AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 21 Diciembre 2005
«¿A qué espera Rajoy para destituir a Piqué?»
Enrique de Diego  Época 21 Diciembre 2005

La identidad feroz
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 21 Diciembre 2005

LECCIONES DE LA ECONOMÍA DEL TERROR
MIKEL BUESA  ABC 21 Diciembre 2005

Ley mordaza en Cataluña
Editorial ABC 21 Diciembre 2005

El asalto a la COPE y el espectáculo del PP catalán
EDITORIAL Libertad Digital 21 Diciembre 2005

Primer desafío real al nacionalismo catalán
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 21 Diciembre 2005

Un nuevo recorte de libertad
Ignacio Villa Libertad Digital 21 Diciembre 2005

Las malas compañías
Fernando R. Genovés Libertad Digital 21 Diciembre 2005

Zapatero pierde la manija
M. MARTÍN FERRAND ABC 21 Diciembre 2005

Entre bobos anda el juego
LAS PESQUISAS DE MARCELLO Estrella Digital 21 Diciembre 2005

Maragallización
José Javaloyes Estrella Digital 21 Diciembre 2005

El PSOE pacta con el nacionalismo vasco
Editorial Elsemanaldigital.com  21 Diciembre 2005

La mordaza catalana
José Javier Esparza elsemanaldigital  21 Diciembre 2005

La alternativa a la gran coalición (guía para la salvación del PSOE)
Luis Miguez Macho elsemanaldigital 21 Diciembre 2005

ZPatriota (de sí mismo)
Javier Orrico Periodista Digital 21 Diciembre 2005

Informando a Cercas
Pío Moa Libertad Digital 21 Diciembre 2005

Al Qaida en España
Editorial ABC 21 Diciembre 2005

El Consejo Audiovisual de Cataluña podrá cerrar una emisora si juzga que su información no es veraz
IVA ANGUERA DE SOJO ABC 21 Diciembre 2005

ETA ha enviado este año diez mil cartas de chantaje a empresarios de toda España
J. M. Zuloaga La Razón 21 Diciembre 2005

El PSE retira una enmienda que impedía subvencionar a asociaciones afines a ETA
J. Arias Borque La Razón 21 Diciembre 2005

Potestad para silenciar
Israel Cuchillo Periodista Digital 21 Diciembre 2005

UNA MANCHA INACEPTABLE EN LA PATENA DE ZAPATERO
EDITORIAL El Mundo 21 Diciembre 2005
 

ENTREVISTA / Francisco Caja, Presidente de Convivencia Cívica Catalana
«¿A qué espera Rajoy para destituir a Piqué?»
Por Enrique de Diego  Época 21 Diciembre 2005

Como Solzhenitsyn, Caja es un disidente ácido y Lúcido, ¡en una sociedad aparentemente democrática.

Considera que “la libertad nunca resulta gratuita” y que “más duro sería instalarse en la cobardía moral y someterse a la indignidad civil a la que el nacionalismo catalán pretende someter a los ciudadanos en Cataluña”.

A ustedes les han dejado solos. Ni el PP en Cataluña defiende la libertad personal.
Una plataforma cívica siempre apesta para los partidos. Nuestra función democrática es controlar los excesos del poder. Pero es evidente que en Cataluña el PP ha abandonado la defensa de las libertades y se ha hecho cómplice activo de los atropellos a la libertad de los nacionalismos. Ningún constitucionalista en Cataluña se siente representado por Piqué, un político sin credibilidad alguna que sostiene que la opa hostil de Gas Natural no tiene ningún significado político. ¿A qué espera Mariano Rajoy para destituirlo de la misma manera que José María Aznar destituyó a Aleix Vidal-Quadras? ¿Cuánto tiempo tardará todavía Mariano Rajoy en descubrir que lo que está amenazado hoy en Cataluña no son los intereses de los productores del cava, sino los derechos y libertades de los ciudadanos?

¿Cuáles son las mayores agresiones a la libertad que perpetra el nacionalismo en Cataluña?
En primer lugar, ha suprimido la libertad de lengua. El catalán ha pasado de lengua oficial a lengua obligatoria. La cooficialidad lingüística ha desaparecido. Estamos ante un sistema monolingüe absolutamente inconstitucional que niega a la lengua de más de la mitad de los ciudadanos catalanes la condición de oficial y que les obliga a usar el catalán coactivamente, mediante multas y sanciones. Se ha suprimido el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley.

¿Se puede estudiar en castellano en el sistema público de Cataluña?
No, en absoluto. Es más, el grado de control de los “usos lingüísticos” (como dicen los comisarios lingüísticos de la Generalidad catalana) en la escuela catalana llega a extremos realmente delictivos: se controla e impide que los niños hablen castellano en el patio, etcétera. El memorial de agravios sería interminable.

Más información en la revista Época.

La identidad feroz
POR ÁLVARO DELGADO-GAL ESCRITOR Y PERIODISTA ABC 21 Diciembre 2005

... No nos definen ni el idioma, ni la profesión ni el partido al que votamos. Las últimas son circunstancias que intervienen en nuestra existencia, no instancias en que se halla subsumida nuestra personalidad...

LOS nacionalistas gallegos han tendido las redes sobre el Bierzo y los concejos del costado occidental asturiano. Tal se deduce al menos de las disposiciones adicionales con que se cierra su propuesta de Estatuto. Del Bierzo sé poco, pero conozco, palmo a palmo, las sierras celtas que en cordales sucesivos se precipitan desde el curso alto del Navia hasta las tierras muelles y fértiles de la rasa marina. La Nueva España, en su edición del 11 de diciembre, reproducía un mapa de la zona, con la línea intermitente que para el BNG señala el contorno natural de Galicia. El cabo sur de la línea se apoya en el límite oriental de Ibias. El cabo opuesto llega al litoral y coincide con la quebrada del río Barayo, que es también el quicial sobre el que giran, dándose la espalda, los concejos asturianos de Navia y Valdés. Desde la raya del Barayo hasta Ribadeo median cerca de cuarenta kilómetros. Los chicos del Bloque reivindican por tanto una porción de Asturias no pequeña, máxime si se tiene en cuenta que la provincia va ganando corpulencia y espesor conforme se procede de Oriente a Poniente.

¿En qué se apoya el irredentismo del Bloque? En esencia, en argumentos lingüísticos. En Barayo empieza, según los filólogos, el astur/galaico, un brote lateral e híbrido del gallego. En el Estatuto asturiano del 81, se mencionaba sólo el bable. Luego, la administración del Principado ha decidido reconocer la existencia de un habla peculiar a la comarca. En una ley de los noventa sobre cuestiones referidas a la protección de la lengua, se distingue el bable/asturiano del gallego/asturiano. Finalmente, y para evitar quizá alusiones al idioma rival, se bautizó el habla dominante en la región con el nombre de fala. La fala ha terminado por adquirir un modesto relieve administrativo. Algunos institutos de enseñanza primaria o secundaria ofrecen clases de fala. Un profesor puede evitar el traslado a la otra punta de la provincia, promoviéndose como titular de clases de fala. También existen piques ideológicos. Una asociación llamada Xeira defiende la teoría de que la fala no es bable, y tampoco es gallego. Otra, residenciada en Illano y ligada a elementos del Bloque, ha entrado en sintonía con tesis galleguistas. Al noventa y nueve por ciento de la población, sin embargo, se le da un ardite saber de dónde viene lo que habla. Habla la fala, si es que la habla, en los bares y en casa, y cambia de registro y adopta el castellano cuando pega la hebra con un ovetense o un madrileño, o en el trance de presentarse a unos exámenes en la universidad o a unas oposiciones. Sobre esto, volveré dentro de un momento. Ahora, quiero seguir hablando del Bloque.

El nacionalismo lingüístico del Bloque no es menos respetable, ni menos absurdo, que el nacionalismo lingüístico de Maragall. Es exactamente el mismo. La idea matriz se remonta a Herder, el padre del nacionalismo romántico. Herder situó las distintas lenguas en un marco providencialista. Dios había querido edificar un universo prolijo y rico en singularidades, y creó especies distintas, razas distintas, e idiomas distintos. Cada uno encierra su gracia, su embrujo. Se ha dicho con frecuencia que el respeto de Herder hacia todas las culturas existentes refleja una mentalidad cosmopolita, incluso liberal. La doctrina berliniana del pluralismo de los valores arranca de Herder y Vico. Pero creo que Herder es ambiguo, incluso peligroso. Momigliano propinó un pescozón importante a Isaiah Berlin alegando precisamente que se empieza por la exaltación populista de las culturas y se termina donde quizá sea mejor no llegar -«On the Pioneer Trail», The New York Review of Books, 11-11-1976-. Yo añadiría más: Herder, movido en parte por su afición a las metáforas biologistas, es propenso a confundir no sólo la nación con la lengua, sino ésta con la propia constitución síquica y hasta fisiológica del hablante. Valga la siguiente cita, extraída de «Ensayo sobre los orígenes del lenguaje»: «Nuestra lengua materna fue el primer mundo que vimos, las primeras sensaciones que sentimos. ¡el lenguaje se convierte en linaje!». El equívoco pervive en los nacionalismos lingüísticos contemporáneos, con una novedad que está ausente de Herder: se combina el populismo herderiano con una concepción colbertiana del poder, y se intenta garantizar la persistencia o recuperación de una cultura acudiendo a la autoridad de una administración centralizada.

El desenlace es que los nacionalistas lingüísticos reclaman no sólo respeto hacia el ejercicio de un idioma, sino, a manera de complemento, toda la artillería intimidatoria de que dispone el Estado moderno. No otro es el motivo de que, a sus especulaciones filológicas, unan el independentismo. De ahí, también, que sean enemigos sistemáticos de la libertad individual. Se pudo observar el fenómeno, con claridad penosa, en el debate reciente sobre la toma en consideración del Estatuto catalán. PSC, CiU, PNV o BNG concurrieron en dar por supuestos principios difícilmente aceptables. Por ejemplo, que la nación es la expresión de una cultura. O que el sujeto político por excelencia es una cultura nacional, coextensiva con el territorio que intrínsecamente le corresponde. Si usted ha nacido en Fonsagrada, su destino ineludible es ser súbdito de la oligarquía política que desde los edificios oficiales de Santiago vigila y guarda el gallego. Si usted es de Navia, mala suerte. Ha nacido con el pie cambiado, y debe ser redimido por sus soberanos naturales.

Por fortuna, esto suena a chino a los naviegos, tapiegos o castropolenses. El comportamiento cotidiano de los asturianos occidentales demuestra que uno puede hablar una cosa y sentirse ligado a una comunidad donde se habla otra. En Navia se suele ser o del Oviedo o del Sporting. Incluso hubo una peña del Athletic de Bilbao, que ignoro si perdura. Pero hasta donde se me alcanza, ningún nativo es del Celta o del Dépor. ¿Qué pasa? Pues nada. Un político al uso diría que es posible compartir varias identidades: la gallega -o astur/galaica- por el idioma, la asturiana por el deporte, y la española -por el idioma otra vez, y por muchas razones más-. Pero yo me resisto a este discurso, profundamente desorientador. De hecho, no se comparten identidades, por la razón sencillísima de que sólo hay una identidad. Uno es idéntico a sí mismo, y distinto de cuantos no son uno mismo. Se trata de un principio lógico fundamental, que no debemos olvidar por atronador que sea el ruido de fondo. La clave está en otro sitio. La clave reside en el hecho de que no nos definen ni el idioma, ni la profesión ni el partido al que votamos. Las últimas son circunstancias que intervienen en nuestra existencia, no instancias en que se halla subsumida nuestra personalidad. Para apreciarlo, basta alejarse un instante del guirigay conceptual y léxico en que nos ha sumergido la pugna territorial española. La circunstancia de ser padre es sin duda más determinante que la de hablar gallego o bable. ¿Vamos por ahí luciendo, los que somos padres, nuestra identidad de padres? ¿Experimentamos los padres un sentimiento peculiar de succión, una como gravitación que la PATERNIDAD -con mayúsculas- ejerce sobre el centro de nuestras almas? ¿Tenemos que hacer equilibrios para avenir nuestra identidad de padres con la de cónyuges o hermanos? No. Y si alguien nos conminara a que nos definiéramos como padres cuando pedimos una caña de cerveza o vamos al cine, mandaríamos al impertinente a paseo.

El río, en fin, se ha salido de madre. No permitamos que nadie interpele a nuestras identidades. Primero, porque es una falta de educación. Segundo, porque sólo los fanáticos creen conocer cuál es la suya. Tercero, porque no es verdad que la conozcan. La han adquirido en los grandes almacenes de la ideología, regentados por señores insoportablemente pelmas.

LECCIONES DE LA ECONOMÍA DEL TERROR
MIKEL BUESA Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid ABC 21 Diciembre 2005

Del estudio de la economía del terrorismo nacionalista vasco, en la que ETA y Batasuna juegan un papel fundamental, se extraen algunas lecciones que es preciso volver a recordar, dado que algunos acontecimientos recientes, como el apoyo prestado por el Partido Socialista a unos presupuestos del Gobierno Vasco en los que se contemplan diversos tipos de subvenciones a personas u organizaciones relacionadas con esa economía, han vuelto a poner este tema en el centro del debate.

Lo primero que debe considerarse al respecto es que la economía del terrorismo, en el caso de ETA-Batasuna, se articula en torno a una multiplicidad de agentes y entidades que, formando una unidad en cuanto a su dirección estratégica, orientan su acción hacia los diferentes objetivos de la organización: captación y adoctrinamiento de militantes, desarrollo de actividades armadas y su logística, formación de una cultura de la violencia, propaganda y desinformación, asistencia social a los terroristas encarcelados y a sus familias, política institucional y sostenimiento del grupo social de referencia que apoya el terrorismo. Estas entidades -que a veces son alegales, pero que en la mayor parte de los casos adoptan formas jurídicas muy diversas, como asociaciones, partidos políticos, fundaciones y sociedades mercantiles-, además de trabajar con miras al objetivo específico para el que fueron constituidas, han asumido un importante papel en la captación de recursos financieros para el conjunto de la organización. En esta última tarea, cada entidad asume una determinada especialización. Así, ETA se ha dedicado preferentemente al pillaje, la extorsión a los empresarios y los tráficos ilícitos; Batasuna se ha centrado en la obtención de subvenciones a partidos políticos concedidas -al margen de la legalidad vigente- por la Administración vasca y las corporaciones locales, así como a ejercer la influencia que le concede su presencia institucional para favorecer a las entidades por ella controladas en la generosa distribución de subvenciones que ha realizado el Gobierno vasco y los Ayuntamientos nacionalistas; las asociaciones, editoriales y periódicos controlados por ETA se han esmerado en obtener estas últimas para lubricar con un dinero público muy mal controlado -como reiteradamente ha destacado el Tribunal de Vasco de Cuentas Públicas- a los otros elementos de la organización; y las sociedades mercantiles han servido para canalizar esos recursos, blanquear dinero y realizar negocios lucrativos cuyos réditos han engrosado la bolsa común.

A partir de esta complejidad organizativa -que ha coadyuvado a dar opacidad a sus operaciones, a la vez que ha proporcionado una apariencia de legalidad que las Administraciones vascas se han apresurado a aceptar sin ningún miramiento- el entramado ETA-Batasuna pudo obtener, en la década inmediatamente anterior a la ilegalización de este partido político, un mínimo de 23,6 millones de euros al año, de los cuales la extorsión habría proporcionado un poco más de la quinta parte, las actividades mercantiles habrían dejado un rédito de alrededor de un octavo y las subvenciones públicas algo más del 55 por 100, correspondiendo el resto a otras fuentes de menor rendimiento. El terrorismo nacionalista vasco ha sido, por tanto, generosamente subvencionado; y lo ha sido principalmente por las Administraciones del País Vasco, a las que corresponde más del 80 por 100 de las subvenciones recibidas por las organizaciones vinculadas con ETA y su entorno. Que esto ocurriera en un período en el que esas organizaciones se desenvolvían dentro de una apariencia legal -simplemente porque aún no habían sido perseguidas por los tribunales de justicia- denota la interesada miopía con la que los gestores de esas ayudas las acogieron bajo sus programas presupuestarios. Pero esta no es una excusa para que, tal como se prevé en la discusión presupuestaria vasca, siga pasando de la misma forma en el futuro; y menos aún, para que ello se haga con la anuencia de un partido, como el socialista, que ha dejado la vida de sus mejores militantes y dirigentes en el camino de la lucha contra el terrorismo. Pues debe recordarse ahora que programas como el de las ayudas a familiares de etarras encarcelados fueron creados para suplir la carencia de recursos a la que condujo, para ellos, la ilegalización de Batasuna, y que, además, fue declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia; o que las subvenciones a Udalbiltza -que han estado plagadas de irregularidades, según mostró un informe del citado Tribunal de Cuentas- se establecieron para dar cumplimiento a uno de los acuerdos entre el PNV, EA y ETA, para «dar un caramelito a HB y al MLNV para que crean que se está avanzando hacia un nuevo modelo» -según señaló el Consejero de Asuntos Sociales Javier Madrazo- o para «ayudar (al MLNV) a salir del atolladero de la violencia y a hacer una entrada en la política» -según dijo en 1999 el entonces presidente del PNV Xavier Arzalluz-. Recuerden los lectores estas citas de hace seis años, pues no esperaremos mucho a que los mismos argumentos, para defender unos proyectos fracasados, llenen la boca de los actuales dirigentes del socialismo vasco.

Pero la economía del terror no agota aquí sus lecciones. También señala que el conjunto de los procesos judiciales que, a partir de 1998, fueron dejando fuera de juego a las entidades vinculadas con ETA, así como la ulterior ilegalización de Batasuna, tuvieron efectos muy beneficiosos en la lucha contra el terrorismo. Ello fue así porque, a la represión policial, se añadió la supresión de una buena parte de las fuentes de recursos financieros de la banda terrorista y, con ella, también de sus posibilidades operativas. Además, al reducirse la presión del nacionalismo radical en los ayuntamientos controlados o participados por Batasuna, disminuyó el miedo y, con él, la adhesión política al terrorismo. Así, las encuestas del Euskobarómetro muestran que lo que, con propiedad, podríamos considerar como el «extremismo pro-ETA» ha caído desde un 12 por 100 de la población adulta en 1999 -un porcentaje éste muy similar al que se obtuvo a comienzo de la década de los cuarenta para delimitar al conjunto de los «nazis fanáticos», o en la Norteamérica de la década siguiente al «antisemitismo extremo»- hasta un 2 por 100 en el momento actual.

Por ello, no se entiende que ahora, para apoyar una pretensión negociadora con ETA que no pasa de ser una mera ilusión, cuando no el delirio de un gobernante insensato, los socialistas españoles y principalmente los vascos se apresten a reventar aquella exitosa política y sostengan lo que no deja de ser el embrión de la recomposición de las finanzas del terrorismo nacionalista. Ello, además, apoyando un flagrante incumplimiento de la ley de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo, que obliga a todas las Administraciones públicas a «abstenerse de ejecutar cualquier operación... respecto de la que existan indicios racionales de que está relacionada con la financiación del terrorismo ... o cuyo beneficiario sea una persona o entidad vinculada a organizaciones terroristas o... relacionada con ellas». Tal incumplimiento debe ser denunciado, aunque, en las circunstancias actuales, ello pueda acabar siendo una tarea inútil, pues si esto lo hacen quienes nos gobiernan, ¿a quién podremos recurrir los ciudadanos para que nos defiendan? ¿Quién aplicará a los representantes del pueblo en las instituciones parlamentarias las gravísimas sanciones administrativas, como multas, separación del cargo e inhabilitación, que la ley establece para quienes coadyuvan a la financiación del terrorismo?

Ley mordaza en Cataluña
Editorial ABC 21 Diciembre 2005

CON la única oposición del PP, el Parlamento catalán sacó ayer adelante una nueva ley audiovisual que puede suponer uno de los varapalos más serios que sufra el artículo 20 de la Constitución -que consagra la libertad de expresión- en su cuarto de siglo de existencia. El cuatripartito parece que no se ha resistido a la tentación del control de la información (propia de otros sistemas políticos) que emitan las 96 emisoras locales de televisión -37 públicas y 59 privadas-, así como las cadenas públicas de ámbito autonómico, además de las 200 emisoras de radio municipales y una sesentena de radios locales privadas que operan en ese territorio. Y ya tiene su «ley mordaza». Entre otros puntapiés al texto constitucional hay uno aún más sobresaliente que supone el arrebatar la jurisdicción a los tribunales para otorgársela a un órgano, el Consejo Audiovisual, que podría sancionar con hasta 300.000 euros o tres meses de suspensión de las emisiones a aquellos medios públicos o privados que, según su criterio, incumplan la nueva normativa. Entre sus funciones está el determinar qué información es veraz o no, potestad que se hurta a los jueces. El recurso de inconstitucionalidad debe ser inmediato, así como la queja de las asociaciones profesionales que no han de tolerar este regreso al pasado. Policía audiovisual.

El asalto a la COPE y el espectáculo del PP catalán
EDITORIAL Libertad Digital 21 Diciembre 2005

Pocas veces el PP se ha hecho merecedor, en un mismo día, de elogios y críticas tan acentuados como los que nos disponemos a dedicarle por sus actuaciones de este martes, tan clamorosamente contradictorias.

Por un lado, el Partido Popular –que ha respaldado, encomiablemente, la iniciativa periodística en defensa de la libertad de expresión y que ya ha recogido más de 600.000 firmas de apoyo a la COPE– ha presentado, este martes y en la misma línea, una Proposición no de Ley, por la que se instaba al Congreso a expresar "su más rotunda condena del asalto a la sede de la cadena COPE" perpetrado por los socios separatistas de ZP.

Por otra parte, y en el mismo día, el partido de Rajoy ha defendido en Cataluña “la pluralidad e independencia” del Consejo audiovisual de Cataluña (CAC), que es, precisamente, el organismo liberticida –controlado por el Tripartido y presidido por el socialista Joan Carbonell–, con el que los socialistas y los nacionalistas –que no han condenado, sino legitimado en el Congreso el acoso callejero a la Cope– pretenden apagar administrativamente la voz de esta emisora en Cataluña.

Se dirá que –al menos– el PP ha votado, finalmente, en contra de la bochornosa Ley Audiovisual, que es la que confiere al CAC la inconstitucional potestad de determinar la “veracidad” de las informaciones y la posibilidad de aplicar sanciones y de suspender licencias. Hay que recordar, sin embargo, que el PP, hace nada, se disponía a respaldar semejante atropello a la libertad de expresión; bajeza histórica que luego fue atemperada con la acomplejada decisión de solicitar un informe al Consejo Consultivo Catalán antes de decidir su voto.

El caso es que, después de aprobar el dictamen en comisión de la ley, los populares han votado, finalmente, en contra; un voto negativo que, sin tantos cambios y sin necesidad de intermediaros, debería haber estado meridianamente claro desde el primer momento para una formación coherente con los principios que –se supone– el PP representa –o debe representar– también, y especialmente, en Cataluña.

No contento con el bochornoso espectáculo protagonizado en Cataluña, Rajoy tendrá que explicarnos cómo va a conciliar lo que su partido reprocha al CAC en Bruselas –o en Madrid–, con la “independencia y pluralidad” con la que su partido sigue defendiendo a este mismo organismo liberticida en Barcelona. Así, no hay que extrañarse que, tal y como reflejan los sondeos, el PP no levante cabeza en Cataluña. Claro que, para levantar cabeza, hay que empezar por tenerla, ejerciendo el liderazgo.

Boadella
Primer desafío real al nacionalismo catalán
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 21 Diciembre 2005

Abundando en una extendida falsedad, nos informa una columnista de El Mundo de que “en Castilla, y cuando digo Castilla me refiero a la tierra del castellano, siempre nos han mirado a los catalanes con ojeriza. Y todo por hablar distinto. (…) El día que corregí mi abominable acento, nadie volvió a señalarme con el dedo.” Qué curioso, mi experiencia es justamente la contraria: percibo una general simpatía, incluyendo la atribución graciosa de ciertas virtudes ligadas a la seriedad y a la lealtad. Todo ello en “la tierra del castellano”. Nadie me ha señalado nunca con el dedo a causa de mi acento.

Para seguir con los tópicos, y en singular bandazo, añade la columnista que “los catalanes no somos cosmopolitas, sino más bien aldeanos de corazón”. Pues tampoco. Los catalanes no somos ni más ni menos aldeanos, generosos, cultos, dialogantes, tacaños, fieles o antipáticos que los gallegos, los andaluces o los madrileños. Llevan años los medios de comunicación catalanes, y muy en especial TV3, obsesionados por nuestra imagen en el resto de España (del Estado, dirían ellos), pero esa inseguridad o ese complejo tampoco es un defecto catalán sino una fijación nacionalista. Lo peor de los nacionalistas, como ha señalado Albert Boadella, es que son muy, pero que muy pesados.

La peculiaridad catalana digna de observación es que su sociedad civil (en términos gramscianos, la encargada de la hegemonía y la dirección ética) sólo la nutren individuos que aceptan las tres o cuatro premisas básicas del nacionalismo. Si lo de sociedad civil confunde, piénsese en los nodos de un sistema social. Para formar parte de ellos, se requiere –se da por supuesta– la comunión con los postulados esenciales de pertenencia a una nación sin estado definida por ciertos hechos diferenciales, entre los que destaca la lengua catalana. Sin esa comunión es prácticamente imposible el acceso en condiciones a cualesquiera tribunas, a la Universidad, los institutos, los medios de comunicación, los colegios profesionales, las asociaciones influyentes o los órganos de decisión de los partidos políticos.

Esta triste particularidad no es resultado de un diferente carácter catalán, más perverso o menos democrático, sino de la obra ambiciosa e incansable de un hombre que se consideró un elegido y que consagró todos sus esfuerzos, toda su inteligencia –que es notable- y todo su espíritu emprendedor –que no es poco- a una vasta operación de ingeniería social dirigida a adaptar la Cataluña real a su modelo mental. Hablo, claro está, de Jordi Pujol. No lo consiguió “el pujolismo”, lo consiguió el señor Pujol.

Con él retirado, la principal amenaza para el establishment, lo que más pueden temer los nacionalistas, es que se articule un partido definido por la negación de sus premisas, como el inminente partido de Boadella, capaz de ir penetrando en la sociedad civil, capaz de refutar las premisas intocables desde los mismísimos nodos del sistema social. Sería la primera vez en democracia. Los votantes del PPC tendrán que pensar seriamente en todo esto, pero todavía más sus dirigentes.

COPE
Un nuevo recorte de libertad
Ignacio Villa Libertad Digital 21 Diciembre 2005

Era previsible que los radicales de Esquerra Republicana no condenaran su propia actitud; lo alarmante que el grupo socialista haya sido incapaz de censurar tanto el asalto a la COPE por cinco militantes independentistas como el cobijo que posteriormente les facilitaron los dos diputados de Esquerra –Puig y Tardá– en sus despachos del Congreso de los Diputados.

Con la votación registrada este martes por la tarde en el Congreso se ha abierto una puerta más a la impunidad, a la salvajada del primer radical que pasa por la calle, al insulto extremista. En el mejor de los casos, este Gobierno estaría demostrando que efectivamente está atado de pies y manos por los republicanos catalanes y que, además, no tiene la valentía suficiente para cortar con aquellos que están dinamitando a la España constitucional. En el peor, que es el mismo PSOE quien, sin ningún reparo, alienta este recorte de libertades.

El presidente Zapatero no está dispuesto a fomentar la libertad de expresión. Si tan amigo fuera de la libre expresión de las ideas habría dado orden a Alfredo Pérez Rubalcaba para que el grupo socialista condenara el ataque a la COPE, y esa orden no ha salido de Moncloa. Se ha consentido que el Congreso no condene el asalto y que en sede parlamentaria se pueda dar cobijo a unos activistas callejeros; es un día triste para la democracia y para el parlamentarismo español.

Los ciudadanos no nos sentimos amparados por lo que debería ser el Congreso de todos. Desde ahora los parlamentarios pueden hacer las barbaridades que quieran, como por ejemplo apoyar una manifestación ilegal delante de un medio de comunicación. Saben perfectamente que el partido que respalda al Gobierno se calla no sólo por miedo sino porque les parece bien que se pueda intimidar a una cadena de radio que es crítica con la gestión del ejecutivo.

Zapatero está enviando señales de humo con un mensaje: "todo vale con aquellos que critican al Gobierno". Las palabras huecas y solemnes sobre la libertad se demuestran votando en el Parlamento. Mientras tanto no hay dudas sobre la verdadera actitud del Gobierno. Les molesta la libertad de expresión.

Zapatero
Las malas compañías
Fernando R. Genovés Libertad Digital 21 Diciembre 2005

Veo y oigo opiniones por doquier, pretendidamente audaces para los tiempos que corren, sobre lo difícil que lo tiene últimamente el Gabinete del doctor Zapatero y las zozobras por las que está pasando. Bastantes todavía se preguntan hasta dónde piensa llegar el matasanos para sentirse completamente satisfecho, como si se tratase de uno más de esos “señoritos satisfechos” de los que hablaba Ortega en La rebelión de las masas. Actuando de este modo no se enfrentan, sin embargo, seriamente con la cuestión, que no es otra que ésta: cómo es posible que ZP y su compañía de varietés sigan todavía en el Poder con lo puesto y en boga. Esto es lo auténticamente pasmoso. Y que aún salgan en las portadas de las revistas de moda.

¿Qué sostiene al actual Ejecutivo, a pesar de todo? Ya sabemos cómo llegó a lo que llegó y adonde llegó pero, ¿qué lo mantiene todavía dando guerra? A mi parecer, gran parte de la responsabilidad de esta situación la tiene el hecho de que la mayoría de españoles siga sin tomarse en serio al personaje principal de nuestra tragicomedia nacional. Las rimas y leyendas que de él se cuentan siguen gozando de buena salud, mientras la nación expira. Selecciono tres de entre los múltiples cuentos que realzan su papel, supuestamente salido de una película de Walt Disney: primero, el gran argumento que suele conocerse con el nombre de “buenismo”; segundo, la acusación, pretendidamente ofensiva, de que es un “indocumentado” que no sabe lo que quiere ni lo que hace, y encima, no tiene capacidad de liderazgo, como si se tal cosa se echara de menos; y, finalmente, la contumacia en señalar las malas compañías que le llevan a mal traer y por el camino de la amargura, como si ello diese pena y fuese motivo de lamento.

Tengo para mí que cada vez que se saca a colación alguna de estas especies de considerandos (en realidad, pamplinas), los pulsómetros del ser y no ser de ZP empiezan a registrar una apreciable subida demoscópica, así como de las palpitaciones que ponen su presión sanguínea todavía más alterada. Minusvalorar o menospreciar la capacidad del adversario (sobre todo, cuando gusta de exhibirse como enemigo con traza de amigo) ha sido siempre una mala estrategia, con resultados demoledores para quien así se lo toma. Lo que nos está pasando en España, no obstante, es evidente: los actuales equipos dirigentes en las más altas instituciones del país saben perfectamente lo que quieren y hacen.

Ni improvisan ni están majaras. Su hoja de ruta está perfectamente planificada, por algo son paladines de todo género de planificación, desde la económica a la ideológica. Y por eso mismo resulta inapropiado y fútil rogarles que reflexionen, o, aún peor, excusarles porque no saben lo que hacen. Otra cuestión es que a algunas almas candorosas este panorama siniestro les intranquilice o escandalice y no acaben de creérselo. Pero los actos que cometen ZP y compañía responden a su naturaleza. Sólo falta aclarar si se corresponde a la de la rana o a la del escorpión de la fábula, o sea, aclarar quién es quién.

Y falta, por último, considerar la tercera tesis que mencionaba antes: el reparto de responsabilidades entre el presidente y la compañía. Pues bien, considero un grave error político, demasiado repetido, el cargar los excesos del actual ejecutivo a cuenta de las “deudas” y los “compromisos” que tiene que pagar el guía a sus clientes, clientelas y compañeros de viaje, esto es, a las malas compañías. Según esto, lo malo de lo que pasa en España no estaría tanto en la cabeza como en las extremidades; no en el cabecilla botarate, sino en sus socios descarriados, quienes, a diferencia de aquél, no son más que unos extremistas… El problema, como el infierno, serían, como casi siempre, los otros. Así el Uno se salva.

Estas cosas se oyen mucho en la oposición y en los medios. Mientras tanto, el redimido de todo mal, el que queda exonerado de toda culpa, se frota las manos, pletórico de satisfacción. ¡Por eso sonríe tanto y está tan optimista, no por su presumido talante! He aquí la moraleja del cuento: si el problema de España no es ZP ni el PSOE, sino, por ejemplo, ERC (de IU, ni hablar), nada más sencillo que cambiar de caballo en mitad de la carrera cuando éste se agota, para que aquél siga tan fresco, acompañado entonces de los nacionalistas “moderados”, sin ir más lejos. En ésas estamos. Si el problema no es ZP ni el PSOE, sino, verbigracia, ETA, basta con que ésta ofrezca en el momento oportuno otra tregua-trampa –que “desaparezca de nuestras vidas”, como gusta decir a Ibarreche y ahora también, a López– para seguir adelante. En ésas estaremos pronto. Y así sucesivamente. Porque malas compañías no faltan.

Zapatero pierde la manija
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 21 Diciembre 2005

LEJOS de la luz, quizás para no deslumbrarnos, y ausentes los taquígrafos, posiblemente para no escandalizarles, los cuatro partidos catalanes que aprobaron en el Parlament el proyecto del nou Estatut negocian con el Gobierno los retoques que exige el texto para, en su caso, poder someterlo a la aprobación del Congreso. Se han instalado en una jaima y así, en un indeseable fruto del pacto que mantiene en su asiento presidencial a José Luis Rodríguez Zapatero, negocian como mercaderes en tránsito y no como representantes populares establecidos. Esa es una de las muchas deformaciones que la partitocracia ha ido introduciendo en el sistema para desvirtuarle y hacer de las Cámaras algo más cercano a las representaciones teatrales que a un escenario para el debate, la búsqueda y el acuerdo. En esas estábamos cuando, de repente, y sin más aviso que el del órgano oficioso de la expresión socialista, el Gobierno aparece con un texto articulado y alternativo al elaborado en Cataluña y sostenido por los integrantes del tripartito que allí gobierna junto con el sobrevenido entusiasmo de CiU. Algo que se nos escapa ha debido producirse en los subterráneos del poder y, a bote pronto, parece que a Zapatero le han quitado la manija con la que se conduce el invento. Recuérdese que el presidente, después de haber prometido asumir en Madrid lo que se aprobara en Barcelona, no hace mucho, llamó a Artur Mas para que sumara sus fuerzas a las aglutinadas en torno al PSC y, de tal manera, fortalecer el proyecto de renovación estatutaria. «Ahora o nunca», dijo entonces Zapatero; por lo que se ve, en derroche de frivolidad.

La alternativa gubernamental al proyecto del Estatut, además de desdecir a Zapatero, parece recortar notablemente muchas de las aspiraciones -tan insensatas como inconstitucionales- que salieron del trabajo en el Parlament, en donde la seña separatista y el empuje republicano de ERC han tenido, desde la minoría, poder de arrastre de las mayorías. Veremos cuáles son sus efectos y consecuencias si Cataluña no es reconocida como nación y si se reducen notablemente las competencias exclusivas, y excluyentes, en cuya demanda viene radicalizándose el nacionalismo soberanista catalán con la complacencia de quienes no llegan a tanto y/o, como en el PSC, no se sabe si son carne o pescado.

¿Quién le ha quitado la manija a Zapatero? Cabe pensar que los mandamás del PSOE, tan inquietos como los que no lo somos ante la vertiginosa fuerza centrífuga de los acontecimientos, ha reaccionado y, con la mayor discreción, quieren recomponer el equilibrio de fuerzas que, desde cualquier posición partidista sensata, debe equilibrar la del Estado con las de todas y cada una de sus partes. Si es como sospecho y parece, se habrá dado un gran paso hacia la meta de una España gobernable y gobernada.

Entre bobos anda el juego
LAS PESQUISAS DE MARCELLO Estrella Digital 21 Diciembre 2005

Está Marcello como unas castañuelas porque le ha salido una novia que se llama Malú y no quiere ir al Congreso de los Diputados donde Pepiño y Rubalcaba andan de luto por el Estatut y dándose de golpes con el látigo de las siete colas como los peregrinos más fanáticos del Islam, porque Mariano, el del puro, le ha llamado bobo de solemnidad a Zapatero, su patrón. ¡Qué barbaridad! ¡Qué feroz insulto! ¡Que se retire de la política el jefe de la oposición! ¡Que pida perdón! ¿Serán bobos?

Les acaban de robar la cartera en la cumbre la UE, están hechos un lío con el estatuto de Cataluña y se rasgan las vestiduras porque le han llamado bobo a Zapatero, quien busca desesperado con la mirada a su primo de Zumosol a ver si le hace tragarse a Rajoy el puro de un sopapo. Pero bueno ¿no le llamó Pepe Bono a Tony Blair gilipollas integral, lo que nos podía haber costado otra embestida de la Royal Navy como la de Trafalgar? Pues ahí tenéis al gilipollas británico que le ha dado el toco mocho a Zapatero en los fondos de la UE, y el muchacho se quedó tan contento que se fue a Afganistán a hacer la ola, es decir el bobo, en compañía de Bono y Moratinos y con un chaleco antibalas escondido bajo el jersey de cuello vuelto, para que pareciera que el presidente viajaba a pecho descubierto en tierra de los feroces talibanes, las lejanas montañas, donde habita Bin Laden, que diría Aznar.

Lo mas gracioso de todo esto es lo de Rubalcaba que es un personaje sobre el que habría que hacer una tesis doctoral. Alfredo, que se tragó el Gal –por cierto, ¿no buscaban en Prisa ejemplos de secuestros ilegales, torturas y muertes en la lucha contra el terrorismo, al estilo de los vuelos secretos de Bush y Cheney?, ¿se acuerdan de Marey?- y la gran corrupción y ahora se desmaya porque le han dicho bobo a su capitán. No es verdad, se agarran a lo de bobo para inflar el monstruo de la derechona –ahí está el de Seseña el amigo de Zaplana- como si fuera el mismísimo King Kong en su última salida por las pantallas de Hollywood, pero en realidad a nadie le importa un pito, salvo que el mote pueda producir una catarsis social cuando Zapatero aparezca sonriente en televisión y la gente pueda decir, ¡pues anda, es verdad, tiene cara de bobo!

El presidente no es bobo, se lo hace. Lo que pasa es que hay días que se le derrama el frasco del talante y por eso se quiere comer a besos a los periodistas que le son adversos para ganar tiempo y luego clavarles el puñal. Aunque el picoleto monclovita ha perdido los nervios y el control y ha comenzado a tachar nombres de la lista de la cortesía presidencial en venganza por los artículos de los independientes, dando una vez más prueba del talante que se derrama a raudales por los pasillos de la presidencia, donde el pelota -¡que le corten la cabeza a César Alonso de los Rios!, exclama- hace de las suyas por cuenta propia o encargo de otros. Son unos bobos, son como niños y los Reyes Magos, Carod, Mas y Maragall, les van a traer carbón.

Marcello no quiere ir al Congreso porque prefiere ver a Malú, y porque sabe que los del PP en vez de hacer política hacen recados a Federico y Pedro J. y han convertido la que debiera ser una sesión de control del Gobierno, en una rueda de prensa para fustigar al bobo y atormentar a la Santa María Teresa F. De la Vega, que el cielo se está ganando por lo que tiene que aguantar dentro y fuera del Gobierno.

Porque en el PP también cazan aves con lumbre y los portavoces tampoco son para tirar cohetes de entusiasmo. Lo de Belén Bajo –a Belén pastores– está bajísimo de nivel, no sabe una papa de política, no da pie con bola, ni está ni se la espera y va tres pasos por detrás de la actualidad, mientras Elorriaga reflexiona en su diván. Por eso los de FAES les madrugan el protagonismo y al final sale más Aznar convertido en Belfegor desde la ultratumba que el mismísmo Rajoy, que tiene que decir una bobaba para que le hagan un poco de caso en los medios de comunicación. En fin, como decíamos al inicio entre bobos anda el juego y con visos de continuar porque no asoma en el horizonte otra cosa que nos permita imaginar un tiempo menos bobo que el actual.

Maragallización
José Javaloyes Estrella Digital 21 Diciembre 2005

Así de mal suena el denunciado proceso de reducción en el que comparece, sometido, el presidente Rodríguez. Tal como le ocurrió a Pascual Maragall, desautorizado por su propio partido, el PSC, para hacer una crisis de Gobierno. El tirón de bridas al Molt Honorable puede haber tenido su traducción en la caída de los socialistas catalanes, rebasados en un punto por CiU, conforme la encuesta publicada el martes por La Vanguardia, donde también destaca el nuevo descenso del PP en su actual etapa piquerista.

Esa evidente correlación entre la caída del PSC y lo reflejado por el trabajo del Instituto Noxa, que dirige el sociólogo Julián Santamaría, guarda un no menos evidente paralelismo entre el descenso sufrido por el PSOE, en la última encuesta del CIS, y el tirón de bridas que Ferraz y sus fácticos han propinado a la Moncloa, para reconducir la aventura de Rodríguez con el soberanismo nacionalista. Tirón del que ha salido el trueque de los apoyos acollonantes de ERC por los favores emergentes de los vascos sabinianos.

Dice Artur Más, ante la contrapropuesta sobre el Estatuto, “el PSOE está dando plantón a Zapatero”. Parece tan palmaria la reprimenda, y tan patente la reducción de la capacidad de iniciativa presidencial, tanto en Cataluña, para la Generalidad (“Hay gente en Madrid que no quiere el Estatuto”, dice por su cuenta Maragall), como para el Gobierno de la Nación, que tanto un caso como el otro, ambos síntomas, componen otro síndrome –la “maragallización”- que abunda en los cambios de fondo por los que atraviesa el partido en el Gobierno.

Todo por obra y gracia de la deriva acometida por este huésped de la Moncloa. La preferencia de Rodríguez por los nacionalismos, desde sus compromisos con el tripartito catalán, ha provocado el sensible rechazo de la opinión y el sentimiento nacional –incluido gran número de votantes del PSOE-, y de su propio partido, además de su entorno fáctico.

En un escenario así ha sobrevenido el choque de descalificaciones entre el presidente del Gobierno y el jefe de la Oposición. Este escenario dimensiona especialmente el supuesto agravio en la réplica de Rajoy, cuando, elípticamente, ha tildado de “bobo solemne” al jefe del Ejecutivo. Si los de éste han certificado la falta de discernimiento presidencial en la conducción del muy grave proceso de Cataluña, obligándole a rectificar, la réplica de los populares por lo del “patriotismo de hojalata”, ha sonado a ofensa gravísima. Ambos hechos, la “maragallización” de Rodríguez y la leche gallega, han entrado en fase y roto los protocolos de la paciencia debida.

Sea como fuere, lo cierto es que Rodríguez y Maragall, medidos de forma implícita por ambas encuestas de opinión, la de Santamaría y la del CIS, han sido capitidisminuidos por los suyos. Los errores de liderazgo hacen evidentes carencias graves tanto en el uno como en el otro, incapaces ambos de llenar el cargo. Y, en cualquier caso, lo que todo ello refleja es una anomalía institucional notoria: es el partido quien manda y no los investidos como gobernantes desde los votos de los electores.

Cuando un partido, el que sea, establece cortapisas al poder de quien propuesto por él para la elección lo ejerce, habrá de considerarse que algo anómalo y extraño ocurre, en términos de representación democrática e integridad institucional. Alguna explicación habrá que dar, no sólo a quienes le votaron sino a todos los ciudadanos.

Si el identificado como gobernante no gobierna, porque su partido y los poderes no electos -sino fácticos, que acompañan a éste- le recortan la autoridad y bloquean la iniciativa, no estaremos hablando de democracia electiva sino de partitocracia compulsiva.

Un poder “maragallizado” es un poder intervenido, fáctica e ilegítimamente deslegitimado. Se trata de un lío de mayor cuantía que, en términos de ética política y coherencia democrática, sólo tiene salida con un proceso dimisionario, lleve a donde lleve; lo normal, a unas elecciones anticipadas. Quien, para bien o para mal, traga ante su partido y ante quienes no comparecen, lo que debe hacer, por vergüenza torera y respeto a la ciudadanía, es dimitir. A los gobernantes, en democracia, no los desautorizan mas que los electores.

Obviamente, no se trata de defender las manías de Maragall ni los errores de tantísimo bulto cometidos por Rodríguez, sino de acabar democráticamente con éstos y con aquéllas. Lo otro, la partitocracia y los poderes fácticos que le acompañan, no es poder democrático sino estricta oligarquía. jose@javaloyes.net

El PSOE pacta con el nacionalismo vasco
Editorial Elsemanaldigital.com  21 Diciembre 2005

Zapatero y Patxi López apoyan los Presupuestos vascos; el PNV apoya los Presupuestos de Zapatero. Juntos, rompen el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo.

21 de diciembre de 2005. El acercamiento político del Partido Socialista de Euskadi al PNV ha culminado estos días. El Tripartito que gobierna el País Vasco (PNV, IU y EA) ha conseguido un consenso sin precedentes para sus Presupuestos. Juan José Ibarretxe ha tenido el voto de la izquierda abertzale de Aralar. Ha conseguido, una vez más, la anuencia de los diputados comunistas del PCTV elegidos con los votos batasunos. Y ha logrado el apoyo de los socialistas de Patxi López. El Partido Popular se ha quedado solo en la oposición en Vitoria.

El acercamiento del PSOE al nacionalismo no es reciente, sino que fue decidido en la sede socialista de Ferraz como parte del proceso de distanciamiento del PP que llevó a José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia del Gobierno. Y ese acercamiento tiene causas en la política vasca y también en la política nacional; pero en La Moncloa no se están valorando todas sus consecuencias.

En el País Vasco, López ha decidido apoyar a Ibarretxe porque desea volver al poder, y los suyos anhelan "pisar moqueta" tras su paso por la oposición. El modelo catalán es evidente, con la izquierda y los nacionalistas unidos. Aunque las diferencias son muchas –el peso relativo de unos y otros socios, y la importancia del PP regional- la idea es la misma, dejando al PSOE poder y a los nacionalistas "construcción nacional".

Pero el plan tiene también su dimensión madrileña. Zapatero necesita varias cosas que el nacionalismo vasco puede ofrecer. La primera, a corto plazo, es su apoyo parlamentario en las Cortes, donde el coste de la alianza con ERC exige, al menos como hipótesis, complementos y alternativas. Pero lo esencial es otra cosa: muchos analistas cifran las posibilidades de victoria electoral de Zapatero en una tregua de los terroristas de ETA. Y para eso era necesario abandonar el Pacto por las Libertades.

Pero Zapatero no ha pensado en otras consecuencias de la política de López. El presidente del Gobierno, por ejemplo, debería recordar que hay unos límites que no se pueden rebasar, incluso aunque el control de los medios de comunicación trate de ocultar la verdad a los ciudadanos. Poner en riesgo la unidad nacional por un interés de partido es una jugada arriesgada, que puede salir bien durante un tiempo; pero jugar con las cosas importantes genera riesgos inaceptables para el futuro. Y demuestra que, en el fondo, él no considera que sean importantes.

La mordaza catalana
José Javier Esparza elsemanaldigital  21 Diciembre 2005

Lo que le faltaba a Cataluña para ser una completa anomalía en Europa era una legislación contra la libertad informativa, una ley mordaza. Ya la tenemos con esa iniciativa que atribuye al Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), institución designada por el parlamento autonómico, potestad para decidir cuándo una información es veraz y cuándo no, y para autorizar (o vetar) las modificaciones en el capital accionarial de los medios catalanes. Como corresponde a toda buena ley mordaza, la norma prevé severas sanciones económicas. Todos a callar.

Esta ley es una pésima noticia por muchos conceptos. Es mala para la libertad en Cataluña, porque pone un instrumento de control ideológico en las mismas manos que conceden, "administrativamente", las antenas y las frecuencias. Es mala para la libertad de expresión en general, porque atribuye a una instancia política el derecho a decidir sobre la verdad. Es mala para los periodistas, porque instituye una suerte de tribunal de honor al margen de (y en conflicto con) los tribunales ordinarios, donde hasta ahora se ventilaban estas cosas. Es mala para los demás consejos audiovisuales, que se idearon para defender a los ciudadanos, no para proteger a los poderosos. Y es mala, en fin, para la inteligencia: a partir de ahora, una información podrá ser veraz o mendaz según el territorio.

Seguramente se hablará mucho del alcance de esta ley y de las capacidades reales del CAC para decidir sobre tales o cuales cosas. Se adornará el muñeco con cintas de colores y alguien lo perfumará. Tampoco faltará quien desvíe el debate metiendo por medio la necesidad (bien real) de proteger a los espectadores ante los abusos de la televisión. Ahora bien, todo esto es secundario en el plano político. Porque, en ese plano, lo que tenemos es crudamente esto: por primera vez desde la caída del Muro de Berlín, una institución política europea adopta una ley deliberadamente encaminada a reducir la libertad de expresión.

Nadie en Cataluña –ni en ninguna otra parte- había sentido jamás la necesidad de ponerle colmillos al CAC. Nadie hasta que Carod pactó con ETA, hasta que se hundió el barrio del Carmelo por incuria municipal, hasta que Maragall hizo saltar el escándalo de las comisiones del 3%, hasta que la OPA de La Caixa se cruzó con las deudas impagadas de Montilla. Sólo después de todo eso, es decir, después de que los medios de comunicación hayan puesto al descubierto el lodazal político catalán, se ha sentido la necesidad de legislar la "veracidad" de las noticias. No hace falta decir que la información sobre todos esos escándalos ha sido estrictamente veraz: nadie se ha inventado nada. El poder catalán lo sabe, vaya que si lo sabe. Por eso legisla ahora en esta dirección: se trata de lapidar al mensajero. Ha nacido la lapidación preventiva.

Cataluña ya era una anomalía en Europa. Ahora esa anomalía empieza a adquirir tintes monstruosos.

La alternativa a la gran coalición (guía para la salvación del PSOE)
Luis Miguez Macho elsemanaldigital 21 Diciembre 2005

Si no fuera por todo lo que está en juego, yo me sentaría tranquilamente a contemplar con interés deportivo la gran partida que se está desarrollando en la política nacional. La partida a la que me refiero no es entre el PP y el PSOE, sino dentro del propio PSOE. El lector me creerá si digo que hay muchos socialistas que están profundamente preocupados, tanto como Vd. o como yo, que no lo somos, por la deriva del Gobierno de Rodríguez, en especial en el asunto del Estatuto catalán.

La cosa, desde el punto de vista socialista, no tiene fácil solución. Si se intentan corregir los aspectos más groseramente anticonstitucionales del Estatuto, empezando por la cuestión de la financiación en la línea propuesta por Solbes, los nacionalistas amenazarán con hacer caer al Gobierno, porque, teniendo la posibilidad de obtenerlo todo, carecen de incentivos para quedarse a medias.

Ahora bien, si se deja pasar el Estatuto sin modificaciones sustanciales, la situación será insostenible para el PSOE en muchas Comunidades autónomas, abocadas, una vez perdidos los fondos europeos, a perder también la solidaridad interterritorial nacional. Y esto por no hablar de las dificultades para gobernar desde Madrid cuando se multipliquen las demandas de extensión de los privilegios catalanes a otros territorios.

Así pues, los socialistas están llegando a una de esas encrucijadas en las que hay que elegir, aun sabiendo que se va a perder de todos modos. Si eligen el camino de la responsabilidad y el patriotismo, corren el riesgo de ir a unas elecciones anticipadas en las que pueden sufrir un descalabro; pero si optan por seguir en el poder como sea, el coste electoral será todavía mayor y el partido podría fragmentarse.

Con todo, el atolladero tiene una salida y no es precisamente la "gran coalición" sobre la que tanto se especula estos días. Es de puro sentido común que la manera inteligente de gobernar cuando se está en una situación parlamentaria como la del Gobierno de Rodríguez consiste en mantener el equilibrio entre la necesidad de recurrir al otro gran partido nacional, el que está en la oposición, para las cuestiones de Estado, y apoyarse para lo demás en grupos minoritarios a los que se pueda contentar con caramelos ideológicos o económicos.

El problema es que Rodríguez decidió desde un primer momento echarse exclusivamente en brazos de sus socios minoritarios y radicales para todo, lo grande y lo pequeño, sin limitaciones. Por eso la única salvación para el PSOE es sacarse a Rodríguez de encima, quizá mediante unas elecciones anticipadas a la desesperada en las que vuelva a ganar por la mínima, y sustituirlo por uno de sus "patriotas de hojalata" que sepa nadar y guardar la ropa.

ZPatriota (de sí mismo)
Javier Orrico Periodista Digital 21 Diciembre 2005

Al hombre que nos sorprendió con esa gran revelación, ajena al tópico y al camelo, de que su patria era la libertad, desde hace unos días no se le va de la boca la palabra España. Hasta que ayer, ya, se plantó en Afganistán, donde no hay guerra, como se sabe, sino playtalibánstation, a homenajear a los soldados caídos en el accidente de helicóptero de hace unos meses con un discurso inflamado de españolidad inquebrantable y cañí.

Lo reseñable es, además, que lo hace exactamente 24 horas después de aleccionarnos sobre el patriotismo, que al parecer consiste no en buscar lo mejor para la sociedad en que uno vive, sino en no someterse a los intereses de Norteamérica. Y para dar ejemplo se va de visita al país en el que llevamos combatiendo junto a los norteamericanos varios años, el primero que invadieron tras el atentado contra las Torres Gemelas. Es, sin duda, una curiosa manera de insumisión contra Bush.

Notable ha sido, pues, el cambio acaecido en este neopatriota hispano ZP. De su patriotismo libertario ya habíamos tenido sobradas muestras en su alianza con grandes amigos de la libertad como Esquerra Republicana y sus jóvenes neonazis, en su habilísima maniobra de postración del parlamento y la soberanía nacionales a los pies de ETA cuando estaba hundida, en su tarea de división y olvido de las molestas víctimas del terrorismo, en su estrechamiento de lazos afectivos y económicos con paladines de la libertad como Castro, Chávez y Mohamed VI, o en las honestas y efectivas comisiones de investigación sobre el 11-M y el incendio de Guadalajara. Todo ello era más que suficiente para que Zapatero pasase a la Historia como un líder providencial.

De ahí que no hayamos podido evitar una cierta extrañeza al oírlo hablar de España, de la que hace sólo unos meses no sabía siquiera si era una nación o una aluci-nación, asunto que le parecía de escaso interés y que era capaz de sortear hasta con ocho fórmulas distintas. En su afán por seguir usando el fantasma del franquismo para encubrir sus propios desmanes, el patriotismo le resultaba una antigualla reaccionaria. No sólo el patriotismo primero, el de la lealtad a una cierta idea de España, que no es otra cosa que respeto a la memoria de los que nos precedieron, a sus sacrificios, a la belleza, el arte y el heroísmo que nos han dejado como herencia, a la lengua universal, a su afán por construir una nación ejemplar, desde el interior y desde el exilio, desde el dolor, el trabajo y el amor a su país siempre. Ni siquiera el patriotismo democrático y constitucional, el de la patria de los ciudadanos libres, el de los hombres que buscan el predominio del civismo, la ley, la justicia, la igualdad, le parecía a ZP aceptable. Antes bien, incompatible con esa estupidez de la España plural (que no es más que una acumulación de Españicas singulares e intolerantes, totalitarias y enemigas de la libertad) que ha estado promoviendo frente a la única pluralidad verdadera: la de las personas y sus derechos.

Ahora, sin embargo, de súbito, a Zapatóptero le ha entrado un hondo sentimiento patriótico, constantemente nombra a España arrobado, transido de emoción, río de sangre cuajada de eternidad y cielo español, solo por azar coincidente con el intento de lavarle la cara al estatuto de Cataluña antes de que el boicot se los trague juntos.

¿Tendrá algo que ver tanto patriotismo con los sondeos de intención de voto? ¿Será el novedoso patriotismo de ZP, entonces, de ése que se utiliza sólo para la propia perpetuación, el totalitario, el que identifica a las patrias con sus caudillos, al modo de sus amigos Chávez y Castro, al modo franquista que ya sólo perdura en las 'nacionalidades' vasca y catalana?

Sin duda, lo que manifiesta semejante volubilidad es la falsedad del personaje, su impostura, su deslealtad a todo lo que no sea su proyecto personal, su incapacidad para mantener unas posiciones aparentemente propias más allá de la coyuntura en que se encuentre, la estafa meridiana de todo su discurso, su radical carácter de envoltorio, celofán, cartón, carcasa, nada. Dentro de su tantas veces manifestada inconsistencia, al menos antes parecía creerse las sandeces sobre España, Cataluña, Euskalherría y el conflicto que sus socios le habían contado en las largas conversaciones tripartitas. Su metamorfosis resulta, para quien tuviera dudas, la prueba de que de él no puede fiarse nadie, y los suyos menos que nadie. Es la encarnación del oportunismo y el embusterismo políticos, un tipo que, esencialmente, no cree en nada más que en su resentimiento y su ambición, y que por eso cambia de patria y de proyecto como el que cambia de detergente, al son de las encuestas. O eso, o en verdad estamos ante un tonto solemne y peligroso.

Hoy pretende terminar de engañarnos a todos, catalanes incluidos, echando un poco de agua en un estatuto incendiario que él avaló, solicitó y propició para ponerlo al servicio de su nueva condición de paladín plurinacional y Príncipe de la Paz, habiendo conseguido enconar el problema de los nazionalismos como nunca en estos últimos veinticinco años.

Y así vamos de su mano, pepeluís, camino de encontrarnos, dando tumbos entre la patria de la libertad y la España eterna de sus ojos transidos, sin España y sin libertad.

Guerra civil
Informando a Cercas
Pío Moa Libertad Digital 21 Diciembre 2005

Recientemente han publicado los escritores Javier Cercas y Jordi Gracia sendos artículos en El País en los que se nos alude directa o indirectamente, a César Vidal y a mí. Yo habría mandado una réplica al periódico de marras, si no fuera porque ya tengo experiencia de cómo las gastan los “demócratas” que mandan o mangonean en esa publicación. Por consiguiente no perderé el tiempo y replicaré aquí.

El señor Cercas empieza hablando de un “pacto de silencio” –él lo considera más bien de “aparcamiento”– en torno a la guerra y el franquismo; un pacto injusto, aunque gracias a él habría sido posible la Transición. Ya va siendo hora de superarlo, nos informa el señor Cercas. Bueno, para su satisfacción le informaré de que el injusto pacto ya está superado, porque nunca existió. Para comprobarlo sólo tiene que echar un vistazo a la enorme bibliografía generada en estos años sobre tales temas. La cuestión es muy otra: la izquierda y los separatistas pretenden hacer ahora un “juicio político” del franquismo, lo cual me parece excelente si por tal cosa se entiende establecer un balance histórico basado en los hechos.

Pero no estoy seguro de que se refiera a esto el señor Cercas. Porque al enjuiciar al franquismo resultarán también procesados sus jueces, y sospecho que eso no les hace mucha gracia. Como comenté al mismo designio expuesto por el admirable enterrador de Montesquieu, don Alfonso Guerra, la consideración del franquismo incluirá necesariamente la del PSOE, organizador de la guerra civil, del expolio masivo de bienes públicos y privados durante la guerra, de la entrega de las reservas financieras españolas a Stalin y de una corrupción salvaje en torno al suministro de armas, entre otras cosas. Un partido que, vuelto al poder en 1982, ha honrado a España con una nueva oleada de corrupción rampante, terrorismo de estado, ataques a la libertad de expresión y a la independencia judicial, etc. Todo lo cual, bien expuesto a la luz, ayudará sin duda a los españoles a entender en profundidad la república, la guerra y el franquismo. No me parece el señor Cercas muy al corriente de estos detalles, pero puede, si quiere, informarse a fondo al respecto, pues existe ya bastante bibliografía veraz y documentada. Entre otros, los libros de César Vidal y de un servidor, perdón por la inmodestia, le serían de gran ayuda.

Pero la preocupación del señor Cercas no es tanto la aclaración del pasado, sino el adoctrinamiento de los niños y los jóvenes en la versión que a él le gusta. En eso coincide con Tusell y con muchos otros, y nadie puede encontrar disparatada la idea: después de todo significaría movilizar amplios fondos públicos, con los consiguientes beneficiarios, que resultan ser siempre los mismos, es decir, los promotores de la idea. Para Cercas, la cosa podría explicarse así a los jóvenes: "Había una vez en España una República democrática mejorable, como todas, contra la que un militar llamado Franco dio un golpe de Estado. Como algunos ciudadanos no aceptaron el golpe y decidieron defender el Estado de derecho, hubo una guerra de tres años”.

No está mal, excepto que no corresponde en absoluto a la verdad hoy bien documentada. La cosa podría resultar mejor así: “Había una vez en España una República democrática mejorable, que el PSOE y los nacionalistas catalanes consideraron ‘burguesa’ o ‘centralista’, y quisieron destruirla en 1934 mediante una guerra civil. El general Franco defendió entonces la legalidad republicana. En 1936 los mismos partidos y otros crearon un proceso revolucionario y acabaron de destruir la democracia, y el resultado fue una guerra civil ganada por un general Franco que ya no creyó posible la democracia en España. Para que entendáis, jóvenes, lo peligroso de destruir las leyes que nos permiten convivir en paz y en libertad”.

Sigue Cercas: “La (guerra) la ganó Franco, quien impuso un régimen sin libertades, injusto e ilegítimo, que fue una prolongación de la guerra por otros medios y duró 40 años. Eso es todo. Claro, es un relato simple, incluso simplista, pero ni una sola de las palabras que lo integran es, me parece, falsa, ni traiciona la verdad de la historia”. El señor Cercas parece tan optimista como mal informado. Se ajustaría más a los hechos si dijera: “Ninguno de los bandos defendió, por tanto, la democracia. Franco ganó la guerra e impuso un régimen autoritario, muy preferible en todo caso a las salidas totalitarias de sus enemigos”. Y concluye nuestro voluntarioso adoctrinador de jóvenes: “Políticamente no hay dudas: los buenos -los que tenían la razón política- perdieron la guerra; los malos –los que no tenían la razón política– la ganaron”. De lo que se deduce que el conglomerado de marxistas revolucionarios, anarquistas, golpistas de Companys, golpistas de Azaña y racistas del PNV bajo la protección de Stalin son los buenos para el buen Cercas. Desde luego tiene todo el derecho a considerarlos así, eso va en gustos. Pero en tal caso debería explicarnos un poco mejor eso de que aquella buena gente defendía la democracia y el estado de derecho, porque quizá no acaba de encajar en la lógica más elemental. Que pruebe a hacerlo, a ver si nos convence a los que no somos tan jóvenes o indocumentados... En cambio a Cercas le horroriza otra posible versión, profetizada por Vázquez Montalbán, retratando así a Franco: “Gobernante autoritario que salvó a España de la Segunda Guerra Mundial y de la amenaza comunista, que puso las bases para el desarrollo económico y la entrada en Europa”. Cercas cree que tal descripción sería algo así como un fracaso histórico. Muy bien, va en gustos, nuevamente, pero a ver si es capaz de demostrar que hay una sola palabra falsa en tal descripción. Todos le quedaríamos muy agradecidos.

Después de una divagación banal, muy en línea carpetovetónica, sobre unas frases de Isaiah Berlin, nuestro instructor de juventudes asegura: “El hecho es que durante la Transición todos los partidos políticos consideraron que el triunfo absoluto de la justicia, que hubiera significado el retorno de la legitimidad republicana, el juicio de los responsables del franquismo y la reparación de sus víctimas, hubiera acarreado la absoluta derrota de la convivencia y la libertad”. A Cercas le falla la memoria lamentablemente. La Transición se hizo por iniciativa del franquismo reformista, y a ninguno de sus partidos se le ocurrió en ningún momento que hubiera justicia alguna en enlazar con la legitimidad republicana, destruida desde 1934 por las izquierdas. Tal idea sólo podía ocurrírseles, y no del todo, a los comunistas, los socialistas y quizá a los anarquistas, es decir, a los que habían liquidado violentamente la legalidad republicana. ¡Ironías de la vida! También se les ocurría a los grupos terroristas y separatistas, por alguna razón no difícil de imaginar.

“Es hora de reparar esa injusticia flagrante”, asegura Cercas. ¿A base de renunciar a la verdad tan flagrantemente se puede remediar alguna injusticia? También aquí va en gustos, pero desde luego no es el mío. Y ahora emplea nuestro buen Cercas el argumento sentimental: las víctimas franquistas fueron honradas durante la dictadura; ahora les toca a las del otro lado. Pero vuelve a fallarle la memoria. En los últimos 30 años puede decirse que las únicas víctimas honradas han sido las de izquierda. Podemos simbolizarlo en el caso de García Lorca, homenajeado hasta el hartazgo, también por la derecha, mientras otros intelectuales asesinados por las izquierdas han recibido el silencio, cuando no el desprecio, y desde luego ni la más mínima solidaridad de las izquierdas. Y otra vez vuelve a fallar la memoria de Cercas, y eso que el hombre es joven todavía cuando dice que las víctimas del bando antifranquista “sufrieron por defender la democracia”. Aquí también va en gustos: sería la democracia de Stalin, obviamente, la cual no seduce a todo el mundo, eso debe admitirlo Cercas. ¿Y las abundantes víctimas izquierdistas masacradas por otros izquierdistas? ¿También defendían la democracia? Tengo gran curiosidad por ver cómo nos lo aclara nuestro adoctrinador de jóvenes.

La reivindicación de las víctimas de la izquierda –que no ha cesado desde hace 30 años—le parece a Cercas no sólo conveniente, sino fácil: “Salvo nuestros irredimibles talibanes, nadie busca ya revancha, nadie busca ya juzgar a nadie”. Bueno, la cosa no es tan simple. Si la historia queda tan desfigurada como propone Cercas, lo único que puede salir de ahí es revanchismo y rencor, aparte de una manipulación descarada de los niños y jóvenes. También aquí mandan los gustos. A Cercas le parece muy bien. A gente como yo, muy mal.

Al Qaida en España
Editorial ABC 21 Diciembre 2005

LA última operación policial contra grupos vinculados con el terrorismo islamista demuestra la intensidad con la que el «yihadismo» internacional ha tomado España como base logística preferente. En 2005, el número de presos por esta causa ha aumentado un 52,3 por ciento respecto de 2004, según datos de la Audiencia Nacional. La cifra no sólo revela la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino también un incremento preocupante de la extensión en nuestro país de los grupos de apoyo a Al Qaida. El lunes pasado, la Policía realizó dieciséis detenciones en Málaga, Sevilla, Granada, Lérida y Palma de Mallorca, lo que permitió desmantelar una célula directamente relacionada, según el Ministerio del Interior, con el autoproclamado emir de Al Qaida en Irak, Abu Musab Al Zarqaui. Este grupo estaría enviando dinero y captando candidatos a suicidas para ponerlos a disposición del terrorista jordano, responsable de los más atroces atentados cometidos en Irak. Nada, por tanto, de «insurgencia» o «resistencia», sino puro y simple terrorismo contra ciudadanos civiles, miembros de la Policía iraquí y militares de una fuerza multinacional avalada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

El balance contra el terrorismo islamista es, por ahora, positivo, si bien aún se mueve en el terreno de la actuación policial y falta consolidar un respuesta judicial acorde con las valoraciones del Ministerio del Interior sobre la trascendencia de esas operaciones. Las cortas condenas impuestas por la Audiencia Nacional a los integrantes de la célula del 11-S fueron una seria advertencia en este sentido, por lo que, más allá de reiterar insistentemente el número de detenidos por la Policía, como hace el Gobierno, conviene insistir en la solidez de las pruebas para plantear imputaciones judiciales por delitos terroristas -integración o colaboración-, y no por delitos comunes como narcotráfico o falsedades. También se impone un cambio de perspectiva política acerca de este grave problema, porque, para obtener el máximo rendimiento del encomiable esfuerzo policial que se está desarrollando, es necesario dejar de explicar la odiosa querencia de los terroristas integristas por España sólo por la situación geoestratégica de nuestro país, como puerta de entrada a Europa desde el Magreb. Aunque resulte incómodo afirmarlo, la laxitud de la política migratoria española es un acicate para las organizaciones terroristas, estímulo que se beneficia del miedo a cometer una incorrección política si se reconoce que la seguridad colectiva también tiene su capítulo en el control de los flujos migratorios y en la aplicación de las normas de expulsión previstas por la legislación de extranjería. Así se podría haber evitado el bochorno de conocer que algunos detenidos en otras operaciones antiterroristas tenían pendiente una orden de expulsión o, para mayor oprobio, se les había regularizado su situación administrativa.

La amenaza terrorista en España se ha multiplicado por dos. Al Qaida no ha sustituido a ETA, aunque la tentación para creerlo así es muy fuerte en determinados sectores interesados en propalar expectativas de paz con los etarras, reconvertidos, por fuerza de la comparación, en terroristas menores. Pero como no es así, el Gobierno tiene la obligación política con la sociedad española y la responsabilidad con sus socios occidentales de destinar los medios económicos y humanos que sean necesarios para sostener una lucha antiterrorista que se plantea a largo plazo, con riesgos aún desconocidos y con unos métodos específicos, impuestos por la compleja estructura del terrorismo islamista, cuyo campo de actuación se proyecta sobre toda la comunidad democrática y sus aliados musulmanes.

Aunque España abandonó la coalición internacional que derrocó a Sadam Husein y que ha facilitado la transición de Irak hacia la democracia -precaria y acosada por el terrorismo, pero democracia-, nuestro país no sólo no se ha librado de la amenaza integrista, sino que ésta se ha extendido en el doble sentido de ser una base privilegiada para su logística internacional y un objetivo constante de sus planes de atentados. Nadie en su sano juicio podría repetir ahora la sandez de la antes oposición socialista sobre el comando «Dixán», porque el terrorismo integrista ya ha demostrado su capacidad para superar cualquier límite conocido al uso de la violencia.

El Consejo Audiovisual de Cataluña podrá cerrar una emisora si juzga que su información no es veraz
La nueva ley Audiovisual catalana establece sanciones de hasta 300.000 euros y tres meses de suspensión de las emisiones de radio y televisión
IVA ANGUERA DE SOJO ABC 21 Diciembre 2005

BARCELONA. El Parlamento catalán aprobó ayer, con la única oposición del PP, la ley Audiovisual que refunde toda la legislación previa en materia de medios de comunicación y establece un nuevo régimen regulador de todos los medios audiovisuales de ámbito catalán. Regulación que otorga al Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) la potestad para sancionar con hasta 300.000 euros o tres meses de suspensión de las emisiones a aquellos medios públicos o privados que incumplan la nueva normativa.

La ley supone una ampliación más que sustancial de las competencias del CAC, que, además, tendrá un papel determinante en la concesión de licencias de radio y televisión. El Consejo ejercerá este nuevo control sobre las 96 emisoras locales de televisión -37 públicas y 59 privadas- que, a partir de la implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT), emitirán en Cataluña, así como las cadenas públicas de ámbito autonómico dependientes de la Generalitat, además de las 200 emisoras de radio municipales y unas sesenta radios locales privadas que emiten en esta comunidad.

El Consejo Audiovisual deberá velar por la veracidad de la información, la separación de opinión e información, el respeto a los derechos de la infancia y a la dignidad de las personas, y la no incitación al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad.

Expediente a la COPE
De hecho, en este sentido se espera que hoy mismo el Consejo Audiovisual de Cataluña entregue a la Generalitat su resolución sobre los contenidos que emite la Cadena COPE en la que se citan vulneraciones legales que comportan los contenidos de determinados programas de la emisora y que provocará con toda seguridad la apertura de un expediente informativo por parte del Gobierno catalán, según confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras del informe.

Se prevé que en el informe se señalará que algunos contenidos que emite esta cadena infringen principios constitucionales, por lo que se estarían incumpliendo las condiciones en las que se concedió la licencia. En concreto, se ha investigado la veracidad de sus informaciones y la protección del honor y la integridad de las personas. El documento se centra en los programas «La Mañana», de Federico Jiménez Losantos, y «La Linterna», de César Vidal.

Pocas horas antes de conocerse este informe, el PP era el único partido del Parlamento Catalán que se oponía a la nueva ley Audiovisual de Cataluña, aunque lo hacía después de votar a favor del dictamen previo de la ley en la Comisión de Cultura del Parlamento autonómico, lo que llevaba al resto de los grupos a denunciar la actitud de los populares, que atribuyen a «presiones de última hora».

Sin embargo, el ponente del PP, Santiago Rodríguez, apuntó precisamente a las «dudas políticas» de su formación respecto al hecho de que «el Gobierno catalán o el CAC puedan sancionar con un cierre, aunque sea temporal» de las emisoras que incumplan el reglamento. Rodríguez señaló que esto supone tanto como atribuirse funciones que corresponden a los tribunales, aunque insistió en que no dudan de la independencia demostrada por el CAC durante toda su trayectoria.

El consejero jefe de la Generalitat, Josep Bargalló, dejó bien claro tras la aprobación de la ley que el nuevo texto se aplicará independientemente de que el PP cumpla su amenaza de recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, porque «se trata de un recurso no suspensivo». El PP, sin embargo, negó que vaya a presentar ese recurso.

ETA ha enviado este año diez mil cartas de chantaje a empresarios de toda España
La cantidad media es de 30.000 euros y las misivas han llegado incluso a kioscos de Prensa
J. M. Zuloaga La Razón 21 Diciembre 2005

Madrid- ETA ha remitido en lo que va de año unas diez mil cartas a empresarios exigiéndoles el pago del llamado «impuesto revolucionario». La cifra, similar a la de otros años, demuestra, según fuentes antiterroristas consultadas por LA RAZÓN, que la banda, lejos de querer disolverse, se ha marcado una continuidad en el tiempo y prosigue con el robo de dinero a los industriales para mantener activo su entramado.

De estas diez mil misivas, la mayoría han sido remitidas a empresas del País Vasco; unas 1.700, a Navarra y una cifra algo menor a industriales del resto de España.

ETA, según las citadas fuentes, sabe que en estos casos (cuando no existen intereses o vinculación con el País Vasco o Navarra) es muy difícil que el empresario amenazado ceda a la extorsión. Sin embargo, siguen con el envío de las misivas para mantener un clima de miedo y contribuir a la estrategia de desestabilización.

Tiendas y kioscos. Entre las empresas sometidas a chantaje las hay de todos los niveles y se ha dado el caso de que pequeñas tiendas, e incluso kioscos de prensa, han recibido las cartas.

Las cantidades que se exigen van de los 6.000 euros en adelante y la media es de 30.000. El pago, como es habitual, debe ser acordado por el industrial con los «medios abertzales». En algunos casos, los terroristas organizan un curioso sistema para cobrar. Hacen circular por una carretera de segundo o tercer orden al extorsionado y le controlan en distintos puntos para comprobar que no es seguido por nadie. Una vez seguros, le interceptan en un punto determinado, cogen el dinero y huyen.
Las cartas llevan un código numérico, que va del 0001 al 9.999. Los terroristas tratan de evitar que los empresarios acudan a las Fuerzas de Seguridad para presentar denuncia y «personalizan» las misivas.

Las fuentes consultadas señalan que no se puede interpretar el envío de diez mil cartas como un signo de que la banda esté acumulando dinero para una eventual tregua. El número de misivas es similar al de otros años y, además, cuando la banda ha querido reunir una gran cantidad de dinero porque iba a anunciar un alto el fuego ha recurrido, en ocasiones, a secuestros. Ya ocurrió durante el proceso que condujo a las negociaciones de Argelia. Las conversaciones previas se iniciaron en los primeros meses de 1987, año en el que la banda perpetró, para presionar al Ejecutivo, dos de los crímenes más sanguinarios: Hipercor en Barcelona (23 muertos) y la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza (once muertos). Al año siguiente, además de continuar con los atentados, secuestró a Emiliano Revilla, y, finalmente, se sentó en Argel con los representantes del Ejecutivo socialista. El último secuestro perpetrado por ETA con fines económicos, del que se tengan noticias, fue perpetrado en la persona de José María Aldaya el 8 de mayo de 1995. Permaneció retenido por los pistoleros 342 días.

También en tregua. Durante los periodos de tregua, la banda no ha cesado con el intento de cobro del «impuesto revolucionario», ya que entra en lo que los pistoleros llaman eufemísticamente «labores de aprovisionamiento». Aunque no hay cifras, se sabe que son muchos los industriales que pagaron lo que se les exigía ante el temor, después confirmado, de que ETA volviera a las armas.

La campaña de extorsión de este año se interpreta como de continuidad en la actividad criminal de la banda. No existen grandes novedades y, lo que resulta preocupante, según las citadas fuentes, es comprobar que ETA mantiene plenamente operativo su «aparato económico» que, desde el año 1993, cuando fue detenido en Francia Carlos Almorza Arrieta, alias «Pedrito de Andoain», junto con varios de sus colaboradores, no ha sufrido ningún golpe policial serio.

Al frente de este «aparato», según el organigrama publicado por LA RAZÓN el pasado mes de mayo, está Zigor Merodio Larraona con el que colaboran tres o cuatro miembros de la banda, con muchos años de militancia en la organización criminal, que conforman la «Tesorería General».

El PSE retira una enmienda que impedía subvencionar a asociaciones afines a ETA
López cierra el acuerdo con Ibarretxe pese a que el PNV se negó ayer otra vez a retirar las ayudas
J. Arias Borque La Razón 21 Diciembre 2005

Vitoria- Los socialistas vascos dieron ayer un nuevo paso de acercamiento al nacionalismo con la rúbrica oficial del acuerdo entre el PSE y el Gobierno vasco para apoyar los presupuestos de la región para 2006. Tras la firma de este acuerdo, los dirigentes de la formación que lidera Patxi López mostraron su satisfacción «porque, tras ocho años de parálisis, desencuentros y enfrentamiento se abre una nueva etapa política en la sociedad vasca para, desde el diálogo y el entendimiento, recuperar un clima de entendimiento para enfrentar los principales problemas del país».

«Porque somos el principal partido de la oposición y quienes lideramos la alternativa, sabemos que en momentos concretos hay que ocuparse del país y es necesario asumir la responsabilidad de ofrecer soluciones a los problemas del país y de la gente en Euskadi, el acuerdo está siendo y será bien entendido por la ciudad», aseguró Rodolfo Ares.

La polémica suscitada durante los pasados días hizo que tanto José Antonio Pastor como el propio Ares, los dirigentes socialistas que rubricaron el acuerdo, no dudasen en matizar el apoyo que su partido va a dar a unas cuentas públicas que incluyen una partida presupuestaria similar para los familiares de los etarras encarcelados que para las víctimas del terrorismo. Así, aseguraron que su formación votaría a favor de la enmienda parcial presentada por el PP para que esta partida fuese desterrada definitivamente de los presupuestos. «En todo caso, para más claridad, les diré que no ha sido posible concretar un acuerdo sobre esta cuestión y, por lo tanto, el PSE no apoyará esta partida», adelantaba Ares. Y así lo hicieron unas horas más tarde durante el desarrollo de la comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, en la que durante tres días se votarán las enmiendas parciales a las cuentas vascas.

Pero el resultado fue el esperado: las enmiendas de PP y PSE fueron barridas por los nacionalistas. Lo que pareció durante unos minutos como la resurrección de la antigua alianza en materia antiterrorista tan sólo duró unos minutos. Pese al intento de hacer un lavado de cara, los socialistas vascos votarán a favor, el próximo día 29 de diciembre, de unos presupuestos que seguirán contando con esa polémica partida presupuestaria, 209.000 euros, para financiar los «tours-carcelarios» de los familiares de los presos etarras.

Pero el cambio de rumbo del PSE tras su acuerdo con el Gobierno vasco no queda en el apoyo a la partida a favor de las familias de presos o la destinada a Udalbide, el órgano sustituto de la ilegaliza Udalbiltza. Antes de que se alcanzase el acuerdo presupuestario, los socialistas habían registrado una enmienda de adición a los presupuestos en la que se proponía la creación de una nueva disposición adicional. «Subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro. La normativa de convocatorias de subvenciones a otorgar, con cargo a los presupuestos generales de la CAPV, a instituciones sin ánimo de lucro y demás organizaciones, contendrá las disposiciones necesarias para impedir que a las mismas se acojan entidades que prestan apoyo expresa a organizaciones terroristas y sus miembros», se solicitaba en la enmienda. Esta iniciativa fue retirada el viernes, el mismo día en que Patxi López hacía público el acuerdo con el Gobierno de Ibarretxe.

CAC / Aprobada la nueva Ley Audiovisual de Cataluña
Potestad para silenciar
Por Israel Cuchillo Periodista Digital 21 Diciembre 2005

Conseguido. El Consejo Audiovisual de Cataluña ya tiene potestad para decidir qué medios pueden informar, por encima de la justicia ordinaria. Tras la aprobación este martes en el parlamento catalán de la nueva Ley Audiovisual de Cataluña, el Consejo podrá imponer sanciones a los medios de hasta 300.000 euros e incluso decretar la suspensión de actividades por tres meses, en caso de incurrir en infracciones muy graves, a saber: no dar información veraz, no distinguir entre información y opinión, no respetar a la dignidad, incitar al odio por motivos de raza, religión, sexo, etc. El incumplimiento de los horarios protegidos para la infancia y la publicidad sublimial también pueden acarrear sanciones de este tipo. Y será el Consejo quien decida qué informaciones son veraces, cuáles atentan a la dignidad o al odio, qué es información y qué es opinión. La ley fue aprobada con los votos en contra del PP.

El popular Santiago Rodríguez justificó la retirada del apoyo de su grupo a la nueva ley alegando las dudas que le suscitan que "nadie que no sean los tribunales de justicia puedan pronunciarse sobre aspectos que son eminentemente subjetivos" para "dictar la suspensión de la actividad de un medio".

Efectivamente, el CAC se atribuye la potestad de "inspección, control y sanción que atribuye esta ley" y de la misma manera "puede adoptar medidas cautelares para evitar que el incumplimiento de las obligaciones produzca un perjuicio grave e irreparable al pluralismo, la libertad de comunicación o los derechos de los ciudadanos. Estas medidas pueden comportar la suspensión provisional de la eficacia de la licencia". Es decir, que para salvaguardar el "pluralismo" o la "libertad de comunicación" se puede tomar como medida preventiva la suspensión del medio.

La coerción a los profesionales de la información se ceba especialmente con los responsables de los medios, para los que se podrá acordar "el cese definitivo de la prestación de los servicios audiovisuales" cuando acumulen en un año dos infraciones muy graves o tres graves.

"VUELTA A LA CENSURA DE LOS AÑOS 30"
Las reacciones a la nueva ley no se están haciendo esperar. El presidente del Consejo Deontológico de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Antonio Fontán, ha manifestado a este medio que le "parecía impensable que pudiera ocurrir algo así en la España democrática del siglo XXI, representa una vuelta a los tiempos de la censura de los años 30. Y más que como presidente del Consejo, lo digo como periodista veterano que soy. En tiempos del diario Madrid teníamos más libertad para informar de la que va a haber a partir de ahora".

El periodista barcelonés Arcadi Espada se refiere en su blog al parlamento catalán como "un lugar de riesgo para las libertades" donde se aprobó este martes "una ley que usurpa parte de las funciones respecto a litigios de verdad objetiva, y a su capacidad sancionadora (...) respecto al uso público de la mentira".

UNA MANCHA INACEPTABLE EN LA PATENA DE ZAPATERO
EDITORIAL El Mundo 21 Diciembre 2005

Los portavoces de los partidos nacionalistas catalanes en el Congreso y el propio Maragall no ocultaron ayer su malestar por el contenido del texto alternativo al Estatuto, elaborado por el Gobierno.Tienen serios motivos para estar preocupados porque la propuesta recorta o modifica aspectos esenciales del Estatuto aprobado por el Parlamento catalán. De mantenerse firme Zapatero en la negociación que está llevando a cabo el PSOE con los nacionalistas, muchos de los riesgos que comporta el Estatuto quedarían eliminados.
Pero hay un aspecto muy negativo que no se puede menospreciar porque supone una concesión muy importante al nacionalismo: la cuestión de la lengua. Da la sensación de que el Gobierno ha claudicado en este asunto, aceptando la aspiración nacionalista de imponer un modelo monolingüístico a medio plazo.

Es cierto que el texto alternativo del Gobierno -filtrado ayer a su medio favorito- revisa el concepto de competencias exclusivas, rechaza la bilateralidad entre la Generalidad y los poderes del Estado y recorta sensiblemente las transferencias en materia judicial y en otros capítulos.

Es cierto que la filosofía que introduce el Gobierno choca con las propuestas del PSC y sus socios, al supeditar en casi todos los capítulos del Estatuto la legislación del Parlamento de Cataluña a la del Estado.

Pero ello coexiste con la elevación a ley de la sectaria política lingüística de la Generalidad, abiertamente inconstitucional y nociva para los intereses generales. El Gobierno asume en su propuesta la primacía del catalán sobre el castellano en todos los órdenes, incluyendo la Justicia. No toca, por ejemplo, el artículo 35, que establece «que todas las personas tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán», que es definido como «lengua vehicular» de todas las enseñanzas. El artículo 34 obliga a ser atendido en catalán en cualquier establecimiento comercial. El artículo 33 establece que los funcionarios y el personal docente deben expresarse en catalán.

Todo ello contribuirá, sin duda, a reforzar esa inquisitorial normalización lingúística iniciada hace 20 años, que ha eliminado el castellano de la enseñanza pública, que multa a los comerciantes que no rotulan en catalán y que vigila a los funcionarios que se expresan en castellano.

La Generalidad ha incumplido la letra y el espíritu del Estatuto de 1979, que equipara al catalán y el castellano en todos los ámbitos y se ha negado a aplicar las reiteradas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en las que fallaba contra la imposibilidad de los padres de educar a sus hijos en castellano.

Permitir la imposición del catalán como única lengua en Cataluña es el mayor triunfo que pueden lograr los nacionalistas, que, tras hacerse con el control de la enseñanza, dispondrían de todos los medios para impregnar a la sociedad de sus ideas y valores.

Habrá quien piense que bien está que el Gobierno haya cedido en la cuestión del idioma a cambio de eliminar de su propuesta otros aspectos abiertamente inconstitucionales del Estatuto aprobado en Cataluña. Pero se trata de una concesión tan peligrosa que relativiza todo lo que el Gobierno pueda conseguir en la negociación que se está desarrollando estos días.

La propuesta del Ejecutivo no ha querido tampoco introducir cambios en la declaración de derechos, al considerar tal vez que comporta escasas consecuencias prácticas. Pero ello supone un agravio para muchos ciudadanos que no van a tener algunos de los privilegios que fija el Estatuto como el subsidio de ciudadanía o el derecho a una vivienda para los más pobres.

Zapatero prometió dejar el Estatuto «tan limpio como una patena».Es cierto que ha pasado la bayeta, pero le ha quedado una importante mancha: la de la política lingüística. Ello desluce el brillo general y afea su indudable esfuerzo. Si esa mancha persiste, los nacionalistas habrían logrado una baza que justificaría su renuncia a reivindicaciones que podrían esperar a cambio de que el castellano desapareciera paulatinamente de Cataluña.




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