan legítimo como ser optimista es lo contrario. Y el pesimismo histórico, que a veces no es más que un optimismo bien informado, lo que apunta es que cuando existen muchas posibilidades de que ocurra un desastre, lo más lógico es que en efecto acabe ocurriendo. En este sentido, el presidente ya ni siquiera pide confianza. No está tan ciego como para ignorar que el panorama no invita precisamente a prestársela.

director@abc.es

El panorama político español está arrojando síntomas que no invitan precisamente al sosiego. El más intranquilizador de ellos lo constituye la hipótesis de que todo el monumental lío estatutario responda a un plan para crear un escenario a la medida de ETA, con el que tener algo que ofrecer llegado el caso de esa negociación que la banda reclama y el Gobierno sueña

La estrategia de ETA y Cataluña
EDITORIAL Libertad Digital 27 Noviembre 2005

La estrategia política del Gobierno ha pasado por destruir el legado de la transición española. Las instituciones democráticas en España proceden legal e históricamente de las del régimen anterior. Con su finalización se inició un proceso “de la ley a la ley” que derivó en el reconocimiento mutuo y la mirada hacia el futuro como principales fundamentos. José Luis Rodríguez Zapatero y el partido socialista están en el camino opuesto en ambos campos. Por un lado están en una estrategia de aislamiento del partido que representa al centro derecha en España. Por otro lado miran permanentemente al pasado con un criterio sectario y que alimenta los odios que había enterrado la transición. Todo ello confluye en el intento de deslegitimación del Partido Popular, por el burdo camino de rescatar categorías viejas con las que desvirtuar al centro derecha que ha estado gobernando ocho años con José María Aznar.

Hace un mes Jaime Mayor Oreja dio otra dimensión a este análisis, relacionándolo con otra de las fracturas abiertas por Rodríguez Zapatero y con la que ha infligido desde hace décadas la banda asesina ETA. En resumen, Mayor Oreja consideró entonces que ETA incluía en su estrategia la labor que se pudiera hacer desde Cataluña para la ruptura de España, que es su objetivo inmediato. El primer mojón de esa implicación es el siniestro pacto de Perpiñán, cuyo significado profundo estamos empezando a ver ahora. La propuesta de un nuevo Estatuto para Cataluña, que la define como nación y que reserva para las instituciones regionales la decisión de cuáles son las fuentes de derecho en dicha comunidad autónoma, es la elaboración catalana del mismo proyecto defendido por Ibarreche en el Parlamento en febrero de este año. El camino institucional a la ruptura de España. Otro punto importante es la necesidad mutua de Rodríguez Zapatero y ETA. La banda asesina para quebrar la unidad española y el presidente para que una tregua tan falsa como la primera legitime temporalmente su proyecto político.

Su análisis ha sido confirmado, por lo que se refiere a la estrategia de ETA, con el comunicado de la banda asesina enviado a la cadena británica BBC. El comunicado está construido desde la fraseología etarra habitual, que llama “conflicto vasco” a su actividad criminal y a la respuesta del Estado de Derecho. Hace mención a la postura pública del Gobierno al decir que hay “declaraciones que aportan elementos novedosos”. Y finalmente define como nación a Cataluña, dando cobertura a las intenciones de los nacionalistas catalanes plasmadas en el nuevo Estatuto. Y utiliza el término nación al que José Luis Rodríguez Zapatero está buscando acomodo sin que ello le reporte excesivo rechazo en el resto de España.

Cabe preguntarse hasta dónde está dispuesto José Luis Rodríguez Zapatero a llevar a cabo el doble proceso de negociación con ETA y aprobación de un texto literalmente inconstitucional, que cedería en las autoridades regionales catalanas la decisión sobre las fuentes del derecho en la región. No conocemos cuáles serían los límites autoimpuestos por el Gobierno, o si es que tiene alguno. Tampoco sabemos hasta si despertará la sociedad española ante todo este proceso, aunque las últimas encuestas, elaboradas inmediatamente después del debate sobre la admisión en el Parlamento del texto soberanista catalán, parecen marcar una tendencia positiva.

TODOS ENEMIGOS
Por ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 27 Noviembre 2005

No sólo varían en España la pluviosidad o la temperatura media según se desplaza uno al norte o al sur, hacia el este o hacia el oeste. Cambia también el modo de pensar, o por lo menos, de argumentar. Repárese, si no, en las lecturas divergentísimas que se están haciendo del Estatut en Madrid y Barcelona. Mi impresión -hablo aquí como madrileño- es que la toma en consideración del documento por el Congreso ha abierto un proceso político delicado y poco controlable. El texto es estrafalario, y sólo adaptable al marco constitucional a condición de que se vea sometido antes a una rectificación radical.

Los movimientos visibles de CiU y ERC sugieren que estos partidos no van a aceptar lo que de momento les propone el Gobierno. Que es suprimir la bilateralidad, mantener a Cataluña en el sistema Lofca de financiación, quitar la palabra «nación» del articulado, y poner coto a la creación de un poder judicial independiente. No sólo republicanos y convergentes han dicho, con razón, que eso sería devolverles algo esencialmente diferente a lo aprobado en el Parlament, sino que han hablado de una ruptura, de consecuencias catastróficas. Carod ha dicho que no podría mantener su apoyo a un Ejecutivo que se hubiese negado a oír la voz de Cataluña. Y Mas no ha sido menos explícito. La lógica ortodoxa inclina a prever que sólo podrá evitarse el choque de trenes si se llega a una solución que, siendo muy mala, permita a ambas partes salvar momentáneamente la cara. El Gobierno intentará consensuar un papel que recoja varias reivindicaciones del Cuatripartito pero que no le enemiste irreversiblemente con su propio electorado. Y el Cuatripartito se conformará con algo que esté lejos de lo que ha pedido, pero lejos también del Estatut todavía vigente. Tendríamos, al cabo, no una media aritmética entre lo que reclaman unos y ofrecen otros -esa cantidad no está en el mapa de la Constitución-, sino el equivalente político a una composición de vectores. Un chisme, en fin, inviable en el largo plazo, aunque suficiente para ir tirando un rato. La reforma de unas cuantas leyes orgánicas facilitaría la operación. Y que arree el siguiente, que la vida es corta, y el horizonte de cálculo de la clase política, más corto todavía.

Esto, en fin, es lo que sugiere el sentido común rutinario. Pero los que tienen la oreja pegada al plexo catalán, contestan que nones. Circulan dos hipótesis, que me apresuro a relatarles. Según la primera, CiU estaría preparada, a despecho de sus declaraciones oficiales, a retirar el Estatut... y combinarse con el PSOE tanto en Madrid como en Barcelona. Habría que liquidar a Maragall, por supuesto. Pero su ultimación está ya muy adelantada. Y habría que dejar en la cuneta a ERC. A un bobalicón no impuesto en las leyes internas que rigen el metabolismo de la política catalana, se le ocurren dos objeciones. Una, es que CiU se desflecaría seriamente por su costado nacionalista en beneficio de una ERC furiosa. Dos, que Mas se ha comprometido hasta tal punto con la causa estatutaria, que nadie se lo tomaría en serio si a estas alturas diese un giro de ciento ochenta grados. Estas reflexiones no impresionan a los entendidos. Los entendidos le miran a uno como si fuera un páparo o un morral.

Con arreglo a la segunda hipótesis, CiU se conformaría con un pago en especie. Verbigracia, grandes inversiones en obras públicas. Tendríamos un nuevo Estatut, sí, aunque muy desleído. Las objeciones se me antojan otra vez evidentes. El compromiso de los nacionalistas ha llegado muy lejos, y no se comprende además que CiU quisiera cobrar un precio que iría en provecho íntegro de sus rivales políticos. O sea, del Tripartito.

Nótese que las dos hipótesis son rigurosamente incompatibles. Mientras la primera contempla el holocausto de ERC, la segunda señala a CiU como principal sacrificada. De aquí cabe extraer una nueva conclusión, no comprendida en el repertorio de los «inside traders» catalanes, ni tampoco de los observadores madrileños. Me refiero al desorden absoluto. Se ha iniciado una zarabanda frenética, en la que los partidos se espían sin determinarse al abrazo fraternal o al cuerpo a cuerpo asesino. En ese contexto, las predicciones son dificilísimas, y los disparates, más que probables. Es lo que ocurre cuando se rompen las reglas de juego. Desparecidos los referentes que infunden estabilidad a la vida en común, la política incluida, se impone la afirmación de Sartre en «Huis clos»: «El infierno son los demás». Y los paganos, el resto.

Réquiem por una generación de ignorantes
Juan Carlos Escudier elconfidencial.com 27 Noviembre 2005

Lo peor de nuestros políticos, con diferencia, es su incapacidad para distinguir lo fundamental de lo accesorio. Se puede estar a favor de hacer un trasvase para llevar agua a Levante o se puede optar por desalar el Mediterráneo; es posible discrepar sobre la conveniencia o no de vender barcos a Venezuela; es razonable que haya puntos de vista distintos sobre la OPA de Gas Natural sobre Endesa; y hasta resulta legítimo mantener una fidelidad canina hacia Estados Unidos o todo lo contrario. Pero lo que es verdaderamente inadmisible es que los dos grandes partidos sean incapaces de ponerse de acuerdo sobre qué educación dar a las futuras generaciones de españoles. El disparate es de tal calibre que una legislación que debería haber servido para 50 años, con independencia del signo político del inquilino de la Moncloa, va a ser modificada por sexta vez en lo que llevamos de democracia. Así nos luce el pelo.

Con todo, el debate que debería acompañar a una ley de tanta trascendencia como ésta se ha reducido a discusiones peregrinas sobre otra cuestión irrelevante, como es la enseñanza de la religión. Lo que los ciudadanos tendrían que saber es que la “generación más formada de la historia”, como nuestros prohombres definen a nuestros hijos sin demasiado convencimiento, constituye, en realidad, una masa informe de ignorantes y aldeanos. Escandalizados ante ese 30% de fracaso escolar que revelan las encuestas, hemos sido incapaces de observar la verdadera tragedia: la mitad de los niños que terminan la primaria, con 10 años, no saben en qué continente ubicar Italia, y eso si son capaces de saber qué demonios es un continente.

A esa calamidad es a lo que tendría que dar respuesta la nueva ley y la verdad es que no lo hace. Es una mala ley, pero no por ninguno de los motivos que esgrimieron los que se manifestaron el pasado día 19, sino porque no garantiza que quienes se formen en el nuevo plan educativo vayan a ser menos ignorantes y menos provincianos. ¿Qué ayuda representa para los alumnos permitirles pasar de curso con tres suspensos? ¿Acaso es más progresista esto que poner el límite en dos? Instruir a un niño se asemeja mucho a la construcción de una casa. Sin pilares firmes, el edificio entero no resistirá. ¿Es lógico que un niño de ocho años progrese de curso sin dominar asignaturas básicas como la lengua o las matemáticas? ¿Qué otros conocimientos puede añadir quien es incapaz de leer, escribir o sumar con la necesaria destreza?

Quizás suene a Enciclopedia Álvarez o a simple antigualla educativa, pero uno sigue creyendo fundamental que los niños hagan mapas mudos y que memoricen -¡oh, sí, horror, de memoria!- los ríos, las cordilleras y las capitales. Para eso es preciso un acuerdo básico sobre los contenidos. ¿No es un despropósito que un niño de la Comunidad de Madrid sepa situar en un mapa dónde están ríos tan importantes para la historia de la humanidad como el Lozoya o el Guadalix, e ignore por completo qué riberas bañan el Ebro, el Tajo, el Duero o el Guadalquivir, por no hablar del Nilo o del Amazonas? ¿Quién es el cerebro que ha incluido en los textos de 5º de primaria epígrafes como el siguiente: “La prehistoria en la Comunidad de Madrid”? ¿Sabrían los homínidos de Atapuerca que aquello era Burgos?

Instalado en el desvarío, el nuevo proyecto de ley propone que haya como máximo un 65% de enseñanzas comunes –un 55% en las comunidades bilingües-, lo cual es una garantía para que los niños gallegos sepan mucho de Rosalía de Castro, pero no hayan oído hablar de Mercé Rodoreda; o que los mallorquines sepan todo de Ramon Llull, pero nada de Lorca. No hay mejor manera de fomentar el desconocimiento mutuo entre comunidades. Ni la historia ni la cultura de los distintos pueblos de España justifican que no sea común prácticamente el 100% de los contenidos, dejando margen para que las lenguas particulares ocupen su lugar en la enseñanza o, en algunos casos, lo tenga el castellano, que no se emplea ya como instrumento docente en comunidades autónomas como Cataluña.

Escolarizada prácticamente toda la población en este que siempre fue un país de analfabetos, sería un buen momento para plantearse recuperar algunos hábitos educativos que quedaron arrumbados por antiguos, sin que nadie se detuviera a pensar si eran o no eficaces. Podemos, por ejemplo, confiar en que nuestros hijos lean una página entera sin dibujos, de forma que, a partir de cierta edad, los libros de texto dejen de ser tebeos. Podemos también conferir mayor autoridad a los profesores, con la certeza de que eso no fomentará el autoritarismo sino el respeto. Podríamos, de una vez por todas, trasladar la enseñanza de las lenguas extranjeras a la edad en que el cerebro conserva sus capacidades específicas para ese aprendizaje, es decir, antes de los 12 años.

La educación es transmisión de conocimientos y también formación en valores. Los padres que han bramado en defensa del derecho a elegir libremente el centro en el que quieren que estudien sus hijos olvidan algo fundamental: los titulares del derecho a la educación no son ellos, sino sus hijos, y el Estado ejerce como garante de ese derecho mediante una red de centros públicos, una serie de conciertos con centros privados y una labor de inspección que asegura que ningún progenitor extravagante o enajenado prive a sus hijos de ser escolarizado. Los protagonistas de la educación no son los padres ni las familias sino los niños, y es con ellos con los que el Estado contrae el compromiso de ofrecer un servicio público de calidad.

Es lógico que quienes cuestionan ese papel del Estado y pretenden reducirlo al de una caja registradora que paga el servicio, se sientan molestos porque la Administración trate de establecer para los centros concertados un cupo de admisión de alumnos, es decir, de inmigrantes, a quienes los centros privados pagados con dinero público tratan como apestados. Hablando de educación, no estaría de más que estos defensores de la pureza de sangre en la aulas aprendieran a inculcar a sus hijos y a ellos mismo valores como la integración, la convivencia y la igualdad.

Tan razonable como que los padres católicos –y los de otras confesiones- decidan que sus hijos asistan a clases de Religión y que, incluso, sean evaluados en su fe, es que el Estado trate de extender los valores de la democracia, la justicia, la libertad, la tolerancia y el diálogo como método de resolución de conflictos. En esto consiste la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía que se propone y que algunos interpretan ya como la resurrección de otra tristemente célebre en la dictadura: Formación del Espíritu Nacional. En resumen: recitar el Padrenuestro o saber cuáles son los pecados capitales es muy beneficioso para la juventud; aprender a repudiar desde niño la violencia contra las mujeres es sectario.

En este punto nos encontramos. Si el sentido común no lo remedia, tendremos pronto una ley de Educación que el PP cambiará en cuanto vuelva a alcanzar el Gobierno. Zapatero y Rajoy están obligados a ponerse de acuerdo en algo realmente importante. La derecha no tiene más razón por haber llenado las calles de manifestantes. ¿Creen de verdad los detractores de la LOE que la izquierda no sería capaz de movilizar a un número similar de personas en defensa de una educación pública de calidad y laica? Lo lamentable es que nuestros estadistas de medio pelo volverán a poner el interés de sus partidos por delante del interés del país. ¡Vaya tropa!, que diría Romanones, y que, por cierto, fue ministro de Educación.

"Trece entre mil"
Ernesto Ladrón de Guevara elsemanaldigital 27 Noviembre 2005

Vitoria, día lluvioso, me llama un amigo:

- Me han dicho que la película de Iñaki Arteta tiene poco éxito de taquilla. Hay que ir a verla porque si no la quitan de la cartelera.

En la sala, única en la que se proyecta, cinco personas. Es domingo.
La película narra con acierto estético y con todo su dramatismo, la experiencia particular de trece familias que perdieron en atentado de ETA a alguno de los suyos. Trece tragedias cada cual más impactante por la vileza y el sinsentido del asesinato. No es más que una maldita emoción nacionalista la que ha exterminado a sangre fría a casi un millar de personas en lo que llevamos de fiebre independentista. A pesar de haberles concedido los símbolos, el poder autonómico, el mirar hacia otro lado ante la mentira y el mito, etc.

Como ejemplo, dos protagonistas de la película:
El personaje narra que a una madre con un niño en brazos se le escapa el que tenía agarrado con la otra mano saltando a la calzada mientras se acerca un camión a cierta velocidad. La madre con gesto desencajado deja por un momento al niño que tenía en su brazo para rescatar al que está a punto de ser arroyado. El hermano del narrador, que estaba presenciando la situación, coge al primer niño y poco después madre y el otro hijo yacen bajo las ruedas del camión. Veinte años después aquel que fue salvado, perteneciente a un comando de ETA, asesina a su protector.

¿Qué valores y qué cosmovisión de la vida ha recibido el etarra para ser capaz de asesinar con toda frialdad a quien impidió que un azar segara su existencia?

La protagonista de otra de las historias, viuda de un inspector de policía asesinado por ETA, me comentaba días atrás, tras una conferencia, que después del asesinato de su marido había educado a sus hijas con normalidad, alejándolas de sentimientos negativos o rencores, pero que ante las injusticias que se podrían producir como efecto de una supuesta negociación del Gobierno con ETA, ella no sabría qué decir a sus hijas. Y que los valores que ella les había transmitido podrían quedar en entredicho ante el olvido de las víctimas y el deshonor de pagar un precio por una paz de poco fuste. Me dejó preocupado, pero me reafirmó en la idea de que hay personas anónimas de gran talla humana, al mismo tiempo que miserables engendrados por una cultura de odio y una educación teñida de adoctrinamiento impune impregnado con mentiras dañinas.

Por eso hay que ver Trece entre mil. Es un drama que muchos ciudadanos miren para otro lado, incluso a la hora de ponerse ante una pantalla.

MIEMBRO DE LA PLATAFORMA "CIUDADANOS DE CATALUÑA"
Arcadi Espada anuncia un nuevo partido para integrar "a los ciudadanos que no tienen representación" en Cataluña
El integrante de la plataforma "Ciudadanos de Cataluña" Arcadi Espada, colectivo premiado por la Fundación Gregorio Ordóñez, ha asegurado este sábado que "va a crearse" un nuevo partido político para "intentar representar a los ciudadanos que no tienen ni representación parlamentaria ni moral" en Cataluña. En el mismo acto, la viuda de Ordóñez, Ana Iríbar, ha señalado que no es "decente" que un Gobierno democrático "negocie con organizaciones terroristas" y "abrace" a un nacionalismo que en el País Vasco "permanece ligado a terrorista como Otegi".
EFE Libertad Digital 27 Noviembre 2005

Arcadi Espada recibió en San Sebastián, junto a José Vicente Rodríguez Mora y Xavier Pericay, el IX Premio Gregorio Ordóñez que otorga la Fundación que lleva el nombre del que fuera presidente del PP de Guipúzcoa asesinado por ETA en 1995 para distinguir, en esta ocasión a "Ciudadanos de Cataluña", por su "manifiesta labor contra el totalitarismo nacionalista" y su defensa del Estado de Derecho. Al acto asistió la viuda de Ordóñez, Ana Iríbar, que preside la Fundación, el vicepresidente primero del Parlamento Europeo, Alejo Vidal Quadras, la eurodiputada socialista Rosa Díez o la presidenta del PP vasco, María San Gil.

Numerosos familiares de víctimas de ETA como Maite Pagazaurtundua (PSE/EE), hermana del jefe de la policía local de Andoain (Guipúzcoa) asesinado por ETA, Joseba Pagazaurtundua; José María Múgica, hijo del abogado socialista asesinado por ETA, Fernando Múgica; o Cándido Iruretagoiena, padre del edil popular de Zarautz asesinado por la organización terrorista, José Ignacio Iruretagoiena, acudieron a la entrega de este premio.

Espada, quien destacó que el asesinato de Ordóñez fue el que más le marcó porque representó el "símbolo de la confortabilidad de matar" en el País Vasco, opinó que Cataluña, a diferencia del País Vasco, no ha tenido una "resistencia cívica, ideológica e intelectual" al nacionalismo, salvo el periodo en que Vidal-Quadras fue parlamentario autonómico.

Aseveró que "no hay ninguna posibilidad" de que las diferentes identidades que existen en España diriman sus diferencias mediante el diálogo, debido a la falta de solidaridad del nacionalismo, y aseguró que "los ciudadanos" son "los únicos" que pueden hacerlo, por lo que abogó porque el "movimiento de y para los ciudadanos se extienda por toda España" para formar partidos políticos o constituir grupos de debate. Espada manifestó, asimismo, su "agradecimiento sentimental pero también político" por el premio concedido, que representa un "recuerdo terrible y un estímulo esperanzador".

Ana Iríbar, por su parte, reivindicó la identidad de "ciudadana española", por ser la única que la hace libre, al tiempo que reprochó a las instituciones vascas gobernadas por el nacionalismo que en vez de "combatir el fanatismo", en las escuelas y calles, lo hayan "alimentado basándose en supuestos derechos de un pueblo milenario, mientras imponen sus credos y folclores raciales.

Tras considerar que no es "decente" que un gobierno democrático "negocie con organizaciones terroristas", acusó al ejecutivo español de "abrazar" a un nacionalismo que en Euskadi "permanece ligado a terroristas como Arnaldo Otegi, mientras esconde, bajo la alfombra de su inventado victimismo frailón, los derechos de las víctimas del terrorismo". "Este país se debe tomar mucho más en serio el problema de los nacionalismos y de las identidades. Sufrimos un empacho de doctrina y sectarismo, necesitamos alejarnos de esa rancia visceralidad que el actual Gobierno se empeña en resucitar y no hace sino alimentar más fanatismo", sentenció.

SE MULTIPLICAN LAS DENUNCIAS Y MULTAS
La Generalitat recauda en el último año 81.250 euros en multas a empresas que no usan el catalán
EL MUNDO 27 Noviembre 2005

MADRID.- Las denuncias anónimas de particulares contra empresas que no usan el catalán se han disparado en la Agencia Catalana de Consumo y las Oficinas de Garantías Lingüísticas, según informa EL MUNDO. Los comercios tienen la obligación de rotular y atender en catalán.

"Las denuncias que han llegado a la Agencia por vulneración de la normativa lingüística han aumentado de forma muy considerable, hecho que denuesta una creciente sensibilización de los ciudadanos", indica este organismo, dependiente del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo, que dirige el republicano Josep Huguet.

Las inspecciones a establecimientos han crecido un 400% y por sanciones del incumplimiento de la ley se han recaudado 81.250 euros. Otros 94.950 euros están en fase de resolución.

Además, la Generalitat ha puesto en marcha las llamadas Oficinas de Garantías Lingüísticas, que reciben las denuncias "por teléfono, por correo electrónico, por fax, por escrito y personalmente" y "garantizan la confidencialidad".

Actualmente, existen cinco oficinas en Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Tortosa, que se inauguraron el pasado mes de febrero. Sin embargo, la mayoría de las denuncias se concentran en la capital catalana.

Consumo y estas oficinas han recibido conjuntamente 928 reclamaciones en los seis primeros meses de este año. Esta cifra supera al total de las presentadas en el conjunto del año pasado: 797. Las denuncias presentadas hasta junio doblan el número de quejas que se interpusieron en años anteriores. En 2002, la Generalitat recibió 505 reclamaciones y en 2003 la cifra se elevó a 783.

Por otra parte, unas 4.000 personas, entre ellas el conseller primer de la Generalitat, Josep Bargalló, asistieron ayer en el Palau Blaugrana a un acto institucional y festivo para celebrar el fin de la campaña 'Dóna corda al català' (Da cuerda al catalán).

'NO ESTÁ PREVISTO NINGÚN REAJUSTE'
La Comisión Europea desmiente que vaya a quitar traductores de español
EFE El Mundo  27 Noviembre 2005

BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) no se planteará "en ningún caso" una reducción de su plantilla de traductores al español en función de la proporción de ciudadanos en España que tenga como lengua materna al castellano, en vez de otras lenguas españolas, según aseguró el portavoz de Educación, Cultura y Multilingüismo, Frederic Vincent.

"Eso sería un argumento imposible de sostener, ya que la lengua oficial de España que aparece en el Tratado de la UE y que determina nuestro trabajo de traducción es únicamente el castellano", declaró Vincent.

El portavoz añadió que "no está previsto ningún reajuste en la Dirección General de Traducción para la próxima semana" y que "no tiene conocimiento" de que este departamento planee actualmente ningún cambio en su plantilla de traductores, tal y como publica el diario El País.

Sin embargo, no descartó este extremo ya que "la Dirección General de Traducción se reorganiza regularmente" y está ejecutando un plan de acción para adaptarse al aumento de lenguas oficiales derivado de la ampliación a 25 Estados (serán 27 en 2007), que implica concentrar sus recursos en la traducción de documentos de carácter legal y reducir la talla de los textos a traducir.

"Pero esto no afectará nunca al nivel de traducciones al español, que seguirá siendo el mismo, ni estará jamás relacionado con el número de personas que tenga el castellano como lengua materna", subrayó Vincent.

Admitió que el director general de Traducción Karl-Johan Lonnroth de la CE citó durante una visita oficial a Sofía (Bulgaria) el pasado febrero, los datos de un Eurobarómetro sobre la situación lingüística en la Unión Europea.

Según esa encuesta, el castellano es la lengua materna del 87% de la población en España; el catalán, del 9%; el euskera, del 1%; otras lenguas europeas, del 2%, y "otros idiomas", del 1%.

No obstante, insistió en que la dotación de traductores no depende "de la importancia de cada lengua, sino de las necesidades prácticas" y señaló que éstas son las mismas para traducir al "español o al maltés", el idioma oficial menos hablado en la UE, ya que "se traduce el mismo número de documentos a una u otra lengua".

Sólo en el caso del inglés, el francés y el alemán, las tres "lenguas de procedimiento", que son empleadas en todas las sesiones de trabajo del Ejecutivo comunitario, la Dirección General de Traducción cuenta y seguirá contando con una plantilla superior a la del resto, explicó.

No es la primera vez que la Comisión Europea presidida por José Manuel Durao Barroso tiene que salir al paso de informaciones relativas a una posible reducción del peso del español en los procedimientos lingüísticos de la institución.

El pasado marzo, el Ejecutivo comunitario se vio obligado a abortar su plan de restringir al francés, el inglés y el alemán, la interpretación de parte de las ruedas de prensa de sus comisarios, después de recibir quejas formales de los gobiernos español e italiano.

Fuentes diplomáticas dijeron que "si se confirmase la intención de la Comisión de reducir las traducciones al español, y sobre todo el argumento que vincularía esto a la proporción de ciudadanos con el español como lengua materna, España lo consideraría inaceptable".

Las fuentes añadieron que la Representación Permanente de España ante la UE "sigue día a día la evolución de la política lingüística de la institución".

El vicedirector de la Real Academia Española (RAE), Gregorio Salvador, ya se ha pronunciado sobre esta posible reducción que ahora desmiente la Comisión y que, en su opinión, sería "indignante".
 

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