AGLI

Recortes de Prensa     Martes 27 Diciembre 2005
No vengáis
Cristina Losada Libertad Digital 27 Diciembre 2005

Oscurantismo e improvisación
Editorial ABC 27 Diciembre 2005

El idioma como arma arrojadiza
Antonio Gázquez Periodista Digital 27 Diciembre 2005

El Estatut y el caos del PSOE
EDITORIAL Libertad Digital  27 Diciembre 2005

Libertad de opinión y poder político
JOSÉ MANUEL VILLAR URÍBARRI ABC 27 Diciembre 2005

Un clásico en Nochebuena
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 27 Diciembre 2005

El origen de esta censura
EDURNE URIARTE ABC  27 Diciembre 2005

La tentación del despotismo
José Manuel Soria Libertad Digital 27 Diciembre 2005

Idioteces liberticidas
CARMEN MARTÍNEZ CASTRO ABC 27 Diciembre 2005

Régimen de abuso
José Javaloyes Estrella Digital 27 Diciembre 2005

Las diferencias según Bono
Pablo Sebastián Estrella Digital 27 Diciembre 2005

Clero euskaldun
Cartas al Director El Correo 27 Diciembre 2005

Joaquín Leguina sigue combatiendo a Maragall tras su infarto
Elsemanaldigital.com  27 Diciembre 2005

El «insolvente» asesino de Baglietto
La Razón 27 Diciembre 2005

Touriño pacta con el BNG eliminar el castellano de los exámenes tipo test de algunas oposiciones
Libertad Digital 27 Diciembre 2005

El TSJ impone a «la totalidad» de edificios públicos vascos colocar la bandera española
F. Velasco La Razón 27 Diciembre 2005

César Antonio Molina reitera su respaldo al gallego en el exterior
Dolores Vázquez | Lugar: a coruña) La Voz 27 Diciembre 2005

Galicia
No vengáis
Cristina Losada Libertad Digital 27 Diciembre 2005

La lengua se ha convertido en elemento de discriminación, en instrumento político y en sujeto de derechos, como si los ciudadanos estuvieran al servicio del idioma y no al revés. Queridas primas: Lamento daros una mala noticia en estas fechas, pero afecta a los planes que tenían dos de vuestros hijos de regresar a Galicia y trabajar aquí. La ha anunciado el propio presidente del gobierno autonómico y, por tanto, colijo que va en serio y que irá a más. Se trata de que, a partir de ahora, en las oposiciones a funcionarios de la Xunta, las pruebas se realizarán sólo en gallego. Sé que le tenéis un gran cariño a Galicia y al gallego, y que ellos conocen los rudimentos del idioma, pero me temo que no podrán afrontar un examen en igualdad de condiciones con quienes lo tienen como primera lengua.

Imagino vuestra decepción tras las esperanzas que os habían dado los nuevos gobernantes, cuando anduvieron haciendo campaña por esas tierras, al prometer que facilitarían los procesos de retorno. Si Oscar y Daniela quisieran probar suerte en el sector privado no os diría nada, pero ingresar en la administración pública, como se proponen, entraña esta dificultad añadida. Ya resultaba discriminatoria la exigencia de conocer las lenguas regionales que han impuesto para acceder al funcionariado, pues la Constitución garantiza el derecho a hacerlo en condiciones de igualdad, pero este tipo de barreras no han dejado de crecer, y con el gobierno de socialistas y nacionalistas que tenemos, se volverán auténticos muros.

No sé si estarán dispuestos vuestros hijos a invertir tiempo y dinero en el aprendizaje del gallego oficial. A ellos y a vosotros toca valorarlo. Ahora bien, no esperéis que una autoridad superior vaya a tomar cartas en el asunto. Hasta hoy, los gobiernos autonómicos han hecho y deshecho a su gusto en política lingüística, que llaman de “normalización”, pasando olímpicamente de lo que establecen la Constitución y los Estatutos de Autonomía, y de las sentencias que han dictado los tribunales, sin que nadie los obligara a rectificar.

Así está el patio en España. Aún no es el de Monipodio, pero todo se andará. Las Comunidades con lenguas propias excluyen al español de ese concepto, como si muchos de sus habitantes no lo hablaran desde hace siglos. La lengua se ha convertido en elemento de discriminación, en instrumento político y en sujeto de derechos, como si los ciudadanos estuvieran al servicio del idioma y no al revés. Se desprecia la utilidad de disponer de una lengua común y se dificulta la movilidad de las personas. Mudarse de una región a otra conlleva en muchos casos la obligación de mudar de idioma. Y esta dinámica, que apunta a devolvernos a la inmovilidad, la cerrazón y la endogamia de las sociedades medievales, la comparten la mayoría de los partidos y quienes dicen defender los intereses de los trabajadores: la exclusión del español de las oposiciones en Galicia, la han propuesto ¡los sindicatos! Sólo unas pocas voces, como la de la Asociación Gallega por la Libertad de Idioma, se atreven a alzarse en contra. Y es que al que denuncia estos abusos lo condenan al ostracismo, colgándole el sambenito de “antigallego”, “anticatalán”, “antivasco”, etc. Ya sabéis lo que decía el doctor Johnson.

Oscurantismo e improvisación
Editorial ABC 27 Diciembre 2005

LA negociación del proyecto de Estatuto para Cataluña se ha convertido en una enmienda a la totalidad de las formas de buen Gobierno que anunció Rodríguez Zapatero cuando el PSOE accedió al poder. Su obsesión por marcar diferencias con José María Aznar le llevó a imaginar la negociación estatutaria como una exhibición continua de sus virtudes políticas de muñidor de grandes consensos y apaciguador de crispaciones territoriales, por supuesto heredadas del PP. Rodríguez Zapatero también se comprometió a hacer del Parlamento el centro de la vida política del país, y así fue como las primeras semanas de su mandato hicieron del Congreso el escenario donde se fraguó una coalición no oficial de todas las minorías con el Gobierno y frente al PP, gracias a la cual, los populares son los únicos que pueden calificarse como oposición.

El nuevo Estatuto catalán tendría que haber sido el campo de experimentación propicio para acreditar el nuevo tiempo político anunciado por Rodríguez Zapatero. Pero el balance del experimento no sólo no ha confirmado las expectativas del jefe del Ejecutivo, sino que ha puesto en duda su papel y su proyecto políticos en la actual legislatura. La negociación con el tripartito catalán y CiU está siendo un compendio de oscurantismo e improvisación. De las relaciones entre unos y otros sólo se tiene noticia a través de filtraciones interesadas y de advertencias coactivas de los socios del Gobierno, envalentonados ante la ansiedad del PSOE de aplicar también al nuevo Estatuto el método desvelado por aquella infausta indiscreción del «acuerdo como sea». A diferencia de lo que cabría esperar de un proceso de negociación entre socios, a medida que avanza el del Estatuto catalán más incierto resulta su desenlace. Por eso, cada interlocutor aprovecha la opacidad de la negociación para salir a los medios e interpretarla a su gusto y así poder situarse estratégicamente frente al resultado final, sea cual sea, bien como víctima del fracaso bien como coautor del éxito. En esta pérdida constante de autoestima como responsable de los intereses generales, el Gobierno ha procesado internamente la humillación a la que periódicamente lo somete Esquerra Republicana de Cataluña y ni siquiera desautoriza los crípticos mensajes con los que Carod-Rovira vincula el fracaso del Estatuto con futuros problemas para España, Cataluña y, en concreto, el País Vasco.

El hecho cierto es que hoy vence el plazo para la presentación de enmiendas y el PSOE no ha logrado un acuerdo global sobre los asuntos esenciales del proyecto estatutario. Realmente, nada de lo anunciado por Zapatero sobre Cataluña se ha cumplido, ni antes ni después de ser presidente del Gobierno. Por el contrario, a medida que avanza la negociación se hacen más visibles los graves errores de cálculo que cometió el jefe del Ejecutivo al rescatar in extremis un proyecto condenado al archivo en el propio Parlamento catalán. Desde entonces, el Gobierno ha sido destinatario de amenazas de ruptura e inestabilidad por parte de socios e interlocutores en la misma medida en que ha desvelado una preocupante carencia de cohesión interna sobre capítulos esenciales del proyecto estatutario, como es el caso de la financiación. Así es como las supuestas contraofertas al tripartito catalán y a CiU no son enmiendas a la propuesta del Parlamento catalán, sino todo un proyecto de Estatuto alternativo con el que el Gobierno certificaría la inviabilidad del que ahora se tramita en el Congreso, pero se discute fuera, en sedes de partidos y salones de hoteles. Por otra parte, algunas de las críticas más severas contra este proyecto provienen sistemáticamente del propio PSOE, en el que afloran las contradicciones que provoca en un partido de izquierda y socialista el apoyo a una propuesta política basada en la separación de intereses entre Cataluña y España y en la sustitución del principio de solidaridad constitucional por la recuperación de privilegios económicos e institucionales premodernos con connotaciones del Antiguo Régimen. La tendencia de los acontecimientos empieza a hacer creíble la posibilidad de que sea el temor a que el PP capitalice el fracaso del Estatuto catalán el argumento agónico de autoridad que utilice el Gobierno para que se produzca el acuerdo «como sea». El Ejecutivo no ha marcado líneas rojas, no transmite firmeza ni convence como depositario de intereses nacionales innegociables. La Constitución no moviliza su discurso, ni siquiera se reserva como posible el gesto de dignidad de rechazar el proyecto de Estatuto si no cabe un acuerdo aceptable en términos constitucionales y nacionales.

El idioma como arma arrojadiza
Antonio Gázquez Periodista Digital 27 Diciembre 2005

La diversidad, la heterogeneidad y el multiculturalismo es fuente de cultura y de desarrollo de una sociedad progresista. Por el contrario, el fundamentalismo, la pureza, sea cual sea su categoría, o el localismo como esencia de la salvaguarda de una cultural determinada es signo de tosquedad.

Desde el comienzo de la democracia, se ha originado una tendencia a valorizar todo aquello que teníamos cercano, así como lo que representaba un código diferenciador de un determinado pueblo, región o sociedad, hecho que por otro lado, creo que es enriquecedor. Esta tendencia no ha surgido por casualidad, creo que ha existido dos factores esenciales: uno, al agobiante sistema de falta de libertades al que estábamos sometidos durante los años de la dictadura, y que no dejaba expresarse la diversidad que España contiene en sus pueblos y en sus habitantes. Y dos, la reacción que se ha producido a nivel mundial por la defensa de las particularidades de los pueblos, como rechazo a la globalización.

Toda esta defensa y todos estos aires de proclamación de lo particular en contra de lo global como factor homogeneizador, ha provocado una corriente, que tiene los mismos defectos de intolerancia que lo contrario. Si antes no se toleraba lo particular, lo diferenciador ni lo autónomo de un pueblo; ahora sucede lo mismo. Aquellos que defienden lo propio como valor cardinal y rechazan lo demás, están cayendo en el mismo fundamentalismo que los que defienden la homogeneidad por encima de todo.

Así, hoy se está originando el pensamiento de que los que defienden un nacionalismo español son tachados de retrógrados y fachas, mientras que los que defienden el nacionalismo de una determinada autonomía se les considera progresistas y defensores de la libertad.

En este medio político, en que se desenvuelve nuestra democracia se utilizan cualquier arma para defender los localismos. Desde los años ochenta se desencadenó la defensa de los idiomas de diversas regiones de España como emblema de esa región. Apareciendo muchas veces anexionismo territoriales en base al idioma; ejemplos como los de Navarra por parte de los políticos del País vasco; o la defensa de un solo idioma menoscabando otros similares o diferentes, como sucede con la polémica entre el catalán y el valenciano.

Pero últimamente está sucediendo algo que intuyo es aún mas retrógrado. Se intenta eliminar la co-oficialidad del español y el idioma de la autonomía correspondiente, como está sucediendo en Galicia. En esa autonomía el nuevo gobierno socialista y nacionalista ha eliminado el español de los test de oposiciones a puestos de la Junta de Galicia. Hecho similares suceden en la Universidad catalana o en el País vasco. Defender lo propio y rechazar lo que por historia y por coherencia intelectual debe ser una diversidad no es más que un signo de papanatismo ideológico. Y convertir al idioma como arma arrojadiza es símbolo de la incapacidad intelectual de los que nos gobiernan. Posiblemente es lo único que les permite su nivel de incompetencia.

El Estatut y el caos del PSOE
EDITORIAL Libertad Digital  27 Diciembre 2005

El nivel de degradación y descomposición interna al que está sometiendo el Estatuto soberanista catalán al Gobierno y al partido de Zapatero parece no tener límite. Que el presidente del Gobierno haya desautorizado este lunes a su vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, con una nueva propuesta de financiación más acorde con los deseos de los separatistas, ya sería de por sí suficientemente bochornoso sino fuera porque, este mismo lunes, un destacado diputado del PSOE como Joaquín Leguina ha descalificando de raíz el Estatuto por “no democrático”. Como guinda, el ministro de Defensa ha arremetido, desde Kosovo, contra los nacionalistas y contra “todos aquellos que se levantan teniendo como ideología ver al vecino como extranjero”; lo cual está también muy bien, si no fuera porque el principal socio del gobierno de Zapatero –y de Bono– es una formación separatista cuyos dirigentes consideran extranjeros a los españoles y a la bandera de España como la “bandera del enemigo”.

Visto el panorama interno del PSOE y de su Gobierno, más que alabarlo, los socialistas deberían empezar por aplicarse ellos mismos el consejo del Rey sobre la necesidad de superar tensiones y alcanzar amplios consensos. Porque para tensión, falta de consenso o “crispación”, los que se están poniendo en evidencia entre las propias filas del PSOE y de su gobierno. El grado de confusión, la rapidez con la que se filtran, se modifican o se retiran las propuestas del Gobierno, es todo un anticipo del lamentable espectáculo que nos queda por presenciar.

Por mucho que el presidente del Parlamento catalán, el separatista Ernest Benach, asegure que, antes de que acabe el año, habrá un “preacuerdo” o un “acuerdo genérico” sobre el Estatuto entre el PSOE y los partidos nacionalistas catalanes, lo que es un hecho es que, a cuatro días de que acabe el año, en el PSOE son legión los que, como Leguina, consideran que hacer constitucional el estatut es “misión tan imposible” como “convertir el agua en vino”. Milagros no habrá, pero espectáculo hay para rato. De hecho, no ha hecho más que comenzar.

Libertad de opinión y poder político
POR JOSÉ MANUEL VILLAR URÍBARRI ABOGADO DEL ESTADO EXCEDENTE. DOCTOR EN DERECHO ABC 27 Diciembre 2005

... En este contexto, la ley catalana y el anteproyecto de Ley estatal, si llega a convertirse en ley, suponen una quiebra de la tradición legislativa democrática en España, consolidada desde la instauración de nuestro sistema de libertades, y un claro e injustificado recorte de éstas...

EN el actual momento, cobra especial importancia el marco constitucional que regula la garantía de las libertades de expresión, opinión y comunicación.

Desde que se promulgó la Constitución de 27 de diciembre de 1978 hasta ahora, ninguna ley estatal o autonómica había pretendido residenciar el control del ejercicio de la libertad de expresión y el de sus límites constitucionales en órganos distintos de los insertos en el Poder Judicial.

Ello ha sido así porque, con arreglo al artículo 53.2 de la Constitución, es a los tribunales a los que corresponde determinar si esos límites se han excedido o no, lo que guarda estrecha conexión con la circunstancia de que, con arreglo al artículo 20.2 de la Constitución, la censura está proscrita en nuestro ordenamiento constitucional y ningún órgano creado en la estructura del Estado distinto de los órganos judiciales tiene capacidad para fiscalizar la adecuación al ordenamiento jurídico de la información que, en ejercicio de su libertad, generan los medios de comunicación. Ni ello ocurre así respecto de la prensa escrita ni debe suceder en el ámbito de la radio y de la televisión.

El constituyente huyó de atribuir a órganos políticos (emanados del Gobierno o, en su caso, del Gobierno y del Parlamento) el control del legítimo ejercicio de las libertades constitucionales y, especialmente, el de la libertad de expresión.

Se estuvo en línea con la doctrina más abierta y generosa en cuanto al entendimiento de la libertad de expresión. Ya John Stuart Mill en «On liberty» (1859) expresó que «un gobierno que sostenga la posibilidad de reprimir opiniones contrarias a las sustentadas por él mismo postula su propia infalibilidad». En esta misma línea, expresó que «el juicio verdadero pero sustraído al debate degenera fácilmente en el dogma, en el prejuicio».

Ello implica que ningún gobierno ni ningún órgano administrativo, especialmente ningún órgano político que estará atravesado, necesariamente, de un alto grado de voluntarismo, pueda convertirse en garante de la verdad y represor de la mentira.

Sin embargo, en el nuevo panorama legislativo que pretende regular estas garantías, con objeto de evitar que sea el propio Gobierno, directamente y sustrayendo sus competencias propias a los tribunales (por el descrédito que ello le supondría) el que supervise y sancione a los medios de comunicación, se quiere interpolar a un órgano de composición política, controlado de uno u otro modo por aquél, para que lo haga, atribuyéndole la etiqueta de «independiente». La pretendida independencia del órgano se hace pivotar bien en la circunstancia de que a sus miembros no sólo los designa el propio Ejecutivo, sino también el Parlamento, como ocurre con la nueva ley catalana que regula el Consejo Audiovisual de Cataluña o bien en la de que, a pesar de designarse y removerse exclusivamente por el Gobierno, éste informa de ello al Congreso de los Diputados, como se prevé en el anteproyecto de ley del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales. En ambos casos, será la mayoría política que sustenta al Gobierno la que determine quiénes componen el órgano al que se le pretende atribuir capacidad para garantizar la libertad de expresión y el respeto a sus límites constitucionales (especialmente, el respeto a los derechos del honor, la intimidad y la propia imagen).

Siendo así, tanto la reciente ley aprobada por el Parlamento de Cataluña que regula el Consejo Audiovisual de Cataluña como el anteproyecto de ley que se está fraguando para regular del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales parten de que un órgano político tiene capacidad para supervisar el contenido de lo emitido por los medios audiovisuales y su sujeción a los valores constitucionales.

La circunstancia de que tanto el órgano catalán como el estatal existan y tengan las competencias que se han atribuido ya al primero o que se pretende conferir al segundo representa un mensaje claro a los medios de comunicación: deben adecuar sus emisiones y deben ser dóciles a los criterios sustentados por los referidos órganos. Además, el hecho de que estos órganos emitan informes «ad ominem» radicalmente críticos con una determinada emisora radiofónica cuya línea editorial molesta al poder político (como acaba de ocurrir con el Consejo Audiovisual de Cataluña), aunque luego lo propuesto en los informes no vaya seguido de una concreta sanción (por la pretendida magnanimidad, transigencia y generosidad de quien, en el seno del Ejecutivo autonómico, se considera con capacidad para sancionarla), constituye un límite al proceso de generación misma de la libertad de expresión y de opinión.

Es más, el anteproyecto de ley del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales determina que éste se habrá de erigir en garante de la «ética» y de «la veracidad de la información suministrada por los complejos y poderosos grupos de comunicación actuales», olvidando que la garantía constitucional del pluralismo informativo se ejerce por los particulares frente al poder político, que, en materia de medios audiovisuales, tiene una gran capacidad de intervención a través de sus potestades normativa y de ejecución, sin que pueda ser ese mismo poder el encargado de poner coto a sus posibles excesos y abusos.

En este contexto, la ley catalana y el anteproyecto de ley estatal, si llega a convertirse en ley, suponen una quiebra de la tradición legislativa democrática en España, consolidada desde la instauración de nuestro sistema de libertades, y un claro e injustificado recorte de éstas.

Constitucionalmente, es, como se ha dicho, a los tribunales a los que corresponde determinar si los límites de las libertades, consagradas en el artículo 20 de la Constitución, se han excedido o no. Si se interpolan otros órganos, se está enrareciendo el panorama y, bajo la premisa de que cualquier órgano designado por el Gobierno democráticamente elegido o por el Parlamento, representante de los ciudadanos, lo puede todo, se merman valores constitucionales, derivados de un esquema que ha permitido el ejercicio y el desarrollo de la libertades, dejando el contenido de éstas al albur de una determinada coyuntura política.

Introducir modulaciones al marco constitucional, que requirió un amplio grado de consenso y unas mayorías muy cualificadas para su aprobación, a través de leyes ordinarias autonómicas o estatales, representa una regresión en el sistema de libertades.

El Tribunal Constitucional, en muy diversas sentencias que han abordado la proyección del derecho a la libertad de comunicación, ha expresado que «es un derecho de libertad frente al poder». La libertad de expresión ampara a todos, incluidos los representantes del poder político, pero éstos deben saberse, en todo caso, titulares pasivos de la libertad de opinión del conjunto de la sociedad. En nuestro sistema, la crítica política se estructura a través de medios de comunicación libres y quienes ejercitan responsabilidades públicas no pueden contestar a dicha crítica con admoniciones, con advertencias de no renovación de concesiones vigentes que facultan para la prestación del servicio de radiodifusión o de televisión o, eventualmente, con la imposición de sanciones o la promoción de modificaciones legislativas que permitan imponerlas.

Ello es así porque «sólo puede acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial» (artículo 20.5 de la Constitución) y la concordancia de esta previsión con la proscripción constitucional de la censura previa (artículo 20.2 del propio texto constitucional) lleva, necesariamente, a impedir que órganos emanados del poder político cercenen el marco de una de las libertades constitucionales más básicas y precisas para el Estado de Derecho y para permitir, en cada momento, la alternancia democrática en el poder.

Si el poder político que nace de una determinada coyuntura se erige en garante de la verdad y limita la capacidad de expresión de los medios de comunicación, lo hace con vocación de perpetuarse y de evitar las disidencias y ese es un camino regresivo en cuanto al desarrollo de las libertades constitucionales.

Un clásico en Nochebuena
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 27 Diciembre 2005

El discurso del Rey en Nochebuena es ya un clásico de las navidades, como el mercado de Santo Tomás, si me perdonan la tentación localista, la lotería, la cena de Nochebuena, la bendición 'urbi et orbi', las uvas y el concierto de año nuevo en la Uno. También va siendo tradición que la televisión pública vasca sea la única televisión de España, dicho sea con perdón, que pasa de retransmitir el mensaje del Rey, lo cual no obsta para que las reacciones políticas a la alocución real constituyan tradicionalmente la noticia de apertura del telediario al día siguiente.

Las televisiones gallega y catalana sí difundieron las palabras del Rey. Es verdad que Galicia no llegó a tener su Estatuto durante la República; se quedó en anteproyecto. Pero después del impresionante borrador presentado por el BNG nadie podrá discutir en adelante legitimidad histórica a la autonomía gallega, que asoma la patita en la cuarta línea del Preámbulo: «La llegada de los suevos consolidó el marco político de un Reino de Galicia que, mediado el siglo VI, ya se encontraba constituido». Los catalanes lo tuvieron en 1932, los vascos en el 36, pero a los gallegos, el estatuto y el soberanismo les salen de los mismísimos suevos.

El jefe del Estado hizo un discurso de rey profesional, con un razonable llamamiento a la moderación, a la concordia y al consenso para abordar las reformas estatutarias que están en camino. Su mensaje ha sido recibido con división de opiniones por los socios pequeños del Gobierno y la muy notable opinión de Llamazares, que echaba en falta un impulso del Rey al «proceso de paz», sintagma con que el lenguaje políticamente correcto se refiere de manera angélica a la negociación con ETA y sin reparar en que el papel político del monarca está exactamente donde estuvo en el discurso de Nochebuena. La Constitución no autoriza a más.

Tampoco a menos. Nadie en su sano juicio puede concebir que un organismo político creado por el Parlamento de Cataluña y con un presidente impuesto por la Generalitat, aspire a definir el concepto de verdad en el periodismo y reclame para sí facultades sancionadoras que sólo corresponden a la Justicia. El Comité Audiovisual de Catalunya, que el ministro de Industria quiere llevar a toda España, resucita un lenguaje incompatible con el Estado de derecho, con el artículo 20 de la Constitución, con el veto constitucional a los tribunales de honor y con el sentido común. Si un periodista incurre en delito de injurias o calumnias, traten de ello los tribunales ordinarios. No se sabe que la Generalitat, tan celosa con su CAC, haya tomado medida alguna después de que en el diario 'Avui', participado por ella en un 20%, se amenazase de muerte a la Plataforma de los Ciudadanos de Cataluña. Por ejemplo. Y de esto hace ya cinco meses.

El origen de esta censura
Por EDURNE URIARTE ABC  27 Diciembre 2005

El origen de la Ley Audiovisual catalana o de ese futuro Consejo Audiovisual Estatal se vislumbraba en las críticas de la izquierda a los medios durante los gobiernos del PP. No les preocupaba la objetividad y la veracidad sino lo que consideraban el domino de la derecha. Como los medios privados estaban igual de repartidos entre izquierda y derecha que ahora, lo del dominio venía, en primer lugar, del ingrediente de RTVE. Los socialistas estaban obsesionados con RTVE, pero apenas adornaban esa obsesión con discursos sobre la objetividad. Y cuando se hicieron con ella, establecieron la manipulación de izquierdas sin el más mínimo rubor. Porque pensaban que era mucho más justo, ético y cercano a la verdad que la información estuviera regulada por la izquierda. No se trataba de mejorar la calidad de la información sino de controlarla según los principios ideológicos adecuados. Ése era el segundo y principal ingrediente de su escándalo por el «domino de la derecha» y también lo que explica la implicación socialista en esos nuevos órganos de control de los medios.

Y si la primera realización se produce en Cataluña es porque allí confluyen con los nacionalistas en la misma pretensión de legitimidad superior para establecer la verdad, aunque los orígenes de las creencias de unos y otros sean diferentes. Unos cifran la bondad de la Ley Audiovisual en lo mismo que el nuevo Estatuto, en lo que le conviene a la nación catalana, y los otros en su ya conocida idea de la vinculación entre ética e izquierda.

Si al menos hubiera debate en torno a la independencia, la objetividad o la verdad en los medios de comunicación, quizá podríamos salvar la intención. Pero ni siquiera hay adornos, como en RTVE. Se trata de simple confrontación de la verdad de la nación y de la izquierda frente a las pretensiones de verdad de la derecha. Es el motor de la ley catalana y la inspiración de ese Consejo Estatal ideado por el Gobierno Y demuestra que hasta los periodistas menos escrupulosos y respetables tienen razón cuando alertan de los peligros para la libertad de los controles de los gobiernos.

También para los que siempre hemos observado con escepticismo las loas que se dedican los periodistas a sí mismos y a sus virtudes. Jean François Revel escribía en «El conocimiento inútil» que hay tan pocos medios que trabajan sobre un respeto escrupuloso de la información como países que respetan la democracia o que la prensa está siempre alerta sobre los errores de lo políticos pero no le gusta nada que le tomen nota de los suyos y menos aún reconocerlos. Pero como sabe cualquier liberal como Revel, pero no cualquier socialista o nacionalista, la falta de principios éticos de los periodistas es bastante menos peligrosa para la democracia que la de los políticos. Porque los periodistas no pueden convertir en leyes sus peores tentaciones. Y los políticos, sí; en Cataluña, por ejemplo.

Ley mordaza
La tentación del despotismo
José Manuel Soria Libertad Digital 27 Diciembre 2005

La creación de una Policía de Prensa en Cataluña y su inmediata emulación por el Gobierno de España indican que suprimir libertades se ha convertido en un objetivo concreto y prioritario compartido por el presidente y sus aliados nacionalistas. Ya no se trata de un "mito" sembrado por la Oposición, como sostiene la propaganda oficial. Tras la denuncia del Comité Mundial de Libertad de Prensa contra la naturaleza censora del Comité Audiovisual de Cataluña, España vuelve a estar bajo el foco global por la situación excepcional de la libertad personal en nuestro país. Treinta años después de la muerte del dictador Franco, pensábamos que no volvería a vinculársenos al club infame de los estados censores.

Nos habíamos hecho a la idea de que en España se puede pensar, informar y opinar libremente, sin más límite que el derecho a la dignidad, la intimidad y la reputación personal, regulado por la Constitución y las leyes, y arbitrado por los Tribunales de Justicia. Sin embargo, la obsesiva campaña del Gobierno y sus socios contra la COPE y El Mundo, confirma el error histórico de dar por sentada la libertad personal cuando gobierna cierta tradición de la izquierda española, que hoy encarna José Luis Rodríguez Zapatero y se caracteriza por su instinto de exclusión, su aversión al conocimiento y su caudillismo revolucionario. Galdós se espanta de esta españolísima tradición anti-liberal, al contemplar, a través de los ojos de Gabriel Araceli, el motín contra Godoy: "Entre nosotros es muy común el intento de arreglar las más difíciles cuestiones mandando vivir o morir a quien se nos antoja". Y en una Tercera de ABC publicada en 1984 y oportunamente rescatada con ocasión de su reciente óbito, Julián Marías advierte sobre este riesgo de involución de la libertad, siempre tentador para los caudillos de todos los partidos y colores políticos que en España han sido. Lo refiere a la experiencia de los dos primeros años del mandato de Felipe González, pero leído veinte años después, bajo el imperio de otro gobernante socialista, su tesis no pierde un ápice de frescura y actualidad.

Hoy vemos que la iniciativa de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de pedir amparo a los organismos internacionales sobre la situación de la libertad en España no es ninguna extravagancia.

El Comité Mundial de Libertad de Prensa, que reúne a 45 grupos defensores de la libertad de información de todo el mundo, ha tomado cartas ante los plenos poderes que el Parlamento de Cataluña otorga al Consejo Audiovisual para decidir qué es verdad, y qué no, en los contenidos de los medios de comunicación. Constituía una grave anomalía democrática que ministros del Gobierno acosen a una cadena de radio que critica sus políticas, descalifiquen públicamente a sus periodistas y viajen incluso a la Santa Sede para pedir que imponga un cambio de línea informativa a sus profesionales. Ya fue un síntoma preocupante que el Congreso de los Diputados diera cobijo a quienes han acosado la sede de esa cadena de radio e insultado a los casi 700.000 españoles que se han adherido a la iniciativa del eurodiputado Luis Herrero para pedir que el Parlamento Europeo se interese por la campaña gubernamental contra un medio de comunicación, un hecho insólito en la Unión Europea y en el mundo libre, según ha señalado el Comité Mundial de Libertad de Prensa. Pero si todo ello era anómalo y preocupante, la nueva Ley del Consejo Audiovisual de Cataluña y el proyecto que le da réplica en el Gobierno de la Nación, suponen la formalización legal de la censura y la rehabilitación de los métodos de la Policía de Prensa instituida por el régimen franquista. Así, sin ambages, llamando a las cosas por su nombre, lo ha recordado el Comité Mundial de Libertad de Prensa en una dura declaración, que abochorna a los españoles que queremos vivir en democracia. En un Estado de libertades individuales, son los tribunales de justicia, y no los Gobiernos y sus agencias, lo que interpretan los limites de la libertad de prensa. Son los jueces, y no empleados del gobierno de turno, quienes deciden si una información ha rebasado el límite marcado, en nuestro ordenamiento jurídico, por el derecho al honor y la intimidad de una persona.

El retroceso de la libertad religiosa y educativa, las nuevas brigadas del amanecer contra medios de comunicación, el acoso a la familia, la purga de las víctimas del terrorismo mientras se negocia con los verdugos, la derogación de la igualdad de oportunidades de todos los españoles y su arbitrario reemplazo por los privilegios nacionalistas, son manifestaciones de un nítido programa contra la libertad que hoy se aplica en nuestro país. Una tentación acendrada en nuestra historia lo guía. La misma tentación que ha empujado a los cabecillas de las asonadas populistas y mesiánicas de nuestros dos últimos siglos: adueñarse del Estado, destruir al que discrepa y prohibir la razón. La tentación del despotismo, una tragedia que creíamos superada y que hoy vuelve a amenazar nuestro país.

José Manuel Soria es presidente del Partido Popular de Canarias.

Idioteces liberticidas
Por CARMEN MARTÍNEZ CASTRO ABC 27 Diciembre 2005

NOS avisan los cronistas que lo de «bobo solemne» fue algo más que un calentón de boca de Rajoy y que el Partido Popular está dispuesto a cuestionar seriamente la capacitación profesional de José Luis Rodríguez Zapatero para ejercer la presidencia del Gobierno de España . Sin duda asisten a los estrategas de Génova argumentos suficientes para dudar de los méritos intelectuales del presidente y de buena parte de su gabinete. Tienen material de sobra para esa campaña. El discurso del presidente no se caracteriza ni por su profundidad conceptual, ni por su enjundia expositiva ni por su solidez teórica, aunque no es mucho peor que el de la mayoría de políticos de su generación, incluidos algunos portavoces del PP. Lo llamativo en el caso de Zapatero no es la mediocridad sino la ostentación que hace de ella; la renuncia deliberada y explícita al menor atisbo de rigor. Lo insólito es que pretenda convertir la demagogia más cutre en un mérito político. Pero eso no es lo peor.

Este Gobierno de Rodríguez Zapatero se conduce de manera soberbia y doctrinaria; parece empeñado en recortar la saludable pluralidad de nuestra sociedad hasta dejarla convertida en un bonsái progre y sin humos, pero eso tampoco es lo peor. Se trata de un esfuerzo baldío y destinado al fracaso como tantos otros. Durante esos casi dos años de legislatura se ha mostrado como un ejecutivo mediocre, novato e imprudente, pero incluso eso se puede arreglar. El presidente tiene la potestad de mandar al olvido a la mitad de su gabinete, empezando por Montilla, y rodearse de cabezas más brillantes y mejor organizadas que las que ahora le acompañan. Él sería el principal beneficiario.

Lo peor de este Gobierno no es la insolvencia, ni el ánimo revanchista ni sus socios tan poco recomendables. Lo más alarmante y paradójico es que esta generación de gobernantes, la primera criada en democracia, muestre tan poco respeto por la libertad y una querencia tan peligrosa hacia prácticas totalitarias. Su última ocurrencia es ese Consejo Audiovisual que se acaban de sacar de la manga para escribir un nuevo capítulo en la viejísima historia de la censura. A caballo entre Orwell y Kafka, la mayoría gubernamental pretende decretar, no las leyes, sino la propia veracidad, y castigar a quienes no se atengan a ella. A nadie que hubiera luchado por las libertades contra el franquismo se le hubiera pasado por la cabeza semejante despropósito.¡Paradojas de esta segunda transición! Si no queda nadie con sentido común y unos elementales rudimentos democráticos para retirar el texto por escrúpulos políticos, que al menos lo haga por vergüenza antes de que les afeen la conducta en Europa. Estamos ante algo más que una bobada; esta es la ocurrencia de un peligroso liberticida.

Régimen de abuso
José Javaloyes Estrella Digital 27 Diciembre 2005

Convierten la Ley en arma arrojadiza; el Derecho, en ficción al servicio del último propósito. La desviación totalitaria afecta al entero sistema normativo, desde la Ley Fundamental a las disposiciones reglamentarias. Alcanza la perversión a los contenidos dispositivos y a los principios; a las propias ideas básicas por las que se orientan y construyen la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. La idea de Nación, ya se sabe dónde ha sido puesta; el principio de igualdad entre los españoles, repartido como despojos entre la avaricia nacionalista; la división de poderes, reducida está a un chusco enunciado de franquismo inverso (en términos de fines y propósitos), con unicidad de poder en la Sociedad, el Estado y el mercado: por vía de la acumulación de funciones ejecutivas en los partidos gobernantes, conforme los términos del pacto parlamentario.

La responsabilidad política de todo se ha trasladado desde el Gobierno que instrumenta el abuso y la desviación globales, al llamado partido Socialista Obrero Español. Sometido éste a la tensión de elegir entre hacer aquello en lo que dice reconocerse e identificarse, continuando su instalación en el consenso constitucional del 78, o seguir en el sobrevenido y actual statu quo. Una situación que se define en una titularidad sobre la Moncloa tan teórica como su gobierno en la Generalidad de Cataluña. Obviamente digo lo de “teórica” porque el poder último es el del nacionalseparatismo de Izquierda Republicana de Cataluña, que más de 70 años después palanquea contra los fundamentos nacionales de la democracia monárquica como lo hizo entonces contra la democracia republicana. Y entonces como ahora – es lo más alarmante –, asociada con el PSOE. Pero ahora concurre un factor que entonces no operaba: la interacción del separatismo catalán con el entero espectro del soberanismo vasco, desde la delicuescencia democrática del PNV a los conciertos y pactos del Club de Perpiñán.

De todo esto se infieren las condiciones para la enorme perturbación que padece el Estado de Derecho, como infraestructura jurídica de la democracia española, y la afloración sistémica de prácticas de poder que sólo merecen el nombre de abusos. Si al hecho de que todo nacionalismo lleva en su almario la almendra de un fascismo, se suma el germen de esquizofrenia alojado en el espíritu y la memoria del socialismo español, con Besteiro, Prieto y Largo Caballero como referentes y contrapuestos paradigmas, cabe advertir las estremecedoras potencialidades que anida en ese cóctel sobre el que gira el actual régimen de poder. El abuso de poder que se padece, se respira y se teme es algo más que la expresión civil de la violencia política.

Si el famoso CAC (Consejo Audiovisual de Cataluña) es atentado autonómico contra la libertad de expresión que la Moncloa pretende ampliar a todo el ámbito nacional (¿para cuándo un pronunciamiento formal, un manifiesto de los editores?), la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la Justicia de Proximidad y los Consejos Autonómicos de Justicia, es atentado contra el principio constitucional de división de poderes (al atribuirse el Ejecutivo, para tal policía política, competencias que corresponden al poder Judicial), lo mismo que son atentados contra los principios de libertad de mercado y de seguridad jurídica, la manipulación de los organismos reguladores como la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (por ahora), o el ejercicio puntual y “ex ante” de la facultad normativa para modificar por decreto el “blindaje” de sociedades anónimas, como es el caso de Endesa, ante operaciones de hostilidad como la desencadenada por “La Caixa”, a impulsos del soberanismo catalanista, por medio de Gas Natural.

Esto que cursa no es arbitrariedad genérica ni tampoco torpeza, por atolondramiento o incompetencia gestora de este Gobierno, sino abuso específico de la capacidad de iniciativa que le corresponde. Y lo mismo que hizo mangas y capirotes de la Ley de Partidos para allanar el camino a la interlocución con Eta, hace lo propio con el funcionamiento del mercado y espera hacerlo con el ejercicio de la libertad de expresión, generalizando la CAC. No se trata de síntomas aislados y sueltos, sino de componentes de un mismo síndrome totalitario y no simplemente intervencionista.

Que habíamos cambiado de régimen lo sabíamos todos, pero lo que en principio no resultaba sospechable es que cambiábamos a un régimen, a un sistema, de abuso. A una “praxis” totalitaria, perceptible pese a su opacidad. El régimen de abuso es el abuso como régimen, la inseguridad como sistema.

jose@javaloyes.net

Las diferencias según Bono
Pablo Sebastián Estrella Digital 27 Diciembre 2005

El ministro de defensa, José Bono, ha declarado en su viaje a Bosnia y Kosovo que las diferencias han producido allí miles de muertos, 250.000, en clara y directa alusión al debate estatutario español entre Cataluña y el resto de España o entre el País Vasco y el resto de España. Y Bono ha querido hacer esta hiperbólica declaración porque sabe que en estos momentos se puede estar produciendo la “rendición” de su Gobierno ante el Gobierno tripartito de Pasqual Maragall.

No cabe duda que el ministro exagera y dramatiza, pero ha utilizado una realidad como la de los Balcanes —también usada por José María Aznar— para advertir al presidente Zapatero y a sus aliados nacionalistas de Cataluña de los riesgos tan graves a los que puede conducir un enfrentamiento entre territorios por los llamados motivos históricos o diferencias culturales, como es el caso ahora de la negociación in extremis del Estatuto catalán.

El ministro de defensa es contrario al poder del Estatuto que se está negociando y debe tener noticias, aunque esté fuera de España, de que al vicepresidente Pedro Solbes le está dando instrucciones Zapatero para que afloje sus defensas en financiación mientras que el jefe del Gobierno se reserva la última baza para incluir de alguna manera el término nación en el Estatuto y así los nacionalistas de Maragall y Carod saldrían triunfantes, en este caso obligando a firmar al otro compañero de viaje catalán, Artur Mas.

La partida se está jugando en un pañuelo y a contrarreloj y podemos esperar de aquí a las próximas horas una solución a este conflicto para bien o para mal, aunque en la Moncloa están decididos a conseguir el acuerdo al precio que sea, lo que no sabemos es qué efecto tendrá eso en el seno del PSOE y en el conjunto de la sociedad española, donde impera la precipitación.

Pasar la barrera del 50 por ciento de la cesión de IRPF a las comunidades autónomas es poner en peligro la solidaridad entre las regiones, y todo apunta a que esa barrera se va a traspasar, sin contar otras concesiones financieras y políticas que están camufladas en el doble fondo de la negociación. Otra cosa será lo del término nación, porque ahí no caben zonas intermedias, o está o no está en el articulado del Estatuto. Veremos qué pasa.

Y veremos también qué aporta con sus enmiendas al documento que fue aprobado en Barcelona el PP, que ahora, tarde y mal, se saca de la manga su proyecto de reforma del Estatuto, que ha sido tan oculto a la opinión pública española como lo está siendo la negociación ente el Gobierno y el nacionalismo catalán. En el PP van tarde y a remolque, en la Moncloa van con prisas y en el nacionalismo deshojan la margarita de un posible acuerdo que, dadas las fechas en las que estamos, podría acabar convirtiéndose en la gran inocentada nacionalista.

Clero euskaldun
Dolores Muñoz Llopis/Bilbao Cartas al Director El Correo 27 Diciembre 2005

Hace tiempo que en muchas iglesias, en las misas en castellano, cada vez se dicen más oraciones en euskera, sobre todo el 'Padrenuestro', una oración tan importante. Ya nos imaginamos que Dios entiende el euskera, pero la mayoría de los que vamos a misa no, y como vamos a hablar con Dios queremos saber lo que le decimos. El euskera es un legado del pasado y no está mal que se quiera conservar, por eso está bien que haya misas sólo en euskera, pero las que son en castellano deben ser en castellano. A la iglesia vamos a rezar, no a aprender idiomas. Cuando todos sepamos euskera y hayamos olvidado el, ahora, idioma comúnserá el momento de decir todas las mismas en euskera, pero ahora no.

Joaquín Leguina sigue combatiendo a Maragall tras su infarto
Elsemanaldigital.com  27 Diciembre 2005

Ni siquiera el infarto agudo de miocardio que sufriera el pasado 2 de noviembre ha impedido a Joaquín Leguina seguir luchando por sus ideales "y los de una generación de socialistas".

26 de diciembre de 2005. Convaleciente aún de su enfermedad, el ex-presidente de la Comunidad de Madrid salió esta semana al paso de las discusiones en torno al Estatuto de Cataluña con un durísimo artículo en la revista El Siglo de clara orientación socialista.

En dicho artículo, Joaquín Leguina aseguraba que la reforma del Estatuto no es que fuera "anticonstitucional" sino "antidemócrata", porque "pretende crear catalanes de primera, los que hablan la lengua propia, y catalanes de segunda. No lo es porque, como dijo en privado el líder de IU, no estamos ante un proyecto de Ley, sino ante un acta de rendición. Ése es el gran problema que está detrás de este maldito embrollo".

Para Leguina, dicho Estatuto supone la desaparición del Estado, aunque en su interior la dichosa palabra aparezca en 244 ocasiones mientras "España" sólo aparece en 7... "todo eso valiéndose de los votos de los que han emigrado del resto de España y ahora votan al PSC".

En definitiva, Leguina afirma sentirse "decepcionado" tanto con los líderes socialistas en Cataluña, por haber respaldado un texto "nacional-catalanista" como por la corriente que los anima desde Madrid, "¿hacia dónde vamos?", se pregunta en el final de su artículo.

El «insolvente» asesino de Baglietto
La Razón 27 Diciembre 2005

Vitoria- Embargar al asesino. Éso es lo que están estudiando los abogados de la única concejal del PP en la localidad guipuzcoana de Azkoitia. Y así lo anunció ayer la propia edil, Pilar Elías.Veinticinco años después de que un miembro de ETA asesinase a su marido, ni la concejal del PP ni ninguno de sus hijos han cobrado todavía la indemnización con la que el asesinado debería haber resarciado, en parte, el dolor causado. Ni un euro porque el terrorista de ETA se declara insolvente, a pesar de que ahora haya montado su propio negocio de cristalería. «No sé cómo lo vamos a hacer», pero los etarras «disponen de dinero» y «hay que ver de qué forma», aseguró en los micrófonos de la Cadena Cope. Y es que además, según denuncia, el etarra pagó a tocateja los 23 millones de la antiguas pesetas que invirtió en comprar el negocio.

Pero parece ser que no sólo Azpiazu cuenta con dinero suficiente para abrir negocios sin haber pagado la pertinente indemnización. Así, otro de los cómplices en el asesinato de su marido, Juan Ignacio Zuazolazigorraga, también acaba de abrir su propio negocio, en este caso un restaurante en la carretera de Tolosa, según denuncia la edil popular. Azpiazu fue condenado a 49 años y dos meses de prisión por el asesinato de Ramón Baglietto. Sin embargo, salió de la carcel en 1995 tras redimir parte de la pena y ha adquirido una cristalería en los bajos del mismo edificio en el que reside su viuda.

Esta excepcional situación que se ha creado en la localidad guipuzcoana de Azkoitia ha hecho reaccionar al Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas, Gregorio Peces-Barba, quien ha defendido en las últimas semanas la posibilidad de crear una nueva ley con cuya aplicación se lograse el alejamiento efectivo entre las víctimas y los terroristas que atentaron contra ellas y salen en libertad. En su creación participarían también asociaciones que están directamente afectadas o relacionadas con la barbarie terrorista. El Ejecutivo central haría el primer borrador en marzo y la remitiría a las asociaciones de víctimas, sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil para que hagan sus aportaciones. Además, se legislaría en lo referente a las indemnizaciones que los terroristas tienen que pagar a sus víctimas ya que, los terroristas casi nunca pagan a sus víctimas alegando insolvencia económica.

ÚNICAMENTE SE PODRÁ USAR EL GALLEGO
Touriño pacta con el BNG eliminar el castellano de los exámenes tipo test de algunas oposiciones
Socialistas y nacionalistas gallegos han decidido que a partir de ahora las pruebas tipo test de las oposiciones para auxiliares y subalternos (grupos D y E) de la Xunta sean únicamente en gallego. Algunas academias de preparación de exámenes han repartido entre sus alumnos formularios tipo para los que quieran presentar un recurso ante la presidencia gallega. Exigen que se cumpla la legislación que contempla el castellano como una de las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
Libertad Digital 27 Diciembre 2005

Según han adelantado los medios gallegos, la decisión de la Xunta que controlan PSdG y BNG pasa por eliminar la posibilidad de usar el castellano en los exámenes de las oposiciones para los grupo D y E. A partir de ahora estas pruebas se realizarán de manera exclusiva en gallego.

Los centros de preparación de exámenes ya han protestado por esta medida. Entienden que de esta forma se beneficiará a las personas que usen el gallego de manera habitual mientras que los que se expresen en castellano tendrán dificultades ante la ortografía y el vocabulario. Estos últimos, denuncian, tendrán menos tiempo para responder a las preguntas porque dedicarán buena parte de él únicamente a su comprensión.

Las academias sostiene que se está vulnerando la cooficialidad del gallego y el castellano. Además, recuerdan que ya existe una prueba específica sobre el idioma propio que permite verificar si el futuro empleado público cumple con el requerimiento normativo de conocer la lengua de la autonomía.

En defensa de esta medida ha salido el presidente gallego. El socialista Emilio Pérez Touriño ha justificado la decisión por haber sido acordada con los tres sindicatos. Sostiene que ajusta "plenamente a la legalidad vigente y que se toma, básicamente, para desarrollar el plan de normalización lingüística".

El TSJ impone a «la totalidad» de edificios públicos vascos colocar la bandera española
Sólo en una ocasión, la Abogacía del Estado ha instado la ejecución provisional de las sentencias
F. Velasco La Razón 27 Diciembre 2005

Madrid. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha decretado la obligatoriedad de que en todos los edificios públicos de esta comunidad, ya sean estatales o autonómicos, ondee la bandera española y, además, lo haga «de forma permanente». En este caso concreto, ordena en sendas sentencias a la Diputación Foral de Vizcaya y las Juntas Generales de esta provincia a que instalen la enseña nacional. Tanto el vocal delegado del Consejo General del Poder Judicial para el País Vasco, Juan Pablo González, como el PP han criticado duramente que en casos similares la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, no haya solicitado la ejecución provisional de las sentencias, y, por tanto, las administraciones vascas vinculadas no han tenido que instalar la bandera nacional, ya que el Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre los recursos interpuestos.

El Delegado del Gobierno remitió a principios de 2003 sendos escritos al diputado General de Vizcaya y al presidente de sus Juntas Generales instándoles a cumplir lo dispuesto en la Ley de Banderas y, por ello, a colocar la enseña nacional, aunque esos requisitos quedaron sin ser atendidos ni contestados en los plazos legales establecidos.
Por ese motivo, la Abogacía del Estado, que entonces dependía del anterior Ministerio de Justicia, decidió recurrir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ vasco. Las dos sentencias contienen argumentos similares para llegar a la conclusión de que las dos instituciones vascas vulneraron la ley.

En concreto, la legislación vigente conlleva, según destacan los magistrados, «la obligatoriedad de que la bandera española ondee en todos los edificios públicos», pero, además, no sólo existe esa obligatoriedad, sino que «ha de estar instalada de forma permanente».

«En lugar preferente».
La claridad de la ley, afirman los magistrados en la sentencia relativa a la Diputación Foral de Vizcaya, «no admite interpretaciones que excusen del cumplimiento del deber» de hacer ondear «diariamente» la bandera de España «en el lugar preferente en el exterior y en el interior» de sus edificios. El TSJ del País Vasco también rechaza el argumento de la representación de las Juntas Generales de que esa obligatoriedad de colocar la bandera española sólo incumbe a las Administraciones Públicas. Esa pretensión, asegura la sentencia al respecto, «carece de sentido razonable, puesto que no son únicamente las Administraciones y sí la totalidad de las estructuras públicas las encargadas de representar y defender aquellos valores simbólicos». Por lo tanto, añade la resolución judicial, la imperatividad de lo dispuesto en la Ley de Banderas afecta a «la totalidad de los edificios públicos», sean tanto estatales como autonómicos y locales. A la vista de los antecedentes, lo más previsible es que las dos resoluciones judiciales sean recurridas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, por lo que la ejecución de las mismas, y, por tanto, que la bandera española ondee en los edificios de las dos instituciones, dependerá de que el Abogado del Estado inste la ejecución provisional de las mismas. En ese caso, correspondería al tribunal sentenciador decidir si ordena que se coloque la enseña nacional o mantiene el criterio de que continúe sólo la ikurriña en esos edificios.

Los antecedentes no son muy optimistas respecto a que la representación jurídica del Estado haga cumplir las resoluciones judiciales. Hasta ahora, según explicaron fuentes jurídicas, sólo en el caso similar de la academia Policía Autónoma Vasca en Arkaute se instó la ejecución provisional, pero la decisión adaptada por los responsables fue la de retirar también la ikurriña. Mientras tanto, la bandera nacional brilla por su ausencia en los edificios públicos.

Desde el PP del País Vasco, su secretario general, Carmelo Barrio, afirmó que el Gobierno debería instar a los servicios jurídicos del Estado la ejecución provisional de las sentencias, aunque entiende que no lo hacen «para no molestar a los nacionalistas». «Prefieren no cumplir con sus funciones para no herir al PNV. El delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, es un mandado, la responsabilidad está en el Ministerio, que es donde no quieren hacer cumplir la ley».

César Antonio Molina reitera su respaldo al gallego en el exterior
Los directores gallegos del Cervantes se reúnen en A Coruña para intercambiar proyectos
Recuerda que respaldaba incluso antes del cambio de Gobierno la creación del Centro Rosalía
Dolores Vázquez | Lugar: a coruña) La Voz 27 Diciembre 2005

El director del Instituto Cervantes, César Antonio Molina, reiteró ayer en A Coruña su respaldo no sólo al castellano sino a todas las lenguas oficiales del Estado y puntualizó que ya antes de que se produjera un cambio de gobierno en la Xunta había abogado por la creación del Centro Rosalía de Castro, con el que se pretende impulsar la lengua y la cultura gallega.

Aseguró que desde los distintos centros con los que cuenta el Cervantes se respalda el aprendizaje de los cuatro idiomas, aunque puntualizó que, si bien durante este año han contado con 130.000 alumnos de español, la demanda para el resto de lenguas cooficiales fue menor: 140 para el catalán, 40 para el gallego y 9 para el euskera. También apuntó que espera que se produzca un mayor reconocimiento con la creación de la Casa de las Lenguas Ibéricas, una propuesta en la que se ha implicado la Universidad de Alcalá, así como varias academias. En este sentido, avanzó que están pendientes de la cesión de un edificio para su rehabilitación como sede.

César Antonio Molina hizo repaso de los actos programados por el instituto para el próximo año en las ciudades en las que están presentes los directores gallegos del Cervantes. En este sentido, destacó que en Milán está previsto en abril un debate sobre Deporte y literatura , como homenaje a los 70 años de Luis Suárez, y, en enero, el ciclo Mi España , en el que participarán numerosos filósofos.

Lisboa también contará con una programación atractiva en la que destaca el encuentro Los judíos y la península Ibérica , centrado en la Segunda Guerra Mundial, y un festival de poesía iberoamericana, en colaboración con la Casa Pessoa. La apuesta en Bremen se centra en debates sobre reflexiones contemporáneas de la estética, así como las jornadas 70 años de la Guerra Civil , en las que, entre otros, participará Julio Aróstegui. Mientras, Alburquerque, adonde hace un mes se incorporó Blanca Riestra, sirve de base para analizar próximas aperturas de nuevos centros en Norteamérica.
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