AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 24 Diciembre 2005
Censura encubierta
Editorial ABC 24 Diciembre 2005

Jueces de «reemplazo»
Editorial ABC 24 Diciembre 2005

Riesgo de fragmentación
Editorial El Correo 24 Diciembre 2005

¿Y ustedes se llaman demócratas?
Luis Ignacio Parada ABC 24 Diciembre 2005

El derecho a saber
Javier Cremades ABC 24 Diciembre 2005

La ley mordaza
José María Marco Libertad Digital 24 Diciembre 2005

El Gran Hermano socialista
Ignacio Villa Libertad Digital 24 Diciembre 2005

Y eso que aún no hay Estatut
José T. Raga Libertad Digital 24 Diciembre 2005

El NO-DO de Zapatero
EDITORIAL Libertad Digital 24 Diciembre 2005

Ecos del ultrapasado
Cristina Losada Libertad Digital 24 Diciembre 2005

MATAR AL MENSAJERO
ESTHER ESTEBAN El Ideal Gallego 24 Diciembre 2005

La libertad amenazada
PEDRO ARIAS VEIRA La Voz 24 Diciembre 2005

El Comité Mundial de Libertad de Prensa pide a Maragall que "desmantele" el CAC por ser un "órgano censor"
Libertad Digital 24 Diciembre 2005

El TSJC analiza la posible ilegalidad de las cuotas lingüísticas del CAC
MARÍA JESÚS CAÑIZARES ABC 24 Diciembre 2005

Cavas catalanes
ANTONIO ELORZA EL PAÍS  24 Diciembre 2005

FUERA DE LA LEY
XAVIER PERICAY  ABC   24 Diciembre 2005

 

Censura encubierta
Editorial ABC 24 Diciembre 2005

EL Gobierno encadena un error tras otro en materia de relaciones con los medios. Horas después del rechazo de los planes del tripartito por parte del secretario de Estado de Comunicación, se filtraba el texto de un proyecto de ley, que hoy desvela ABC, para la creación de un Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales, entre cuyas funciones figura velar por la «veracidad» y por el respeto al honor en las informaciones. El incumplimiento de este deber podría ser sancionado -en calidad de infracción muy grave- con una fuerte multa, con el fundido en negro de la pantalla o la suspensión de emisiones, e incluso con la revocación de la licencia de radio o TV. Aunque con menos competencias que su homólogo catalán (ya que no tendrá la facultad de otorgar licencias, pero sí de informar de modo vinculante sobre su otorgamiento), el consejo diseñado por el Ministerio de Industria vulnera el contenido esencial de las libertades informativas. El artículo 20 de la Constitución es muy claro y explícito, como era lógico en el contexto de una sociedad deseosa de pasar página respecto a recortes y censuras. Bajo una apariencia cuidadosa (objetividad, respeto a la intimidad o protección de la infancia), el anteproyecto refleja una mentalidad controladora e intervencionista.

Entre los problemas más graves de nuestro Estado democrático se encuentra la pérdida de prestigio de los organismos teóricamente independientes que derivan de una elección parlamentaria. Las cuotas de partido y la fidelidad a la propia causa prevalecen sobre el rigor profesional y el respeto al ordenamiento jurídico. Reproducir un modelo en crisis para un asunto tan delicado constituye un grave error. Habrá que suponer -aunque coincide la influencia del PSC en ambos textos- que no se pretende influir sobre las empresas o los profesionales, y menos aún distinguir entre medios afines y hostiles. Solo el Poder Judicial reúne las garantías precisas para corregir los eventuales excesos en el ejercicio de un derecho que supone a la vez un deber hacia la sociedad. Cualquier forma de censura, sea material o psicológica, merece la más severa condena desde el punto de vista democrático.

Jueces de «reemplazo»
Editorial ABC 24 Diciembre 2005

EL Gobierno socialista dio ayer un nuevo paso en las reformas judiciales con la aprobación de la nueva justicia de proximidad y la creación de los consejos autonómicos de Justicia. Este proyecto se suma al aprobado la semana pasada, que modifica sustancialmente la función casacional del Tribunal Supremo. El Gobierno, por tanto, ya ha puesto sobre la mesa algunas de las principales piezas de su modelo judicial, y la primera valoración que merece no es favorable. Teniendo en cuenta que se trata de proyectos de ley iniciales y que los socios del Gobierno son los que son, cabe dudar de que realmente estemos ante una reforma de máximos, y no de mínimos, cuya finalidad sea dar cobertura a dos de los objetivos políticos fundamentales del Ejecutivo: la federalización del Estado y la sumisión del Poder Judicial. El encadenamiento de las reformas anunciadas por el Gobierno bien puede desembocar en tres graves consecuencias: la segregación del Poder Judicial, mediante la merma de competencias al Consejo General; la desprofesionalización de la Justicia, al crear una nueva categoría judicial -los jueces de proximidad- integrada por jueces de «reemplazo», y la desactivación del Tribunal Supremo, hasta convertirlo en un órgano extraño a las demandas de justicia de los ciudadanos.

El problema ya no es que tales reformas sean o no constitucionales. El problema es que no resuelven ninguna necesidad actual, agravan las que ya hay y crean conflictos nuevos. La justicia de proximidad es una broma de mal gusto para una sociedad que quiere la máxima profesionalización en los funcionarios responsables de atender sus demandas, sean éstas cuales sean. No es suficiente que los ayuntamientos hayan quedado fuera de su designación, porque lo grave radica en el concepto vulgar de justicia que entraña esta nueva figura judicial. Por otro lado, es una falta de consideración al ciudadano, a quien se le dice que los asuntos poco importantes serán resueltos por jueces reclutados entre licenciados en Derecho -probablemente, sin otra opción profesional-, como si para cada ciudadano su asunto no fuera el más importante. En todo caso, la reforma agrava lo previsto en el anteproyecto, porque el juez de proximidad se va a integrar directamente en la carrera judicial, ocupando el primer escalón, desde el cual podrá ascender a la categoría de juez. Es decir, se trata de un sistema aún más pernicioso que el cuarto turno suprimido en la reforma de 2003.

En cuanto a los consejos autonómicos, la reforma se apoya en el falaz argumento de que su creación contribuye a la descentralización de la Justicia. Si hay algún poder del Estado que, por naturaleza, está descentralizado, es el judicial, cuya presencia se mide no por provincias, sino por partidos judiciales, y alcanza tanto a la función jurisdiccional como al gobierno interno, repartido entre salas de gobierno, presidencias, decanatos... Es una manipulación presentar al Tribunal Supremo y al Consejo General del Poder Judicial como iconos de un poder centrípeto y absorbente, pero a partir de esta propaganda falsa se está justificando políticamente una mutación partidista del modelo judicial. Si las autonomías tienen competencias en materia de personal y medios materiales, no hace falta crear consejo autonómico alguno. Pero lo que se prevé por el gobierno trasciende esas competencias, porque estos nuevos órganos tendrán un acentuado carácter político del que ahora carecen, por ejemplo, las salas de Gobierno de los tribunales superiores de Justicia, integradas sólo por jueces. Una parte de los consejos estará integrada por juristas de reconocido prestigio designados por las asambleas autonómicas. Así planteados, los consejos autonómicos serán hervideros de discordia con el Consejo General del Poder Judicial, sobre todo en aquellas autonomías donde el nacionalismo y el socialismo filonacionalista sean mayoría, como en Cataluña. Lo que estratégicamente propone el Gobierno es la creación de centros territoriales de poder político en la Justicia para competir, desde el seno del Poder Judicial, con el Consejo General, cuya legitimidad y representatividad corren un serio riesgo si esta reforma sale adelante.

Es una lástima que el Gobierno no haya puesto tanto empeño en cumplir su primera promesa electoral, que garantizaba a todo ciudadano una sentencia firme en un plazo no superior a dos años. En su lugar, el PSOE ha vuelto a donde solía con la Justicia, con la que le resulta imposible una convivencia basada en el respeto y la independencia recíproca.

Riesgo de fragmentación
Editorial El Correo 24 Diciembre 2005

El Consejo de Ministros, tras la aprobación de la reforma de la Justicia sobre la modificación de las competencias del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores, dio ayer el visto bueno al inicio del trámite parlamentario de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la que se crean los consejos de justicia autonómicos y la justicia de proximidad. Ambas reformas completan el cuadro trazado por el Gobierno para responder a las demandas de revisión estatutaria en orden a la llamada «adaptación de la Justicia al Estado de las Autonomías» que, si bien responde a las tradicionales demandas de los partidos nacionalistas, está por ver que contribuya al fortalecimiento del pilar del Estado de Derecho que es el Poder Judicial, o a garantizar realmente una prestación del servicio más ágil y, sobre todo, de mayor calidad. Con la medida aprobada, se posibilita la creación de consejos de justicia autonómicos y se abre paso a la fragmentación del Consejo General del Poder Judicial al crearse 17 'miniconsejos' con una composición más reducida pero igualmente partitocrática.

En lugar de atajar la alarmante politización y reparto de las plazas entre los partidos, muchos juristas alertan del riesgo de facilitar la penetración de las comunidades autónomas y de los partidos que las gobiernan en el Poder Judicial. Lejos de potenciar las salas de gobierno de los tribunales superiores, ampliándolas y reforzando los mecanismos de cooperación y coordinación con los ejecutivos autonómicos, se copia un modelo de Consejo Judicial que no ha respondido a las expectativas creadas por la Constitución de 1978 de asegurar más eficazmente la independencia judicial sin injerencias o intromisiones políticas.

Respecto de la denominada 'justicia de proximidad', el establecimiento de este primer escalón judicial responde exclusivamente a una petición del tripartito catalán, que trata de recuperar la justicia de distrito suprimida acertadamente en 1985 en aplicación del mandato constitucional de la unidad de la carrera judicial como cuerpo único. Retroceso que el Gobierno ha tratado de mitigar suprimiendo en el anteproyecto la intervención de los ayuntamientos en el proceso de selección de los jueces de proximidad, pero atribuyendo su designación a los consejos de justicia autonómicos, con lo que difícilmente se elimina el riesgo de politización y de reparto de cargos y empleos. Más aún cuando estos siguen configurados como jueces temporales nombrados por seis años y renovables por igual período. El Ejecutivo dice pretender con esta medida descongestionar los juzgados de primera instancia e instrucción de las grandes ciudades, objetivo muy loable, pero que se conseguiría simplemente con la potenciación de los juicios rápidos y la creación de juzgados especializados y servidos por verdaderos jueces de carrera.

¿Y ustedes se llaman demócratas?
Por Luis Ignacio Parada ABC 24 Diciembre 2005

¿QUÉ «veracidad» tienen las declaraciones de los políticos, empezando por sus promesas electorales y terminando por las leyes que pactan con trapicheos inconfesables? ¿Cómo es posible que se constituyan en juez y parte quienes viven de filtrar noticias que les favorecen y desmentir las que les comprometen? ¿Desde cuándo la veracidad de una información la decide un Gobierno, que es, por definición, la institución más criticable en una democracia, precisamente porque ha de tomar todos los días decisiones que afectan a los derechos, intereses y libertades de los ciudadanos? ¿Quién es el Gobierno para erigirse en celador del pluralismo, incluido el lingüístico, que está protegido por la Constitución; decidir quién no respeta el honor, que viene defendido por las leyes; imponer penas que corresponden a los tribunales?

¿Dónde se ha visto que para combatir las desmesuras en el ejercicio de la libertad de expresión se promulgue una ley que garantiza la opacidad de los actos o la impunidad de los excesos, no de los periodistas, sino de los gobernantes? El Código Civil y el Penal se bastan y sobran para sancionar conductas punibles. Y si hay que dotar a los tribunales de mayor agilidad, se les dota. No vengan ustedes exigiendo autorregulaciones, ni copiando torticeramente instituciones de otros países, creadas por otras razones y para otros fines. El Consejo Audiovisual Catalán y el Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales que pretenden instaurar no se convierten en democráticos porque sus miembros sean elegidos en sede parlamentaria, ni por el hecho, faltaría más, de que sus resoluciones puedan ser recurridas ante los tribunales. No son democráticos porque pretenden sancionar «cualquier negativa, resistencia u obstrucción que impida o dificulte la difusión de los comunicados o declaraciones que el Gobierno o la autoridad correspondiente considere necesario difundir a través de los medios de comunicación». ¡Qué horror! ¿Dónde aprendieron ustedes democracia?

El derecho a saber
Por Javier Cremades ABC 24 Diciembre 2005

EL próximo 17 enero se cumplen 300 años del nacimiento de Benjamín Franklin, redactor de la Declaración de Independencia y de la Constitución de los Estados Unidos de América y pionero del periodismo como director-fundador de «La Gaceta de Pensilvania», que publicó entre los años 1728 y 1748. Su trayectoria política le avala para poder afirmar que «quien quisiera derrocar la libertad de una nación debe empezar por someter la libertad de expresión». En los siguientes siglos de historia del constitucionalismo, la libertad de expresión -y su corolario del derecho a la información- ha sido siempre uno de los pilares para construir y mantener una democracia real. Por este motivo, la Constitución Española de 1978 no sólo incluyó ese derecho -tanto activo, como pasivo- en su estrecho catálogo de «derechos fundamentales», sino que, por vía de jurisprudencia constitucional, ha adquirido una «posición preferente». Es decir, que goza de una cierta preeminencia frente a otros derechos con los que puede colisionar, siempre que se den determinadas circunstancias -principalmente de veracidad e interés público de la información- y sin que éstos desaparezcan nunca, pues no hay derechos absolutos. Se trata de una suerte de principio hermenéutico que podría enunciarse como «in dubio, pro derecho a la información».

Esta construcción jurisprudencial llegó al mundo del Derecho español vía Bundesverfassungsgericht alemán, el guardián constitucional más prestigioso de Europa. Éste a su vez, la recogió de la reiterada doctrina de la Supreme Court norteamericana, que la creó para la cultura jurídica contemporánea. En la sentencia que resuelve el caso United States v. Caroline Products Co. (1938), el magistrado Harlan Fiske Stone sugirió la posible reducción del alcance de la presunción de constitucionalidad en el caso de que la legislación incurra, en una primera aproximación, en una de las prohibiciones de la Constitución, entre las que se encuentran las contenidas en las diez primeras Enmiendas. En la sentencia Scheneider v. State of New Jersey (1939) ya se conecta de modo específico esta construcción con las libertades de expresión y prensa de la Primera Enmienda. La doctrina de la posición preferente resulta expresamente admitida ya en el caso Jones v. the City of Opelica (1942), si bien se hace en una opinión discrepante del mencionado magistrado H. F. Stone. En un ramillete de jurisprudencia posterior, el Tribunal Supremo consagra la citada construcción jurisprudencial: Murdock v. Pennsylvania (1943), Thomas v. Collins (1945), Speiser v. Randall (1958), todas ellas devenidas en los años de despegue de los medios de comunicación de masas, principalmente la radio y la televisión.

¿Por qué estos privilegios de los que ni siquiera disfrutan los llamados derechos de la personalidad -la intimidad, el honor y la propia imagen-, sin los que uno no podría seguir siendo lo que es, y que son claros límites de la libertad de expresión? Porque la libertad de prensa goza, a diferencia de las demás, de una clara eficacia institucional, pues se afirma, en última instancia, como garantía de una opinión pública libre, indispensable para la realización del pluralismo político, valor esencial del Estado democrático. Sin ella quedarían sin contenido real otros derechos consagrados por la Constitución. Como decía Benjamín Franklin, «no puede existir lo que llamamos libertades públicas sin libertad de expresión».

No es ésa la dirección que se observa en un acontecimiento recentísimo. El Parlamento de Cataluña acaba de producir una norma, la ley Audiovisual, que ha causado perplejidad, inquietud y rechazo en el mundo de la información. La oposición al texto legal es prácticamente unánime entre los representantes de la profesión periodística y se basa, principalmente, en una cuestión que conviene analizar con detalle. Sólo así puede llegarse a un correcto entendimiento de lo que de verdad se esconde en el debate que acaba de abrirse, y cuyo final me atrevo a augurar líneas más abajo.

Se recrimina a la norma -y por ende a sus patrocinadores- que restablezca, sin llamarlo así, un sistema de control político de la información. La posibilidad de que un órgano de origen político, en virtud de una resolución de naturaleza administrativa -aun cuando ésta siempre sea controlable por los jueces-, pueda incluso suspender un medio de comunicación no tiene sólo que ver con la prohibición constitucional (también en su artículo 20) de la censura previa, sino más aún con el derecho de todos a saber, de la que ésta no es sino una salvaguardia. Estoy convencido de que es un error político y, sobre todo, jurídico enfrentarse al mundo informativo de esta forma. Conviene recordar una vez más que la libertad de expresión es fundamento y condición necesaria del propio sistema democrático, del que gozan por igual todos los ciudadanos, a los que protege frente a cualquier injerencia de los poderes públicos que no esté apoyada en la Ley, e incluso frente a la propia Ley en cuanto ésta intente fijar otros límites que los que la propia Constitución admite (sentencia del Tribunal Constitucional 12/82, de 31 de marzo). El Parlamento de Cataluña acabará rectificando, bien por decisión propia tras la avalancha de críticas fundadas, bien por imposición del Tribunal Constitucional.

He empleado tres años de mi vida en estudiar, en exclusiva, la libertad de expresión y sus límites. Fruto de ese trabajo son mis dos tesis doctorales sobre la materia. Ya la Constitución republicana de 1931, en su artículo 34, establecía la imposibilidad de suspender a ningún periódico sino en virtud de sentencia firme. Así ha sido hasta la aparición de la reciente ley Audiovisual. Con esa imposibilidad se pretende, hoy y ayer, favorecer el clima de libertad necesario para el ejercicio sin trabas de la libertad de información. Quizá sea eso, precisamente, lo que se ha querido combatir con la desafortunada iniciativa legislativa del Parlament.

CAC
La ley mordaza
José María Marco Libertad Digital 24 Diciembre 2005

Si alguien se hacía alguna ilusión de que Zapatero y Montilla se iban a contentar con imponer su ley mordaza en Cataluña, se habrán llevado un chasco con la filtración publicada en El País sobre el consejo audiovisual estatal –es decir, nacional-socialista, ahora ya literalmente– que nos espera. No tenían por qué.

En primer lugar, en España la izquierda ha ejercido una censura implacable desde 1980. En los medios periodísticos, está por ejemplo el cierre de los años de libertad de Antena 3, la arbitrariedad en la concesión de emisoras de radio y los faraónicos medios de comunicación públicos (que cualquier gobierno que tuviera un mínimo de decencia debería cerrar de inmediato) puestos al servicio de la más burda ideología izquierdista, incluido el antisemitismo y el neocomunismo. Lo mismo ha ocurrido en los medios académicos, donde se han truncado carreras y arrasado trayectorias personales porque no se plegaban al pensamiento único de la izquierda. La izquierda en España no ha discutido ni debatido jamás. No tiene argumentos, pero sí poder. Con eso le ha bastado hasta hace bien poco para cerrar la boca a quien disentía. Lo ha hecho siempre, incluidos los ocho años de gobierno del Partido Popular, que en este asunto se especializó en mirar para otro lado.

La censura ha sido particularmente brutal en las regiones gobernadas por los nacionalistas, con o sin el apoyo del PSOE o del PP. Se explica por la urgencia del proyecto de construcción nacional. Cuando hace falta inventarse una nación, que es lo que ha ocurrido en Cataluña y en el País Vasco, lo mejor es crearse un enemigo. Y eso requiere la censura, que no es sólo un instrumento para callar al disidente. Es el mecanismo que permite crear la comunidad nacional mediante la denuncia, la condena al silencio, la expulsión o el crimen, crimen colectivo asumido por el conjunto de quienes están dando a luz a la “nación”, como ocurre en el País Vasco. Así se han creado las llamadas “naciones” catalana y vascas. El Consejo Audiovisual de Cataluña (acertadamente llamado Consejo anti COPE, porque la COPE es el único medio libre que queda allí) es la traducción legal de este estado de cosas.

Por último, la filtración a El País confirma lo que ya estaba bastante claro. Y es que el Estatuto catalán no es una simple constitución para esa supuesta nueva nación llamada Cataluña. Es también el germen del modelo constitucional que nos quiere imponer Zapatero a todos los españoles. En otras palabras, el Estatut lo es de Zapatero por partida doble: porque sin Zapatero no estaría en el Congreso español, y porque refleja el proyecto de Zapatero para lo que no sé ya si llamar su país. El CAC y el consejo audiovisual estatal son los instrumentos necesarios para convertir un Estado descentralizado en un reino de taifas donde las autoridades locales se encargarán de comprar y liquidar al disidente, y lo que queda del poder central garantizará que nadie se moverá nunca, jamás. Había demasiadas cosas que habían empezado a moverse en España y eso ni Montilla ni Zapatero están dispuestos a permitirlo.

Nuevo CAC
El Gran Hermano socialista
Ignacio Villa Libertad Digital 24 Diciembre 2005

No ha tardado mucho el gobierno de Zapatero en mostrar sus verdaderas intenciones: intimidar a los medios de comunicación para que no se salgan de la línea oficial. El anuncio realizado desde el boletín oficial del Gobierno –el diario El País– sobre la creación de un Consejo Audiovisual Estatal abre la puerta a la censura, a la amenaza, al miedo y al control político de los medios de comunicación.

Dicen desde el Gobierno que creen en la libertad de expresión, en una nueva trampa a la opinión pública. Como de costumbre, realizan declaraciones altisonantes de principios inexistentes, para inmediatamente contradecirlas en los hechos. Con esta nueva censura, este Gran Hermano socialista, están preparando la puesta en marcha de una gran maquinaria para que el control de los medios no se les pueda escapar.

La filtración interesada y la posterior confirmación de la vicepresidenta De la Vega en la rueda del Consejo de Ministros es el ejemplo más claro de lo que están preparando. Este nuevo Consejo podrá revocar concesiones, precintar equipos y dejar televisiones en negro. ¿Se figuran ustedes que una mañana al encender la COPE uno se encuentre el hilo musical? Ese es el objetivo de este gobierno dispuesto a perseguir al discrepante y silenciar al crítico.

Y encima pretenden que este ataque a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y a la libertad de información cuele con la excusa de unos supuestos “principios de salvaguarda del ciudadano”. Con este pretexto buscan el pensamiento único y la información única, eliminando todos los obstáculos para imponer un modelo de sociedad muy lejano a la actual democracia. Con esta nueva iniciativa del gobierno se pretende fabricar un Gran Hermano donde todos los medios de comunicación estén bajo la espada de Damocles. Es el ojo de Moncloa sobre los ciudadanos. Sin opinión, sin información, entierran la libertad. A ello vamos.

Informe del CAC
Y eso que aún no hay Estatut
José T. Raga Libertad Digital 24 Diciembre 2005

Es bien cierto que la izquierda nunca ha entendido bien qué es eso de la “libertad”, ni mucho menos que la libertad sea una cualidad inherente a la persona, la cual, a su vez, es el fundamento de su responsabilidad por cualquier acción, resultado de una elección.

De ahí deriva uno de los mayores vicios sociales del totalitarismo de izquierda: un Estado sin sociedad y, en su caso, una sociedad sin personas. De ahí también la fascinación que siente cuando, viéndose atrapado por la cultura y el desarrollo económico, político y social, contempla el desprecio hacia el hombre que se practica en las dictaduras estalinistas establecidas, con visos de permanencia –esta es la diferencia entre dictaduras de derechas y de izquierdas– en países en vías de desarrollo, en los que la negación de los derechos humanos más elementales se ha convertido en un hecho dramático, aunque no excepcional. Habría que preguntar a Hungría, a la antigua Checoslovaquia, a Polonia, etc., cómo vivieron la privación de libertad ante la esclavitud impuesta por la Unión Soviética; o cómo de libres se sienten los reprimidos hasta la muerte en la Tiannamen china; o los recluidos y desaparecidos por sus opiniones en la Cuba castrista; o, en fin, los perseguidos por el grotesco espectáculo del chavismo venezolano.

Referencias como éstas constituyen el sueño de tantos personajes de izquierdas en la Europa moderna y desarrollada que, a buen seguro, y siempre que no afectase a sus condiciones de vida, estarían dispuestos a cambiar desarrollo por pobreza y libertad por totalitarismo. Pese a ello, en los países avanzados, hay que soportar con estoicismo probado que los modelos que propugnan esos soñadores farisaicos se consideren de progreso, cuando en lo que son realmente abundantes es en sus aspiraciones a regresar al pasado más tenebroso y esterilizante.

El Informe del Consejo Audiovisual de Cataluña, que se ha dado a conocer en rasgos esenciales, y a salvo de una lectura más sosegada, parece más propio de ese arcaísmo de izquierda estalinista que de un país que ha tenido acceso a los bienes de la cultura, ingrediente significativo de eso que llamamos bienestar.

Verdad es sólo aquello que se ajusta plenamente a la realidad, como falsedad es todo lo que se aleja de ella. Y eso, con independencia de cual sea la opinión del mencionado Consejo. De hecho, ¿para qué escudarse en el Consejo? Si hay falsedad, si hay engaño y en consecuencia fraude, si hay calumnias o si se han producido injurias, para eso están los tribunales: ellos son los que deben valorarlo. Refugiarse en consejos, comités, aunque sean de los llamados “expertos”, grupos de trabajo, o zarandajas semejantes, no son más que evidencias de una debilidad en la razón y en lo razonable.

Hacer responsable a una entidad, la COPE, a la Conferencia Episcopal o a la Santa Sede, de las opiniones y juicios vertidos por los que dirigen o participan en sus programas, además de una actitud maniquea, supone negar de raíz la verdadera responsabilidad de los sujetos singulares. Aunque ello no es más que el resultado del desconocimiento de la izquierda acerca de las personas, de su libertad y de su función en la construcción de una sociedad.

Frente a la mentira, de la que se acusa, sólo cabe una objeción: la verdad. Parece sorprendente que ni un solo desmentido se ha producido por quien así arguye, aportando la luz que toda verdad es capaz de proporcionar. Por el contrario, acallar la verdad manifiesta, por considerarla contraria a los intereses personales o de partido (no de Cataluña como pretenden presentar algunos personajes; ésta es algo más, por fortuna, de quienes se otorgan la representación de sus esencias), y hacerlo desde una autoridad gratuita, lejos del imperio del derecho, es propio de sociedades decadentes y moralmente enfermas.

La Generalidad, el tripartito o el Consejo Audiovisual, tanto monta monta tanto, pueden penalizar a un medio, la COPE, por algo que nunca fue y a lo que no se ha reaccionado con aportación de datos que lo contradigan, pero no por ello convertirán en falso lo verdadero, ni harán verdad de la mentira. Que haya que volver a crear una radio pirenaica para que en Cataluña se sepa lo que ocurre en Cataluña sería la triste consecuencia de ese regreso al pasado al que nos quieren llevar; pero tampoco hay que renunciar a ello pues, como aquella, al menos parcialmente, también cumpliría su misión.

Defendemos la libertad y la verdad, lo que no aceptamos es que éstas vengan determinadas por el Consejo Audiovisual, ni siquiera por la Generalidad; para ello están los tribunales. Así las cosas, ante el atropello a derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, y aunque sólo lo fuera por vía de amenazas, quedan algunas preguntas que exigirían sus correspondientes respuestas: ¿Hacia dónde mirará el Tribunal Constitucional? ¿Permanecerá Europa en actitud silente, viendo que en un país miembro se niegan derechos que dice defender? ¿Una vez más tendrá que ser Europa, y más grave todavía, la Europa de hoy, la que haga por nosotros lo que nosotros deberíamos hacer por nosotros mismos?

Y, para terminar, si el imputar una falsedad sin demostración alguna, es motivo para suspender las emisiones de un medio de comunicación, ¿qué hay que hacer con el gobernante, el parlamentario o, simplemente el político, que miente con reiteración, con desfachatez, y con pruebas evidentes de ello? Consecuentemente, un Consejo ad hoc debería suspenderles. ¿Por qué no someter a todos a una comprobación de veracidad, aplicando a todos las mismas sanciones? Estamos convencidos de que muchos medios permanecerían en su función, al tiempo que gobiernos y parlamentos mostrarían su volatilidad. Quizá pueda ser una idea, así que, no la echen en saco roto; hay que estar preparados para cualquier eventualidad.

El NO-DO de Zapatero
EDITORIAL Libertad Digital 24 Diciembre 2005

Si Izquierda Unida denunciaba que existía un “riesgo democrático” durante el gobierno de Aznar, Zapatero afirmaba que la segunda legislatura de éste dejaba en herencia un “retroceso democrático”. Aún resuenan los ecos del escándalo que produjo que el ex presidente del gobierno mencionara críticamente, ya fuera de cualquier cargo institucional, a una cadena de radio sin atreverse siquiera a mencionarla por su nombre. Sin embargo, el que el gobierno prepare una ley mordaza a la prensa que recuerda leyes de prensa de los años sesenta es presentado por el ejecutivo como una forma de "defender los derechos de los ciudadanos, no socavarlos". Quisiéramos creer que la filtración al BOE ilustrado no se corresponde con el proyecto real, pero la negativa de la vicepresidenta a condenar cualquiera de los puntos más polémicos del proyecto de Montilla es la confirmación más firme que cabría esperar.

De la extrema izquierda, que siempre presume de defensa de los derechos civiles, nunca cabe esperar nada. Esta misma semana fue detenida en México la periodista Lydia Cacho como consecuencia de una denuncia por difamación. Pese a que el caso ha sido poco difundido en España, alrededor de 12.000 españoles –habituales abajofirmantes de todas las causas de la izquierda– han enviado una carta para exigir a las autoridades un proceso justo. El silencio, en el mejor de los casos, con que la izquierda está acogiendo estas iniciativas demuestra que consideran la libertad de expresión como un arma que sólo ellos han de tener derecho a emplear.

La puesta en marcha de un calco, corregido y aumentado, del ya célebre Consejo Audiovisual de Cataluña pone a la libertad de expresión de cara a la pared y con las manos en alto. Muestra de forma alta y clara que el objetivo último de este gobierno es implantar en toda España el mismo régimen que en Cataluña lleva décadas silenciando la crítica al nacionalismo dominante, ahuyentando y expulsando de la sociedad civil a quienes se atrevieran a levantar la voz. El Estatuto, como el CAC, es la Constitución que Zapatero y Montilla quieren para España.

Por muy asqueado que se esté de los excesos y mentiras de la SER ­–los terroristas suicidas, el nieto de la hermana de la madre del suegro de Zaplana, etc.–, los demócratas de verdad, los que defendemos la libertad de expresión, jamás promoveríamos una ley mordaza para intentar acallar su voz. Nunca se le ocurrió al PP hacer nada semejante en ninguno de los gobiernos que ha ostentado y mantiene. Quizá es que era esto a lo que se referían con recuperar la memoria del franquismo.

Ley mordaza
Ecos del ultrapasado
Cristina Losada Libertad Digital 24 Diciembre 2005

Como la rana del haiku de Basho, el CAC se ha zambullido en el viejo estanque, pero a diferencia de aquélla no ha hecho ruido. Las doradas aguas se lo han tragado, mudas. Mejor dicho, aquiescentes, gozosas y expectantes. Ha levantado un murmullo de aprobación, cuando no aplausos. En Cataluña, ha dicho Albert Boadella, se vive en el periodismo una situación cercana al pre-fascismo. La mayoría es adicta al régimen y los pocos discordantes son señalados, vituperados y amenazados. Se los agrede, y los presentan como agresores.

Fuera de los confines ideológicos del jardín, el ruido de la rana al caer al agua ha despertado ecos de tiempos pretéritos y olvidados. Era, creo, 1976. El dictador había muerto, pero el cascarón del régimen seguía a flote. El periodista escribía midiendo cada palabra. Los escasos antifranquistas declarados colábamos lo que podíamos, que era poco. Pequeñas notas sobre el movimiento obrero y sindical, por ejemplo. No se le podía llamar huelga a una huelga; poníamos “paro”. Si uno relee ahora artículos escritos entonces, no los entiende. Llamar a las cosas por su nombre era locura, suicidio. El primer nivel del tinglado lo ocupaba la autocensura.

Tras ella venían los guardianes de los límites que no se debían traspasar. Ultrapasar, dicen ahora en el lenguaje de las ranas. El jefe de sección, el redactor jefe, el subdirector y luego, la cúpula. De madrugada, de lejos, yo observaba al jefe mientras leía mi folio, para ver si utilizaba el lápiz rojo. No importaba que simpatizara o no con el régimen; cumplía su deber, como todos. El deber de no incomodar a la bestia con un lenguaje indigerible, de no perturbarla sacando a la luz realidades que debían de permanecer ocultas. La claridad y la realidad eran veneno para el Poder. Y el humor. La sátira sólo contra los enemigos. Como ahora.

Un amigo me escribe: “supongo que los periodistas os organizaréis para denunciar la amenaza que se cierne sobre una de las bases de vuestra profesión: el derecho a informar y a opinar libremente”. La suposición peca de ingenua. Bajo el franquismo sólo una minoría echaba en falta esa libertad. El resto cumplía las reglas. Resultaba cómodo. Vigilar, marcar, oponerse al poder exige renunciar al confort. Lo saben quienes lo intentaron bajo el franquismo y quienes lo hicieron después, bajo el felipismo. Muchos optaron por traspasar sus obediencias de un poder a otro. El periodista tiene olfato para el poder que no se pone límites.

Y ahora, junto a ese confort pasivo, ha aparecido otro: el que deriva de compartir las mitologías que el poder distribuye como drogas que le hacen sentir que no está de su lado porque es el poder, sino que lo está por las buenas causas. De la pasividad obediente del periodista funcionarial que dominaba bajo el franquismo, hemos pasado a la complicidad activa del periodista ideologizado propia de los totalitarismos. Es el momento en que un Colegio de Periodistas aplaude una ley por la que un organismo político se arroga la capacidad de decidir qué es veraz, de interpretar opiniones y de juzgar intenciones, y de imponer, en consecuencia, sanciones. Es el momento de las “pequeñas y malolientes ortodoxias”, que decía Orwell. Cuando el periodista se pregunta, como otrora, ¿qué gano yo incomodando a la bestia?

MATAR AL MENSAJERO
ESTHER ESTEBAN El Ideal Gallego 24 Diciembre 2005

En una ocasión, hace años, Isabel San Sebastián y yo nos negamos, tal como nos pedía nuestra empresa, a echar de la tertulia de televisión que dirigíamos a 5 compañeros de un mismo periódico: El Mundo. No se trataba de que esos periodistas hicieran mal su trabajo ni que fueran insultantes en sus comentarios con el poder político, económico o social.

Se trataba de que el periódico había desvelado algunos chanchullos del principal accionista de esa televisión y eso al susodicho, más acostumbrado al peloteo que a la crítica, le resultaba intolerable. Como nos negamos a echar a esos compañeros la empresa opto por el camino más fácil, echarnos a nosotras argumentando que no éramos suficientemente fieles, es decir sumisas con la mano que nos daba de comer.

Perdí mi trabajo y me vi en la calle pero nunca jamás me he arrepentido de esa decisión de la que aún hoy, pasados los años, me siento orgullosa. Era mi pequeña y modestísima contribución a la defensa de la vapuleada y manoseada libertad de expresión.

Estos días tan malos para nuestra profesión he recordado varias veces esos momentos, sobre todo desde que el Consejo Audiovisual de Cataluña, convertido en un repugnante comisario político de la Generalitat nos haya retrotraído a la oscura época de la censura cuando se multaba o se cerraban medios de comunicación por ofender al dictador. En esta ocasión el objetivo del tripartito es la COPE, pero lo que subyace en el fondo es un ataque en toda regla a la libertad de expresión. Hoy es la COPE, mañana la SER y pasado El Mundo o El País ¡da igual!

Lo pernicioso es la norma que se ha creado bajo la excusa de que un Gobierno o un Consejo Audiovisual puede vigilar las condiciones de una concesión lo que se hace es dar un golpe mortal a la independencia y perseguir a los profesiones de la información.

Malos tiempos cuando organismos administrativos supuestamente independientes se pliegan a las decisiones caprichosas y sectarias del gobierno de turno. ¡Mal asunto! cuando el único recurso es el de siempre: matar al mensajero porque su mensaje no nos gusta. Siempre se ha dicho que la fortaleza de una democracia se mide por la fortaleza de sus medios de comunicación, y así debe ser. Aquí ocurrían estas cosas en los tiempos de Franco cuando se cerraban emisoras o periódicos caprichosamente justo en los momentos en los que el régimen estaba más debilitado y la censura se hacia más feroz a medida que éste se extinguía. Que esto pase en una democracia fuerte y consolidada no tiene explicación posible salvo en los delirios totalitarios de algunos.

Somos periodistas ¡nada más pero nada menos que periodistas! y ahí les duele a algunos. Si nadie lo impide el ejemplo de la Generalitat puede extenderse y ya se sabe que los poderosos jamás han sabido distinguir entre la línea a veces fina y delgada que separa la sumisión de la lealtad. A los periodistas nos quieren sumisos para luego despreciarnos porque somos indignos ¡Malos tiempos!

La libertad amenazada
PEDRO ARIAS VEIRA La Voz 24 Diciembre 2005

MÁS QUE corromper, como diagnosticó el admirable lord Acton, el poder idiotiza y enloquece a sus portadores. En su presentida inseguridad vuelcan su afán en el control de las mentes e inteligencia del pueblo. Prohibido pensar es su lema; como la Reina de Corazones de Lewis, desean imponer el significado de las palabras, acotar el campo de lo posible y de lo concebible, sin dudar en cortar la cabeza a cualquier asomo de disidencia. En España pensábamos que la Constitución de 1978 consagraba la oficialidad de nuestra real libertad, la ganada golpe a golpe y verso a verso; la conquistada con sangre, sudor, lágrimas, miedo y permanentes errores. Al fin éramos libres, dueños de nuestras vidas, responsables de nuestro destino. Sin libertad poco más se puede ser que sombras quejumbrosas en la caverna de las identidades secuestradas por los señores de la historia.

Ejercimos la libertad para cuestionar a los santones de los saberes oficiales, a las vacas sagradas de todas las nomenclaturas, a los pedantes de turno, a los caciques de aldea, a los gobernantes arcaicos, a las cajas tontas y a todo tipo de soberbias cuyo pecado imperdonable era situarse por encima de los demás. La libertad está para arrojarla contra la incurable necedad de la naturaleza humana.

Debemos el progreso a la libertad conseguida por quienes arriesgaron por ella. Desde Sócrates hasta Kepler, de fray Luis de León al padre Mariana, de Hume a Kant, de Mises a Orwell, de Sajarov a Oriana Fallaci. Ellos y muchos otros representan las ansias de millones de personas que han luchado por la autenticidad del ser en libertad. Por la inalienable pasión de libertad nos hicimos demócratas, porque aprendimos, con Acton, que «debemos obrar bajo el impulso de la simpatía, tratando a los otros como quisiéramos que nos trataran». Por su parte, Karl Popper dice de la libertad que es la condición de posibilidad de «la responsabilidad de vivir», la argamasa de una sociedad humanizada. Conociéndonos, hemos consagrado los equilibrios de poderes como la garantía contra los abusos de la ambición. Burke mencionó el «cuarto poder», dirigiéndose a la prensa -hoy el universo mediático- como otro de los contrapesos, con el legislativo, ejecutivo y judicial, para la salvaguardia del progreso de la libertad, la democracia y, en definitiva, de la civilización. Pero en España, siempre tentada por los retrocesos, las refundaciones feudales y los privilegios particularistas, se pretende amordazar al cuarto poder, último baluarte de nuestra libertad. Nuestra clase gobernante quiere convertirse en clase dominante, con carácter perpetuo y plebiscitario. Es simplemente torpe e iletrada, vive en una nube adolescente; en pleno siglo XXI, era de las comunicaciones globales, pretende levantar una muralla de papel timbrado contra el análisis público y la libre opinión. No pasarán, el tiempo de la mansedumbre ha caducado. Que abandonen los despachos y salgan a la calle para aprender de la inteligencia del pueblo.

LO EQUIPARA A LOS ÓRGANOS DE CONTROL FRANQUISTAS
El Comité Mundial de Libertad de Prensa pide a Maragall que "desmantele" el CAC por ser un "órgano censor"
El Comité Mundial de Libertad de Prensa, que reúne a 45 grupos pro libertad de prensa de todo el mundo, ha enviado sendas cartas a Maragall y a Ernest Benach, presidente del Parlamento catalán, en las que pide que se ponga fin a un "órgano censor" como el CAC. Según adelanta El Mundo, además de lamentar que este consejo recupere prácticas franquistas, sostiene que el informe contra la COPE sólo busca "intentar censurar y silenciar las opiniones de toda una red radiofónica".
Libertad Digital 24 Diciembre 2005

Las cartas del Comité Mundial de Libertad de Prensa (WPFC, en sus siglas en inglés) llevan la firma de E. Markham Bench, director ejecutivo y han sido remitidas tanto a Pasqual Maragall como a Ernest Benach. En ellas, según publica El Mundo este sábado, el comité se muestra "consternado" por el informe del CAC contra la COPE. Dice que con este documento, en el que se acusa a la emisora de "ultrapasar los límites de la libertad de expresión", el Consejo Audiovisual Catalán utiliza "un mandato arbitrario para intentar censurar y silenciar las opiniones de toda una red radiofónica".

Se refiere al CAC como "órgano censor establecido por el Parlamento de Cataluña para detectar informaciones inveraces" y lamenta que no se recuerde en España "algo parecido desde los órganos censores franquistas". Es, sostiene el Comité, un "ente de características únicas en Europa Occidental y la Unión Europea".

Aunque no hace referencias al proyecto de Montilla para crear a nivel estatal otro Consejo similar a imagen del CAC, del contenido de las cartas del Comité Mundial de Libertad de Prensa se desprende su rechazo más absoluta a esta iniciativa gubernamental. Dice el WPFC que es "injustificable que un órgano estatal sea el árbitro del comportamiento de un medio de comunicación".

"Inaceptable impulso parlamentario a la censura"
Su existencia "se estrella de plano contra las normas democráticas y de libertad de expresión aceptadas por la Unión Europea, la Corte Europea de Derechos Humanos y la inmensa mayoría de los países democráticos del mundo", se lee en las dos cartas. Tras aclarar que el CAC "no es una entidad judicial, sino un ente político controlado por la mayoría nacionalista del Parlamento catalán" apunta que es "inaceptable" que un órgano censor "reciba el impulso y beneplácito de un parlamento democrático para echar mano de la tijera, cortar por lo sano y silenciar a un medio de comunicación".

Con los argumentos ya expuestos, el Comité pide a la Generalidad catalana y al Parlamento autonómico que tomen "las medidas oportunas para desmantelar cuanto antes el CAC, adhiriéndose a las normas internacionales de libertad de expresión y prensa". También, que desoigan las exigencias que incluía el informe del CAC contra la COPE, entre ellas la retirada de las licencias a la emisora.

El TSJC analiza la posible ilegalidad de las cuotas lingüísticas del CAC
La Sala de lo Contencioso admite a trámite un recurso de la Asociación por la Tolerancia contra la instrucción que regula el uso del catalán en el sector audiovisual
MARÍA JESÚS CAÑIZARES ABC 24 Diciembre 2005

BARCELONA. Entre las amplísimas competencias otorgadas al Consejo de lo Audiovisual Catalán (CAC) figura la potestad sancionadora en caso de incumplimiento de las cuotas lingüísticas en los medios de comunicación audiovisuales. Una potestad de la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) deberá determinar si se ajusta a la Constitución o supone un exceso de atribuciones de este órgano regulador del sector audiovisual catalán.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha admitido un recurso presentado por la Asociación por la Tolerancia contra la instrucción general del CAC sobre la presencia de la lengua y la cultura catalanas y del aranés en los medios de comunicación audiovisuales. El recurso fue presentado hace un año, pero su tramitación se ha demorado debido a un conflicto jurisdiccional que finalmente concluyó con la remisión de la demanda a la Sala de lo Contencioso, que ha trasladado el expediente al CAC para que exponga sus argumentos.

«Qué es cultura catalana»
Mediante esta instrucción, el CAC desarrolla la ley de Política Lingüística de 1998 y reproduce las obligaciones de estos medios con la normalización y fomento de la lengua y la cultura catalanas, y se establece un régimen sancionador. A juicio de los demandantes, el CAC carece de cobertura legal para imponer este tipo de sanciones y considera inconstitucional que se establezcan cuotas lingüísticas -también regula la programación musical-, excluyendo la lengua castellana. La norma establece tiempos de emisión en catalán que, en algunos casos, deben ser superiores al 50 por ciento de la programación.

«Se trata de una normativa intervencionista que incluso se atreve a determinar qué se entiende por cultura catalana. Nos parece un exceso», asegura a ABC el vicepresidente de la Asociación por la Tolerancia, José Domingo. En mayo de 2003, el TSJC dictó una sentencia en la que expresaba la ilegalidad de establecer sanciones por incumplimiento de esas cuotas lingüísticas, también en respuesta a un recurso de la Asociación por la Tolerancia.

LA REFORMA DEL ESTATUTO CATALÁN
Cavas catalanes
ANTONIO ELORZA EL PAÍS  24 Diciembre 2005

La iniciativa de someter a un boicoteo a los cavas, acompañada de la elaboración de una lista de productos catalanes y establecimientos catalanes malditos, constituye un indicador del grado de irracionalidad que están alcanzando las reacciones sociales en torno al debate del nuevo Estatuto de Cataluña. Y como casi siempre ocurre en los escenarios de conflicto, la estupidez de unos provoca una reacción similar en la acera opuesta. A la sombra de un fotomontaje que reúne con la Cibeles al inevitable torero y al Valle de los Caídos, la recomendación es en este caso: "¡No compris marques espanyoles!". "¡Que la prudencia no nos convierta en traidores!", advierten los promotores del engendro, como si ya estuviéramos en una situación de guerra larvada. Sigue una relación de productos marcados al parecer por el estigma de la españolidad, entre los cuales no faltan algunos de procedencia y capitales tan castizos como Carrefour, Président o el queso Caprice des Dieux.

El episodio no debería pasar inadvertido. A finales de los ochenta existía ciertamente en Yugoslavia un serio conflicto político entre los componentes de la federación, pero nada hacía prever, salvo en Kosovo, la caza al hombre que pronto había de desencadenarse entre los miembros de unos y otros grupos étnicos. Por fortuna faltan entre nosotros los supuestos para semejante deriva hacia la violencia. Además, las consignas de boicoteo de productos no son nuevas. Hace años que ETA lanzó la de no adquirir productos franceses, sin resultados sensibles, y prudentemente algunas marcas vascas han preferido cambiar de nombre de cara al mercado español. Son precedentes que apuntan al optimismo. Sin embargo, en este caso, atizado por algunas instituciones y medios de comunicación, el odio empieza a estar presente, y tampoco faltan reacciones que pueden hacerlo más intenso en lugar de sofocarlo. El mejor ejemplo viene dado por el expediente abierto de hecho contra la Cope desde el Consejo de lo Audiovisual dependiente de la Generalitat. Tanto en la cadena de la Iglesia como en las columnas de la prensa afín, los límites formales de una crítica democrática son con frecuencia vulnerados. Ahora bien, la respuesta nunca puede consistir en una u otra forma de censura institucional. Para eso están los tribunales. Lo más preocupante es que un Gobierno como el actual, poco amigo de la transparencia informativa y muy dado a jugar con las filtraciones y la manipulación, se embarque en esa deriva autoritaria tratando de crear un Consejo de lo Audiovisual convertido en Junta de Censura. Habría que responder desde los medios unánimemente con un "¿Chávez en España? No, gracias".

La propia experiencia catalana, en especial con la aplicación de la Ley de Política Lingüística para temas tales como la rotulación de establecimientos en catalán y la exigencia de su uso, prueba que esa interferencia del sector público en las relaciones sociales desemboca en una restricción policial de la libertad. Eso sin mencionar el santo fin de excluir al castellano de la vida pública. Desde que está el tripartito, las sanciones por incumplimiento de dicha ley suben en flecha: según Avui, que lo celebraba, sólo en los tres primeros meses de este año sanciones y multas superaron todas las de 2004. Pensemos en lo que puede suceder si la trama de disposiciones contenidas en el proyecto de Estatuto sobre la imposición del "idioma propio" se convierte en ley. Lo que había sido desde 1979 un progreso continuo y libre del catalán, en beneficio de todos, pasaría a configurar una nueva llengua de l'imperi. Algo pernicioso, y además innecesario.

La solución reside en restaurar el clima para un debate democrático, algo que en estos momentos nadie parece admitir. La espiral del odio puede así seguir creciendo, a pesar del considerable esfuerzo realizado por ministros y expertos del Gobierno para adecuar efectivamente el proyecto de Estatuto al espíritu y a la letra de la Constitución. Eso siempre que Zapatero, siempre alérgico a las ideas claras, no opte por lo que viene siendo su norma y punto de debilidad en este tema, cediendo en cuestiones esenciales con tal de que sea alcanzado un acuerdo presentable al público.

En fin, brindemos. Coincidiendo con el publicista más activo en la oposición al Estatut, no lo haré con Freixenet. Prefiero Juvé i Camps.

FUERA DE LA LEY
XAVIER PERICAY  ABC   24 Diciembre 2005

A mí siempre me ha gustado este rincón. Sí, ya sé que a veces estoy en la parte de arriba y a veces en la de abajo, que según como salgo vertical y según como horizontal, que hay días en que cambio de página, que incluso puede sucederme -los periódicos son así- que no sea yo quien firme mis artículos, sino un compañero de fatigas; pero, qué quieren, es mi rincón. Y me gusta. Por supuesto, tengo mis razones: llevo aquí más de cinco años; me tratan la mar de bien; en todo este tiempo nadie me ha indicado jamás lo que convenía o no convenía decir, y cada vez que un lector se ha acercado y hemos charlado un rato me he llevado una alegría. Durante este ya largo lustro, una sola cosa me ha causado cierta desazón y es el estar viviendo en casa vieja. No me refiero, claro, al hecho de escribir en un diario centenario, por el que han pasado plumas tan ilustres; eso, más que desazón, produce templanza de ánimo, aparte de constituir, a qué negarlo, un gran honor. No, me refiero al hecho de escribir en los papeles, de practicar el periodismo escrito. O, mejor dicho, de no practicar ni el periodismo radiofónico ni el televisivo, los únicos que parecen influir, para bien o para mal, en la inmensa mayoría de la gente.

Pero eso fue hasta hace tres días. Cuatro a lo sumo. Desde entonces me siento aliviado. ¡Qué suerte tengo de estar donde estoy! O sea, fuera de la ley. Sí, porque la nueva Ley de la Comunicación Audiovisual de Cataluña, aprobada el pasado martes por el Parlamento autonómico, no me afecta; yo soy articulista, y por muchos años. Y es que basta detenerse en el umbral de su articulado, en el segundo apartado de la «Exposición de motivos», para comprobar a qué cotas ha llegado el delirio de quienes nos gobiernan y nos representan. Traduzco: «Esta ley se fundamenta en el derecho de los ciudadanos de Cataluña a disponer de un sistema audiovisual que refleje su realidad inmediata a partir de formas expresivas vinculadas a su abanico de tradiciones, es decir, el entorno simbólico, y debe otorgar a la Generalitat, en defensa de los derechos y de los intereses de los ciudadanos, la capacidad de intervenir en la regulación de los operadores y de los contenidos». Ya ven, igual, igual que en el «Preámbulo» del proyecto de nuevo Estatuto. Los ciudadanos de Cataluña tenemos derecho a disponer de un sistema audiovisual que refleje una realidad inmediata, la nuestra, siempre y cuando esté construida a partir de un entorno simbólico, el nuestro, y ahí está mamá Generalitat, la nuestra, para garantizarlo regulando operadores y contenidos. O, lo que es lo mismo, decidiendo quién puede operar y quién no, y qué clase de producto puede ofrecer. De ahí que la ley dedique un título entero, el IX y último, a detallar -con una ambición totalizadora y totalitaria equiparable tan sólo a la del texto estatutario- la naturaleza de las infracciones posibles y de las sanciones correspondientes: desde la multa, que puede oscilar entre los 600 y los 300.000 euros, hasta el cierre temporal o definitivo de la emisora. (Sin ir más lejos, al día siguiente de la aprobación del texto la COPE tuvo ocasión de comprobar cómo las gasta el Consejo del Audiovisual de Cataluña, principal garante del nuevo orden radiotelevisivo.)

Como les decía al principio, este es mi rincón. Y que dure. Creo que no podría trabajar en un medio cuya principal razón de existir es la búsqueda de la verdad sabiendo que la verdad la va a establecer a partir de ahora un Consejo formado por diez personas, nueve de las cuales han sido elegidas por el Parlamento y la décima, el presidente, ha sido nombrada por el Gobierno. Pero, en fin, allá cada cual con su conciencia. De todas formas, no puedo por menos que admitir que sigo teniendo una cierta desazón. ¿Y si el motivo de que la prensa escrita catalana haya quedado al margen de la ley no fuera su insignificancia? ¿Y si resulta que no hace falta regularla porque, en su gran mayoría, ya refleja esa realidad inmediata formada a partir de ese abanico de tradiciones al que nuestros legisladores llaman entorno simbólico?

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