AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 22 Diciembre 2005
Esto ya ocurría hace siete años
Lorenzo Contreras Estrella  Digital22 Diciembre 2005

Cerebro e inmersiones lingüísticas
FRANCISCO MORA TERUEL ABC 22 Diciembre 2005

Dentro y fuera del Congreso
HERALDO DE ARAGÓN Editorial 22 Diciembre 2005

¿Hacia la policía de prensa?
Editorial ABC 22 Diciembre 2005

Liberticidas en Cataluña
M. MARTÍN FERRAND ABC 22 Diciembre 2005

Aquí el CAC, ¿dígame?
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 22 Diciembre 2005

La ruptura de la concordia
I. SÁNCHEZ CÁMARA ABC 22 Diciembre 2005

La "neolengua" de ZP o la negación de la evidencia
EDITORIAL Libertad Digital 22 Diciembre 2005

No hay salida para Artur Mas
Pablo Sebastián Estrella Digital 22 Diciembre 2005

Política 2.0
Enrique Dans Libertad Digital 22 Diciembre 2005

CAC contra Constitución
Blog Lucrecio Libertad Digital  22 Diciembre 2005

La miopía soberanista
PEDRO ARIAS VEIRA La Voz 22 Diciembre 2005

La Ley Audiovisual de Cataluña es inconstitucional
Israel Cuchillo Periodista Digital 22 Diciembre 2005

El Consejo Audiovisual de Cataluña, un atropello a las libertades (y no sólo a la de expresión)
elconfidencial.com Jesús Cacho 22 Diciembre 2005

El gobierno de Cataluña, un divieso en Europa
Francisco Rubiales Periodista Digital 22 Diciembre 2005

Zapatero ha perdido el sentido del humor
Editorial Elsemanaldigital.com  22 Diciembre 2005

A alguien en La Moncloa le crece la nariz
José Javier Esparza elsemanaldigital 22 Diciembre 2005

Cómo y por qué Zapatero ha tenido que pactar con el nacionalismo vasco
Pascual Tamburri elsemanaldigital 22 Diciembre 2005

La memez de la semana: "Pamplona es como la Jerusalén de los vascos"
Pascual Tamburri elsemanaldigital 22 Diciembre 2005

ETA hace estallar una furgoneta-bomba en una discoteca de Navarra
L. R. S. La Razón   22 Diciembre 2005

El sector de la comunicación rechaza la Ley Audiovisual catalana y la califica de «censura»
F. ÁLVAREZ ABC 22 Diciembre 2005

Expectativas y realidades
JOSEBA ARREGI El Correo  22 Diciembre 2005

Admitida la querella de la plataforma no nacionalista contra el escritor que propuso su «exterminio»
I. A. BARCELONA ABC 22 Diciembre 2005

Expedientado el juez que arremetió contra Jiménez Losantos en un artículo
F. Velasco La Razón   22 Diciembre 2005

La patronal guipuzcoana denuncia que hay «muchas más amenazas de ETA que hace unos años»
ÓSCAR B. DE OTÁLORA/BILBAO El Correo 22 Diciembre 2005

El autismo y el Estatut
Francesc de Carreras, LA VANGUARDIA 22 Diciembre 2005

CAC
Blog de Arcadi Espada 22 Diciembre 2005

EDITORIAL/ El Mundo 21-12-05

UNA MANCHA INACEPTABLE EN LA PATENA DE ZAPATERO


Los portavoces de los partidos nacionalistas catalanes en el Congreso y el propio Maragall no ocultaron ayer su malestar por el contenido del texto alternativo al Estatuto, elaborado por el Gobierno.Tienen serios motivos para estar preocupados porque la propuesta recorta o modifica aspectos esenciales del Estatuto aprobado por el Parlamento catalán. De mantenerse firme Zapatero en la negociación que está llevando a cabo el PSOE con los nacionalistas, muchos de los riesgos que comporta el Estatuto quedarían eliminados.
Pero hay un aspecto muy negativo que no se puede menospreciar porque supone una concesión muy importante al nacionalismo: la cuestión de la lengua. Da la sensación de que el Gobierno ha claudicado en este asunto, aceptando la aspiración nacionalista de imponer un modelo monolingüístico a medio plazo.

Es cierto que el texto alternativo del Gobierno -filtrado ayer a su medio favorito- revisa el concepto de competencias exclusivas, rechaza la bilateralidad entre la Generalidad y los poderes del Estado y recorta sensiblemente las transferencias en materia judicial y en otros capítulos.

Es cierto que la filosofía que introduce el Gobierno choca con las propuestas del PSC y sus socios, al supeditar en casi todos los capítulos del Estatuto la legislación del Parlamento de Cataluña a la del Estado.

Pero ello coexiste con la elevación a ley de la sectaria política lingüística de la Generalidad, abiertamente inconstitucional y nociva para los intereses generales. El Gobierno asume en su propuesta la primacía del catalán sobre el castellano en todos los órdenes, incluyendo la Justicia. No toca, por ejemplo, el artículo 35, que establece «que todas las personas tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán», que es definido como «lengua vehicular» de todas las enseñanzas. El artículo 34 obliga a ser atendido en catalán en cualquier establecimiento comercial. El artículo 33 establece que los funcionarios y el personal docente deben expresarse en catalán.

Todo ello contribuirá, sin duda, a reforzar esa inquisitorial normalización lingúística iniciada hace 20 años, que ha eliminado el castellano de la enseñanza pública, que multa a los comerciantes que no rotulan en catalán y que vigila a los funcionarios que se expresan en castellano.

La Generalidad ha incumplido la letra y el espíritu del Estatuto de 1979, que equipara al catalán y el castellano en todos los ámbitos y se ha negado a aplicar las reiteradas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en las que fallaba contra la imposibilidad de los padres de educar a sus hijos en castellano.

Permitir la imposición del catalán como única lengua en Cataluña es el mayor triunfo que pueden lograr los nacionalistas, que, tras hacerse con el control de la enseñanza, dispondrían de todos los medios para impregnar a la sociedad de sus ideas y valores.

Habrá quien piense que bien está que el Gobierno haya cedido en la cuestión del idioma a cambio de eliminar de su propuesta otros aspectos abiertamente inconstitucionales del Estatuto aprobado en Cataluña. Pero se trata de una concesión tan peligrosa que relativiza todo lo que el Gobierno pueda conseguir en la negociación que se está desarrollando estos días.

La propuesta del Ejecutivo no ha querido tampoco introducir cambios en la declaración de derechos, al considerar tal vez que comporta escasas consecuencias prácticas. Pero ello supone un agravio para muchos ciudadanos que no van a tener algunos de los privilegios que fija el Estatuto como el subsidio de ciudadanía o el derecho a una vivienda para los más pobres.

Zapatero prometió dejar el Estatuto «tan limpio como una patena».Es cierto que ha pasado la bayeta, pero le ha quedado una importante mancha: la de la política lingüística. Ello desluce el brillo general y afea su indudable esfuerzo. Si esa mancha persiste, los nacionalistas habrían logrado una baza que justificaría su renuncia a reivindicaciones que podrían esperar a cambio de que el castellano desapareciera paulatinamente de Cataluña.


 

Esto ya ocurría hace siete años
Lorenzo Contreras Estrella  Digital22 Diciembre 2005

La evolución del debate político, no sólo parlamentario, sobre el Estatut, se dirige hacia el futuro del español (o castellano) en la vida pública y social de Cataluña. No es descabellado temer que la batalla por los derechos del idioma oficial de España se pierda definitivamente en dicha comunidad. Los recortes al proyecto de Estatut no están a la altura de lo que se esperaba, y mucho menos en el terreno lingüístico. El mundo docente español hace ya tiempo que se encuentra en retirada por lo que respecta al uso de la lengua en la enseñanza. Hay un profesorado en "desbandada gradual". Hace ocho años, en un suplemento del boletín "Cervantina", que edita en Barcelona la Asociación Cultural Miguel de Cervantes, podía leerse un texto que es conveniente reproducir. Decía lo siguiente: "...el "arranque del problema" tiene como coartada legal la misma redacción del Estatuto de Autonomía de Cataluña que, en su artículo 3 establece el discriminador concepto de que la lengua propia de Cataluña es el catalán, concepto que se traduce en la práctica como la "lengua única". Esta formulación legal viene a consagrar todos los atropellos posteriores que, a su vez, sufren otras normas y disposiciones administrativas de rango inferior, desde la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña de 1983, elaborada por el Parlamento de Cataluña, hasta los decretos y demás disposiciones del Gobierno de la Generalidad, todas manejando este mismo concepto de "lengua propia de Cataluña" exclusivamente para el catalán, ignorando que las lenguas sólo son propias de las hablan y nunca de los territorios, como los tratados internacionales reconocen".

Siete años después, las prevenciones que el texto reproducido refleja, tienden a concretarse como una alarma que estuvo justificada por parte de los castellano-parlantes de Cataluña.Lo que existía y existe en el Estatuto de Cataluña hasta ahora vigente establece que el catalán es la lengua oficial de Cataluña y que también lo es el castellano. Además defiende para todas las personas de Cataluña el derecho y el deber de conocer las dos lenguas oficiales. Ahora bien, la reforma que se pretende desde el Gobierno central mantiene sólo parte de lo anteriormente transcrito, e introduce esta modificación: "Todas las personas tienen el derecho de utilizar las dos lenguas y los ciudadanos de Cataluña el deber de conocerlas".

Los ciudadanos de Cataluña, pues, "el deber de conocerlas". ¿Qué es, pues, lo que el Gobierno pretende asegurar? El deber de conocer el castellano, que es precisamente el valor que está flotando en una atmósfera de consistencia.

Volviendo al boletín antes citado, valga recordar este párrafo: El Parlamento de Cataluña, órgano legislativo de la región y que, teóricamente, representa a todos los ciudadanos, no utiliza nunca el castellano en sus debates, y en sus resoluciones o comunicaciones internas o externas, ignorando de este modo a la comunidad castellano-hablante, de la que procede en parte y a la que se supone representa. Todos los organismos públicos, no dependientes directamente del Gobierno central, utilizan en sus relaciones internas y externas únicamente el catalán, ignorando la otra lengua que es también oficial en Cataluña. Toda la señalización e información que se ofrece a los ciudadanos procedente de organismos oficiales dependientes del Parlamento de Cataluña, la Generalidad de Cataluña, las Diputaciones, los ayuntamientos y otras entidades de carácter público, se hacen solamente en lengua catalana. Los medios públicos de comunicación, emisoras de radio y televisión, dependientes de la Generalidad, de la Diputación y de los Ayuntamientos, realizan sus programas exclusivamente en catalán. Se subvencionan y promocionan exclusivamente en catalán.Se subvencionan y promocionan exclusivamente las manifestaciones artísticas y culturales que se realizan sólo en catalán. La Administración Pública de Cataluña pretende por todos los medios imponer la lengua catalana en la actividad privada, mediante subvenciones, consignas o normas al respecto".

Esto regía en Cataluña hace ya siete años. Luego han venido empeoramientos. Pensemos en la inmersión lingüística escolar, por ejemplo. Lo que surja en adelante no necesita ejercicios de adivinación.

Cerebro e inmersiones lingüísticas
Por FRANCISCO MORA TERUEL CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE ABC 22 Diciembre 2005

EL lenguaje se encuentra en la raíz más profunda de la naturaleza humana, no en vano sus códigos se han anclado fijos en el genoma y se han originado paralelos a los cambios evolutivos del propio cerebro en los últimos dos millones de años. Ello ya nos habla de la esencia del lenguaje como mecanismo para salvaguardar la supervivencia humana, tanto individual como de la especie. Claro que antes ya existía el lenguaje emocional, el de los gestos, los gritos y las onomatopeyas, que compartimos en buena medida con todos los demás seres vivos. Pero fue en esos dos millones de años, con el aumento exagerado del cerebro, cuando se adquirió ese nuevo lenguaje, noético y simbólico, el de los universales, en definitiva, el de las ideas y la belleza.

El cerebro tiene, al nacimiento, los circuitos «duros», genéticamente programados, capaces de grabar en ellos cualquier idioma. Y es la lengua de los padres la que reconstruye, transforma y modela esos circuitos del cerebro en un proceso lento a través de la física y la química, la anatomía y la fisiología. Tan lento es que la primera palabra no aparece antes del año y medio, y con un año más aparecen ya palabras sueltas, y sólo después, hacia los tres años, aparecen las frases. Todo esto lo sabe casi todo el mundo. Pero lo que no sabe todo el mundo es que no es lo mismo grabar en esos años tempranos un idioma que otro. En esos años se captan y aprenden matices sensoriales y emocionales que son transferidos con las palabras de un determinado idioma como no lo serán, sin embargo, con ningún otro que se aprenda después. Y es este idioma temprano el que queda más profundamente anclado en el cerebro humano y con el que el niño definitivamente dibujará el mundo y sus gentes. Ningún otro idioma será plenamente equivalente. Y es con ese instrumento con el que el niño dibuja, «nombrándolo» y sin esfuerzo, el mundo y «lo diferencia» de otros mundos, lo que incluye matices de las cosas, sucesos y personas. Con el idioma más genuino, aquel que se escucha tras el nacimiento, se expresa la intimidad de una manera diferenciada y única. Por eso un idioma unifica emocionalmente a las gentes, pero también, y al tiempo, las desune. Es un bisturí que corta emocionalmente lo «ajeno y diferente».

Y es por todo esto por lo que la sintonía emocional sutil que proporcionan las palabras de un determinado lenguaje jamás puede ser traducida fidedignamente a otro. Que se lo digan a los poetas y los escritores. La lengua genuinamente materna marca, rotula en el cerebro, el instrumento que expresará y describirá el mundo más íntimo. Un chino o un árabe no conciben el mundo, ni procesan la información ni la expresan con su idioma de la misma manera que cualquier otro ser humano con una lengua diferente. Se puede pensar que lenguas muy próximas, como lo pueden ser el italiano o el gallego y el castellano, produzcan más proximidad a estos matices que he señalado, pero no es desde luego el caso para el chino o el árabe. Pero aun así, persiste esa diferencia de matices anclados y transformados en tejido cerebral en esos primeros años tras el nacimiento. Aun siendo auténticamente bilingüe, donde desde el nacimiento se haya oído hablar en el seno familiar dos lenguas distintas, sigue existiendo una con un color emocional más profundo y sutil, quizá el de la madre, reforzado por el de la calle y de todos los días. Color emocional posiblemente no detectable ni por el individuo, ni por tests psicológicos sofisticados, ni tan siquiera tal vez por las técnicas de imagen cerebral más sofisticadas. Pero existir, existe. Hoy, con la neurolingüística, comenzamos a conocer las profundidades abisales en las que el lenguaje está anclado en el cerebro y su tremendo significado no sólo para la solidaridad y la agresión entre los seres humanos, sino para lo que resulta todavía más sorprendente, para la propia concepción del mundo y para, con ello, compartirla.

El final de estas reflexiones es que empezamos a darnos cuenta de que las lenguas pueden ser instrumentos de «identidad» separadora, que lo son, de unos grupos frente a otros. Y que de hecho se utilizan como arma de agresión «diferenciadora». Sólo hay que mirar los telediarios un poco todos los días para ser consciente de cuanto acabo de decir. El niño «inmerso» totalmente en una determinada lengua desde el mismo nacimiento concebirá el mundo de una manera «diferente» a los demás que no hablan esa misma lengua. Y lo hará de una manera casi permanente y definitiva. Esto antaño tenía un valor de supervivencia enorme, pues creaba una fuerza de grupo cohesionada. Hoy, por el contrario, ese mismo proceso, si es ejecutado dentro de un grupo grande, homogéneo y de lengua común y centenaria, debilita, es separador y estéril. La «inmersión absoluta» de los niños recién nacidos en un idioma en el seno de una sociedad que ya habla otro idioma o dos tiene claramente un propósito diferenciador y de aparente supervivencia para quien dirige esa inmersión. Supuestamente, esa mayor supervivencia se adquiere a través de ventajas como vivir mejor y más seguro que los demás, porque nadie marca diferencias para mostrar que es peor, más humilde y por tanto más necesitado.

Ante todo esto, se me ocurre que debiera haber más voces levantadas entre lingüistas, científicos, escritores y poetas que expliquen a esos políticos, muchos sólo obedeciendo a una emoción hoy vacía, que están enarbolando una bandera errónea, aquélla de la inmersión completa en una lengua minoritaria, sin conocer lo que ello significa. O quizá pensando que ello es un bien para su comunidad frente a la de los demás. O quizá pensando que esa «emoción profunda» de la lengua diferenciadora representa lo que en otros tiempos, milenarios, representaba, sin darse cuenta de que hoy es una desventaja profunda la que «sumergen» en los cerebros de los niños. El mundo ya no es un pedazo de tierra cerrado frente a otro, sino pedazos que se abren a pasos agigantados unos a otros. Y la llave, el instrumento que abre esos pedazos geográficos, son las lenguas y la emoción y la concepción del mundo que con ellas se adquieren. Es una lástima que ante la ceguera de algunos pocos, otros tantos, también ignorantes, apoyen «inmersiones» que suponen en esencia la construcción de la barrera más dura que se pueda imaginar.

Dentro y fuera del Congreso
HERALDO DE ARAGÓN Editorial 22 Diciembre 2005

AYER el Congreso vivió un manido debate sobre el grado de éxito o de fracaso para España -en ambos casos absoluto, según lo evaluase Zapatero o Rajoy- de los acuerdos presupuestarios europeos. Entre tanto, se acerca el fin de la fase más dura en la reforma de un Estatuto de Cataluña que nació con voluntad de conflicto y cuyo arreglo, paradójicamente, se fragua fuera del hemiciclo. Maragall, tras lustros de espera para desbancar a Pujol, lo hizo pactando con un partido separatista. Cierto que la alternativa no era seductora: un gobierno de exaltación soberanista con CiU y ERC. Pero Maragall afectó ignorar que Carod-Rovira temía esa solución, en la que podía ser fagocitado, y fue el actual Tripartito el que apostó por identificar catalanismo y nacionalismo. La imprudente promesa de un Zapatero que ni era presidente del Gobierno, ni, verosímilmente, esperaba serlo, acabó significando el respaldo de la Moncloa. Y, luego, Artur Mas, que no podía descolgarse, facilitó en el "Parlament" un texto deficiente, prolijo e inconstitucional, que ahora hay que corregir a puerta cerrada, de arriba abajo, tras meses de tensión y amenazas. ¿Qué sucederá? Una encuesta de "La Vanguardia" anticipa la respuesta, que es toda una lección de los ciudadanos. De cada 100 catalanes, 77 aprueban el acercamiento de CiU al PSOE; más de la mitad prefieren, para España y Cataluña, esa alianza a la de Zapatero con Carod; y casi el 70%, cree que en Madrid, precisamente, se arreglarán las cosas. Es obvia la conclusión: en el teatro de la política española, en la cual la catalana es una variante escasamente singular, los políticos sobreactúan en su provecho y crean tensiones cuya digestión ha de hacer luego el gran depósito de raciocinio que son los ciudadanos. Si el Estatuto catalán queda como debe -es decir, muy rebajado-, Zapatero debiera aprender, para librar de sobresaltos al país, una vieja máxima: no hay que intentar contentar a quien es imposible que se contente. Y es mejor hacerlo desde el principio. Porque, con el Estatuto vasco en cola, esto no es sino un principio.

¿Hacia la policía de prensa?
Editorial ABC 22 Diciembre 2005

LA definición del Estado español como democrático y de Derecho no es una rúbrica formularia de la Constitución de 1978, ni una mera tarjeta de identificación del régimen político, sino un mandato ineludible para los poderes públicos en su relación con las libertades y los derechos de los ciudadanos. Lo que caracteriza a un Estado así configurado es la prioridad absoluta del estatuto constitucional del ciudadano, formado por garantías y valores que han sobrevivido a toda suerte de totalitarismos para culminar en la democracia liberal, que transfiere al consentimiento de los ciudadanos la legitimación del poder. Y un Estado es de Derecho cuando el imperio de la ley no conoce excepciones a su vigencia y es aplicado por tribunales independientes e imparciales. La Constitución refleja este modelo de relación entre el Estado y los ciudadanos y pone en manos de los jueces la protección de sus derechos fundamentales y las libertades públicas.

Si alguno de estos derechos sintetiza todos los principios de la democracia como sistema político y de valores es el de la libertad de información, condición «sine qua non» para la existencia de la opinión pública y de una sociedad informada y capaz de controlar el ejercicio del poder político. La Constitución, en su artículo 20, ya regula el ejercicio de la libertad de información con tres condiciones: la exigencia de la veracidad informativa, la interdicción de la censura previa y el derecho a la objeción de conciencia y el secreto profesional. Y añade que esa libertad tiene «su límite en el respeto» a los derechos fundamentales, «especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia». Por tanto, la libertad de información sólo cede ante otros derechos del mismo rango cuando ha incumplido el deber de veracidad o los agrede innecesariamente. Está claro, pues, que no ampara ni el insulto ni la descalificación injuriosa. Al tratarse de un conflicto entre valores constitucionales, tal juicio sólo puede ser resuelto por un tribunal. No en vano, es amplia la jurisprudencia nacional e internacional sobre la relación entre información, veracidad y derechos de la persona.

Lo que no tiene justificación en este difícil y tenso equilibrio entre libertades y derechos constitucionales es la irrupción intervencionista y restrictiva de las administraciones públicas, con pretensiones preventivas y, en su caso, coactivas sobre los medios de comunicación, convertidos en justiciables de una policía de prensa al albur de lo que, según convenga, haya de entenderse por «información veraz». Esta legislatura socialista está avanzando en la consolidación de un sistema restrictivo de la libertad de información, muy lejos de aquellas benéficas promesas del presidente del Gobierno de que, al término de su mandato, habría más pluralidad y más libertad informativas.

La reciente aprobación de la ley Audiovisual de Cataluña (mientras en Andalucía se prepara un reglamento en términos similares) y la continuidad del procedimiento parlamentario de la proposición de ley del Estatuto del Periodista articulan un nuevo ordenamiento jurídico amenazante para la libertad de información, basado en el apoderamiento de competencias jurisdiccionales por parte de organismos políticos -el Consejo Audiovisual catalán o el posible Consejo Estatal de la Información- que se atribuyen la valoración no de las infracciones objetivas a la lex artis del periodista o a condiciones administrativas comprometidas por las empresas editoras, sino del contenido de sus informaciones para decidir si son o no veraces.

El ansia intervencionista llega también a otros ámbitos -como la concesión del carné de periodista-, pero es éste, el del juicio a la veracidad, el más grave intento de alterar el orden constitucional de la libertad informativa, pues supone tanto como habilitar a los poderes públicos para ser jueces y parte en un proceso sin garantías. No se hizo la Constitución para que quienes, como en toda democracia, deben someterse al escrutinio de los medios de comunicación -es decir, quienes ejercen el poder- tengan la potestad discrecional de perseguir y sancionar a aquéllos que cumplen la tarea de formar la opinión pública.

No se trata de convertir a los periodistas en una casta privilegiada frente al imperio de la ley, ni a los medios en un ámbito exento, sino de mantener en la competencia de los tribunales la decisión sobre cuándo una información es o no veraz. Y de que cada cual, periodista o político, siga cumpliendo el papel que le asigna una sociedad democrática como la española.

Liberticidas en Cataluña
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 22 Diciembre 2005

LA política, aseguraba Jaime Campmany, tiene mucho de farsa; pero, en diferencia con ella, hay muchas veces que nos hace llorar. Hay muchos fantoches en el oficio representativo que, llenándose la boca con la palabra libertad, no hacen otra cosa que disminuirla, limitarla y tratar de asfixiarla. Pobrecita libertad. Los fantasmones de la democracia, una epidemia creciente, la maltratan sin descanso. Ahí tenemos, calentita, la última gran parida del Parlamento de Cataluña: con la única, y tibia, oposición del PP ha metido en un solo saco la mucha y dispersa legislación audiovisual hasta ahora existente, cosa buena, y, para compensar, centra la regulación de la actividad en tan notable ámbito autonómico en el Consejo Audiovisual de Cataluña, un órgano con nueve consejeros decididos por el Parlament y un presidente designado por el Govern.

El CAC -la virgen del Montserrat le ilumine- tiene potestad, por sí y ante sí, para imponer multas de hasta 300.000 euros y para sancionar con la suspensión de las emisiones, en radio y televisión, por periodos de hasta tres meses. Curiosa unanimidad la de los integrantes del tripartito, reforzada por CiU, para convertirse en árbitros y delanteros del mismo encuentro. El espíritu liberticida, un gen maligno, habita en el alma de los nacionalistas. Sin él se quedarían en nada. Su condición anacrónica incapacita a los espíritus separatistas para entender, aceptar y asumir los nuevos supuestos de libertad que viajan con la evolución tecnológica y les fuerzan a la mala digestión de los clásicos.

Que un órgano meramente administrativo de designación estrictamente política pueda alzarse en discernir entre lo verdadero y lo falso y, en consecuencia, multar y/o cerrar estaciones radiodifusoras es algo que acredita la escasez democrática de quienes, además de promoverlo, lo auspician y mantienen. Sólo la Justicia, a través de sus correspondientes jurisdicciones, tiene legitimidad democrática para, en su caso, sancionar el trabajo periodístico. La argumentación de que el CAC tiene probada su independencia es, aunque fuera de ese modo, una falacia más sobre el despropósito normativo del Parlament. ¿Qué hada benéfica garantiza que puede, o quiere, seguirlo siendo y superar su propia condición política?

Cuando, en su afán intervencionista, el más duro franquismo promulgaba una ley de Prensa, salvaba los muebles con un artículo segundo capaz de convertir en delito los suspiros y, naturalmente, sometiendo la decisión a los tribunales. Han tenido que pasar treinta años de vida democrática para que terminemos evocando, por liberales, las medidas restrictivas a la libertad que generó la Dictadura. Mal asunto que, como siempre, arranca de los complejos de inferioridad, y de la inferioridad misma, que alimentan los nacionalismos con resabios fascistoides.

Cataluña
Aquí el CAC, ¿dígame?
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 22 Diciembre 2005

Ring… ring…
- Dígame
- ¿Hablo con el CAC?
- Sí, dígame.
- Nada, que soy un ciudadano de a pie que quiere felicitarles por sus nuevas competencias y darles algunos datos de interés.
- ¿Sobre medios de comunicación?
- Sí, sí, sobre medios y sobre ese tema de orientar los contenidos al insulto y a la vejación pública de determinadas personas…
- Entiendo.

- Y también sobre lo de crear animadversión hacia representantes políticos.
- Espere, que saco la libreta de la COPE y tomo nota.
- ¿La COPE? No, no, mire, es que hay un columnista, juez por más señas, que no sólo ha insultado y vejado sino que se lamentó de que a una víctima del terrorismo no le dispararan al corazón.
- El Colegio de Periodistas ha dado su apoyo a ese señor.
- ¿Al amenazado?
- No, al…ejem… al columnista. En realidad no había ninguna amenaza.
- También escribía “hijo de puta”.
- Mire, yo pensaba que iba a hablarme de la COPE. Ahora mismo no tengo tiempo…

- ¿Ustedes no forman parte de la Generalidad?
- Sí, ¿por qué?
- ¿No es la Generalidad copropietaria del diario Avui?
- Sí…
- Pues en ese diario se amenazó de muerte a Albert Boadella.
- Es que ahora mismo estoy muy ocupado.
- Y en TV3, que también es suya, se presentaba a José María Aznar, otra víctima del terrorismo, como un mosquito. Luego lo liquidaban con un matamoscas. ¿No habrá ahí algo de animadversión hacia un representante político?
- ¡Válgame Dios! Qué tarde es… Voy a tener que dejarle.

- A ver con esta: una tal Maruja llamó “hijos de puta” a los votantes del PP.
- Pues nada, buenas tardes.
- ¿Tiene emisoras la cadena SER en Cataluña?
- Sí, claro.
- Pues, a diferencia de la COPE, ahí hay un colaborador condenado por atentar contra el honor. El honor del padre de Antonio Herrero.
- Sí, sí. Pero, ¿de la COPE no tiene nada?
- Pues, ahora mismo, no.
- Señor mío, me parece que no lo ha captado: aquí recogemos material sobre ellos.
- ¿Quiénes son ellos?
- La COPE.
- Entonces todos los demás debemos ser nosotros, ¿no? Incluyendo al juez Fanlo, a Oriol Mallo, a Maruja Torres, a los cuates de Buenafuente, al difamador de la SER...
- Todo lo que no es ellos es nosotros.
- ¿Y qué hay de vosotros?
- ¿Nosotros?
- No, vosotros.
- Pues eso.
- Pues vale.
- Hala, si tiene algo de la COPE, no dude en llamarme.
- ¡Ya sé! Hay un libro que se llama Les barbaritats de la COPE en cuya contraportada aparece una frase atribuida a Jiménez Losantos; jamás la pronunció.
- ¿Usted no entiende nada, no?
- Yo creía que ustedes se dedicaban a…
- ¡Adiós!

Tit… tit…tit…

La ruptura de la concordia
I. SÁNCHEZ CÁMARA ABC 22 Diciembre 2005

Leo con admirado asombro una reciente Tercera de ABC. En tan magistral artículo, se diagnostica la disminución de la libertad que puede apreciarse en España, poco más de año y medio después de un cambio de gobierno. El autor nos recuerda que no basta la legitimidad de origen y que la justificación inicial del Poder no es suficiente para tranquilizar sobre la forma de su ejercicio. La democracia pierde su justificación y acaba por convertirse en un mecanismo de opresión si no está inspirada por el liberalismo. La prepotencia del poder legal no atempera el mal sino que lo agrava, porque entonces la legalidad ampara el abuso. No todo lo que hace un poder legítimo es legítimo. La tendencia al intervencionismo estatal conduce a la pérdida de la libertad. El autor continúa afirmando que la perpetuación del espíritu antiliberal es la causa principal de que no haya paz. No hay paz sin justicia, y no hay justicia sin libertad. En un ejercicio de inmensa clarividencia, sostiene que una cosa es gobernar y otra acometer apresuradamente la transformación radical de una sociedad, acaso sin el consentimiento de la mayoría de sus miembros. Cuando la democracia no se nutre del liberalismo y se limita por él, se produce el control de la sociedad por el Estado y la asfixia de la libertad. El nuevo Gobierno no se limita a cumplir su programa y gobernar sino que pretende operar un cambio de régimen. Eso no impide que pueda, y acaso deba, realizar reformas, siempre que cumpla tres condiciones. La primera consiste en explicarlas, justificarlas y conseguir la aceptación de la inmensa mayoría. La segunda, no ir, a la vez, en un sentido y en el contrario. La tercera, no hostigar a las fracciones del cuerpo social para convertirlas en otra cosa. El admirable artículo termina con este párrafo indeleble: «Me parece un deber -ya urgente- advertir estos riesgos, antes de que se consume lo que no se ha producido por fortuna, pero algunos de cuyos síntomas me parecen inconfundibles, y que se van a acentuar si no se vuelve a inyectar la libertad en el mecanismo de la democracia: la ruptura de la concordia».

Pero acaso lo más admirable del artículo sea la fecha de redacción. El lector atento de ABC quizá ha ya reconocido a su autor. Se trata de uno titulado «La libertad en regresión», publicado en 1984 por Julián Marías, que mereció el Premio Mariano de Cavia, y que nuestro diario reprodujo el pasado viernes con ocasión del fallecimiento, el día anterior, del filósofo. Si asombrosa es la irrebatible perdurabilidad de su análisis, no lo es menos la persistencia del mal denunciado. Lo grave no es que el pronóstico se cumpliera pocos años después, sino que estemos, al parecer, dispuestos a reiterarlo, poco corregido y muy aumentado. Pues no caben dudas de que a lo que se nos invita es a una regresión de la libertad, al triunfo del espíritu antiliberal, a la transformación radical de una sociedad sin el consenso mínimo necesario y a la ruptura de la concordia.

La "neolengua" de ZP o la negación de la evidencia
EDITORIAL Libertad Digital 22 Diciembre 2005

Era insoslayable que el balance entre lo que cada país europeo recibe y entrega a los presupuestos comunitarios iba a ser alterado como consecuencia de la ampliación de la UE. Ahora bien, que a España –cuyo Producto Interior Bruto representa el 8% del conjunto de la Unión Europea– se le haya endosado el 25% de los costes de la ampliación, y pierda nada menos que el 90% de su saldo actual, es un desastre sin paliativos de nuestro Gobierno, que sólo puede ser bueno –y así ha sido– como consuelo para otros gobiernos de países perjudicados –pero menos– por el acuerdo.

Zapatero podría, al menos, haber tratado de maquillar el varapalo recibido exagerando la insoslayable pérdida de fondos que aguardaba a España, señalando que hemos obtenido "el acuerdo menos malo de los posibles". Podría haber tratado de colar su fracaso negociador en el hecho –por nadie cuestionado– de que "los españoles no podíamos recibir el 100% de lo conseguido por Aznar", de que "España tenía que perder dinero", pues "nuestra situación actual es mucho mejor que la de 1999 en términos de renta y de convergencia" y "se han incorporado a la Unión diez países con una renta inferior a la nuestra y que necesitan la ayuda más que nosotros".

Pero lo cierto es que todas estas observaciones no las ha hecho este miércoles Zapatero, sino Rajoy, demostrando, así, que su demoledora crítica al Gobierno en sede parlamentaria no se ha apoyado en demagogia alguna. Tal vez porque ZP sabe que su rotundo fracaso no podía ser justificado por efecto estadístico alguno es por lo que ha optado por proseguir su huida hacia delante, que es, simplemente, negar radicalmente la realidad. Así, ha insistido en hablar de "éxito" con la misma desfachatez con la que vino de Bruselas hablando de que era un "buen día para Europa y un buen día para España".

Si nuestro país ha sido –con gran diferencia– el peor parado de todos los de la UE –tal y como ha señalado el presidente del Consejo Europeo–, ¿a qué le hubiera llamado ZP obtener un fracaso? Cuando desde sectores tan poco sospechosos de proximidad al PP como el diario El País o el sindicato CCOO se critica el acuerdo y la entusiasta negación de la realidad del presidente del Gobierno, ya nos dirán ustedes si no estuvo justificado que la reacción inicial del líder del PP fuera la de referirse, estupefacto, a ZP con aquel "a este hombre le pasa algo", o que este miércoles Rajoy haya hablado de la "neolengua del señor presidente", que llama "éxito" a lo que antes se le llamaba "desastre".

Sin tanta "boba solemnidad", la actitud de ZP ante lo obtenido en Bruselas recuerda a la de Igor, el personaje jorobado El jovencito Frankenstein. Cuando el personaje de Gene Wilder le pregunta a Igor por la cambiante ubicación de su joroba, éste le responde sonriente: "¿Joroba? ¿Qué joroba?"... Un también estupefacto Gene Wilder debió de pensar: "A este hombre le pasa algo, y no sólo en la espalda".

Lo grave es que la negación de la evidencia, en el caso de ZP, lejos de ser un recurso puntual para salir del paso, es un recurso sistemático de su Gobierno. Ya dijimos en su día que, con este Gobierno surgido del 11 al 14M, nos esperarían "mentiras orwellianas". La referida a lo perdido en Bruselas ni es la única ni la peor.

No hay salida para Artur Mas
Pablo Sebastián Estrella Digital 22 Diciembre 2005

Después de haber cantado Els Segadors en el parlamento de Cataluña y de haber venido en secreto a Madrid, el pasado mes de octubre, para ver a Zapatero que le prometió el oro y el moro, después de haber repetido en las Cortes que no aceptará rebajas y en Cataluña que no admitirá recortes a la soberanía del parlamento catalán, ¿va a traicionar Artur Mas, a CIU, al nacionalismo, al pueblo catalán, a su propia palabra aceptando un estatuto regionalista y descafeinado para acabar cantando el Viva España a las puertas de la Generalitat?.

CIU y Mas no tienen salida. Porque si aceptan el nuevo estatuto que no es el de Zapatero ni el de Maragall, sino más bien el de Bono y González, además tendrán que decirles a los catalanes que es muy bueno sin decir la verdad. Y si dicen que es bueno, Artur Mas tendrá que reconocer que todo esto ha sido un triunfo de Pascual Maragall y de Carod Rovira, con lo cual el PSC y ERC se eternizarán en la Generalitat como los grandes hacedores del nuevo Estatuto, mientras Mas permanecerá con la nariz pegada al escaparate de la pastelería del poder catalán.

Aquí no hay término medio posible, o se bajan los pantalones el gobierno de Zapatero y del PSOE con alto riesgo de hundirse en los sondeos electorales por haber roto la unidad y la soberanía nacional, o se bajan los pantalones los nacionalistas del tripartito y los de CIU tragándose un estatuto nacionalista en vez del pretendido estatuto nacionalista y soberanista, que con tanta solemnidad habían aprobado en el parlamento catalán. Lo que ya está claro es que Maragall, por el momento, parece un cadáver político que será enterrado como tal si fracasa el estatuto y es devuelto a Cataluña. Y que sólo sobrevivirá si por un milagro, como dice Artur Mas, consigue que se apruebe un texto nacionalista en Madrid. El otro muerto viviente o superviviente, porque el poder ayuda mucho y da energías suplementarias, es el presidente Zapatero que tiene la misma o más responsabilidad que Maragall en el lío del estatuto catalán, porque nunca debió aceptar que ese texto llegara a Madrid y porque su obligación era la de defender los intereses de España y no lo intereses del nacionalismo catalán como ha hecho. Zapatero ha tenido que rectificar y aunque está en horas bajas no está tan mal como Maragall, porque todavía confía que pasando dinero a Cataluña bajo la mesa y haciendo algunas concesiones políticas como las lingüistas, y algún otro truco de última hora para insinuar lo de nación, se podría producir el famoso milagro de los panes y los peces para todos los comensales con la excepción hecha del PP. Ha quedado claro que la idea de España y la pasión por España que tiene Zapatero son muy escasas. De la misma manera que ha quedado claro que Zapatero ha tenido que rectificar el estatuto inconstitucional que él mismo apoyó a finales del pasado otoño. Pero el presidente todavía tiene por delante un camino muy complicado que consiste en explicar a los españoles lo que ha pasado y en convencer a los catalanes que el estatuto descafeinado es lo único y lo mejor que se podían llevar.

Maragall y el PSC no cuentan porque ya han entregado la batuta de la negociación a Solbes y a Rubalcaba. Ahora la pelota está entre los dos tejados de CIU y ERC donde Mas y Carod se miran de reojo a sabiendas que si rompe uno tendrá que romper también el otro, porque de lo contrario el último en romper quedaría como un esquirol españolista ante el electorado nacionalista catalán.

En Madrid están convencidos de que el dinero es el bálsamo que duerme a los nacionalistas exaltados y en especial a la Esquerra, que además está tocando poder y que todavía no ha terminado de degustar esta nueva experiencia. Pero los nacionalistas son lo que son y no pueden traicionar a sus gentes y a sus bases, porque esa es su razón de existir y porque han ido demasiado lejos en sus desafíos y en sus declaraciones, y ahora se tendrían que tragar todo lo que han hecho y todo lo que dicho para volver a Barcelona con la cabeza baja y con un estatuto en el que no se incluye ni la nación, ni el cupo, ni la bilateralidad, ni el control de la solidaridad con otras regiones, etc. Y de manera muy especial en estas difíciles circunstancias se encuentra el líder de CIU Artur Mas que si apoya el estatuto que ahora le proponen en Madrid acabará consolidando a Maragall y traicionando a los suyos, con lo que su propia carrera política entrará en el camino de la eterna oposición y sin visos de alcanzar a corto o medio plazo la presidencia de la Generalitat.

El túnel
Política 2.0
Enrique Dans Libertad Digital 22 Diciembre 2005

¿Se ha parado a pensar alguna vez cuál es su relación con la política? Somos ciudadanos de una democracia, se supone que el más depurado de los sistemas políticos y, sin embargo, observe la realidad: ¿cuándo fue la última vez que se sintió representado por un político? Realmente, las cosas no están funcionando como deberían funcionar. La implicación de los ciudadanos en la política activa dista mucho de ser la ideal, y se acerca a situaciones demenciales, a contrasentidos flagrantes que reclaman urgentes acciones correctoras. Como ciudadanos, ¿cuál es nuestra implicación en la política? Simplemente, emitir un voto cada cuatro años, que se produce además después de una furiosa campaña de marketing en la que una serie de partidos nos ofrecen mensajes vacíos, carentes de contenido, cada vez más cercanos al marketing de consumo. En una era en la que las ideologías pasan cada vez más a un segundo plano, los partidos nos venden cada día más una identificación, una marca, una auténtica patente de corso: vótame, para que pueda hacer durante cuatro años lo que me dé la gana. Nada que tú, votante, digas o hagas durante los cuatro años de poder que me otorgues hará cambiar mis acciones. Una vez que tengo tu voto, ya tengo todo lo que quería de ti. Ahora, cállate y no molestes.

Así, podemos ver como las acciones de los políticos, en realidad, están guiadas por aquellos que se encuentran en la capacidad de influenciar. Mediante donaciones económicas o intervenciones de otro tipo durante la campaña, una serie de personajes de oscuros intereses consiguen una cuota de influencia que, tras el mágico momento de la liturgia electoral, pasan a ejercer. Los políticos, además, han entrado en este juego de manera descarada y con todas sus consecuencias: la actividad de los lobbies se ejerce a plena luz del día, y el político de turno se reúne con ellos, se fotografía y sonríe, cuando en realidad está pactando para actuar en contra de la voluntad popular, en contra de los intereses de aquellos que les votaron. Mientras toda la red y la calle se pueblan de opiniones en contra de, por ejemplo, los cambios en la legislación sobre propiedad intelectual, los políticos de turno se reúnen con los lobbies de las discográficas y fabrican una ley a su gusto para intentar perseguir a los pacíficos ciudadanos. ¿Escucharlos? ¿Para qué? Total, ya votaron… Pero no pasa nada, lo aceptamos como inevitable, es algo que ya no escandaliza a nadie lo más mínimo.

En realidad, estamos hablando de un fenómeno que los que vivimos en la red ya conocemos: la diferencia entre la red del siglo pasado y la de éste, que algunos llaman pomposamente “web 2.0”. La diferencia fundamental estriba en la reversión del llamado “paradigma de interacción”: antes, las empresas y los medios dominaban la interacción y producían contenidos que el cliente, simplemente, consumía. A las empresas, en realidad, sólo les interesaban dos partes del cliente: sus globos oculares, y su cartera. Con los primeros, consumía publicidad, con la segunda, compraba. Todo lo demás, era un estorbo. En política, la situación es aún peor: el ciudadano se limita a votar. De los ciudadanos, al político únicamente le interesan sus papeletas, sus votos: un efímero momento que ocurre cada cuatro años tras un arduo proceso de lavado de cerebro que dura algunas semanas llamado campaña electoral. Tras emitir el voto, el ciudadano desaparece. Sólo queda una métrica llamada número de escaños que además, de por sí, también resulta absurda: ¿para qué queremos, bajo el esquema actual, un número de señores cuyo cometido es ir todos los días – cuando van – a un sitio para simplemente apretar un botón? ¿Por qué no va uno solo, pagamos un solo sueldo, y aprieta el botón tantas veces como escaños haya conseguido? Esas preguntas, tan aparentemente simples, revelan la crisis a la que nos enfrentamos. Si la política, merced a los intereses de los partidos, ha devenido en algo así, es que hemos conseguido superar las más elevadas cotas del absurdo intelectual.

Pero todos sabemos que eso está cambiando. En la red, las personas han adquirido ya un papel diferente. Hablan, opinan, y se les escucha. Y empiezan a influir sobre las empresas, algunas de las cuales –las más adelantadas– se dan cuenta de que no basta con ofrecer un producto, con prometer cosas. Hay que estar en la conversación. Hay que saber lo que los clientes quieren, entenderles, responder a sus quejas y reclamaciones, y utilizar su experiencia para ir mejorando el producto. Pronto, no compraremos productos de empresas que no estén en la conversación. Las empresas que nos hablen de misiones y visiones grandilocuentes y vacuas caerán en nuestras preferencias frente a aquellas capaces de dialogar, de mantener una comunicación natural y fresca, de ofrecernos una interlocución real. Las que respondan más rápido a nuestras demandas, se llevarán nuestro negocio. Las que no, cerrarán.

La política de hoy es como una gran máquina empresarial, con todos los defectos del mundo de la empresa exagerados. Es como una empresa que nos quisiese vender un producto, pero que resultase enormemente ineficiente, que sólo escuchase a sus clientes una vez cada cuatro años, que mintiese de manera descarada y obvia en su publicidad. Y además, sin un lugar donde reclamar. Es la política del siglo pasado, la política 1.0, un absurdo conceptual inaceptable en el entorno tecnológico e interconectado que vivimos actualmente, y al que los políticos ni se acercan. Son políticos del siglo pasado, partidos del siglo pasado, sistemas del siglo pasado. Se acerca el momento de cambiar.

Enrique Dans es profesor del Instituto de Empresa

CAC contra Constitución
Blog Lucrecio Libertad Digital  22 Diciembre 2005

Aún más grave que la regresión que una tutela mediante gremiales “tribunales de honor” supone para el periodismo libre, la atribución por el Parlamento Catalán al CAC de funciones de justicia paralela deja en nada la espina dorsal de un régimen constitucional: el monopolio que de la función de juzgar debe corresponder a la magistratura. El delito de un periodista en nada se diferencia del de un ama de casa, un violinista, un banquero o un atracador de bancos. Y a nadie se le pasaría, supongo, por la cabeza que el Estado otorgase legitimidad juzgadora y punitiva a comités de amas de casa, violinistas, banqueros o atracadores de bancos, para juzgar entre sí a sus idénticos. Como acaba una parte del Estado – porque eso es el Parlamento catalán, una parte codificada del Estado – de otorgárselo a ese “Consejo del Audiovisual Catalán”, para fijar legitimidades, o bien actos punibles, en el ejercicio profesional de sus colegas.

Aún más grave, infinitamente más grave, que la indolencia de los periodistas españoles ante lo que es la inequívoca aniquilación legal de la libertad de expresión en Cataluña, es la suicida indolencia del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué queda de la división de poderes, una vez que la facultad de juzgar ha sido transferida – de momento, sólo en una parte de España – , a gremios o – tanto da – a mafias profesionales?

Siéyès: “Una sociedad en la cual la garantía de derechos no esté asegurada y la división de poderes no esté determinada, no posee Constitución”.

La miopía soberanista
BRUSELAS DENUNCIA A ESPAÑA POR LAS «VACACIONES FISCALES» VASCAS
PEDRO ARIAS VEIRA La Voz 22 Diciembre 2005

ES UN TEOREMA elemental: todo independentista quiere el poder económico propio para generar privilegios en sus territorios. Los vascos lo han hecho incluso sin el reconocimiento legal del Plan Ibarretxe. Tuvo que ser el Gobierno central el que recurriera tal deslealtad territorial, porque dañaba el atractivo empresarial de otras comunidades españolas. Pero ni aun así los vascos obedecieron la primera sentencia comunitaria. ¿Qué podrá pasar en el futuro cuando se desate la carrera autonómica, encabezada por vascos y catalanes, del juego de la competitividad ventajista? ¿Qué podrán hacer los menos ricos, como Galicia, para no quedar desfavorecidos? Nada bueno ni eficaz. Agradezcamos esta advertencia europea contra la miopía soberanista.

CAC / Federación de Asociaciones de la Prensa de España
La Ley Audiovisual de Cataluña es inconstitucional
Por Israel Cuchillo Periodista Digital 22 Diciembre 2005

Inconstitucional. Es la postura oficial de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) con respecto a la recién aprobada Ley Audiovisual de Cataluña. A través de un comunicado, la FAPE "insta al gobierno, a los partidos políticos y a los organismos con capacidad para ello, a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra varios aspectos de la Ley".

Consideran que los "poderes sancionadores en materia que afectan al ejercicio de las libertades de expresion y de información" que la ley atribuye al Consejo Audiovisual de Cataluña, "supone una clara restricción en el ejercicio de dichas libertades, garantizadas por la Constitución, y significa un retroceso peligroso en los derechos de los ciudadanos".

Y continúa: "Lo que establece esta Ley supone resucitar una forma de censura que ya conocimos en el pasado, así como facultades administrativas que se entrometen en los contenidos de los medios y que conculcan el mandato constitucional".

La postura oficial de la FAPE coincide con la valoración personal que, antes de ver la luz el comunicado, hacía para Periodista Digital Antonio Fontán, presidente del Consejo Deontológico: "Parecía impensable que pudiera ocurrir algo así en la España democrática del siglo XXI, representa una vuelta a los tiempos de la censura de los años 30". Más que como presidente del Consejo, lo digo como periodista veterano que soy. En tiempos del diario Madrid teníamos más libertad para informar de la que va a haber a partir de ahora".

Por la red también pululan las opiniones de otras voces autorizadas, como la de Arcadi Espada. El periodista barcelonés se refiere este miércoles en su blog al parlamento catalán como "un lugar de riesgo para las libertades" donde ha sido aprobada "una ley que usurpa parte de las funciones respecto a litigios de verdad objetiva, y a su capacidad sancionadora (...) respecto al uso público de la mentira".

La Asociación de la Prensa de Madrid ya advirtió el pasado lunes de que la nueva legislación catalana en materia audiovisual vulnera las normas europeas en cuanto a la regulación del tiempo de publicidad en televisión. Mientras que las normas comunitarias eliminan el tope diario de publicidad, la ley recién aprobada establece que "no puede ser superior al 20% del tiempo diario de emisión". Además, el texto catalán fija un máximo de 17 minutos de publicidad por cada hora, cuando la nueva regulación comunitaria ya no contempla los intervalos de 20 minutos entre bloques de anuncios.

El Consejo Audiovisual de Cataluña, un atropello a las libertades (y no sólo a la de expresión)
elconfidencial.com Jesús Cacho 22 Diciembre 2005

Leído ayer en un diario digital mexicano: Resulta que la periodista Lydia Cacho, al parecer bastante conocida en México por su arrojo a la hora de denunciar tropelías de los poderosos de turno, acaba de ser detenida durante 48 horas de forma injustificada en lo que la sección mexicana de Amnistía Internacional ha calificado como “un caso de acoso judicial y de amenaza a su derecho a la libertad de expresión”.

Cacho fue detenida el pasado viernes, 16 de diciembre, en Cancún, trasladada de manera precipitada a Puebla y retenida en prisión durante 48 horas como consecuencia de una denuncia por difamación presentada por un empresario local contra ella. Lo perverso del asunto, según denuncia con razón Amnistía Internacional, es que en México “el cargo de difamación pueda ser utilizado como instrumento para intimidar el ejercicio libre del periodismo”.

Por una de esas maravillosas circunstancias cuyo origen es imposible siquiera intuir, puesto que el caso no parece haber sido recogido por la prensa española, resulta que la peripecia personal de la periodista Lydia Cacho ha merecido la plena atención de “decenas de agrupaciones civiles, de universidades, de juristas y organizaciones políticas, culturales y sociales de España”, que se han apresurado a enviar una carta a la procuradora general de Justicia de Puebla, Blanca Villeda, para exigirle un proceso en el que se respeten todas las garantías procesales de la encausada.

La misiva a favor del legítimo derecho a la libertad de expresión de Lydia Cacho ha sido firmada, no es broma, por más de 12.000 españoles, entre los que figuran dirigentes políticos, intelectuales, artistas, defensores de derechos humanos, abogados, periodistas... La lista de apoyos no tiene desperdicio: Batasuna, ERC, Izquierda Unida, diversas agrupaciones del PSOE, los Verdes, catedráticos de la Autónoma de Barcelona, Médicos del Mundo, el Comité Oscar Romero de Vigo, Juventudes Republicanas, Comunidades Cristianas Populares, las universidades de Alicante, Sevilla, la Rey Juan Carlos de Madrid, los comités de solidaridad con África Negra y con el pueblo saharaui, el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y la Asociación Prensa Libre, en fin, ya saben, todo esa cofradía de la izquierda que tan diligentemente se moviliza cuando de la libertad de expresión de la izquierda se trata, pero que sin embargo no ha dicho ni pío, no ha abierto todavía la boca ante ese atropello a las libertades colectivas, y no sólo a la de expresión, que significa la creación del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC).

Como supongo que todos ustedes saben ya dónde les aprieta el zapato, les ahorro aspavientos melodramáticos en torno a las características perversas de este CAC. Simplemente recordarles algo elemental, en lo que seguramente una inmensa mayoría de los lectores de El Confidencial, a derecha e izquierda, estarán de acuerdo, y es que en un régimen de democracia parlamentaria sólo los tribunales de Justicia están legalmente facultados para juzgar, y en su caso sancionar, las extralimitaciones que puedan producirse a la libertad de expresión.

Los lectores de esta columna saben de mis frecuentes lamentos sobre la pobre calidad de la democracia española. Pues bien, resulta que el enfermo no sólo no mejora, sino que empeora a ojos vista con el Gobierno Zapatero y sus apoyos parlamentarios. Porque, puede sonar muy duro, pero la creación de este tipo de tribunales administrativos tipo CAC nos retrotraen peligrosamente a episodios de índole similar ocurridos en la Alemania nazi a partir de 1933, y antes y después en la Unión Soviética del camarada Stalin.

Y no se trata, o no sólo se trata, de apoyar a la cadena COPE, que por supuesto, en la refriega que le enfrenta al Tripartito catalán en torno a su legítimo derecho a seguir emitiendo en Cataluña, no. Se trata de que un verdadero demócrata está obligado a defender la libertad de expresión de todo el mundo, de la COPE, de la SER, del Avui y del lucero del alba, siempre y cuando las opiniones y críticas se mantengan dentro del marco de la convivencia que ampara la Constitución, con el único valladar puesto en la Ley, cuya interpretación corresponde a los jueces.

Por desgracia, estos tan elementales principios se están vulnerando en la Cataluña del Tripartito, con la creación de engendros como este del CAC que tanto daño va a procurar a la imagen de Cataluña y de la tradicionalmente tolerante sociedad civil catalana. Lo terrible del caso es que todos sabemos cuáles son las razones que subyacen tras su creación, y cuál es, o en la perversa mente de sus creadores debería ser, su misión primigenia: evitar por todos los medios que se abran las ventanas de la masía de la corrupción, institucional y de la otra, en que chapotea desde hace décadas una clase política que ha perdido el norte democrático, además de la vergüenza, en pleno delirio nacionalista.

jcacho@elconfidencial.com

El gobierno de Cataluña, un divieso en Europa
Francisco Rubiales Periodista Digital 22 Diciembre 2005

Al otorgar poderes especiales al Consejo Audiovisual de Cataluña (CAT) para decidir qué es verdad y que no lo es y para sancionar a los medios de comunicación, Cataluña se transforma en una anomalía en Europa y su gobierno en un verdadero “divieso” en el ámbito de las democracias avanzadas del mundo.

La decisión de sancionar a los medios que mientan no es democráticamente criticable, siempre que lo hiciera un tribunal de justicia. Lo que es intolerable es otorgar ese poder a una institución cuyos miembros son nombrados por partidos políticos, que deben su lealtad, obediencia y sueldo a los partidos que les designan. Es como que un empreado del Real Madrid arbitrase un encuentro entre ese equipo y el Barcelona.

La experiencia histórica demuestra que decisiones como la catalana son más propias de regímenes totalitarios, como el de la actual China, habiatuados a colocar mordazas a la libertad, que de democracias verdaderas.

Mientras el CAT esté influido por partidos políticos, sus decisiones serán tan fiables y justas como las de las muchas comisiones de investigación parlamentarias constituidas por la democracia española, cuyos miembros se han ocupado más de defender los intereses de sus respectivos partidos que de buscar la verdad y el bien común.

La aberración antidemocrática catalana contrasta con un mundo donde las democracias, presionadas por sus ciudadanos, se hacen menos intervencionistas, ganan cada día derechos y libertades y donde la libertad de expresión es considerada como uno de los más sagrados e inamovibles derechos. De hecho, organismos como el CAT ya no existen en el océano democrático. En Estados Unidos existía uno similar, pero fue abolido por el presidente Ronald Reagam, que lo consideró como un residuo superviviente del “totalitarismo macartista”.

La creación en Cataluña de una policía mediática, cuya misión es colocar bajo vigilancia a la libertad de expresión, es, probablemente, la reacción soberbia y desmesurada de su gobierno ante el daño que esa libertad ha causado al poder político catalán gobernante, tras denunciar escándalos como el hundimiento del barrio del Carmel, el 3 por ciento cobrado durante muchos años por el gobierno como comisión corrupta, el crédito condonado a los socialistas catalanes y las debilidades y contradicciones de la OPA lanzada contra ENDESA, hechos vergonzosos que la Generalitat habría deseado mantener en secreto.

La única forma en democracia de entender la libertad de expresión es la que establece el artículo 20 de la Constitución española, que consagra el derecho de los ciudadanos (no sólo de los periodistas y de los medios) a dar y a recibir información, sin otras limitaciones que las establecidas en el Código Penal.

Todo lo demás no es democracia.

Zapatero ha perdido el sentido del humor
Editorial Elsemanaldigital.com  22 Diciembre 2005

Una broma periodística ha hecho públicos los manejos en Bolivia de Zapatero y Moratinos, con fondos públicos, en apoyo del "cocalero" Evo Morales.

El presidente electo de Bolivia, Evo Morales, recibió una llamada del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, felicitándole e invitándole a visitar Madrid. En el curso de la conversación Evo Morales invitó a su interlocutor a su toma de posesión y se sumó literalmente al "eje Castro-Chávez-Zapatero". Además declaró que el secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León, ya le había anunciado que España doblaría su ayuda a Bolivia si su candidatura triunfaba; y que Felipe González le llamó para darle ánimos en diciembre.

Morales estaba encantado de la llamada y de la invitación, que confirmaba contactos anteriores. Contó la entrevista en rueda de prensa, y los medios de comunicación la dieron por verdadera. Pero esa llamada no era de Zapatero sino una broma del Grupo Risa de la Cadena Cope. Uno de los componentes del trío humorístico se hizo pasar por Zapatero. Y lo que para muchos españoles han sido risas no parece ser cosa de broma para Zapatero, Evo Morales y sus respectivos equipos.

En el PSOE y en el Gobierno están indignados. El ahora secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, ha dicho que la broma es "inaceptable". No le encuentran la gracia, y apelan a la dignidad del Gobierno y de las relaciones exteriores.

Es opinable si Moraleda, Zapatero, el ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos y León tienen razones para estar indignados. Pero en este caso hay que apelar tanto a la tradición política española como a la actitud, en algunos casos muy reciente, del mismo PSOE, para afirmar que el humor en política es posible y legítimo, aunque no siempre guste. Bromas las ha habido en nuestra vida parlamentaria desde las Cortes de Cádiz, y no va a ser precisamente el Gobierno de Zapatero, Moratinos, Caldera y Bono el que imponga en este país una sequedad prusiana. Y por lo demás, recuérdese la complacencia del PSOE con las bromas del programa de televisión CQC, del Gran Wyoming, en la legislatura anterior. Tal vez el poder haga perder el sentido del humor.

Bromas aparte, lo realmente grave –y de lo que Zapatero quiere desviar la atención- es lo que ahora se sabe gracias al Grupo Risa. Sabemos, por ejemplo, que se están empleando los medios públicos españoles para fomentar determinadas opciones políticas en el exterior; y sabemos, en este caso concreto, que el beneficiado es un cultivador y exportador de hoja de coca, enemigo declarado de los intereses españoles en su país, y vinculado al "eje" que va de La Habana a Caracas, y ahora a La Paz. Es grave que las reservas de gas natural bolivianas estén en semejantes manos. Es aún más grave que sea con apoyo del Gobierno español. Y como lo sabemos, no les hace gracia.

A alguien en La Moncloa le crece la nariz
José Javier Esparza elsemanaldigital 22 Diciembre 2005

A ver si lo hemos entendido bien:

1. La negociación española en Bruselas ha sido una calamidad. Hemos perdido el 85% de los fondos comunitarios. Pero el Gobierno ZP insiste en que hemos ganado y no duda en atribuirse los fondos obtenidos en años anteriores por los gobiernos de Aznar.

2. La OPA de La Caixa sobre Endesa va a poner la mayor parte de la energía en unas solas manos. Caminaremos hacia una situación de cuasimonopolio. Pero el Gobierno ZP sostiene que esto será bueno para la competencia, como lo sostuvo cuando regaló a Polanco un canal de televisión.

3. Las conversaciones de la esfera gubernamental con ETA son un secreto a voces. Nadie duda ya de que el Gobierno busca algún género de acuerdo con ETA a espaldas de la sociedad. No es probable que mientan quienes, desde el nacionalismo vasco, lo confirman. Pero el Gobierno ZP –que pidió el aval de las Cortes para esa tarea- no se cansa de decir que no hay conversaciones.

4. Cada mes aparecen nuevas revelaciones sobre el 11-M que hacen inverosímil la versión oficial sobre el crimen fundador de la actual política española. Ya nadie puede creer seriamente que todo fuera cosa de "los moritos de Lavapiés". Pero el Gobierno ZP mantiene reiteradamente que todo está ya claro sobre el 11-M.

Es formalmente imposible que una cosa y su contraria sean ciertas a la vez. O se ha perdido dinero en Europa o se ha ganado. O se va al monopolio o se fomenta la competencia. O se conversa con ETA o no se conversa. O hay que investigar más el 11-M o no hay nada que investigar. Es así que se ha perdido dinero en Europa, que se favorece el monopolio en la energía, que se conversa con ETA y que no se sabe qué pasó el 11-M. Por consiguiente, el Gobierno está mintiendo.

Michel de Montaigne, probablemente en un acceso de mal humor, escribió en sus Ensayos que el "el bien público requiere que se traicione, que se mienta y que se masacre". Sólo es una frase y, desde luego, no es verdad. Pero a veces uno mira por la ventana, ve el patio y recuerda a Montaigne, ese viejo gruñón.

No sorprende que un Gobierno mienta. Todos lo hacen alguna vez. Con frecuencia, además, lo hacen de manera inadvertida, por una simple interpretación errónea de la realidad, o por vanidad o por ceguera. Pero los ejemplos antes citados son algo más: son casos propiamente patológicos, porque en ninguno de ellos hay ni un solo factor que pueda alterar la percepción de la realidad. Se diría que aquí la mentira es un ejercicio gimnástico.

Otro viejo gruñón, Benjamín Disraeli, proclamó aquello de que hay tres clases de mentiras: las mentiras, las mentiras malditas y las estadísticas. El marco se queda pequeño para el Gobierno ZP.

Cómo y por qué Zapatero ha tenido que pactar con el nacionalismo vasco
Pascual Tamburri elsemanaldigital 22 Diciembre 2005

Patxi López y el PSE han aprobado los Presupuestos de Ibarretxe. Zapatero quiere los votos del PNV en Madrid. Los nacionalistas quieren la negociación con ETA.

Hace cuatro años lo habríamos considerado un imposible político, un absurdo, una broma. Pero en la vida pública política española se ha perdido el sentido del humor, y los socialistas vascos, con Patxi López a la cabeza, han aprobado los Presupuestos del Gobierno autónomo vasco presidido por Juan José Ibarretxe. Casi nada: es la anulación definitiva del proyecto político que en su momento encarnó Nicolás Redondo Terreros, y supone un terremoto de consecuencias en toda España. Pero tiene su razón de ser.

Que el PSE pacte con los nacionalistas no es, para muchos socialistas veteranos, más que volver a los tiempos felices de Txiki Benegas en el PSE y de Xabier Arzallus en el PNV, allá por los años 80 del siglo XX, cuando el PSOE era capaz de ganar unas elecciones pero de dejar amablemente el Gobierno a los nacionalistas: para unos los despachos y los negocios, para los otros la educación y la cultura. Y la derecha españolista casi no existía. Todos felices.

Pero los tiempos han cambiado. El nuevo pacto de socialistas y nacionalistas es diferente, tiene causas mucho más profundas y sobre todo puede tener consecuencias mucho más graves. Porque los actores no son los mismos.

Zapatero necesita el pacto

En los 80, era el PNV el necesitado del PSOE de Felipe González. La escisión de Eusko Alkartasuna le había quitado una mayoría alcanzada sólo gracias a los complejos primero, al miedo después y a la descomposición en definitiva de la Unión de Centro Democrático. El PNV fue a pedir a las puertas de La Moncloa, donde había un Gobierno fuerte, y recibió mucho más de lo que esperaba. Pero ahora se han invertido las tornas.

Ahora es el PSOE del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el que necesita a los nacionalistas vascos. Los necesita en Madrid y en Vitoria, por diferentes razones. En Madrid, la verdad, la impopularidad y las torpezas de Josep Lluís Carod-Rovira hacen posible que en algún momento se rompa o se debilite el Pacto de Tinell. Y hacen falta votos de recambio en las Cortes, que entre otros podrían ser los del PNV.

Pero sobre todo Zapatero necesita a los nacionalistas porque su mejor baza para "salvar la legislatura" sería una tregua de ETA, que él ya se ocuparía de vender como una victoria aunque fuese todo lo contrario. Para eso era preciso alejarse radicalmente del PP vasco –cosa que ya decidió en 2001 Juan Luis Cebrián, el de "El discurso del método", en El País- y sobre todo subrayar el carácter vasco (esto es, nacionalista) del PSE. Para eso, nadie mejor que Patxi López y Emilio Guevara. Y a negociar.

La negociación con ETA en el trasfondo

La política más sincera en este proceso ha sido, claro es, la dirigente de Eusko Alkartasuna, Begoña Errazti, al calificar de "esperanza para la paz" la actitud de López. Y tanto. Es una señal de que las cosas van por buen camino entre ETA–Batasuna y el PSOE, que llevan ya cinco años dialogando y negociando. Lo dijo inmediatamente antes del acuerdo presupuestario Arnaldo Otegi, el proetarra que dirige a los batasunos, pero sobre todo la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega lo confirmó con un seco "ni confirmo, ni desmiento, ni nada", cuando se le preguntó por la cuestión. Menudo noviazgo, el de los socialistas y los "chicos de la gasolina".

ETA estaba acorralada. Ya no. El PNV veía muy cerca la posibilidad de un Gobierno vasco no nacionalista. Ya no. Y ETA tiene ahora la certeza de que puede obtenerse un buen precio a cambio de la "paz". Ángel Acebes ha recordado la larga serie de síntomas de la negociación entre ETA y Zapatero: la pasividad del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado para lograr la ilegalización del PCTV, y su ruptura del Pacto Antiterrorista, por ejemplo. Ahora hay una confirmación: el pacto presupuestario. Patxi "Nadie" López, el hombre de ZP en el País Vasco, es un personaje decisivo, siquiera como moneda de cambio, en esa negociación.

Los nacionalistas, las manos por delante

El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, ha dicho varias veces estos días que el pacto presupuestario con el PSE "no quiere decir nada". Es decir, que quiere decir cosas que de momento no conviene hacer públicas. Paso a paso: los nacionalistas quieren mucha cautela.

Los nacionalistas ya se han visto en muchas de éstas. Saben que ETA puede llegar a pedir imposibles mientras se refuerza, para luego convertir la negociación, o la tregua, en una trampa. Además, entre los propios nacionalistas tienen lugar otro tipo de negociaciones. Y sobre todo podría volver un nuevo José María Aznar, o algo peor, un Mariano Rajoy a La Moncloa. Así que quieren ir paso a paso, y asegurando cada logro para evitar errores.

Y el PP no termina de ver la jugada

Los "populares" de María San Gil han denunciado en todos los tonos la alianza de los socialistas vascos con los nacionalistas, la ruptura del Pacto por las Libertades y contra el terrorismo que firmaron en su momento José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar, y el fin definitivo de cualquier posibilidad de recuperar la entente que hubo entre Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo. Pero eso ya lo sabían.

Ahora se han centrado, con acusaciones públicas contundentes, en las ayudas que concede el Gobierno vasco a los familiares de presos, que figuraban en el Presupuesto aprobado. Y la verdad es que la cosa era escandalosa, pero ha bastado que Imaz explicase la cuestión diciendo que "ni son ayudas a los presos ni son ayudas para ETA" sino subvenciones a los padres que tienen hijos en esa situación para que puedan visitarles "cuando están a 800 ó 900 kilómetros de distancia". Entre eso y el remiendo que el PSE ha echado a los Presupuestos sobre el tema, la denuncia del PP ha conseguido que, para muchos, Patxi López ganase autoridad y prestigio como mediador. Que es precisamente la posición que el PSE desea ahora: "rostro amable" de una nueva coalición de Gobierno, que les permita volver al poder y a la vez comer el pan en el morral del PP. Eso sólo tiene un remedio: que el PP se de cuenta de que en adelante el PSE podrá ser una cantera de votos, pero nunca más un aliado. De los errores también se aprende.

Batasuna está crecida

La adhesión del PSE a la mayoría gubernamental vasca, en cualquier caso, es un requisito más de la "hoja de ruta" trazada por Batasuna. Los batasunos,en el plan de Anoeta, no sólo fijaron sus condiciones y sus objetivos, sino que determinaron los pasos del proceso en curso. Uno de ellos era, y es, la anulación o marginación del Partido Popular vasco; con la entrada de López en relaciones formales con Ibarretxe eso ya está conseguido.

Luego vendrá la negociación por doble vía, una "mesa militar" en la que ETA negociaría sus cuestiones organizativas con el Estado (armas, presos y demás) y otra "mesa política", en la que los partidos políticos vascos decidirían libremente y "sin exclusiones" el futuro de las tres provincias. Perdón, de las cuatro, ya que Navarra va en el lote. Esto es lo que Patxi López afronta en un futuro inmediato, como ha explicado Arnaldo Otegi.

Y es que, de todos los políticos vascos, el más seguro de sí mismo en este momento, y el más satisfecho con la evolución del PSOE, es Otegi. Y el batasuno, hay que subrayarlo, está más contento con el presidente Zapatero que con Patxi López. Por algo será.

La memez de la semana: "Pamplona es como la Jerusalén de los vascos"
Pascual Tamburri elsemanaldigital 22 Diciembre 2005

Soy un hombre afortunado, porque tengo una amiga: mi amiga se llama Maite Soroa y es probablemente mi lectora más fiel. O lector, por esto de los seudónimos y alias tan habituales en su entorno. Porque Maite sigue trabajando en Gara, el BOE de la ETA, y de vez en cuando tiene la amabilidad, como hizo ayer miércoles, de contar a su público mi opinión. Gracias, Maite.

Pero Maite a veces tiene problemas de comprensión. Ayer, sin ir más lejos, confundía mi opinión con las declaraciones de Arnaldo Otegi y, como se pueden ustedes imaginar, el resultado era todo menos simpático. Pero no soy vidente, Maite, ni creo demasiado en augurios paganos. Simplemente me limito a contar y explicar a la gente lo que otros, como tú y los tuyos, hacéis, decís y escribís. Ahí está vuestra hemeroteca, mientras Zapatero no reabra el viejo y glorioso Egin de sangrienta memoria.

Todos ustedes recordarán, entre las declaraciones más llamativas de los últimos tiempos, las del proetarra Otegi. Otegi, un hombre sincero, con el que desde luego jamás estaré de acuerdo pero que tiene una virtud que otros ignoran por completo: dice las cosas como las piensa y las siente. Hace unos días felicitó a Zapatero por su acercamiento al nacionalismo vasco, armado o desarmado: "Que un presidente español acepte la evidencia de naciones diferentes es sencillamente una revolución política". Y explicó sus condiciones para una negociación entre ETA y el Estado: "Sin Navarra no hay solución, no hay proceso, no hay acuerdo", y "el proceso palestino es un proceso de paz por territorios y aquí también es un poco paz por territorios y por capacidad de decisión". Esto, querida Maite, no lo digo yo.

Ahora bien, ya que es conveniente aclarar las cosas y la de Otegi es una memez de importante calibre, aclaremos que "Pamplona es como la Jerusalén de los vascos" es algo que él, el proetarra, el rostro de Batasuna, ha dicho con claridad. Es decir, que no sólo ha vinculado el fin de ETA a la sumisión de Navarra, sino que ha añadido a la tradicional (y falaz) comparación nacionalista con el Ulster una nueva, con Cisjordania. En ambos casos una cuestión nacional y/o étnica ha dado lugar a satisfacer parcialmente a un nacionalismo agresivo con una partición violenta del territorio disputado, un conflicto civil, una limpieza ética y un problema insoluble de minorías y mayorías. Esto lo dice Otegi, querida Maite, yo sólo te lo explico.

Me niego a explicarles a ustedes, que son gente inteligente, que el problema irlandés y el problema palestino no tienen ningún parecido de origen con el problema creado por el nacionalismo vasco en España. Es cosa sabida. Claro es, ningún parecido en principio, pero si nos empeñamos –Zapatero, Otegi, y tú también, Soroa- podemos lograr parecernos en el resultado. A mí francamente no me apetece, Maite.

Jerusalén, ciudad dividida, ocupada, arrasada, torturada; muros, trincheras, combates; deportaciones, colonización, guerra. Eso es Jerusalén, en Tierra Santa. Pamplona es tan deseada por los nacionalistas como lo fue Jerusalén para los judíos durante la Diáspora. En eso entiendo a Otegi. Pero Maite, entiende tú que el "plan Jerusalén" tiene su precio.

Y es que, Maite, aunque a ti y a Otegi no os guste, los navarros en una gran mayoría no quieren ser ni judíos ni palestinos, ni nacionalistas vascos, sino simplemente navarros y españoles como siempre hemos sido. Y el "plan Jerusalén" podrá triunfar, si España sigue sin Gobierno –peor: con un Zapatero dispuesto a entregarnos- allí donde los nacionalistas sois mayoría, pero, por lo demás, los navarros somos como somos. Claro que no queremos dividir Navarra: la queremos fuerte, unida y libre; y vosotros también la querríais entera, pero en vuestro poder. Y como eso no va a ser posible, el riesgo de la memez de Otegi está ahí: que dividáis a los navarros. En vuestra mano está evitarlo, dejándonos en paz.

ETA hace estallar una furgoneta-bomba en una discoteca de Navarra
El artefacto, de gran potencia, causó daños en viviendas situadas a más de 300 metros
L. R. S. La Razón   22 Diciembre 2005

Santesteban (Navarra)- ETA hizo estallar a última hora de la noche de ayer una furgoneta-bomba, que contenía un artefacto «de potencia relevante», en la discoteca «Bordatxo» de la localidad navarra de Santesteban, sin que se registraran heridos aunque sí importantes daños materiales.

La explosión, que tuvo lugar sobre las 22:00 horas, cuando la discoteca se encontraba cerrada y la Guardia Civil había acordonado la zona, fue anunciada a las 21:05 horas en sendas llamadas telefónicas realizadas al diario «Gara» y a la central de la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA) de Guipúzcoa. El comunicante, un varón que dijo hablar en nombre de ETA, según informó a Efe un portavoz de la asociación, informó de la colocación del artefacto y anunció la hora en la que se produjo la explosión, que, según precisaron vecinos de la localidad, fue «muy fuerte» y causó importantes daños materiales en la discoteca y en los edificios colindantes.

La propietaria de un bar situado a las afueras explicó que la discoteca está en el casco urbano de este pueblo, de poco más de 1.400 habitantes y situado al noroeste de Navarra, aunque aclararon que en el momento de la explosión el local se encontraba vacío y la zona estaba acordonada por la Guardia Civil.

En concreto, según la información facilitada por la delegación del Gobierno navarra, la explosión fue ocasionada por un coche-bomba que contenía un artefacto explosivo «de potencia relevante». El artefacto, según dichas fuentes, había sido colocado en una furgoneta de alquiler que quedó totalmente destrozada por la explosión y que se estaba aparcada en la parte trasera de la discoteca. La delegación del Gobierno agregó que, aunque los especialistas de la Guardia Civil todavía no habían determinado al cierre de esta edición ni el tipo de explosivo ni la cantidad utilizada en este atentado, la bomba era de una «potencia relevante» ya que el vehículo quedó destrozado y la onda expansiva fue extensa. De hecho, la explosión no sólo dañó «seriamente» la fachada de la discoteca, sino que afectó a viviendas particulares, en especial a una situada a 300 metros del local en la que residía una familia cuyos miembros resultaron ilesos aunque conmocionados.

Dichas fuentes agregaron que la inspección realizada por los especialistas de la Guardia Civil se vio dificultada además al no descartarse en un primer momento que pudiera tratarse de una bomba-trampa. La zona afectada por la explosión será visitada hoy por el delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa, y por el coronel jefe de la novena zona de la Guardia Civil, Luis Iglesias. Ambos examinarán los daños y se pondrán al servicio de los titulares de las viviendas particulares afectadas por la explosión.

El sector de la comunicación rechaza la Ley Audiovisual catalana y la califica de «censura»
Los operadores de radio y TV estudian a fondo la nueva normativa catalana y reconocen el peligro de dejar el control de los contenidos en manos de un órgano de extracción política como el CAC
F. ÁLVAREZ ABC 22 Diciembre 2005

MADRID. Veinticuatro horas después de que el Parlamento de Cataluña aprobara la polémica Ley Audiovisual que permitirá a la Generalitat poder cerrar una emisora de radio o televisión si juzga que no difunde «información veraz», el sector de la comunicación expresó su unánime rechazo a una iniciativa que ha sido catalogada como «ley mordaza» y «antesala de la censura en España».

Alfonso Ruiz de Assin, secretario general de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) -la patronal radiofónica- mostró su «honda preocupación» por dos aspectos principales: «El que hace referencia a todo el régimen de la radiodifusión, incluidas las concesiones, y el que se dirige a los contenidos». «Nos causa una fuerte inquietud el hecho de que alguien pueda juzgar y valorar los contenidos radiofónicos y que tome medidas sancionadoras para retirar del mercado emisoras», añadió Alfonso Ruiz de Assin.

«Son competencias de los jueces»
Desde la asociación de televisiones comerciales, Uteca, la respuesta fue contundente: «El nuevo marco legal atenta contra las libertades fundamentales. Se trasladan a un órgano administrativo elegido por extracción política facultades que sólo pueden competer a los jueces». La agrupación de cadenas privadas, que prepara un comunicado institucional de rechazo a la Ley Audiovisual catalana, manifestó su temor a que medidas como las que ahora se han autorizado en Cataluña puedan trasladarse a nivel estatal en la futura Ley General Audiovisual, que estará lista en los próximos meses.

Telecinco también quiso pronunciarse sobre la nueva situación del audiovisual en Cataluña. Un portavoz de la cadena aseguró que «si bien esta ley no afecta una emisora nacional como Telecinco, desde esta compañía ya hemos alertado en numerosas ocasiones del peligro de intentar controlar la información, sobre todo cuando se prepara la puesta en marcha del Consejo Audiovisual estatal. Nos preocupa mucho que esta ley pueda ser la antesala de la censura en España».

Por su parte, Gabriel Elorriaga, secretario de Comunicación del Partido Popular tildó la decisión del Parlamento catalán de «disparatada» y «enloquecida». «En España ya tenemos todos los instrumentos legales para controlar la calumnia, la injuria y las ofensas a las leyes generales, lo que hace del todo innecesario el reestablecimiento de un sistema de control político encargado a un órgano de extracción política como es el Consejo Audiovisual de Cataluña».

Gabriel Elorriaga reconoció su «perplejidad» con algunos de los preceptos recogidos en la nueva ley, como es el caso de que sea el CAC el responsable de juzgar si una información es o no veraz y, por tanto, poder sancionar al medio en cuestión. «Se pretende superponer a los Tribunales una estructura que es muy difícil de entender en democracia», añadió el dirigente Popular.

A propósito de esas eventuales intromisiones en el terreno de los jueces, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, declaró a ABC que «tratándose de un derecho fundamental como es el de difundir información veraz se requiere una regulación propia del Estado y, además, sometida a un control jurisdiccional».

«Cualquier limitación que se quiera introducir en un derecho fundamental como es el de informar ha de hacerse con mucha prudencia y de una manera uniforme en todo el Estado español, con una garantía jurisdiccional pronta, eficaz y preferente».

En todo caso, el portavoz del órgano de control de los jueces hizo hincapié en que «estamos ante una regulación audiovisual que debe ser estudiada a fondo y valorada en toda su extensión, porque no hay que olvidar que tiene un gran impacto en un derecho fundamental».

Expectativas y realidades

JOSEBA ARREGI El Correo  22 Diciembre 2005

Alexis de Tocqueville dedica su gran obra sobre El Antiguo Régimen y la Revolución a estudiar lo que de nuevo hubo en la Revolución Francesa de 1789, lo que de dicha revolución y de sus novedades se mantuvo como tal, y qué de lo que era anterior a ese tiempo nuevo siguió existiendo después de ella. Conocida es su tesis de que el proceso de igualación de los franceses había avanzado mucho gracias a la monarquía absoluta, que la igualación progresó con la Revolución y se mantuvo después de ella, pero que no lo hizo siempre en condiciones de libertad, sino sometida al cesarismo, a una forma de gobernar alejada de las exigencias democráticas de la libertad.

Valga este pequeño recuerdo para acercarnos al discurso de los tiempos nuevos en la política vasca. No hace falta ser un exégeta especializado para percibir claramente la función que la referencia temporal a lo nuevo, al comienzo de nuevos tiempos, de nuevas historias ha jugado en la política vasca reciente. Se podría decir que todos nos hemos convertido en cierta medida en husmeadores de novedades: en cada entrevista a un político, especialmente si es nacionalista, y todavía más si pertenece al mundo del entorno de ETA, husmeamos en busca de la novedad, en busca de alguna palabra, de alguna figura argumentativa, de alguna expresión que podamos describir como nueva y construir como señal más o menos inequívoca de nuevas realidades, de nuevos tiempos.

La perduración de la violencia terrorista de ETA y la involución sufrida por el nacionalismo tradicional explican bastante ese deseo de ver o de percibir novedades en los discursos de los políticos que representan a ambos mundos. Pero además de esa necesidad de creer que realmente se puede estar produciendo la novedad esperada, la desaparición de ETA y la reconversión democrática del nacionalismo, está el discurso del propio nacionalismo, de los dos nacionalismos que permanentemente hablan de nuevos comienzos, de tiempos nuevos, de nuevos contextos y de nuevas posibilidades.

El lehendakari Ibarretxe proclamó, cuando el acuerdo de Estella/Lizarra, que entonces comenzaba una nueva historia, e invitaba a quienes no acudieron a la cita a sumarse a la ilusión de esa nueva historia. También cuando se acabó la tregua y por fin accedió, después de ser conminado a ello muchas veces, a romper el pacto con Batasuna, volvió a afirmar que en aquel momento comenzaba una nueva historia.

Antes de que comenzara la campaña de las elecciones que darían lugar a la legislatura del plan Ibarretxe, éste terminó un acto en el Kursaal de San Sebastián proclamando que entonces comenzaba un nuevo camino e invitaba a todos a caminar con él. Hoy sabemos que aquel camino condujo a la propuesta de su plan, a la tentación de definir la sociedad vasca fuera del pacto, por simple mayoría, y al fracaso en el Congreso de los Diputados, es decir, a un callejón sin salida.

Para muchos todos esos nuevos comienzos de la historia eran vueltas al peor pasado, vueltas a una historia mitificada, a formas de organizar el poder con connotaciones de Antiguo Régimen, a la secuencia de divisiones que atraviesa como hilo conductor toda la historia vasca. Para muchos esos nuevos comienzos de la historia eran una amenaza: de desandar el camino de la cultura moderna que ha desarrollado la democracia como organización del poder a partir del concepto de ciudadanía, concepto que implica la superación de las creencias, de las identidades y de los intereses particulares.

En las últimas semanas han vuelto a escucharse discursos que hablan de nuevos tiempos. Y aunque también son muchos los nacionalistas que hablan de novedades, reales o percibidas o interpretadas en propuestas del entorno de ETA, son los socialistas los que se han sumado al discurso de los nuevos tiempos: porque ven novedades en ETA y en su entorno, y porque perciben, o interpretan, novedades en el nacionalismo tradicional, novedades que indicarían la superación de su propia involución.

La cuestión radica en saber si los nuevos tiempos son nuevos en realidades o simplemente son expectativas de novedad, fruto tanto, o más, del deseo como de los hechos, consecuencia tanto de las tácticas políticas del momento como de realidades capaces de sustentar un futuro distinto al pasado reciente. Y la diferencia entre expectativa de novedad y realidad nueva es de gran importancia para el futuro político de Euskadi.

Para saber si realmente algo se mueve en Batasuna y en ETA, mejor dicho, si la presión que existe en Batasuna de que ETA desaparezca para poder así ella participar en la política sin tener que condenar la violencia está siendo suficiente para que ETA interiorice la necesidad de su propia desaparición, quizá no exista otra vía que la de atender a la importancia que ETA presta a sus presos, como indica con acierto Eduardo Uriarte. Importancia no como instrumento en la lucha política, sino importancia en el sentido de estar preocupada por su suerte y su futuro, por aligerar ese futuro al máximo posible y procurar que puedan salir lo antes posible.

No parece, sin embargo, que a ETA le importen muchos sus presos. Si le importaran, si pudiera percibirse que sus planteamientos se derivan de la necesidad que siente de que sus presos salgan lo antes posible a la calle, los planteamientos de ETA no se reducirían a afirmar su voluntad abstracta de diálogo, de asunción de las vías políticas proclamada por Batasuna, y a repetir las condiciones de reconocimiento del derecho de autodeterminación y de territorialidad, sino que habría señales de otro tipo para saber que el eje de la preocupación ha cambiado. No parece, sin embargo, que haya nada de esto.

Y para saber si el nacionalismo tradicional ha recorrido su propio camino superando su involución hacia posiciones nada democráticas en Estella/Lizarra sería, como mínimo, necesario que el lehendakari Ibarretxe dejara de repetir que sin ETA y sin violencia terrorista todos los proyectos políticos son igualmente de legítimos. Sería, pues, necesario que el PNV se enfrentara a lo que no ha querido hacer en todos estos años de autonomía: a la circunstancia de que, en parte por dejación del nacionalismo tradicional, la apropiación del nacionalismo ejecutada por ETA y la utilización del nacionalismo apropiado para legitimar los asesinatos le obliga imperiosamente a reformular su propio nacionalismo, a definirlo en parámetros radicalmente opuestos a los de ETA.

Mientras tanto seguiremos teniendo expectativas de nuevos tiempos, pero la realidad de los nuevos tiempos se hará esperar. Y lo que es expectativa se puede convertir, demasiado fácilmente, en frustración. Y a ella puede contribuir tanto la incapacidad de abrirse a la posibilidad de que los tiempos hayan cambiado -gracias fundamentalmente a la política antiterrorista impulsada por el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo-, como la anticipación sin garantías de unos nuevos tiempos cuya sustancia es mera hipótesis, confundiendo a veces el cambio en la gestión del Estado de derecho por el cambio del Estado de derecho mismo.

Y volviendo a las enseñanzas de Tocqueville siempre será necesario no perder de vista que cuando lleguen de verdad los nuevos tiempos, si llegan, seguiremos arrastrando inercias del pasado que creíamos superadas. La noticia de que el asesino de Baglietto haya puesto una cristalería debajo del piso donde vive la viuda del asesinado indica claramente que esas inercias persisten y anuncia las dificultades con las que tendremos que luchar en el futuro. Porque lo grave de esa actuación no radica en el sufrimiento añadido al que se le somete a la viuda del asesinado, que también, sino en la nula conciencia del mal causado que pone de manifiesto, en la falta de interiorización de su realidad de verdugo, negando así la existencia misma del asesinado como víctima.

!Y hay quien, pese a todo, se atreve a hablar de reconciliación!

Admitida la querella de la plataforma no nacionalista contra el escritor que propuso su «exterminio»
I. A. BARCELONA ABC 22 Diciembre 2005

El Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona ha admitido a trámite la querella por un delito de injurias y «contra el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, por incitación al odio contra determinados colectivos por su ideología», contra el escritor Oriol Mallò. La querella, presentada por Arcadi Espada y Albert Boadella, se refiere al artículo publicado el 30 de junio en el diario «Avui» en el que se pedía el «exterminio» del grupo de intelectuales no nacionalistas liderado entre otros por los dos intelectuales querellantes. El Juzgado ha citado a declarar a Malló el próximo 11 de enero. En un artículo titulado «Falangistas taxidermistas», Malló afirmaba, en referencia a los firmantes del Manifiesto por un nuevo partido político: «Decidlo claro, nos queréis exterminar ahora que sabéis que somos pocos, cobardes y débiles. Pues nosotros también os queremos exterminar».

Expedientado el juez que arremetió contra Jiménez Losantos en un artículo
F. Velasco La Razón   22 Diciembre 2005

Madrid- La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer abrir expediente disciplinario al juez de Barcelona Carlos Fanlo Malarriaga por el artículo que publicó en el periódico gratuito «20 Minutos» en que arremetía duramente contra el periodista de la Cadena Cope Federico Jiménez Losantos. El expediente se incoa por la presunta comisión de una falta grave de desconsideración, y, en concreto, por «el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos», tal como establece el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las faltas graves están sancionadas con multa de 300 a 3000 euros.

En ese artículo, el juez Carlos Fanlo, titular del Juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona, se refería al atentado que sufrió en 1981 Jiménez Losantos con estas frases: «Los de Terra Lliure te tirotearon. Fueron crueles al herirte en la pierna. De haber apuntado al corazón, nada te hubiesen lesionado porque careces de él».

«Escoria». En ese mismo artículo, el juez Fanlo calificaba a Losantos de «mentiroso abyecto», «mendaz ruín palafrenero de los poderosos» y «escoria de un periodismo provocador y cainita». Además, animaba al periodista a querellarse contra él. «Ahora, si tienes lo que hay que tener, queréllate conmigo. Como en las presuntas injurias no se da la exceptio veritatis que se aplica a las calumnias, probablemente me condenarán», aseguraba.

El Consejo General del Poder Judicial decidió de forma inmediata abrir una información previa. El Servicio de Información, al finalizar las diligencias practicadas, propuso la apertura de un expediente disciplinario por la presunta comisión de una falta grave. La Comisión Disciplinaria ha seguido la propuesta del Servicio de Inspección. Ahora corresponderá al instructor que se ha designado practicar las pruebas que considere oportunas, entre otras las de tomar declaración al juez expedientado. Posteriormente, formulará una propuesta a la Comisión Disciplinaria, cuyos vocales tendrán la decisión final sobre si sancionan o no al citado magistrado de Barcelona. Será determinante decidir si las expresiones del juez son achacables a un columnista o a un magistrado titular de un juzgado.

La patronal guipuzcoana denuncia que hay «muchas más amenazas de ETA que hace unos años»
«Todos hablan de la paz pero hay que dudarlo», afirma Ruiz de Urchegui Asegura que los ataques de la banda se han intensificado
ÓSCAR B. DE OTÁLORA/BILBAO El Correo 22 Diciembre 2005

El secretario general de la patronal guipuzcoana, Adegi, José María Ruiz de Urchegui, envió ayer un mensaje pesimista sobre el momento político y las expectativas de paz. Según el representante del colectivo más castigado por ETA en los últimos meses, «se está hablando de paz y está habiendo muchos más atentados y muchas más cartas y hay empresarios, más de los de antes, que se están siendo extorsionados». «Empresarios nuevos, que hasta ahora no tenían nada que ver», precisó.

Ruiz de Urchegui explicó, en declaraciones a 'Radio Euskadi', que el colectivo de empresarios ignora si los partidos políticos que están hablando de un cercano fin de la violencia «tienen información». «Estaríamos contentos de que esto fuera así, pero creo que es para dudarlo. Hablar de paz supone hablar de no extorsión y de no atentados». «Los hechos deben corroborar este tipo de afirmaciones y lo que estamos viendo es que está pasando todo lo contrario», manifestó.

El dirigente guipuzcoano se sumó con sus declaraciones a las recientes muestras de pesimismo hechas públicas por representantes del sector industrial y financiero vasco. El pasado domingo, un días después de que una bomba de ETA causara graves destrozos en la sede de la empresa de Irura Angulas Aguinaga, Confebask, la patronal vasca, ya denunció el «ejercicio de cinismo» que supone «hablar de nuevos tiempos» en Euskadi mientras continúan las amenazas, la extorsión y los atentados».

El empresariado, en este sentido, se ha convertido en el principal objetivo de la banda terrorista. A lo largo de 2005 ha perpetrado 18 atentados contra este colectivo, lo que supone cerca de la mitad del total de las acciones cometidas en el año. Asimismo, ha puesto en marcha envíos masivos de cartas de extorsión que, por primera vez, están afectados a pequeñas y medianas empresas. La organización terrorista, además, ha iniciado campañas de boicot contra medio centenar de empresas vascas mediante pasquines y ha llegado a repartir en su zutabe -boletín interno- datos personales de amenazados.

Ruiz de Urchegui subrayó que la situación de las personas que están recibiendo las cartas del denominado 'impuesto revolucionario' «es muy grave». «Hay gente que llora y lo pasa muy mal y hay gente que a lo mejor está haciendo una inversión en este momento y a la que, en el primer instante, le dan ganar de mandar todo a freír puñetas. Gracias a Dios reacciona y decide tirar adelante, normalmente, con más nervio».

Extorsión en Navarra
En este mismo sentido, el vicepresidente del Gobierno de Navarra y consejero de Economía y Hacienda, Francisco Iribarren, indicó ayer que el empresariado «se ha acostumbrado» a las cartas de extorsión de ETA y la amenaza «ya no altera sus decisiones». El mandatario navarro realizó estas declaraciones tras conocerse que la banda ha remitido misivas a una serie de negocios de la Comunidad foral en las que pide el boicot a determinados negocios por negarse a someterse al chantaje etarra. «Siempre que se habla de extorsión es negativo pero, aunque el empresariado no es inmune, lo contextualiza de otra forma», añadió.

El autismo y el Estatut
¿No será que lo pactado por Zapatero y Artur Mas sea la retirada del Estatut, nuevas elecciones catalanas, pacto entre CiU y PSC con la presidencia para Artur Mas, previsiblemente el más votado? Así, de una sola tacada, Zapatero se quitaría de encima a ERC y a Maragall, los dos elementos que le hacen perder votos. Para este viaje no hacían falta tantas alforjas.
Francesc de Carreras, LA VANGUARDIA 22 Diciembre 2005

Los políticos catalanes demuestran en los últimos tiempos un cierto autismo. En psicología, el autismo suele definirse como un repliegue de la personalidad sobre uno mismo caracterizado por la incapacidad de establecer contacto con los demás y convertir a la propia persona en el centro de todo cuanto acontece a su alrededor con el fin de mantener estable el entorno en el que cree vivir y actuar. Pienso que este concepto explica muchas actitudes de la clase política catalana.

Esta actitud es especialmente visible en el proceso de reforma del Estatut. Durante el curso pasado asistí a diversas sesiones académicas en las cuales se debatía la constitucionalidad de las ideas básicas del proyecto que se estaba gestando. Los juristas catalanes que lo defendían obtenían siempre la misma respuesta de los demás asistentes: la reforma que se propone desde Catalunya adolece de graves problemas de inconstitucionalidad. Ministros del Gobierno, como Solbes y Sevilla, o relevantes dirigentes del PSOE, como Chaves, se expresaban públicamente en el mismo sentido.

Sin embargo, en Catalunya, tanto los técnicos como los políticos no se movían un ápice de sus puntos de partida, insistiendo siempre en que estaban convencidos de la constitucionalidad del proyecto. A finales de septiembre, el Parlament aprobó un texto en el que no sólo se incluían todos los aspectos que para una apabullante mayoría de juristas de fuera de Catalunya se situaban al margen de la Constitución, sino que, además, estaba escrito en una trasnochada épica simbólica e identitaria que ha producido el natural rechazo de los sectores más diversos. Pues bien, a pesar de todo ello, los responsables del proyecto catalán se mantenían imperturbables: el texto era perfectamente constitucional. Seguían autistas: replegados en sí mismos, incapaces de escuchar las advertencias de los demás, necesitados como estaban de preservar un ambiente estable que les diera toda la razón.

A partir de la aprobación del texto en el Parlament, tanto el Gobierno Zapatero como el PSOE han precisado muy exactamente los aspectos que consideraban inconstitucionales. El dictamen emitido por cuatro catedráticos de Derecho Constitucional fue una importante carga de profundidad dirigida contra el proyecto: aspectos esenciales se consideraban inconstitucionales en la misma línea de los debates académicos a los que antes me refería. Este dictamen fue adoptado por la dirección del PSOE como posición propia frente al Estatut. Pocos días después, el discurso de Zapatero en el debate de toma en consideración en el Congreso no hacía otra cosa que insistir en lo mismo.

A pesar de todo ello, los políticos catalanes seguían autistas. En efecto, aunque en Catalunya las críticas han aumentado en las últimas semanas, los defensores del nuevo Estatut siguen dominando la opinión pública catalana en la misma medida que apenas encuentran apoyos en el resto de España. Aún el domingo pasado, el president Maragall decía en estas páginas de La Vanguardia que desde su punto de vista "no hay que tocar mucho del Estatut en Madrid". El autismo sigue. Y en los últimos días se ha renovado: tanto la contraoferta de Solbes sobre financiación como el texto alternativo hecho público por el Gobierno parecen haber sorprendido a los políticos catalanes. Digo parecen porque su reacción o es autista o es hipócrita: conocían perfectamente las posiciones del Gobierno desde hace tiempo y en concreto conocían el texto alternativo porque lo han estado negociando durante las últimas semanas con los equipos de la Moncloa. Por tanto, sorpresa, ninguna. Solbes y la Moncloa están donde estaban. El texto alternativo no es más que la aplicación del dictamen de los constitucionalistas. Ello es fácilmente comprobable si se leen ambos.

Por si faltaba algo, una autoridad de tanto peso como es el profesor García de Enterría, que no prodiga sus manifestaciones políticas, hizo en el ABC del domingo pasado unas contundentes declaraciones que no dejaban lugar para la duda: "Lo que es nuevo, lo que provoca la crispación, donde están los excesos en realidad, donde está, incluso, la puesta en cuestión del porvenir del país, es en el proyecto de Estatut, ese que han mandado los catalanes, que es completamente infumable. No hay duda de que va contra la Constitución, y si el Gobierno tuviera la intención de aprobarlo así, sería rechazado por el Tribunal Constitucional. Eso lo sabe todo el mundo. Ese proyecto no puede ser aprobado". Atención: no es sólo inconstitucional, sino completamente infumable.

Por tanto, aquí hay gato encerrado. Alguien engaña u oculta sus verdaderas intenciones. ¿Hasta dónde está dispuesta a rebajar ERC al mostrar tanta sorpresa ante unas posiciones que ya conoce? ¿Conoce Maragall lo que pactaron en septiembre Zapatero y Artur Mas? Y si lo conoce, ¿está de acuerdo? Porque sobre esta entrevista no hay una versión oficial, aunque existen muchas versiones oficiosas. ¿No será que lo pactado entonces sea la retirada del Estatut, nuevas elecciones en Catalunya, pacto entre CiU y PSC para ofrecer la presidencia a Artur Mas, previsiblemente el más votado? Así, de una sola tacada, Zapatero se quitaría de encima a ERC y a Maragall, los dos elementos que le hacen perder voto según las encuestas y le ocasionan graves problemas en el PSOE.

Todo puede ser. Ahora bien, para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Nos podíamos haber ahorrado el tripartito, el Estatut, el boicot y el malestar generado en España.
(Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma deBarcelona)

CAC
Blog de Arcadi Espada 22 Diciembre 2005

Los responsables principales de la Ley Audiovisual que el 90% aprobó ayer no son los políticos, sino una buena parte, una inmensa parte, de los periodistas catalanes. Ellos han colaborado activamente, durante más de dos décadas, en la atenuación de la libertad que ha caracterizado el debate político y civil de Cataluña. Gentes igual de silenciosas cuando el president Pujol mandaba entrevistas a La Vanguardia (en sobre cerrado: preguntas y respuestas incluidas) que cuando los medios públicos bajo el control de la Generalitat diseñaban un patrón catalán del mundo cuya característica más marcada era la ficcionalidad, vulgo la mentira.

Gentes impasibles, recientemente impasibles, cuando la dirección del diario Avui (un diario con capital público) permitía que se publicara un artículo donde se llamaba al exterminio de los integrantes de Ciutadans de Catalunya. Los periodistas catalanes, ¡qué oxímoron! No es extraño que hayan sido los grandes puntales de la ley y los primeros en festejar el informe sobre la cadena Cope. Ningún mal los acecha. Su relación con la verdad es tan relativa que deben de sentirse muy felices de que por fin un ministerio se encargue de ella. ¡Menos trabajo!

En realidad menos trabajo ha sido siempre la divisa oculta, la razón secreta y la peor consecuencia de su ínclita corrupción moral. Los periodistas catalanes. Ahí está su Colegio “celebrando” el dictamen del Cac. Qué hermosa metáfora. El Colegio está dirigido, desde hace días, por el defensor del lector de El País, el periodista Sebastián Serrano. Mientras el Colegio lo celebra, el editorial de El País, firme y cierto de arriba abajo, concluye: “El camino emprendido por el Parlamento catalán al dotar de tan amplias capacidades al Cac es extremadamente preocupante y peligroso”. ¡Qué habríamos hecho en nuestra ya de por sí pequeña y triste vida sin los diarios de lo que llaman Madrid! Sin el mercado de Madrid. Sin la ley de Madrid. Madrid, qué vachaché.
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