AGLI

Recortes de Prensa     Lunes 26 Diciembre 2005
Señor Presidente de la Junta de Galicia
Presidente de AGLI 26 Diciembre 2005

ETA sigue contando en la política española
Editorial Elsemanaldigital  26 Diciembre 2005

El gobierno contra la libertad
Agapito Maestre Libertad Digital 26 Diciembre 2005

La dictablanda de Zapatero
Isabel Durán Libertad Digital 26 Diciembre 2005

Rasputín y el problema catalán
José García Domínguez Libertad Digital 26 Diciembre 2005

La COPE
Serafín Fanjul Libertad Digital 26 Diciembre 2005

El iceberg socialista
Santiago Abascal elsemanaldigital 26 Diciembre 2005

Periodistas frente al CAC
Fernando González Urbaneja Estrella Digital  26 Diciembre 2005

Zapatero, no podemos gobernar por ti
Eusebio Cedena Gallardo elsemanaldigital  26 Diciembre 2005

En defensa de la Constitución
FERNANDO ÁLVAREZ DE MIRANDA Y TORRES ABC 26 Diciembre 2005

La regulación del catalán en Aragón se aplaza para no mezclarla con el Estatuto
ROBERTO PÉREZ ABC 26 Diciembre 2005

La edil del PP en Azkoitia estudia pedir el embargo de los bienes del etarra que mató a su marido
Agencia EFE Periodista Digital 26 Diciembre 2005

VIDAL-QUADRAS COMPARA A RODRÍGUEZ CON GODOY
Minuto Digital  26 Diciembre 2005

 

Señor Presidente de la Junta de Galicia
C/ Otero Pedrayo s/n
15704 Santiago de Compostela

 La Coruña, 23 de Diciembre de 2005 

Señor presidente: 

La publicación en la prensa de su declaración de que los ejercicios de las oposiciones a funcionarios de los grupos D y E estarán exclusivamente en lengua gallega es el motivo de elevar a Ud. la presente, en ejercicio del derecho de petición  conforme al art. 29 de la Constitución. 

Nuestra petición es muy sencilla: que no se introduzca en las pruebas de acceso a la función pública de la administración regional, ninguna limitación o discriminación más de las que ya existen contra los castellanohablantes.

 Esa proyectada exclusión de la lengua castellana constituye un paso más en la política vejatoria y de arrinconamiento y ahogo para la expresión en nuestra lengua de miles de gallegos. Es insólito que el presidente de un gobierno realice personalmente el anuncio de un detalle de un mero acto administrativo. Ello se explica porque no ignora Ud. su trascendencia y su valor simbólico para agradar a quienes han decidido acosar y excluir a una parte de la sociedad del ámbito de lo público, utilizando la lengua como elemento de discriminación. 

El mero anuncio, aún en el caso de que no se llevara a efecto, a cargo de la suprema autoridad de la administración regional, ya constituye un grave acto de discriminación contra los gallegos que preferimos leer y escribir en castellano, y entraña la perceptible amenaza de que, aún en el caso de opción, en los exámenes, lo que oficialmente estará “bien visto”, lo “políticamente correcto” será optar por el formulario impreso en lengua gallega. Al fin y al cabo, los ejercicios serán calificados por los detentadores del poder, que han hecho de la adscripción idiomática piedra de toque para distinguir entre los buenos y los malos gallegos.

Cabe suponer que ese gesto suyo, que parecería una gratuita e injustificada nueva ofensa a muchos gallegos, constituye parte del tributo simbólico que ha de satisfacer a sus incómodos socios.  

Debe tener en cuenta que con los derechos fundamentales no se negocia. En ese sentido la aceptación o el aplauso de los sindicatos, de lo que también informa la prensa, es indiferente. Sirve, sólo, para poner en evidencia la catadura de esos representantes sindicales, que no deberían ignorar que no pueden renunciar derechos de personas cuya representación no ostentan –y que, además, son irrenunciables-. Los derechos fundamentales están recogidos en la Constitución, y, por tanto, al abrigo de veleidades sindicales o políticas. El art. 23.2 establece el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, y esa igualdad se ve afectada por su anuncio (incluso aunque no se lleve a efecto, como queda dicho). Haría Ud. bien en tener en cuenta la valiente opinión al respecto del Catedrático de derecho político D. Roberto Blanco Valdés, por no salirnos del círculo de la información aparecida en la prensa. Porque hemos llegado a la lamentable situación en que hace falta valor a cualquier persona de cierto relieve en la vida pública para atreverse a expresar lo que es de sentido común en este tema. 

Por último, somos conscientes de que, una vez más, se hará escarnio de los gallegos que preferimos leer y escribir en castellano para dar satisfacción a la secta del totalitarismo lingüístico. No podemos hacer otra cosa que luchar con todas las armas del claudicante estado de derecho en que vivimos para restablecer la libertad del idioma y la igualdad de los gallegos con independencia de su lengua de preferencia, conforme a nuestro objeto social. Sepa Ud. que sabremos hacerlo, aunque otros no sepan detentar los cargos públicos con la imparcialidad y respeto que merecen todos los ciudadanos, como quiera que hablen, lean o escriban.

 Firmado: Presidente de AGLI

ETA sigue contando en la política española
Editorial Elsemanaldigital.com  26 Diciembre 2005

En las negociaciones cada parte trata de reforzar su posición para obtener más concesiones. Y ETA, en una hipotética negociación con Zapatero, lo único que tiene que ofrecer es su violencia.

26 de diciembre de 2005. El terrorismo ha sido un factor distorsionante de nuestra democracia. ETA y en su momento otros grupos criminales como GRAPO, FRAP o Terra Lliure condicionaron la Transición desde la dictadura. ETA se sobrevivió a sí misma, alterando la voluntad de parte de los españoles, creando miedo y sembrando destrucción. Además, en 2004, el terrorismo ligado al islamismo conmocionó la vida social y política del país.

José Luis Rodríguez Zapatero preside legal y legítimamente el Gobierno de España a raíz de las elecciones de marzo de 2004. Pero lo hace sin una mayoría suficiente, y con un programa electoral y unos aliados parlamentarios de modos en ocasiones radicales. Su promesa reiterada de que acabará con el terrorismo de ETA le ha llevado a una serie de pasos que, en lo que se conocen, son problemáticos. Pero ETA no ha dejado de existir.

Desde un año antes de la llegada de Zapatero a La Moncloa, ETA no mata; pero ha aprovechado estos dos últimos años para reorganizar sus comandos y su estructura armada, para reclutar nuevos futuros asesinos, para reactivar el terrorismo callejero y el cobro del impuesto revolucionario. ETA no matará en Cataluña ni a cargos públicos, es cierto, pero extorsiona, coacciona, pone bombas y destruye. Podría incluso haber matado y, por lo que sabemos, tiene capacidad de hacerlo en cualquier momento.

Zapatero ha vinculado su destino político al fin de ETA, a través de una negociación de límites borrosos y de dudoso destino. Pero en las negociaciones, en buena lógica, cada parte trata de reforzar su posición para obtener más concesiones del adversario. Y ETA, en una hipotética negociación con Zapatero, lo único que tiene que ofrecer es precisamente su violencia. Así que, desde el punto de vista de los terroristas, toda demostración de fuerza es una contribución a su meta política.

España vive, una vez más, en alerta ante la amenaza de ETA. Desde el franquismo nunca ha cesado esa coacción, pero en este momento preciso de nuestra historia, con un Gobierno débil y la cuestión autonómica abierta, ETA puede mostrar su rostro más peligroso. Sus crímenes dejaron de tener importancia política cuando el PP y el PSOE se pusieron de acuerdo en sacarlos del debate político, a través del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Hoy ese pacto está roto, y han vuelto algunos de los peores fantasmas de nuestro pasado. Uno de ellos es ETA.

Democracia
El gobierno contra la libertad
Agapito Maestre Libertad Digital 26 Diciembre 2005

Zapatero y su gobierno han creado una crisis sin precedentes en la democracia española. Nadie se salva de esta situación de enfrentamiento con nuestra propia identidad de ciudadanos españoles, porque ha puesto en cuestión la base que da asiento a la ciudadanía: la nación española. Que volvamos instintivamente los ojos hacia los orígenes de la democracia es, sin duda alguna, la prueba clave de que la sociedad española se encuentra en una crisis profunda. Sin embargo, los orígenes de la democracia actual, la transición española, ya no pueden ofrecernos soluciones sino, a lo sumo, algún signo, alguna indicación para atajar sólo personalmente la crisis. No es poco, desde luego, pero la situación política ha cambiado tan radicalmente entre los orígenes de nuestra democracia y hoy que sería una ingenuidad buscar una respuesta en el pasado. La brecha entre el pasado y el futuro es abismal.

¿Cuál es el principal cambio? Por un lado, uno de los actores políticos, el PSOE, se ha marginado del proceso de búsqueda y asentamiento de libertades, arrastrando en su deriva a comunistas y nacionalistas. Y, por otro lado, las centrales sindicales miran para otra parte, como si nunca hubieran estado implicadas en luchas políticas por las libertades, y la patronal guarda silencio o hace declaraciones melifluas sobre la unidad del mercado o similar. Entonces, durante la Transición, todos los actores políticos luchaban por la libertad, incluido el PSOE; ahora, por el contrario, asistimos a un recorte, cuando no a la desaparición paulatina, de libertades fundamentales. El PSOE, pues, ha roto con el espíritu de la transición democrática: la defensa de la libertad de todos y cada uno de los ciudadanos españoles. Tanto es así que la libertad empieza a ser concebida sólo y exclusivamente como un atributo de la voluntad y el pensamiento, dejando de lado que la libertad, la libertad democrática, es sobre todo una cualidad derivada del proceso político.

La libertad, en efecto, no es sólo supuesto sino también conquista, que deriva de la misma acción política. Pero el PSOE no sólo se ha excluido de ese proceso democrático de mantenimiento y promoción de la libertad democrática, de las libertades, sino que se ha caracterizado desde su llegada al Gobierno por perseguirlas. Valga citar un par de acciones de Montilla para personificar este proceso del gobierno Zapatero: en primer lugar, la legislación surgida desde su ministerio sobre horarios comerciales, que es realmente lesiva para el derecho de los ciudadanos de comprar y vender cuando les dé la real gana, sin perjudicar a terceros; y, recientemente, su propuesta de un Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales para vigilar y castigar la libertad de expresión. He ahí un par de signos más de la vileza de nuestro tiempo: la “libertad” es sólo una palabra para engatusar a incautos.

El CAE
La dictablanda de Zapatero
Isabel Durán Libertad Digital 26 Diciembre 2005

José Luis Rodríguez Zapatero no es el general Berenguer ni afortunadamente su gobierno sucede a dictadura alguna. Pero antes de que resuenen las campanadas que pongan fin a 2005, España atravesará el umbral del nuevo año convertida en una "dictablanda". Mientras la gran mayoría de los hogares se prepara para tomar las uvas, el presidente Rodríguez galopa al viento del rencor inmenso, de la vuelta al tormentoso pasado que tantos muertos, tanto dolor y tantas cicatrices dejó, de la mano de Carod Rovira, Maragall, Llamazares y Perpiñán.

Ensoberbecido, convertido en el don nadie del paisaje internacional, en el vendedor de humo de paja, en el Hugo Chávez europeo, el leonés solemne encabeza con paso firme y mano de hierro la gran revancha. Una turbulenta vuelta atrás cuyo primer paso consiste en amordazar a los millones de ciudadanos no adeptos cerrando los medios de comunicación que libremente eligen.

El ensayo general ha comenzado por Cataluña. El presunto presidente de todos los españoles hacía la ola en Afganistán como maniobra de distracción al desastre europeo, cuando el PSC gobernante junto con sus socios aprobaba en el Parlamento catalán la vuelta a la censura, a los tribunales de honor. Pero eso era lo que se conocía. El Gabinete de Rodríguez Zapatero permanecía silente y expectante ante la primera andanada lanzada a través de la Generalidad por el socialista Pascual Maragall.

El golpe de gracia lo anunciaría poco después el diario El País. En plena vorágine prenavideña, el rotativo de Polanco revelaba que el Gobierno tiene todo dispuesto para imponer la mordaza a los pocos medios y periodistas discrepantes. Un organismo gemelo del tribunal de honor catalán, el CAE (Consejo Audiovisual Estatal), está a punto de ser aprobado por el Consejo de Ministros. Con él se instaura la censura a gran escala, el control político de los medios de comunicación, el sometimiento de la prensa al poder. O lo que es lo mismo, el fin de la libertad de expresión.

Tras la "dictablanda" llegó la república y con ella la guerra y la dictadura. Ahora Rodríguez Zapatero instaura su "dictablanda" y desentierra la mitad de los cadáveres ¿Hasta dónde quiere llegar?

El liberticida Zapatero
Manuel Martín Ferrand Estrella Digital  26 Diciembre 2005

Habíamos concluido, aquí mismo, que José Luis Rodríguez Zapatero no es Oliver Cromwell. El Estado no está seguro en manos del leonés que, a juzgar por los hechos, no sabe muy bien de dónde viene y conoce peor aún el rumbo que pretende. Pero no se queda ahí la cosa. En estos últimos días, amparado en los pliegues de la Navidad, el secretario general del PSOE ha profundizado en sus intentos liberticidas y puede decirse, no sin dolor, que lo ha hecho con gran aprovechamiento. Su falta de talento para el trabajo presidencial e integrador se compensa, con abundancia, con su gran capacidad para cercenar los supuestos que, en un Estado de Derecho, garantizan la libertad del individuo.

Sin pretensión de hacer un balance completo de las aberraciones presidenciales en contra de la libertad, no podemos pasar por alto la pretensión de José Montilla, el pluriempleado ministro de Industria, de, a imitación del nada deseable Consejo Audiovisual de Cataluña —el CAC—, crear uno de ámbito nacional y parecido sesgo. Es, dicho claramente, la reinvención de la censura. Con una diferencia a favor del franquismo: en aquellos tiempos de libertad proscrita, en los que no mediaba el engaño, se guardaban las apariencias con más pulcritud. El artículo segundo de la Ley de Prensa, por ejemplo, neutralizaba el contenido liberalizador de los demás, pero la apariencia era la del Estado de Derecho. Sin legitimidad, pero con cabeza.

En donde más se le ve el plumero liberticida al ínclito Zapatero —tan sonriente, tan rencoroso— es en el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial —aprobado en el último Consejo de Ministros—, por el que se crearán la Justicia de Proximidad y los Consejos Autonómicos de Justicia. Dos patas para el banco de los despropósitos en el que se ha instalado un Gobierno que parece empeñado en destruir lo conseguido, mucho o poco, como fruto de la Transición.

Si se añaden estos nuevos proyectos al ya aprobado hace unos días sobre la función casacional del Supremo, tendremos el cuadro en el que se inscribe el fin de la seguridad jurídica cuya existencia es, en el fondo, la única prueba válida de la existencia de un verdadera democracia. La personalidad y el currículo del actual titular de Justicia, que va de Bolonia a Harvard, parecía imposibilitar tanto desmadre contra la razón democrática y el Derecho; pero se demuestra, una vez más, que no conviene fiarse de las apariencias.

Lo de la Justicia de Proximidad —¡que San Raimundo de Peñafor nos asista!—, nutrida por jueces nombrados a dedo y orientada desde supuestos meramente funcionales, es, dicho sea con la falta de sutileza que acompaña a su creación, un cachondeo. Una burda parodia de la justicia que, precisamente por su proximidad, padecerán la mayoría de los ciudadanos. Ya tendremos tiempo de ocuparnos del asunto a lo largo de su trámite parlamentario, pero suenen ya todas las alarmas del escándalo.

La de los Consejos Autonómicos, otra gran parida contra la certeza jurídica, se justifica como elemento para la descentralización de la Justicia y es, de hecho, una pieza más de la tasa que Zapatero debe satisfacer a quienes le mantienen en la Moncloa con su refuerzo parlamentario. Es algo innecesario y, por ello mismo, perverso. Es la muestra de que Zapatero, el político que ríe sin descanso y sin motivo, no descansa en su permanente intento de romper los valores en que sustentamos una Transición que, mejor que peor, nos ha servido para organizar el supuesto democrático con el que hemos llegado hasta ahora. Y aun le queda tiempo para desenterrar cadáveres y rencores.

Casa Nostra
Rasputín y el problema catalán
José García Domínguez Libertad Digital 26 Diciembre 2005

Vuelvo a Barcelona. E igual todos los viernes, escucho con atención las explicaciones de la azafata antes de que el avión huya de Barajas. Aunque nunca acertaré a adivinar cómo ese flotador que ahora simula hinchar habrá de salvarme el pellejo, caso de que la nave se desplome sobre Zaragoza, pongamos por caso. Al pasajero que se sienta a mi izquierda parece ocurrirle lo mismo; pues adivino idéntico escepticismo en su mirada durante la fracción de segundo en que se cruza con la mía. Más tarde, ya en el aire, recuerdo ese titular que ojeé hace unas horas, en La Vanguardia, el que prometía frenéticas negociaciones secretas para cerrar lo del Estatut antes de fin de año. Y como si de un reflejo condicionado se tratase, otra vez se me va la vista hacia Rubalcaba, que, ajeno a mi acecho, se mesa la barba mientras contempla absorto las nubes.

Pero como hace años que renuncié a comprender las leyes imposibles del azar, opto por abrir el libro en página marcada y proseguir con la lectura interrumpida. “¿Dónde está la solidaridad nacional? No se ha visto por parte alguna (…) Un instinto de rapacidad egoísta se ha sublevado, agarrando lo que tenía a mano, si representaba o prometía algún valor, económico o político o simplemente de ostentación y aparato”. El personaje que así me habla es Garcés, alter ego de Manuel Azaña en “La velada en Benicarló”. De tal modo, mientras mi vecino de butaca semeja abducido por la bóveda celeste, el hombre a quien Cataluña debió su autonomía durante la República confiesa, desengañado: “Barcelona quiso conquistar las Baleares y Aragón, para formar con la gloria de la conquista, como si operase sobre territorio extranjero, la Gran Cataluña (…) En el fondo, provincianismo fatuo, ignorancia, frivolidad de la mente española, sin excluir en ciertos casos doblez, codicia, deslealtad, cobarde altanería delante del Estado inerme, inconsciencia, traición”.

Y añade aquél a quien fuera leal hasta la muerte el Capitán Lozano: “La Generalidad funciona insurreccionada contra el Gobierno. Mientras dicen privadamente que las cuestiones catalanistas han pasado a segundo término, que ahora nadie piensa en exaltar el catalanismo, la Generalidad asalta servicios y secuestra funciones del Estado, encaminándose a una separación de hecho. Legisla en lo que no le compete, administra lo que no le pertenece”. Dentro de cinco minutos aterrizaremos en El Prat, acaba de prometer una voz por los altavoces; la noticia parece iluminar aún más, si cabe, ese semblante risueño que hoy luce el Rasputín de Ferraz.

Por mi parte, sigo leyendo. “Los periódicos, e incluso los hombres de la Generalidad, hablan a diario de la revolución y de ganar la guerra. Hablan de que en ella interviene Cataluña no como provincia sino como nación. Como nación neutral, observan algunos. Hablan de la guerra en Iberia. ¿Iberia? ¿Eso qué es? Un antiguo país del Cáucaso… A este paso, si ganamos, el resultado será que el Estado le deba dinero a Cataluña”. He de parar ahí: acabamos de llegar a Casa Nostra. Giro de nuevo a siniestra, pero Rubalcaba ya ha desaparecido. Debía tener mucha prisa y se ha desvanecido en ese coche que lo aguardaba a píe de pista. Sin duda, corre raudo a resolver el problema catalán. Para siempre.

Rio Cabe
La COPE
Serafín Fanjul Libertad Digital 26 Diciembre 2005

Si no existiera habría que inventarla. El problema sería encontrar un grupo de hombres santos dispuestos a arriesgar su dinero y a padecer persecución “por la justicia” de manera desinteresada y limpia. Y a conseguir los imposibles permisos, que ésa es otra (véanse los esfuerzos del ubicuo Montilla para impedir que Telemadrid tuviera un segundo canal). Lo cual parece señalar que, de no ser la Iglesia Católica el principal propietario de la muy perseguida y acosada cadena de radio COPE, ésta ya habría desaparecido, absorbida, comprada o, sencillamente, silenciada por la fuerza.

Quienes, sin ser periodistas, venimos observando con alguna cercanía y mucha atención cuanto sucede en el mundo de la información en nuestro país desde hace ya bastantes años, no podemos por menos que inquietarnos cada vez que el partido socialista ocupa el poder. Incapaces como son de respaldar la legitimidad de origen de su administración (que nadie les niega) con la de ejercicio, apenas se aúpan al machito empiezan los desmanes: en los medios judiciales, en los informativos, en los financieros, en los educativos... En cualquier lugar donde pueda despuntar la disidencia, la opinión insumisa, el mero matiz incómodo, allí acude de inmediato la harca de compadres a ahogar toda voz discrepante que intente lo imposible: sacarles los colores. Recuerdo el caso de Antena 3 Radio o la maniobra mafiosa para extirpar el diario El Independiente y su mal ejemplo en las plácidas praderas donde pastaban los felipistas felices: su pecado consistió en haber sido el único diario que se opuso a la guerra de Iraq en el 91, aquella en la que murieron doscientas mil personas (en la de ahora van por treinta mil, en su inmensa mayoría producidos los muertos por los terroristas islámicos), con González oficiando de monaguillo del Pentágono mañana, tarde y noche y durante la cual Benegas dejó bien sentado el concepto socialista sobre la soberanía nacional, tan brillantemente desarrollado luego por Rodríguez (“El gobierno no es quién para informar de lo que está sucediendo en las bases [americanas en España]”, El Independiente, 6 – 2 – 91). Unos meses más tarde el tándem Durán-Hachuel liquidaba el periódico. Después vino lo del “sindicato del crimen” y siempre la manipulación inaudita de TVE, las concesiones a Polanco saltándose la normativa del propio gobierno, etcétera. Historias de sobra conocidas que dejan claro quién manda en realidad en España.

No puede decirse que la política informativa y de fomento de los medios independientes en los ocho años de gobierno del PP se cuente entre sus mejores logros, pero en verdad carezco de información fidedigna y directa para condenar a éste o a otro dirigente pepero por meteduras de pata en semejante marjal. Sin embargo, lo que sí es bien patente, por desgracia, son los resultados: prácticamente todas las televisiones en manos socialistas o de sus secuaces y paniaguados, la mayor parte de las cadenas de radio y un sector quizá mayoritario de la prensa escrita en idéntica situación. Incluso en emisoras televisivas teóricamente tuteladas por gobiernos regionales del PP, los funambulismos de algún que otro profesional por resituarse en la equidad, el equilibrio y la equidistancia tienen más que ver con los equívocos en la equitación de listos que con la objetividad. Y sugiero darse una vuelta por el edificio de Telemadrid y ver la cartelería desplegada por todos los rincones para comprender la actitud de los trabajadores del lugar. Como le hacían a Urdaci en el Pirulí las pandas de UGT y CCOO.

Raúl del Pozo definió bien el panorama en su cínico comentario dirigido a Aznar cuando, al parecer, el PP brujuleaba en la adquisición de un diario: “Para manipular la información, no hay que comprar periódicos, hay que comprar periodistas”. Y, por cierto, todavía seguimos esperando la venganza conquense que prometió Del Pozo en el último número de El Independiente. Y van catorce años.

Y llegó el del talante. Inútil aclarar en qué quedó la famosa virtud o recordar que un servidor jamás se creyó tan delicuescente actitud del ánimo (ABC, 7 – 5 – 04). En el futuro, sin exagerar, los historiadores para estudiar la oposición informativa al partido de Polanco deberán tomar en consideración a fondo y analizar los materiales de la COPE si quieren enterarse de cuanto estamos padeciendo en este tiempo de vergüenza nacional, de entronización de la golfería: ¿dónde irá el buey que no are? ¡Deme un Montilla! ¡Marchando un CAC! ¡Bien cargadito de Endesas! ¡Y ponle Cuatro, Seis o lo que caiga! Lo que sea, con el gobierno del “lo que sea”. Los oyentes asiduos de la COPE somos conscientes del sinfín de amenazas, insultos, difamaciones, que con velocidad uniformemente acelerada van cayendo sobre la emisora rebelde a medida que marca más y más su línea crítica para tenernos informados de las arbitrariedades y abusos perpetrados por Rodríguez y compañía, de los ridículos a escala planetaria, de negar el agua a Levante, de encubrir lo del Carmelo, de no explicar (¡silencio total!) la muerte de diecisiete soldados en Afganistán, de mutilar e impedir la investigación sobre el 11-M., de inventarse la agresión a Bono, de sacar adelante leyes que nadie había pedido –excepto tres amiguetes suyos–, de imponer otras contrarias a millones de firmas y manifestantes (“Patriotismo es hacer lo que la gente quiere”, definió Rodríguez en uno de sus alardes de pensamiento político), de negociar con la ETA negándolo, de bajarse nuestros pantalones ante los separatistas catalanes, de machacar a las víctimas del terrorismo, de la cara de un empleado de la Apretujillo negándose a informar al Congreso de cuántos contratos ha propiciado su famosa Agencia de Alquileres (¿cuántos serán, madre, cuántos?). En fin, la lamentable cadena de hitos que jalonan este año y medio de pesadilla, España rumbo a la nada, para armonizarnos todos en insignificancia y mediocridad con el Sabio de la Moncloa.

Todo eso lo ha denunciado la COPE. Y muchas otras cosas. Comprenderán que con este historial es lógico que el gobierno socialista ande buscándole las vueltas, a través de sus amigos los separatistas catalanes o en directo. Para beneficiar indirectamente –aspecto nada baladí– a otras cadenas de la competencia y para silenciar una mosca cojonera tan molesta. Y cuyos oyentes, encima, asilvestrados e insumisos, van creciendo en proporciones alarmantes: esto hay que pararlo “como sea”, mediante el cierre o mediante amenazas a los obispos que, en definitiva, son gente de paz y no quieren broncas, el lodazal preferido por los socialistas, donde trincan tantos votos (“¡Dales caña, Arfonzo, dales caña!”).

Llegados a este punto, sólo nos queda preguntar ingenuamente: ¿para cuándo preparan, ya, ya mismo, los gobiernos regionales del PP sus propias leyes audiovisuales represivas para empezar a dar palos a las emisoras de obediencia socialista? La afición está esperando.

El iceberg socialista
Santiago Abascal elsemanaldigital 26 Diciembre 2005

¡Cómo han cambiado las tornas! Desde aquel asesinato en febrero que nos arrebató a Fernando Buesa. Desde que su sucesor, hoy tercera autoridad del Estado, bramara contra la gélida sensibilidad nacionalista ante aquella multitud de vascos que lloraban el cadáver de Buesa. Desde que Nicolás Redondo se abrazara a Mayor Oreja para constituir una alternativa seria al nacionalismo. Desde que su actual sucesor fuera uno de sus fieles.

¿Qué habría dicho Javier Rojo hace unos pocos años si alguien hubiese aprobado unos presupuestos en los que se daban ayudas para visitar a los terroristas que mataron a Fernando Buesa? Hoy calla.

¿Qué habrían dicho López o Ares, fieles escuderos de Redondo, si -como portavoces de la ejecutiva redondista- hubieran tenido que valorar unos presupuestos con subvenciones para pagar los viajes a quienes visiten a los asesinos etarras? Hoy apoyan unos presupuestos con la maldita partida y no condicionan su apoyo –como podía ser si les movieran los principios- a la retirada de esa partida indigna.

Pero no podemos echarnos las manos a la cabeza. Lo de que el PSE apruebe unos presupuestos infumables al PNV –que le ha aceptado un puñado de míseras enmiendas- es sólo la guinda de la punta del iceberg que nos muestra cómo han cambiado las cosas.

El resto de la punta del iceberg –la parte visible- es bien conocida. No podemos cerrar los ojos ante ese PSOE que, en coalición con el PNV y ERC, ha roto el Pacto Antiterrorista, que ha suplicado desde el Congreso de lo Diputados un alto el fuego al "ejército etarra", que ha disminuido las subvenciones a las víctimas del terrorismo, que está dispuesto a entregar esa "gran Nación" a la que, en el discurso navideño, se refería el Rey y en cuya defensa o representación han sido asesinados cientos de españoles.

No podemos, en definitiva, ponernos una venda en los ojos ante un PSOE que quiere entregar la Nación española -patraña de fundamentalistas para Zapatero- como carroña, para que la devoren los buitres sin escrúpulos –las elites ávidas de poder- que quieren gobernar a su antojo el País Vasco y Cataluña, aprovechándose del terrorismo e instaurando la censura a los medios de comunicación.
Lo de los presos y los presupuestos es grave -desde luego-, sin embargo es sólo como la gota que desborda el vaso. Las preguntas que hoy merece la pena hacerse son terrible y dramáticamente sencillas. ¿Qué parte del iceberg todavía está por ver? ¿Son los principios y los valores, o la corrupción y el interés personal o partidario, lo que hoy mueven a los dirigentes socialistas? Las verdades que podemos intuir son para echarse a temblar.

Periodistas frente al CAC
Fernando González Urbaneja Estrella Digital  26 Diciembre 2005

Con la excepción de la prensa catalana, que no sorprende, la ampliación de las competencias del Consejo Audiovisual Catalán (CAC) para que pueda entrometerse en los contenidos de los medios no ha gustado a casi nadie, incluso en el Gobierno socialista no han faltado los que han arrugado el morro y señalado “no es eso, no es eso”. Los editoriales de todos los medios nacionales editados fuera de Cataluña han sido unánimes en la condena y, simultáneamente, han despertado todos los recelos y alertas ante el proyecto de ley de Consejo del Audiovisual nacional que el Gobierno tiene preparado para enviar a la Cámara a principios de año.

La acumulación de indicios e incidentes en esta materia está a punto de devenir en caso de mayor cuantía y a unir en frente común a toda la prensa, al menos la no catalana. No es el menos relevante de todos esos incidentes el Informe del CAC sobre la COPE. La lectura de los setenta folios de la resolución es desoladora. Los hechos u opiniones sometidos a juicio dejan frío al lector más exigente. Lo relatado puede parecer a muchos exagerado, desmesurado, infundado, repudiable... pero difícilmente constituye una pieza como para incriminar a nadie. Más adelante, las explicaciones para justificar el informe-acusación brillan por su insustancialidad, parecen más excusas y pretextos que argumentos fundados y sostenibles ante una instancia seria.

Lo que se concluye de la lectura del acuerdo es que quienes lo han preparado saben poco de lo que analizan y menos aún de instruir una acusación o que, sencillamente, no hay caso. Va a resultar que este Consejo bien pagado y con muchas horas de teórica dedicación es de competencia mejorable, que ha gozado de buena prensa y mejor marketing y poco más. Con ese informe no van a ir muy lejos, lo mandarán al Gobierno del tripartito y éste podrá ir poco más allá que a un archivo del mismo.

Pretender con ese informe cancelar licencias o no renovarlas es correr el riesgo de que los tribunales anulen esas decisiones e incluso lleguen más lejos a la hora de exigir responsabilidades a administraciones poco escrupulosas a la hora de tomar decisiones administrativas.

El Gobierno de Zapatero debería analizar la situación con detalle y sacar conclusiones. Antes de mandar su proyecto de ley del Consejo Audiovisual Español conviene que repase su articulado y se ponga a la tarea de alumbrar una institución que gane reputación y prestigio con actuaciones bien fundadas y que no nazca muerta por sospecha de partidismo y parcialidad antes de empezar a actuar. Desdeñar opiniones unánimes, de El País a El Mundo, de los medios de comunicación nunca suele ser un camino recomendable para ningún Gobierno, menos aun cuando la lista de problemas desplegados sobre el tablero es abrumadora.

FGUrbaneja@wanadoo.es

Zapatero, no podemos gobernar por ti
Eusebio Cedena Gallardo elsemanaldigital  26 Diciembre 2005

Aquí lo que hace falta de verdad es un Estatuto del Político. Visto lo visto, y habida cuenta del creciente afán intervencionista del poder político actual, que quiere llenarnos la vida de códigos de conducta, leyes de control y comités de corrección política que juzguen nuestros movimientos y nos lleven por el buen camino, lo que empieza a ser imprescindible en la todavía joven democracia española es un decálogo que ponga el ojo sobre la clase política y la vigile, valore y juzgue en función de sus comportamientos. Hay corte.

Un Estatuto del Político que ponga muy clarito, negro sobre blanco, los derechos y obligaciones de la casta y el régimen sancionador aplicable en caso de vulneración, bajo mando y supervisión del correspondiente órgano de control, extrapolítico por supuesto, y una implacable tabla de principios intocables fuera de los cuales la vida política no exista. O sea, el Código de Buen Gobierno de Zapatero, pero real, no virtual, y que se cumpla. Un Estatuto firme, contundente, vinculante, que afecte a todos y con un lema de rigor: "No podemos gobernar por ti".

A Zapatero, Llamazares y Carod, tan partidarios de ponernos policía en los periódicos y vigilantes jurados en las alcobas, esta idea les encantará. O sea, que de nada, queridos: a ponerla en marcha cuanto antes. La propuesta incluye el establecimiento de un carnet profesional, de uso obligatorio, sin el cual no es posible ejercer la actividad, aunque sea vocacional. Tal carnet será retirado a los desobedientes y fijará un calendario de amonestaciones muy severo, en aras de la defensa del bien común de los ciudadanos. Por supuesto, la aplicación del Estatuto del Político no excluye la acción de la Justicia: sólo la complementa y la mejora. Los españoles lo merecemos.

Bajo esta iniciativa, la mentira, el sectarismo, el incumplimiento, el secretismo, la corrupción, el pasteleo, el uso incorrecto del dinero público, la vulneración de la legalidad y los intereses creados, entre otras lacras, quedarán fuera para siempre de la vida pública nacional, que se limpiará "como una patena".

Hay que hacerlo "como sea", porque, a la vista está, hay políticos que sobrepasan los límites que marca nuestro sistema de convivencia y hay que meterlos en vereda, igualmente "como sea". La propuesta es mía, pero reconozco su excelencia, modestia aparte: sólo contiene aspectos positivos, más o menos como la ley audiovisual de Cataluña, el estatuto profesional del periodista o ese nuevo comité informativo que nos anuncia el presidente del Gobierno, pongo por caso. Así que, señores, al tajo: Zapatero, no podemos gobernar por ti. La idea, lo comprendo, sólo tiene un frente débil: corremos el peligro de vaciar el Parlamento.

Nadie es perfecto.

En defensa de la Constitución
POR FERNANDO ÁLVAREZ DE MIRANDA Y TORRES PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EN LA LEGISLATURA CONSTITUYENTE (1977-1979), ANTONIO FONTÁN PRESIDENTE DEL SENADO EN LA MISMA LEGISLATURA ABC 26 Diciembre 2005

... La letra del nuevo Estatuto que la Generalitat de Cataluña ha presentado ante las Cortes Generales entra en contradicción con no pocos preceptos del 78, de modo que, si se aprobara por una ley orgánica con la necesaria mayoría absoluta de los diputados, implicaría una clara o subrepticia reforma de la Constitución de más que dudosa legalidad...

EL anuncio o la promesa de que se iniciaba un nuevo período histórico en España, lo que luego se llamaría la Transición, fue el principal mensaje de Don Juan Carlos el 22 de noviembre de 1975, al asumir la Jefatura del Estado a título de Rey, conforme a la legalidad vigente. Dijo que la Corona estaría al servicio de la Nación y él se comprometía a ser el Rey de todos los españoles.

Esas palabras se habían dicho cien años antes por el principal artífice de la restauración del bisabuelo del actual Rey. Después fueron repetidas por Alfonso XIII, al abdicar en favor de Don Juan en un acto casi familiar, celebrado en el hotel romano donde fallecería mes y medio más tarde. Don Juan las reiteró en diversas ocasiones, manifestando que la Corona debía servir a todos los españoles, sin distinción de ideologías, partidos o proyectos políticos.

Los primeros tiempos de Don Juan Carlos a la cabeza del Estado no serían fáciles. La Monarquía y sus gobiernos tenían que acreditar ante los políticos antiguos y nuevos, ante la ciudadanía y ante el mundo esos propósitos. Tras los cinco años de la República, los tres de la Guerra Civil y los casi cuarenta del régimen de Franco, era preciso abrir las fronteras exteriores e interiores del sistema, que volvieran los exiliados -que entonces ya no eran muchos-, que no hubiera presos políticos ni personas encausadas por esa clase de motivos. Así como que se formaran, o reconstruyeran, las agrupaciones o partidos indispensables para las elecciones y para los futuros gobiernos, y que se restablecieran plenamente las libertades personales y públicas, muy especial y casi urgentemente las de expresión y asociación.

Entre diciembre del 75 y abril del 77, todas esas condiciones estaban cumplidas. Podían celebrarse unas elecciones en las que partidos y agrupaciones presentaran candidaturas y todos los ciudadanos acudieran a votar. Ese fue el resultado del primer «consenso», el «consenso procedimental» o primer momento de la Transición. No hubo ruido de sables ni algaradas. Aquel 15 de junio sólo se oyó el lento y silencioso rumor de la caída de las papeletas en las urnas, a las que los españoles acudieron en mayor número de lo que muchos habían previsto.

Las dos fuerzas políticas que mejores resultados obtuvieron, en unas votaciones de escrutinio impecable, fueron la UCD, que agrupaba a liberales, democristianos, socialdemócratas y reformistas, que habían tenido responsabilidades en los últimos años del régimen anterior, y el renovado PSOE, que había recuperado las siglas y una mayoría de los socialistas republicanos de los años treinta.

Ambos partidos, con la aceptación de los demás parlamentarios -y apenas excepciones- acordaron que las Cortes fueran Constituyentes y elaboraran la nueva Carta Magna que la realidad de España y el futuro de la Nación, que, de hecho y de derecho había aprobado la forma monárquica de Estado, requerían para la democratización de las estructuras políticas. Ese fue el punto de partida del segundo consenso de la Transición, el «consenso constitucional».

A los dieciséis meses de su entrada en funciones las dos Cámaras de esa Legislatura Constituyente ofrecían a los españoles para su refrendo o rechazo el texto de la tan aplaudida Carta Magna, o Constitución de la Monarquía parlamentaria que promulgaría el Rey el 27 de diciembre de 1978.

La Transición estaba terminada. El Estado español entraba en la que se suele llamar velocidad de crucero. Respetando y aplaudiendo esa Constitución han gobernado la Nación la UCD, cuatro años, el PSOE trece, el PP ocho, y ahora de nuevo, desde marzo de 2004, los socialistas con el apoyo parlamentario de los republicanos catalanes y los sucesores de los comunistas.

En el referéndum del 78 votaron a favor de esa Constitución derechas e izquierdas, liberales y socialistas, nacionalistas catalanes y también no pocos vascos, y otros partidos regionalistas, monárquicos y republicanos. Con esa Constitución, tal como es, se ha gobernado España durante veintisiete años, sin más contratiempo serio que el «terrorismo», contra el que están de acuerdo todos los partidos democráticos y la totalidad moral de la ciudadanía.

Los más importantes -o trascendentes- preceptos de la Constitución del 78 se hallan en el llamado Título Preliminar, que contiene el núcleo de lo que los juristas suelen llamar parte «dogmática» del texto legal.

El primero de esos grandes principios es la unidad de la Nación española, que se constituye en Estado social y democrático de Derecho bajo la forma política de la Monarquía parlamentaria. La soberanía, se añade, reside en el pueblo español, que reconoce y garantiza la autonomía de nacionalidades y regiones que integran la Nación y algo tan esencial como la solidaridad entre todas ellas. Estos dos mandatos constitucionales obligan a los gobiernos y administraciones del Estado y de los regímenes autonómicos.

Los gobiernos y las Cortes Generales, así como los otros órganos ejecutivos y las asambleas o parlamentos de las comunidades autónomas, están comprometidos a guardar y hacer observar estos y los demás preceptos constitucionales salvo que sean cambiados o reformados por los cauces previstos en el capítulo final de la ley de leyes del 78.

La letra del nuevo Estatuto que la Generalitat de Cataluña ha presentado ante las Cortes Generales entra en contradicción con no pocos preceptos del 78, de modo que, si se aprobara por una ley orgánica con la necesaria mayoría absoluta de los diputados, implicaría una clara o subrepticia reforma de la Constitución de más que dudosa legalidad, para la que no estaría habilitado el Parlamento nacional.

Las constituciones no tienen que ser eternas ni de muy larga duración. En las democracias se enmiendan, se reforman e incluso se cambian; pero por los procedimientos legalmente establecidos.

Los dos principios capitales de ese título preliminar de la Constitución del 78, con que el texto del Parlamento catalán entraría en contradicción, según no pocos expertos y políticos y buena parte de la opinión pública, son la unidad de la Nación española, que no es divisible en partes, y la solidaridad entre las nacionalidades y regiones que la integran. Es decir, la naturaleza del Estado y la igualdad de los ciudadanos, sea cualquiera su lugar de residencia o de origen.

Sabiamente los constituyentes del 78 establecieron una salvaguardia especial para ese título preliminar y los artículos que le siguen hasta el 65 inclusive. Una reforma de esos preceptos constitucionales requiere una mayoría de dos tercios del Parlamento, su disolución y la ratificación del proyecto de reforma por las Cámaras que resultaran elegidas en una nueva convocatoria electoral.

La regulación del catalán en Aragón se aplaza para no mezclarla con el Estatuto
Desde el Ejecutivo regional se afirma que «no queremos que algo hecho desde la normalidad pueda ser utilizado» con fines partidistas «ni en Cataluña ni en Aragón»
ROBERTO PÉREZ ABC 26 Diciembre 2005

ZARAGOZA. El Gobierno aragonés PSOE-PAR que preside Marcelino Iglesias ha insistido en todo momento en que la Ley de Lenguas, que vendrá a regular el habla del catalán en esta Comunidad, se hará para regular únicamente lo que desde hace siglos es una realidad cotidiana en las comarcas limítrofes con Cataluña. Se insiste en que será una ley «absolutamente de mínimos», que «sólo reconoce derechos para los hablantes del catalán y de las modalidades lingüísticas del aragonés, pero en ningún caso obligaciones, a diferencia de las leyes catalanas».

Por eso, el Ejecutivo autónomo ha decidido posponer el envío del proyecto de Ley de Lenguas a las Cortes de Aragón. Fuentes de Presidencia confirmaron a ABC que el texto ya está listo, pero que su tramitación parlamentaria se va a aplazar conscientemente para no mezclarla con el debate del Estatuto catalán.

El Gobierno de Iglesias no quiere que algo «hecho desde la normalidad y sin ninguna otra connotación que la de reconocer una práctica lingüística determinada» acabe dando alas a otras aspiraciones. Evitar, en definitiva, que sea utilizado con usos partidistas desde Cataluña -ERC defiende que esa parte de Aragón forma parte de la «nación catalana» y extiende a ella sus tesis independentistas- ni que eso acabe abriendo brechas políticas o polémicas sociales en Aragón.

No hay fecha para remitir el proyecto de Ley de Lenguas a las Cortes de Aragón, pero dado el planteamiento existente todo apunta a que no ocurrirá hasta que el escenario político en torno al Estatuto de Cataluña se haya despejado.

No se declarará cooficial

El texto que ha preparado el Gobierno aragonés no declarará la cooficialidad del catalán en Aragón y tampoco regulará obligaciones sobre el uso de esta lengua. Se reconocerá el derecho de los ciudadanos a poder utilizar el catalán en los escritos que presenten a sus ayuntamientos, en aquellos municipios de las comarcas limítrofes en los que hay influencia de esta lengua.Sin embargo, no habrá obligación alguna a que los empleados públicos hablen catalán.

ETA-EMBARGO
La edil del PP en Azkoitia estudia pedir el embargo de los bienes del etarra que mató a su marido
Agencia EFE Periodista Digital 26 Diciembre 2005

La concejal del PP en Azkoitia, Pilar Elías, estudia la posibilidad de solicitar el embargo de los bienes de Kandido Azpiazu, el etarra que mató en 1980 a su marido, Ramón Baglietto, ya que no abonó la indemnización por el crimen y adquirió un bajo comercial en el mismo inmueble en el que ella reside/Archivo

La concejal del PP en Azkoitia, Pilar Elías, estudia la posibilidad de solicitar el embargo de los bienes de Kandido Azpiazu, el etarra que mató en 1980 a su marido, Ramón Baglietto, ya que no abonó la indemnización por el crimen y adquirió un bajo comercial en el mismo inmueble en el que ella reside.
Elías, quien señaló a EFE que el asunto está en manos de sus abogados personales, precisó que "aún" no ha emprendido acción legal alguna contra Azpiazu, aunque admitió su intención de hacerlo.

"No sé cómo lo vamos a hacer", indicó la edil popular, quien expresó su determinación de iniciar acciones legales contra Azpiazu, el cual, según Elías, pagó a tocateja el local comercial que adquirió en marzo de 2003 en los bajos del mismo edificio donde ella reside, en Azkoitia.

Azpiazu asesinó en 1980 al edil de UCD Ramón Baglietto, quien salvó la vida al etarra cuando, siendo un bebé, iba a ser atropellado por un camión mientras estaba en brazos de su madre.

El comisionado Gregorio Peces-Barba reclamó, por otro lado, el pasado 15 de diciembre la adopción de "medidas de alejamiento" de los terroristas que ya han cumplido condena con respecto a sus víctimas para evitar situaciones como las que vive Pilar Elías.

VIDAL-QUADRAS COMPARA A RODRÍGUEZ CON GODOY
Minuto Digital  26 Diciembre 2005

La situación de España llevó al vicepresidente del Parlamento Europeo a comparar ayer al presidente Rodríguez con el valido de Carlos IV, responsable, junto con su señor, de la invasión francesa de España y de la pérdida del Imperio.

Alejo Vidal-Quadras, ex presidente del PP de Cataluña, presentó ayer el libro ‘Diez horas de Estat catalá’, editado por Encuentro, y cuyo autor es el periodista Enrique de Angulo. Este testigo de los hechos ocurridos en Barcelona en octubre de 1934, narra el golpe de Estado de Lluis Companys y de los separatistas catalanes contra la Nación española, así como contra la República y la Constitución de 1931. En la rebelión, parte de la decidida por la izquierda (Indalecio Prieto, Largo Caballero, Manuel Azaña) en toda España, murió una cincuentena de personas.

En el acto, el político catalán alabó la recuperación de un título, publicado en 1934 y que se había olvidado por completo, para conocer la verdad histórica. Los nacionalistas, afirmó Vidal-Quadras, practican “la mentira histórica” y han presentado como héroes a unos individuos (Companys, Dencás, Badía, etcétera) que fueron “deleznables” y “escoria”. Esta “gentuza” llegó a gastar presupuestos dedicados a la beneficencia en prostitutas. Los cabecillas organizaron un golpe de Estado; cuando fracasó, huyeron por las alcantarillas de Barcelona; y luego negaron su implicación.

Entre los dirigentes de entonces del catalanismo y los de ahora hay una identidad. En ambos casos la catadura moral es la misma. En la Transición, subrayó Vidal-Quadras, se intentó solucionar diversos conflictos, como los existentes entre la Monarquía y la República, entre el poder civil y el poder militar y entre la aconfesionalidad y la Iglesia. En todos los casos, las partes cumplieron sus compromisos, salvo en el caso de los nacionalistas. Para resolver el conflicto centro-periferia, se cedió muchos poderes a las élites regionales (“tal vez demasiados”), con la condición de que los nacionalistas “no rompieran la baraja”. Pasados unos años, continuó Vidal-Quadras, se ha visto que “nos engañaron”.

Frente a la nueva rebelión de los separatistas, el Gobierno de España está presidido, dijo el europarlamentario del Partido Popular, por una persona que está convencida de que la mejor manera de acabar con el conflicto “es la rendición”. En opinión de Vidal-Quadras, Rodríguez es el peor gobernante español desde Manuel Godoy, el valido del rey Carlos IV, que fue responsable de la derrota de España ante Francia y la ocupación del país por Napoleón.

Por la coincidencia de ambos factores, la traición de los catalanistas y el carácter cobarde de Rodríguez, Vidal-Quadras considera la situación nacional gravísima.


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